TA HUI - Sentencia 410013333005-2014-00517-01 (02-09-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, dos (02) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADO PONENTE : JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO RADICACIÓN : 410013333005-2014-00517-01

DEMANDANTE : VICTOR JAIME CABALLERO BASTIDAS

DEMANDADO : MUNICIPIO DE GARZÓN MEDIO DE CONTROL : CONTROVERSIA CONTRACTUAL SENTENCIA No. : 020917925/CC 05202

ACTA No. : 76 DE LA FECHA

1. ASUNTO.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 28 de febrero de 2019 por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, donde se niegan las pretensiones.

2. ANTECEDENTES DE LA PRIMERA INSTANCIA.

2.1. Posición de la parte actora (f. 1 a 9, 753 a 761, 764).

2.1.1. El señor Víctor Jaime Caballero Bastidas inter pone el medio de control de controversias contractuales contra el municipio de Garzón, solicita declarar que, en el contrato de concesión de la plaza de mercado de Garzón No. 450002 de 2007 no se le permitió llevar a cabo la explotación de l lugar por circu nstancias imprevisibles y se presentó la renuencia de la demandada en actualizar su reglamento interno.

En consecuencia, incoa que se le condene a pagarle de forma actualizada : i) $40’155.747 por el desequilibrio económico causado por el incumplimiento de la

reglamento interno.

En consecuencia, incoa que se le condene a pagarle de forma actualizada : i) $40’155.747 por el desequilibrio económico causado por el incumplimiento de la cláusula 2 literal A numeral 1 del contrato de concesión No. 450002 de 2007, ii) $75’849.176 por el 15% de desocupación de la plaza de mercado que no pudo explotar y no estaba en la obligación de asumir y, iii) Las diferencias que resulten probadas por: “ el aumento excesivo de las cuotas de participación que debía pagar el concesionario al ente municipal en proporción al IPC expedido por el DANE y con el aumento del arriendo autorizado por el municipio de Garzón al demandante”.RADICACIÓN: 410013333005-2014-00517-01

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2 2.1.2. En e l fundamento fác tico señala que el 1° de septiembre de 2007 celebró el referido contrato de concesión sobre el edificio y las instalaciones de la plaza de mercado de Garzón, con una duración de 5 años contados a partir de su suscripción.

La cláusula 2 literal A numeral 1 del contrato, estableció que la demandada tenía la obligación de entregar el estado del bien con: “las anexidades, servidumbres y usos actuales, incluidos los contratos y derechos existentes con los actuales usuarios de la plaza de mercado, conforme al inventario anexo (…)”.

El municipio no le hizo entrega de los contratos de arrendamiento de los usuarios y por ello no pudo ejercer las acciones administrativas o judiciales para recuperar

usuarios de la plaza de mercado, conforme al inventario anexo (…)”.

El municipio no le hizo entrega de los contratos de arrendamiento de los usuarios y por ello no pudo ejercer las acciones administrativas o judiciales para recuperar la cartera morosa contra los arrendatarios deudores, que con corte a l 31 de diciembre de 2010 era de $84’809.666 para los arrendatarios antiguos, de los cuales $40’155.747 corresponden al valor castigado por el no pago del canon, así lo prueban los rechazos de demandas que instauró para cobrarlos, donde se argumentó que no contaba con legitimación para actuar y así los arrendatarios desconocieron la obligación que tenían.

De otro lado, la cláusula 2 literal A numeral 2 del contrato de concesión, contiene la obligación de la demandada de prestarle colaboración para el cumplimiento del contrato, pero su actividad se vio truncada porque el literal B ejusdem, indica que se permitiría la actividad de comercialización dentro de la plaza a las personas seleccionadas por el procedimiento previsto en el reglamento de funcionamiento adoptado por el Decreto 127 de 1998, el cual resultaba ineficaz e insuficiente para el manejo admi nistrativo de las instalaciones, por ejemplo establecía que el “planchón campesino” sería utilizado por personas de origen campesino, pero como no existía un reglamento interno estaba siendo ocupado por intermediarios.

Por lo anterior, el 16 y 27 de marzo y el 15 de julio de 2009, solicitó a la alcaldía modificar el reglamento interno para remediar situaciones como la morosidad y las ubicaciones de la plaza, pero no fue atendido.

De otro lado, la desocupación de la plaza fue superior al 15%, máximo porcentaje

modificar el reglamento interno para remediar situaciones como la morosidad y las ubicaciones de la plaza, pero no fue atendido.

De otro lado, la desocupación de la plaza fue superior al 15%, máximo porcentaje que contemplaba la propuesta de la licitación y no recibió herramientas para revertir la situación, por el contrario, la cuota de participación aumentóRADICACIÓN: 410013333005-2014-00517-01

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3 desproporcionadamente y no le autorizaron incrementar anualmente los cánones de arrendamiento que debían pagar los usuarios de la plaza.

2.1.3. En el concepto de violación , indica que la demandada afectó sus intereses económicos y patrimoniales porque incumplió las obligaciones contractuales al no actualizar el reglamento interno de la plaza de mercado contenido en el Decreto 127 de 1998, pues no permitió una gestión eficiente, no pudo legalizar a los ocupantes del espacio o cobrar las acreencias, además , durante el contrato el porcentaje de desocupación de los locales superó el 15%, máximo índice aceptado en su oferta.

Considera trasgredido el artículo 1602 del Código Civil, porque la demandada no cumplió las obligaciones contractuales a su cargo , extralimitó sus atribuciones y debe repararlo en concordancia con los artículos 50 y 51 de la Ley 80 de 1993 , pues el equilibrio financiero del contrato debe proteger tanto al contratista como a la entidad estatal y las afectaciones sufridas como concesionario no pu eden considerarse parte del riesgo normal del negocio, dado que fueron provocadas por la inacción y omisiones de la administración.

a la entidad estatal y las afectaciones sufridas como concesionario no pu eden considerarse parte del riesgo normal del negocio, dado que fueron provocadas por la inacción y omisiones de la administración.

2.1.4. Al alegar de conclusión (f. 895 a 898, C.P.5), manifiesta que el municipio de Garzón con sus facultades excepcionales y exorbitantes impidió el desarrollo de su labor como concesionario y con ello la obtención de ganancias o beneficios económicos en el contrato, generando una desigualdad entre los derech os y obligaciones de las partes, alterando la conservación de la ecuación financiera del contrato.

Insiste en que la demandada no le entregó la documentación necesaria para exigir el cumplimiento de obligaciones de los usuarios de la plaza de mercado y se abstuvo de adoptar medidas para repararlo, pues solicitó al alcalde y al concejo municipal de Garzón modificar el reglamento interno y no fue atendido, por lo que tuvo que permanecer en un desgaste procesal para establecer los extremos temporales de las relaciones contractuales existentes. Tampoco lo facultó para aumentar el canon de arrendamiento a los usuarios y por el contrario era desproporcionado lo que debía pagar como concesionario porque aumentó la cuota de participación.RADICACIÓN: 410013333005-2014-00517-01

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4 2.2. Posición de la parte demandada.

2.2.1. Guardó silencio según constancia secretarial del 2 de junio de 2015 (f. 784, C.P.4).

4 2.2. Posición de la parte demandada.

2.2.1. Guardó silencio según constancia secretarial del 2 de junio de 2015 (f. 784, C.P.4).

2.2.2. Al alegar de conclusión (f. 899 a 903, C.P.5) , señala que no se ha demostrado el desequilibrio económico, pues la administración no realizó actuaciones imprevisi bles que afectaran al contratista y no se demostró la afectación que reclama.

Manifiesta que el 1° de septiembre de 2007 celebró el contrato de concesión con el demandante, el 19 “de diciembre ” (sic) de 2007 recibió el edificio y las instalaciones de la plaza de mercado en buen estado y con servicios a paz y salvo y aceptó su estado , pues antes había sido el administrador, de manera que conocía su estado real, movimientos financieros, índice de ocupación de los locales y el comportamiento de pago de los arrendatarios.

Durante el contrato dio trámite a las solicitudes del actor, el 5 de marzo de 2008 realizó una adición al contrato para facilitar la reparación del techado de un sector de la plaza y, mediante Otrosí No. 1 (sin indicar fecha) , le dio facultades de ejecutar a los arrendatarios incumplidos y obte ner la restitución de los local es comerciales, de manera que sí tenía facultades para reclamar por vía judicial los cánones de arrendamiento.

No accedió a la solicitud del 23 de noviembre de 2009 del actor con la que pretendía restablecer la ecuación con tractual, aduciendo el hecho del príncipe ,

cánones de arrendamiento.

No accedió a la solicitud del 23 de noviembre de 2009 del actor con la que pretendía restablecer la ecuación con tractual, aduciendo el hecho del príncipe , porque las condiciones socioeconómicas variaron por la caída de las pirámides y por ello no estaba recibiendo el pago de los cánones, pero dichos argumentos no corresponden al hecho del príncipe, pues no era atribuible a la administración.

Añade que no puede alegar el desconocimiento del ajuste a la participación anual porque aceptó las condiciones en etapa precontractual sin observaciones al pliego de condiciones. Además, la Procuraduría 89 judicial 1 administrativa adscrita a los juzgados administrativos consideró en audiencia de conciliación que no existía un desequilibrio económico del contrato y solicitó al comité de conciliación del municipio reconsiderar la fórmula de arreglo planteada , porque se estaríaRADICACIÓN: 410013333005-2014-00517-01

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5 responsabilizando al municipio de un riesgo que asumió el actor al licitar y aceptar la calidad de cesionario, lo que estaría en contra del patrimonio público.

2.3. Posición del ministerio público.

No emitió concepto según constancia secretarial de abril 7 de 2017 (f. 904).

2.4. Sentencia de primera instancia.

El Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, en sentencia del 28 de febrero de 2019, decide negar las pretensiones de la demanda (resolutivo 1°) y condenar en costas a la parte actora, fijando como a gencias en derecho el 2% de las

2019, decide negar las pretensiones de la demanda (resolutivo 1°) y condenar en costas a la parte actora, fijando como a gencias en derecho el 2% de las pretensiones planteadas en la demanda (resolutivo 2°).

Para arribar a lo anterior, argumenta que las partes tienen legitimación para actuar y no se causó la caducidad, pues el contrato de concesión se legalizó el 5 de septiembre de 2007 con un plazo de 5 años y la demanda se promovió el 3 de septiembre de 2014, antes del vencimiento de los 2 años siguientes a su finalización.

Analiza el principio de equilibrio económico del contrato estatal en cumplimiento del artículo 27 de la Ley 80 de 1993 y la teoría de la imprevisión, para continuar con las pruebas allegadas al proceso y señalar que el contrato de concesión No. 45002 del 24 de junio de 2002, se ejecutó a cabalidad porque el contratista prestó el servicio público de la administración y manejó la plaza de mercado de Garzón conforme a las condiciones y objeto del contrato.

Señala que el 6 de julio de 2011 el actor radicó su oferta a la licitación donde estimó un porcentaje máximo de desocupación de los locales del 15% y el señor Carlos Fernando Arroyo Marlés, contador público encargado de realizar los estudios financieros de la plaza de mercado, indicó que del 10% al 15% de los locales permanecieron desocupados durante la concesión, lo que demuestra que el demandante ya conocía el riesgo que estaba asumiendo con su contrato y así lo estimó en su propuesta.

Además, las condiciones de la licitación advertían que debía considerar las

locales permanecieron desocupados durante la concesión, lo que demuestra que el demandante ya conocía el riesgo que estaba asumiendo con su contrato y así lo estimó en su propuesta.

Además, las condiciones de la licitación advertían que debía considerar las variables de orden técnico, ambiental, social y económico, por eso , aunque laRADICACIÓN: 410013333005-2014-00517-01

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6 desocupación de los locales es un hecho externo, no fue del todo imprevisible o afectó de una forma excesiva la ecuación económica del contrato, porque existen riesgos intrínsecos en la celebración de un contrato de concesión que se asumen en un equilibrio razonable, como lo ha señalado el Consejo de Estado1.

Señala que no ocurrió una alteración extraordinaria o excesiva del contrato y si bien variaron mínimamente las condiciones, se trata de riesgos inherentes a la actividad que debió prever el concesionario, pues no cumple con una de las 3 condiciones de la teoría de la imprevisión: i) El suceso se produce después de celebrado el contrato cuya ocurrencia no era previsible en ese momento, ii) Una situación preexistente era desconocida por las partes sin su culpa y, iii) Los efectos de un suceso previsto resultaron ser más dañinos o diferentes a lo planeado al punto de volverse irresistible.

Sobre el aumento de la cuota de participación del concesionario al municipio, señala que la cláusula 4ª del contrato de concesión e stableció el valor a pagar mensualmente y por todo el año, así como su incremento porcentual, sin ocultar información y así el señor Caballero Bastidas conoció las condiciones contrato y

señala que la cláusula 4ª del contrato de concesión e stableció el valor a pagar mensualmente y por todo el año, así como su incremento porcentual, sin ocultar información y así el señor Caballero Bastidas conoció las condiciones contrato y las aceptó.

Lo mismo ocurrió con el reglamento interno de la plaza de mercado contenido en el Decreto No. 127 de 1998, pues en el acta de visita al sitio de concesión (sin indicar fecha) en el que participaron el director del departamento jurídico, el secretario general y de convivencia ciudadana y el demandante, este últi mo declaró conocer todo el inmueble y sus instalaciones; además, 14 meses antes de celebrar el contrato había fungido como administrador del lugar, lo que le permitió conocer el funcionamiento, índice de ocupación, informes contables, cartera y en general las personas que ocupaban los espacios de la plaza de mercado , según el certificado emitido por el asesor del Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Garzón (f. 112).

Por eso, no se generó el desequilibrio económico del contrato bajo la teoría de la imprevisión, incluso m ediante solicitud del 25 de noviembre de 2009 el demandante manifestó a la administración municipal que dicho desequilibrio

1 Sección ercera, sentencia del 7 de marzo de 2011, Rad. 25000-23-26-000-1997-04638-01 (20683), M.P. Olga Mélida Valle de la Oz.RADICACIÓN: 410013333005-2014-00517-01

DEMANDANTE: VICTOR JAIME CABALLERO BASTIDAS

7 ocurría por hechos externos, no por un incumplimiento del municipio c omo lo manifiesta en la demanda.

DEMANDANTE: VICTOR JAIME CABALLERO BASTIDAS

7 ocurría por hechos externos, no por un incumplimiento del municipio c omo lo manifiesta en la demanda.

Además, no puede señalar que no recibió los contratos de arrendami ento de los locales comerciales, porque él mismo los administraba y a través del Otrosí No. 1 al contrato, le concedieron amplias facultades para obtener la restitución de los locales y deman dar a los arrendatarios que incumplieran el reglamento de la plaza.

Condena al demandante al pago de costas considerando que el Consejo de Estado varió la tesis de analizar la conducta de la parte vencida y optó por el criterio objetivo, por eso fija como agencias en derecho el 2% de las pretensiones de la demanda, atendiendo el Acuerdo PSAA 16 -10554 del 5 de agosto de 2016 de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

2.5. Recurso de apelación.

La parte actora presentó recurso de apel ación contra la decisión de primera instancia (f. 955 a 958, C.P. 5) solicita revocarla y acceder a sus pretensiones.

Lo anterior, porque no tuvo en cuenta que existen diferencias sobre su actuación como administrador de la plaza de mercado y como concesi onario, pues cuando ejercía como administrador, era el municipio quien asumía la carga financiera de la plaza: pago del salario del administrador y empleados, reparaciones locativas, servicios públicos y cobro de los arrendamientos, mientras que, como concesionario, asumió la totalidad de los gastos operacionales y log ísticos de la plaza.

la plaza: pago del salario del administrador y empleados, reparaciones locativas, servicios públicos y cobro de los arrendamientos, mientras que, como concesionario, asumió la totalidad de los gastos operacionales y log ísticos de la plaza.

Indica que, al momento de presentar su propuesta a la licitación, las condiciones eran viables, pero la demandada incumplió su obligación de entregar los contratos de arrendamiento y no tenía facultades para terminar dichas obligaciones ante su incumplimiento o proceder con la restitución de los locales, por lo que debió acudir a la jurisdicción ordinaria para establecer los extremos temporales de dichos contratos y si no había, aportar pruebas para lograr la restitución.

Agrega que el reglamento interno solo estaba diseñado para ese ente territorial y no para que, como particular, ejerciera con autonomía el contrato de concesión.RADICACIÓN: 410013333005-2014-00517-01

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Hace citaciones que aluden a los requisi tos para la configuración de la ruptura del equilibrio contractual a la luz de la Ley 80 de 1993 , sin señalar la fuente2 ni centrarlas en el caso concreto para señalar que acreditó que se causó un desequilibrio contractual y no primó el principio de buena fe en la celebración del contrato de concesión, pues si no se mantenían las condiciones de su celebración, debían adaptarse las condiciones o terminarse.

Además, debe considerarse que el contrato de concesión no pacta un porcentaje para imprevistos y por eso, antes de demandar , citó al ente territorial para solucionar sus inconformismos y reajustar el contrato y el reglamento interno,

Además, debe considerarse que el contrato de concesión no pacta un porcentaje para imprevistos y por eso, antes de demandar , citó al ente territorial para solucionar sus inconformismos y reajustar el contrato y el reglamento interno, pero no fue posible.

3. SEGUNDA INSTANCIA. CONSIDERACIONES.

3.1. Actuaciones procesales.

El recurso de apelación se admite mediante auto del 11 de julio de 2019 (f. 14 c. 2a. Inst.) y se corre traslado para las alegaciones con proveído del 19 de agosto del mismo año (f. 19 ib.), oportunidad en la cual la parte actora y el ministerio público guardaron silencio, mientras l a parte demandada se pronunció en oportunidad, según constancia secretarial de septiembre 4 de 2019.

El municipio de Garzón (f. 32 y 33, C. 2ª Inst.) señala que no se ha probado el rompimiento del equilibrio económico del contrato por un acto imprevisible y que este le sea imputable, por el contrario, el actor conocía el estado real del inmueble y los movimientos financieros y legales por haber sido administrador del mismo, lo que le permitió realizar una propuesta para la licitación sin objeciones, sabía que no percibiría los cánones de arrendamiento en su totalidad porque habían deudores, por eso solicitó la facultad para reclamar por vía judicial los cánones de arrendamiento, a lo que se accedió mediante otrosí. Por eso el actor asumió los riesgos que le eran previsibles desde el momento de la oferta a la licitación.

de arrendamiento, a lo que se accedió mediante otrosí. Por eso el actor asumió los riesgos que le eran previsibles desde el momento de la oferta a la licitación.

2 Salvo la indicación de la sentencia del 21 de julio de 1999 de la sección tercera del Consejo de Estado sin citar el expediente o radicado ni el ponente.RADICACIÓN: 410013333005-2014-00517-01

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9 3.2. Competencia, legitimación y validez.

La Corporación es competente para dirimir esta instancia de conformidad con el artículo 153 del CPACA y a ello procede pues no se avizoran circun stancias que invaliden lo actuado, ambas partes están legitimadas en causa, ya que la parte demandante atribuye a la demandada los perjuicios cuya reparación reclama, a lo cual no accedió el juzgado, motivo por el cual la parte actora recurre la decisión y de ahí el interés en que se resuelva esta instancia.

3.3. Problema jurídico.

Se plantea al Tribunal resolver si debe revocar la sentencia de primera instancia, porque se encuentra probado que ocurrió una ruptura de la ecuación financiera del contrato de concesión N° 450002 de 2007 por: i) el incumplimiento de la demandada de su s deberes contractuales y ii) Por situaciones imprevistas ocurridas en la ejecución del contrato.

La posición del Tribunal es que se debe confirmar la sentencia de primera instancia, pues no se acreditó la ruptura de la ecuación financiera, al no haber demostrado el demandante las condiciones en las que recibió el bien objeto de

La posición del Tribunal es que se debe confirmar la sentencia de primera instancia, pues no se acreditó la ruptura de la ecuación financiera, al no haber demostrado el demandante las condiciones en las que recibió el bien objeto de concesión, los estados financieros en su ejecución y el estado de liquidación del contrato y por ende , no es posible establecer el incumplimiento y desequilibrio económico al que alude.

Lo anterior se sustenta en el análisis de: a) el desequilibrio económico, b) la teoría de la imprevisión, c) el incumplimiento contractual y, d) el caso concreto

3.4. El desequilibrio económico del contrato.

Conviene hacer algunas precisiones sobre la responsabilidad estatal por el rompimiento del equilibrio económico del contrato y por el incumplimiento de los deberes de la entidad pública contratante, pues la parte actora reclama el desequilibrio económico por circunstancias imprevistas y por el incumplimiento de la demandada con sus obligaciones contractuales.

Frente al equilibrio contractual o la equivalencia entre derechos y obligaciones de los contratos, cabe señalar que con ello se pretende asegurar que se mantenganRADICACIÓN: 410013333005-2014-00517-01

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10 las mismas condiciones económicas y/o financieras durante la ejecución del contrato, en la forma en que las partes lo acordaron al presentar la oferta y la celebración d el contrato 3-4, situación que deriva de la aplicación del principio “pacta sunt servanda 5”, esto es, los contratos se suscriben para cumplirse y para ello se necesita la permanencia de condiciones o “cláusula rebus sic stantibus”6-7,

“pacta sunt servanda 5”, esto es, los contratos se suscriben para cumplirse y para ello se necesita la permanencia de condiciones o “cláusula rebus sic stantibus”6-7, esto es, que las condiciones fijadas por las partes al inicio del contrato deben permanecer durante su ejecución, de contera que, si las partes hubieran advertido otras circunstancias fácticas, seguramente las obligaciones mutuas habrían variado como correspondiere.

A pesar de ello, la jurisprudencia contencio so administrativa ha aceptado que existen casos en los que se presentan circunstancias imprevisibles e irresistibles que podrían alterar la ecuación financiera, sin embargo, ha advertido que no cualquier situación constituye un rompimiento del equilibrio e conómico o financiero del contrato8, pues existen riesgos que son asumidos por las partes.

Como la presente controversia gira en torno a un contrato bilateral, sinalagmático y conmutativo, pues hay dos partes que establecieron obligaciones reciprocas y prestaciones equivalentes , de las cuales d erivan mutuos beneficios y cargas equivalentes, por ello se debe advertir que la equivalencia de prestaciones puede verse afectada si se dan los siguientes eventos:

“(i) por actos de la entidad contratante que modi fiquen las condiciones “ ius variandi”; (ii) por actos de la administración como Estado “hecho del príncipe”; y (iii) por factores externos a las partes que se enmarquen en la denominada “teoría de la imprevisión”9.

3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de enero de 2016. Rad.: 38449. 4 Al efecto, el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 establece lo siguiente:

3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de enero de 2016. Rad.: 38449. 4 Al efecto, el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 establece lo siguiente: “ARTÍCULO 27. DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivale ncia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, con diciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que se trate”. 5 «lo pactado obliga» 6Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el principio del rebus sic stantibus “postula la implícita inclusión en su contenido de una condición necesaria, esencial, fundamental e imprescindible para el cumplimiento, atañedera a la permanencia constante del marco de circunstancias fácticas o jurídicas, o estado de cosas primario, a cuya invariabilidad sujeta su obligatoriedad, y aún cuando, hay distintas posturas acerca de su exacto origen, suele atribuirs e a la escuela del derecho medieval inspirada en las fuentes

estado de cosas primario, a cuya invariabilidad sujeta su obligatoriedad, y aún cuando, hay distintas posturas acerca de su exacto origen, suele atribuirs e a la escuela del derecho medieval inspirada en las fuentes romanas”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 21 de febrero de 2012. 7 “mientras continúen así las cosas” 8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 29 de enero de 2018. Rad.: 52666. 9 Consejo de Estado, Sección Tercera , Subsección C, M.P. Nicolás Yepes Corrales, sentencia del 16 de diciembre de 2022, Rad. 73001-23-33-000-2017-00473-01 (67397), actor: Consorcio Saldaña Purificación y Otros, contra Departamento del Tolima; Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de enero de 2016. Rad.: 38449.RADICACIÓN: 410013333005-2014-00517-01

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11 3.5. Teoría de la imprevisión.

La teoría de la imprevisión s e presenta cuando en la ejecución de un contrato ocurren hechos de índole extraordinario y sobreviniente que no pudieron ser previstos al momento de celebrar el negocio jur ídico y que al presentarse dificultan de manera grave el cumpli miento de las obligaciones, haciendo más onerosa su ejecución, pero sin imposibilitarla10.

Para que se configure la imprevisión , se requiere acreditar los siguientes requisitos:

“(i) que el contrato sea bilateral, conmutativo y de ejecución sucesiva, peri ódica o

Para que se configure la imprevisión , se requiere acreditar los siguientes requisitos:

“(i) que el contrato sea bilateral, conmutativo y de ejecución sucesiva, peri ódica o diferida; (ii) que se presenten circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato; (iii) que esas circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles alteren o agraven la prestación a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa; y (iv) que el acontecimiento sea ajeno a las partes y no corresponda a un riesgo asumido en el contrato”11.

Una vez se produce la imprevisión, el Consejo de Estado ha señalado sobre sus consecuencias económicas:

“…la parte afectada tendrá derecho únicamente al reconocimiento de los mayores costos en que haya tenido que incurrir por causa de esos hechos imprevistos, por cuanto el evento extraordinario que afecta de manera grave la ecuación contractual, es ajeno a las dos partes, es decir, que no le es atribuible ni al contratista afectado, ni a la Administración contratante, quien, por lo tanto, también es sorprendida por ese hecho inesperado y también resulta afectada, en la medida en que se ve amenazada la correcta ejecución del contrato”12.

3.6. El incumplimiento contractual.

El incumplimiento contractual en esencia corresponde a no acoger en el desarrollo del contrato las obligaciones estipuladas, por “inejecución absoluta ” o por “ejecución imperfecta o tardía” 13 o, por el desconocimiento de los principios que

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. sentencia del 22 de octubre de 2021 Rad.: 54001-

“ejecución imperfecta o tardía” 13 o, por el desconocimiento de los principios que

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. sentencia del 22 de octubre de 2021 Rad.: 5400123-31-000-2010-00216-01(55541), quien trae a colación la sentencia del 31 de enero de 2019, C.P.: María Adriana Marín. Rad.: 25000-23-26-000-2003-00650-01 (37.910). 11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de septiembre de 2011. Rad.: 15476; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 21 de febrero de 2012. Rad.: 11001 -3103-0402006-00537-01. 12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subs