TA HUI - Sentencia 41001-33-33-705-2015-00313-01 (22-07-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

M. P.: JOSÉ MILLER LUGO BARRERO

Neiva, veintidós (22) de julio de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTES EFRÉN FLÓREZ SALAZAR Y OTROS

DEMANDADO NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –

POLICÍA NACIONAL Y OTRO

DECISIÓN SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN 41001333370520150031301

APROBADO EN SALA DE LA FECHA

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes a la segunda instancia y no observa ndo causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia del 25 de marzo de 2022 , proferida por el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva, mediante la cual declaró probada la excepción de hecho exclusivo de la víctima, negó las pretensiones y condenó en costa s a la parte demandante , la cual fue remitida a esta corporación el 5 de febrero de 20241.

ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA2

Efrén Flórez Salazar, María Eugenia Rojas Pu entes, María Angélica Flórez Rojas, Juan Manuel Flórez Rojas, Gladys, Flórez Salazar, Henry Valencia García, Nelson Andrés Benavides Flórez, Henry Alberto Valencia Flórez, Javier Flórez Salazar, María Mercedes Mejía Toro, Johan Sebastián

1 Índice 3 documento 1 expediente electrónico de segunda instancia

Valencia García, Nelson Andrés Benavides Flórez, Henry Alberto Valencia Flórez, Javier Flórez Salazar, María Mercedes Mejía Toro, Johan Sebastián

1 Índice 3 documento 1 expediente electrónico de segunda instancia 2 Páginas 36-70 – índice 73 Samai expediente de primera instancia – proceso digitalizado F6996E7970C2FE1E DBEE03804E3D0C17 B61A4081915D403B A7375E0D4EF3BAC7TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 2

Reparación Directa Demandante: Johan Sebastián Flórez Lasso y Otros Demandado: NaciónMinisterio de DefensaPolicía Nacional y otro Rad. 41001333370520150031301

Flórez Lasso, Sobeida Flórez Salazar, Boris Harvey Nomelín Torres en nombre propio y en representación de su menor hijo Boris Steven Nomelín Flórez, Jenny Jhoana Nomelían Flórez, Ana Leonor Flórez Gómez, Mery Flórez de Salas, Bertha Inés Flórez de Caupas, Elsy Flórez Gómez, Libia Flórez Gómez, Juan Bautista Flórez Gómez, Julio Flórez, Mónica Cárdenas Flórez, Rosalba Cárdenas Flórez, María Nydia Peña Flórez, Luis Alberto Laverde Flórez, Faiber Augusto Laverde Flórez y Cristian Ferlein Laverde Flórez, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, solicitan que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la NaciónMinisterio de Defensa - Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, por la muerte del señor Javier Flór ez Gómez, en hechos ocurridos el 1 2 de

se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la NaciónMinisterio de Defensa - Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, por la muerte del señor Javier Flór ez Gómez, en hechos ocurridos el 1 2 de septiembre de 2013.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitan el pago de perjuicios morales y por la afectación al bien convencional y constitucional de familia que cuantifican en la demanda y que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del C.P.A.C.A., junto con el reconocimiento de intereses y se condenen en costas a la demandada.

1.2 Lo anterior se sustenta en los siguientes HECHOS:

• Informan que el señor Javier Flórez Gómez (q.e.p.d.) era pensionado de la Policía Nacional, convivía con su cónyuge Irma Salazar de Flórez

(q.e.p.d.) en el Barrio Santa Inés de Neiva y debido a una disminución auditiva del señor Flórez, le adaptaron audífonos con los cuales respondió positivamente a los sonidos del medio ambiente y del lenguaje, logrando establecer una adecuada comunicación.

• Que tenía un inmueble ubicado en la calle IH No. 25 -51 Barrio Alfonso López de Neiva, el cual se encontraba ubicado en zona de altos niveles de inseguridad, ra zón por la que había decidido irse a quedar en las noches a dicha vivienda a fin de evitar que delincuentes quisieran ingresar a hurtar elementos y para ello había adquirido un revólver de defensa personal, con el debido salvo conducto o permiso de porte d e armas de fuego.

• Que el día 11 de septiembre de 2013, el subintendente Jesús Adolfo

defensa personal, con el debido salvo conducto o permiso de porte d e armas de fuego.

• Que el día 11 de septiembre de 2013, el subintendente Jesús Adolfo Rubiano, funcionario de Policía Judicial SIJIN-DEUIL, solicitó mediante oficio N° 5-2013-005072/SUJIN - GRU 25.10 a la Fiscalía 7ª Seccional de Turno URI , autorización d e allanamiento con fines de registro, al inmueble ubicado en el barrio Alfonso López de Neiva, que tiene comoTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 3

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dirección la calle 1 H N° 25-51 de la comuna 8, dentro de la investigación N°410016000716201302049, la cual expide la orden el 11 de septiembre de 2013 a las 18:30 horas, sin realizar la respectiva corroboración de la información suministrada por el funcionario de Policía Judicial SI JINDEUIL en acatamiento a lo previsto en los arts. 220 y 221 del C.P.P.

• El 12 de septiembre de 2013, una vez llega el grupo de Policía Judicial SIJIN de la Policía Nacional al barrio Alfonso López, se ubican frente a la vivienda, donde descansaba tranquilamente el señor Flórez G ómez y proceden a acordonar y asegurar el lugar erradamente establecido y se disponen a ingresar a la vivienda.

• Que vecinos del sector requieren al Grupo de Policía Judicial SIJIN de la Policía Nacional para advertirles que en la vivienda que pretendían

proceden a acordonar y asegurar el lugar erradamente establecido y se disponen a ingresar a la vivienda.

• Que vecinos del sector requieren al Grupo de Policía Judicial SIJIN de la Policía Nacional para advertirles que en la vivienda que pretendían ingresar vivía un señor de bien, que nada tenía que ver con la supuesta vivienda donde residía alias “Tito”, ni menos aún correspondía al lugar donde se escondían armas, pero los policiales hicieron caso omiso a dichas advertencias y llamaron fuertemente a la casa donde se encontraba descansando el señor Flórez G ómez, quien no escuchaba bien po r no portar su aparato amplificador en sus oídos.

• Que al advertir que a la madrugada alguien lo requería de forma violenta, el señor Flórez G ómez resolvió hacer un disparo con su arma de fuego tipo pistola marca Browning de defensa personal que legalmente portaba, tal vez para hacer una advertencia a quien quisiera ingresar a su casa sin su consentimiento y simultáneamente los policiales, en especial el Patrullero Luis Alberto Lozano , realizó un disparo con su arma de dotación oficial tipo Pistola SIG SAU ER SP 2022 serie 33A004841 e impactó mortalmente la humanidad del señor Flórez G ómez, a quien posteriormente le hacen el respectivo levantamiento de cadáver.

• Como consecuencia de la muerte trágica del señor Flórez G ómez el estado de salud de su cónyuge I rma Salazar de Flórez se complicó de manera gradual, al punto que falleciera el 21 de noviembre de 2013.

2. CONTESTACIÓN DE LAS DEMANDADAS

2.1. Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional3.

manera gradual, al punto que falleciera el 21 de noviembre de 2013.

2. CONTESTACIÓN DE LAS DEMANDADAS

2.1. Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional3.

Manifiesta que se opone a las pretensiones de la demanda, por cuanto los daños y perjuicios infringidos a los demandantes, no fueron ocasionados como

3 Páginas 55-65 – índice 73 samai expediente de primera instancia – proceso digitalizado 121623B2150C8026

F97A2672FE04B1C8 1A3809DBA38B43AB 49862414072B8DAD.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 4

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consecuencia de la acción u omisión, pues lo que se evidencia es que fue la misma víctima quien disparó en contra de los uniformados y la reacción de estos fue la de repeler el ataque, en la que lamentablemente perdió la vida el señor Javier Flórez Gómez (q.e.p.d).

Propuso como excepciones las siguientes:

• Culpa exclusiva de la víctima. Que se trata de un señor de aproximadamente 77 años, quien disparó en contra de unos uniformados que fueron a realizar un allanamiento, quienes previamente tocaron la puerta y se identificaron como miembros de la Policía, siendo recibidos a disparos por parte de la víctima.

Que, en el acervo probatorio aportado , se demuestra a trav és de los testimonios que fue el señor quien dispar ó contra los funcionarios,

puerta y se identificaron como miembros de la Policía, siendo recibidos a disparos por parte de la víctima.

Que, en el acervo probatorio aportado , se demuestra a trav és de los testimonios que fue el señor quien dispar ó contra los funcionarios, atentando contra sus vidas , por lo que es indudable que fue la v íctima quien de manera directa causó los perjuicios que ahora intentan reclamar los demandantes . Que se corrobora n los argumentos contundentes en cuanto lo que se presenta es una evidente culpa exclusiva de la víctima, y en consecuencia, se desprende una actuación adecuada por parte de los miembros de la Policía Nacional y acorde a los postulados normativos especificados para este tipo de sucesos.

• Cumplimiento de un deber legal. Que la Policía Nacional se encontraba ejerciendo sus deberes legales y constitucionales, las cuales consistieron en la solicitud de allanamiento a una vivienda, en la cual una fuente humana da a conocer unos sucesos, todo ello autorizado por un fiscal quien avaló el procedimiento que se re alizaría, y en este sentido es más que evidente que los uniformados se encontraban cumpliendo un deber legal.

• Legítima defensa. Debido a que fue la v íctima quien disparó y atentó contra la vida de los uniformados, sin estos haber irrumpido en su casa, pues solo tocaron la puerta para que quien estuviera allí la abriera y así poderle informar el procedimiento de allanamiento; es así como al disparar el señor Javier Flórez (q.e.p.d), un uniformado disparó su arma de dotación para contrarrestar el ataque.

• Inexistencia de los daños por los cuales la parte actora reclama el pago

disparar el señor Javier Flórez (q.e.p.d), un uniformado disparó su arma de dotación para contrarrestar el ataque.

• Inexistencia de los daños por los cuales la parte actora reclama el pago de perjuicios morales. No se ha allegado prueba alguna que permita establecer la existe ncia de los daños por los cuales la parte actora estáTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 5

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reclamando el pago de perjuicios, lo que permite concluir que las pretensiones de los actores no tienen fundamento táctico y menos aún jurídico.

• Ausencia de pruebas que demuestren la exis tencia de perj uicios materiales. Ninguna prueba de las allegadas permite establecer la existencia de los perjuicios causados , c orrespondiendo a la parte que alega determinados hechos la carga de la prueba de su existencia, cuestión que no cumple la parte demandante en e l presente proceso debiéndose denegar su pretensión al respecto.

Aduce que la Policía Nacional actuó en cumplimento de un deber legal, al dar trámite a una denuncia realizada por una persona, en la cual informaba que en la calle 1H No. 2551 del barrio Alfonso López se presentaba una serie de situaciones, en la que ha visto que una persona trabaja como moto taxi e ingresa armas de fuego a ese inmueble , motivo por el cual l a Fiscalía 7 ª Seccional de Neiva da la orden de registro y allanamiento objeto de investigación.

de situaciones, en la que ha visto que una persona trabaja como moto taxi e ingresa armas de fuego a ese inmueble , motivo por el cual l a Fiscalía 7 ª Seccional de Neiva da la orden de registro y allanamiento objeto de investigación.

Es así como el Subintendente Jesús Adolfo Rubiano , en compañía del señor Intendente Yilmar Ernesto Rodríguez, planearon el dispositivo de registro y allanamiento; por lo que el día 12 de s eptiembre de 2013, en horas de la mañana, dieron instrucción a su personal y procedieron a asignar las funciones a cada miembro de la SIJIN , y acto seguido el personal Policial se dirigi ó al frente de la residencia objeto de allanar y quienes se encontraban plenamente identificados, procedieron a tocar la pu erta del inmueble alzando la voz fuerte identificándose como miembros de la Policía Nacional; cuando de repente fueron recibidos por disparos provenientes del interior de la vivienda, y fue por ello, que uno de los policiales para salvaguardar su integrida d y la de sus compañeros sac ó su arma de fuego y dispar ó en la misma dirección de la agresión, perdiendo la vida el señor Javier Flórez y quien se encontraba detrás de la puerta y fue quien le disparó a los uniformados.

Considera que no le asiste razón a la parte actora que ponga de manifiesto los problemas auditivos que tenía la víctima, a sabiendas que fue esta que se encontraba detrás de la puerta y atentó contra la vida de los funcionarios.

2.2. Nación - Fiscalía General de la Nación4

Manifiesta que se opone a las pretensiones de la demanda por carecer de

encontraba detrás de la puerta y atentó contra la vida de los funcionarios.

2.2. Nación - Fiscalía General de la Nación4

Manifiesta que se opone a las pretensiones de la demanda por carecer de los supuestos esenciales que permitan estructurar la responsabilidad de la

4 Páginas 44 -51– índice 73 Samai expediente de primera instancia – proceso digitalizado B6B0E640F8B8E7CE FE6FB892C8616AC3 B746736A9CD20331 A678E8D6A70B4339TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 6

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entidad, pues las actuaciones registradas fueron realizadas por miembros de la Policía Nacional.

Propone como excepciones culpa excluyente de un tercero, por cuanto la conducta reprochada es atribuible a funcionarios de la Policía, y culpa exclusiva de la víctima , por cuanto la muerte del señor Flórez G. fue producto de su decisión de irse a vivir s olo en las noches, en una zona con altos niveles de inseguridad, portando un arma de fuego.

Igualmente propuso la excepción de falta de legitimidad por pasiva, dado que la Fiscalía no incurrió ni en acción ni omisión ni causó la muerte del señor Flórez Gómez, por lo que no está obligada a reparar el daño reclamado.

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA5

El Juzgado Noveno Administrativo de Neiva, mediante sentencia del 25 de

Flórez Gómez, por lo que no está obligada a reparar el daño reclamado.

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA5

El Juzgado Noveno Administrativo de Neiva, mediante sentencia del 25 de marzo de 2022, declara probada la excepción de “culpa exclusiva de la víctima” propuestas por las entidades dem andadas, negó las pretensiones y condenó en costas a la parte demandante.

Señaló que el daño quedó demostrado, pues radicó en la muerte del señor Javier Flórez Gómez, y frente a la imputación indicó que no media la falla del servicio atribuida al Estado.

Que la diligencia de registro y allanamiento cuestionada, tuvo origen en la información revelada por una persona, cuyo nombre se ocultó por motivos de seguridad y fue quien informó que en esa vivienda se guardaban armas de fuego que eran empleadas luego en la comisión de delitos y que antes del procedimiento se constató la descripción de la casa y se sondeó a algunos habitantes del sector, cuyos dichos coincidieron con lo advertido por la fuente anónima, que ya había transmitido datos que habían sido útiles para decomisar armas en otros eventos.

Resaltó la declaración jurada tomada por la Policía Judicial el 11 de septiembre de 2013 a un mototaxista , cuyo nombre fue suprimido y que fue quien dio a conocer que un compañero con el alias Tito, que es mototaxista, es el que usa tal arma, precisando que: “ese man hace vueltas raras ya que tiene un arma de fuego y yo he visto cuando él presta el arma o la moto o para que otros

quien dio a conocer que un compañero con el alias Tito, que es mototaxista, es el que usa tal arma, precisando que: “ese man hace vueltas raras ya que tiene un arma de fuego y yo he visto cuando él presta el arma o la moto o para que otros

5 Índice 66 Samai expediente de primera instancia.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 7

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manes vallan (sic) y roben… el man vive en la calle 1h N°. 25 -51 del barrio Alfonso López… conozco la peligrosidad de Tito cuando está con el arma de fuego”.

Refirió que el presunto hecho de no haberse realizado la labor de las pesquisas previas no tiene trascendencia alguna en el resultado lesivo , ya que se trata de un asunto periférico y accidental que por sí solo ni de manera necesaria produjo el daño, que se explica s olo merced a la conducta del señor Flórez Gómez, al no consentir que las autoridades penetraran a la vivienda yantes biendisparar contra ellas.

Señaló que, si bien al señor Flórez G ómez lo aquejaban deficiencias auditivas, esa circunstancia no basta para explicar su reacción al operativo, ya que, conforme al catálogo de testimonios de oídas en estas diligencias, desde el interior de la casa tenía un campo visual que le permitía observar a los uniformados que lo instaban a abrir la puerta y que estaban identificados de manera apropiada. Resalta que al tener instalada la puerta de la vivienda un

interior de la casa tenía un campo visual que le permitía observar a los uniformados que lo instaban a abrir la puerta y que estaban identificados de manera apropiada. Resalta que al tener instalada la puerta de la vivienda un vidrio polarizado para proteger su privacidad, los visitantes no podían divisar la parte interior, en tanto que sus moradores sí estaban en condiciones de avistar a quienes llamaban a la entrada.

Adicionalmente indicó que e l señor Flórez empuñaba además un arma sin salvoconducto vigente, según lo informado por el Departamento de Control, Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares, que precisó que el permiso de porte de la pistola marca Browning calibre 6.35 a nombre del señor Flórez G. había vencido casi tres años antes. En el registr o de la vivienda se halló luego también munición para otra arma, 26 cartuchos calibre 32, conforme al análisis del laboratorio de balística forense de la Regional de Investigación Criminal N°. 2 de la Policía Nacional.

Que la afirmación acerca de que al m omento de practicar la diligencia , gente vecina al inmueble dio aviso al personal de policía de que alias Tito no tenía fijado allí su domicilio no encuentra eco , tampoco de l a realidad que emerge del plenario, pues según las pruebas practicadas , el investigador de la SIJIN -Óscar Danilo Muñoz B.-, llamado también a declarar y que estuvo en el operativo, los vecinos del lugar no formularon esa advertencia y ello resultaría extraño, habida cuenta de que la información sobre esa clase de diligencias es compartimentada, por lo que su conocimiento previo s olo está autorizado a escasas personas en la institución.

operativo, los vecinos del lugar no formularon esa advertencia y ello resultaría extraño, habida cuenta de que la información sobre esa clase de diligencias es compartimentada, por lo que su conocimiento previo s olo está autorizado a escasas personas en la institución.

Precisa que el procedimiento aprobado por la Fiscalía no buscaba privar de la libertad a alias Tito, sino s olo a la recolección de elementos materiale s probatorios como armas de fuego, lo cual en efecto ocurrió.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 8

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Concluye que l os resultados probatorios obtenidos dan cuenta entonces de la eximente de responsabilidad consistente en el hecho determinante y exclusivo de la víctima, la cual impide que las en tidades demandadas afronten obligación reparadora del daño, supuesto indispensable para atribuir responsabilidad extracontractual.

4. RECURSO DE APELACIÓN6

El apoderado de los demandantes, inconforme con la sentencia, interpone recurso de alzada y para el efecto, expone los presupuestos de la responsabilidad estatal y que en este caso, la responsabilidad reclamada corresponde a la actividad jurisdiccional, la cual no fue advertida por el a quo, al punto que estructuró su decisión en la hipótesis de la falla del servicio, régimen subjetivo soportado en la falla probada , cuando la demanda se encuentra estructurada en la falla o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en la actividad de

decisión en la hipótesis de la falla del servicio, régimen subjetivo soportado en la falla probada , cuando la demanda se encuentra estructurada en la falla o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en la actividad de policía judicial de los allanamientos, regulados en el Código de Procedimiento Penal, esto es, que el título de imputación es el régimen de responsabilidad objetiva por la actividad judicial, según el cual, en principio, la carga de la prueba la tiene la entidad demandada, pues hizo uso de poderes prorrogativ os, incluso el uso de las armas, sin atender los estándares, protocolos y reglas del allanamiento y las causas del mismo.

Sostiene que se encuentra probado la responsabilidad de las entidades demandadas con la declaración rendida por el agente del Ministe rio PúblicoPenal, al enfatizar en las desatenciones del contenido obligacional de los integrantes de policía judicial que materializaron el allanamiento y los deberes y responsabilidades de la Fiscalía General de la Nación en los controles para la autorización y materialización de este tipo de actividades de prevención del delito, prueba que fue tenida en cuenta por el a quo.

Expone tres aspectos que se deben tener en cuenta:

1. La declaración del Procurador 141 Judicial II Penal, Marco Antonio Cortés Torres, quien manifestó que “…el investigador de la SIJIN que solicitó la diligencia de registro de allanamiento no hizo labores de vecindario de confirmar la versión de la fuente”.

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2. Que la declaración rendida por el señor Jesús Adolfo Rubiano Puertas es contrario a lo señalado en el informe de investigación de campo.

3. La descripción interna del inmueble allanado, esto es, el ubicado en

la calle 1H N° 25 – 51 del barrio Alfonso López, comuna 8 de la ciudad de Neiva – Huila, no corresponde a la realidad, comoqui era que se habla inicialmente de dos habitaciones y un patio las cuales no existen en el inmueble.

Alega que en la solicitud omitieron explicar al Fiscal del porqué la fuente humana no formal resulta confiable, conforme lo establece el inciso segundo del artículo 221 de la Ley 906 de 2004 C.P.P, como quiera que su labor para interrogar a la fuente humana fue insípido, ineficiente e inútil.

Que los vecinos contiguos a la vivienda ubicado en la Calle 1 H N° 25 – 51 y residentes desde muchísimo tiempo atrás, alertaron a dicho personal respecto de su equivocación respecto del inmueble a allanar y registrar y de la identidad del señor Flórez Gómez, lo cual se puede acreditar con la declaración extraprocesal rendida por la señora Cecilia Lizcano y la declaración rendida por el Procurador 141 Judicial II Penal, M arco Antonio Cortés Torres, este último también menciona que el inmueble donde residía un presunto delincuente, era

extraprocesal rendida por la señora Cecilia Lizcano y la declaración rendida por el Procurador 141 Judicial II Penal, M arco Antonio Cortés Torres, este último también menciona que el inmueble donde residía un presunto delincuente, era el contiguo a la vivienda del señor Javier Flórez Gómez.

Señala que no se realizó la aud iencia de control de garantías –control posteriordentro de las 36 horas siguientes al registro y allanamiento, como lo establece 237 de la Ley 906 de 2004 C.P.P, para verificar si la F GN satisfizo los requisitos y materiales para emitir las órdenes de lo s procedimientos investigativos y si su despliegue ha respetado o no los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Considera que la actividad de policía judicial, por un lado la autorización, control y vigilancia de la F GN, respecto del allanamiento, prev ios concomitantes y posteriores al mismo y el consecuente registro, así como las acciones policiales a cargo de los efectivos de la policía nacional fue deficiente, defectuosa e incorrecta, en tanto la investigación previa a la solicitud de registro y allanamiento adelantada por parte de la policía judicial del personal adscrito a la Policía Nacional, no se corroboró, confirmó y/o verificó en debida forma, pues como quedó evidenciado “la información” dada por la fuente humana, no fue precedida ni contrastad a con labores de vecindario que confirmaran o desvirtuaran los datos específicos, supuestamente dados por esa particular fuente, que dieran la credibilidad suficiente.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 10

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fuente, que dieran la credibilidad suficiente.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 10

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Aduce que las particularidades y datos del supuesto delincuente, no corresponden a las particularidades de la víctima del exceso y/o abuso de la posición dominante o condiciones de superioridad de los agentes de la policía judicial, al punto que permitieran de manera eficaz e idónea establecer con precisión y claridad la correcta identificac ión e individualización del presunto delincuente conocido con el alias de “TITO”, así como su lugar de residencia, situación que conllevó la precaria información que determinara con claridad las particularidades, fisionomía, edad, modus operandi del supues to denunciado y los datos del inmueble, ubicación, dirección, estructura, y demás aspectos físicos, todo lo cual incidió en forma determinante para equivocar el inmueble y la persona objeto de allanamiento y registro, al punto que desencadenó el fallecimiento del señor J avier Flórez Gómez, quien era la persona que residía en el inmueble allanado.

Era comprensible y previsible para el personal experimentado en policía judicial y justicia penal, que, en un sector altamente afectado en su seguridad y tranquilidad ciudadana, gritos externos, agresivos y disonantes, generaran una respuesta razonablemente proporcional, sobre la posibilidad de un atentado o intento de hurto, más aún cuando la víctima en el procedimiento había pertenecido a la Policía Nacional . Qu e ello ameritaba condiciones de

respuesta razonablemente proporcional, sobre la posibilidad de un atentado o intento de hurto, más aún cuando la víctima en el procedimiento había pertenecido a la Policía Nacional . Qu e ello ameritaba condiciones de prevención y de garantía a civiles, en sus derechos fundamentales individuales, que permitieran separarlos del procedimiento riesgoso del allanamiento y registro. Si a este aspecto se le agrega que el procedimiento fue al am anecer, implicaba tener en cuenta que los moradores del inmueble pudieren estar dormidos, luego el llamado que necesariamente debe ser correspondiente a un grito, con frases que per se generan temor o susto, pues era comprensible que la víctima del procedimiento tuviera algún tipo de reacción fuera de los cánones normales de una acción pasiva de una autoridad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA

De conformidad a las facultades otorgadas por los artículos 125 y 153 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia.

2. PROBLEMA JURÍDICO

Como el a quo negó las pretensiones de la demanda y los actores recurren tal decisión, la Sala procederá a resolver únicamente los cargos planteados enTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 11

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el recurso, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 328 del C.G.P., esto es, ¿si la NaciónMinisterio de Defensa - Policía Nacional y la Fiscalía General

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el recurso, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 328 del C.G.P., esto es, ¿si la NaciónMinisterio de Defensa - Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación son responsables administrativa y patrimonialmente por los daños que reclaman los demandantes, en su condición de familiares del señor Javier Flórez Gómez (q.e.p.d) , quien falleciera durante un operativo policial de allanamiento y registro al inmueble ubicado en la Calle 1H – 25 – 51 Barrio Alfonso López de la ciudad de Neiva – Huila el 12 de septiembre de 2013? o si se configura la causal eximente de responsabilidad consistente en culpa exclusiva y determinante de la víctima?

3. TESIS DE LA SALA

La Sala confirmará la sen