TA HUI - Sentencia 41001-33-33-003-2021-00064-01 (26-08-2025)

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Magistrado ponente: Enrique Dussán Cabrera Neiva Veintiséis (26) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho. Demandante Fredy Chávarro Cabrera Demandado Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Radicación 41 001 33 33 003 2021 00064 01

Asunto SENTENCIA Número: S-134

Acta de Sala N° 057 De la fecha.

1. ANTECEDENTES.

Se decide el recurs o de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2022 por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, que accedió a las pretensiones de la demanda.

2. DE LA DEMANDA1

2.1. Las pretensiones.

El señor Fredy Chavarro Cabrera, mediante apoderado judicial, solicita se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 2680 del 7 de octubre de 2018 y 0185 del 28 de enero de 2020, que liquidó la pensión de jubilación sin incluir la totalidad de los factores salariales devengados en el año anterior a la obtención del estatus pensional.

A título de restablecimiento del derecho, solicita se condene a la demandada incluir como base de liquidación de la pensión de Jubilación todos los factores salari ales devengados por mi mandante en el año previo al status de la Pensión de Jubilación, concretamente se ordene la inclusión de la bonificación mensual docentes, prima de navidad,

todos los factores salari ales devengados por mi mandante en el año previo al status de la Pensión de Jubilación, concretamente se ordene la inclusión de la bonificación mensual docentes, prima de navidad, prima de vacaciones, con efectividad a partir del 25 de febrero de 2018, y hasta la fecha en que efectivamente sea incluida la diferen cia en la nómina de pensionados; se paguen estas sumas en forma indexada conforme al IPC, se de cumplimiento a la sentencia en los términos indicados en el CPACA y se condene en costas y agencias en derecho a la demandada.

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2.2. Los Hechos

Expone que el demandante es docente público del municipio de Neiva, que se le reconoció la pensión de jubilación con las resoluciones 2680 del 7 de octubre de 2019 y 0185 del 28 de enero de 2020, en cuya liquidación no se le incluyeron todos los factores salariales, concretamente prima de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad devenga dos en el año previo a la obtención del estatus pensional.

Indica que el actor ingresó al servicio público docente el 11 de marzo de 1993, antes de la expedición de la ley 812 de 2003, que la fecha del

navidad devenga dos en el año previo a la obtención del estatus pensional.

Indica que el actor ingresó al servicio público docente el 11 de marzo de 1993, antes de la expedición de la ley 812 de 2003, que la fecha del estatus de pensión es del 25 de febrero de 2018, fecha en la que se encontraba vigente la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010.

2.3. Normas violadas y concepto de violación.

Considera que se infringieron: Acto legislativo 01 de 2005; decreto 3135 de 1968, decreto 1042 de 1978, ley 33 de 1985, ley 91 de 1989, ley 812 de 2003.

Sostiene que El Acto Administrativo Resolución de pensión demandado ataca directamente la Carta Política de 1991, reformada por el Acto Legislativo No. 01 de 2005, mediante el cual se preservan los derechos de pensión de mi mandante reconocidas por toda la normatividad anterior, al momento de la fecha de su poses ión, de tal suerte que el régimen de pensiones del demandante es el establecido en la ley 715 de 2001, la ley 115 de 1994, la ley 60 de 1993, la ley 91 de 1989, normas que se establecieron para liquidar el salario base de liquidación de la pensión jubilación de los docentes, se debía tener en cuenta el salario básico del año de liquidación incluyendo los factores salariales devengados por el docente en dicho año.

Aduce que el decreto 3752 de 2003 no le es aplicable al actor por cuanto la fecha de expedición del mismo es posterior a la entrada en vigencia

básico del año de liquidación incluyendo los factores salariales devengados por el docente en dicho año.

Aduce que el decreto 3752 de 2003 no le es aplicable al actor por cuanto la fecha de expedición del mismo es posterior a la entrada en vigencia la ley 812 de 2003 y por cuanto conforme a dicha ley, las prestaciones sociales reconocidas antes de la entrada en vigencia de la misma continúan incólumes para quienes se posesionaron antes del 23 de junio de 2003 . Indica que al demandado aplica la contemplado en el Artículo 3º del Decreto 3752 el cual ha sido derogado por la Ley 1151 de 2007, devolviéndose a la entidad las facultades para liquidar nuevamente la pensión con todos los factores salariales.

Afirma que en el evento en que el Fomag no efectuó los descuentos obligatorios para pensión, estos aportes deben ser descontados de laTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 3 de 15

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cuantía efectuada, señalando que conforme a lo indicado en la norma es el empleador el que debe responder por la tota lidad del aporte a pensión en el evento en que se produzca un desequilibrio entre el IBC y el IBL por causas atribuibles al empleador.

Refiere que con base en el principio de favorabilidad la interpretación que debe darse a la Ley 33 de 1985, modificada p or la Ley 62 de la

y el IBL por causas atribuibles al empleador.

Refiere que con base en el principio de favorabilidad la interpretación que debe darse a la Ley 33 de 1985, modificada p or la Ley 62 de la misma anualidad, es la que permite efectivizar en mejor medida los derechos y garantías laborales, es decir aquella según la cual las citadas normas no enlistan en forma taxativa los factores salariales que componen la base de liquidació n pensional, sino que permiten incluir todos aquellos que fueron devengados por el trabajador, previa deducción de los descuentos por aportes que dejaron de efectuarse , citando la sentencia del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010 para sustentar tal postura.

Indica que al no incluirse todos los factores salariales, también se vulneraron los decretos 3135 de 1968 y 1042 de 1978.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.2

La apoderada de la Nación -Ministerio de Educación Nacional -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisteriose opone a todas las pretensiones de la demanda, y frente a los hechos señala que son ciertos los basados en las pruebas aportadas y respecto a los demás se atiene a lo que se pruebe.

Argumenta que la Ley 100 de 1993, exceptuó del Sistema Integral de Seguridad Social contenido en ella, a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tal como lo expresa en su artículo 27 9, y p or ello, las prestaciones sociales del magisterio se gobiernan por las disposiciones de la Ley 91 de 1989 , lo que se reiteró con las leyes 60 de 1993 y 115 de 1994.

en su artículo 27 9, y p or ello, las prestaciones sociales del magisterio se gobiernan por las disposiciones de la Ley 91 de 1989 , lo que se reiteró con las leyes 60 de 1993 y 115 de 1994.

Sostiene que la Ley 91 de 1989 señaló en su artículo 15, que el reconocimiento de las prestaciones sociales de los docentes nacionales vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, se efectuará de acuerdo con el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial; en tanto que, para los docentes nacionalizados vincula dos a partir del 1 de enero de 1990, se rigen por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, reguladas anteriormente por los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, no obstante, con la aparición de la Ley 33 de 1985, las

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disposiciones del artículo 27 de decreto 3135 de 1968 y aún las del literal b) del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, fueron derogadas, siendo aplicable actualmente a los empleados oficiales de todos los órdenes, lo previsto en el artículo 1º y 25 de la Ley 33 de 1985, frente a la pensión

literal b) del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, fueron derogadas, siendo aplicable actualmente a los empleados oficiales de todos los órdenes, lo previsto en el artículo 1º y 25 de la Ley 33 de 1985, frente a la pensión ordinaria de jubilación.

Por su parte el artículo 81 de la ley 812 de 2003 establece que “ El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley”, por lo que concluye que ha sido aceptado que el régimen prestacional de los docentes vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la expedición de la Ley 812, es decir, al 27 de junio de 2003, por lo que a los docentes nacionales, se les debe liquidar su pensión con el 75% de los factores que hayan servido de base para calcular los aportes durante al último año de servicio.

Frente al cálculo del IBL, señala que en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 el Consejo de Estado determinó que debe tomarse solo los factores sobre los que se han efectuado los aportes, y en sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 indicó que “En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, q ue gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores

vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, q ue gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.”, por lo que no es procedente incluir en la liquidación de la pensión factores sobre los cuales el docente no haya hecho los respectivos aportes, por tanto, ninguna de las pretensiones están llamadas a prosperar.

Señala que no procede la condena en costas ni agencias en derecho pues en el curso del proceso se ha actuado de buena fe conforme a la jurisprudencia y los principios constitucionales..

Propone las excepciones de: i) Presunción de legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad, ii) Ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico, iii) cobro de lo no debido, iv) Prescripción, v) genérica.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 5 de 15

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4. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA.3

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva en

Radicación: 41 001 33 33 003 2021 00064 01

4. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA.3

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva en sentencia proferida el 9 de diciembre de 2022 declaró la nulidad parcial de las Resoluciones No. 2680 del 7 de octubre del 2019 y No. 0185 del 28 de enero del 2020, y condenó a la demandada a reliquidar la pensión de jubilación que percibe el demandante, reconociendo para el efecto el 75% del promedio de los salarios devengados en el último año previo a la adquisición del status pensiona l, incluyendo en el monto la bonificación mensual docentes que percibió en el año anterior al status, pero excluyendo la prima de navidad y de vacaciones, por no estar incluidas en la Ley 62 de 1985; con efectos fiscales a partir del 25 de febrero de 2018, hasta la fecha en que se realice el pago, de ser el caso, debidamente indexadas y liquidadas conforme se indicó en la parte motiva; además ordenó a la demandada efectuar los descuentos correspondientes al factor salarial en mención, en caso tal de que no se hayan hecho las deducciones legales pertinentes.

Luego de hacer un análisis del régimen jurídico aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fomag en materia de pensión ordinaria , y de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, determinó que el régimen aplicable a docentes que se vincularon a partir del 1 de enero de 1981, sea nacionales, nacionalizados o nombrados a partir del 1 de

sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, determinó que el régimen aplicable a docentes que se vincularon a partir del 1 de enero de 1981, sea nacionales, nacionalizados o nombrados a partir del 1 de enero de 1990 es el previsto en la Ley 33 de 1985, y que los factores que hacen parte de la base de liquidación y sobre los que se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de la Ley 33 de 1985 son únicamente los previstos en el artículo 3º de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

Analizadas las pruebas aportadas señala que l a accionante ingresó al servicio docente antes del 27 de junio de 2003, pues lo hizo a partir del 11 de marzo de 1993, por lo tanto, la rige el sistema pensional previsto en las normas expedidas antes de entrar en vigencia la Ley 812 de 2003, por lo que el régimen aplicable es la Ley 91 de 1989 y tiene derecho a la pensión ordinaria de jubilación conforme las previsiones contenidas en la Ley 33 de 1985, según lo dispone el artículo 15 numeral 2 literal B de la Ley 91 de 1989, entonces, los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación pensional de la docente son los contemplados en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, sobre los que se efectuaron aportes.

Hace un comparativo de los factores que se tuvieron en cuen ta en la resolución demandada y los establecidos en la ley 62 de 1985, indicando que la prima de navidad y la prima de vacaciones son factores

Hace un comparativo de los factores que se tuvieron en cuen ta en la resolución demandada y los establecidos en la ley 62 de 1985, indicando que la prima de navidad y la prima de vacaciones son factores

3 Índice 22, samai primera instancia.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 6 de 15

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que no están contemplados en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, razón por la cual estos factores no pueden ser incluidos en el ingreso base de liquidación, conforme se indicó en la Sentencia de Unificación SUJ-014CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019 del Consejo de Estado , por lo que deben ser excluidos, y r especto de las bonificación mensual docente afirma que efectivamente la devengó el accionante, y dicho factor si está incluido en la Ley 62 de 1985 como factor salarial base sobre el cual opera el descuento para los aportes pensionales (bonificación por servicios prestados).

Concluye que la reliquidación solicita da es procedente únicamente respecto del factor denominado bonificación mensual docentes que efectivamente devengó.

Frente a la prescripción expone que, al haberse presentado la demanda contra el acto administrativo de reconocimiento pensional, solicitando su nulidad en aras de obtener la reliquidación de la pensión, estima el Despacho que no operó el fenómeno jurídico de la prescripción en

contra el acto administrativo de reconocimiento pensional, solicitando su nulidad en aras de obtener la reliquidación de la pensión, estima el Despacho que no operó el fenómeno jurídico de la prescripción en materia laboral; puesto que, entre la notificación del acto administrativo demandado y la presentación de demanda , no trascurrieron más de 3 años.

5. RECURSO DE APELACIÓN.4

La apoderada de la entidad solicita se revoque la sentencia de primera instancia argumentando la improcedencia de conceder como factor salarial para la reliquidación de la pensión el factor bonificación mensual docente, pues conforme a las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2018 y 25 de abril de 2018 proferidas por el Consejo de Estado, los factores a incluir son únicamente los enunciados en el artículo 1 de la ley 62 de 1985, Sin que sea admisible incluir otros desconociendo la obligatoriedad de aplicación de las decisiones en este caso del Consejo de Estado.

Insiste en que el IBL se de be calcular incluyendo aquellos factores salariales sobre los cuales se efectuó el correspondiente aporte, las cotizaciones al Sistema de Pensiones que dependiendo de la fecha de vinculación será aplicable la primera o segunda regla, y que a su vez estén determinados con carácter de factor salarial, previstos bien en la ley 62 de 1985 para quienes se vincularon con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 812 de 2003 o bien en el decreto 1158 de 1994 para quienes se vincularon a partir de la entrada en vigencia de la misma, teniendo claro que es sobre los aportes que se realizaron las cotizaciones.

en vigencia de la ley 812 de 2003 o bien en el decreto 1158 de 1994 para quienes se vincularon a partir de la entrada en vigencia de la misma, teniendo claro que es sobre los aportes que se realizaron las cotizaciones.

4 Índice 00024, samai primera instancia.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 7 de 15

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Sostiene que en este caso el docente se vinculó como docentes antes de la entrada en vigencia de la ley 812 de 2003, es decir, le es aplicable el régimen previsto en la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta los factores que deben tener en cuenta son sobre los cuales se haya realizado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, sin la posibilidad de incluir un factor diferente a los enlistados en esta última norma, por lo que los factores salariales sobre los cuales se debe liquidar la pensión de jubilación del demandante serán únicamente: asignación básica y horas extras teniendo en cuenta que el docente realizó el aporte correspondiente sobre cada uno de los factores y los cuales efectivamente reconocidos al docente en la Resolución No. 2680 del 7 de octubre de 2019.

Advierte que “en la decisión de primera instancia se estableció que se reliquidara la pensión de jubilación al d emandante incluyendo los factores salariales

Resolución No. 2680 del 7 de octubre de 2019.

Advierte que “en la decisión de primera instancia se estableció que se reliquidara la pensión de jubilación al d emandante incluyendo los factores salariales bonificación mensual docente sin tener en consideración dos aspectos: (i) que el docente no logró probar de manera alguna haber realizado los aportes correspondientes por el factor bonificación mensual docente; (ii) que el factor bonificación mensual docente no se encuentra enlistado de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, norma que dispone la imposibilidad de incluir un factor diferente a los enlistados en esta última norma.

Si se observa en las pru ebas allegadas al proceso, en especial el certificado de salarios bajo consecutivo No. 0, allegado por la parte demandante, se vislumbra los factores salariales sobre los cuales devengaba el docente, pero no se demuestra de manera alguna que sobre el facto r bonificación mensual docente se realizaran aportes, de donde se desprende que el demandante no cumple con la totalidad de requisitos para que se acceda a la reliquidación pensión con la inclusión de ese factor salarial.

Aunado a ello, ese factor no se encuentra entre los enlistados en artículo 1° de la Ley 62, los cuales son los únicos sobre los cuales se puede liquidar y reliquidar una pensión, y sobre el cual como se mencionó el acá demandante no realizó aporte en el último año anterior al momento de adquirir su status pensional.”

Concluye que al demandante no le asiste el derecho a la reliquidación de la pensión frente bonificación mensual docente, que no puede ser equiparada al facto bonificación por servicios prest ados, ya que se

Concluye que al demandante no le asiste el derecho a la reliquidación de la pensión frente bonificación mensual docente, que no puede ser equiparada al facto bonificación por servicios prest ados, ya que se tratan de dos factores con orígenes y destinaciones diferentes, además de que se estarían reconociendo factores que no han sido cotizados al sistema de seguridad social en pensión , y en tal sentido confirmar la sentencia de primera instancia violaría la Constitución y la ley.

Finalmente solicita al despacho no se condene en costas y agencias en derecho si se tiene en cuenta que la entidad ha obrado de buena fe y a su vez no se comprobó por parte del accionante que se hayan causado, como tampoco fueron probadas.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 8 de 15

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6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA.

Conforme lo regulado en el numera 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la ley 2080 de 2020, y dado a que en el presente caso no es necesario decretar pruebas, no hubo lugar a correr traslado a las partes para alegar ni las partes presentaron escrito alguno al respecto.

7. CONSIDERACIONES.

7.1. Competencia.

Como el proceso es de competencia de los jueces administrativos en primera instancia de conformidad con el artículo 155, numeral 2 en

al respecto.

7. CONSIDERACIONES.

7.1. Competencia.

Como el proceso es de competencia de los jueces administrativos en primera instancia de conformidad con el artículo 155, numeral 2 en concordancia con el 156 inciso 3 del CPACA, el Tribunal es competente para conocer la segunda instancia al así preverlo el artículo 153 ibídem y como quiera que se trata de la sentencia que decide el litigio planteado, esta es apelable de conformidad con el inciso primero del artículo 243 del CPACA.

7.2. Asunto jurídico a resolver.

Conforme la apelación de la parte demandada, y acorde a lo establecido en el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, debe determinarse si el señor Fredy Chavarro Cabrera no tiene derecho a que se reliquide su pensión de jubilación con la inclusión del factor denominado bonificación mensual docentes al no hab er efectuado aportes sobre el mismo, y en consecuencia debe revocarse el fallo.

7.3. Del fondo del asunto.

7.3.1. Régimen prestacional de los docentes.

El Decreto Ley 2277 de 1979, estatuto docente, consagra un régimen “especial” de los educadores; pero, esta disposición no regula las pensiones de jubilación u ordinarias de los mismos, de modo que es preciso remitirse a la regulación general aplicable a los empleados oficiales de todos los órdenes, dicho régimen se halla consagrado en la Ley 33 de 1985, modificada por la ley 62 del mismo año.

Sin embargo, con posterioridad a estas leyes, se expidió la Ley 91 de

oficiales de todos los órdenes, dicho régimen se halla consagrado en la Ley 33 de 1985, modificada por la ley 62 del mismo año.

Sin embargo, con posterioridad a estas leyes, se expidió la Ley 91 de 1989, que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales delTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 9 de 15

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Magisterio, y en el numeral 1 de su artículo 15 estipuló que “1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial, de conformidad con las n ormas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales, se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta ley.”.”

En materia pensional el literal b del numeral 2 del mencionado artículo 15 de la ley 91 de 1989, estableció que “Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales o nacionalizados, y para aquellos que se nombren a

En materia pensional el literal b del numeral 2 del mencionado artículo 15 de la ley 91 de 1989, estableció que “Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales o nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.”. (Subraya y negrilla de la Sala).

En el año 1993 fue regulado el Sistema Integral de Seguridad Social, por la ley 100 de dicho año, cuyo artículo 279 inciso 2 excluyó a los docentes del Sistema Integral de Seguridad Social, por lo que continuaron rigiéndose por régimen legal anterior en materia pensional que no es otro que el regulado en el literal b del numeral 2 del mencionado artículo 15 de la ley 91 de 1989, pues la ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), no consagró un régimen especial en materia pensional, señalando en su artículo 15 que “El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial del Estatuto Docente y por la presente ley. El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la ley 60 de 1993 y en la presente ley”.

La Ley 812 de 2003 (vigente a partir del 27 de junio de 2003 5), en los incisos primero y segundo estableció el nuevo régimen de pensiones para los docentes:

presente ley”.

La Ley 812 de 2003 (vigente a partir del 27 de junio de 2003 5), en los incisos primero y segundo estableció el nuevo régimen de pensiones para los docentes:

“Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docen tes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.”

5 Diario Oficial No. 45.231TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 10 de 15

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Por su parte el Parágrafo Transitorio 1° del Artículo 48 de la C.P., (Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005), estableció:

“El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones

estableció:

“El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes co n anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.”

Derivándose de lo anterior que la fecha de vinculación del docente determina su régimen aplicable.

Bajo este mismo hilo argumentativo, pero con el ánimo de uni ficar la jurisprudencia respecto a la forma como se deben liquidar las pensiones de jubilación de los docentes, el Consejo de Estado profirió sentencia de unificación en la materia de fecha 25 de abril de 2019 6, en la que estableció las siguientes subreg