TA CHO - Sentencia 27001-33-33-003-2022-00395-01 (30-07-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, treinta (30) de julio de dos mil veinticinco (2025).

Sentencia No. 110

RADICACIÓN NÚMERO: 27001333300320220039501

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: ANA SOFÍA RENTERÍA MOSQUERA

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

– FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO.

REFERENCIA: APELACIÓN SENTENCIA

MAGISTRADO PONENTE: ARIOSTO CASTRO PEREA.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demand ante contra la Sentencia No 148 del 10 de julio de 2024, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, dentro de l proceso promovido por la señora Ana Sofía Rentería Mosquera contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que negó las súplicas de la demanda.

1. ANTECEDENTES

La señora Ana Sofía Rentería Mosquera , por intermedio de apoderad a judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicita se declare la nulidad de la resolución No 1417 del 09 de mayo de 2022, expedida por la Secretaría de Educación del Departamento del Chocó , por medio del cual niega el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes, a la edad de 55

la Secretaría de Educación del Departamento del Chocó , por medio del cual niega el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes, a la edad de 55 años y el cumplimiento de 1.000 se manas de cotización , sin exigir el retiro definitivo del cargo de docente para su inclusión en la nómina de pensionados .

2. PRETENSIONES.

La apoderada de la parte demandante formuló como tales las siguientes:

DECLARATIVAS

1. Declarar la nulidad de la Resolución NO. 1417 del 09 de mayo de 2022, expedida por el Secretario de Educación Departamental PEDRO FIDEL HURTADO OREJUELA, notificado el día 23 de mayo de 2022, frente a la petición presentada el día 18 DE MAYO DE 2022, en cuanto negó el derecho a la cancelación de la pensión de jubilación a mi representado a los 55 años de edad, en el sentido que debía haber sido reconocida la pensión de jubilación por aportes, a la edad de 55 años y con el cumplimiento de 1.000 semanas de cotización, sin exigir el re tiro definitivo del cargo docente, para efectuar la inclusión en la nómina de pensionados .

2. Declarar que mi representada, tiene derecho a que la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, reconozca y pague una pensión de jubilación, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anterior es al cumplimiento del status jurídico de pensionados (a), es decir a partir del día 23 DE ABRIL DE 2018 , momento en que cumplió los 55 años de edad y los 1.000 semanas de cotización, sin exigir el retiro

cumplimiento del status jurídico de pensionados (a), es decir a partir del día 23 DE ABRIL DE 2018 , momento en que cumplió los 55 años de edad y los 1.000 semanas de cotización, sin exigir el retiro definitivo del cargo, para proceder a su cancelació n, en compatibilidad con el salario en la docencia oficial. .

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se realicen las siguientes:RADICACIÓN: 27001333300320220039500

MEDIO : N/ R

DEMANDANTE: Ana Sofía Rentería Mosquera

DEMANDADO: FOMAG

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CONDENAS

PRIMERA: Condenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, a que se me reconozca y pague una pensión de jubilación por aportes, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de pensionado

(a), es decir a partir de 23 DE ABRIL DE 2018, por haber completa do las 1.000 semanas de aportes y los 55 años de edad, sin exigir el retiro definitivo del cargo, para proceder a su cancelación, en compatibilidad con el salario en la docencia oficial.

SEGUNDA: Que se ordene a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONA L – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOC Ó - y a

compatibilidad con el salario en la docencia oficial.

SEGUNDA: Que se ordene a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONA L – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOC Ó - y a FIDUPREVISORA , dar cumplimiento al fallo que se dicte dentro de este proceso en el término de 30 días contados desde la comunicación de este tal como lo dispone el artículo 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (C.P.A.C.A.).

TERCERA: Que se ordene a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOC Ó- y a FIDUPREVISORA, dar cumplimiento al fallo que se dicte dentro de este proceso en el término de 30 días contados desde la comunicación de este tal como lo dispone el artículo 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admin istrativo. (C.P.A.C.A.).

CUARTA: Condenar en costas a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOC Ó y A FIDUPREVISORA - al reconocimiento y pago de intereses moratorios a partir del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que se efectúe el pago de los valores adeudados.

QUINTA: Ordenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - (FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGIS TERIO), la inclusión en la nómina de pensionados, una vez sea reconocido este derecho y el respectivo pago de las mesadas atrasadas, desde el

DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGIS TERIO), la inclusión en la nómina de pensionados, una vez sea reconocido este derecho y el respectivo pago de las mesadas atrasadas, desde el momento de la consolidación del derecho, hasta la inclusión en la nómina

SEXTA: Ordenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - (FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO) el reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de cada una de las mesadas pensionales, por tratarse de sum as de tracto sucesivo, y demás emolumentos de conformidad con el artículo 192 del C.P.A.C.A.

SEPTIMA: Condenar en costas a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOC Ó y a FIDUPREV ISORA de conformidad con lo estipulado en el Artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso ”.

3. HECHOS Y OMISIONES.

El apoderado de la parte actora relat a como fundamentos fá cticos de las pretensiones, los que se transcriben a continuación:

“1. La docente ANA SOFIA RENTERIA MOSQUERA , nació el 23 de abril de 1963, por lo que en la actualidad tiene más cincuenta y cinco (55) años de edad.

2. Mi re presentada realizó aportes a ISS, hoy liquidado, y del cual sus semanas de cotización se encuentran en COLPENSIONES Y cuyos aportes como semanas de cotización se encuentran en 515,86 semanas.

2. Mi re presentada realizó aportes a ISS, hoy liquidado, y del cual sus semanas de cotización se encuentran en COLPENSIONES Y cuyos aportes como semanas de cotización se encuentran en 515,86 semanas.

3. Posteriormente fue vinculada desde el 1 de febrero de 2007 en la SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ hasta el 26 de diciembre de 2007 en período de prueba. Una vez surtidos todos los trámites para el nombramiento en propiedad, fue vinculada a la docencia oficial en el 27 de diciembre del 2007 y hasta la fecha de presentación de esta respetuosa demanda, se desempeña como docente oficial en esta entidad.

4. Mi representada, bajo la legislación establecida en la ley 812 de 2003, tendría derecho a la pensión de jubilación a la edad de 57 años, exigiéndole 1.300 semanas de cotización, pero se le exigía el retiro del cargo de docente oficial, para que la cancelaci ón de la pensión se hiciera efectiva en la nómina de pensionados, circunstancia que no obedece a la legalidad, pues una vez se decrete la nulidad del acto administrativo demandado, DEBE RECONOCERSE LA PENSION DE JUBILACION POR APORTES, EN COMPATIBILIDAD CON EL SALARIO DE DOCENTE OFICIAL.RADICACIÓN: 27001333300320220039500

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DEMANDANTE: Ana Sofía Rentería Mosquera

DEMANDADO: FOMAG

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5. Por medio del acto administrativo demandado, se niega a mi representada (a), la pensión de jubilación por aportes a la edad de 55 años, exigiéndole además 1.300 semanas de cotización, cuando la ley contempla que solo debía exigírsele 1.000 semanas de aportes, sin exigir el retiro definitivo del cargo para gozar de su merecida pensión de jubilación por aportes como lo determinan el contenido de la ley 71 de

1988.

6. (…)”

4. Trámite procesal.

La demanda fue admitida mediante auto interlocutorio de fecha 14 de julio de 2022 y se notificó a las partes en debida forma.

La entidad demandada, NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓ N NACIONAL – FOMAG -FIDUPREVISORA no contestó la demanda.

5. Sentencia de primera instancia.

La sentencia No. 148 del 10 de julio de 202 4, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, negó las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

“En el presente asunto, la parte actora pretende que se declare la nulidad de la resolución No. 1417 del 09 de mayo de 2022, expedida por el Secretario de Educación Departamental del Chocó, en cuanto le negó el reconocimiento y pago de la pensión de

No. 1417 del 09 de mayo de 2022, expedida por el Secretario de Educación Departamental del Chocó, en cuanto le negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a la que considera tiene derecho por haber cumplido los cincuenta y cinco (55) años de edad y contar con más de 1.000 semanas cotizadas, y como consecuencia de ello, se ordene el reconocimiento y pago de dicha prestación, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimi ento del status jurídico de pensionada, es decir, a partir del día 23 de abril de 2018, momento en que según su dicho adquirió el estatus de pensionada.

Conforme lo anterior y con el fin de decidir el fondo del asunto, bastará determinar el marco normativo que gobierna el caso particular de la demandante en virtud de su fecha de ingreso al servicio educativo oficial, es decir, que para dirimir la controversia resulta necesario establecer con exactitud la fecha a partir de la cual aquella asumió la calidad de educadora estatal, data que le permitiría acceder a uno u otro régimen pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos.

La valoración probatoria efectuada en este asunto, da cuenta que la actora re alizó aportes al ISS (hoy Colpensiones) como independiente y como empleada del sector público y privado, particularmente con la Electrificadora del Chocó S.A., la empresa de Servicios Ocasionales S.A. SERO y la Organización Servicios y Asesorías. Lo anteri or tuvo lugar en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2003 hasta el 31 de octubre

Servicios Ocasionales S.A. SERO y la Organización Servicios y Asesorías. Lo anteri or tuvo lugar en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2003 hasta el 31 de octubre de 2003; del 15 de junio de 1993 al 31 de marzo de 2003; desde 1 de mayo de 2005 hasta el 31 de enero de 2006 y 1 de febrero de 2006 hasta el 31 de mayo de 2006, respectivamente.

Sin embargo, no observa el Despacho prueba alguna que dé cuenta que la señora ANA SOFIA RENTERIA MOSQUERA durante los periodos indicados en líneas superiores, hubiese realizado aportes al ISS provenientes de relaciones legales y reglamentarias con entidades públicas del sector, educativo, así como tampoco de aportes efectuados por ella en calidad de contratista del Estado bajo la modalidad de docente por órdenes de prestación de servicios, situación que eventualmente habría permitido considerarla como docente oficial en dicho tiempo.

Lo que está acreditado es que la demandante ha ejercido labores de docente al servicio del Departamento del Chocó, desde el 24 de enero de 2007 hasta el 30 de septiembreRADICACIÓN: 27001333300320220039500

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Al respecto, resulta oportu no precisar que, conforme al desarrollo del marco jurídico y

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Al respecto, resulta oportu no precisar que, conforme al desarrollo del marco jurídico y jurisprudencial propio del presente asunto, en lo atinente a los docentes, la aplicación de uno u otro régimen pensional está condicionada a la acreditación de la primera fecha de vinculación de cada docente como tal, sin que cobre relevancia para el efecto los contratos particulares que la reclamante hubiese ejecutado en calidad de contratista de una entidad privada, así como tampoco los aportes que aquella efectuara a otras entidades de previsió n diferentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

En el sub-lite, se encuentra debidamente acreditado y no fue objeto de contradicción que la señora ANA SOFIA RENTERIA MOSQUERA, comenzó a ejercer funciones propias de una docente oficial, el 24 de enero de 2007 en virtud de su vinculación laboral en el Departamento del Chocó, es decir, en una fecha posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, el 27 de julio de dicha anualidad.

En ese sentido, es claro para el Despacho que al estar acreditado en este asunto, que la actora sólo ha tenido una relación legal y reglamentaria como docente oficial, consolidada con posterioridad a la entrada en vigen cia de la precitada disposición normativa, se torna inviable verificar su situación pensional conforme a las previsiones anteriores de las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, tal y como fue solicitado en la demanda,

normativa, se torna inviable verificar su situación pensional conforme a las previsiones anteriores de las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, tal y como fue solicitado en la demanda, en la medida en que lo propio estaría regulado por la Ley 100 de 1993.

Sobre el particular, el Consejo de Estado en sentencia de unificación SUJ -014 -CE-S22019 del 25 de abril de 2019, sostuvo que la fecha relevante para establecer el régimen pensional aplicable, es la de la vinculación como docente, anterior o posterior al 27 de junio de 2003, data que para el sub judice es este último supuesto que a su vez conlleva acudir a la segunda regla jurisprudencial

Así las cosas, no le queda otro camino a esta instancia judicial que negar las suplicas de la demanda, pues se itera, la actora no tiene derecho a que su pretensión pensional le sea estudiada bajo el régimen anterior a la Ley 100 de 1993, p ues su vinculación al servicio docente se dio con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.”

En su parte resolutiva se indicó:

“PRIMERO. NIÉGUENSE las súplicas de la demanda.

SEGUNDO. Sin condenas en costas.

TERCERO. Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente y cancélese su radicación, previa las anotaciones de rigor.”

6. RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada de la parte demandante presentó oportunamente el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, sustentando en que la señora Ana Sofía Rentería Mosquera, laboró por más de 20 años en entidades públicas y privadas, por tanto, su

La apoderada de la parte demandante presentó oportunamente el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, sustentando en que la señora Ana Sofía Rentería Mosquera, laboró por más de 20 años en entidades públicas y privadas, por tanto, su derecho pensional no debía examinarse de acuerdo a lo previsto en el régimen de prima media, dado que el ingreso a su vida laboral inició en el año 1993, por ende, debió regirse por lo previsto en la Ley 71 de 1988, la cual consagró la pensión de jubilación por aportes que posibilita computar el tiempo laborado en el sector privado y el prestado en la docencia oficial, no siendo viable examinar las pretensiones bajo la óptica de la Ley 91 de 1989 que no permite tal sumatoria.

Agrega que la docente cumplió con los requisitos establecidos en la ley para obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación por esa entidad, siendo la accionada la nominadora al cumplimiento del status pensional, y el fallador de primera instancia noRADICACIÓN: 27001333300320220039500

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Página 5 de 16 realizó el análisis suficiente para esclarecer la normativa aplicable en materia de pensión a la demandante.

Refiere además que sobre el tiempo laborado en la alcaldía de Nóvita, existe certificación, por lo que corresponde a dicha entidad liquidar y pagar la cuota parte o el

a la demandante.

Refiere además que sobre el tiempo laborado en la alcaldía de Nóvita, existe certificación, por lo que corresponde a dicha entidad liquidar y pagar la cuota parte o el bono pensional, teniendo en cuenta que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 las entidades públicas liquidaban y pagaban directamente las pensiones, por lo que la afirmación del a quo, respecto de que no se logró probar que el demandante hubiese cotizado a pensión en ese periodo, deberá desestimarse.

7. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto de fecha 2 6 de agosto de 2024 el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, el cual fue admitido por este Tribunal mediante auto del 18 de septiembre del mismo año.

8. CONSIDERACIONES

9. COMPETENCIA.

La Corporación es competente para conocer la segunda instancia del presente asunto de conformidad al artículo 153 del C. de P. A. y de lo C. A.1.

10. CUESTIÓN PREVIA.

Vale la pena recordar que el artículo 281 del Código General del Proceso (CGP), aplicable a los asuntos de la jurisdicción contencioso-administrativa por remisión expresa del artículo 306 2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C. de P. A. y de lo C. A.), establece:

“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las

“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.(…).”

Asimismo, debe señalarse que en lo que se refiere a las providencias de segunda instancia, el principio de congruencia limita la competencia del ad quem al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación, tal como lo prevé el artículo 328 (inciso 1º) del CGP, así:

“Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. (…).”

Al respecto, el H. Consejo de Estado ha precisado que “Para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteamientos por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior,

1 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia . Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de l as

1 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia . Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de l as apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda. ”

2 Ley 1437 de 2011: “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. ”RADICACIÓN: 27001333300320220039500

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Página 6 de 16 toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo.”3

Al respecto se debe recordar de forma insistente que de conformidad con lo estipulado por el artículo 31 de la Carta, a la apelación se le confiere el carácter de medio de defensa y no el de propiciar una revisión «per se» de lo ya resuelto; de manera, que mientras la otra parte no apele, el apelante tiene derecho a que tan solo se examine la sentencia en aquello que le es desfavorable.

Aclarado lo anterior pasa la Sala a formularse los problemas jurídicos conforme al

otra parte no apele, el apelante tiene derecho a que tan solo se examine la sentencia en aquello que le es desfavorable.

Aclarado lo anterior pasa la Sala a formularse los problemas jurídicos conforme al recurso de apelación interpuesto.

En esa medida, la Sala establece el siguiente:

11. PROBLEMA JURÍDICO.

Consiste en determinar si es procedente el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes a cargo de la entidad demandada a favor de la señora Ana Sofía Rentería Mosquera, conforme lo previsto en la Ley 71 de 1988, en cuantía equivalente al 75% de los salarios y primas recibidas durante el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado y efectiva a partir del 23 de abril de 2018, sin condicionar su goce al retiro definitivo del servicio, o sí le es aplicable la Ley 100 de 1993 respecto a su derecho pensional?.

La Sala utilizará el siguiente esquema: i. Régimen pensional de docentes oficiales; ii. Reconocimiento del tiempo de servicio prestado a través de contrato de prestación de servicios docente para efectos del reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación; y iii) Caso concreto.

12. EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LOS DOCENTES PARA EL

RECONOCIMIENTO Y PAGO DE UNA PENSIÓN DE JUBILACIÓN

Atendiendo la materialización de lo ordenado en los artículos 53 y 58 de la Constitución Política, es válido afirmar que la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no altera aquellas situaciones pensionales que bajo el imperio de normas anteriores fueron adquiridas y que, en consecuencia, ingresan al patrimonio de sus beneficiarios.

Política, es válido afirmar que la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no altera aquellas situaciones pensionales que bajo el imperio de normas anteriores fueron adquiridas y que, en consecuencia, ingresan al patrimonio de sus beneficiarios.

Al expedir la Ley 100 de 1993, lo que pretendió el legislador fue la estandarización de los regímenes pensionales que antes de su promulgación, se encontraban difusos en el ordenamiento jurídico, estableciéndose allí reglas comunes que fueron aplicables a todos los trabajadores del país, sin atender la naturaleza de su relación laboral.

Sin embargo, el artículo 279 de manera expresa estableció que la situación pensional de algunos servidores públicos y trabajadores, no sería regulada por la citada ley, así:

“(…) El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a pa rtir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas. Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a car go serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida.

3 Consejo de Estado, sala de lo contencioso -administrativo, sección tercera, subsección A, sentencia de 26 de febrero de 2015,

de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida.

3 Consejo de Estado, sala de lo contencioso -administrativo, sección tercera, subsección A, sentencia de 26 de febrero de 2015, expediente 1999-00878-01, M.P. (E) Hernán Andrade Rincón.RADICACIÓN: 27001333300320220039500

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Se exceptúan también, los trabajadores de las empresas que, al empezar a regir la presente ley, estén en concordato preventivo y obligatorio en el cual se hayan pactado sistemas o procedimientos especiales de protección de las pensiones, y mientras dure el respectivo concordato.

Igualmente, el presente régimen de seguridad social, no se aplica a los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, ni a los pensionados de la misma. Quienes, con posterioridad a la vigencia de la presente le y, ingresen a la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, por vencimiento del término de contratos de concesión o de asociación, podrán beneficiarse del régimen de seguridad social de la misma, mediante la celebración de un acuerdo individual o colectivo, en término de costos, forma de pago y tiempo de servicio, que conduzca a la equivalencia entre el sistema que los ampara en la fecha de su ingreso y el existente en Ecopetrol.

colectivo, en término de costos, forma de pago y tiempo de servicio, que conduzca a la equivalencia entre el sistema que los ampara en la fecha de su ingreso y el existente en Ecopetrol.

PARAGRAFO. 1º- La empresa y los servidores de que trata el inciso anterior, quedan obligados a efectuar los aportes de solidaridad previstos en esta ley.

Las entidades empleadoras referidas en el presente artículo, quedan facultadas para recibir y expedir los bonos correspondientes a los períodos de vinculación o cotización a que hubiere lugar, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto se expida.

PARAGRAFO. 2º- La pensión gracia para los educadores de que tratan las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, continuará a cargo de la Caja Nacional de Previsión y del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, cuando éste sustituya a la caja en el pago de sus obligaciones pensionales.

PARAGRAFO. 3º- Las pensiones de que tratan las Leyes 126 de 1985 adicionada por la Ley 71 de 1988, continuarán vigentes en los términos y condiciones en ellas contemplados.

PARAGRAFO. 4º- Adicionado por el art. 1, Ley 238 de 1995. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados”.

Conforme lo anterior, es claro que se exceptúan de la aplicación de la Ley 100 de 1993, algunos sectores que tienen normas especiales, entre los cuales se encuentran los

de los sectores aquí contemplados”.

Conforme lo anterior, es claro que se exceptúan de la aplicación de la Ley 100 de 1993, algunos sectores que tienen normas especiales, entre los cuales se encuentran los docentes, cuyas prestaciones se gobiernan por lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.

La ley 91 de 1989, a través de la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en cuanto a su aplicación a los docentes, estableció lo siguiente:

“Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno

Nacional.

2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.RADICACIÓN: 27001333300320220039500

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