TA CHO - Sentencia 27001-33-33-003-2022-00397-01 (30-07-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, treinta (30) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia No. 102

RADICACIÓN NÚMERO: 27001333300320220039701

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: JOSE ARNOLDO DIAZ VALENCIA.

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

– FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO.

REFERENCIA: APELACIÓN SENTENCIA

MAGISTRADO PONENTE: ARIOSTO CASTRO PEREA.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demand ante contra la Sentencia No 08 del 29 de enero de 202 4, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, dentro de l proceso promovido por el señor José Arnoldo Díaz Valencia contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que negó las súplicas de la demanda.

1. ANTECEDENTES

El señor José Arnoldo Díaz Valencia , por intermedio de apoderad a, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicita se declare la nulidad de la Resolución No. 1421 del 09 de mayo de 2022 , expedida por la Secretar ía de Educación del Departamento del Chocó , por medio del cual niega e l reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes, a la edad de 55 años

Secretar ía de Educación del Departamento del Chocó , por medio del cual niega e l reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes, a la edad de 55 años y el cumplimiento de 1.000 semanas de cotización , sin exigir el retiro definitivo del cargo de docente para su inclusión en la nómina de pensionados .

2. PRETENSIONES.

La apoderada de la parte demandante formuló como tales las siguientes:

DECLARATIVAS

1. Declarar la nulidad de la r esolución No. 1421 del 09 de mayo de 2022, expedida por el Doctor PEDRO FIDEL HURTADO OREJUELA , Secretario de Educación Departamento del Chocó, notificado el 23 de mayo de 2022, frente a la reclamación presentada el día 18 de febrero de 2022 en cuanto negó el derecho a la cancelación de la pensión de jubilación a mi representado a los 55 años de ed ad, en el sentido que debía haber sido reconocida la pensión de jubilación por aportes, a la edad de 60 años y con el cumplimiento de 1.000 semanas de cotización, sin exigir el retiro definitivo del cargo docente, para efectuar la inclusión en la nómina de pensionados.

2. Declarar que mi representado, tiene derecho a que la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, reconozca y pague una pensión de jubilación, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de pensionados (a), es decir a partir de 5 de febrero de 2019

reconozca y pague una pensión de jubilación, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de pensionados (a), es decir a partir de 5 de febrero de 2019

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se realicen las siguientes:RADICACIÓN: 27001333300320220039701

MEDIO : N/ R

DEMANDANTE: José Arnoldo Díaz Valencia

DEMANDADO: NACIONMINEDUCACIONFOMAG

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co

Teléfono 6 71 39 82

Página 2 de 17

CONDENAS

PRIMERA: Condenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a que se me reconozca y pague una pensión de jubilación, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de pensionado (a ), es decir a partir de 5 DE FEBRERO DE 2019

SEGUNDA: Que se ordene a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y a dar cumplimiento al fallo que se dicte dentro de este proceso en el término de 30 días contados desde la comunicación de este tal como lo dispone el artículo 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (C.P .A.C.A.).

TERCERA: Condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE

lo dispone el artículo 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (C.P .A.C.A.).

TERCERA: Condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y al reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de cada una d e las sumas adeudadas.

CUARTA: Condenar en costas a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y al reconocimiento y pago de intereses moratorios a partir del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que se efectúe el pago de los valores adeudados.

QUINTA: Ordenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCAC IÓN NACIONAL - (FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO ), la inclusión en la nómina de pensionados, una vez sea reconocido este derecho y el respectivo pago de las mesadas atrasadas, desde el momento de la consolidación del derecho, hasta la inclusión en la nómina.

SEXTA: Ordenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - (FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO) el reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de cada una de las mesadas pensionales, por tratarse de sumas de tracto sucesivo, y demás emolumentos de conformidad con el artículo 192 d el C.P.A.C.A.

valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de cada una de las mesadas pensionales, por tratarse de sumas de tracto sucesivo, y demás emolumentos de conformidad con el artículo 192 d el C.P.A.C.A.

SEPTIMA: Condenar en costas a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO , de conformidad con lo estipulado en el Artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admi nistrativo y el

Código General del Proceso.

HECHOS Y OMISIONES.

El apoderado de la parte actora relat a como fundamentos fá cticos de las pretensiones, los que se transcriben a continuación:

“1. El docente JOSE ARNOLDO DIAZ VALENCIA , nació el 5 de febrero de 1964, por lo que en la actualidad tiene sesenta y un años (61) años de edad.

2. Mi representado fue vinculado como EMPLEADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO, desde el día 1 de julio de 1987, como VISITADOR DE IMPUESTOS hasta el 18 de agosto de 1988 y desde el 20 de junio de 1989 como bombero hasta el 18 de agosto de 1992, aportes que fueron consignados a la Caja de Previsión Social del Municipio de Quibdó; luego fue vinculado como EMPLEADO PUBLICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ desde el 3 de diciembre de 1992, como AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES hasta el 30 de mayo de 2004, aportes que fueron a CAJANAL.

3. Pposteriormente fue vinculado como docente provisional desde el día 26 de mayo de 2004 EN LA

GENERALES hasta el 30 de mayo de 2004, aportes que fueron a CAJANAL.

3. Pposteriormente fue vinculado como docente provisional desde el día 26 de mayo de 2004 EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ en hasta el 29 de marzo de 2007.

4. seguidamente fue vinculado como docente provisional desde el día 30 de marzo de 2007 EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ en hasta el 17 de septiembre de

2015.

5. luego fue vinculado como docente en periodo de prueba desde el día 18 de septiembre de 2015 EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ hasta el 12 de enero de 2017.

6. Una vez surtidos todos los trámites para el nombramiento en propiedad, fu e vinculada a la docencia oficial EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL CHOC Ó desde el 13 de enero de 2017 y hasta la fecha de presentación de esta respetuosa demanda, se desempeña como docente oficial en esta entidad.RADICACIÓN: 27001333300320220039701

MEDIO : N/ R

DEMANDANTE: José Arnoldo Díaz Valencia

DEMANDADO: NACIONMINEDUCACIONFOMAG

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co

Teléfono 6 71 39 82

Página 3 de 17

7. Al completar los 55 años de edad y los 20 años de servicio oficial, solicitó a pensión ordinaria de jubilación ordinaria a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO DE

Página 3 de 17

7. Al completar los 55 años de edad y los 20 años de servicio oficial, solicitó a pensión ordinaria de jubilación ordinaria a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO , para que le fuera reconocida a partir del 5 DE FEBRERO DE 2019, fecha en la que completó el status jurídico de pensionado (a).

8. Por medio del acto administrativo demandado, se otorga respuesta a la petición realizada expresando que no le asistía derecho a la pensión, por aplicación del Decreto 812 de 2003.

9. Al considerar que la decisión adoptada por la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO por medio del acto administrativo demandado, no se ajusta a las disposiciones en que debería haberse fundado y además carente de toda coherencia legal, de la manera más respetuosa me dirijo a este despacho judicial, para que en ejercicio de su facultad, juzgue si la actuación de la entidad demandada se ajusta a derecho o si por el contrario el estudio de la ley, en concordancia con las pruebas allegadas a la actuación administrativa, ahora anexas al libelo contentivo de esta demanda, demuestran que su condición individual y personal de docente, lo hace beneficiario de la pensión de jubilación a los 55 años de edad.

10. (…)

11. Si se observa su actividad como docente oficial, sumada a la actividad en el sector público, acreditan los requisitos exigidos en la ley 812 de 2003, para que mi representado (a) fuera merecedor de la pensión de jubilación a los 55 años de edad.”

3. Trámite procesal.

los requisitos exigidos en la ley 812 de 2003, para que mi representado (a) fuera merecedor de la pensión de jubilación a los 55 años de edad.”

3. Trámite procesal.

La demanda fue admitida mediante auto interlocutorio de fecha 14 de julio de 2022 y se notificó a las partes en debida forma.

La entidad demandada, NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓ N NACIONAL – FOMAG FIDUPREVISORA contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma, sustentado en que la demandante no cuenta con 20 años de servicios como docente, siendo tan solo vinculada a partir del año 2004, después de la entrada en vigencia de la ley 812 de 2003, por lo que su pensión deberá ser reconocida en aplicación de la Ley 100 de 1993; agrega que la demandante tampoco le asiste derecho a la aplicación de la Ley 71 de 1988, por cuanto no es beneficiaria del régimen de transición, teniendo en cuenta que a la entrada del ré gimen de prima media, no contaba con 15 años de servicios ni 35 años de edad.

4. Sentencia de primera instancia.

La sentencia No. 08 del 29 de enero de 202 4, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral Del Circuito de Quibdó , negó las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

“En el caso sub examine, accionante acreditó la calidad de docente desde el 26 de mayo del 2004, vinculado mediante la modalidad de provisionalidad, estando en vigencia la Ley 812 de 2003; por lo tanto, goza del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación

del 2004, vinculado mediante la modalidad de provisionalidad, estando en vigencia la Ley 812 de 2003; por lo tanto, goza del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 91 de 1989 en concordancia con la Ley 33 de 1985, que, para estos efectos, debe acreditar:

a. 55 años de edad b. 20 años de tiempo de servicio

En primer lugar, se encuentra demostrado que el señor JOSE ARNOLDO DIAZ VALENCIA nació el 05 de febrero de 1964, razón por la cual cumplió los 55 años de edad el 05 de febrero del 2019, probando con el lo el requisito de la edad para efectos pensionales.

Ahora bien, solicita la parte accionante que la pensión de jubilación se realice porRADICACIÓN: 27001333300320220039701

MEDIO : N/ R

DEMANDANTE: José Arnoldo Díaz Valencia

DEMANDADO: NACIONMINEDUCACIONFOMAG

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co

Teléfono 6 71 39 82

Página 4 de 17 aportes, y con el cumplimiento de 1.000 semanas de cotización, sin exigir el retiro definitivo del cargo docente, para efectuar la inclusión en la nómina de pensionados.

Del análisis realizado por el despacho y al estudiar los documentos aportados por la parte actora, se evidencia que a fecha que se realiza Sentencia de primera instancia, el accionante, el señor JOSE ARNOLDO DIAZ VALENCIA, no cumple con los requisitos

Del análisis realizado por el despacho y al estudiar los documentos aportados por la parte actora, se evidencia que a fecha que se realiza Sentencia de primera instancia, el accionante, el señor JOSE ARNOLDO DIAZ VALENCIA, no cumple con los requisitos de la edad puesto que la norma dice2 que para poseer el status debe cumplir el docente con los riquitos de edad y tiempo de servicio: 55 años o más si es mujer y 60 años o más si es hombre, teniendo en c uenta lo anterior, realizando la contabilidad de la edad, el señor Díaz Valencia cumple los 60 años de edad el día 05 de febrero del 2024.

En este punto, se debe hacer alusión a la Sentencia del Consejo de Estado de fecha 09 de septiembre de 2021, radicad o 54 -001-23-33-000-2013-0091-02 (1038 -17) Actor: Teresa Sanguino de Quintero; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Otros. Ponente: Cesar Palomino

Cortes. Manifestó lo siguiente:

“(…) En es te punto, es menester precisar que el legislador ha impuesto la obligatoriedad de realizar aportes parafiscales a pensión, a fin de que la entidad de previsión obligada pueda pagar sin detrimento patrimonial las prestaciones que por ley debe reconocer, entre ellas, las pensiones, en consonancia con el principio de sostenibilidad financiera del sistema y solidaridad, en razón de los aportes a los que aquellos están obligados.

La Corte Constitucional en la sentencia C -110 de 2019, señaló que el contenido de la sostenibilidad financiera a la que se refiere el artículo 48 de la Constitución

los que aquellos están obligados.

La Corte Constitucional en la sentencia C -110 de 2019, señaló que el contenido de la sostenibilidad financiera a la que se refiere el artículo 48 de la Constitución se materializa “con la aplicación de las reglas que establece la misma disposición, en particular las relativas a la obligación de realizar aportes, la correspondencia entre la contribución al sistema y la liquidación de la mesada, el establecimiento de topes pensionales, y la prohibición de establecer regímenes especiales. (…) Además, la sostenibilidad exige que “para el conjunto de población protegida por el mismo, se hayan definido las fuentes de financiación de tales prestaciones y se cumplan los requisitos de acceso establecidos por el legislador”. (Subrayado fuera de texto)

Por su parte, en un caso análogo al presente, esta Subs ección manifestó lo siguiente:

“(…) es improcedente el computo del tiempo en que la actora prestó sus labores a través de órdenes de prestación u/o contratos al Departamento de Norte de Santander y al Municipio de Villa del Rosario (años 1988, 1990, 1991 y 1992), pues durante dicho periodo no se evidencia aportes efectivamente cotizados a la seguridad social, los cuales, como ya se dijo, tienen el carácter de parafiscales y son obligatorios, aún antes de la expedición de la misma Ley 100 de 1993, tanto para el empleador como para el empleado y para quienes han suscrito un contrato con el Estado, sin que su pago quede al arbitrio de quienes están en la obligación de efectuarlos, ni llegar a ser objeto de negociación, acuerdo o conciliación. Una vez decretados por la ley, estos aportes deben ser realizados en la forma y tiempo establecidos (…)”.

de efectuarlos, ni llegar a ser objeto de negociación, acuerdo o conciliación. Una vez decretados por la ley, estos aportes deben ser realizados en la forma y tiempo establecidos (…)”.

De conformidad con lo anterior, se tiene que el accionante, el señor JOSE ARNOLDO DIAZ VALENCIA no cumple con los requisitos de edad para la pensión de jubilación por aportes puesto que a la fecha de expedir la Sentencia de primera instancia tiene 59 años de edad cumplido y la norma específica que debe contar con 60 años o más cumplidos.

En tal sentido, no es viable conceder a favor de la demandante una pensión de jubilación por aportes con base en los postulados de la Ley 71 de 1988, pues su nombramientoRADICACIÓN: 27001333300320220039701

MEDIO : N/ R

DEMANDANTE: José Arnoldo Díaz Valencia

DEMANDADO: NACIONMINEDUCACIONFOMAG

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co

Teléfono 6 71 39 82

Página 5 de 17 oficial como maestra estatal ocurrió cuando había cobrado vigor la Ley 812 de 2003, según la cual, su situación pensional debe ser determinada de acuerdo con los requisitos y condiciones consagradas para tal efecto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, de manera articulada. Respecto a las excepciones presentadas por la parte Demandada, las mismas serán negadas, teniendo en cuenta que no fueron probadas.”

En su parte resolutiva se indicó:

“PRIMERO. NIÉGUENSE las súplicas de la demanda.

las mismas serán negadas, teniendo en cuenta que no fueron probadas.”

En su parte resolutiva se indicó:

“PRIMERO. NIÉGUENSE las súplicas de la demanda.

SEGUNDO. Sin condenas en costas.

TERCERO. Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente y cancélese su radicación, previa las anotaciones de rigor.”

5. RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada de la parte demandante presentó oportunamente el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, sustentando en que el señor JOSE ARNOLDO DIAZ VALENCIA, laboró por más de 20 años en entidades públicas, por tanto, su derecho pensional “no debía examinarse conforme a las premisas del régimen de prima media al cual direcciona la Ley 812 de 2003 para los docentes que se vincularon con posterioridad a su vigencia, dado que el ingreso a su vida laboral inicia en 1987, de tal suerte que, debía regirse por lo previsto en la Ley 71 de 1988, la cual consagró la pensión de jubilación por aportes, y que para cumplir con el tiempo de servicios, posibilita computar el tiempo laborado en el sector privado y el prestado en la docencia oficial, no siendo entonces viable examinar la pretensión bajo la óptica de la Ley 91 de 1989, que no permite tal sumatoria.”

Agrega que el demandante cumplió con los requisitos establecidos en la ley para obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación y el ad quo no desplegó el análisis suficiente para esclarecer la normatividad aplicable en materia de pensión.

Agrega que el demandante cumplió con los requisitos establecidos en la ley para obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación y el ad quo no desplegó el análisis suficiente para esclarecer la normatividad aplicable en materia de pensión.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicita sea revocada la decisión de primera instancia.

6. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto de fecha 19 de septiembre de 2024 el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Quibdó, concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, el cual fue admitido por e ste Tribunal mediante auto del 02 de octubre de 2024.

7. CONSIDERACIONES

8. COMPETENCIA.

La Corporación es competente para conocer la segunda instancia del presente asunto de conformidad al artículo 153 del C. de P. A. y de lo C. A.1.

9. CUESTIÓN PREVIA.

Vale la pena recordar que el artículo 281 del Código General del Proceso (CGP), aplicable a los asuntos de la jurisdicción contencioso-administrativa por remisión expresa

1 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de l as apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda. ”RADICACIÓN: 27001333300320220039701

MEDIO : N/ R

DEMANDANTE: José Arnoldo Díaz Valencia

DEMANDADO: NACIONMINEDUCACIONFOMAG

MEDIO : N/ R

DEMANDANTE: José Arnoldo Díaz Valencia

DEMANDADO: NACIONMINEDUCACIONFOMAG

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co

Teléfono 6 71 39 82

Página 6 de 17 del artículo 306 2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C. de P. A. y de lo C. A.), establece:

“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.(…).”

Asimismo, debe señalarse que en lo que se refiere a las providencias de segunda instancia, el principio de congruencia limita la competencia del ad quem al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación, tal como lo prevé el artículo 328 (inciso 1º) del CGP, así:

“Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.(…).”

Al respecto, el H. Consejo de Estado ha precisado que “Para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y

al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.(…).”

Al respecto, el H. Consejo de Estado ha precisado que “Para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspecto s, diversos a los planteamientos por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo.”3

Al respecto se debe reco rdar de forma insistente que de conformidad con lo estipulado por el artículo 31 de la Carta, a la apelación se le confiere el carácter de medio de defensa y no el de propiciar una revisión «per se» de lo ya resuelto; de manera, que mientras la otra parte no apele, el apelante tiene derecho a que tan solo se examine la sentencia en aquello que le es desfavorable.

Aclarado lo anterior pasa la Sala a formularse los problemas jurídicos conforme al recurso de apelación interpuesto.

En esa medida, la Sala establece el siguiente:

10. PROBLEMA JURÍDICO.

Consiste en determinar si es procedente el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes a cargo de la entidad demandada a favor del señor José Arnoldo Díaz Valencia, conforme lo previsto en la Ley 71 de 1988, en cuantía equivalente al 75% de los salarios y primas recibidas durante el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado y efectiva a partir del 05 de febrero de 2019, sin condicionar su goce al retiro

de los salarios y primas recibidas durante el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado y efectiva a partir del 05 de febrero de 2019, sin condicionar su goce al retiro definitivo del servicio, o sí le es aplicable la Ley 100 de 1993 como lo dispuso el a quo?.

La Sala utilizará el siguiente esquema: i. Régimen pensional de docentes oficiales; ii. Reconocimiento del tiempo de servicio prestado a través de contrato de prestación de servicios docente para efectos del reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación; y iii) Caso concreto.

2 Ley 1437 de 2011: “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicci ón de lo Contencioso Administrativo. ” 3 Consejo de Estado, sala de lo contencioso -administrativo, sección tercera, subsección A, se ntencia de 26 de febrero de 2015, expediente 1999-00878-01, M.P. (E) Hernán Andrade Rincón.RADICACIÓN: 27001333300320220039701

MEDIO : N/ R

DEMANDANTE: José Arnoldo Díaz Valencia

DEMANDADO: NACIONMINEDUCACIONFOMAG

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co

Teléfono 6 71 39 82

Página 7 de 17

11. EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LOS DOCENTES PARA EL

Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co

Teléfono 6 71 39 82

Página 7 de 17

11. EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LOS DOCENTES PARA EL

RECONOCIMIENTO Y PAGO DE UNA PENSIÓN DE JUBILACIÓN

Atendiendo la materialización de lo ordenado en los artículos 53 y 58 de la Constitución Política, es válido afirmar que la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no altera aquellas situaciones pension ales que bajo el imperio de normas anteriores fueron adquiridas y que, en consecuencia, ingresan al patrimonio de sus beneficiarios.

Al expedir la Ley 100 de 1993, lo que pretendió el legislador fue la estandarización de los regímenes pensionales que antes de su promulgación, se encontraban difusos en el ordenamiento jurídico, estableciéndose allí reglas comunes que fueron aplicables a todos los trabajadores del país, sin atender la naturaleza de su relación laboral.

Sin embargo, el artículo 279 de manera expresa estableció que la situación pensional de algunos servidores públicos y trabajadores, no sería regulada por la citada ley, así:

“(…) El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir d e la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas. Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo ser án compatibles con pensiones

remunerados de las Corporaciones Públicas. Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo ser án compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida.

Se exceptúan también, los trabajadores de las empresas que, al empezar a regir la presente ley, estén en concordato preventivo y obligatorio en el cual se hayan pactado sistemas o procedimientos especiales de protección de las pensiones, y mientras dure el respectivo concordato.

Igualmente, el presente régimen de seguridad social, no se aplica a los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, ni a los pensionados de la misma. Quienes, con posterioridad a la vigencia de la presente ley, ing resen a la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, por vencimiento del término de contratos de concesión o de asociación, podrán beneficiarse del régimen de seguridad social de la misma, mediante la celebración de un acuerdo individual o colectivo, en término de costos, forma de pago y tiempo de servicio, que conduzca a la equivalencia entre el sistema que los ampara en la fecha de su ingreso y el existente en Ecopetrol.

PARAGRAFO. 1º- La empresa y los servidores de que trata el inciso anterior, quedan obligados a efectuar los aportes de solidaridad previstos en esta ley.

Las entidades empleadoras referidas en el presente artículo, quedan facultadas para recibir y expedir los bonos correspondientes a los períodos de vinculación o

quedan obligados a efectuar los aportes de solidaridad previstos en esta ley.

Las entidades empleadoras referidas en el presente artículo, quedan facultadas para recibir y expedir los bonos correspondientes a los períodos de vinculación o cotización a que hubiere lugar, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto se expida.

PARAGRAFO. 2º- La pensión gracia para los educadores de que tratan las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, continuará a cargo de la Caja Nacional de Previsión y del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, cuando éste sustituya a la caja en el pago de sus obligaciones pensionales.RADICACIÓN: 27001333300320220039701

MEDIO : N/ R

DEMANDANTE: José Arnoldo Díaz Valencia

DEMANDADO: NACIONMINEDUCACIONFOMAG

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co

Teléfono 6 71 39 82

Página 8 de 17 PARAGRAFO. 3º- Las pensiones de que tratan las Leyes 126 de 1985 adicionada por la Ley 71 de 1988, continuarán vigentes en los términos y condiciones en ellas contemplados.

PARAGRAFO. 4º- Adicionado por el art. 1, Ley 238 de 1995. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados”.

Conforme lo anterior, es claro que se exceptúan de la ap