TA HUI - Sentencia 41001-33-33-007-2022-00450-01 (28-10-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

M.P.: Dr. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO

Neiva, veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL REPETICIÓN

DEMANDANTE SOCIEDAD DE ACU EDUCTOS

ALCANTARILLADOS Y ASEO

“AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.”

DEMANDADO AMANDA SILVA DUARTE

DECISIÓN SENTENCIA DE SEGUNDA

INSTANCIA RADICACIÓN 41001333300720220045001

APROBADO EN SALA ACTA DE LA FECHA

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes a la segunda instancia y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 31 de julio de 2024, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

1. LA DEMANDA1

La sociedad de Acueductos Alcantarillados y Aseo “Aguas del Huila S.A. E.S.P.”, en ejercicio del medio de control de repetición demanda a Amanda Silva Duarte, en procura de obtener sentencia que ordene reembolsar la suma de $141.191.463.oo que pagó en cumplimiento de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila – Sala Primera de Decisión - en sentencia del 30 de abril de 2019 y por el Consejo de Estado en sentencia de segunda instancia proferida el 26 de julio de 2021, en el medio de control de controversias

Tribunal Administrativo del Huila – Sala Primera de Decisión - en sentencia del 30 de abril de 2019 y por el Consejo de Estado en sentencia de segunda instancia proferida el 26 de julio de 2021, en el medio de control de controversias contractuales identificado con la Rad. 41-001-23-33-000-2013-0021700 instaurado por los señores José María Delgado Villarreal, Carlos Eduardo Rojas

1 Archivo 001Demanda expediente electrónico OneDriveTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 2

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Demandante: Sociedad Aguas del Huila S.A. E.S.P.

Demandado: Amanda Silva Duarte Rad. 41001-33-33-007-2022 00450-01

Zambrano y Eladio Rojas Jiménez, en calidad de integrantes del Consorcio Aguas Bruselas 2011.

Solicita que la suma mencionada sea indexada desde la fecha del pago total hasta la ejecutoria del fallo que resuelva el presente medio de control y se condene en costas a la demandada.

1.1. Refiere los siguientes HECHOS:

• Informa que la Junta Directiva de Aguas del Huila S.A E.S.P., designó el 27 de septiembre de 2010 a la ingeniera Amanda Silva Duarte como su Gerente, conforme consta en el Acta 159 de dicha fecha.

• Que mediante resolución No. 489 del 19 de julio de 2011, Aguas del Huila abrió la Licitación Pública No. AHLPOB02 -011 que tenía por objeto seleccionar al contratista para la construcción del sistema de acueducto en el corregimiento Bruselas del municipio d e Pitalito y en el proceso de

abrió la Licitación Pública No. AHLPOB02 -011 que tenía por objeto seleccionar al contratista para la construcción del sistema de acueducto en el corregimiento Bruselas del municipio d e Pitalito y en el proceso de selección se presentaron 16 oferentes, entre ellos , el Consorcio Aguas Bruselas 2011 integrado por Eladio Rojas Jiménez, José María Delgado Villarreal y Eduardo Rojas Zambrano y mediante resolución No. 945 del 30 de diciembre de 2011 le fue adjudicado el contrato de obra por valor de dos mil ciento un millones seiscientos cuatro mil doscientos cincuenta pesos ($2.101.604.250).

• No obstante, la sociedad de Acueductos Alcantarillados y Aseo “Aguas del Huila S.A. E.S.P”, mediante resolución No. 046 del 26 de enero 2012, revocó la Resolución No. 945 del 30 de diciembre de 2011 , porque la adjudicación se obtuvo por medios ilegales y habilitó al Consorcio Acueducto Pitalito para participar en el proceso de selección.

• La revocatoria directa se fundamentó en que el ingeniero Iván Eduardo Cano Arias conformaba el equipo de trabajo ofrecido por el Consorcio Aguas Bruselas 2011 pero también integ raba el Consorcio Pitalito 02. según Aguas del Huila, ello evidenciaba que los proponentes se confabularon y que existían intereses recíprocos en la adjudicación del contrato de obra.

• A través de la Resolución No. 116 del 10 de febrero de 2012, Aguas del Huila adjudicó el contrato de obra al Consorcio Acueducto Pitalito por un

contrato de obra.

• A través de la Resolución No. 116 del 10 de febrero de 2012, Aguas del Huila adjudicó el contrato de obra al Consorcio Acueducto Pitalito por un valor de $2.098.758.649.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 3

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• Por medio de la Resolución No. 144 del 20 de febrero de 2012, Aguas del Huila resolvió la solicitud de revocatoria directa de la Resolución No. 116 del 10 de febrero de 2012 y la confirmó en todas sus partes.

• El 15 de mayo de 2013 José María Delgado Villareal, Carlos Eduardo Rojas Zambrano y Eladio Rojas Jiménez, quienes integraron el Consorcio Aguas Bruselas 2011, presentaron demanda de controversias contractuales contra la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo – Aguas del Huila S.A. E.S.P, en aras que se declarara la nulidad de los actos administrativos contractuales y de revocatoria directa y el reconocimiento de perjuicios, instaurado ante el Tribunal Administrativo del Huila siendo radicado con el No. 41001233300020130021700, el cual profirió el 30 de abril de 2019 sentencia de primera instancia en la que se dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución No. 046 de enero 26 de 2012, por la cual Aguas del Huila S.A. E.S.P. revocó en forma directa la Resolución

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución No. 046 de enero 26 de 2012, por la cual Aguas del Huila S.A. E.S.P. revocó en forma directa la Resolución No. 945 de diciembre 30 de 2011 que ordenó adjudicar el proceso No. AHLPOB02011 al Consorcio A guas Bruselas 2011 y lo inhabilitó para continuar en el proceso contractual, manteniendo incólume los demás aspectos de la misma.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda”.

• Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación presentado por la parte demandante y el Consejo de Estado profirió segunda instancia

el 26 de julio de 2021, en la que se dispuso:

“PRIMERO: REVÓCASE PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad parcial de la Resolución No. 046 de enero 26 de 2012, por la cual Aguas del Huila S.A. E.S.P. revocó en forma directa la Resolución No. 945 de diciembre 30 de 2011 que ordenó adjudicar el proceso No. AHLPOB02011 al Consorcio Aguas Bruselas 2011 y lo inhabilitó para continuar en el proceso contractual, manteniendo incólume los demás aspectos de la misma.

SEGUNDO: CONDÉNASE a la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo – Aguas del Huila S.A. E.S.P. a pagar a los señores José María Delgado Villareal, Carlos Eduardo Rojas Zambrano y Eladio Rojas Jiménez la suma de ciento cuarenta

Aguas del Huila S.A. E.S.P. a pagar a los señores José María Delgado Villareal, Carlos Eduardo Rojas Zambrano y Eladio Rojas Jiménez la suma de ciento cuarenta y un millones ciento no venta y un mil cuatrocientos sesenta y tres pesos ($141.191.463) por concepto de utilidad dejada de percibir...”

• El 31 de marzo de 2022, Aguas del Huila mediante transferencia electrónica canceló al apoderado de los demandantes Dr. Aníbal Charry G. la suma de $141.191.463.oo conforme al fallo condenatorio.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 4

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• De igual forma la Procuraduría General de la Nación declaró responsable disciplinariamente por los hechos objeto de esta demanda a la señora Amanda Silva Duarte imponiéndole una sanción de suspensión e inhabilidad en el ejercicio del cargo por tres meses, sanción que fue convertida en multa conforme a la Resolución 149 de marzo 27 de 2014 por el Gobernador del Huila.

1.2. Concepto de la Violación

Invoca como vulnerados los artículos 6, 21 y 124 de la Constitución Política de Colombia y en las disposiciones de la ley 678 de 2001.

Sostiene que la demandada incurrió en conducta dolosa y gravemente culposa al expedir la Resolución 046 de enero 26 de 2012, por la cual Aguas del Huila S.A E.S.P revocó en forma directa la Resolución 945 de diciembre 30 de

Sostiene que la demandada incurrió en conducta dolosa y gravemente culposa al expedir la Resolución 046 de enero 26 de 2012, por la cual Aguas del Huila S.A E.S.P revocó en forma directa la Resolución 945 de diciembre 30 de 2011 que ordenó adjudicar el proceso No. AHLPOBO2-011 al Consorcio Aguas Bruselas 2011 y lo inhabilita para continuar en el proceso contractual, desconociendo el contenido del artículo 97 del C PACA, esto es, sin haber solicitado el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA2

Amanda Silva Duarte se opuso a las pretensiones de la demanda, determinando que si bien es cierto el fundamento principal del acto administrativo de revocatoria fue la confabulación entre el Consorcio Aguas Bruselas 2011 y el Consorcio Pitalito 02, se argu mentó todo el soporte jurídico y legal para la misma, es decir, no fue una decisión arbitraria por parte de la administración, sumado al hecho que el acto en mención se profirió a solicitud de uno de los proponentes, esto es, no fue de oficio o de manera caprichosa.

Informó que por los mismos hechos fue investigada penalmente y que se profirió sentencia absolutoria por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva, por los delitos de prevaricato por acción y celebración indebida de contratos, confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva – Sala Penal.

Con fundamento en ello, presentó como excepciones las de “no aplicación del numeral 2 y 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2021; inexistencia del dolo y

Judicial de Neiva – Sala Penal.

Con fundamento en ello, presentó como excepciones las de “no aplicación del numeral 2 y 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2021; inexistencia del dolo y la culpa de mi representada; inexistencia de la obligación; cobro de lo no

2 Archivo 12Contestación expediente electrónico de primera instancia OneDriveTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 5

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debido; no configuración del derecho al pago de ninguna suma de dinero, indemnización, ni moratoria, ni actualización de intereses; buena fe de la demandada, inexistencia de responsabilidad por ser un asunto eminentemente interpretativo coherente y debidamente argumentado”

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3

Mediante sentencia del 31 de julio de 2024 , el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva resolvió declarar probada la excepción “inexistencia del dolo y la culpa”, propuesta por la demandada y negar las pretensiones, al no encontrar acreditado el requisito de dolo o culpa grave en cabeza de la demandada, ya que, contrario a lo afirmado por la parte actora, en su momento la revocatoria del acto administrativo era perfectamente viable bajo la causal invocada, situación diferente a lo relacionado c on el fundamento de la misma, que como quedó visto, obedeció a una errada apreciación de los hechos.

Refirió que la mera existencia de una sentencia condenatoria no constituye

invocada, situación diferente a lo relacionado c on el fundamento de la misma, que como quedó visto, obedeció a una errada apreciación de los hechos.

Refirió que la mera existencia de una sentencia condenatoria no constituye per se prueba que desvirtúe el principio de buena fe en la actuación de la demandada, mucho menos que sirva de instrumento para imputarle una conducta dolosa o gravemente culposa.

4. RECURSO DE APELACIÓN4

La sociedad de Acueductos Alcantarillados y Aseo “Aguas del Huila S.A. E.S.P, por intermedio de su apoderado interpuso el recurso de apelación al considerar que la culpa grave de la demandada se encuentra demostrad a con la prueba documental obrante en el proceso, pues de acuerdo con lo reglamentado en el artículo 97 del C .P.A.C.A el acto administrativo de adjudicación del contrato no debió ser revocado sin el co nsentimiento previo del titular y dicho desconocimiento de la norma constituye en este caso una culpa grave por parte de la gerencia de Aguas del Huila.

Sostuvo que si la resolución de revocatoria de la adjudicación de la licitación no demostró en qué consistía la confabulación y por el contrario el Tribunal encuentra que la misma tiene una falsa motivación que conduce a su nulidad, necesario es concluir que la gerencia de Aguas del Huila, no actuó con

3 Índice 17 expediente electrónico Samai de primera instancia 4 Índice 20 Samai de primera instancia.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 6

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4 Índice 20 Samai de primera instancia.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 6

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la diligencia debida, desconociendo la prohibición del artículo 97 del CPACA, haciendo la incurrir por lo menos en culpa grave.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA

La Sala es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia de conformidad con los artículos 125, 153 y 243 de la Ley 1437 de 2011, por tratarse del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia.

2. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde definir a la Sala si como lo sostuvo el a quo, ¿la señora Amanda Silva Duarte , en su condición de ex –gerente de la Sociedad de Acueductos Alcantarillados y Aseo “Aguas del Huila S.A. E.S.P ”, para la época de los hechos -, está obligada a reembolsar a tal entidad el monto pagado por esta a José María Delgado Villareal, Carlos Eduardo Rojas Zambrano y Eladio Rojas Jiménez con ocasión a la decisión adoptada por el Consejo de Estado, en la sentencia del 26 de julio de 2021, dentro del medio de controversias contractuales con radicación No. 41001233300020130021700 que se tramitó en el Tribunal Administrativo del Huila?

Conforme al recurso de apelación , debe la Sala definir si la

de controversias contractuales con radicación No. 41001233300020130021700 que se tramitó en el Tribunal Administrativo del Huila?

Conforme al recurso de apelación , debe la Sala definir si la demandada, al expedir la Resolución 046 de enero 26 de 2012, por la cual Aguas del Huila S.A E.S.P. revocó en forma directa la Resolución 945 de diciembre 30 de 2011 que ordenó adjudicar el proceso No. AHLPOBO2-011 al Consorcio Aguas Bruselas 2011 y lo inhabilit ó para continuar en el proceso, incurrió en dolo o culpa grave y si esta es suficiente para imponerle la obligación de reembolsar lo pagado dentro del citado proceso de controversias contractuales.

3. TESIS DE LA SALATRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 7

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La Sala confirmará la sentencia, al advertirse que no existen en el expediente los elementos probatorios suficientes que permitan afirmar con certeza que la conducta de la demandada Amanda Silva Duarte fue dolosa o gravemente culposa y que con la misma se hubiere ocasionado un daño antijurídico y sin justificación a la entidad demandante.

4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

Esta acción, como mecanismo judicial que la Constitución y la ley otorgan al Estado, que hoy se denomina medio de control, tiene como propósito el reintegro de los dineros que ha pagado una entidad pública, como consecuencia

Esta acción, como mecanismo judicial que la Constitución y la ley otorgan al Estado, que hoy se denomina medio de control, tiene como propósito el reintegro de los dineros que ha pagado una entidad pública, como consecuencia de una condena judicial o producto de una conciliación, derivada de los daños antijurídicos causados a un particular, por la conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex servidor público e incluso del particular provisto de una función pública, lo cual determinó que se afectara el patrimonio estatal y se causara un detrimento presupuestal para el reconocimiento de esa indemnización, por manera que la finalidad de la acción es la protección del patrimonio estatal necesario para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho.

La acción de repetición aparece en el ordenamiento jurídico colombiano desde antes de la Constitución Política de 1991 y en la actualidad, se regula en el artículo 90 inciso 2 de la Constitución Política así:

“Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.”

Esta norma constitucional ha sido desarrollada por el artículo 54 de la Ley 80 de 1993, artículos 72 y 73 de la Ley 270 de 1996, artículo 86 de la Ley 446 de 1998 y por la Ley 678 de 2001.

El artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, reguló el medio de control de la

de 1998 y por la Ley 678 de 2001.

El artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, reguló el medio de control de la repetición, señalando que cuando el Estado hubiere efectuado un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación del conflicto, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor, ex - servidor o particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respetiva deberá repetir contra éstos.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 8

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En este sentido, la acción de repetición busca responsabilizar patrimonialmente al funcionario que en ejercicio de sus funciones actúa con dolo o culpa grave causando un daño antijurídico por el cual debe responder el Estado, ya sea como consecuencia de una condena de carácter judicial, o como producto del acuerdo al cual llega con la víctima, para evitar un proceso o terminarlo anticipadamente.5

Con la Ley 678 del 3 de agosto de 2001, se reguló la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado, a través del ejercicio de la acción de repetición o el llamamiento en garantía con fines de repetición y se precisó en el artículo 2º, que es una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado lugar reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado.

ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado lugar reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado.

Los artículos 5 y 6 de esta norma definen para estos efectos el dolo y la culpa grave con las cuales se debe analizar la conducta del agente en el juicio de repetición y, además consagran una serie de presunciones legales de esos eventos, preceptos de suyo más rigurosos que los previstos en las normas anteriores aplicadas en esta materia, esto es, los consagrados en los artículos 63 y 2341 del Código Civil, con base en las cuales se analizaba la conducta del agente conforme al modelo del buen servidor público 6, disposiciones que luego debieron ser armonizadas con los artículos 6, 91, 121 y 122 de la Constitución Política7.

Cabe advertir que, según tesis del Consejo de Estado 8, en aras de garantizar el derecho al debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, la Ley 678 de 2001 se aplica en lo sustancial para los hechos y actos que hubieren tenido lugar con posterioridad al 4 de agosto de 20019, fecha en que comenzó a regir, pues los hechos y actos ocurridos con antelación a dicha fecha, y por ende la responsabilidad del agente público, se deben analizar a luz de la legislación anterior, salvo lo atinente a las normas sustanciales posteriores favorables, las cuales pueden ser aplicadas a los mismos.

En este caso, teniendo en cuenta que los hechos o actuaciones que dieron lugar a la demanda y posterior condena en contra de la entidad, acaecieron en

sustanciales posteriores favorables, las cuales pueden ser aplicadas a los mismos.

En este caso, teniendo en cuenta que los hechos o actuaciones que dieron lugar a la demanda y posterior condena en contra de la entidad, acaecieron en

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto de 22 de octubre de 1997, Exp. 13977: “En ambos casos el patrimonio del Estado se disminuye y es precisamente la disminución del patrimonio estatal como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario, la fuente de la acción de repetición.” 6 Cfr. Sentencia de 25 de julio de 1994, Exp. 8493. 7 Sentencia de 31 de julio de 1997, Exp. 9894. 8 Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencias de 31 de agosto de 2006, Expediente Rad. No. 17.482 y Expediente No. 28.448. 9 Según Diario Oficial No. 44.509 de 4 de agosto de 2001.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 9

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vigencia de la Ley 678 de 2001, esto es, en los años 2018, se deberán analizar los respectivos requisitos para la prosperidad del presente medio de control; y en consecuencia, su conducta se deberá analizar conforme lo dispone el artículo 5 y 6 ídem.

De todas formas y como se examinará a continuación, para que prospere la repetición a favor de la entidad pública que ha realizado el pago de una

consecuencia, su conducta se deberá analizar conforme lo dispone el artículo 5 y 6 ídem.

De todas formas y como se examinará a continuación, para que prospere la repetición a favor de la entidad pública que ha realizado el pago de una condena judicial o por vía de la conciliación, siempre será necesario acreditar: a) la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una suma de dinero; b) que el pago se haya realizado; c) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado, d) la culpa grave o dolo en la conducta del demandado y e) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico.

Conforme a lo anterior, es de resaltar que la no acreditación de los dos primeros requisitos, esto es, la imposición de una obligación a cargo de la entidad pública demandante y el pago real o efectivo de la indemnización respectiva por parte de la misma, tornan improcedente la acción y relevan al juez por completo de realizar un análisis de la responsabilidad que se le imputa al demandado.

En el sub lite, los argumentos del recurso de apelación de Sociedad de Acueductos Alcantarillados y Aseo “Aguas del Huila S.A. E.S.P se centran en afirmar que se demostró que la conducta de la demandada fue gravemente culposa, por lo que debe reintegrar los dineros a la entidad.

5. LO PROBADO

De acuerdo con la prueba documental allegada la Sala encuentra acreditado lo siguiente:

• De la condena judicial:

• El 15 de mayo de 2013 los señores José María Delgado Villareal, Carlos

5. LO PROBADO

De acuerdo con la prueba documental allegada la Sala encuentra acreditado lo siguiente:

• De la condena judicial:

• El 15 de mayo de 2013 los señores José María Delgado Villareal, Carlos Eduardo Rojas Zambrano y Eladio Rojas Jiménez, quienes integraron el Consorcio Aguas Bruselas 2011, presentaron demanda de controversias contractuales contra la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo – Aguas del Huila S.A. E.S.P ., a efectos de que se declare la nulidad absoluta del contrato No. 061 del 20 de febrero de 2012, de la resoluciónTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 10

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No. 046 del 26 de enero de 2012, de la resolución No. 116 de 10 de febrero de 2012 y resolución No. 144 del 20 de febrero de 2012 y a título de indemnización de perjuicio solicita el pago el reconocimiento del daño emergente, perjuicios morales, lucro cesante10.

• El Tribunal administrativo del Huila profirió sentencia el 30 de abril de 2019, declarando la nulidad de los actos administrativo y negó las demás pretensiones, decisión que fue objeto de apelación por la parte demandante, el cual resuelto por el Consejo de Estado mediante sentencia proferida el 26 de julio de 2021 en la cual se resolvió lo siguiente11:

pretensiones, decisión que fue objeto de apelación por la parte demandante, el cual resuelto por el Consejo de Estado mediante sentencia proferida el 26 de julio de 2021 en la cual se resolvió lo siguiente11:

“PRIMERO: REVÓCASE PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, la cual quedará así:

“PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad parcial de la Resolución No. 046 de enero 26 de 2012, por la cual Aguas del Huila S.A. E.S.P. revocó en forma directa la Resolución No. 945 de diciembre 30 de 2011 que ordenó adjudicar el proceso No. AHLPOB02011 al Consorcio Aguas Bruselas 2011 y lo inhabilitó para continuar en el proceso contractual, manteniendo incólume los demás aspectos de la misma.

SEGUNDO: CONDÉNASE a la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo – Aguas del Huila S.A. E.S.P. a pagar a los señores José María Delgado Villareal, Carlos Eduardo Rojas Zambrano y Eladio Rojas Jiménez la suma de ciento cuarenta y un millones ciento no venta y un mil cuatrocientos sesenta y tres pesos ($141.191.463) por concepto de utilidad dejada de percibir.

TERCERO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda…”

• Del pago de la condena judicial.

• La Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo – Aguas del Huila S.A. E.S.P mediante comprobante de egreso No. 00192 y recibo de transferencia bancaría del 31 de marzo de 2022 , realizó transferencia

• La Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo – Aguas del Huila S.A. E.S.P mediante comprobante de egreso No. 00192 y recibo de transferencia bancaría del 31 de marzo de 2022 , realizó transferencia bancaria al Dr. Aníbal Charry González por valor de $141.191.463.00

10 Archivo Pruebas1-3, 002AnexosDemanda, C01Principal, expediente OneDrive primera instancia Pruebas13.pdf

11 IbídemTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 11

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• Del Ejercicio del cargo de la demandada.

• La señora Amanda Silva Duarte desempeñó el cargo de Gerente de la Sociedad Aguas del Huila S.A. E.S.P. desde el 4 de octubre de 2010 hasta el 21 de mayo de 2012

• De los actos contractualesTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 12

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Demandado: Amanda Silva Duarte Rad. 41001-33-33-007-2022 00450-01

• La Gerente de la Gerente de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillados y Aseo Aguas del Huila S.A , mediante resolución No. 489 del 19 de julio de 2011, ordenó la apertura de la licitación pública AHLPOBO02-011, cuyo objeto es la construcción del sistema de

y Aseo Aguas del Huila S.A , mediante resolución No. 489 del 19 de julio de 2011, ordenó la apertura de la licitación pública AHLPOBO02-011, cuyo objeto es la construcción del sistema de acueducto en el corregimiento Bruselas municipio de Pitalito Departamento del Huila12.

• Según acta final del proceso de licitación pública No. AHLPOB02-011 del 16 de diciembre de 2011, el comité evaluador declaró que la mejor propuesta era del Consorcio Aguas Bruselas 2011.13

• Resolución No. 945 del 30 de diciembre de 2011, la Gerente de la

Sociedad de Acueducto, Alcantarillados y Aseo Aguas del Huila S.A.

E.S.P, resolvió ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. AHLPOB02011 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL

CORREGIMIENTO BRUSELAS MUNICIPIO DE PITALITO

DEPARTAMENTO DEL HUILA, AL CONSORCIO AGUAS BRUSELAS 2011

POR VALOR DE $ 2.101.604.250.0014.

• El 14 de febrero de 2012, el abogado del Consorcio Pitalito 02 presentó ante la Gerente Aguas del Huila, solicitud de revocatoria directa del acto administrativo de adjudicación de la licitación pública AHLDPO02-01115, al considerar que el consorcio Acueducto Pitalito no cumplió con las exigencias de tipo legal.

• La Gerente de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillados y Aseo Aguas del Huila S.A, mediante Resolución No. 046 del 26 de enero de

no cumplió con las exigencias de tipo legal.

• La Gerente de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillados y Aseo Aguas del Huila S.A, mediante Resolución No. 046 del 26 de enero de 2012, resolvió revocar en todas sus partes la Resolución No. 945 del 30 de diciembre de 2011 al considerar lo siguiente16:

12 Página 7-11 archivo 4-8 002AnexosDemanda, C01Principal, expediente OneDrive primera instancia Pruebas4-8.pdf 13 Página 15-29 ibídem 14 Página 13 archivo 3-9 002AnexosDemanda, C01Principal, expediente OneDrive primera instancia Pruebas9-13.pdf 15 Páginas 4-19 ibídem

16 Páginas 20-54 ibídemTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 13

Medio de Control: Repetición

Demandante: Sociedad Aguas del Huila S.A. E.S.P.

Demandado: Amanda Silva Duarte Rad. 41001-33-33-007-2022 00450-01TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 14

Medio de Control: Repetición

Demandante: Sociedad Aguas