TA HUI - Sentencia 4100133330052022-00329-01 (30-09-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

M.P.: Dr. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO

Neiva, treinta (30) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO (TRIBUTARIO)

DEMANDANTE SOCIEDAD JAROCA S.A.S.

DEMANDADO DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN RADICACIÓN 41 001 33 33 005 2022-00329-01

DECISIÓN SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA APROBADO Acta de la fecha

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes a la segunda instancia y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación f ormulado por la parte demandante c ontra la sentencia del 31 de mayo de 202 4, proferida por el Juzgado Décimo Administrativo de Neiva, mediante la c ual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

1. LA DEMANDA1

La sociedad Jaroca S.A.S., en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho –Tributario-, demandó la nulidad de la Liquidación Oficial Impuesto sobre las Ventas Revisión No. 132412020000047 del 25 de enero de 20 21 y la Resolución Recurso de Reconsideración No. 900006 del 31 de enero de 2022, mediante las cuales se modificó la liquidación privada del i mpuesto sobre las ventas del quinto

132412020000047 del 25 de enero de 20 21 y la Resolución Recurso de Reconsideración No. 900006 del 31 de enero de 2022, mediante las cuales se modificó la liquidación privada del i mpuesto sobre las ventas del quinto bimestre año gravable 2016.

1 Ítem 00003 Samai primera instanciaTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 2

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento (Tributario)

Demandante: Sociedad Jaroca S.A.S.

Demandado: Dian Rad. 41-001-33-33-005-2022-00329-01

A título de restablecimiento del derecho, pretende que se declare la legalidad de la liquidación privada del impuesto sobre las ventas correspondiente al año gravable 201 6 bimestre 5, present ada el 15 de noviembre de 2016; y en consecuencia, que esa sociedad no está obligada a pagar ningún valor por concepto de impuesto, sanciones e intereses determinados en los actos que se solicita su nulidad.

1.1. Lo anterior se sustenta en los siguientes HECHOS:

• Alude a que durante el año 2016 celebró contratos de construcción y/o contratos d e obra con empresas del sector, para la construcción a la medida e instalación definitiva de muebles y acabados fijos para cocina, baños, armarios, puertas, divisiones en vidrio para baños y ventanería, como parte del proceso constructivo de inmuebles nuevos.

• Que presentó declaración de impuesto sobre las ventas IVA correspondiente al quinto bimestre del año 2016, el 15 de noviembre de 2016 con número de formulario 3002606731005, determinando el IVA

• Que presentó declaración de impuesto sobre las ventas IVA correspondiente al quinto bimestre del año 2016, el 15 de noviembre de 2016 con número de formulario 3002606731005, determinando el IVA a pagar con fundamento en el art. 3 del Decreto 1372 de 1992, recopilado en el art. 1.3.1.7.9 del Decreto 1625 de 2016.

• El 23 de junio de 2020, la División de Gestión de Fiscalización de la DIAN Neiva profirió requerimiento es pecial No. 1323820 20000022, proponiendo modificaciones a la liquidación privada de impuesto sobre las ventas, al cual se dio respuesta mediante escrito radicado el 21 de septiembre de 2020.

• El 25 de enero de 2021 se profirió Liquidación Oficial impuesto sobre las ventas revisión No. 132412020000047, por medio de la cual modificó la liquidación privad a del impuesto sobre las ventas; decisión contra la cual el contribuyente interpuso recurso de reconsideración mediante escrito radicado el 25 de marzo de 2021.

• El 31 de enero de 2022, el Grupo de Gestión Jurídica de la DIAN Neiva profirió Resolución No. 900006 resolviendo el recurso de reconsideración, confirmando la decisión inicial.

1.2. Normas violadas y concepto de violaciónTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 3

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Demandado: Dian Rad. 41-001-33-33-005-2022-00329-01

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Demandante: Sociedad Jaroca S.A.S.

Demandado: Dian Rad. 41-001-33-33-005-2022-00329-01

Invoca como normas violadas los artículos 421, 422, 447, 647 y 648 del Estatuto Tributario; 28 y 29 del Código Civil; 32 de la Ley 80 de 1993; 1.3.1.7.9 del Decreto Único 1625 de 2016 ; 3 del Decreto 1372 de 1992 , indicando los siguientes cargos de nulidad:

a) Falsa motivación.

Consideró qu e la administración tributaria fundamentó su decisión en hechos inexistentes, desfigurados y mal calificados al realizar una indebida interpretación del art. 3 del Decreto 1372 de 1992, recopilado en el art. 1.3.1.7.9 del Decreto Único 1625 de 2016 y arts. 421, 422, 447 del E.T., en el que se establece que “los contratos de construcción de bien inmueble, el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los ingresos correspondiente a los honorarios obtenidos por el constructor ”; asegurando la administración que esa sociedad no celebró contratos de obra y/o construcción, sino que realizó venta de bienes muebles con instalación.

Resalta que el legislador no ha definido el contrato de obra o construcción de bien inmueble , menos sus características para efectos tributarios; y por ello, debe acudirse a los art s. 28 y 29 del Código Civil, y necesario acudir a la definición establecida en la Ley 80 de 1993 art. 32, de

tributarios; y por ello, debe acudirse a los art s. 28 y 29 del Código Civil, y necesario acudir a la definición establecida en la Ley 80 de 1993 art. 32, de donde concluye que los contratos de obra también son cualquier tipo de trabajo material sob re bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución, sin que se establezcan restricciones como sí lo hace la doctrina de la DIAN, especialmente el concepto unificado del impuesto sobre las ventas No. 0001 de 2003.

Afirma que los contratos re alizados por la sociedad son verdaderos contratos de obra, ya que fabrica a la medida muebles de cocina, de baños, armarios, puertas, ventanas, para la incorporación definitiva sobre bienes inmuebles en etapa de construcción o edificación.

Como consecuencia de ello, el literal c) del art. 421, art. 422 y 447 del E.T., relativos a los elementos de la obligación tributaria en el IVA, no son aplicables en el sub lite, por tratarse de la base especial en contratos de construcción, según lo permite el art. 3 del Decreto 1372 de 1992.

Así las cosas, la administración desconoce la definición legal de contrato de obra en la legislación colombiana, la cual da la razón a la

demandante.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 4

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Demandado: Dian Rad. 41-001-33-33-005-2022-00329-01

b) Interpretación errónea de la doctrina de la DIAN y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Demandado: Dian Rad. 41-001-33-33-005-2022-00329-01

b) Interpretación errónea de la doctrina de la DIAN y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

La administración tributaria fundamentó su decisión en desconocer que la sociedad ejecuta contratos de obra o confección de obra material, entre otros conceptos, unificado el impuesto sobre las ventas No. 001 de 2003, en el cual definió tales conceptos, considerando que constituye concepto de contrato de construcción todos los elementos que se incorporen a la construcción, en sintonía con el art. 32 de la Ley 80 de 1993.

La Dian descarta la existencia de un contrato de construcción cuando la obra o los bienes se pueden retirar fácilmente sin detrimento del inmueble, por tanto, el criterio que utiliza la Dian radica en que los elementos elaborados por el contribuyente y que son incorporados sobre los inmuebles, pueden ser retirados del inmueble sin detrimento al mismo, lo que no es correcto.

Arguye que los muebles que diseña son para ser incorporados e integrados al inmueble como un todo, aportando funcionalidad a las unidades de vivienda y formando una sola con los inmuebles para los cuales e stán fabricados.

Alude que la Administración Tributaria no ha tenido en cuenta que, dentro de cada uno de los contratos suscrito, se fijaron diversas especificaciones que conducen al hecho de que los elementos fabricados por la sociedad hacen parte integ ral de las construcciones y no son adiciones accesorias o simples muebles o entrepaños.

Trae a colación las definiciones de los arts. 656 y 657 del Código Civil,

la sociedad hacen parte integ ral de las construcciones y no son adiciones accesorias o simples muebles o entrepaños.

Trae a colación las definiciones de los arts. 656 y 657 del Código Civil, y conceptos de incorporación, permanencia e indiferencia del señorío, concluyendo que las ter minaciones y acabados que la sociedad desarrolla como objeto social , es la construcción de bienes inmuebles por adhesión, teniendo en cuenta que dichos acabados en madera se adhieren de manera permanente, estable y fija a los inmuebles que las sociedades c onstructoras levantan.

Que el Consejo de Estado ha definido que son obras y bienes inherentes a la construcción aquellas que están estrechamente unidas a la construcción y son imprescindibles para su funcionamiento, al punto que, siTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 5

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se retiran, esta se d eteriora o pierde funcionalidad; y por tanto, al haber fabricado e instalado esos elementos en inmuebles, realmente se desarrolla una actividad de construcción u obra y no una venta pura y simple con instalación, como lo afirma la Dian; tesis que fue reite rada en sentencia No. 21359 del 27 de junio de 2019.

c) Violación de normas superiores a la cual ha debido sujetarse los actos.

Aduce que no hay lugar a imponer sanci ón por inexactitud, al no haberse configurado las causales establecidas en los artículos me ncionados,

c) Violación de normas superiores a la cual ha debido sujetarse los actos.

Aduce que no hay lugar a imponer sanci ón por inexactitud, al no haberse configurado las causales establecidas en los artículos me ncionados, pues no se tipificó la conducta de omitir ingresos o impuestos generados por las operaciones gravadas de bienes, activos o actuaciones susceptibles de gravamen, pues su rechazo es producto de una interpretación razonable en la apreciación del de recho aplicable, lo cual no da lugar a imposición de sanción.

2. CONTESTACIÓN2

La apoderada de la entidad demandada se opone a las pretensiones, en razón a que los actos administrativos demandados han sido proferidos con fundamento en la ley y no adolecen de vicios y/o nulidades que resten validez ni eficacia a los mismos.

En cuanto a los hechos mencionó que son ciertos , en tanto corresponden a las actuaciones surtidas en la investigación administrativa tributaria; no obstante, adujo que de conformidad c on las pruebas que obran en el proceso, la demandante no realizó contratos de obra sino contratos de venta con simple instalación.

Que las modificaciones efectuadas a la declaración privada de Vent as año gravable 2016 bimestre 05 dieron lugar a la determi nación de un mayor impuesto a cargo, pasando de $ 10.008.000 a $ 448.988.000, ya que de conformidad con el certificado de existencia y representación legal de la sociedad tiene como actividad principal la 1630 , esto es : “ fabricación de partes y piezas de mad era, carpintería y ebanistería para la construcción , y

conformidad con el certificado de existencia y representación legal de la sociedad tiene como actividad principal la 1630 , esto es : “ fabricación de partes y piezas de mad era, carpintería y ebanistería para la construcción , y como actividad se cundaria la 4390: otras actividades especializadas para la

2 Ítem 00012, archivo7_, Samai Primera instanciaTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 6

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construcción de edificios y obras de ingeniería civil . Que, una vez revisados los elementos probatorios allegados, la mayoría de las facturas expedidas por la sociedad describen como bienes vendidos o servicios prestados la venta e instalación de carpintería de madera o aluminio; actividades que permiten concluir que el giro ordinario de los negocios de la sociedad demandante no corresponde a construcción.

En consecuencia, la sociedad realiza contratos de venta con simple instalación y no contratos de obra, como quiera que de los objetos de cada uno de los contratos que obran en el expediente lo que se infiere es que instala carpintería de madera los cuales si son retirados o separados del inmueble este no pierde su funcionalidad.

Aseguró que todo acto administrativo goza de presunción de legalidad, por lo tanto, al momento de invocar una causal de nulidad, específicamente la falsa motivación el presuntamente afectado tiene la carga de la prueba para desvirtuar la legalidad del mismo; por tanto, de la motivación del presente cargo se infiere que el accionante pretende una nulidad por falsa motivación,

falsa motivación el presuntamente afectado tiene la carga de la prueba para desvirtuar la legalidad del mismo; por tanto, de la motivación del presente cargo se infiere que el accionante pretende una nulidad por falsa motivación, en el sentido que se le está dando una interpretación errada de la normatividad aplicable, por lo tanto, existe un error de hecho o de derecho, ya sea porque los hechos aducidos en la decisión son inexistentes o, cuando existiendo éstos son calificados erradamente desde el punto de vista jurídico.

En el sub lite, se cumplió a cabalidad con el deber de motivar en debida forma los actos administrativos en desarrollo del derecho a la buena administración, explicación que es suficiente para ilustrar el motivo del por qué la Administració n Tributaria m odificó la liquidación privada, en ese sentido trajo a colación el oficio No. 044201 del 29 de mayo de 2009 de la Unidad Informática de Doctrina de la DIAN, así como el Decreto 1372 de 1992 art. 3, y concepto unificado 01 de 2003, los cuales establecen que no genera impuesto descontable los costos y gastos necesarios para la construcción de bien inmueble, porque el impuesto generado solo se efectuó sobre la parte correspondiente a los honorarios y teniendo en cuenta el principio tributario de relación de causalidad, se podrán tomar únicamente los impuestos descontables que tengan relación directa con el impuesto facturado.

Que el literal c) del artículo 421 establece que se entienden como ventas “las incorporaciones de bienes corporales mueble s a inmuebles, o a servicios no gravados, así como la transformación de bienes gravados en bienes no gravados, cuando

Que el literal c) del artículo 421 establece que se entienden como ventas “las incorporaciones de bienes corporales mueble s a inmuebles, o a servicios no gravados, así como la transformación de bienes gravados en bienes no gravados, cuando tales bienes hayan sido creados, construidos, fabricados, elaborados, procesados, porTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 7

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quien efectúa la incorporación o transformación ”, el cual ha sido interpretado por la Oficina Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de Concepto 00001 de 2003.

Precisa que contrario a lo manifestado por el accionante, el hecho de que el contrato suscrito entre la socied ad demandante y la constructora o consorcio discrimina el AIU (Anticipo, Imprevistos y Utilidades), no quiere decir que sea un contrato de obra propiamente dicho, de hecho, no es un elemento esencial, ni natural o accidental del negocio jurídico, que, si b ien hace que el tratamiento fiscal sea más fácil, no lo convierte en un elemento estructural del contrato de obra.

Aduce que la carpintería de madera, esto es , la instalación de gabinetes y puertas en un inmueble totalmente construido no son elementos estructurales del inmueble, como si los son las instalaciones de tuberías, estructuras metálicas cuando no se utilice para la obra ladrillos y cemento, y se hace extensivo hasta la carpintería de aluminio cuando hacen parte de la

estructurales del inmueble, como si los son las instalaciones de tuberías, estructuras metálicas cuando no se utilice para la obra ladrillos y cemento, y se hace extensivo hasta la carpintería de aluminio cuando hacen parte de la fachada, es decir que sin est os elementos así sea fácil el retiro de los mismos el bien inmueble no puede funcionar.

El objeto desarrollado en cada uno de los contratos por la sociedad JAROCA S.A.S no cumplen ninguno de los presupuestos para ser un contrato de obra, ya que los elemen tos que instala pueden ser removidos fácilmente y no causan un deterioro funcional al inmueble, es decir, no se trata de fachadas ni de elementos que hagan perder el objeto del bien inmueble en sí.

En tanto, la actividad principal de la sociedad es la fab ricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la construcción, la cual le genera los mayores ingresos operacionales, tal como se evidencia en su contabilidad, y venta de productos de madera tales como puertas, closet, muebles para cocina, muebles para baño; actividades éstas que no se adecuan al concepto de contrato de obra y/o construcción de bien inmueble; en tanto, los bienes muebles instalados no corresponden ni hacen parte de la estructura de los bienes inmuebles, por el contrario son bienes accesorios que pueden ser retirados sin afectar el inmueble.

Frente a la indebida aplicación del art. 647 del E.T., consider ó que en el presente caso, se configuraron hechos sancionables, como lo es la omisión de ingresos gravados con el impuesto a las ventas a la tarifa general, conducta que da lugar a la determinación e imposición de la sanción de inexactitud,TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 8

ingresos gravados con el impuesto a las ventas a la tarifa general, conducta que da lugar a la determinación e imposición de la sanción de inexactitud,TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 8

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como quiera que la actividad económica que realiza el contribuyente es una venta con simple instalación, por lo tanto, el IVA deb e tratarse como un descontable en el impuesto sobre las ventas y no un mayor valor del costo.

Afirma que, para acceder a la causal de exoneración, el contribuyente deber probar que existió una diferencia de criterios debido a la interpretación y aplicación de la norma, y en este caso, la sociedad contribuyente centra su argumentación al manifestar que existe veracidad por cuanto los datos son reales pero su rechazo es producto de una interpretación razonable en la apariencia del derecho aplicable, hecho qu e no da lugar a una sanción de inexactitud.

Finalmente, propuso la excepción previa denominada caducidad del medio de control.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3

El Juzgado Décimo Administrativo de Neiva mediante sentencia del 31 de mayo de 2023 resolvió:

2Primero: DECLARAR no probada la excepción de caducidad , propuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, al tenor de lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

Segundo: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la de la Liquidación Oficial de

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, al tenor de lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

Segundo: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la de la Liquidación Oficial de Revisión No 132412020000047 del 25 de enero de 2021, proferida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través de la cual se modificó definitivamente la liquidación privada del impuesto sobre las ventas presentada por la sociedad Jaroca S.A.S., identificada con NIT.: 900.521.286-1, por el periodo bimestral 5 del año gravable 2016; nulidad que se limita únicamente a la calificación de los ingresos obtenidos por el pago de las facturas de venta No. 436, 444 y 445 del 9 de septiembre, 5 y 20 de octubre del 2016, actividades desarrolladas en virtud del contrato No 150224 suscrito con Miravalle S.A.S., a la determinación del impuesto sobre las ventas generado con ello, y a la cuantificación de la diferencia del saldo a pagar, resultante luego de que se realicen los ajustes sobre las operaciones no gravadas, las gravadas con base especial (A.I.U.) y las gravadas con tarifa general, por los motivos contenidos en esta providencia.

Tercero: A título de restablecimiento del derecho , se levant a la sanción por inexactitud impuesta a la sociedad Jaroca S.A.S., en relación con el bimestre 5 del Impuesto sobre las Ventas del año gravable 2016 , por las razones y motivos expuestos en esta decisión.

3 Ítem 00034 Samai primera instanciaTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 9

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expuestos en esta decisión.

3 Ítem 00034 Samai primera instanciaTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 9

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Cuarto: Niéguense las demás pretensiones de la demanda, conforme se expuso en la parte considerativa de esta sentencia.

Quinto: No condenar en costas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

Sexto: Ejecutoriada la presente sentencia, de ser requeridas, expídanse las copi as pertinentes a las partes conforme lo previsto en el artículo 114 del Código General del Proceso y archívese el expediente, una vez realizadas las correspondientes anotaciones en el SAMAI.

Séptimo: Negar la solicitud de renuncia al poder manifestada por la abogada Lina María Perdomo Charry , quien viene actuando como apoderada de la entidad tributaria demandada, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.”

Sostuvo el a quo que como se demostró que las actividades ejecutadas por la sociedad actora consistieron en la venta e instalación de muebles para cocinas, puertas en madera entamborada, puertas de ropas, de acceso principal, para alcobas, baños o depósitos; closets y vestiers para alcobas, escritorios, muebles para estudio; muebles de baño, así como espejos y divisiones para los mismos, y guarda escobas; todo ello, en madera o aluminio, según correspondiera, nos son constitutivas de una construcción, sino que

muebles para estudio; muebles de baño, así como espejos y divisiones para los mismos, y guarda escobas; todo ello, en madera o aluminio, según correspondiera, nos son constitutivas de una construcción, sino que corresponde a una venta con instalación en los términos del literal c) del artículo 421 del E.T., lo que traduce que, para todas las facturas de venta reseñadas la base gravable sea la general, que está integrada por la totalidad del valor de la operación, esto es, por la totalidad del valor de la venta con instalación.

Sin embargo, no consideró lo mismo con las actividades desarrolladas en virtud del contrato No . 150224 suscrito con Miravalle S.A.S., que dio lugar a las facturas de venta Nos. 436, 444 y 445 del 9 de septiembre, 5 y 20 de octubre del 2016 , debido a que estas consistieron en el suministro e instalación de ventanería, la cual si constituye un elemento estructural en las construcciones, teniendo en cuenta que su finalidad es la de proteger del ambiente exterior lo que se encuentre dentro de la edificación y su retiro de la obra se traduce en un deterioro al inmueble.

Por tanto, a las operaciones relacionadas en esas facturas, al cliente Inversiones Inmobiliarias Miravalle S.A.S. y en virtud del contrato No 1560224, se aprecia como concepto de “suministro e instalación de ventanería Modulo 1 (torres 5 y 6)” , con un valor total de $731.138974 y les sería aplicable la base gravable especial prevista en el artículo 3 del Decreto 1372 de 1992, como lo planteó la sociedad demandante.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 10

aplicable la base gravable especial prevista en el artículo 3 del Decreto 1372 de 1992, como lo planteó la sociedad demandante.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 10

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Para las modificaciones a la liquidación privada del impue sto sobre las ventas realizadas en la Liquidación Oficial de Revisión No 132412020000047 del 25 de enero de 2021, los ingresos correspondientes a las facturas No. 436, 444 y 445 del 9 de septiembre, 5 y 20 de octubre del 2016 fueron tenidos como operaciones gravadas a la tarifa general, pese a que se encontrarían cobijados por la mentada base gravable especial que se calcula sobre la parte de la operación que corresponde a la utilidad u honorarios del constructor; por lo que declaró la nulidad parcial del a cto enjuiciado, únicamente en cuanto a la calificación de los ingresos obtenidos por el pago de las facturas No. 436, 444 y 445 del 9 de septiembre, 5 y 20 de octubre del 2016 y a la determinación del impuesto sobre las ventas generado con ello.

En cuanto a la sanción por inexactitud indicó que no encontró que la declaración privada del impuesto sobre las ventas presentada, contenga reportes incompletos o erróneos de hechos o cifras; sino que la diferencia entre la administración tributaria y la sociedad Jaroca S.A.S. se suscitó frente a la base gravable que le era aplicable a las operaciones reportadas en el periodo 5 de

incompletos o erróneos de hechos o cifras; sino que la diferencia entre la administración tributaria y la sociedad Jaroca S.A.S. se suscitó frente a la base gravable que le era aplicable a las operaciones reportadas en el periodo 5 de 2016, según lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 1372 de 1992 y así las cosas, se cumplen las condiciones para que el contribuyente se exima de responsabilidad, en la medida en que, la sociedad Jaroca S.A.S no omitió ingresos percibidos en el período 5 del año 2016, sino que incluyó únicamente la utilidad en el renglón de “A.I.U. por operaciones gravadas (base gravable especial)” de las operaciones a las cuales le creía aplicable el artículo 3 del Decreto 1372 de 1992.

Frente al segundo de los presupuestos, manifestó que el artículo 3 del Decreto 1372 de 1992 es diáfano en indicar que la base gravable especial allí establecida es aplicable a “contratos de construcción de bien inmueble”, como lo es el Concepto Unificado No 001 de 2003 , expedido por la DIAN cuando define los contratos de construcción y 26 la confección material de inmuebles – cuyo contenido la parte actora adujo conocer, p ues precisamente con base en él sostuvo que los elementos elaborados no eran retirables sin detrimento de la obra–; sin que de ellos se deriven múltiples interpretaciones y mucho menos aplicables a las actividades desarrolladas por la sociedad Jaroca S.A.S., pues bastaría con acudir a la naturaleza y uso generalmente dado a los muebles y accesorios vendidos e instalados, para determinar que no son constitutivos de una construcción, ni se incorporan a ella como parte de un todo.

bastaría con acudir a la naturaleza y uso generalmente dado a los muebles y accesorios vendidos e instalados, para determinar que no son constitutivos de una construcción, ni se incorporan a ella como parte de un todo.

Por lo tanto, es clar a la naturaleza y uso de los bienes instalados que, dicho sea de paso, debe ser bien conocida por quien se dedica a esa actividadTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 11

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económica, y el artículo 3 del Decreto 1372 de 1992 no presenta dificultades en su interpretación ni aplicación; pues es suficiente c on decantar si un elemento es o no una construcción, conforme a la doctrina ya expuesta y previamente conocida por la parte actora, para determinar su aplicación.

No obstante, acogió la tesis del Consejo de Estado respecto a las liquidaciones privadas del impuesto sobre las ventas IVA de los periodos o bimestres 6 de los años 2015 y 2016 de la sociedad Jaroca S.A.S., lineamientos instituidos al modificar las sentencias proferidas en primera instancia el 15 de marzo de 2022 y 16 de mayo de septiembre de 202 3, por las Salas Quinta y Sexta de decisión del Honorable Tribunal Administrativo del Huila , siendo magistrados ponentes la Dra. Nelcy Vargas Tovar y el Dr. José Miller Lugo Barrero, específicamente en lo referente a la sanción por inexactitud, la cual estableció que no debe imponerse.

5. RECURSOS DE APELACIÓN

Barrero, específicamente en lo referente a la sanción por inexactitud, la cual estableció que no debe imponerse.

5. RECURSOS DE APELACIÓN

5.1. Parte demandante

Afirma que la sentencia se limita a dar la razón a la DIAN, en el sentido de que se limita a señalar las actividades inscritas en el certificado de existencia y representación legal , así como con “claridad meridiana” enunciar las actividades que desarrolla la sociedad, olvidando mencionar que la ley tributaria no ha establecido una definición de contrato de obra que permita determinar los elementos, condiciones o características que deben contener estos contratos, por lo que amparados en los artículos 28 y 29 del Código Civil y bajo el principio de analogía, se debe acudir al numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, de cuya definición resaltó que constituye contrato de obra la realización de cualquier trabajo material sobre inmuebles , siendo estas las actividades que desarrolló en el periodo impugnado y, por lo tanto, se aplica la base gravable especial en el impue