TA HUI - Sentencia 41001-33-33-007-2025-00124-01 (19-06-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

S A L A D E D E C I S I Ó N No. 5

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIONANTE: LUIS JAVIER NARVÁEZ ZAMORA

ACCIONADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE

PENSIONES - COLPENSIONES EXPEDIENTE: 41001-33-33-007-2025-00124-01

SENTENCIA: No. TAH005-25-06-115

MAGISTRADA PONENTE: NELCY VARGAS TOVAR

Resuelve l a Sala l a impugnación presentada por el señor Luis Javier Narváez Zamora, contra la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva el 16 de mayo de 2025 , que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda1

El señor Luis Javier Narváez Zamora actuando en nombre propio , interpuso acción de tutela contra de la Administradora Colombiana de PensionesColpensiones, por la presunta vulneración a los derechos fundamentales de petición, seguridad social , debido proceso y acceso a la administración de justicia. Solicitó, se ordene a la accionada dar trámite a la solicitud de cumplimiento de sentencia judicia l ( providencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva con fecha de 23 “Sic” de diciembre de 2023, confirmada por el Tribunal Superior de Neiva – Sala Laboral el 18 de

cumplimiento de sentencia judicia l ( providencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva con fecha de 23 “Sic” de diciembre de 2023, confirmada por el Tribunal Superior de Neiva – Sala Laboral el 18 de diciembre de 2024 ), la cual, dispuso el traslado del accionante al régimen de

1 Expediente digital Samai, Primera instancia, índice 3.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

ACCIÓN DE TUTELA 41001-33-33-007-2025-00124-01

Accionante: Luis Javier Narváez Zamora

Accionado: Colpensiones 2 prima media con prestación definida.

2. Hechos2

Manifestó el señor Luis Javier Narváez Zamora , que elevó petición ante Colpensiones el 5 de mayo de 2025, solicitando el cumplimiento de la sentencia judicial en mención, a través de la cual, se ordenó su traslado al régimen de prima media con prestación definida.

Al respecto, precisó que, la accionada en dos ocasiones profirió respuesta indicando que los correos electrónicos donde se presentó la solicitud, no era el canal para radicar la misma, sin que haya emitido pronunciamiento de fondo.

3. Contestación a la acción de tutela.

3.1. Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones3.

La Directora de Acciones Constitucionales de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, indicó que, una vez revisada la base de datos de afiliados de la entidad, encontró que el accionante se encuentra afiliado desde el 1 de noviembre de 1977, al régimen de prima media con prestación definida.

Pensiones – Colpensiones, indicó que, una vez revisada la base de datos de afiliados de la entidad, encontró que el accionante se encuentra afiliado desde el 1 de noviembre de 1977, al régimen de prima media con prestación definida.

Al respecto advirtió que, el accionante no radicó petición de fecha 5 de mayo de 2025 (solicitud cumplimiento de sentencia judicial), por los canales autorizados por Colpensiones, pues la misma se remitió a los correos electrónicos notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co y contacto@colpensiones.gov.co, petición que fue atendida por la accionada, generando la siguiente comunicación automática:

“…

2 Ibídem. 3 Expediente digital Samai, Primera instancia, índice 6.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Accionante: Luis Javier Narváez Zamora

Accionado: Colpensiones

3 …”

En razón a ello, precisó que, el actor no presentó de manera formal su solicitud de cumplimiento de fallo judicial, omitiendo así agotar el trámite administrativo previo, legalmente exigido.

En consecuencia, solicitó se nieguen las pretensiones de la tutela, en el entendido que, la misma se torna improcedente, al no acreditarse los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 6° del decreto 2591.

4. Decisión de Primera Instancia4

Mediante providencia del 16 de mayo de 2025, el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva declaró improcedente la acción de tutela instaurada por

4. Decisión de Primera Instancia4

Mediante providencia del 16 de mayo de 2025, el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva declaró improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Luis Javier Narváez Zamora , al considerar que, Colpensiones emitió un pronunciamiento de fondo de fecha 7 de mayo de 2025, aunado al hecho de que, existe un medio de defensa judicial propio, idóneo y eficaz, para adelantar el trámite administrativo frente a l cumplimiento de sentencias judiciales, regulado mediante Resolución 1591 de 2011.

Adicionalmente, concluyó que no se demostró la configuración de un perjuicio irremediable por el cual, procediera la intervención del juez constitucional, ni se acreditó la vulneración real y actual de los derechos fundamentales invocados por el accionante.

Finalmente, precisó que el uso directo de la acción de tutela, sin agotar las vías ordinarias establecidas, implicaría desnaturalizar su carácter subsidiario y la convertiría en principal.

5. Impugnación5

Inconforme con la anterior decisión, el señor Luis Javier Narváez Zamora, impugnó la sentencia de primera instancia, precisó que, si bien radicó solicitud el 5 de mayo de 2025, pretendiendo el cumplimiento de sentencia judicial mediante correos electrónicos dirigidos a los canales de comunicación de Colpensiones, a la fecha no ha obtenido pronunciamiento de fondo.

4 Expediente digital Samai, Primera instancia, índice 7. 5 Expediente Samai, Primera instancia, índice 9.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Colpensiones, a la fecha no ha obtenido pronunciamiento de fondo.

4 Expediente digital Samai, Primera instancia, índice 7. 5 Expediente Samai, Primera instancia, índice 9.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Accionante: Luis Javier Narváez Zamora

Accionado: Colpensiones

4 Aunado a ello, señaló que, únicamente Colpensiones profirió frente a su petición mensajes automáticos, sin embargo, no le informó el procedimiento a seguir , tampoco, le indicó cuáles son los requisitos para este tipo de actuaciones.

Aunado a ello, señaló que, la omisión de Colpensiones de emitir respuesta y el incumplimiento de los plazos para que se acate la orden judicial, conlleva a que el accionante se encuentre en una situación de extrema vulnerabilidad.

Finalmente, el actor solicitó que, se revoque el fallo de primera instancia, se declare procedente la acción de tutela y se ordene a Colpensiones dar cumplimiento a la sentencia judicial, por la cual, se ordenó el traslado del accionante al régimen de prima media con prestación definida.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación presentada por el señor Luis Javier Narváez Zamora contra el fallo de tutela proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva el 16 de mayo de 2025, de acuerdo con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 153 del C.P.A.C.A.

2. Consideraciones previas

2025, de acuerdo con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 153 del C.P.A.C.A.

2. Consideraciones previas

La Sala advierte que los Magistrados José Miller Lugo Barrero y Gerardo Iván Muñoz Hermida se encuentran de permiso, por tal motivo, se integra la Sala de Decisión con el Doctor Ramiro Aponte Pinto como Magistrado Conjuez, atendiendo lo establecido en Sala Plena No. 27 de esta Corporación de fecha 21 de junio de 2016, ratificada en Sala del 28 de marzo de 20176.

3. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala establecer si la decisión adoptada por la a quo de declarar improcedente la acción constitucional debe ser confirmada, o si hay lugar a

6 En la cual se estableció, que ante la ausencia de uno de los Magistrados que integra la respectiva Sala, como ocurre en el presente caso, conformaría la misma uno de los Magistrados que hace parte de la Corporación, en tratándose de esta Sala de Decisión le corresponde al Dr. Ramiro Aponte Pino, con fundamento en el parágrafo del artículo 115 del CPACA. Consejo de Estado. Sala Plena. Auto del 23 de septiembre de 2003. Proceso. 11001 -03-15-000-2003-01060-01. M.P. Jesús María Lemos Bustamante. Reiterada en auto del 18 de noviembre de 2001 proferido dentro del expediente 25000-23-37-000-201400469-01 (23750), con ponencia de la Dra. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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00469-01 (23750), con ponencia de la Dra. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Accionante: Luis Javier Narváez Zamora

Accionado: Colpensiones 5 revocar la decisión, teniendo en cuenta los argumentos de la i mpugnación, en cuanto a que, existe vulneración a los derechos fundamentales incoados por el accionante en el escrito de tutela.

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala desarrollará los siguientes temas, (i) Legitimación en la causa por activa, ii) Legitimación en la causa por Pasiva, iii) Inmediatez, iv) Subsidiaridad, v) derecho fundamental de petición, y (vi) se analizará el caso en concreto.

4. Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela.

4.1 Legitimación en la causa

A pesar del carácter informal que reviste la acción de tutela 7, derivado de su excepcionalidad, la legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva, es un requisito para su procedencia, pues se hace necesario “reconocer la persona a quien la Constitución y la ley faculta para inv ocar la acción y la persona respecto de la cual se puede reclamar un derecho”8.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:

“La jurisprudencia de esta Corporación ha dicho que aunque la acción de tutela está regida por el principio de informalidad, ello no es impedimento para que se encuentre cobijado por el derecho al debido proceso (C.P. art. 29), de manera que en su trámite, se deben satisfacer ciertos presupuestos

tutela está regida por el principio de informalidad, ello no es impedimento para que se encuentre cobijado por el derecho al debido proceso (C.P. art. 29), de manera que en su trámite, se deben satisfacer ciertos presupuestos básicos, como son, entre otros, la capacidad de las partes.

En este sentido, la legitimación en la causa es “un requisito de procedibilidad de la acción de tutela, porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sente ncia favorable o desfavorable”9.

Según la jurisprudencia de esta Corporación, este requisito procesal se satisface “con la correcta identificación de las personas o autoridades responsables de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados, destacando a la vez que su adecuada integración persigue garantizar a los presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa vía,

7 Artículo 14. Decreto 2591 de 1991. 8 Corte Constitucional. Sentencia T-1009 de 2012. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 9 T-568 de 2012. M.P. Mauricio González Cuervo.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Accionante: Luis Javier Narváez Zamora

Accionado: Colpensiones 6 permitirles establecer el grado de responsabilidad que les pueda asistir en los hechos que son materia de la controversia constitucional”[10]

Con el cumplimiento de este requisito procesal, se busca entre otras cosas, evitar que se profieran sentencias desestimatorias con base en argumentos

los hechos que son materia de la controversia constitucional”[10]

Con el cumplimiento de este requisito procesal, se busca entre otras cosas, evitar que se profieran sentencias desestimatorias con base en argumentos formales o de ritualidad exclusiva, que como es obvio resultan perjudiciales para el demandante, e igualmente, que se adopten decisiones inhibitorias las cuales se encuentran proscritas en sede de amparo constitucional por expreso mandato del parágrafo único del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991.”

4.1.1 Legitimación en la causa por activa.

El señor Luis Javier Narváez Zamora se encuentra legitimado en la causa por activa, quien a pesar de haber peticionado ante Colpensiones el 5 de mayo de 2025, no ha obtenido respuesta de fondo, cumpliendo así con los presupuestos establecidos en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, consistentes en que, la tutela podrá ser ejercida en todo momento y lugar por cualquier persona que encuentre vulnerados o amenazados en sus derechos fundamentales.

4.1.2 Legitimación en la causa por pasiva.

En ese sentido, se tiene que la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-, está legitimada por pasiva para actuar, por se r la entidad frente a la cual el accionante peticionó (5 de mayo de 2025).

4.2 Inmediatez de la acción de tutela

La Corte Constitucional, ha establecido que el principio de inmediatez dispone que la acción de tutela debe impetrarse en un plazo razonable, al respecto , se trae a colación la Sentencia T-160 de 2021, a través de la cual se estableció:

La Corte Constitucional, ha establecido que el principio de inmediatez dispone que la acción de tutela debe impetrarse en un plazo razonable, al respecto , se trae a colación la Sentencia T-160 de 2021, a través de la cual se estableció:

“…Para definir el plazo razonable, se considera el tiempo transcurrido entre el momento en el que se produjo la vulneración o amenaza a un derecho fundamental y la interposición de la acción. De manera que no se vea afectada la naturaleza propia de la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata y urgente de derechos fundamentales. De allí, que le corresponda al juez constitucional verificar el cumplimiento del principio de inmediatez…”.

10 Auto 257 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Accionante: Luis Javier Narváez Zamora

Accionado: Colpensiones

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Así las cosas, el hecho por el cual el actor considera que se le está vulner ando sus derechos fundamentales incoados en la tutela, acaeció por no haber obtenido respuesta frente a la petición de fecha 5 de mayo de 202511, en razón a ello, considera la Sala que el tiempo transcurrido entre dicha data y la interposición de la tutela (7/05/2025)12, es razonable, por lo que se cumple con el requisito de inmediatez.

4.3 Subsidiaridad

Sobre la procedencia del amparo, la Corte Constituciona l a través de su jurisprudencia13, ha desarrollado de manera rigurosa el tema de la subsidiariedad, estableciendo en principio, que debido al carácter subsidiario y

Sobre la procedencia del amparo, la Corte Constituciona l a través de su jurisprudencia13, ha desarrollado de manera rigurosa el tema de la subsidiariedad, estableciendo en principio, que debido al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando: 1. El accionante dejó de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a su alcance para confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales, 2. El accionante acude directamente a la acción de tutela a pesar de existir otro mecanismo de defensa judicial a su di sposición o 3. El proceso o asunto se encuentra en trámite.

Las anteriores causales, específicamente las dos últimas, tienen su excepción cuando los mecanismos no resultan idóneos para proteger el derecho fundamental presuntamente vulnerado y/o no son ex peditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Frente a las excepciones de la regla general de improcedencia de la acción de tutela, la Corte Constitucional, en sentencia T-122 de 2015, dispuso:

“6.3.4. Entonces, la primera de las exce pciones a la regla general de improcedencia se concibe cuando a pesar de existir otros medios ordinarios de defensa, la acción de amparo se promueve como mecanismo transitorio, siempre y cuando el demandante demuestre la ocurrencia de un perjuicio irremediable [artículo 86 de la Constitución Política], en cuyo caso la orden de protección tendrá efectos temporales sólo hasta el momento en que la autoridad judicial competente decida en forma definitiva el conflicto planteado. Dicho perjuicio, a partir de los lineamientos de la jurisprudencia

de protección tendrá efectos temporales sólo hasta el momento en que la autoridad judicial competente decida en forma definitiva el conflicto planteado. Dicho perjuicio, a partir de los lineamientos de la jurisprudencia constitucional, debe reunir los siguientes elementos: ser inminente, es decir,

11 Expediente digital Samai, Primera instancia, índice 3, pág. 4-31 12 Expediente digital Samai, Primera Instancia, índice 3. 13 Ver entre otras la sentencia T011 de 2007.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Accionante: Luis Javier Narváez Zamora

Accionado: Colpensiones 8 que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; ser urgente, lo que significa que implique la adopción de medidas prontas o inmediatas para conjurar la amenaza; ser impostergable, es decir, se debe acreditar la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedit o y necesario para la protección de los derechos fundamentales.

6.3.5. La segunda de las excepciones, permite acudir a la acción de tutela aun existiendo un medio judicial ordinario para dirimir el asunto, siempre que éste resulte ineficaz para hacer cesa r la amenaza o la vulneración a los derechos fundamentales, teniendo en cuenta las circunstancias en que se encuentra el solicitante [numeral 1º, del artícul o 6º, del Decreto 2591 de 1991]14. En este caso, la tutela procede como mecanismo principal y

derechos fundamentales, teniendo en cuenta las circunstancias en que se encuentra el solicitante [numeral 1º, del artícul o 6º, del Decreto 2591 de 1991]14. En este caso, la tutela procede como mecanismo principal y definitivo de defensa, ante la imposibilidad material de solicitar una protección real y cierta por otra vía15.

Se concluye entonces, que la acción de tutela es procedente cuando existiendo otros mecanismos judiciales ordinarios de defensa: 1. Se promueva como mecanismo transitorio y el demandante demuestre la existencia de un perjuicio irremediable y 2. Cuando el mecanismo judicial ordinario no resulte idóneo para la protección de los derechos del demandante.

Conforme a lo expuesto, la Sala considera que, en el caso bajo estudio, la acción interpuesta es el mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección del derecho de petición, teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico colombiano no contempla otra alternativa para incoar su amparo.

5. Derecho fundamental de petición.

El artículo 23 de la Constitución Política establece el derecho de petición como aquella prerrogativa en cabeza de toda persona para presentar peticiones de manera respetuosa a las autoridades, y a obtener una pronta resolución de fondo y clara, peticiones que pueden ser de interés general o particular.

14 Decreto 2591 de 1991, artículo 8º. Ver Sentencia T-083 del 4 de febrero de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

15 Ver Sentencia T-1022 del 10 de diciembre de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Accionante: Luis Javier Narváez Zamora

Accionado: Colpensiones

9 Ha sido prolija la jurisprudencia que se ha encargado de caracterizar y precisar el contenido esencial del derecho fundamental de petición, puntualizando como elementos: a) la posibilidad de elevar peticiones o solicitudes respetuosas a las autoridades y que estas no se abstengan a dar respuesta; b) obtener una respuesta oportuna, dentro de los términos establecidos dependiendo el tipo de solicitud; c) la respuesta sea clara y de fondo o contestación material, excluyendo toda fórmula evasiva o alusiva; y d) la notificación de la contestación a la solicitud presentada.16

Respecto a sus características, la jurisprudencia constitucional ha establecido las siguientes:

“1) El de petición es un derecho fundamental y resulta determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.

1. Mediante el derecho de petición se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos de acceso a la información, l a libertad de expresión y la participación política. La respuesta debe satisfacer cuando menos tres requisitos básicos: (i) debe ser oportuna, es decir, debe ser dada dentro de los términos que establezca la ley; (ii) la respuesta debe resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y congruente con lo solicitado; y (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario.

respuesta debe resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y congruente con lo solicitado; y (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario.

1. La respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado, ni se concreta necesariamente en una respuesta escrita.

1. El derecho de petición fue inicialmente dispuesto para las actuaciones ante las autoridades públicas, pero la Constitución de 1991 lo extendió a las organizaciones privadas y en general, a los particulares.

1. Durante la vigencia del Decreto 01 de 1984 el término para resolver las peticiones formuladas fue el señalado por el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, que señalaba un término de quince (15) días para resolver, y en los casos en que no pudiere darse la respuesta en ese lapso, entonces la autoridad pública debía explicar los motivos de la imposibilidad, señalando además el término en el que sería dada la contestación.

16 Corte Constitucional. Sentencia C-T-251 de 2008. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto; citado en Sentencia T-487 del 2017. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Accionante: Luis Javier Narváez Zamora

Accionado: Colpensiones

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1. La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. En sentido concurrente, el silencio administrativo es prueba de la violación del derecho de petición.

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1. La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. En sentido concurrente, el silencio administrativo es prueba de la violación del derecho de petición.

1. La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea el derecho de petición no la exonera del deber de responder17.

1. La presentación de una petición hace surgir en la entidad, la obligación de notificar la respuesta al interesado18”19

De manera que, se trata de un derecho fundamental esencialmente participativo, a través del cual se garantizan otros derechos de índole constitucional; de ahí que su protección resulte especialmente relevante para el ordenamiento jurídico.

El procedimiento de las solicitudes presentadas a la administración se encuentra regulado en la Ley 1755 de 2015, norma de carácter estatutario que sustituyó el Titulo II, Capítulo I, II y III, artículos 13 a 33, de la parte primera de la Ley 1437 de 2011.

Estas solicitudes pueden presentarse de manera verbal o escrita, física o electrónicamente, precisándose que, en esta última opción, conforme lo establece los artículos 60 y 61 de la Ley 1437 de 2011, toda autoridad deberá disponer de una dirección electrónica en la cual se garantice las condiciones de calidad, seguridad, disponibi lidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad de la información de acuerdo con los estándares que defina el Gobierno Nacional.

6. Caso concreto

El señor Luis Javier Narváez Zamora interpuso acción de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, al considerar

defina el Gobierno Nacional.

6. Caso concreto

El señor Luis Javier Narváez Zamora interpuso acción de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, al considerar

17 Corte Constitucional. Sentencia 219 de 2001. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz; Sentencia T-1006 de 2001. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 18 Corte Constitucional. Sentencia 249 de 2001. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo; Sentencia T-1006 de 2001, ibídem. 19 Corte Constitucional. Sentencia T-487 del 2017. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Accionante: Luis Javier Narváez Zamora

Accionado: Colpensiones 11 vulnerados sus derechos fundamentales de petición, seguridad social, debido proceso y acceso a la administración de justicia.

Al respecto, el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, mediante providencia del 16 de mayo de 2025, declaró improcedente la acción, al considerar que el actor no había agotado previamente el trámite administrativo ante la entidad demandada, para acceder al cumplimiento de la sentencia judicial, razón por la cual, la acción constitucional se torna improcedente.

En virtud de lo anterior, el accionante impugnó el fallo de tutela, argumentando que, si bien radicó solicitud el 5 de mayo de 2025, pretendiendo el cumplimiento de sentencia jud icial mediante correos electrónicos dirigidos a los canales de

En virtud de lo anterior, el accionante impugnó el fallo de tutela, argumentando que, si bien radicó solicitud el 5 de mayo de 2025, pretendiendo el cumplimiento de sentencia jud icial mediante correos electrónicos dirigidos a los canales de comunicación de Colpensiones, a la fecha no ha obtenido pronunciamiento de fondo al respecto.

Revisado el expediente y conforme a los argumentos de la impugnación y las pruebas allegadas al proceso, se tiene acreditado que:

-El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva, mediante providencia de fecha 13 de diciembre de 202320, resolvió ordenar a Colpensiones que aceptara al demandante en el régimen de prima media con prestación definida, reactivara su afiliación al RPM sin solución de continuidad y corrigiera su historia laboral conforme los dineros trasladados del RAIS.

-Decisión que, fue recurrida por la Administradora Colombiana de Pensiones , en razón a ello, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Segunda de Decisión Civil Familia Laboral, profirió sentenci a de fecha 18 de diciembre de 202421, por la cual, confirmó la sentencia de primera instancia.

-El señor Luis Javier Narváez Zamora p eticionó el 5 de mayo de 2025 22 ante Colpensiones, solicitando se dé cumplimiento a la sentencia judicial en mención, y, en consecuencia se realice su traslado de fondo de pensiones (régimen de prima media con prestación definida).

Solicitud que fue enviada a los correos electrónicos contacto@colpensiones.gov.co y

20 Expediente digital Samai, Cuaderno de primera instancia, índice 3, Pág,9-15.

prima media con prestación definida).

Solicitud que fue enviada a los correos electrónicos contacto@colpensiones.gov.co y

20 Expediente digital Samai, Cuaderno de primera instancia, índice 3, Pág,9-15. 21 Expediente digital Samai, Cuaderno de primera instancia, índice 3, Pág,18-30. 22 Expediente digital Samai, Cuaderno de primera instancia, índice 3, Pág,4.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Accionante: Luis Javier Narváez Zamora

Accionado: Colpensiones

12 notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co23.

-Colpensiones profirió respuestas de fecha 05 de mayo de 2025 y 7 de mayo de 202524, precisando que, el correo electrónico notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co es de uso exclusivo de los trámites que cursan ante la Rama Judicial y la dirección electrónica contacto@Colpensiones.gov.co es de uso exclusivo para que los c iudadanos, usuarios y otros grupos de interés radiquen facturas y comunicaciones oficiales externas d e los servicios de Colpensiones; advirtiéndole al actor que existen otros canales oficiales habilitados para la radicación de trámites, solicitudes y PQRS, así:

“…

…”.

Al respecto, en cuanto a las direcciones electrónicas de radicación de la petición del accionante , la Sala procedió a verificar la página web de la entidad 25, encontrando que, en ella, en efecto se señaló como correo de not ificaciones judiciales ( notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co) y radicación de

del accionante , la Sala procedió a verificar la página web de la entidad 25, encontrando que, en ella, en efecto se señaló como correo de not ificaciones judiciales ( notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co) y radicación de comunicaciones externas ( contacto@Colpensiones.gov.co), los cuales, a pesar de no ser el canal virtual para la recepción de PQR, se debe n entender que al estar habilitado s por Colpensiones , podía presentarse allí la petición del accionante.

La Corte Constitucional26, estableció en cuanto a los canales de presentación de peticiones, que cualquier tipo de medio tecnológico que funcione como un puente de comunicación entre las personas y las entidades, como en este caso el correo electrónico en mención, podrá ser utilizado para el ejercicio del derecho fundamental de petición.

23 Ibídem. 24 Ibídem, Pág. 33-40. 25 https://www.colpensiones.gov.co/ 26 Corte Constitucional. Sentencia T-230 del 7 de julio del año 2020. M.P. Dr.: LUIS GUILLERMO GUERRERO

PÉREZ.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Accionante: Luis Javier Narváez Zamora

Accionado: Colpensiones

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Así las cosas, a pesar de que los canales elegidos por el actor, no son los dispuestos por Colpensiones para la recepción de peticiones,