TA CHO - Sentencia 27001-33-33-004-2022-00297-01 (27-08-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, veintisiete (27) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA No. 0107/

REFERENCIA: 27001333300420220029701

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: VICTOR OSCAR KLINGER BRAHAM Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN –

RAMA JUDICIAL

Tema: Privación injusta de la libertad / régimen objetivo de responsabilidad / atipicidad de la conducta

MAGISTRADA PONENTE: Dra. MIRTHA ABADÍA SERNA

1. Procede la Sala a proferir sentencia en los términos del artículo 187 del CPACA.

2. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve los recursos de apelación interpuesto s por la parte demandante y la parte demandada Fiscalía General de la Nación contra la sentencia Nro. 187 del veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticuatro (2024 ), proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, que accedió parcialmente las súplicas de la demanda.

ANTECEDENTES

La demanda

3. Los señores VÍCTOR OSCAR KLINGER BRAHAM, ZULLY FELISA LOZANO MURILLO,

VÍCTOR ALONSO KLINGER LOZANO, NIVE MAGALY SALINAS BECERRA, MARÍA

JOSÉ KLINGER SALINAS, MARÍA VICTORIA KLINGER SALINAS, OSCAR ANDRÉS

VÍCTOR ALONSO KLINGER LOZANO, NIVE MAGALY SALINAS BECERRA, MARÍA

JOSÉ KLINGER SALINAS, MARÍA VICTORIA KLINGER SALINAS, OSCAR ANDRÉS

KLINGER LOZANO, INDIRA KARINA MORENO PEREA, JUAN JOSÉ KLINGER

MORENO, CARMEN EMILIA KLINGER BRAND, GLORIA MIRTHA KLINGER BRAHAM,

EDILMA KLINGER BRAHAM, CORINA KLINGER BRAHAM, LUCILA KLINGER

BRAHAM, OSWALDO KLINGER BRAHAM, WILIAN KLINGER BRAHAN, FILOMENA

KLINGER BRAHAM, LUIS ALBERTO KLINGER BERMÚDEZ, PIEDAD ELAINE KLINGER VALENCIA, DANIEL VICENTE KLINGER CÓRDOBA y JOSEFINA KLINGER ZÚÑIGA, en ejercicio del medio de control de reparación directa, demandaron a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la RAMA JUDICIAL , con el fin de que se declare su responsabilidad patrimonial como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el primero de los mencionados.

4. Como pretensiones de condena, solicitaron e l pago de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro, así como daño emergente por $50.000.000 correspondientes a honorarios de defensa; perjuicios morales para la víctima directa y su núcleo familiar en cuantías de 100 SMLMV cada uno, y una indemnización de 100 SMLMV por afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencionales y constitucionales, como la honra, el buen nombre, la libertad y la presunción de inocencia.

5. Como fundamento fáctico de las pretensiones, en síntesis, narraron lo siguiente:

constitucionales, como la honra, el buen nombre, la libertad y la presunción de inocencia.

5. Como fundamento fáctico de las pretensiones, en síntesis, narraron lo siguiente:

6. El 15 de junio de 2007, el Subdirector Administrativo y Financiero de DASALUD CHOCÓ presentó denuncia penal contra el señor Víctor Oscar Klinger Braham, por presunto peculado por destinación oficial diferente, debido a la entrega de bonos navideños y otros gastos autorizados por el Comité de Bienestar Social de la entidad, del cual él hacía parte.Reparación Directa Radicado número: 27001333300420220029701

Demandante: Victor Klinger Braham y Otros

Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación – Rama Judicial

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7. En el marco de la investigación, el 7 de marzo de 2008 la Fiscalía ordenó su captura y le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad condicional, po r el delito de peculado por apropiación en favor de terceros.

Permaneció recluido hasta el 6 de junio de 2008, fecha en la cual se le concedió la libertad provisional bajo caución.

8. El proceso penal se prolongó por cerca de trece años, hasta que el 16 de febrero de 2021, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó lo absolvió por atipicidad de la conducta, al concluir que la entrega de bonos a empleados contratados estaba a mparada por las

el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó lo absolvió por atipicidad de la conducta, al concluir que la entrega de bonos a empleados contratados estaba a mparada por las Resoluciones 287 de 1979 y 10067 de 1980 del Ministerio de Sal ud, y que la Ley 909 de 2004 no contenía prohibición expresa o tácita al respecto.

9. La sentencia absolutoria quedó en firme el mismo 16 de febrero de 2021. Los demandantes alegan que la detención preventiva constituyó un daño antijurídico que afectó gravemente la vida personal, familiar, social y laboral del señor Klinger, así como la de sus familiares cercanos, causando aflicción moral y afectaciones a bienes jurídicos como la honra, el buen nombre y la dignidad.

Posición de la parte demandada

10. La Fiscalía General de la Nación sostiene que no existe responsabilidad patrimonial a su cargo, por cuanto la investigación y posterior captura del señor Víctor Óscar Klinger Braham, se adelantaron dentro del marco constitucional y legal que le impone inve stigar conductas punibles (art. 250 C.P. y Ley 600 de 2000) y con fun damento en pruebas suficientes, tales como como denuncia, informe policial, escrito d e acusación y sentencia previa.

11. Afirma que la existencia de indicios serios obligaba a iniciar el proceso penal, que la absolución final no implica, por sí sola, irregularidad en la actuación y que su intervención tuvo como fin asegurar la comparecencia del implicado, conservar las pruebas y proteger a la comunidad. Aduce que no se configuraron los elementos para imputar un daño antijurídico, pues no hubo ilegalidad ni falla en el servicio.

tuvo como fin asegurar la comparecencia del implicado, conservar las pruebas y proteger a la comunidad. Aduce que no se configuraron los elementos para imputar un daño antijurídico, pues no hubo ilegalidad ni falla en el servicio.

12. La Nación – Rama Judicial argumenta que la actuación que dio origen a la privación de la libertad del señor Víctor Óscar Klinger Braham fue exclusiva de la Fiscalía General de la Nación, conforme a la Ley 600 de 2000, sin intervención alguna de los jueces penales.

Explica que la etapa de investigación y la imposición de la medida de aseguramiento correspondían exclusivamente a la Fiscalía, y que el proceso pe nal culminó con resolución de preclusión dictada por esa entidad, sin llegar a la etapa de juzgamiento. Señala además la ausencia de nexo causal entre las decisiones de la Rama Judicial y el daño alegado, la existencia de causales eximentes de responsabilidad como la culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero, y la falta de motivación y prueba de los perjuicios reclamados.

La sentencia apelada

13. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, en la sentencia de primera instancia, declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación por los perjuicios ocasionados a los demandantes con ocasión de la privación injusta de la

libertad de Víctor Óscar Klinger Braham.

14. Como consecuencia de lo anterior, condenó a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de perjuicios morales, el equivalente en pesos de las sumas expresadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de laReparación Directa

a pagar, por concepto de perjuicios morales, el equivalente en pesos de las sumas expresadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de laReparación Directa Radicado número: 27001333300420220029701

Demandante: Victor Klinger Braham y Otros

Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación – Rama Judicial

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sentencia, así: quince (15) SMLMV para el afectado Víctor Óscar Klinger Braham, su esposa Zully Lozano Murillo y sus hijos Víctor Alonso Klinger Lozano y Óscar Andrés Klinger Lozano; siete punto cinco (7.5) SMLMV para cada uno de los hermanos Carmen Emilia Klinger Brand, Gloria Mirtha Klinger Braham, Edilma Klinger Braham, Corina Klinger Braham, Lucila Klinger Braham, Oswaldo Klinger Braham, Willian Klinger Brahan, Filomena Klinger Braham, Luis Alberto Klinger Bermúdez, Piedad Elaine Klinger Valencia, Dani el Vicente Klinger Córdoba y Josefina Klinger Zúñiga; y cuatro punto cinco (4.5) SMLMV para las nietas María José Klinger Salinas y María Victoria Klinger Salinas, así como para las nueras Nive Magaly Salinas Becerra e Indira Karina Moreno Perea.

15. Adicionalmente, condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar a Víctor Óscar Klinger Braham, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de ciento ocho millones doscientos ochenta y cinco mil setecientos catorce pesos

Klinger Braham, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de ciento ocho millones doscientos ochenta y cinco mil setecientos catorce pesos ($108.285.714).

16. De igual forma, ordenó a la Fiscalía General de la Nación emitir un comunicado de disculpas al señor Víctor Óscar Klinger Braham por la afectación de su buen nombre, reconociendo que se ordenó su detención sin motivos serios. Este docu mento deberá concertarse con la víctima, quien decidirá si se entrega de forma privada o se publica en los canales oficiales de la entidad.

17. Finalmente, el Juzgado negó las demás pretensiones de la demanda, se abstuvo de imponer condena en costas, dispuso que la entidad accionada cumpla la sentencia en los términos de los artículos 192 a 195 del CPACA y ordenó el archivo del expediente una vez ejecutoriada la providencia.

El recurso de apelación

18. La Fiscalía General de la Nación apeló argumentando que, en el presente asunto, no se configuran los elementos necesarios para declarar su responsabilidad patrimonial. Aduce que, tanto l a investigación como la captura del señor Víctor Óscar Klinger Braham , se sustentaron en pruebas sólidas que incluían la sentencia penal No. 005 de 2021, el escrito de acusación, informes de policía, una resolución interlocutoria de 2008, una denuncia y la noticia criminal, elementos que justificaban la apertura del proceso penal conforme al artículo 250 de la Constitución, el Estatuto Orgánico de la Fiscalía y las normas penales vigentes.

noticia criminal, elementos que justificaban la apertura del proceso penal conforme al artículo 250 de la Constitución, el Estatuto Orgánico de la Fiscalía y las normas penales vigentes.

19. Así mismo expresa que, la absolución del señor Víctor Óscar Klinger Braham no implica automáticamente una ilegalidad en la actuación ni genera responsabilidad estatal. Sustenta esta posición citando jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual la investigación y detención preventiva, cuando existen indicios serios, constituyen cargas que deben soportar los ciudadanos y no dan lugar a indemnización si fueron legítimas.

20. Adicionalmente señala, que las medidas de aseguramiento tienen carácter preventivo, no requieren juicio previo y no desconocen el debido proceso. Hace énfasis en que la actuación de la Fiscalía estuvo siempre ajustada a la Constitución y la ley, cum pliendo su deber de asegurar la comparecencia de los presuntos infractores y proteger a la comunidad.

21. En consecuencia, solicita revocar la sentencia de primera instancia y negar las pretensiones de la demanda.

Trámite en segunda instancia

22. El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 28 de mayo de 2025.Reparación Directa Radicado número: 27001333300420220029701

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23. Desde la notificación del auto que concedió el recurso de apelación y hasta la ejecutoria

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23. Desde la notificación del auto que concedió el recurso de apelación y hasta la ejecutoria del que lo admitió en segunda instancia, no hubo pronunciamiento alguno por las partes o el

Ministerio Público.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

24. La Sala procede a decidir la segunda instancia de la presente litis después de evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales de: jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial y la legitimación en la causa por activa de los actores y por pasiva de las entidades demandadas.

Planteamiento del problema jurídico

25. En esta instancia, a la Sala le corresponde pronunciarse sobre los reparos concretos expuestos contra la sentencia de primer grado, los cuales, por regla general, establecen la competencia del ad quem para ventilar la controversia salvo que se trate de situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa.

26. De conformidad con los planteamientos derivados de la sentencia de primera instancia y los recursos de alzada, le corresponde a la Sala determinar:

 Si la Fiscalía General de la Nación debe ser declarada patrimonialmente responsable por la privación injusta de la libertad del señor Víctor Oscar Klinger Braham y, en caso afirmativo, determinar si procede modificar la sentencia de primera instancia para reconocer la indemnización reclamad a por la parte demandante a título de lucro cesante.

27. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará e l siguiente esquema

primera instancia para reconocer la indemnización reclamad a por la parte demandante a título de lucro cesante.

27. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará e l siguiente esquema conceptual: i) consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado, ii) régimen de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad y iii) análisis del caso concreto.

1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

28. El artículo 90 de la Constitución Política de 19911 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: la existencia de un daño antijurídico y la imputación de éste al Estado.

29. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento.

En otras palabras, es toda afectación que no está am parada por la ley o el derecho 2, que contraría el orden legal 3 o que está desprovista de una causa que la justifique 4, resultado que se produce sin derecho, al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación r econocida o protegida5, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro

1 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 2Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945.

repetir contra éste”. 2Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945. 3Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90. 4Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499; Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867. 5Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.Reparación Directa Radicado número: 27001333300420220029701

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sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que la per sona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que aunque ilustra en términos generales el fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.

30. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños causados en

para explicarlo integralmente.

30. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrolla do para ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño especial, entre otros6.

31. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere.

1. Régimen de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad7

32. En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de sus funcionarios mediante la Ley 270 de 1996, regulación que en su artículo 65 dispuso lo siguiente: “Artículo 65. De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.”

33. La mencionada normatividad estableció que el Estado resulta patrimonialmente responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error jurisdicciona l y iii) privación injusta de la libertad8.

responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error jurisdicciona l y iii) privación injusta de la libertad8.

34. En cuanto a esta última, esto es, la responsabilidad por los daños antijurídicos derivados de la privación injusta de la libertad de las personas, el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, consagró que: “Artículo 68. Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.”

35. Con relación al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, la Const itución de 1991 no privileg ió ningún título de imputación 9 en particular, por lo que en aplicación del principio iura novit curia dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que se habrá de adoptar. Como corolario de lo anterior, los títulos de imputación aplicables por el juez deben guardar sintonía con la realidad probatoria que se presen ta en el caso en

6Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C, sentencia de 18 de mayo de 2017,

Rad.: 36.386.

7Marco extraído del Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de l veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024). Radicación 41001233100020110047901 (59263). 8Cfr. Artículo 65. Ley 270 de 1996.

(2024). Radicación 41001233100020110047901 (59263). 8Cfr. Artículo 65. Ley 270 de 1996. 9Corte Constitucional. Sentencia SU -072 de 2018.Reparación Directa Radicado número: 27001333300420220029701

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particular, de manera que la solución que se ofrezca atienda realmente los principios constitucionales que rigen la responsabilidad extracontractual del Estado, así como a los fines y deberes de éste.

36. Bajo la óptica de la cláusula general de responsabilidad contenida en la Constitución, no existe fundamento para favorecer un régimen de tinte marcadamente objetivo como el previsto en la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 (Rad.23354), con la cual fundamentalmente se buscab a proteger el derecho ambulatorio de las personas y restablecer el desvalor patrimonial sufrido por quien fue objeto de la medida de restricción de la libertad cuando el sindicado recobraba el pleno goce de su derecho al resultar sobreseído o absuelto por alguno de los supuestos desarrollados por la jurisprudencia, para los cuales se reservaba la asignación objetiva de responsabilidad al Estado cuando: i) el detenido no cometió el delito, ii) el hecho no existió, iii) la conducta por la cual fue detenido no es típica o, iv) por aplicación del principio in dubio pro reo; eventos en cuya ocurrencia la

detenido no cometió el delito, ii) el hecho no existió, iii) la conducta por la cual fue detenido no es típica o, iv) por aplicación del principio in dubio pro reo; eventos en cuya ocurrencia la antijuridicidad del daño se consideraba de antemano presente y por tanto el análisis de la responsabilidad se simplificaba y con ello el de los elementos estruct urales de la responsabilidad, debiendo probarse únicamente la ocurrencia del daño mismo, es decir, de la privación material de la libertad, dejando de lado verificar si con la medida se contradecía el ordenamiento jurídico o si esta se produjo al margen del derecho, régimen bajo el cual la única manera para el Estado de librarse de una condena era lograr probar alguna causal de justificación y, en particular, la culpa o hecho de la propia víctima, con lo cual se rompe la imputación de la responsabilidad y s e desestima el deber de responder para la Administración.

37. Es en ese aspecto que se ha encontrado necesario reconducir esta fuente de responsabilidad buscando mayor cercanía y armonía con la teleología del artículo 90

Constitucional y por ello el análisis debe partir, no solo de la verificación de la existencia del daño bajo su condición de elemento estructural, sino también de su antijuridicidad como condición sine qua non de la lesión indemnizable, que de suyo implica consultar el apego al ordenamiento jurídico de la orden de detención o privación, así como de la conducta de quien padece el daño en carne propia, para luego acreditar, si ello llega a hacerse necesario, los demás elementos de la responsabilidad y el título de atribución que se pretende utilizar, sin que de antemano, en tal juicio, deba privilegiarse alguno de ellos en particular, que lo

demás elementos de la responsabilidad y el título de atribución que se pretende utilizar, sin que de antemano, en tal juicio, deba privilegiarse alguno de ellos en particular, que lo escogerá el juez en cada caso dependiendo de las particularidades del proceso en concreto.

38. En otras palabras, en cuanto al necesario examen de la anti juridicidad del daño que se discute en el juicio de responsabilidad por una privación injusta de la libertad, se exige constatar si la orden de detención y las condiciones bajo las cuales esta se llevó a cabo se apegaron a los cánones legales y constitucio nales o no, e igualmente si el término de duración de la medida de restricción fue excesivo, así como si la medida era neces aria, razonable y proporcional 10, de donde, si la detención se realizó de conformidad con el ordenamiento jurídico, se entenderá que el daño carece de antijuridicidad y por lo tanto quien lo sufrió no tendrá derecho a que se le indemnicen los perjuicios por su padecimiento11. Así, cuando el operador jurídico o el ente acusador levanta la medida restrictiva de la libertad que

10Corte Constitucional. Sentencia SU -072 de 2018. 11 Sobre el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, la sentencia C-037 de 1996, indica: “Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a

que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procederí a en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detenci ón.”Reparación Directa Radicado número: 27001333300420220029701

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pesaba sobre una persona, independientemente de la causa de dicha decisión, debe realizarse el análisis pertinente bajo la óptica del artículo 90 Superior, con el fin de identificar la antijuridicidad del daño que se discute.

39. En el anterior sentido, el primer examen debe hacerse sobre la medida cautelar misma,

realizarse el análisis pertinente bajo la óptica del artículo 90 Superior, con el fin de identificar la antijuridicidad del daño que se discute.

39. En el anterior sentido, el primer examen debe hacerse sobre la medida cautelar misma, pues su apego a la normatividad implica la juridicidad de la afectación, que tiene un efecto definitorio de la solución jurídica que se otorgue a la demanda en la medida en que, en el régimen colombiano de responsabilidad del Estado, este responde únicamente por los daños antijurídicos que cause en desarrollo del principio alterum non laedere, pero no de aquellos que hayan amparo en el ordenamiento. Deberá establecerse si el detenido causalmente contribuyó y determinó con su actuar doloso o gravemente culposo la detención, para estimar si debe asumir las consecuencias de su actuación que pudo sentar las bases para que se adoptara la medida restrictiva de su libertad.

40. Esta concepción de la fuente de respons abilidad en comento, si bien encuentra amplia aplicación y desarrollo en la falla del servicio, que exige el estudio de la adecuada actuación del Estado a la hora de dictar la orden de detención contra una persona y por tanto el apego de dicha medida al or denamiento jurídico, no excluye la posibilidad de estudiar la responsabilidad derivada de la restricción a la libertad de las personas bajo alguno de los otros títulos de atribución como ocurre con el daño especial, en eventos en los cuales el sindicado sufre injustificada e inmerecidamente los rigores de la medida adoptada en debida forma por el órgano competente, pero, en tales casos, ello resulta de aplicación residual frente a la falla del servicio y puede presentarse en situaciones en las cuales el mis mo reo

sindicado sufre injustificada e inmerecidamente los rigores de la medida adoptada en debida forma por el órgano competente, pero, en tales casos, ello resulta de aplicación residual frente a la falla del servicio y puede presentarse en situaciones en las cuales el mis mo reo no dio pie a la adopción de la medida dictada en su contra, donde la actuación del Estado se ajustó al ordenamiento jurídico, pero se causó un desequilibrio de las cargas públicas respecto del administrado, como cuando logra establecerse que el hecho que pretendía imputarse al detenido no existió o la conducta era objetivamente atípica, eventos en donde el daño antijurídico resulta acreditado sin mayor arrojo.

41. Otra circunstancia sucede cuando en la sentencia penal se logra establecer que el sindicado no cometió la conducta o que fue absuelto en aplicación del principio in dubio pro reo, por cuanto, en estos casos, el juez penal debe concluir su veredicto luego de un riguroso análisis probatorio que permita calificar la conducta y verificar la par ticipación del individuo en el ilícito al cual se lo vincula de cara a las pruebas que se recauden y valoren en el proceso penal respectivo, de cuya valoración se desprende la suerte procesal penal del investigado, lo que implica el deber de auscultar tales circunstancias bajo la óptica del régimen subjetivo de falla del servicio12. iii. Análisis del caso concreto

42. De las pruebas obrantes en el expediente se acreditó que el 15 de junio de 2007 el señor Armando León Noreña, en su calidad de Subdirector Administrativo y Financiero del Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó –DASALUD–, presentó

Armando León Noreña, en su calidad de Subdirector Administrativo y Financiero del Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó –DASALUD–, presentó denuncia penal contra el entonces Director de la entidad, Víctor Oscar Klinger Braha