TA HUI - Sentencia 410013333005-2022-00503-01 (29-09-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Cuarta

Neiva, veintinueve de septiembre de dos mil veinticinco.

DEMANDANTE: ABEL ROJAS DÍAZ

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROVIDENCIA: SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN: 410013333005-2022-00503-01

PONENTE: RAMIRO APONTE PINO

ACTA: 079

I. EL ASUNTO1.

Resuelve la s ala el recurso de apelación instaurado por la parte accionada contra la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Administrativo de Neiva el 28 de septiembre de 2023.

II. ANTECEDENTES.

1. La demanda.

Actuando por conducto de apoderado judicial, el señor Abel Rojas Díaz promueve el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra La NaciónMinisterio de DefensaEjército Nacional, en procura de que se declare la nulidad del oficio RS20220207010429 del 7 de febrero de 2022 ; a través del cual, le negaron el incremento de la pensión de invalidez establecido para los veteranos en el artículo 23 de la Ley 1979 de 2019.

A título de restablecimiento del derecho, depreca que se reliquide la pensión de invalidez , teniendo en cuenta el 100% del último salario devengado como soldado profesional; en los términos del Decreto Ley 1794 de 2000 - artículos 1° y 2°.

pensión de invalidez , teniendo en cuenta el 100% del último salario devengado como soldado profesional; en los términos del Decreto Ley 1794 de 2000 - artículos 1° y 2°.

1 Atendiendo la petición formulada por la agente del Ministerio Público, en armonía con lo dispuesto en los artículos 63A de la Ley 270 de 1996 y 18 de la Ley 446 de 1998 (teniendo en cuenta la discapacidad del demandante); procede la sala a resolver el recurso de apelación instaurado por la parte accionada contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva el 27 de julio de 2023.Abel Rojas Díaz vs. Nación-Ministerio de Defensa 41001 33 33 005 2022 00503 01

2 A su vez, depreca que el reconocimiento y pago de las sumas adeudadas sea desde el 25 de julio de 2019 (fecha en que adquirió el derecho al incremento).

Finalmente, solicita que las sumas resultantes sean indexadas, que se condene en costas y que se le dé cumplimiento a la sentencia en los términos consagrados en los artículos 192 y 195 del Cpaca.

2. Fundamentación fáctica.

Como argumentos de orden fáctico -en esenciaaduce lo siguiente:

a. Fue miembro del Ejército Nacional y retirado en condiciones de discapacidad, por actos meritorios del servicio en combate, por acción directa del enemigo2.

b. El 10 de diciembre de 2004, el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía le dictaminó una disminución de su capacidad laboral

directa del enemigo2.

b. El 10 de diciembre de 2004, el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía le dictaminó una disminución de su capacidad laboral del 63.68%; imputable al servicio, por causa y razón del mismo (literal b del decreto 1796 del 2000):

“Afección-1: Cicatrices hipertróficas con defecto estético mínimo sin repercusión funcional. Afección-2: Hipoacusia OD 43ab, OI 90db. Afección-3: Apoyo doloroso pie izquierdo por fractura segundo dedo. Afección -4: Dolor de rodilla derecho. Afección-5: Fractura dental 13, 41 y 42 anodoncia. Afección-6: Trastorno stress postraumático”.

c. Mediante resolución 3321 del 27 de septiembre de 2005 , le reconocieron la pensión de invalidez, por el 50% de lo devengado como soldado profesional.

d. Posteriormente, el Congreso de la República expidió la Ley 1979 del 25 de julio de 2019 “…por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan beneficios a los veteranos de la Fuerza Pública y se dictan otras disposiciones”, reconociend o el incremento de la pensión al 100% del último salario devengado, a los soldados e infantes de marina que se hubieran pensionado por la invalidez causada en actos meritorios del servicio, en combate , por acción directa del enemigo (entre otras causas).

2 “De acuerdo al Informativo Administrativo por Lesión No. 031 del 14 de mayo de 2001, mientras se

servicio, en combate , por acción directa del enemigo (entre otras causas).

2 “De acuerdo al Informativo Administrativo por Lesión No. 031 del 14 de mayo de 2001, mientras se encontraba durmiendo el señor Rojas Díaz, se sintió una fuerte explosión en el alojamiento, iniciando un incendio, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospita l Regional de la localidad. Sufriendo quemaduras de II grado por la onda explosiva, presentando quemaduras en el rostro, extremidades, siendo necesaria su remisión a hospital de IV nivel. imputándole dicha lesión al Literal b del Decreto 1796 del 2000, es decir, en el servicio por causa y razón del mismo”.Abel Rojas Díaz vs. Nación-Ministerio de Defensa 41001 33 33 005 2022 00503 01

3 e. Acreditando su condición de veterano (mediante certificado 2382MDVGSEDBDBSS el 20 de noviembre de 2020), el 25 de julio de 2021 le solicitó a la accionada el incremento establecido en la referida norma.

f. A través de la resolución RS20220207010429 del 7 de febrero de 2022, el coordinador del grupo de prestaciones sociales de la entidad, le negó lo peticionado ; argumentando que su lesión no fue imputable a las circunstancias del literal c del Decreto 1796 del 2000.

3. Fundamentación legal.

Como sustento de las pretensiones, invoca la siguiente normatividad:

• Constitución Política: artículos 1, 2, 6, 11, 53 y 90. - Ley 4 de 1992: Artículo 138 y ss.

Como sustento de las pretensiones, invoca la siguiente normatividad:

• Constitución Política: artículos 1, 2, 6, 11, 53 y 90. - Ley 4 de 1992: Artículo 138 y ss. - Decreto 1796 de 2000. - Ley 1979 de 2019: art. 23.

Apoyándose en el pronunciamiento proferido por el Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué del 26 de abril de 2022, considera que cumple los dos requisitos consagrados en la Ley 1979 de 2019 para ser beneficiario del incremento pensional: i) las lesiones devienen del servicio y ii) proceden de una acción directa del enemigo.

Citando pronunciamientos del H. Consejo de Estado3 y del Juzgado Sexto Administrativo de Neiva4, solicita la aplicación del principio in dubio pro operario, considerando que las lesiones se circunscriben en el literal b5 y en el c6 del artículo 24 del Decreto 1796 de 2000. Y a pesar de que la imputación se limitó al literal b, la lesión se originó en el servicio y por

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”,

Consejero Ponente: Gabriel Valbuena Hernández, Bogotá D.C, siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021), radicación número: 25000 -23-42-000-2013-06454-01(1353-17), actor: Miguel Ángel Manrique Sánchez, demandado: Ministerio de Defensa Nacional - Caja de Sueldos de Retiro de

la Policía Nacional.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero

Ángel Manrique Sánchez, demandado: Ministerio de Defensa Nacional - Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente: William Hernández Gómez, Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintiuno (2021), radicación número: 50001 -23-31-000-2010-00461-01(6256-19), actor: Hernán Darío Morales Velásquez, demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.

4 Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva, demandante: Henry Alirio Upegui García, demandado: Nación -Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, medio de control: nulidad y restablecimiento del derecho, radicación: 41001333300620210015600.

5 “b. En el servicio por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad profesional y/o accidente de trabajo”.

6 “c. En el servicio como consecuencia del combate o en accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional”.Abel Rojas Díaz vs. Nación-Ministerio de Defensa 41001 33 33 005 2022 00503 01

4 causa directa del enemigo (único presupuesto que exige la ley para el incremento pensional):

“Contrastando los textos previamente transcritos (artículo 23 de la Ley 1979 de 2019 y artículo 2.3.1.8.3.2.2 del Decreto 1345 de 2020), hay una diferencia

incremento pensional):

“Contrastando los textos previamente transcritos (artículo 23 de la Ley 1979 de 2019 y artículo 2.3.1.8.3.2.2 del Decreto 1345 de 2020), hay una diferencia entre los mismos, en los que, como lo mencioné, se pretendía cerrar la puerta para el acceso al beneficio a las lesiones u afecciones de origen común o enfermedades profesionales sufridas en servicio, de las que se generan en combate o en accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional, de tal manera que si una persona sufría lesiones como las consagradas en el literal C del artículo 24 del Decreto 1796 del 2000, pero además como consecuencia o no de las mismas sufría en servicio cualquier otro tipo de l esión u afección (enfermedad profesional) solo le tendrían en cuenta la imputadas por el referido literal, trayendo como consecuencia la pérdida del derecho a acceder al beneficio otorgado por la denomina “Ley del Veterano”.

No se puede desconocer un derecho a una persona por el simple hecho de dar una interpretación amañada a la norma y olvidando, además, la supremacía normativa, pues claramente no se puede sobrepasar y mucho menos desechar o excluir en normas de inferior rango como los decretos reglament arios, la órbita de los mandatos legales.

Adicionalmente, es menester resaltar la aplicación del principio in dubio pro operario, por lo que se torna ineludible traer a colación lo argumentado por el Consejo de Estado en providencia de fecha 7 de octubre de 20217, recordando la jurisprudencia

Adicionalmente, es menester resaltar la aplicación del principio in dubio pro operario, por lo que se torna ineludible traer a colación lo argumentado por el Consejo de Estado en providencia de fecha 7 de octubre de 20217, recordando la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que expresó que dicho principio se aplica cuando exista más de una interpretación de una norma vigente debiendo escogerse aquella que sea más favorable al trabajador, así: (…) Además, el Consejo de Estado en providencia de fecha 20 de mayo de 2021, destacó la integralidad de la calificación que debe realizarse a los miembros de la fuerza pública, de manera que no puede excluirse de las mismas patologías que no fueron adquiridas directamente por el servicio, pues si existe una invalidez material no puede anteponerse barreras formales, sino que esta debe ser declarada:

Los principios previamente mencionados deben ser aplicados al presente caso, pues si bien dentro de la evaluación pueden existir clasificaciones del evento o la enfermedad y sobre cada una de ellas se pueda realizar una ponderación individual, la invalidez es una sola, no puede ser desmembrada, y en el presente caso para el acceso a un be neficio legal generar una restricción que la ley no ordenó, es una acción prohibida pues, si el legislador buscaba esa intensión habría dispuesto la inclusión de la palabra “únicamente”, “exclusivamente”, etc., pero su descripción legal es “originada”8. (…) Las dos circunstancias antes explicadas, vulneran de manera directa el derecho que le otorga al señor A bel Rojas Díaz el artículo 23 de la Ley 1979 de 2019, pues se

legal es “originada”8. (…) Las dos circunstancias antes explicadas, vulneran de manera directa el derecho que le otorga al señor A bel Rojas Díaz el artículo 23 de la Ley 1979 de 2019, pues se

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”,

Consejero Ponente: Gabriel Valbuena Hernández, Bogotá D.C, siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021), radicación número: 25000 -23-42-000-2013-06454-01(1353-17), actor: Miguel Ángel Manrique Sánchez, demandado: Ministerio de Defensa Nacional - Caja de Sueldos de Retiro de

la Policía Nacional.

8 Ibidem.Abel Rojas Díaz vs. Nación-Ministerio de Defensa 41001 33 33 005 2022 00503 01

5 está evitando a toda costa que se integren como debe ser, las lesiones y afecciones sufridas por mi prohijado en actos meritorios del servicio y en combate por acción directa del enemigo, lo cual se traduce en lesiones originadas tanto del literal B como del literal C del artículo 24 del Decreto 1796 del 2000, que finalmente conllevaron al reconocimiento de una pensión de inva lidez” (Samai, índice 3, primera instancia).

4. La oposición.

Después de hacer un recuento del régimen aplicable a los soldados profesionales, se refiere a los argumentos contenidos en el acto acusado; destacando, que, para reliquidar la pensión, el artículo 23 de la Ley 1979 de 2019 exige que las lesiones se hayan generado en las

profesionales, se refiere a los argumentos contenidos en el acto acusado; destacando, que, para reliquidar la pensión, el artículo 23 de la Ley 1979 de 2019 exige que las lesiones se hayan generado en las circunstancias establecidas en el literal c de la Ley 1796 de 2000 . Y en razón a que las lesiones del demandante se calificaron en los términos del literal b , no cumple el presupuesto para ser beneficiario del incremento. Máxime, si se tiene en cuenta que el informe administrativo de lesión no fue objetado por el demandante:

“De esta manera, podemos concluir, que al existir una clara diferencia entre las condiciones de literal b y literal c, no puede generarse ninguna duda, en las exigencias del art. 23 de la ley 1979/2019, y que conllevan a ubicarnos en el LITERAL C, por lo que no existe razón al actor en su manifes tación y menos pretensión, máxime cuando es claro que sus lesiones o afecciones se originaron en las causales del literal B y no en las descritas en el literal C, que es al que hace referencia la norma en que invoca sus pretensiones.

Así las cosas, el acto demandado se encuentra debidamente ajustada a derecho, pues se emitió con fundamento en las normas vigentes sobre la materia para el momento de su expedición. Sumando a esto, no acredita las causales de nulidad en que pide dejar sin efectos el acto acusado; es decir, no desvirtúa la presunción de legalidad otorgada a los actos administrativos, fundamentada en el artículo 88 del C.P.C.A., y en la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el particular,

legalidad otorgada a los actos administrativos, fundamentada en el artículo 88 del C.P.C.A., y en la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el particular, nos lleva a concluir, que todos los actos administrativos por presunción legal se entienden ajustados a la normatividad y adoptados en aras de mejorar el servicio público que presta cada entidad. Presunción que tiene como respaldo el principio de defensa y búsqueda del interés general, que corresponde cumplir a cada servidor público y que no pierde vigencia.

Recordándose finalmente que, dada esta presunción es al demandante al que le corresponde probar la ocurrencia de una o varias de las causales de anulación de los actos administrativos, que se encuentran consagradas taxativamente en la ley. Así las cosas, el acto sobre el cual se solicita la nulidad no puede ser declarado nulo ya que tiene soporte no solo en la legislación colombiana que se encontraba vigente para la época de los hechos, sino que se encuentra debidamente en firme (Samai, índice 18, primera instancia).Abel Rojas Díaz vs. Nación-Ministerio de Defensa 41001 33 33 005 2022 00503 01

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5. El trámite surtido

En audiencia realizada el 11 de mayo de 2023, el a quo fijó el litigio, incorporó los documentos allegados al proceso, y le solicitó a la dirección de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa que allegara copia del expediente administrativo del demandante (Samai, índice 27, primera instancia).

En la audiencia de pruebas se incorporó lo solicitado, y se corrió traslado para alegar de conclusión (Samai, índice 38, primera instancia).

expediente administrativo del demandante (Samai, índice 27, primera instancia).

En la audiencia de pruebas se incorporó lo solicitado, y se corrió traslado para alegar de conclusión (Samai, índice 38, primera instancia).

6. Alegaciones de conclusión en primera instancia.

a. Parte actora.

Insiste en los argumentos expuestos en la demanda. Solicita la aplicación de los principios de igualdad, favorabilidad, pro homine e in dubio pro operario; recordando que el artículo 23 de la Ley 1979 de 2019, solo se refiere a que la pensión de invalidez sea consecuencia de un acto del servicio, sin condicionar qué el porcentaje de disminución sea exclusivo a este.

Destaca, que los presupuestos que se deben satisfacer se limitan a que la invalidez se haya derivado i) en actos meritorios, ii) en combate o iii) en accidente, iv) por acción directa del enemigo, v) en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o vi) en conflicto internacional, “sin que sea admitido la división de la invalidez según el evento, sino por el motivo o causa que permite afirmar la no aptitud laboral” (Samai, índice 40, primera instancia).

b. Parte demandada.

Reitera los argumentos esbozados al descorrer el traslado de la demanda; es decir, que el artículo 23 de la Ley 1979 de 2019 incrementó las pensiones de invalidez que se generaron en las circunstancias del literal c de la Ley 1796 de 2000. Y teniendo en cuenta que las afecciones del demandante se calificaron en el literal b (y esa decisión no fue

las pensiones de invalidez que se generaron en las circunstancias del literal c de la Ley 1796 de 2000. Y teniendo en cuenta que las afecciones del demandante se calificaron en el literal b (y esa decisión no fue objetada); es evidente que no cumple el presupuesto para acceder al reajuste de la mesada (Samai, índice 41, primera instancia).

c. Ministerio Público.

No rindió concepto (Samai, índice 42, primera instancia).Abel Rojas Díaz vs. Nación-Ministerio de Defensa 41001 33 33 005 2022 00503 01

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7. El fallo impugnado.

A través del fallo impugnado el a quo declaró la nulidad del oficio RS20220207010429 del 7 febrero 2022, y a título de restablecimiento del derecho, le ordenó a la Nación – Ministerio de Defensa “el REAJUSTE de la pensión de invalidez al señor ABEL ROJAS DIAZ, identificado con la C.C. No. 7713193, a partir del 25 de julio de 2019, al último salario devengado por el uniformado estando en servicio activo, con los factores devengados y reconocidos, en atención a lo estipulado en el Artículo 23 de la Ley 1979 de 2019”.

En esencia, analizó el marco normativo que regula el reajuste de la pensión de invalidez de los veteranos de la fuerza pública (Ley 1979 de 2019, artículo 23 y su Decreto Reglamentario 1345 del 10 de octubre de 20209), y apoyándose en la sentencia de constitucionalidad C-271 del 28 de julio de 2022 , concluyó que al demandante le asiste el derecho al

2019, artículo 23 y su Decreto Reglamentario 1345 del 10 de octubre de 20209), y apoyándose en la sentencia de constitucionalidad C-271 del 28 de julio de 2022 , concluyó que al demandante le asiste el derecho al incremento pensional, porque acreditó estar pensionado por invalidez y solicitó el reajuste de la pensión.

“23. Las pruebas obrantes en el plenario dan cuenta de que el actor ABEL ROJAS DIAZ, identificado con documento de identidad No. 7713193, prestó sus servicios al Ejército Nacional, y que le fue reconocida una pensión de invalidez, mediante la Resolución No. 3321 del 27 de septiembre de 2005, la cual fue reajustada mediante Resolución 4441 del 19 de mayo de 2021, por lo que se demo stró, y no es materia de discusión, la calidad de beneficiario de la prestación de pensión por invalidez, así mismo, se encuentra acreditado la calidad de veterano de la Fuerza Pública y/o acredita su condición de beneficiario de la Ley 1979 de 2019 confor me a lo establecido en los artículos 2º y 4º de la misma, según certificado expedido por la Directora de Bienestar Sectorial y Salud del Ministerio de Defensa Nacional.

24. Así mismo, se probó que el actor, solicitó a la Nación - Ministerio de Defensa, el reajuste de su pensión de invalidez, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1979 de 2019 y que la misma fue negada, cumplimento con esto, con el segundo requisito para acceder al reajuste, esto es, que el pago debe hacerse a solicitud de parte.

la Ley 1979 de 2019 y que la misma fue negada, cumplimento con esto, con el segundo requisito para acceder al reajuste, esto es, que el pago debe hacerse a solicitud de parte.

25. Bajo estos supuestos, para el Despacho resulta claro, que el artículo 23 de la Ley 1979 del 2019, es aplicable y el actor es beneficiario del reajuste de su pensión de invalidez y por tanto, tiene derecho a que se reconozca a su favor el reajuste de su pensión de invalidez, esto es, se incremente al último salario devengado por el uniformado estando en servicio activo.

26. De acuerdo a lo probado y de conformi dad con el marco normativo y jurisprudencial antes descrito, considera el despacho que en virtud del principio de favorabilidad y en desarrollo del principio de igualdad es procedente aplicar el incremento solicitado por el actor frente a su pensión de inv alidez, toda vez que cumple con los requisitos establecidos, esto es; que sean pensionados por invalidez, originada en el servicio como consecuencia de actos meritorios del mismo, en combate o en accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto

9 Artículos 2.3.1.8.1.2, 2.3.1.8.3.2.1, 2.3.1.8.3.2.2, 2.3.1.8.3.2.6 y 2.3.1.8.3.2.7.Abel Rojas Díaz vs. Nación-Ministerio de Defensa 41001 33 33 005 2022 00503 01

8 internacional, tendrán derecho a partir de la vigencia de la presente ley, a que el

41001 33 33 005 2022 00503 01

8 internacional, tendrán derecho a partir de la vigencia de la presente ley, a que el valor de la pensión de invalidez se incremente al último salario devengado por el uniformado estando en servicio activo y que dicho incremento únicamente se reconocerá y pagará a solicitud de parte” (Samai, índice 43, primera instancia).

8. La impugnación.

Inconforme, la entidad accionada impugnó la sentencia; insistiendo que el actor no acreditó que las lesiones se causaran en las circunstancias señaladas en el literal c del artículo 24 del Decreto 1796 de 200 0 (presupuesto exigido por el artículo 23 de la Ley 1979 de 2019):

“Contrario a lo expresado por el actor, están claros los motivos por los cuáles se negó el reajuste solicitado y que es bien sabido, corresponden a causas legales debidamente soportadas en el trámite pertinente que antecedió al mismo y plasmadas en el acto administrativo demandado, concretamente al no cumplir con los requisitos exigidos en la norma fundamento de sus pretensiones, Máxime cuando sus efectos no cobijan al caso del actor, incluso llama la atención que el despacho señale que se cumple los requisitos, cuándo solo se detuvo en acreditar la petición de parte y la calidad de veterano, sin realizar el análisis de las condiciones exigidas en el art.23 de la ley 1979/2019 y su decreto reglamentario, como acreditar que las lesiones o afecciones que conllevaron a la disminución y reconocimiento de pensión devienen de circunstancias calificadas en literal c, como son las lesiones derivadas

lesiones o afecciones que conllevaron a la disminución y reconocimiento de pensión devienen de circunstancias calificadas en literal c, como son las lesiones derivadas de actos meritorios del mismo, combate o en accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional.

Circunstancias, que no se encuentran acreditadas y de las que omitió su análisis el despacho, sumado a esto, revisada el acta de junta y tribunal médico laboral, vemos que estas condiciones no pueden ser acreditadas debido a que sus lesiones fueron calificadas en literal c, y revisado el informe de lesión que obra en el expediente No.031/2001, encontramos que los hechos se dieron cuándo el actor se encontraba durmiendo en el alojamiento y debido a una explosión e incendio en el alojamiento, lo que generó la calificación en el literal B, pues claramente el actor, no se encontraba realizando actos meritorios o desplegando un combate y menos en enfrentamiento con el enemigo, ni realizando tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o conflicto internacional, sino que como bien lo registro el informe fue un hecho aislado y al momento del mismo, el actor se encontraba durmiendo.

En consecuencia, no es válido el argumento del despacho, y menos cuando no valoro todos los requisitos exigidos en la norma invocada por el demandante” (Samai, índice 45, primera instancia).

9. Alegaciones de conclusión en segunda instancia.

a. Parte actora.

Guardó silencio.Abel Rojas Díaz vs. Nación-Ministerio de Defensa 41001 33 33 005 2022 00503 01

9. Alegaciones de conclusión en segunda instancia.

a. Parte actora.

Guardó silencio.Abel Rojas Díaz vs. Nación-Ministerio de Defensa 41001 33 33 005 2022 00503 01

9 b. Nación - Ministerio de Defensa.

No se pronunció.

c. Ministerio Público.

No rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES.

1.- La competencia del ad quem.

Con base en la facultad confer ida en el artículo 153 del Cpaca , y en razón a que el fallo fue impugnado únicamente por la parte demandada, al tenor de lo dispuesto por el artículo 328 del Código General del Proceso10, únicamente se abordará el análisis de los reparos formulados en la apelación.

2. El problema jurídico.

El asunto sub examine se contrae a establecer si debe revocar la sentencia de primera instancia; en particular, precisar si para acceder al incremento de la mesada pensional se requiere que las lesiones que generaron la invalidez se hayan generado en las circunstancias establecidas en el literal c del artículo 24 del Decreto 1796 de 2000.

3. El caso concreto.

En el asunto sub examine se encuentra acreditado lo siguiente:

a. El señor Abel Rojas Díaz se vinculó al Ejército Nacional el 30 de octubre de 1998. Prestó el servicio militar hasta el 27 de noviembre de 1999, fungió en calidad de soldado voluntario del 1° de mayo de 2000 al 31 de octubre de 2003 , y como soldado profesional hasta el 1° de abril de 2005.

1999, fungió en calidad de soldado voluntario del 1° de mayo de 2000 al 31 de octubre de 2003 , y como soldado profesional hasta el 1° de abril de 2005.

En total, sirvió en las filas castrenses durante 5 años, 10 meses y 22 días (Samai, índice 30, pág. 10, primera instancia).

10 Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos , el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.Abel Rojas Díaz vs. Nación-Ministerio de Defensa 41001 33 33 005 2022 00503 01

10 b. El 14 de mayo de 2001, se presentó una explosión en el alojamiento donde se encontraba durmiendo, causando un incendio que le ocasionó quemaduras de segundo grado en la cara, lesiones de esquirla en la cara, lesiones a nivel de cartílago nasal, quemaduras en el antebrazo, y pie neurológico, sin déficit.

En el informe administrativo por lesiones , emitido por el Ejército Nacional, se consignó que las lesiones se causaron en el servicio y por causa y razón del mismo (Decreto 1796, artículo 24, literal b):

“CONCEPTO COMANDANTE UNIDAD

Nacional, se consignó que las lesiones se causaron en el servicio y por causa y razón del mismo (Decreto 1796, artículo 24, literal b):

“CONCEPTO COMANDANTE UNIDAD

El soldado profesional alumno ROJAS DÍAZ ABEL CM. 7713 193 día 14 de mayo del 2001, siendo aproximadamente las 22:00 horas se encontraba durmiendo en el alojamiento del curso extraordinario, cuando se escuchó una explosión, al instante se inició un incendio en el aloj amiento, hubo desconcierto por la explosión, inmediatamente fue trasladado al Hospital Regional de la localidad de Pitalito.

CONCEPTO MÉDICO.

Según concepto médico el paciente sufrió quemaduras de II grado por onda explosiva al examen físico FC.98 TC: 110/60 FR:16x. Quemaduras en cara, lesiones esquirla en cara, lesiones a nivel de cartílago nasal, extremidades: quemadura en antebrazo y pies neurológico sin déficit. Valorado por cirugía quien realiza lavado y desbridamiento decidiendo remitir a Hospital I V nivel, abdomen pared anterior y posterior miembro inferiores: muslos: quemadura en región anterior. Neurológico sin alteraciones. Se pasa a cirugía donde realizan lavado y desbridamiento en zonas de quemadura se decide remitir a hospital de IV nivel.

De acuerdo al Decreto 1796, artículo 24, literal b, la lesión del SLPA ROJAS DÍAZ ABEL, ocurrió en el servicio por causa y razón del mismo” (Samai, índice 37, pág. 22, primera instancia).

c. El 24 de abril de 2004 , la Junta Médica Laboral de la Dirección de

ABEL, ocurrió en el servicio por causa y razón del mismo” (Samai, índice 37, pág. 22, primera instancia).

c. El 24 de abril de 2004 , la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional valoró los conceptos emitidos por las especialidades de otorrinolaringología, oftalmología, ortopedia y cirugía plástica, y rindió el siguiente informe:

“A. Diagnóstico positivo de las lesiones o afecciones.

1. POSTERIOR A EXPLOSIÓN SUFRE TRAUMA ACUSTICO Y MULTIPLES

QUEMADURAS EN CARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES Y ABDOMEN.

TRATADO POR OTORRINOLARINGOLOGÍA, CIRUGÍA PLÁSTICA Y ORTOPEDIA