TA HUI - Sentencia 41001-33-33-007-2025-00089-01 (16-05-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Segunda de Decisión M.P. Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Neiva – Huila, dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

ACCIÓN : TUTELA

ACCIONANTE : JONATHAN JOSÉ RAMÍREZ JIMÉNEZ

ACCIONADO : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE NEIVA Y OTROS RADICADO : 41 001 33 33 007 2025 00089 01

PROVIDENCIA : SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Aprobado en Sala de la fecha/Acta N° 033.

1. OBJETO.

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte por la parte accionante en contra del fallo de tutela de primera instancia proferido el 1 de abril de 2025 por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, que declaró improcedente la solicitud de amparo.

2. HECHOS.

El señor JONATHAN JOSÉ RAMÍREZ JIMÉNEZ, identificado con Cédula de Extranjería N° 26.429.485 de Venezuela y Permiso de Protección Temporal No. 5048881, fue capturado el día 15 de febrero de 2025 en el centro poblado El Juncal del municipio de Palermo por el delito de Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones (Art. 365 del C.P.).

El día 17 de febrero de 2025 en el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Palermo (H) con función de control de garantías, se adelantaron las

de armas de fuego o municiones (Art. 365 del C.P.).

El día 17 de febrero de 2025 en el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Palermo (H) con función de control de garantías, se adelantaron las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento, imponiendo la detención preventiva domiciliaria.

El Juez de Control de Garantías ordenó el traslado del procesado desde el lugar de reclusión (Estación de Policía de Palermo) hasta su sitio de residencia (detención domiciliaria), no obstante, el procedimiento de traslado a detención domiciliaria no se ha podido llevar a cabo por cuanto desde el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Neiva se informa que no se2

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recibe al capturado para reseña y posterior traslado a su lugar de residencia, habida cuenta que no es posible hacer el cotejo decadactilar con la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil por no tener NUIP Número Único de Identificación Personal.

El procesado ha sido trasladado en dos oportunidades hasta las oficinas de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la ciudad de Neiva, en donde le toman y huellas y fotografía, y le indican que debe esperar de 45 a 90 días para que la información se cargue en base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

toman y huellas y fotografía, y le indican que debe esperar de 45 a 90 días para que la información se cargue en base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Hasta la fecha el procesado se encuentra recluido en los calabozos de la Estación de Policía del municipio de Palermo a la espera de ser trasladado al lugar donde debe permanecer en de tención domiciliaria; padeciendo dificultades entre otr as con el suministro de su alimentación por cuanto el Estado refiere no contar con los recursos para esto, y el núcleo familiar del imputado es de escasos recursos económicos y vive distante del lugar de detención.

Por lo anterior, solicita se tutelen los derechos fundamentales a la DIGNIDAD HUMANA y DEBIDO PROCESO de la persona privada de la libertad y como consecuencia de esto se ordene que en el término de cuarentena y ocho (48) horas la Registraduría Nacional del Estado Civil adelante el procedimiento administrativo necesario para asignar al señor JONATHAN RAMIREZ JIMENEZ el NUIP en la base de datos de la entidad; y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, reciba al procesado y efectúe el traslado hasta el lugar en donde debe permanecer en detención domiciliaria.

3. CONTESTACIÓN DE LA TUTELA

3.1 MIGRACIÓN COLOMBIA

Indicó que, en aras de simplificar el proceso de identificación e individualización de ciudadanos venezolanos inmersos en conductas punibles: i) se debe dirigir petición a Migración Colombia, solicitando la identificación del extranjero, con la “información general del proceso, datos de contacto del solicitante dirección, teléfono y correo electrónico solicitando

individualización de ciudadanos venezolanos inmersos en conductas punibles: i) se debe dirigir petición a Migración Colombia, solicitando la identificación del extranjero, con la “información general del proceso, datos de contacto del solicitante dirección, teléfono y correo electrónico solicitando la identificación del extranjero, dicha solicitud deberá ir acompañada del formato investigador FPJ -13 Investigador de Laboratorio y el NO HIT de la Registraduría”; ii) conducir al capturado hasta las instalaciones de Migración Colombia, para culminar el procedimiento de asignación de HE y generación de tarjeta decadactilar.

Resalta que, el “NO HIT se obtiene a través de un enlace que posee la Policía Judicial con la Registraduría Nacional al momento de tomar las impresiones dactilares del capturado. Por lo anterior, es la policía nacional quien debe adelantar este proceso ante la entidad, sin que por el momento se tenga3

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noticia del agotamiento de los dos pasos anotados en el párrafo precedente”.

3.2. JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE PALERMO

Informó sobre las actuaciones de control de garantías realizadas por el Despacho frente a la captura del accionante, resaltando que, el 17 de febrero de 2025, le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia y ordenó su entrega en custodia de forma inmediata al

Despacho frente a la captura del accionante, resaltando que, el 17 de febrero de 2025, le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia y ordenó su entrega en custodia de forma inmediata al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, en aras de trasladarlo hasta el lugar donde se haría efectiva la detención domiciliaria.

De igual forma, indicó las diligencias fueron remitidas al Centro de Servicios Judiciales SAP -Reparto-, para que asumiera el conocimiento del asunto.

3.3. REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Indicó que , al tratarse de una persona c on cédula de extranjería, dicho documento debe ser expedido por Migración Colombia y, por lo tanto, a la Registraduría no le corresponde la asignación de un cupo numérico, pues, solo le corresponde identificar a ciudadanos colombianos.

Destaca que, el 20 de febrero de 2025, realizó la toma de reseña de plena identidad, la cual, fue enviada a la Coordinación de Archivos de Identificación de la Dirección Nacional de Identificación y; una vez, realizado el cotejo dactiloscópico, arrojó como resultado NO HIT A LA FECHA, es decir, que JONATHAN JOSÉ RAMÍREZ JIMÉNEZ, no registra trámite de cédula de ciudadanía colombiana.

Concluye que carece de competencia funcional para pronunciarse sobre los hechos de la tutela, pues, ello le corresponde a Migración Colombia.

3.4. INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE NEIVA, MUNICIPIO

Concluye que carece de competencia funcional para pronunciarse sobre los hechos de la tutela, pues, ello le corresponde a Migración Colombia.

3.4. INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE NEIVA, MUNICIPIO

DE PALERMO, ESTACIÓN DE POLICÍA DE PALERMO, REGISTRADURÍA

MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE NEIVA.

Pese a estar debidamente notificados, guardaron silencio.

5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva con sentencia del 1 de abril de 2025 resolvió declarar la improcedencia de la presente acción de tutela.

Para el efecto, indicó que el accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para lograr el objeto de la solicitud de amparo (plena identificación personal para lograr la efectividad de la detención domiciliaria), esto es, los poderes correccionales (artículo 143 Ley 906 de 2004) por parte4

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del Juzgado Penal del Circuito de Neiva al que le haya sido asignado el conocimiento por reparto, quien cuenta con todas las facultades para emitir las órdenes que estime necesarias y convenientes para dar cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Palermo, en cuanto al beneficio de medida de aseguramiento privativa de la libertad en

las órdenes que estime necesarias y convenientes para dar cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Palermo, en cuanto al beneficio de medida de aseguramiento privativa de la libertad en sitio de residencia.

Resaltó que el accionante no ha formulado solicitud alguna en tan sentido ante el juzgado al que le correspondió el conocimiento del asunto, por lo que permitir que se introduzca este argumento por primera vez en esta instancia extraordinaria equivaldría a habilitar una suerte de instancia adicional, desnaturalizando el carácter excepcional y subsidiario de la acción de tutela.

Con base en lo expuesto, concluyó que no le c orresponde al juez constitucional, e ntrar a resolver sobre el cumplimiento o no de órdenes emitidas por otras autoridades judiciales, en razón a que dentro dichos procesos se cuentan con herramientas para lograr que las decisiones sean acatadas; de ahí que, la solicitud de amparo sea improcedente.

6. IMPUGNACIÓN.

El apoderado actor considera que existe una p osible nulidad por falta de notificación al Instituto Nacional Pen itenciario y Carcelario INPEC , quien no dio contestación a la tutela.

Considera que es evidente la omisión por parte de esta autoridad pública al exigirle al detenido la realización de gestiones para su identificación personal, cuando esta es una obligación estatal indispensable para hacer efectiva la detención domiciliaria en cumplimiento a la orden impuesta por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Palermo.

Cuestiona la interpretación del artículo 143 de la Ley 906 de 2004 realizada por el ad quo, quien consideró que el Juez Penal del Circuito con Funciones

Segundo Promiscuo Municipal de Palermo.

Cuestiona la interpretación del artículo 143 de la Ley 906 de 2004 realizada por el ad quo, quien consideró que el Juez Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento puede emitir órdenes para cumplir la decisión del juez de garantías, pues esta norma se refiere a los poderes del juez durante la audiencia y su competencia se limita a la etapa de juicio oral.

Señala que Migración Colombia confirmó ser la entidad responsable del procedimiento de individualización de ciudadanos venezolanos vinculados a hechos punibles, siempre que reciba la solicitud acompañada de la información procesal, datos del extranjero, el formato FPJ-13, el “NO HIT” de la Registraduría y el traslado del detenido a sus instalaciones.

Por tanto, sostiene que hay una omisión de la Policía Nacional, INPEC y Fiscalía, quienes, conforme a sus competencias, deben garantizar tanto la identificación del procesado como la ejecución de la orden judicial emitida por el Juez de Garantías.5

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Finalmente, menciona que la esposa del procesado ha hecho requerimientos verbales a la Policía Municipal de Palermo, solicitando explicaciones sobre la falta de traslado del accionante a Migración Colombia en Neiva y l a respuesta recibida fue que dicha diligencia ya se adelantó y que están a

verbales a la Policía Municipal de Palermo, solicitando explicaciones sobre la falta de traslado del accionante a Migración Colombia en Neiva y l a respuesta recibida fue que dicha diligencia ya se adelantó y que están a la espera de que el INPEC autorice el ingreso del detenido al establecimiento carcelario.

7. CONSIDERACIONES

7.1. Asunto Jurídico por resolver:

Según el recuento fáctico expuesto y de los documentos aportados, se trata de determinar sí las entidades accionadas y vinculadas han vulnerado los derechos fundamentales a la dignidad y debido proceso a JONATHAN JOSÉ RAMÍREZ JIMÉNEZ , en razón a la no asignación del Número Único de Identificación Personal NUIP, en la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuya omisión ha impedido que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, efectúe el traslado hasta el lugar en donde debe permanecer en detención domiciliaria, en cumplimiento de la orden impartida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Palermo o sí por el contrario se debe confirmar la sentencia de primera instancia que declaró improcedente el amparo.

7.2. Competencia.

De conformidad a lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 1º del Decreto 333 de 2021, la Sala es competente para conocer y decidir el asunto, toda vez que los hechos que originaron la demanda y constituyen la presunta violación al derecho fundamental invocado, tuvieron ocurrencia dentro del ámbito jurídico respecto del cual esta Sala ejerce su jurisdicción.

7.3.- Legitimación en la causa por activa y pasiva

al derecho fundamental invocado, tuvieron ocurrencia dentro del ámbito jurídico respecto del cual esta Sala ejerce su jurisdicción.

7.3.- Legitimación en la causa por activa y pasiva

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un procedimiento preferente y sumario que tiene toda persona para solicitar, de manera directa o por quien actúe a su nombre, la protección de sus derechos fundamentales. Adicionalmente, la acción de amparo debe dirigirse “contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental”.1

En el caso objeto de análisis, el requisito por activa, se cumple pues la tutela fue interpuesta por el señor JONATHAN JOSÉ RAMÍREZ JIMÉNEZ, por conducto de apoderado judicial , para solicitar la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana y debido proceso ante la presunta

1 Decreto 2591 de 1991, art. 13.6

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negativa de las accionadas de da adelantar los trámites pertinentes para su plena identificación y efectuar su traslado h asta el lugar en donde debe permanecer en detención domiciliaria, en cumplimiento de la orden impartida por el Juez de Garantías.

En cuanto a las entidades accionadas, se tiene que el artículo 5º del Decreto

permanecer en detención domiciliaria, en cumplimiento de la orden impartida por el Juez de Garantías.

En cuanto a las entidades accionadas, se tiene que el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de una autoridad pública que haya violado, viole o amenace un derecho fundamental, o de los particulares en los casos en que disponga el legislador.

En el presente asunto se entiende cumplida la legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la tutela fue dirigida contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, entidades respecto de las cuales se afirma incurrieron en la omisión y al proceso fueron vinculadas las demás entidades.

De igual forma, e l Juzgado, de oficio, vinculó a Migración Colombia; cuyo objetivo, es ej ercer las funciones de autoridad de vigilancia y control migratorio y de extranjería del Estado colombiano, dentro del marco de la soberanía nacional y de conformidad con las leyes y la política que en la materia defina el Gobierno Nacional; a la Estación de Policía de P alermo donde se encuentra recluido el procesado y al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Palermo, Despacho Judicial, al cual le correspondió ejercer el control de legalidad de la captura, e impuso la medida de aseguramiento, cuyo cumplimiento se pretende.

6.4. Requisito de inmediatez

El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,

El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”.

Aun cuando la Carta Polític a hace uso de la expresión “ en todo momento y lugar”, lo que podría dar a entender que la acción de amparo puede solicitarse en cualquier tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los derechos vulnerados, lo único cierto es que se trata de un requisito que se debe valorar en cada caso concreto.

Sin embargo, la Corte Constituciona l2 ha señalado que si bien no es posible establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, esta no puede presentarse en cualquier ti empo y por lo tanto debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del actor y la presentación de la

2 Corte Constitucional, sentencia T123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.7

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demanda, en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no solo tiene que ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto de la seguridad

demanda, en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no solo tiene que ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros afectados.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no un término de caducidad.

Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la negligencia o indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 3

La jurisprudencia constitucional ha identific ado cinco criterios orientadores para que el juez de tutela pueda determinar4, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de 20165, así:

“(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal del peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que se produce la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los derechos fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar el término desde el momento en el

en el que se produce la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los derechos fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó; (iii) La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos de los inte resados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de derechos fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que se dirige la tute la: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales y (v) Los efectos de la tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que justifique la demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara procedente”6

3 Ibídem. 4 Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T -246 de

2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T -594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, sentencia T -158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 5 Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo. 6 Ibídem.8

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En el caso bajo estudio, esta Sala observa que la acción de tutela fue interpuesta el 21 de marzo de 2025 y la medida preventiva de detención en establecimiento carcelario a partir de la cual se alega la vulneración de los derechos fundamentales del accionante, fue impuesta el 17 de febrero de 2025, por lo que para la Sala la interposición del amparo, se torna oportuna por el tiempo continuo de la presunta vulneración.

6.5.- Fundamento Normativo y jurisprudencial aplicable.

6.5.1. Del derecho fundamental al debido proceso.

Este derecho se encuentra reglado en el artículo 29 de la Constitución Política y, numeral 1º del Artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, entre otras normas, los cuales establecen que el debido proceso se debe aplicar a “ toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.

La Corte C onstitucional hubo de identificarlo como el conjunto de garantías

cuales establecen que el debido proceso se debe aplicar a “ toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.

La Corte C onstitucional hubo de identificarlo como el conjunto de garantías que tienen las partes en las actuaciones judiciales o administrativas así:

“5.3.2. La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Ha cen parte de las garantías del debido proceso:

(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo;

(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la nat uraleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley;

(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso;

preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso;

(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables;

(v) el derecho a la indepen dencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y

(vi) el derecho a la independencia e i mparcialidad del juez o funcionario,9

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quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas”7.

6.5.2. La carencia actual de objeto

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos que señale la ley.

para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos que señale la ley.

En ese sentido, cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando no hay forma de resarcir el daño ya producido, l a tutela pierde su razón de ser y, por tanto, cualquier orden del juez respecto de lo solicitado en la demanda no surtiría ningún efecto8. La Corte Constitucional ha definido tal situación como “carencia actual de objeto”.

La Corte Constitucional sostuvo que la terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto se presenta cuando la vulneración del derecho fundamental desaparece o se materializa en el trascurso de la solicitud, por lo que resulta inane la intervención del juez constitucional tendiente a impartir alguna orden en aras de salvaguardar las garantías constitucionales transgredidas.

Además, ha señalado que esta figura jurídica puede proceder en tres supuestos: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación sobreviniente. Al respecto, ha dicho:

“(…) La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual.

Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y su stento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial.

de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y su stento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial.

Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción (…)9” (Destacado por la Sala)

En relación con los referidos tres supuestos el Consejo de E stado, ha

7 Sentencia C-341/14 8 CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A, sentencia del siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001 -03-15-000-2021-06975-00(AC) Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico.g 9 Sentencia SU-225 de 2013 y T-317 de 2005.10

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precisado10:

1. El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa cuando en el trámite de tutela se demuestra que la autoridad

1. El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa cuando en el trámite de tutela se demuestra que la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los derechos fundamentales.

Se presenta cuando “aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna” 11. En otras palabras, se configura cuando la pretensión de la acción de tutela se cumple antes de que se profiera una orden de amparo y por la actuación voluntaria de