TA HUI - Sentencia 410013333005-2015-0017701 (08-07-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

M.P. Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Neiva, ocho (08) de julio de dos mil veinticinco (2025).

ASUNTO : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE : ALFONSO ARTUNDUAGA

DEMANDADA : CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA

DEPARTAMENTO DEL HUILA PROVIDENCIA : SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN : 41 001 33 33 005-2015-00177 01

Aprobado en sesión de la fecha. Acta N° 041.

ASUNTO

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora contra la sentencia adiada 7 de febrero de 2019, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, que negó las pretensiones de la demanda y la condenó en costas.

1. LA DEMANDA

1.1. Las Pretensiones

El señor Alfonso Artunduaga , concreta las pretensiones de la siguiente manera:

“PRIMERA: QUE SE DECLAREN NULOS LOS SIGUIENTES ACTOS ADMINISTRATIVOS dictados dentro del proceso de responsabilidad fiscal Número 017 de 2010 por parte de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

DEL HUILA:

a) El del 30 de mayo de 2014, mediante el cual se declaró la responsabilidad fiscal en primera instancia. b) El del 21 de agosto de 2014, mediante el cual se resuelve el recurso

DEL HUILA:

a) El del 30 de mayo de 2014, mediante el cual se declaró la responsabilidad fiscal en primera instancia. b) El del 21 de agosto de 2014, mediante el cual se resuelve el recurso de reposición contra el fallo del 30 de mayo de 2014. c) Resolución 491 del 23 de septiembre de 2014 dictada por la contralora departamental del Huila, mediante el cual se resuelve el recurso de apelación contra el fallo del 30 de mayo de 2014. d) Auto número 022 del 25 de septiembre de 2014 mediante el cual se resuelve la Consulta del fallo del 30 de mayo de 2014.Tribunal Contencioso Administrativo del Huila Alfonso Artunduaga vs. Contraloría Departamental del Huila 410013333005 2015 00177 01 – Responsabilidad Fiscal

2

e) Oficio número 1330 -2195 de fecha 02 de diciembre de 2014 suscrito por la Jefe de Oficina de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Huila.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, SE DECLARE que el señor ALFONSO ARTUNDUAGA NO ES RESPONSABLE FISCALMENTE por los hechos que dieron origen a los actos administrativos demandados.

TERCERO: Que se CONDENE a las demandadas a pagar al actor, a título de restablecimiento del derecho, como daño material la suma de

$16.306.136,00.

CUARTO: Que se CONDENE a las demandadas a pagar al actor, a título de restablecimiento del derecho, el equivalente e n pesos a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por concepto de daño moral.

1.2. Los hechos

restablecimiento del derecho, el equivalente e n pesos a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por concepto de daño moral.

1.2. Los hechos

Aduce la parte actora que, m ediante Oficio número OCF-175 de 23 de marzo de 2010, suscrito por la jefe de la Oficina de Control Fiscal de la Contraloría Departamental del Huila, remite a la Oficina de Responsabilidad Fiscal, Evaluación Especial realizada a la Empresa De Servicios P úblicos De Pitalito “Empitalito” por el presunto detrimento patrimonial por la suma de $14.391.000, producto del hurto de la chequera número 22087997.

Luego, con auto de fecha 11 de mayo de 2010, se dio apertura al proceso de responsabilidad fiscal número 017 de 2010 contra los señores Alfonso Artunduaga Valderrama, en calidad de Tesorero; María del Carmen Tejada, en calidad de Auxiliar de Tesorería y Bancolombia, en calidad de Contratista.

Mediante auto del 01 de agosto de 2011 , se vinculó al proceso de responsabilidad fiscal al señor Miguel Antonio Rico Rincón, en su condición de Gerente de la Empresa De Servicios Públicos De Pitalito “Empitalito” y la Compañía Aseguradora La Previsora S.A.

El 10 de febrero de 2012, se profirió auto de imputación, absteniéndose de endilgar responsabilidad fiscal al señor Miguel Antonio Rico Rincón, en calidad de Gerente de la Empresa De Servicios P úblicos De Pitalito “Empitalito”.

Con auto del 23 de agosto de 2012, se profiere auto de nulidad a partir del

endilgar responsabilidad fiscal al señor Miguel Antonio Rico Rincón, en calidad de Gerente de la Empresa De Servicios P úblicos De Pitalito “Empitalito”.

Con auto del 23 de agosto de 2012, se profiere auto de nulidad a partir del auto de imputación respecto de Bancolombia S.A. porque se le vulneró el derecho de defensa.Tribunal Contencioso Administrativo del Huila Alfonso Artunduaga vs. Contraloría Departamental del Huila 410013333005 2015 00177 01 – Responsabilidad Fiscal

3

Después de reanudada la actuación, se practicaron las pruebas, en las que se recibieron múltiples testimonios solicitados por las partes.

Con fecha del 30 de mayo de 2014, la Oficina de Responsabilidad Fiscal profirió fallo de responsabilidad fiscal contra los señores Alfonso Artunduaga Valderrama, en calidad de Tesorero y María del Carmen Tejada, en calidad de Auxiliar de Tesorería, en cuantía de $16.306.136, de manera solidaria, exonerando a Bancolombia de toda responsabilidad en los hechos investigados, mediante el cual resolvió:

Oportunamente el apoderado judicial del señor Alfonso Artunduaga , presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos desfavorablemente.

Con auto del 21 de agosto de 2014 , se resolvió no reponer los artículos primero, segundo y sexto del fallo, y repuso el artículo tercero desvinculando a la compañía de seguros La Previsora S.A. y finalmente concediendo el recurso de apelación.

primero, segundo y sexto del fallo, y repuso el artículo tercero desvinculando a la compañía de seguros La Previsora S.A. y finalmente concediendo el recurso de apelación.

Mediante la Resolución No. 491 del 23 de septiembre de 2014, se resolvió el recurso de apelación, en la que se resolvió confirmar el artículo primero del auto mediante el cual se decidió el recurso de reposición de fecha 21 de agosto de 2014 y se ordenó surtir el grado de consulta, conforme lo ordenado por el artíc ulo 18 de la Ley 610 de 2000, en atención a la desvinculación de la compañía de seguros La Previsora S.A.

Con auto No. 022 del 25 de septiembre de 2014, se resolvió la consulta en la que se decidió confirmar de manera parcial el artículo primero del auto por el cual se decidió el recurso de reposición de fecha 21 de agosto de 2014, en el sentido de declarar responsable fiscalmente al señor Alfonso Artunduaga Valderrama , en su condición de Tesorero de “Empitalito” en cuantía de $16.306.136 y exonerando de responsabilidad fiscal a la señora María del Carmen Tejada Rojas, así como también confirmando la desvinculación de la compañía de seguros La Previsora S.A.

El día 7 de octubre de 2014 , se expide constancia secretarial sobre la ejecutoria de la providencia de fecha 25 de septiembre de 2014 enunciada en el hecho anterior y se deja constancia del agotamiento de la vía gubernativa.

El 13 de noviembre de 2014, se presentó nulidad de la actuación procesal

en el hecho anterior y se deja constancia del agotamiento de la vía gubernativa.

El 13 de noviembre de 2014, se presentó nulidad de la actuación procesal debido a que el fallo se profirió contra Alfonso Artund uaga Valderrama, persona distinta a mi representado, quien se llama Alfonso Artunduaga, es decir, no tiene segundo apellido, petición que fue resuelta desfavorablemente mediante oficio 130 -2195 de fecha 2 de diciembre deTribunal Contencioso Administrativo del Huila Alfonso Artunduaga vs. Contraloría Departamental del Huila 410013333005 2015 00177 01 – Responsabilidad Fiscal

4

2014, bajo el argumento que el proc eso de responsabilidad fiscal había culminado con providencia ejecutoriada el 7 de octubre de 2014.

El proceso de responsabilidad fiscal surgió como consecuencia del hurto de las chequeras N o. 45304485501 y 45306006387 expedidas por Bancolombia a Empitalito E.S.P., correspondientes a las cuentas corrientes de las que es titular la mencionada entidad pública, en hechos ocurridos el fin de semana del 25 de septiembre de 2009, época en la que el señor Alfonso Artunduaga desempeñaba el cargo de Tesorero, cau sándose de esta forma la pérdida de $14.391.000 por el cobro ilegal de cinco (5) cheques por ventanilla.

El día 3 de febrero de 2015 , se presentó solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante la Procuraduría Judicial para asuntos administrativos, la cual dio trámite a la misma, llevando a cabo la correspondiente audiencia el día 24 de Marzo de 2015, la cual se declaró

extrajudicial en derecho ante la Procuraduría Judicial para asuntos administrativos, la cual dio trámite a la misma, llevando a cabo la correspondiente audiencia el día 24 de Marzo de 2015, la cual se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio, tal y como lo comprueba la constancia de fecha 27 de marzo de 2015 expedida por la Procuradora 89 Judicial I para asuntos administrativos de Neiva, quedando agotado el requisito de procedibilidad, conforme el artículo 161 del C.P.A.CA.

1.3. Fundamentos de Derecho y su Concepto de Violación

• Vía de Hecho por Defecto Fáctico

Considera que l os actos administrativos demandados están viciados por una vía de hecho de carácter fáctico, es decir, contrario al artículo 29 Superior, debido a que el material probatorio fue valorado de manera errónea, pues de haberse hecho de manera objetiva aplicando las reglas de la sana crítica, el señor Alfonso Artunduaga , no debía haber sido sancionado, pues no actuó con dolo o culpa en la gestión fiscal, ya que, por el contrario, se vislumbra que siempre actuó de manera diligente y prudente. Además, al momento de efectuarse el daño patrimonial con el hurto de los títulos valores, no era el gestor fiscal debido a que se encontraba de permiso legalmente otorgado. Según el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, la responsabilidad fiscal existe cuando hay un daño patrimonial al Estado, una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza la gestión fiscal y un nexo de causalidad entre las dos anteriores.

En el caso concreto, no se encuentra razón a la calificación de la actuación

patrimonial al Estado, una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza la gestión fiscal y un nexo de causalidad entre las dos anteriores.

En el caso concreto, no se encuentra razón a la calificación de la actuación culposa del señor Alfonso Artunduaga , como Tesorero de la s Empresas Públicas de Pitalito, realizada por la Contraloría Departamental del Huila, especialmente por haber entregado las chequeras a la aprendiz del SENA, pues, como quedó probado en ese trámite, la aprendiz tenía el cargo de Auxiliar de Tesorería, lo que indica que el Tesorero se apoyaba en ella paraTribunal Contencioso Administrativo del Huila Alfonso Artunduaga vs. Contraloría Departamental del Huila 410013333005 2015 00177 01 – Responsabilidad Fiscal

5

la realización de su gestión, es más, dentro de sus funciones también está la de elaborar cheques, entregarlos, y custodiarlos, y el hecho de que sea aprendiz del SENA, no quiere decir que no estuviera capacitada para realizar esta gestión o que no tenga sentido de responsabilidad para con la empresa.

Además, el señor Tesorero entregó los títulos valores a su auxiliar en cumplimiento de la orden impartida por el señor Gerente, la cual no podía desconocer, pues se trata de su superior jerárquico, la más alta autoridad en la empresa.

En relación con el nexo de causalidad, que también dice haber encontrado probado la Contraloría Departamental Del Huila , consider a que se desconoció la ocurrencia de la causa extraña del “ Hecho exclusivo de un tercero”, pues se trata de un hurto impetrado por personas diferentes al

probado la Contraloría Departamental Del Huila , consider a que se desconoció la ocurrencia de la causa extraña del “ Hecho exclusivo de un tercero”, pues se trata de un hurto impetrado por personas diferentes al Tesorero y sus Auxiliares de Tesorería, como conducta externa, imprevisible e irresistible, eso sí, únicamente respecto del Tesorero y sus Auxiliares, quienes el viernes 25 de septiembre de 2 009, al terminar su horario de trabajo, dejaron los títulos valores en el lugar de custodia donde estaban acostumbradas a hacerlo y dejaron la oficina con puertas y ventanas cerradas con seguro, de donde nunca antes se habían perdido, razón por la que jamás imaginaron que los robarían. Sin embargo, la Jefe de Administración, Presupuesto y Tesorería, Mercedes Cruz, en un acto anormal e irresponsable, ordenó la apertura de la oficina de Tesorería, lugar de custodia de los títulos valores de la empresa, tenien do conocimiento de que allí se encontraban estos documentos y que había cheques firmados en blanco, elaborados para algún pago, sin funcionario que supervisara el mantenimiento de los computadores, momento en el cual fueron hurtadas las chequeras.

En con clusión, con el estudio minucioso de las pruebas allegadas al proceso y analizadas bajo la sana crítica, se puede determinar que el señor Alfonso Artunduaga no era quien realizaba la gestión fiscal el fin de semana del 25 de septiembre de 2009, pues se encontraba disfrutando de permiso legalmente concedido, siempre actuó de forma diligente y prudente en el desarrollo de sus funciones y que en las condiciones de hecho que dieron surgimiento a esa investigación operó la causa extraña del “Hecho exclusivo

legalmente concedido, siempre actuó de forma diligente y prudente en el desarrollo de sus funciones y que en las condiciones de hecho que dieron surgimiento a esa investigación operó la causa extraña del “Hecho exclusivo de un tercero” aplicable frente al Tesorero y sus Auxiliares, lo que indica que NO había lugar a declarar su responsabilidad fiscal por inexistencia de los elementos esenciales de la responsabilidad fiscal.

• Falsa Motivación

Precisa que, en todos los actos administrativos demandados, así como en las constancias de notificación de cada uno de ellos, ya sea de forma personal y por estado, se incurrió en el error por parte del ente de controlTribunal Contencioso Administrativo del Huila Alfonso Artunduaga vs. Contraloría Departamental del Huila 410013333005 2015 00177 01 – Responsabilidad Fiscal

6

fiscal, en relación con la identidad del investigad o y demandante en este proceso, señor Alfonso Artunduaga , quien en todos aquellos actos fue identificado como Alfonso Artunduaga Valderrama, sin haberse efectuado la correspondiente corrección por parte del ente emisor de los actos demandados, obviando la solicitud que al respecto present ó el 13 de noviembre de 2014, circunstancia que hace que los actos administrativos no se puedan ejecutar por error en la identificación e individualización del sancionado.

2. Contestación De La Demanda1

2.1. Del Departamento del Huila

Mediante apoderado judicial, se opone a las pretensiones de la demanda por considerar que no existe fundamento de hecho y de derecho para permanecer como demandado dentro del presente asunto. Frente a los hechos señala, qué por ser la Contraloría Departamental del Huila, una

por considerar que no existe fundamento de hecho y de derecho para permanecer como demandado dentro del presente asunto. Frente a los hechos señala, qué por ser la Contraloría Departamental del Huila, una entidad que goza de autonomía administrativa y presupuestal, el Departamento del Huila no tiene ninguna injerencia administrativa para gobernar y auditar los actos de ese órgano de control, por lo que no le constan los hechos referidos. Propone como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva , toda vez, que la Contraloría Departamental del Huila cuenta con autonomía administrativa y financiera.

2.2. De la Contraloría Departamental Del Huila2

Se opone a las pretensiones de la demanda por considerar que carecen de fundamento legal y probatorio, además , considera que los actos administrativos demandados gozan de presunción de legalidad ya que fueron expedidos siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 610 de 2000 y normas concordantes.

En cuanto a los hechos afirma, que es cierto que a través del oficio OCF0175 del 23 de marzo de 2010, la Jefe de la Oficina de Control Fiscal de la Contraloría Departamental del Huila remitió a la Oficina de Responsabilidad Fiscal, el hallazgo No. 1 como resultado de la evaluación especial realizada a la Empresa de Servicios Públicos de Pitalito “Empitalito” donde se encontró un presunto detrimento patrimonial por el valor de $14.391.000, como consecuencia de l hurto de la chequera No. 22087997.

La anterior razón conllevó a la apertura del Proceso No. 017 del 2010 que culminó con fallo de responsabilidad fiscal en contra del señor Alfonso

22087997.

La anterior razón conllevó a la apertura del Proceso No. 017 del 2010 que culminó con fallo de responsabilidad fiscal en contra del señor Alfonso Artunduaga en calidad de Tesorero y María Del Carmen Tejada Rojas, en

1 Fl. 196 al 200 c. ppal. 1 Exp. Físico 2 Fl. 196 al 200 c. ppal. 1 Exp. FísicoTribunal Contencioso Administrativo del Huila Alfonso Artunduaga vs. Contraloría Departamental del Huila 410013333005 2015 00177 01 – Responsabilidad Fiscal

7

calidad de Auxiliar de Tesorería. Que l a conducta del señor Alfonso Artunduaga, fue calificada de conformidad con el material probatorio recaudado dentro del proceso, por lo que no se p odía considerar que se había incurrido en una vía de hecho de carácter fáctico en la producción de los actos demandados.

Que el hecho que se haya probado que el demandante se encontraba de permiso los días 24 y 25 de septiembre de 2009, no es argumento para considerar que durante esos días quedaba a la deriva sus obligacione s como tesorero de la entidad, es decir, el descuido que se le reprochó fue la omisión a su deber de guardar las chequeras en la caja fuerte de la entidad, previo a salir a disfrutar de su permiso.

En cuanto al argumento de la falsa motivación del acto demandado en razón a que la entidad identificó al señor Alfonso Artunduaga como si fuera Alfonso Artunduaga Valderrama, considera que , si bien es cierto modo hubo un error en la mención de sus apellidos, el investigado estuvo

razón a que la entidad identificó al señor Alfonso Artunduaga como si fuera Alfonso Artunduaga Valderrama, considera que , si bien es cierto modo hubo un error en la mención de sus apellidos, el investigado estuvo plenamente identificado con cédula de ciudadanía No. 12.298.128, quien fungía como Tesorero de Empitalito E.S.P.

3. De la Audiencia Inicial3

El 20 de octubre de 2016, en el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, se llevó a cabo la audiencia inicial y en la misma se despachó favorablemente la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la entidad demandada Departamento Del Huila, continuando el trámite del pr oceso únicamente contra la Contraloría Departamental Del Huila y culminó con el decreto de pruebas testimonial.

4. De la Audiencia de Pruebas4

Se llevó a cabo el 23 de marzo de 2017, en la cual se recibieron unos testimonios y culminó con el traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión por escrito.

5. De la Sentencia de Primera Instancia5

El Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, profirió sentencia el 7 de febrero de 2019, negando las pretensiones y condenando en costas a la parte actora.

Para el efecto inició haciendo mención al debido proceso del que siempre se debe dar garantía y , respecto al proceso de responsabilidad fiscal, la

3 Fls. 1244 al 1247 c. ppal. 7 Expediente Físico 4 Fl. 1253 c. ppal. 7 Expediente Físico

se debe dar garantía y , respecto al proceso de responsabilidad fiscal, la

3 Fls. 1244 al 1247 c. ppal. 7 Expediente Físico 4 Fl. 1253 c. ppal. 7 Expediente Físico 5 Fls. 1275 al 1314 C. ppal. 7 Expediente FísicoTribunal Contencioso Administrativo del Huila Alfonso Artunduaga vs. Contraloría Departamental del Huila 410013333005 2015 00177 01 – Responsabilidad Fiscal

8

Ley 610 de 2000, lo ha definido como “el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas p or las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa un daño al patrimonio del estado”.

En cuanto al fallo que declara la responsabilidad fiscal del investigado, la Jurisprudencia del Consejo de Estado ha manifestado que es necesario que en el procedimiento concurran 3 elementos concomitantes: (i) Un elemento objetivo que consiste en que exista prueba que acredite con certeza, de un lado la existencia del daño al patrimonio público, y, de otro, su cuantificación. (ii) Un elemento subjetivo que evalúa la actuación del gestor fiscal y que implica que aquel haya actuado al men os con culpa grave. (iii) Un elemento de relación de causalidad, según el cual debe acreditarse que el daño al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor fiscal.

En materia de responsabilidad fiscal la Ley 610 de 2000, que establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las

acreditarse que el daño al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor fiscal.

En materia de responsabilidad fiscal la Ley 610 de 2000, que establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías, en su artículo 36 , precisó las causales de nulidad dentro del mencionado proceso, identificando las siguientes: i) La falta de competencia del funcionario para conocer y fallar, ii) La violación del derecho de defensa del implicado y iii) La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso.

Luego de hacer mención y análisis de las pruebas recaudadas, que en su mayoría hacen parte del proceso de responsabilidad fiscal, precisó que de acuerdo a lo establecido en la Ley 610 de 2000, el proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas efectuadas por las Contralorías, con la finalidad de establecer la responsabilidad tanto de servidores públicos como de particulares que en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, ya sea por acción u omisión cause de forma dolosa o culposa un detrimento al patrimonio público y que en su artículo 5º indica que la responsabi lidad fiscal estará integrada por una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal, un daño patrimonial causado al estado, y un nexo causal entre los dos elementos mencionados.

Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en la Ley 610 de 2000, toda providencia proferida en el proceso de responsabilidad fiscal debe fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas al proceso, y el daño patrimonial causado al Estado y la responsabilidad del investigado, podrán demostrase por cualquiera de los medios de prueba legalmente

providencia proferida en el proceso de responsabilidad fiscal debe fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas al proceso, y el daño patrimonial causado al Estado y la responsabilidad del investigado, podrán demostrase por cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos. De igual manera la prueba se debe apreciar de forma integral, de acuerdo a las reglas de la sana crítica y persuasión racional.Tribunal Contencioso Administrativo del Huila Alfonso Artunduaga vs. Contraloría Departamental del Huila 410013333005 2015 00177 01 – Responsabilidad Fiscal

9

Al respecto y en cuanto al análisis efectuado a las pruebas allegad as al proceso, advirtió que el cargo endilgado por la Contraloría Departamental del Huila obedece a la omisión del Tesorero de Empitalito E.S.P., señor Alfonso Artunduaga en la custodia, guarda y protección de los títulos valores – cheques - en la caja fuerte de la entidad, cargo que desempeña desde el 4 de enero de 1990, es decir que para la época de los hechos objeto de investigación ostentaba la calidad de gestor fiscal, toda vez, que tenía a su cargo la custodia y cuidado de los títulos valores de la entidad.

Que, de la Certificación expedida por la Jefe de la Unidad Administrativa, Presupuesto y Tesorería de “Empitalito”, se corroboró que el Acuerdo No. 021 de 2003, establece el manual de funciones de la entidad para el año 2009; manual que describ e la naturaleza del cargo como “Manejar y controlar los ingresos y egresos responsabilizándose del manejo y guarda de los fondos y títulos valores de la empresa, hacer el seguimiento del plan de caja y su

2009; manual que describ e la naturaleza del cargo como “Manejar y controlar los ingresos y egresos responsabilizándose del manejo y guarda de los fondos y títulos valores de la empresa, hacer el seguimiento del plan de caja y su ejecución y velar porque se mantengan actualizados los saldos”. De igual manera, dentro de las funciones y responsabilidades del Tesorero en el numeral 11, establece “Guardar y custodiar en caja fuerte los títulos valores”.

De conformidad a la anterior función que ostenta el Tesorero de la entidad Empitalito E.P.S., la Contraloría Departamental del Huila, en el fallo objeto de controversia, determinó su responsabilidad, lo cual explicó en uno de sus apartes, concluyendo el descuido que tuvo en el cuidado y custodia de los títulos valores.

De conformidad con lo expuesto, y analizando el material probatorio obrante dentro del proceso, corroboró que el señor Alfonso Artunduaga se encontraba en permiso legalmente concedido mediante memorando No. 112 del 23 de septiembre de 2009, para ausentarse del trabajo los días 24 y 25 de 2009, sin embargo, el memorando indicado no hacía alusión a la sustitución en otra persona o funcionario de las obligaciones o deberes del Tesorero en los días de su ausencia. Aunado a lo anterior, de la declaración testimonial rendida por el señor Manuel Antonio Rico Rincón en calidad de gerente de la entidad Empitalito E.S.P., el día 2 de marzo de 2011, dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 017/2010, coligió que no encargó a ningún funcionario de la institución de las funciones del Tesorero durante los días 24 y 25 de septiembre de 2009.

del proceso de responsabilidad fiscal No. 017/2010, coligió que no encargó a ningún funcionario de la institución de las funciones del Tesorero durante los días 24 y 25 de septiembre de 2009.

Que, de los testimonios re caudados, hay una contradicción entre lo manifestado por el señor Alfonso Artunduaga, quien afirma que los títulos valores siempre reposaban en la caja fuerte de la entidad y sus compañeras de oficina, señora María Del Carmen Tejada Rojas y Diana Carolina Molina Rivera, que expresan que nunca se utilizaba la caja fuerte para efectuar la custodia y vigilancia de los mismos, conducta que para el Despacho judicial fue la causa que conllevó a la pérdida de los cheques generándose de estaTribunal Contencioso Administrativo del Huila Alfonso Artunduaga vs. Contraloría Departamental del Huila 410013333005 2015 00177 01 – Responsabilidad Fiscal

10

manera el detrimento patrimonial causado a la entidad. Tanto así, que en la declaración rendida por María Del Carmen Tejada Rojas, es clara en decir que en catorce años que lleva laborando en la empresa los títulos valores se habían guardado en un archivador y la Practicante del SENA Diana Carolina Molina, indica que la caja fuerte existía, pero no la usaban para guardar las chequeras.

De otro lado, analizó sí el actuar del señor Alfonso Artunduaga obedeció al cumplimiento de una orden impartida por el Gerente de la entidad Empitalito E.S.P., señor Miguel Antonio Rico Rincón, en cuanto a dejar por fuera de la caja fuerte las chequeras para efectos de realizar pagos urgentes a

cumplimiento de una orden impartida por el Gerente de la entidad Empitalito E.S.P., señor Miguel Antonio Rico Rincón, en cuanto a dejar por fuera de la caja fuerte las chequeras para efectos de realizar pagos urgentes a terceros. Encontró que reposa el Oficio G-274 del 12 de marzo de 2010, suscrito por el Gerente se Empitalito E.S.P. y dirigido a la Jefe de la Oficina de Control Fiscal de La Contraloría Departamental Del Huila, lo que analizado, vislumbró inconsistencias con relación a la orden emitida por el Gerente de las Empresas Públicas de Pitalito y dirigida al señor Alfonso Artunduaga, de dejar por fuera de la caja fuerte las chequeras que fueron objeto de hurto, sin embrago, en la versión libre rendida el día 7 de octubre de 2011, se aclara que si se ordenó verbalmente dejar las cuentas que estaban con cheques listas para entregar a los beneficiarios, pero no fue cierto que hubiese autorizado dejar las chequeras de las cuentas corrientes No. 45304485501 y 45306006387.

En cuanto al material probatorio analizado, advirtió que si bien es cierto el hoy demandante se encontraba disfrutando de un permiso legalmente concedido, también lo es que nunca fue relevado de sus funciones y obligaciones, es decir, dentro del expediente se demostró que no fue separado de su obligación de custodia o salvaguarda de los títulos valores de propiedad de Empitalito E.S.P. Encontró probado que el demandante en su calidad de Tesorero de Empitalito E.S.P., no efectuó de manera formal la entrega de los títulos valores que tenía a su cargo; además , percibió que la actitud omisiva del demandante en cuanto a no guardar las

en su calidad de Tesorero de Empitalito E.S.P., no efectuó de manera formal la entrega de los títulos valores que tenía a su cargo; además , percibió que la actitud omisiva del demandante en cuanto a no guardar las chequeras en la caja fuerte dispuesta para tal fin, tal y como quedó demostrado, fue la causa que contribuyó de manera eficiente para que los títulos valores fueran hurtados, sin que por el hecho de encontrarse en la situación administrativa de permiso laboral, lo relevara de sus funciones de Tesorero.

Es decir, el ente investigador demostró en su integridad la conducta dolosa o cu