TA HUI - Sentencia 41001-33-33-004-2019-00350-01 (18-02-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

MAG. P.: DR. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO

Neiva, dieciocho (18) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE

CONTROL

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E

INTERESES COLECTIVOS

DEMANDANTE ANDREA FERNANDA OBANDO

VILLALOBOS

DEMANDADO EMPRESAS PÚBLICAS DE SAN AGUSTÍN

Y OTROS

DECISIÓN SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN 41001333300420190035001

APROBADO EN SALA ACTA DE LA FECHA

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes a la segunda instancia y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Defensoría del Pueblo Regional Huila contra la sentencia calendada el 31 de octubre de 2023, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva, mediante la cual amparó las pretensiones de la demanda.

1. LA DEMANDA1

Andrea Fernanda Obando Villalobos promovió acción popular en contra EMPRESAS PÚBLICAS DE SAN AGUSTÍN, solicitando protección de los derechos e intereses colectivos a la salubridad pública y el derecho a gozar de un ambiente sano, por la falta de cestas para la recolección de residuos en el municipio.

1.2 Sustenta las anteriores pretensiones en los siguientes HECHOS:

sano, por la falta de cestas para la recolección de residuos en el municipio.

1.2 Sustenta las anteriores pretensiones en los siguientes HECHOS:

1 Archivo 001CuadernoPrincipal expediente OneDrive de primera instancia. 001CuadernoPrincipalNo.1.pdfTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 2 Acción Popular

Demandante: Andrea Fernanda Obando Villalobos

Demandado: Municipio de San Agustín y Otros Rad. 41001-33-33-004-2019-00350-01

• Manifiesta que durante los días 13 y 15 de octubre del 2019, recorrió las

calles y sitios de interés turístico del Municipio de San Agustín, observando que transitaban por el municipio y sus alrededores personas que arrojaban basuras a la calle ante la falta de cestas de basura y que, si bien existen en el municipio, las mismas resultan ser insuficientes, al considerarse un sitio muy concurrido por turistas.

• Señala que las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Agua, Acueducto y Aseo de San Agustín, tienen el deber de prestar un servicio eficiente y crear estrategias en la recolección de residuos sólidos.

• Que el 17 de octubre del 2019, radicó derecho de petición ante la Alcaldía del Municipio de San Agustín y la Empresa de Servicios Públicos de San Agustín, solicitando la instalación de cestas para la basura en los lugares donde sean necesarios.

• Que el 4 de octubre en el recorrido al parque arqueológico y la carretera que conduce hacia la vereda La Cuchilla y Estrecho del r ío Magdalena,

donde sean necesarios.

• Que el 4 de octubre en el recorrido al parque arqueológico y la carretera que conduce hacia la vereda La Cuchilla y Estrecho del r ío Magdalena, se encontraron residuos sólidos que llevaban varios días acumulados, tal situación ocasiona la proliferación de moscas o mosquitos, debido al agua estancada en bolsas y empaques arrojados, como diversos desechos y materiales en descomposición, produc iendo olores desagradables, proliferación de virus y bacterias y afectan la salud de las personas y la fauna, agraviando los derechos de los ciudadanos a gozar de un a salubridad y ambiente sano.

2. LA CONTESTACIÓN

2.1. EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLCIOS – SAN AGUSTÍN E.S.P.2

Se advierte que en la sentencia de primera instancia se indicó que la contestación de la demanda fue extemporánea, sin embargo, ello no coincide con lo resu elto en la audiencia de pacto de cumplimiento realizada el 17 de febrero de 20223, en la que el a quo, en la etapa de saneamiento, indicó que la contestación se presentó en tiempo, por lo que resolvió tenerla por contestada e incorporar las pruebas aportadas.

2 Archivo 006Contesción expediente OneDrive - 006ContestaciónDemandaSanAgustinESP.pdf 3 Archivo 020ActaAudienciaTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 3 Acción Popular

Demandante: Andrea Fernanda Obando Villalobos

Demandado: Municipio de San Agustín y Otros Rad. 41001-33-33-004-2019-00350-01

Acción Popular

Demandante: Andrea Fernanda Obando Villalobos

Demandado: Municipio de San Agustín y Otros Rad. 41001-33-33-004-2019-00350-01

En ese orden, la empresa prestadora de servicios públicos, a través de su apoderado judicial , indicó que, del material fotográfico anexado con la demanda, no se observa la fecha en que fueron tomadas, que en la actualidad el municipio de San Agustín cuenta con cestas instaladas y que, en la vía al Parque Arqueológico y vía estrecho, son sectores que quedan ubicados en la zona rural del municipio y la empresa no tiene cobertura en dichas zonas.

Afirma que, a la fecha, se encuentran instaladas cestas de basuras en los sitios públicos de concurrencia del municipio, con el fin de que las personas que transitan por dichos lugares puedan depositar los residuos sól idos en las respectivas cestas y que para el año 2019, fecha en que fue instaurada la presente acción popular, no existían canecas instaladas, sin embargo, en la actualidad el Municipio de San Agustín cuenta en sus espacios públicos con cestas de basuras instaladas, motivo por lo que considera que no se está vulnerando los derechos alegados por la accionante.

2.2. MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN – LITISCONSORCIO NECESARIO4

Se opone a las pretensiones, pues el ente territorial es de sexta categoría, y no tiene dentro de sus funciones la prestación del servicio de aseo, así como tampoco la instalación de cestas para recolección de basura s en el municipio, pues dicha actividad se encuentra dentro del objeto social de la empresa

y no tiene dentro de sus funciones la prestación del servicio de aseo, así como tampoco la instalación de cestas para recolección de basura s en el municipio, pues dicha actividad se encuentra dentro del objeto social de la empresa descentralizada de servicios denominada EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS-SAN AGUST ÍN E.S.P, tal como se demuestra en los actos administrativos de creación.

Como excepciones propone las de “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, “Buena administración como principio y derecho incorporado en el ordenamiento jurídico colombiano” y “Obligación de instalación de cestas de basura a cargo de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLIC OS DOMICILIARIOS DEL

MUNICPIO DE SAN AGUSTÍN.”

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva, mediante sentencia del 31 de octubre de 2023, resolvió:

4 Archivo 012 ContestaciónMpioSanAgustin expediente OneDrive 012ContestaDemandaMpioSanAgustin.pdfTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 4 Acción Popular

Demandante: Andrea Fernanda Obando Villalobos

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PRIMERO.- DECLARAR probadas las excepciones propuestas por el Municipio de San Agustín que denominó: “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, “De la buena administración como principio y derecho incorporado en el ordenamiento jurídico colombiano”, “Obligación de instalación de cestas de basura a cargo de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de San Agustín”.

buena administración como principio y derecho incorporado en el ordenamiento jurídico colombiano”, “Obligación de instalación de cestas de basura a cargo de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de San Agustín”.

SEGUNDO. – NEGAR las pretensiones, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. – EXHORTAR al Municipio de San Agustín y las Empresas Públicas de San Agustín, para que refuercen la educación a habitantes y visitantes del Municipio de San Agustín, acerca de la importancia de no arrojar basuras a la calle y depositarlas en las cestas que se encuentren y en su defecto de no existir, conservar la basura hasta encontrar un sitio donde depositarla.

CUARTO.- DISPONER sin condena en costas en esta instancia, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.”

En primer lugar, el a quo precisó la normativa que define el derecho a un ambiente sano y salubridad pública y concretó que la entidad encargada de la prestación de los servicios públicos esenciales de aseo, en el área de jurisdicción del Municipio de San Agustín, corresponde a la Empresa de Servicios Públicos San Agustín E.S.P.

Conforme al documento PDF que contiene inventario de cestas, coordenadas, dimensiones, estado de la cestas, material, si posee o no cubierta, concluyó que: i) En la vía al Parque Arqueológico hay cestas de metal s in cubierta en regular estado, de metal, ii) En el Parque Simón Bolívar hay cestas de metal en buen estado de metal, y una (1) de plástico en regular estado, iii) en

cubierta en regular estado, de metal, ii) En el Parque Simón Bolívar hay cestas de metal en buen estado de metal, y una (1) de plástico en regular estado, iii) en la Plaza Cívica dos cestas de metal en buen estado, iv) en el Parque San Martín, cestas en metal en buen estado y v) en el Hospital cestas en buen estado de madera.

Precisa que existen varias cestas de gran tamaño propicias para recolección de residuos sólidos en el municipio, lo que contrasta con las placas fotográficas tomadas por la accionante los días 15 de octubre y 15 de noviembre del 2019 en varios lugares del m unicipio de San Agustín -parque San Martín, en la calles de la zona urbana, en la vía del Parque Arqueológico, en la vía al estrecho el Magdalena - por lo que consideró que no se presenta el agravio o amenaza a los derechos e intereses colectivos al ambiente sano y/o salubridad pública de los habitantes y toda persona del Municipio de San Agustín.

4. RECURSO DE APELACIÓN

La Defensoría del Pueblo Regional Huila, a la que se le reconoció la calidad de coadyuvante en la audiencia de pruebas, mediante auto del 17 de marzo deTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 5 Acción Popular

Demandante: Andrea Fernanda Obando Villalobos

Demandado: Municipio de San Agustín y Otros Rad. 41001-33-33-004-2019-00350-01

20225, impugnó la decisión de primera instancia y solicita que se revoque y en su lugar se acceda a proteger los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y

Rad. 41001-33-33-004-2019-00350-01

20225, impugnó la decisión de primera instancia y solicita que se revoque y en su lugar se acceda a proteger los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y la salud pública y que se les ordene al Municipio de San Agustín y la Empresa de Servicios Públicos de San Agustín, que cumplan con la limpieza y recolección de las basuras en las vías y áreas públicas, con estrategias eficaces, que redunden en bienestar de la comunidad de ese municipio, dentro de sus competencias, en un término de seis meses.

Considera que lo que se discute es si las entidades demandadas vulneraron por omisión los derechos colectivos al ambiente sano y salubridad pública ante la falta de limpieza de vías y áreas públicas y que de las pruebas arrimadas por el actor popular se encuentra que tales zonas no permanecen limpias, dada la falta de colaboración armónica entre estas entidades.

Que si bien, una de las estrategias para evitar la disposición de basuras en la vías y áreas públicas es la instalación de cestas de basura, no se puede delimitar la pretensión de la acción constitucional a ello, dado que para optimizar el derecho colectivo y dar solución de la probl emática, se debe atender a cabalidad todas las actividades del servicio de aseo reguladas en la ley y en el PGIRS vigente, teniendo en cuenta que es la empresa de servicios públicos la encargada de la limpieza de las vías y áreas públicas, como actividad que se encuentran contenida dentro del servicio de aseo y que no se está cumpliendo a cabalidad en uno de los municipios más importante para el turismo nacional.

6. TRÁMITE DE INSTANCIA

que se encuentran contenida dentro del servicio de aseo y que no se está cumpliendo a cabalidad en uno de los municipios más importante para el turismo nacional.

6. TRÁMITE DE INSTANCIA

El recurso fue admitido mediante auto del 25 de abril de 2024 y al no haber existido solicitud probatoria alguna en segunda instancia, el asunto ingresó para emitir sentencia (artículo 247 -5 del CPACA modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 del 2021).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA

De conformidad a las facultades otorgadas por el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala de Decisión es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia.

5 Índice 09 Samai.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 6

Acción Popular

Demandante: Andrea Fernanda Obando Villalobos

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2. PROBLEMA JURÍDICO

Como quiera que el a quo negó las pretensiones y la Defensoría Regional del Pueblo – coadyuvante-, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, la Sala procederá a resolver si el Municipio de San Agustín - Huila y la Empresa de Servicios Públicos de ese municipio vulneran y/o amenazan los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y la salubridad y seguridad públicas, dispuestos en los literales a) y g) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, ante la deficiente recolección de residuos sólidos en el municipio y si

seguridad públicas, dispuestos en los literales a) y g) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, ante la deficiente recolección de residuos sólidos en el municipio y si procede adoptar alguna medida tendiente a mitigar la presunta afectación.

3. TESIS DE LA SALA

La S ala confirmará la decisión de primera instancia, por cuanto el recurrente no acreditó con prueba idónea la vulneración de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano y la salubridad y seguridad públicas, esto es, que las autoridades accionadas prestan un inadecuado o ineficiente servicio público de aseo en las vías y áreas públicas del municipio de San Agustín.

4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLES

4.1. De las acciones populares

El artículo 88 de la Carta Política dispone: “Artículo 88. La Ley regulará las acciones populares para la protec ción de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella...”

La acción popular fue desarrollada por la Ley 472 de 1998 y tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares, cuando actúen en desarrollo de funciones administrativas. El objetivo de estas acciones es dotar a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo para la protección de estos derechos.6

particulares, cuando actúen en desarrollo de funciones administrativas. El objetivo de estas acciones es dotar a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo para la protección de estos derechos.6

6 Consejo de Estado, Sección Primera. S entencia del 17 de marzo de 2011. CP: M aría Elizabeth García González. Rad. 76001-23-31-000-2004-01491-01 (AP).TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 7 Acción Popular

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El artículo 2 de la Ley 472 de 1998 numeral 2 señala que “ las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.

De ello se desprende que las acciones populares tienen como finalidad la efectividad de los principios constitucionales que la doctrina y la jurisprudencia han denominado de tercera generación tales como: la prevención y atención de desastres, la seguridad pública, el patrimonio público, la salubridad pública, el patrimonio cultural; lista esta que no es taxativa y ha sido desarrollada por el legislador en tratándose de diferentes materias de regulación legal como lo concerniente a la seguridad y salubridad pública.

La acción popular se constituye entonces en una herramienta definitiva en la protección de los derechos e intereses colectivos, bien sea para hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio -modo preventivo-, para evitar

La acción popular se constituye entonces en una herramienta definitiva en la protección de los derechos e intereses colectivos, bien sea para hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio -modo preventivo-, para evitar el daño contingente o, restituir las cosas a su estado anterior cuando ello fuere posible físicamente, -modo correctivo-.

El Consejo de Estado ha indicado de manera reiterada que los requisitos para la procedencia de las acciones populares son los siguientes:

“1. Que exista un interés colectivo que se encuentra amenazado, en peligro o vulnerado por una acción u omisión de las autoridades o de los particulares.

2. Que la acción se promueva durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho y/o interés colectivo.

3. Que la acción se dirija contra el particular, persona natural o jurídica, o la autoridad pública cuya actuación u omisión se considere que amenaza o viola el interés colectivo. Este requisito supone que tal acción u omisión sea probada por el actor, o que del expediente sea posible deducir de que acción u omisión se trata, pues de lo contrario, el juez de la acción popular no podrá impartir mandamiento alguno en la sentencia”7.

Entonces, para que proceda la acción popular se requiere: a) una acción u omisión de la parte demandada, b) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, peligro o amenaza que no es en modo alguno el que proviene de t odo riesgo normal de la actividad humana y, c) la relación de causalidad entre la acción u omisión y la señalada afectación de tales derechos e intereses; supuestos que deben ser demostrados con claridad en el proceso respectivo.

humana y, c) la relación de causalidad entre la acción u omisión y la señalada afectación de tales derechos e intereses; supuestos que deben ser demostrados con claridad en el proceso respectivo.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de septiembre de 2002. C.P.: Dr. Alier HernándezTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 8 Acción Popular

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4.2. Derecho al goce de un ambiente sano

Este derecho es considerado como un derecho fundamental de tercera generación y desde el punto de vista constitucional, el medio ambiente involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural8.

Además, y en desarrollo de los artículos 79 y 80 de la Carta Política, el Decreto 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente”, establece que es patrimonio común y que tanto el Estado como los particulares deben participar en su preservación y manejo. En su artículo 3° establece como recursos renovables objeto de protección: la atmósfera y espacio aéreo nacional, las aguas en cualquiera de sus estados, la tierra, el suelo y el subsuelo, la flora y la fauna.

Por su parte, el artículo 8 ibidem considera como factores deteriorantes

protección: la atmósfera y espacio aéreo nacional, las aguas en cualquiera de sus estados, la tierra, el suelo y el subsuelo, la flora y la fauna.

Por su parte, el artículo 8 ibidem considera como factores deteriorantes del medio ambiente: “a). La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables.

La misma disposición define contaminación9 como la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la nación o de los particulares; y contaminante10 como cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de energía que actual o potencialmente pueda producir alteración ambiental de las precedentemente descritas. La contaminación puede ser física, química o biológica; como “ p). La concentración de población humana urbana o rural en condiciones habitacionales que atenten contra el bienestar y la salud”.

4.3. Derecho a la salubridad pública

El artículo 49 de la Constitución Política referente a la prestación de los servicios de salud y el saneamiento ambiental como un servicio público a cargo del Estado; que se rigen de conformidad con los principios de eficiencia,

8 Corte Constitucional, Sentencia T-046 de 1999. 9 Artículo 3 Ley 23 de 1973, p or la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones

9 Artículo 3 Ley 23 de 1973, p or la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones 10 Artículo 4 ibídemTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 9 Acción Popular

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universalidad y solidaridad. E n tal sentido, garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

El artículo 46 de la Ley 715 dispone que la gestión en salud pública es una “función esencial del Estado y para tal fin la Nación y las entidades territoriales concurrirán en su ejecución […]. Las entidades territoriales tendrán a su cargo la ejecución de las acciones de salud pública en la promoción y prevención dirigidas a la población de su jurisdicción …”.

El artículo 32 de la L ey 1222 señala que la salud pública está “constituida” por “[…] el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación responsable de todos los sectores de la comunidad […]”.

De conformidad con el numeral 4.º del artículo 6.º de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016, la salud pública es una categoría jurídica de convivencia que

de la comunidad […]”.

De conformidad con el numeral 4.º del artículo 6.º de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016, la salud pública es una categoría jurídica de convivencia que implica la responsabilidad que le asiste al Estado, así como a la ciudadanía como un derecho de diferentes connotaciones . La Corte Constitucional, en sentencia C -225 de 2017, analizó la constitucionalidad de la Ley 1801, que incluye el concepto de salud pública, la cual exige un conjunto de condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida, salud e integridad física del ser humano, de las especies animales y vegetales presentes en el ecosistema. En esta decisión, la Corte mencionó que el concepto de salubridad y/o salud pública son entendidas como expresiones sinónimas.

El Concejo de E stado frente al concepto de seguridad y salubridad pública

“Constituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su contenido general implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colec tivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de contaminación , epidemias u otras circunstancias que pu edanTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 10 Acción Popular

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Demandado: Municipio de San Agustín y Otros

generen focos de contaminación , epidemias u otras circunstancias que pu edanTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 10 Acción Popular

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afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria11 ..”.

Igualmente, el alto Tribunal ha considerado que la salubridad pública alude a las condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida, de la salud e integridad del ser humano y de su entorno. Al respecto, se ha referido en los siguientes términos:

“[…] La salubridad pública puede ser definida como una serie de condiciones sanitarias, tanto químicas, como relativas a la organización y disposición del espacio, necesarias para la protección de la vida, salud e integridad física del ser humano, así como de las especies animales y vegetales presentes en el ecosistema.

Esta definición parte de entender que los problemas de salubridad pública no sólo afectan al ser humano directamente, sino que la afectación que genera en especies animales y vegetales, en sí misma problemática, también conduce indirectamente a la afectación del ser humano por vía alimentaria o cualquier o tra forma de transmisión, al reconocer la interdependencia mutua. […]

Así, la protección de la salubridad o salud públicas implica la prohibición y sanción de ciertos comportamientos, pero también una actividad prestacional por parte del Estado, por ejemp lo, en cuanto a la disposición de la infraestructura y servicio público necesarios para crear condiciones adecuadas de sanidad […]12”.

de ciertos comportamientos, pero también una actividad prestacional por parte del Estado, por ejemp lo, en cuanto a la disposición de la infraestructura y servicio público necesarios para crear condiciones adecuadas de sanidad […]12”.

De acuerdo con lo anterior, es dable concluir que la salud y la salubridad pública son conceptos que se han entendido com o sinónimos por la jurisprudencia. El derecho colectivo a la salubridad pública constituye una garantía relacionada con el control y manejo de las situaciones sanitarias “[…] para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad […]”. Esto, debido a que, su finalidad es evitar circunstancias que afecten el estado de sanidad de la comunidad.

4.4. La acción popular, los elementos para su procedencia y la carga de la prueba

La acción popular consagrada en el inciso primero del artículo 88 de la Constitución Política, reglamentada por la Ley 472 de 1998 y hoy reiterada por el artículo 144 del CPACA como el medio de protección de derechos e intereses colectivos13, tiene como finalidad el amparo a los derechos de esa naturaleza

11 Consejo de Estado. Sección Primera, sentencia de 5 de octubre de 2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 190012331000200500067 -01. Cita reiterada en sentencia de 5 de octubre de 2023, radicación número: 130012333000201701043-01. 12 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2018, radicación número: 68001 -23radicación número: 130012333000201701043-01. 12 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2018, radicación número: 68001 -2331000-2012-00485-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 13 “Cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, laTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 11 Acción Popular

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cuando resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares.

Para que la acción popular sea procedente, deben concurrir en el proceso los siguientes elementos14: i) la existencia de una acción u omisión atribuible a la parte demandada; ii) la presencia de un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio que afecte derechos o intereses colectivos; y iii) una relación de causalidad entre la acción u omisión y la afectación señalada de dichos derechos e intereses. Estos elementos deben estar acreditados en el proceso y no pueden basarse en supuestos, dado que tanto la amenaza como la vulneración deben ser reales y demostrables.

Según el artículo 30 de la Ley 47215, en materia de acciones populares, la carga de la prueba la tiene la parte actora, pues no basta con indicar que determinados hechos violan los derechos e intereses colectivos para que se

Según el artículo 30 de la Ley 47215, en materia de acciones populares, la carga de la prueba la tiene la parte actora, pues no basta con indicar que determinados hechos violan los derechos e intereses colectivos para que se tenga por cierta su afectación o vulneración; por tanto, en términos gen erales, el demandante tiene la obligación procesal de demostrar los supuestos fácticos de sus alegaciones.

Si por razones de orden económico o técnico este extremo no puede allegar las pruebas, el juez impartirá las órdenes necesaria