TA HUI - Sentencia 41001-33-33-006-2024-00289-02 (30-09-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, treinta (30) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

SALA DE DECISIÓN N° 5

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: ANA VICTORIA SANTIAGO CÓRDOBA

DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Y DEPARTAMENTO DEL HUILA EXPEDIENTE: 41001-33-33-006-2024-00289-02

SENTENCIA: TAH 005-25-09-212

TEMA: DIFERENCIAS SALARIALES EN

ESCALAFÓN DOCENTE

MAGISTRADA PONENTE: NELCY VARGAS TOVAR

Resuelve la Sala los recursos de apelación interpuesto s por la parte actora y por la demandada Nación – Ministerio de Educación, contra la sentencia del 15 de julio de 2025, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva; a través de la cual negó las pretensiones de la demanda.

Lo anterior, en ejercicio de la facultad conferida a esta Jurisdicción por el artículo 18 de la Ley 446 de 19981, en concordancia con la Ley 270 de 19962 –

1“Artículo 18. Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en lo s casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo

orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en lo s casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social. (…)” 2“[…] Sin sujeción al orden cronológico de turnos, las salas de la Corte Suprema de Justicia, las salas, secciones o subsecciones del Consejo de Estado, la Comisión Nacio nal de Disciplina Judicial, los Tribunales Superiores de Distritos Judiciales deberán tramitar y fallar preferentemente los procesos en los siguientes casos: […] Los mismos despachos previstos en el inciso segundo del presente artículo podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de las decisiones de fondo. Para tal efecto, fijará periódicamente los2 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-006-2024-00289-01

Demandante: Ana Victoria Santiago Córdoba, Demandados: Nación – Ministerio de Educación y otro modificado por el artículo 26 de la Ley 2430 de 2024 –, y en atención a la naturaleza social del asunto objeto de litigio.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

La señora Ana Victoria Santiago Córdoba , por intermedio de apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso demanda 3 contra la Na ción – Ministerio de Educación Nacional y el Departamento del Huila, conforme a las pretensiones, hechos y

judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso demanda 3 contra la Na ción – Ministerio de Educación Nacional y el Departamento del Huila, conforme a las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que se señalan a continuación:

1.1. Pretensiones:

Que se inaplique por ilegal el Decreto 284 de 2024 y los que se expidan con posterioridad a la presentación de la demanda, en relación con la asignación salarial de los docentes ubicados en la categoría 3AM, también que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

(i) El Oficio N° 2024 -EE-069398 del 5 de marzo de 2024 expedido por la Nación – Ministerio de Educación y (ii) el acto administrativo ficto originado con la falta de respuesta a la petición presentada el 4 de marzo de 2024 ante la Secretaría de Educación del Departamento del Huila ; a través de los cuales se negó “el derecho a la diferencia en el incremento salarial que fue decretado de manera indiscriminada y desigual en el año 2008 para el grado en el escalafón docente 3DM, con ocasión que fue realizado un incremento del 44.89%, por medio de los Decretos Nacio nales 624, 714 y 1407 de 2008, proferidos por el MEN, mientras que el incremento efectuando a la categoría del escalafón 3AM fue del 17.40% en su salario; así como también, por la diferencia de incrementos que se realizó en el año 2009 a la categoría 3DM del escalafón docente, que fue un incrementos del 7.67%, por medio de los Decretos Nacionales 702 y 1238 de 2009, proferidos por el MEN, mientras que

del escalafón docente, que fue un incrementos del 7.67%, por medio de los Decretos Nacionales 702 y 1238 de 2009, proferidos por el MEN, mientras que a la categoría 3AM del mismo escalafón, le fue realizado un incrementos del 18.41% para su salario en el año 2009”.

temas de agrupación de los procesos y señalará, mediante aviso, las fechas en las que se asumirá el respectivo estudio. Así mismo, deberá dar prelación a aquellos procesos en que debe dar aplicación al precedente vinculante” 3 Documentos 3 y 10, expediente electrónico de primera instancia.3 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-006-2024-00289-01

Demandante: Ana Victoria Santiago Córdoba, Demandados: Nación – Ministerio de Educación y otro

A título de restablecimiento del derecho, pretendió se condene al reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales causadas en los tres (3) años anteriores a la reclamación administrativa, y las que se lleguen a causar en e l futuro, con ocasión a la diferencia en el aludido incremento salarial entre los escalafones 3DM y 3AM–al que pertenece la demandante–. Ello, de manera indexada, y con reconocimiento de intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia que ac ceda a lo deprecado.

Finalmente, solicitó se condene en costas a las entidades demandadas.

1.2. Hechos:

Afirmó que, a través de los Decretos 1313 de 2005, 596 de 2006, y 634 de 2007, se determinaron iguales incrementos salariales para todos los docentes

1.2. Hechos:

Afirmó que, a través de los Decretos 1313 de 2005, 596 de 2006, y 634 de 2007, se determinaron iguales incrementos salariales para todos los docentes pertenecientes al escalafón oficial (Decreto 1278 de 2002); sin embargo, para los años 2008 (con los Decretos 624 , 714 y 1407 de 2008) y 2009 (con los Decretos 702 y 1238 de 2009) , se estab leció un incremento discriminatorio para los docentes de categoría 3DM frente a los de escalafón 3AM, causando una diferencia salarial irregular, como se aprecia en la siguiente tabla:

Agregó que, el aludido incremento desigual de los años 2008 y 2009 surtió

Agregó que, el aludido incremento desigual del año 2009 sur tió efecto en los salarios futuros (de los años 2010 a 2024) , pues cada año el incremento se aplica sobre la base del anterior , advirtiendo que se empleó de manera injustificada e ilegal incrementos salariales diferenciales en las categorías 3AM y 3DM del escalafón docente, con lo cual se desconoció el marco normativo que rige la materia ( artículos 13 y 53 de la Constitución, 3, 4, 6 de la Ley 4ª de 1992 y 46 y 49 del Decreto Ley 1278 de 2002).

Por lo anterior, señaló asistirle derecho a reclamar las difer encias salariales y prestacionales causadas en los últimos 3 años en virtud del fenómeno4

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Por lo anterior, señaló asistirle derecho a reclamar las difer encias salariales y prestacionales causadas en los últimos 3 años en virtud del fenómeno4 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-006-2024-00289-01

Demandante: Ana Victoria Santiago Córdoba, Demandados: Nación – Ministerio de Educación y otro prescriptivo, las cuales ascienden a $ 27.672.015, habiendo reclamado tal derecho a las entidades demandadas.

1.3. Normas violadas:

Constitución Política: artículos 13 y 53.

Ley 1437 de 2011: artículo 137. Ley 4ª de 1992: artículos 1, 2, 3, 4 y 6. Decreto Ley 1278 de 2002: artículos 46 y 49

En síntesis, s ostuvo que los actos enjuiciados infringen las normas en que debían fundarse, también incurren en falsa motivación y expedición irregular, pues vulneran los principios de igualdad, trabajo digno y progresividad de los docentes (art. 1, 3, 4 y 6 Ley 4ª de 1992) , al desconocer que durante los años 2008 y 2009 se efectuó un incremento salarial diferenciado entre los grados 3AM y 3DM que resulta irregular, dado que, conforme al sistema de escalafón docente (Decreto Ley 1278 de 2002) en los años 2006, 2007 y 2010 a 2024 dicho incremento se efectuó “de manera igual” (en un mismo porcentaje).

Añadió que, los actos enjuiciados también trasgreden los principios de

dicho incremento se efectuó “de manera igual” (en un mismo porcentaje).

Añadió que, los actos enjuiciados también trasgreden los principios de objetividad, mérito y buen servicio (art. 46 y 49 Decreto 1278 de 2002), como quiera que ingresó a la carrera docente, cursó una especialización y superó la evaluación que lo reubicó en el grado 3AM, por lo que su situa ción debe valorarse mejor que a los docentes ubicados en el escalafón 3DM (a quienes se les exige menos requisitos y preparación), sin que ello se hubiera analizado en los actos acusados.

Arguyó que, en virtud del principio de favorabilidad “se deben ap licar los incrementos salariales anuales a todos los docentes de una misma forma ”, más no de la manera equivocada en que se hizo en los años 2008 y 2009 , precisando que el mencionado error fue la base para establecer el incremento en los decretos de los añ os subsiguientes , los cuales fueron derogados y por ello , es que solicita en virtud de la excepción de inconstitucionalidad, se inaplique el único vigente, esto es, el Decreto 284 de 2024.5 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-006-2024-00289-01

Demandante: Ana Victoria Santiago Córdoba, Demandados: Nación – Ministerio de Educación y otro

2. Contestación de la Demanda

2.1. Nación – Ministerio de Educación Nacional:

La mandataria judicial del Ministerio de Educación Nacional 4 se opuso a las pretensiones de la demanda y en relación con los hechos, adujo que resultan

2.1. Nación – Ministerio de Educación Nacional:

La mandataria judicial del Ministerio de Educación Nacional 4 se opuso a las pretensiones de la demanda y en relación con los hechos, adujo que resultan ciertos los referentes a la expedición de los decretos que ajustaron los salarios de los docent es y la petición de nivelación salarial elevada por la actora, advirtiendo que no es cierto que el incremento salarial deba ser igualitario para todos los educadores pertenecientes al escalafón docente, pues la finalidad del mismo es justamente remunerar d icha labor conforme a la preparación académica, experiencia y desempeño, por lo que los incrementos salariales de los años 2008 y 2009 no fueron indiscriminados sino que atendieron las condiciones mencionadas, pretendiendo el gobierno nacional para dichas anualidades, incentivar el ascenso y la movilización en el escalafón docente, sin desmejorar las condiciones de los grados 3AM, 3BM, 3CM y 3DM, resaltando que los últimos niveles siempre han mantenido un salario mayor atendiendo a los principios del escala fón docente y l as condiciones de cada maestro , en tanto el salario del primer grado ( 3AM) era significativamente inferior y por ello , se incrementó con miras a garantizar la equidad, sin perjudicar las condiciones salariales de los demás grados.

Luego d e traer el marco normativo referente a la competencia para fijar el régimen salarial de los docentes, planteó las excepciones denominadas:

a.- Inexistencia de los presupuestos legales de la demanda para la aplicación de la excepción de inconstitucionalida d del Decreto 284 de 2024: señalando

régimen salarial de los docentes, planteó las excepciones denominadas:

a.- Inexistencia de los presupuestos legales de la demanda para la aplicación de la excepción de inconstitucionalida d del Decreto 284 de 2024: señalando que, aunque se pretende la inaplicación del Decreto 284 de 2024 por ilegalidad, no se solicita expresamente la excepción por inconstitucional de la misma norma, con lo cual se genera una indeterminación de lo que realmente se pretende judicializar; sumado a que se limita a afirmar la existencia de desigualdades salariales entre los años 2008 y 2009, sin demostrar una contradicción directa entre el aludido decreto y la Constitución.

4 Documento 23, ibídem.6 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-006-2024-00289-01

Demandante: Ana Victoria Santiago Córdoba, Demandados: Nación – Ministerio de Educación y otro b.- Indebida escogencia del acto admin istrativo demandado – indebida escogencia del medio de control: afirmando que, si bien se demanda el Decreto 284 de 2024, el concepto de violación ataca los Decretos 624, 714 y 1407 de 2008, 702 y 1238 de 2009 (que establecieron un incremento salarial diferenciado a los docentes en voces de la parte actora), sin ser de recibo el argumento de la demandante referente a no demandar los antedichos decretos por haber sido derogados, pues conforme al precedente es posible enjuiciarse a través del medio de control de nulidad simple, dados los efectos jurídicos que surtieron.

argumento de la demandante referente a no demandar los antedichos decretos por haber sido derogados, pues conforme al precedente es posible enjuiciarse a través del medio de control de nulidad simple, dados los efectos jurídicos que surtieron.

c.- Legalidad de los incrementos salariales reconocidos en los años 2008 y 2009: indica que conforme al concepto del Departamento de la Función Pública del 2 de octubre de 2024 y la memoria j ustificativa del Decreto 1238 de 2009, los aumentos salariales de los años 2008 y 2009 se dieron con el objeto de cumplir las disposiciones del Estatuto de Profesionalización docente (Decreto Ley 1278 de 2002), los cuales estuvieron por encima del IPC para todos los docentes del nuevo régimen y si bien se reconocieron para los niveles A de los grados 1 y 2 mayores aumentos, ello encuentra justificación en lo siguiente: i) estimular a los educadores que ingresaban a los niveles salariales más bajos y ii) disminuir la brecha entre el nivel A y los niveles B, C, y D de los grados 1 y 2.

d.- Oficio 2024EE-069398 no es un acto administrativo : sosteniendo que el acto demandado es orientativo y no resuelve de fondo el asunto , pues el Ministerio de Educación no exp idió los decretos considerados ilegales , tampoco está facultado para reconocer salarios ya que el nominador del docente lo es el ente territorial.

e.- Abuso del derecho: considerando que la demanda desconoce el sistema de escalafón docente y hace una interpretación incorrecta de los principios de favorabilidad e igualdad, además reclama un sobre -aumento salarial no contemplado en la ley e incurre en extralimitación del derecho.

escalafón docente y hace una interpretación incorrecta de los principios de favorabilidad e igualdad, además reclama un sobre -aumento salarial no contemplado en la ley e incurre en extralimitación del derecho.

f.- Legalidad del gasto público: puesto que los ajustes salariales de l os docentes no han implicado una desmejora en el escalafón docente, pues se han basado en estudios técnicos y presupuestales que garantiza la sostenibilidad fiscal y el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.7 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-006-2024-00289-01

Demandante: Ana Victoria Santiago Córdoba, Demandados: Nación – Ministerio de Educación y otro g.- Improcedencia del principio de favor abilidad: resaltando que en el presente asunto no hay un conflicto de normas, tampoco hubo vulneración de ninguna y la demandante no efectuó argumentación alguna tendiente a demostrar la trasgresión del principio de favorabilidad.

h. Caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho: al pretenderse la inaplicación del Decreto 284 de 2024 y el pago de las diferencias salariales de los años 2021, 2022, 2023, debió demandarse dentro de los 4 meses siguientes los Decretos 965 de 2021, 4 49 de 2022 y 887 de 2023, que fijaron la escala salarial para las mencionadas anualidades, pero ello no ocurrió.

i.- Inexistencia de violación alegada: aduciendo no existir en el ordenamiento jurídico, disposición que establezca el porcentaje en que anual mente debe incrementarse el salario de los docentes, siendo lo sustancial del asunto que

ello no ocurrió.

i.- Inexistencia de violación alegada: aduciendo no existir en el ordenamiento jurídico, disposición que establezca el porcentaje en que anual mente debe incrementarse el salario de los docentes, siendo lo sustancial del asunto que se conserve la jerarquía entre niveles salariales y no se vea afectado el docente que ocupa un grado mayor en el escalafón docente.

j.- Presunción de legalidad de los actos administrativos: de considerarse que la respuesta demandada constituye un verdadero acto administrativo, no se logró desvirtuar la legalidad del mismo.

k.- Falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Educación Nacional: de acced erse a las pretensiones, el llamado a responder sería el departamento del Huila, quien en virtud del proceso de descentralización asumió la administración de los recursos del sector educativo.

l.- Buena fe: la entidad ha actuado leal y honestamente para con sus administrados.

m.- Genérica: las demás que encuentre probadas el fallador.

2.2. Departamento del Huila:

El ente territorial se opuso 5 a las pretensiones de la demanda. Frente a los hechos, indicó que resulta cierta la expedición de los decretos que

5 Documento 37, ibídem.8 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-006-2024-00289-01

Demandante: Ana Victoria Santiago Córdoba, Demandados: Nación – Ministerio de Educación y otro reajustaron el salario a los docentes, advirtiendo que no es cierto que todos los educadores se encuentren en igualdad de condiciones, pues a los que

Demandante: Ana Victoria Santiago Córdoba, Demandados: Nación – Ministerio de Educación y otro reajustaron el salario a los docentes, advirtiendo que no es cierto que todos los educadores se encuentren en igualdad de condiciones, pues a los que ingresaron a partir del Decreto 1278 de 2002 se les paga el salario conforme al grado y nivel del escalafó n que ocupen, por lo que no es de recibo el test de igualdad que predica la actora, precisando que no generó una disminución del salario de los docentes para los años 2008 y 2009, debido a que ello corresponde al Gobierno Nacional y el ente territorial sol o tiene competencia para administrar el servicio educativo y efectuar el pago de emolumentos relacionados con el mismo.

Resaltó que, de haber existido variación de la base salarial para los años 2008 y 2009, la misma no tuvo efectos en los salarios futu ros, pues tal situación irregular cesó con la expedición del decreto que fijó el salario del año subsiguiente, por lo que no persiste la aludida diferenciación en el Decreto del año 2024 que se demanda y por ello, operó el fenómeno del decaimiento del acto administrativo por perdida de su vigencia (art. 91 C.P.A.C.A.).

Con apoyo a lo anterior, formuló como excepciones:

a.- Falta de legitimación en la causa por pasiva : el Gobierno Nacional tiene la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los docentes, en tanto el ente territorial solo administra el servicio educativo, por lo que el departamento del Huila no tiene el deber de satisfacer las pretensiones.

b.- Legalidad de los actos administrativos: de aceptarse que se configuró el acto ficto demandado, el mismo mantiene su legalidad pues se expidió

departamento del Huila no tiene el deber de satisfacer las pretensiones.

b.- Legalidad de los actos administrativos: de aceptarse que se configuró el acto ficto demandado, el mismo mantiene su legalidad pues se expidió atendiendo al ordenamiento jurídico y en todo caso, de existir una diferencia salarial entre docentes, la misma obedeció al tipo de vinculación y aplicación normativa en materia salarial que no le permite al ente territorial proceder a su modificación.

c.- Acto Administrativo demandado no es sujeto de control de legalidad – Decaimiento del acto administrativo: reiterando que la presunta irregularidad en los incrementos salariales, cesó con la expedición del decreto que fijó el salario del año subsiguiente, por lo que no persiste la aludida diferenciación en el Decreto del año 2024 que se demanda y por ello, operó el fenómeno del decaimiento del acto administrativo por perdida de su vigencia (art. 91

C.P.A.C.A.).9

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-006-2024-00289-01

Demandante: Ana Victoria Santiago Córdoba, Demandados: Nación – Ministerio de Educación y otro d.- Cobro de lo no debido: solo el Gobierno N acional tiene competencia para fijar el régimen salarial de los docentes y el ente territorial está facultado para administrar el servicio educativo.

e.- Prescripción: la demandante deb ió demandar la simple nulidad de los Decretos 624, 714 y 1407 de 2008, 702 y 1238 de 2009 para sacarlos del ordenamiento jurídico, posteriormente peticionar el derecho a la diferencia salarial y consecuentemente accionar a través del medio de control de

Decretos 624, 714 y 1407 de 2008, 702 y 1238 de 2009 para sacarlos del ordenamiento jurídico, posteriormente peticionar el derecho a la diferencia salarial y consecuentemente accionar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para el reconocimiento del derecho, pero ello no ocurrió operando la prescripción del derecho.

3. Sentencia Apelada

En sentencia del 15 de julio de 2025 6, el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva negó las pretensiones d e la demanda sin condenar en costas, previa negativa de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG.

Para el efecto, señaló que la controversia planteada en la demanda es difusa y reiterativa, al mezclar indistintamente aspectos relativos al escalafón docente, nivelación, diferenciación e incrementos salariales. No obstante, estimó que el núcleo de la discusión giraba en torno a la supuesta vulneración de los principios de igualdad y favorabilidad, bajo el entendido de que todos los docentes debieron recibir el mismo porcentaje de incremento (44 .89%) aplicado al grado 3DM, en lugar del 17.40% fijado para el grado 3 AM en el año 2008.

Puntualizado lo anterior, distinguió entre el inc remento salarial destinado a preservar el poder adquisitivo —obligación constitucional prevista en el artículo 53 de la Carta y desarrollada por la Ley 4ª de 1992 — y los aumentos adicionales que obedece a decisiones discrecionales del empleador;

preservar el poder adquisitivo —obligación constitucional prevista en el artículo 53 de la Carta y desarrollada por la Ley 4ª de 1992 — y los aumentos adicionales que obedece a decisiones discrecionales del empleador; considerando que el Decreto 624 de 2008 habría cumplido con el deber de garantizar el salario móvil en consonancia con el IPC (5,69%), sin que de allí se desprendiera un trato desigual.

6 Documento 69, ibídem.10 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-006-2024-00289-01

Demandante: Ana Victoria Santiago Córdoba, Demandados: Nación – Ministerio de Educación y otro Puso de presente que, a su turno, el Decreto 714 de 2008 reestructuró el grado 2 del escalafón docente, dividiéndolo en ocho categorías (con y sin especialización); ello generó un traslape con los valores del grado 3, obligando a reajustar esta escala y produciendo diferencias que la parte actora interpreta como discriminatorias. Sin embargo, tales variaciones derivaron de tres factores objetivos: (i) la actualización por inflación, (ii) la división y ampliación del grado 2 y (iii) el mantenimiento de la diferenciación propia del grado 3.

En ese contexto, destacó que el análisis comp arativo mostraba que el grado 3AM incluso obtuvo un incremento proporcionalmente superior al 3DM (21,44% frente a 15,87%), lo que desvirtuaba la alegada desventaja. Además de que l a diferenciación obedecía a criterios legítimos como el mérito, la

3AM incluso obtuvo un incremento proporcionalmente superior al 3DM (21,44% frente a 15,87%), lo que desvirtuaba la alegada desventaja. Además de que l a diferenciación obedecía a criterios legítimos como el mérito, la formación académica (maestría o doctorado), los incentivos de permanencia y la progresividad salarial.

Citó las sentencias C -1433 de 2000 y C -1064 de 2001 de la Corte Constitucional para plantear que la igualdad no es aritmética sino material , lo cual justifica in crementos diferenciados; y que el derecho al mantenimiento del p oder adquisitivo no es absoluto, por lo que l os incrementos salariales dependen de las competencias constitucionales en materia presupuestal, sujetas a la interacción entre Ejecutivo y Legisla tivo en la expedición de la ley anual de presupuesto.

Concluyó que no se advertía la vulneración al principio de igualdad ni una desproporción injustificada. Por el contrario, los decretos de 2008 y 2009 reflejan ajustes legítimos y proporcionales, e incl uso benefic ios específicos para el grado 3AM, de modo que las pretensiones de la demanda carecían de sustento.

Finalmente, no condenó en costas por no encontrar acreditada la generación de gastos en el trámite de la instancia, ni poder calificar de mala f e la conducta de la parte vencida, de conformidad con el inciso segundo del artículo 188 del C.P.A.C.A.11 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-006-2024-00289-01

artículo 188 del C.P.A.C.A.11 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-006-2024-00289-01

Demandante: Ana Victoria Santiago Córdoba, Demandados: Nación – Ministerio de Educación y otro

4. La Apelación

4.1. Parte demandada:

La Nación – Ministerio de Educación Nacional presentó “recurso de apelación parcial”7 frente a la sentencia de primer a instancia, solicitando la revocatoria del resolutivo relativo a las costas; para que, en su lugar, se condene por a la demandante a pagar las agencias en derecho.

Para el efecto, señaló que la entidad contrató diferentes firmas de abogados para atender las más de diez mil demandas presentadas sobre el presente asunto (carentes de fundamento normativo y técnico), tal y como se aprecia en el expediente donde existe prueba de la causación de dicho gasto (agencias en derecho); por lo que, atendiendo al criterio objetivo – valorativo, debe condenarse en costas a la parte actora.

Resaltó que, la no imposición de agencias en derecho atenta contra los principios de “reparación integral de los costos procesales” y equidad procesal, advirtiendo que dichas agencia s tienen como propósito disuadir el ejercicio abusivo de la acción judicial y que su desconocimiento genera un impacto negativo en los recursos del erario.

4.2. Parte actora:

La apoderada del demandante interpuso recurso de apelación y solicitó revocar la sentencia de primera instancia, con el propósito de que se acceda a las pretensiones de la demanda 8; señalando que el objeto del debate se

La apoderada del demandante interpuso recurso de apelación y solicitó revocar la sentencia de primera instancia, con el propósito de que se acceda a las pretensiones de la demanda 8; señalando que el objeto del debate se centra en la ilegalidad de los Decretos expedidos en los años 2008, 2009 y 2011, mediante los cuales se estableció un in cremento salarial a los docentes diferenciado, sin contar con estudios ni justificación técnica y legal para ello , ni guardar congruencia con los incrementos de los años 2005 a 2007, 2010 a 2025 que han sido homogéneos , con lo cual se vulneraron los princi pios de igualdad, trabajo digno, proporcionalidad y de “a trabajo igual, salario igual ”; aspectos que no fueron abordados por el a quo.

7 Documento 71, ibídem. 8 Documento 74, ibídem.12 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 41001-33-33-006-2024-00289-01

Demandante: Ana Victoria Santiago Córdoba, Demandados: Nación – Ministerio de Educación y otro

Advirtió que, los actos demandados están en contravía de la escala salarial establecida por el Decreto Ley 1278 de 200 2, pues si bien los docentes cuentan con grados y niveles salariales en virtud de los cuales se les otorga distintas asignaciones, los incrementos salariales han sido homogéneos para el personal docente salvo en los años 2008, 2009 y 2011 que se realizó de manera diferencial e injustificada, sin que se esté debatiendo en el presente asunto la competencia del gobierno nacional para fijar tales salarios.

el personal docente salvo en los años 2008, 2009 y 2011 que se realizó de manera diferencial e injustificada, sin que se esté debatiendo en el presente asunto la competencia del gobierno nacional para fijar tales salarios.

Advirtió que, debe tenerse en cuenta que para los años en que se cuestiona el incremento salarial diferen cial, el escalafón docente no contaba con el nivel de ocupación y consolidación que mantiene en la actualidad, por ello no había para la época docentes que reclamaran su derecho, siendo evidente la desigualdad salarial solo cuando las plazas fueron ocupada s, momento a partir del cual se reclamó la nivelación salarial.

Refirió que, en virtud del principio de favorabilidad, corresponde aplicar incrementos salariales anuales uniformes a todos los docentes, para lo cual debe inaplicarse por ilegal el Decreto 284 de 2024 que se encuentra vigente, pues su base salarial se efectuó con incrementos porcentuales desiguales y ha sido arrastrada año a año; lo cual conlleva