TA CHO - Sentencia 27001-33-33-003-2022-00398-01 (24-06-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, Veinticuatro (24) de junio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA No.073

RADICADO: 27001333300320220039801

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: BENNY EGIDIO ASPRILLA ASPRILLA

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN –

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES

DEL MAGISTERIO

MAGISTRADO PONENTE: LARRY YESID CUESTA PALACIOS (E)

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia No. 134 del 30 de octubre del 20241, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, en la que se resolvió: “PRIMERO: Declarar la nulidad del Acto Administrativo Resolución No. 1418 del 09 de mayo de 2022, producto de la reclamación del día 18 de febrero de 2022, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación al señor Benny Egidio Asprilla Asprilla.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, condenase a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar la pensión de jubilación al señor Benny Egidio Asprilla Asprilla, de acuerdo con lo previsto por las Leyes 33 y 62 de 1985.

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar la pensión de jubilación al señor Benny Egidio Asprilla Asprilla, de acuerdo con lo previsto por las Leyes 33 y 62 de 1985.

Para el cálculo del monto pensional, la tasa de reemplazo corresponderá al 75% y el IBL al promedio de lo devengado en el último año de servicios anterior a la adquisición del estatus pensional, incluyendo como factor salarial como se manifestó en la parte considerativa, dineros que serán actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE, con efectividad a partir del 09 de noviembre del 202 (sic), fecha de adquisición del estatus pensional, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

R = Rh. índice final Índice inicial

TERCERO: Las sumas que se paguen en favor de la demandante, se actualizarán en la forma como se indica en la parte considerativa, a la fecha de la liquidación de la sentencia, de acuerdo al régimen general y se le aplicarán sobre las mismas los reajustes de ley.

CUARTO: La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, deberá repetir en contra de la entidad de

1032Sentencia_2022398Pension55anos (expediente electrónico primera instancia)RADICADO: 27001333300320220039801

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previsión a la cual la demandante acredite que se encontraba a filiada durante el lapso que subsistió la relación contractual con el municipio de Nóvita, a fin de solicitar el reembolso de las cotizaciones a pensión efectuadas por aquella en dicha oportunidad, siempre y cuando así lo demuestre o asegure el señor Benny Egidio Asprilla Asprilla. En todo caso, se autoriza al mentado fondo, descontar de los valores adeudados a la libelista en virtud de la condena, los saldos pendientes parciales o totales en su contra si existen después del cumplimiento del precepto anterior, por concepto de aportes a pensión que en la proporción como trabaj adora le correspondía efectuar por el periodo que subsistió la relación contractual.

QUINTO: La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

SEXTO: Condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandada el equivalente al 7% de las pretensiones reconocidas, a favor de la parte demandante.

SÉPTIMO. - Hecho lo anterior, archívese el expediente y cancélese su radicación, previa anotación y registro en TYBA.”

ANTECEDENTES

El señor Benny Egidio Asprilla Asprilla , por conducto de apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

radicación, previa anotación y registro en TYBA.”

ANTECEDENTES

El señor Benny Egidio Asprilla Asprilla , por conducto de apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrat ivo, solicitó a esta jurisdicción declarar la nulidad de la Resolución No. 1418 del 9 de mayo de 2022, a través del cual la Secretaría de Educación del Departamento d el Chocó, le negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a los 55 años de edad.

1.1 Pretensiones2

En la demanda se indicaron las siguientes pretensiones , que se resumen a continuación:

1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 1418 del 9 de mayo de 2022 frente a la reclamación presentada el día 18 de febrero de 2022 en cuanto negó a l demandante, el reconocimiento de la pensión de jubilación a los 55 años de edad.

2. Como consecuencia de lo anterior, se condene a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, a reconocer y pagar a la parte demandante, una pensión de jubilación, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de pensionada, a partir del 9 de noviembre del 2021.

3. Solicita que se ordene a las entidades demandadas, la inclusión en la nómina de pensionados y se realice el pago de las mesadas atrasadas.

4. Así mismo, pide que se ordene a las entidades deman dadas, dar cumplimiento

3. Solicita que se ordene a las entidades demandadas, la inclusión en la nómina de pensionados y se realice el pago de las mesadas atrasadas.

4. Así mismo, pide que se ordene a las entidades deman dadas, dar cumplimiento al fallo que se dicte, en el término de 30 días contados desde la notificación, como

2 Ver documento 01DEMANDA (expediente primera instancia)RADICADO: 27001333300320220039801

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lo dispone el artículo 192 y siguientes del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante C.P.A.C.A.

5. Pide que se condene al Fomag a pagar los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de cada una de las sumas adeudadas.

6. Se ordene a la entidad demandada a pagar las costas del proceso.

1.2. Los Hechos En la demanda se indican como hechos que sirven d e fundamento a las pretensiones, los siguientes:

1. El docente Benny Egidio Asprilla Asprilla, nació el 9 de noviembre de 1966, por lo que tiene más de 55 años.

2. Fue vinculado como docente en el Municipio de Nóvita, a través de contratos de prestación de servicios , desde el 27 de abril de 1993, hasta el 30 de noviembre de 2002, con interrupciones.

2. Fue vinculado como docente en el Municipio de Nóvita, a través de contratos de prestación de servicios , desde el 27 de abril de 1993, hasta el 30 de noviembre de 2002, con interrupciones.

3. La Secretar ía de Educación del Departamento del Choc ó l o nombró como docente en provisionalidad el 23 de abril de 2003 y laboró en razón a este nombramiento, hasta el 22 de julio de 2004; fue nombrado nuevamente en provisionalidad el 23 de julio de 2004, laboró hasta el 6 de febrero de 2007.

Posteriormente, fue vinculado en periodo de prueba el 7 de febrero de 2007 y nombrado como docente en propiedad, el 27 de diciembre del 2007 y se encontraba laborando hasta la fecha de presentación de la demanda.

4. Al completar los 55 años de edad y los 20 años de servicio oficial, solicitó la pensión ordinaria de jubilación a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, pero fue negada.

1.3. Normas violadas

Considera la parte demandante que con el acto acusado la entidad demandada trasgrede normas constitucionales y legales como se enlista a continuación: Ley 33 de 1985 Artículo 1° inciso 2°. Ley 91 de 1989, Artículo 15 Numerales 1 y 2. Ley 60 de 1993. Artículo 6. Ley 115 de 1993. Artículo 115. Ley 100 de 1993. Artículo 279. Ley 812 de 2003. Artículo 81. Decreto 3752 de 2003. Art. 1 y 2.

Ley 115 de 1993. Artículo 115. Ley 100 de 1993. Artículo 279. Ley 812 de 2003. Artículo 81. Decreto 3752 de 2003. Art. 1 y 2.

En el concepto de la violación explica la apoderada de la parte demandante, que su defendido ingresó al servicio docente con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, el régimen para el reconocimiento pensional es el previsto en la Ley 33 de 1985 y en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

1.4. Contestación de la demanda

La apoderada del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio contestó la demanda oponiéndose a todas las pretensiones, indicando que no es procedenteRADICADO: 27001333300320220039801

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reconocer al señor Benny Egidio Asprilla Asprilla , la pensión de jubilación bajo el Decreto 812 de 2003.

Señaló que, e n este caso específico, el demandante fue nombrado provisionalmente en 2007, por lo que su situación pensional se rige por el régimen de prima media con prestación definida de la ley 100 de 1993, dado que ocurrió después de la L ey 812 de 2003. Por lo tanto, no se puede aceptar la demanda,

de prima media con prestación definida de la ley 100 de 1993, dado que ocurrió después de la L ey 812 de 2003. Por lo tanto, no se puede aceptar la demanda, pues esto violaría la Constitución y generaría una car ga excesiva para la Nación, contraviniendo el principio de solidaridad del sistema de pensiones. Además, el demandante no realizó las cotizaciones necesarias. 1.5. La sentencia apelada El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante la sentencia apelada, concedió las súplicas de la demanda, considerando que el señor Benny Egidio Asprilla Asprilla nació el 9 de noviembre de 1966, cumplió 55 años de edad el 9 de noviembre de 2021. Además, se ha demostrado que está vinculado al servicio docente desde el 27 de abril de 1993, antes de la Ley 812 de 2003. Por lo tanto, le corresponde el régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos establecido en la Ley 33 de 1985, en concordancia con la Ley 91 de 1989.

Aunque su vinculación fue bajo modalidad contractual, esta circunstancia no afecta su ingreso al servicio docente el 1 de abril de 1990. Así, se confirma que los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003, como el señor Asprilla, están exceptuados del régimen de pensiones de la Ley 100 de 1993.

1.7. El recurso de apelación La apoderada de la entidad demandada, dentro del término legal, presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, explicando que, para efectos de la liquidación pensional de los docentes, se debe considerar la fecha de

La apoderada de la entidad demandada, dentro del término legal, presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, explicando que, para efectos de la liquidación pensional de los docentes, se debe considerar la fecha de vinculación al servicio educativo oficial. Para los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003, que están bajo el régimen de la Ley 33 de 1985, solo se toman en cuenta los factores sobre los cuales se hicieron aportes según el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, sin agregar otros factores. En cambio, los docentes vinculados después de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, deben seguir el régimen pensional de prima media de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con la excepción de la edad, que será de 57 años para ambos géneros. Los factores a incluir son los establecidos en el Decreto 1158 de 1994. 1.8. Alegatos de conclusión en segunda instancia Parte demandante La apoderada de la parte demandante presentó alegatos de conclusión , exponiendo los mismos argumentos de la demanda. Parte demandada No existe en el expediente, documento que dé cuenta la parte demandada haya presentado alegatos de conclusión en segunda instancia.RADICADO: 27001333300320220039801

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Concepto del Ministerio Público

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Concepto del Ministerio Público En el expediente no existe constancia de que el Ministerio Público se haya pronunciado en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES 2.1 Competencia El Tribunal es competente para desatar la alzada con fundamento en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que

dispone: “ARTÍCULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que le correspondía”.

2.2 Problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar cuál es el régimen pensional aplicable al señor Benny Egidio Asprilla Asprilla, en calidad de docente, vinculado a través de contratos y órdenes de prestación de servicios por el Municipio de Nóvita y posteriormente nombrado por el Departamento del Chocó. De la misma forma, se deberá establecer cuáles son los factores que deberán tenerse en cuenta para el cálculo de la mesada pensional.

Para el efecto de resolver el anterior problema jurídico, se hace necesario analizar la existencia del derecho a la luz de todo el ordenamiento jurídico.

tenerse en cuenta para el cálculo de la mesada pensional.

Para el efecto de resolver el anterior problema jurídico, se hace necesario analizar la existencia del derecho a la luz de todo el ordenamiento jurídico.

2.3. Marco legal aplicable para el reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación de docentes oficiales3

En lo que corresponde a este tema, tenemos que la Ley 6ª de 1945 sobre prestaciones oficiales, consagró:

“Art. 17 Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones: (…) b) Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo, equivalente a…”.

En principio esta ley rigió para los empleados del sector público nacional y del sector privado, que luego se extendió al territorial. En materia de jubilación esta le y se aplicó en el ámbito nacional hasta la expedición del Decreto 3135 de 1968. Para los servidores territoriales fue remplazada por la Ley 33 de 1985.

3 Se pueden consultar sobre el marco jurídico de la pensión ordinaria de docentes oficiales las siguientes providencias de la Sección Segunda, subsección B del Consejo de Estado: sentencia del 7 de febrero de 2008, radicado interno 0280-07, CP Dr. Jesús María Lemos Bustamante; sentencia de 18 de agosto de 2011, radicado

interno 1887-08, y del 14 de febrero de 2013, radicado interno 1048 -2012, CP Dr. Gerardo Arenas Monsalve. De la Subsección “A” de la Corporación: sentencia del 6 de marzo de 2008, radicado in terno 0941-07, CP Dr. Jaime Moreno García, y sentencia del 23 de junio de 2011, radicado interno 0007-2011, CP Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, por mencionar algunas.RADICADO: 27001333300320220039801

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Tanto el Decreto Ley 3135 de 1968, como su Reglamentario el 1848 de 1969, se aplicó para servidores de la Rama Ejecutiva Nacional del poder público.

Entre tanto los servidores de los entes territoriales en materia pensional continuaron sometidos a la Ley 6ª de 1945 y normas complementarias y modificatorias, hasta la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985. Esta ley exceptuó de su aplicación, entre otros, a los empleados oficiales que disfrutaban de un régimen especial de pensiones.

El Decreto Ley No. 2277 de 1979 4, estatuto docente, incuestionablemente comprende un régimen “ especial” d e los educadores, pero, esta disposición no regula las pensiones de jubilación ordinarias de los mismos, de modo que es

El Decreto Ley No. 2277 de 1979 4, estatuto docente, incuestionablemente comprende un régimen “ especial” d e los educadores, pero, esta disposición no regula las pensiones de jubilación ordinarias de los mismos, de modo que es preciso remitirse a la regulación general de la Ley 33 de 19855.

La Ley 33 de 1985 rige desde el 13 de febrero de 1985, fecha de su promulgación6, y es aplicable a los empleados oficiales de todos los órdenes, exigiendo para la pensión ordinaria de jubilación que se haya servido 20 años continuos o discontinuos y contar con 55 años de edad, sin distinción que sea hombre o mujer; sin embargo, de su aplicación se exceptúan tres casos: 1) los empleados oficiales que trabajen en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, y aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones; 2) los empleados oficiales que a la fecha de entrar a regir hayan cumplido 15 años de servicio, a quienes se les aplicarán las disposiciones sobre edad pensional que regían con anterioridad, y 3) los empleados oficiales que a la fecha de la vigencia de la Ley, hayan cumplido los requisitos para ob tener pensión de jubilación, quienes se continuarán rigiendo por las normas anteriores.

Con posterioridad a la Ley 33 de 1985 se expidió la Ley 91 de 1989, que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Esta última ley sobre el tema en el inciso primero numeral 1 del artículo 15 señala que, “1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Esta última ley sobre el tema en el inciso primero numeral 1 del artículo 15 señala que, “1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes. Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1o. de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán

4 “Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”. 5 El artículo 1º de la Ley 33 de 1985, establece:

“Art. 1º. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le p ague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones. (…) Parágrafo. 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley.

Parágrafo. 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley.

Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres y cincuenta y cinco (55) si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro. Par. 3º. En todo caso los empleados oficiales que a la fecha de la vigencia de esta ley, hayan cumplido los requisitos para obtener pensión de jubilación, se continuarán rigiendo por las normas anteriores a esta ley.”. 6 La Ley 33 fue publicada en el Diario Oficial No. 36856 del 13 de febrero de 1985RADICADO: 27001333300320220039801

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por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.”

Resalta la Sala que la Ley 33 de 1985, en su artículo 25, derogó los artículos 27 y

futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.”

Resalta la Sala que la Ley 33 de 1985, en su artículo 25, derogó los artículos 27 y 28 del Decreto Extraordinario 3135 de 1968 y las demás disposiciones que le fueren contrarias.

Entonces las disposiciones que en materia pensional se encontraban vigentes para el personal nacional y nacionalizado en la fecha en que se expidió la Ley 91 de 1989 (29 de diciembre de 1989), eran sin lugar a dudas las consignadas en la Ley 33 de 1985, aplicables al sector público sin distinción salvo las excepciones expresamente consagradas en ella y el régimen de transición contemplado en el parágrafo 2º de su artículo 1º, y no el régimen en gracia de discusión dispuesto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, ni en normas anteriores como la Ley 6ª de 1945, superada en todo caso respecto de los empleados nacionales con la expedición de los anteriores Decretos. Así las cosas, no resulta acertado la aplicación del inciso 2°, numeral 1° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, 7 ya que dicha preceptiva, en sí misma, no revivió los artículos 27 y 28 del Decreto 3135 de 1968 derogados ya por la Ley 33 de 1985 como anteriormente se anotó, de donde resulta oportuno el señalar, que una disposición normativa derogada sólo recobra su fuerza en la medida en que se declara la inexequibilidad o la nulidad de la disposición que le extrajo del mundo jurídico o cuando es reproducida por una Ley nueva (artículo 14 de la Ley 153 de 1887). 8

su fuerza en la medida en que se declara la inexequibilidad o la nulidad de la disposición que le extrajo del mundo jurídico o cuando es reproducida por una Ley nueva (artículo 14 de la Ley 153 de 1887). 8

La Ley 60 de 1993 en lo pertinente en su artículo 6º consagra lo siguiente:

“(…) El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones, será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneracione s. El personal docente de vinculación departamental, distrital, y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. …”

Bajo el marco de una trascendental reforma al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, promovida a través de la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993, es preciso afirmar que, como materialización de lo ordenado por los artículos 53 y 58 de la Constitución Política, su entrada en vigencia no alteró aquellas situaciones pensionales que bajo el imperio de normas anteriores fueron adquiridas y que, en consecuencia, ingresaron al patrimonio de sus beneficiarios.

Con esta norma, el legislador pretendió la estandarización de los regímenes pensionales que antes de su promulgación, se encontraban difusos en el

7 “ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el

pensionales que antes de su promulgación, se encontraban difusos en el

7 “ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: (…) Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1o. de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 , o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.” 8 LEY 153 DE 1887. “ARTICULO 14. Una ley derogada no revivirá por sí sola las referencias que a ella se hagan, ni por haber sido abolida la ley que la derogó . Una disposición derogada solo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca reproducida en una ley nueva.”RADICADO: 27001333300320220039801

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ordenamiento jurídico, estableciendo reglas comunes aplicables a todos los trabajadores del país9, sin considerar la naturaleza de su relación laboral.

La Ley 100 de 1993, en el inciso 2° del artículo 279, excluyó algunos sectores que tenían normas especiales, entre los cuales se encuentra el Magisterio cuyas

trabajadores del país9, sin considerar la naturaleza de su relación laboral.

La Ley 100 de 1993, en el inciso 2° del artículo 279, excluyó algunos sectores que tenían normas especiales, entre los cuales se encuentra el Magisterio cuyas prestaciones se gobiernan por lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.10

En este orden de ideas, si el régimen de seguridad social en materia pensional establecido en la Ley 100 de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad que tiene a su cargo el reconocimiento de las pensiones de jubilación de los docentes, cabe concluir que esta prestación continúa sometida al régimen legal anterior, que no es otro que el de la Ley 33 de 1985 con el régimen de transición aplicable restrictivamente.

La Ley 115 de 1994, que contiene la Ley General de Educación, señaló:

“Art. 115 Régimen Especial de los Educadores Estatales. El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial del Estatuto Docente y por la presente ley. El régimen pr estacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la ley 60 de 1993 y en la presente ley.”.

Como puede observarse, en materia de pensión de jubilación ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen “ especial”. Tampoco lo hace la Ley 115 de 1994.

Finalmente, con ocasión de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 81 de la Ley 812 del 26 de junio de 2003 11, modificado parcialmente por sus Decretos

115 de 1994.

Finalmente, con ocasión de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 81 de la Ley 812 del 26 de junio de 2003 11, modificado parcialmente por sus Decretos Reglamentarios 2341 y 3752 del mismo año, los docentes que se vinculen a partir de su entrada en vigencia, es decir, a partir del 27 de junio de 2003, “serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido e n las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres”.12

Sobre este último particular, la Sección Segunda del H. Consejo de Estado 13 en sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, unificó su criterio en torno a la forma de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989, oportunidad en la cual determinó las siguientes reglas jurisprudenciales:

9 Consúltese, artículos 6 y 11 de la Ley 100 de 1993. 10 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018), Referencia: Acción de Tutela, Radicación: 11001 -03-15000-2018-00617-00, Actor: Jesús Hernán Delgado Márquez, Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño. 11 Por la cual se aprueba el Plan nacional de Desarrollo 2003-2006”. Publicada en el Diario Oficial No. 45.231

000-2018-00617-00, Actor: Jesús Hernán Delgado Márquez, Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño. 11 Por la cual se aprueba el Plan nacional de Desarrollo 2003-2006”. Publicada en el Diario Oficial No. 45.231 de junio 27 de 2003. 12 Es más, así lo reitera el parágrafo transitorio 1º del Acto Legislativo No. 01 del 2005 que modificó el artículo 48 de la Carta Política, cuando señala: "Parágrafo transitorio 1º. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vincul