TA HUI - Sentencia 410013333006-2025-00097-01 (29-05-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADO PONENTE : JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO RADICADO : 410013333006–2025–00097–01

DEMANDANTE : ORLANDO ORTIZ OLAYA

DEMANDADO : UARIV

MEDIO DE CONTROL : TUTELA SENTENCIA : 230511125/ AT 21219

ACTA No. : 44 DE LA FECHA

1. TEMA.

Se decide la impugnación de la parte demandada contra la sentencia del 22 de abril de 202 5, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva donde amparó el derecho al debido proceso del demandante.

2. ANTECEDENTES DE LA PRIMERA INSTANCIA.

2.1 . Posición de la parte actora.

El señor Orlando Ortiz Olaya solicita el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, vida digna y debido proceso, a fin de que se ordene a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - en adelante UARIV, entregarle la indemn ización por vía administrativa según el programa establecido en la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2569 de 2000.

En los hechos indica que “hace varios años” se inscribió como víctima de l conflicto por desplazamiento y “actos de violencia contra nuestra integridad” , lo cual fue reconocido por la UARIV e n el acto administrativo 2024-0277292-2 8011513, desde hace más de 4 años.

conflicto por desplazamiento y “actos de violencia contra nuestra integridad” , lo cual fue reconocido por la UARIV e n el acto administrativo 2024-0277292-2 8011513, desde hace más de 4 años.

Manifiesta que en “diferentes ocasiones” ha solicitado verbalmente a la UARIV pagarle la indemnización administrativa a que tiene derecho, no cuenta con soporte de sus peticiones, pero al recibir respuesta la UARIV le solicita presentar la documentación de su hija Daniela Ortiz Cortés, quien ya falleció y su registro de defunción se ha entregado en 3 ocasiones.Radicación: 41001333306–2025–00097-01 2

Demandante: Orlando Ortiz Olaya

Señala que pese a ser beneficiario de la indemnización , le indican que está en ruta de espera, pero tiene el derecho a recibirla con “prioridad extrema” por ser víctima de despl azamiento forzado, por su edad y porque se está afectando el mínimo vital de su familia , pero lo han tratado con evasi vas y no responden su solicitud.

2.2. Posición de la parte demandada.

La tutela fue admitida mediante proveído del 7 de abril de 202 5 (archivo 4, Samai) contra la UARIV y vincula a Sandra Viviana Alfaro Yara, directora técnica de reparación de dicha entidad , para contestar la acción constitucional y a quienes se realiza la respectiva notificación (índice 6, Samai).

La UARIV a través de la jefe de oficina jurídica solicita declarar la carencia actual de objeto , porque dio respuesta a la petición presentada por el demandante y negar las pretensiones porque no ha vulnerado sus derechos fundamentales.

La UARIV a través de la jefe de oficina jurídica solicita declarar la carencia actual de objeto , porque dio respuesta a la petición presentada por el demandante y negar las pretensiones porque no ha vulnerado sus derechos fundamentales.

En relación con los hechos indica que el actor está incluido en el registro de víctimas por desplazamiento forzado con el radicado SIPOD-1184338-1536744 y el 24 de febrero de 2025 presentó petición con Rad. 2025-0086004-2 para el pago de la indemnización administrativa y recibió respuesta de fondo y congruente mediante oficio con Rad. 2025 -0104587-1 del 5 de marzo de 2025 , lo cual notificó y contra ello no se interpuso recurso.

Agrega que no ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso u otros , porque la Resolución No. 1049 de 2019 estableció el procedimiento para obtener la indemnización a dministrativa y se ha cumplido, se encuentra sujeto al método técnico de priorización y el demandan te no ha acreditado una situación de extrema vulnerabilidad según el artículo 4° Ib. de dicho estatuto, modificado por la Resolución 00582 de abril 26 de 2021.

Explica que el procedimiento administrativo para otorgar la medida de indemnización administrativa se compone de 4 fases y el actor se encuentra en la fase de entrega de la medida de indemnización , según la Res olución 04102019-1295143 del 25 de junio de 2021 , pero no es posible suministrar una fecha cierta de pago o determinar cuántos añ os o métodos técnicos debenRadicación: 41001333306–2025–00097-01 3

Demandante: Orlando Ortiz Olaya

fecha cierta de pago o determinar cuántos añ os o métodos técnicos debenRadicación: 41001333306–2025–00097-01 3

Demandante: Orlando Ortiz Olaya

aplicarse para acceder a la indemnización, porque aplicó el método técnico de priorización y el señor Ortiz Olaya no tiene un criterio de priorización y no hay lugar a aumentar el resultado.

Describe el significado del método técnico de priorización, el cual , según anexo técnico de la Resolución 1049 de 2019, se aplicará anualmente para determinar el orden de acceso a la indemnización, de forma proporcional a los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal y según el m arco de gasto de mediano plazo del sector y, en atención al auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional existen criterios para priorizar , porque si bien las víctimas del conflicto armado en su totalidad son vulnerables, existen personas con mayor grado de vulnerabilidad.

Agrega que la indemnización administrativa no se asocia al mínimo vital , su entrega se realiza de forma gradual contando con un plazo hasta el 2031 respetando el debido proceso administrativo y el principio de disponibilidad fiscal.

2.3. La sentencia de primera instancia.

El Juzgado Sexto Administrativo de Neiva en sentencia del 22 de abril de 2025 (archivo 12, Samai ) ampara el derecho fundamental al debido proceso del demandante y ordena a la UARIV , por conducto de Sandra Viviana Alfaro Yara, directora técnica de reparación o quien haga de sus veces, que en las 48 horas siguientes a la notificación de la decisión, reali ce las gestiones pertinentes para aplicar el método técnico de priorización e informar al actor el cronograma o

directora técnica de reparación o quien haga de sus veces, que en las 48 horas siguientes a la notificación de la decisión, reali ce las gestiones pertinentes para aplicar el método técnico de priorización e informar al actor el cronograma o planeación de dicha actividad y t enga claras las condiciones de evaluación y resultado en esta vigencia.

Para arribar a lo anterior, analiza el m arco normativo y jurisprudencial 1 de la procedencia tutela, los requisitos para solicitar la indemnización administrativa según los Decretos 1290 de 2008 y 4800 de 2011 , la Ley 1448 de 2011 , el Decreto 1084 de 2015 , la Resolución 090 del 17 de febrero de 2015 y, la Resolución 1049 de marzo 15 de 2019 emitida con ocasión del Auto 206 de

1 Sentencias T -851 de 2014. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo ; T -161 de 2017. M.P. (e) José Antonio Cepeda Amarís; y T-442 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos, Auto 206 de 2017Radicación: 41001333306–2025–00097-01 4

Demandante: Orlando Ortiz Olaya

2017 de la Corte Constitucional , donde se fijan los criterios de priorización para el pago de dicha indemnización.

En el caso concreto, analiza que mediante Resolución No. 04102019 -1295143 de julio 25 de 2021 la UARIV reconoció el derecho a la indemnización administrativa del demandante y su grupo familiar por el hecho victimizante de desplazamiento forzado , ordenando aplicar el método técnico de priorización para determinar el orden de desembolso y allí se relaciona que Daniela Ortiz

administrativa del demandante y su grupo familiar por el hecho victimizante de desplazamiento forzado , ordenando aplicar el método técnico de priorización para determinar el orden de desembolso y allí se relaciona que Daniela Ortiz Cortés, hija del actor, es persona fallecida.

Sin embargo, en oficios del 17 de mayo de 2024 y 25 de febrero de 2025, la demandada comunica al actor la imposibilidad de atender de fondo su solicitud , porque debe aclarar el documento de identidad de Daniela Ortiz Cortés en los sistemas de informaci ón de la Registraduría Nacional del Estado Ci vil, lo que resulta extraño porque sobre ello se había pronunciado en la resolución inicial y porque es la unidad quien debe orientar a la víctima acerca del procedimiento, documentos conducentes y pertinentes que debe presentar con su solicitud.

Además, dicha barrera debe superarse porque atendiendo el Decreto 2106 de 2019 las autoridades no deben exigir a los ciudadanos documentos que reposen en sus bases de datos y el ciudadano está eximido de aportar el certificado o documento físico requerido y puede ser consultado por las autoridades al punto que la Registraduría Nacional del Estado Civil debe permitir a las entidades públicas acceder a mecanismos de identificación de colombianos de forma gratuita y por eso , el documento que requiere la demandada debe consultarl o directamente y superar la barrera impuesta para entregar la indemnización administrativa del actor.

De otro lado, analiza la Resolución 1049 de 2019 en lo referente a la fase de entrega de la indemnización según el método técnico de priorización, para señalar que el acto admin istrativo de reconocimiento de la indemnización no estableció si el demandante se encuentra en condiciones de urgencia manifiesta

entrega de la indemnización según el método técnico de priorización, para señalar que el acto admin istrativo de reconocimiento de la indemnización no estableció si el demandante se encuentra en condiciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad para priorizar su entrega y el demandante no lo expuso ni allegó prueba al respecto, por eso hay luga r a someterse a la aplicación del método técnico de priorización para que, con base en las variables definidas se realice el reconocimiento de la indemnización.Radicación: 41001333306–2025–00097-01 5

Demandante: Orlando Ortiz Olaya

Aclara que al actor solamente se le aplicó el método técnico al año siguiente de su reconocimiento, es decir, en el año 2022 pero no obtuvo un resultado favorable según oficio No. 2023 -0214110-1 del 14 de febrero de 2023 , lo que indica que la UARIV desatendió el deber de informar sobre la priorización o desembolso de la indemnización durante cada vigencia.

2.4. La impugnación.

En término, la parte demandada impugna la anterior decisión para que se revoque la decisión de primera instancia o, modificarla para que se extienda el plazo dado para cumplir la decisión (archivo 14, Samai).

Indica que no vulneró el derecho fundamental de petición del demandante , porque mediante Resolución No. 04102019-1295143 de julio 25 de 2021 atendió su solicitud y e l resultado del método técnico de priorización del 2022 fue desfavorable y para el segundo semestre del 2025 aplicará nuevamente el método e informará si es favorable la entrega de la indemnización de conformidad con la disponibilidad presupuestal y de no serlo aplicará nuevamente el método el año siguiente.

desfavorable y para el segundo semestre del 2025 aplicará nuevamente el método e informará si es favorable la entrega de la indemnización de conformidad con la disponibilidad presupuestal y de no serlo aplicará nuevamente el método el año siguiente.

Trae a colación la Resolución 1049 de 2019 para señalar que la indemnización se entrega a quienes se les ha reconocido el derecho a recibirla y acreditan alguna situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad y son seleccionados aplicando el método técnico de priorización al o btener un resultado favorable y se paga en atención al presupue sto con el que cuenta la unidad y no es posible otorgar turnos de vigencias posteriores pues los casos que no cumplan las anteriores características no pueden pagars e o indicarles una fecha para llevarlo a cabo.

Cita la sentencia STP3492-2021 de la Corte Suprema de Justicia, T -171 de 2019 y SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional, para solicitar ampliar el término perentorio para cumplir la decisión, como consecuencia de los trámites administrativos que deben realizarse para llevar a cabo el método técnico de priorización, verificar la situación de cada integrante del núcleo familia r y revisar las fuentes externas para expedir de forma concreta lo ordenado.Radicación: 41001333306–2025–00097-01 6

Demandante: Orlando Ortiz Olaya

3. CONSIDERACIONES.

3.1. Competencia, legitimación y validez.

La Corporación es competente para dirimir esta instancia de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, procediendo a tomar la decisión que corresponda pues no se avizoran circunstancias que invaliden lo actuado y la s

La Corporación es competente para dirimir esta instancia de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, procediendo a tomar la decisión que corresponda pues no se avizoran circunstancias que invaliden lo actuado y la s partes están legitimadas en causa , dado que el demandante atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales a la demandada, a lo cual accedió parcialmente el a quo y la parte demandada impugnó la decisión, de ahí el interés en que se resuelva esta instancia.

3.2. Problema jurídico.

Conforme a la impugnación, corresponde resolver el Tribunal si debe revocar el fallo de primera instancia, porque la demandada no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor, pues le reconoci ó el derecho a la indemnización administrativa a través de la Resolución 04102019-1295143 de junio 25 de 2021 y le aplicó el método té cnico de priorización en el 2022 con resultado desfavorable y de manera subsidiaria, si hay lugar a modificar la decisión para que se conceda a la UARIV un término mayor para su cumplimiento.

El Tribunal considera que el fallo impugnado debe confirmarse, porque la vulneración al debido proceso deriva de n o haber aplicado al demandante el método técnico de priorización después del año 2022 y exigir le documentos innecesarios sin informarle el trámite a seguir.

Esta tesis se fundamenta en el análisis de: a) El procedimiento para reconocer y pagar la indemnización administrativa y , b) El caso concreto a la luz de lo probado.

3.3. El procedimiento para reconocer y pagar la indemnización administrativa.

pagar la indemnización administrativa y , b) El caso concreto a la luz de lo probado.

3.3. El procedimiento para reconocer y pagar la indemnización administrativa.

La Corte Constitucional mediante auto 206 de 2017 exhortó a la UARIV, al Ministerio d e Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación, para que reglamentaran el procedimiento para la obtención de la indemnización administrativa, lo cual fue realizado inicialmente con laRadicación: 41001333306–2025–00097-01 7

Demandante: Orlando Ortiz Olaya

Resolución No. 1958 del 6 de junio de 20182 y posteriormente con la Resolución No. 1049 del 15 de marzo de 20193, derogatoria de la anterior.

Prevé la última resolución que se otorgará la indemnización a la víctima que la haya solicitado y esté incluida en el RUV ( artículo 3) y se encuentre en estado de debilidad manifiesta o extrema vulnerabilidad cuando: a) tenga una edad igual o superior a 68 años4, b) padezca enfermedades huérfanas de tipo catastrófico o, c) tenga discapacidad certificada bajo los criterios del Ministerio de Salud y Protección Social (artículo 4).

Contempla además la referida reglamentación, el deber de participación de las víctimas aportando la información solicitada ( artículo 5) y el procedimiento para acceder a la indemnización administrativa, que está compuesto por las siguientes fases: i) Fase de solicitud de la indemnización, ii) Fase de análisis de la solicitud (En caso de verificarse que la víctima se encuentra en situación de

acceder a la indemnización administrativa, que está compuesto por las siguientes fases: i) Fase de solicitud de la indemnización, ii) Fase de análisis de la solicitud (En caso de verificarse que la víctima se encuentra en situación de urgencia manifiesta se priorizará el pago de la medida ( artículo 10), iii) Fase de respuesta de fondo a la solicitud y, iv) Fase de entrega de la indemnización.

De resultar procedente la indemnización y si la víctima se encuentra en situación de urgencia manifiesta , se priorizará la entrega de la medida , atendiendo a la disponibilidad presupuestal de la entidad , en los demás casos el orden de entrega se definirá a través del método de priorización que se aplica anualmente (artículo 14), el cual es un proceso técnico basado en criterios y lineamientos objetivos para establecer la priorización del desembolso (art ículo 16) y cuyo objeto es generar unas listas para la asignación de turnos de pago de manera proporcional a los recursos de la respectiva vigencia fiscal ( artículo 17).

Ahora, el referido método de priorización se encuentra reglado más concretamente en el anexo de la citada resolución, cuyo capítulo IV reguló su aplicación así:

2 Por medio de la cual se establece el procedimiento para el acceso a la medida individual de indemnización administrativa.

3 Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa, se crea el método técnico de priorización, se derogan las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018 y se dictan otras disposiciones.

4 La edad estaba consagrada en 74 años, pero fue modificada a 68 años mediante la Resolución No. 582

se crea el método técnico de priorización, se derogan las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018 y se dictan otras disposiciones.

4 La edad estaba consagrada en 74 años, pero fue modificada a 68 años mediante la Resolución No. 582 del 26 de abril de 2021.Radicación: 41001333306–2025–00097-01 8

Demandante: Orlando Ortiz Olaya

“La aplicación del Método se realizará anualmente, respecto de la totalidad de víctimas que al finalizar el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior cuenten con decisión de reconocimiento de indemnización administrativa a su favor.

Aquellas víctimas a quienes no se les asigne turno para el desembolso de la medida de indemnización en la resp ectiva vigencia, la Unidad para las Víctimas procederá a aplicarles el método cada año hasta que, de acuerdo con el resultado, sea priorizado para el desembolso de la indemnización administrativa. En ningún caso, el puntaje obtenido en una vigencia será acumulado para el siguiente año.

Las victimas que según la aplicación del Método obtengan el puntaje que les otorgue turno de entrega de la indemnización administrativa en la correspondiente vigencia, serán citadas de manera gradual en el transcurso del año para la entrega de la indemnización administrativa. La Unidad para las Víctimas pondrá a disposición de las víctimas la información, que les permita conocer sobre la priorización o no del desembolso de la indemnización administrativa, durante cada vigenci a”. (Subrayas son del Tribunal)

Dicho método técnico ofrece dar prioridad a situaciones de extrema urgencia y requieren un enfoque diferencial , sin desconocer el derecho a la igualdad que

desembolso de la indemnización administrativa, durante cada vigenci a”. (Subrayas son del Tribunal)

Dicho método técnico ofrece dar prioridad a situaciones de extrema urgencia y requieren un enfoque diferencial , sin desconocer el derecho a la igualdad que asiste a cada una de las víctimas en espera del acceso a dicho recurso en el turno que correspondió, no obstante, la Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que la tutela no es el instrumento adecuado para adelantar u obtener turnos para el pago de prestaciones económicas o indemnizaciones , pues ello iría en contra de l debido proceso y del derecho a la igualdad de quienes se encuentran en su misma situación . Así lo indicó , en la sentencia T175/08:

“6.7. La acción de tutela no puede ser utilizada para pretermitir los trámites administrativos que las respectivas autoridades administrativas han establecido y que tienen una finalidad justificada en el mismo ordenamiento constitucional. Tampoco para alterar el listado de potenciales beneficiarios de una prestación social que se han presentado oportunamente al proceso de selección, por los canales institucionales que las normas jurídicas han diseñado para el efecto.”5

3.4. Caso concreto.

Con la Resolución No. 04102019 -1295143 del 25 de junio de 2021 (f. 23 a 29, archivo 6, Samai) , la UARIV reconoció al señor Orlando Ortiz Olaya y su grupo familiar, el derecho a recibir la indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, con excepción de la menor Daniela Ortiz Cortés por ser persona fallecida para la fecha de dicha decisión.

familiar, el derecho a recibir la indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, con excepción de la menor Daniela Ortiz Cortés por ser persona fallecida para la fecha de dicha decisión.

5 Véase también, entre otras, la sentencia T-166/07.Radicación: 41001333306–2025–00097-01 9

Demandante: Orlando Ortiz Olaya

En oficio de radicado No. 2023 -0214110-1 del 11 de octubre de 2022 (f. 15 a 18, Id.) , la directora técnica de reparación de la UARIV comunica al actor e l resultado desfavorable del método técnico de priorización aplicado a él y su núcleo familiar, pues luego del proceso técnico recibieron una puntuación menor a la media indemnizatoria para la vigencia a aplicar, atendiendo la disponibilidad presupuestal.

Luego, con el oficio No. 2024-0882360-1 de mayo 17 de 2024 (f. 8 y 9, archivo 3, Samai) la directora técnica de reparación responde a la petición del actor con radicado No. 2024-0277292-2 (sin indicar fecha y asunto), señalando:

“Una vez revisados los soportes documentales que hacen parte de la presente solicitud, se evidencia una novedad que impide dar una respuesta de fondo sobre el reconocimiento de la medida de indemnización administrativa, toda vez que, en el análisis del caso, se logró establecer que el documento de identidad del (de la) señor(a) DANIELA ORTIZ C ORTES, en los sistemas de información de la Registraduría Nacional del Estado Civil reporta un estado de: NO CRUZA CON REGISTRADURIA.

señor(a) DANIELA ORTIZ C ORTES, en los sistemas de información de la Registraduría Nacional del Estado Civil reporta un estado de: NO CRUZA CON REGISTRADURIA.

Así las cosas y en virtud del principio de participación conjunta, es importante contar con la información suficiente que permita la plena identificación de los beneficiarios con derecho a recibir la medida de indemnización y la actualización de las víctimas en el Registro, por lo que se solicita se aclare el reporte en el Registro de la Registraduría Nacional del Estado Civ il y se aporte el documento de certificado de vigencia que expide dicha entidad, que nos permita subsanar la información de lo(s) beneficiario(s) relacionado(s) en la solicitud.”

Igualmente, con oficio No. 2025 -0104587-1 del 25 de febrero de 2025, la directora técnica de registro y gestión de la información de la UARIV (f. 12 a 18, archivo 6, Samai) da respuesta a petición del actor con Rad. 2025 -0086004-2 (sin indicar fecha), en los siguientes términos:

“(…) se presentan novedades para dar una respuesta de fondo, por lo que se hace necesario suministrar información adicional para subsanar o corregir la información en el registro único de víctimas.

Ahora bien, en marco del estudio del presente caso, la Unidad encuentra la necesidad de contar con documentación e información adicional para dar una respuesta de fondo sobre la indemnización. Es así como, se requiere actualizar la información de DANIELA ORTIZ CORTESrelacionada con TIPO Y/O NÚMERO DE DOCUMENTO en el Registro único de Víctimas, por consiguiente , a continuación, se detalla las rutas dispuestas por la entidad para realizar dicho trámite (…)”

ORTIZ CORTESrelacionada con TIPO Y/O NÚMERO DE DOCUMENTO en el Registro único de Víctimas, por consiguiente , a continuación, se detalla las rutas dispuestas por la entidad para realizar dicho trámite (…)”

En consecuencia, si bien el demandante no cuenta con soportes de sus peticiones porque indica se hicieron de manera verbal, no tiene sentido queRadicación: 41001333306–2025–00097-01 10

Demandante: Orlando Ortiz Olaya

luego de haber reconocido el derecho a la indemnización administrativa en oficios del 2024 y 2025 se solicite evidencia del fallecimiento de la menor Ortiz Cortés, pues fue por ese motivo que no se incluyó en el reconocimiento de dicha indemnización.

Por el contrario, sólo se demuestra que en el año 2022 se estudió el método técnico de priorización al demandante y su núcleo familiar, pero según lo expuesto dicho procedimiento debe aplicarse anualmente sobre la totalidad de víctimas que al finalizar el año inmediatamente anterior cuenten con decisión de reconocimiento de indemnización administrativa a su favor, sin que se haya acreditado por la demandada que el método técnico de priorización fue aplicado después del año 2022 para analizar la prioridad d el actor y por el contrario , se solicitan documentos innecesarios como ya se advirtió.

Es por eso que , la parte demandada de satendió el debido proceso establecido para la fase de entrega de la indemnización, esto es, llevar a cabo dicho método de forma anual y por ello debe confirmarse el amparo al derecho fundamental al debido proceso del actor.

De otro lado, la UARIV ha solicitado modificar la decisión para que se conceda un término adicional para su cumplimiento, justificando que existe un

de forma anual y por ello debe confirmarse el amparo al derecho fundamental al debido proceso del actor.

De otro lado, la UARIV ha solicitado modificar la decisión para que se conceda un término adicional para su cumplimiento, justificando que existe un procedimiento al interior de la entidad para aplicar el método técnico de priorización; sin embargo, considera este Tribunal que no son suficientes los motivos para modificarla, ya que la orden de la sentencia pretende que en las 48 horas siguientes a la notificación de la decisión, se dé inicio a las gestiones pertinentes para aplicar el método técnico de priorizaci ón, al no haberlo hecho en la oportunidad prevista en el reglamento durante los años 20 23 y 2024 ni se le ha informado lo pertinente a esta vigencia.

Así, la decisión pretende que el método técnico de priorización se ponga en marcha y se informe al actor el cronograma de planeación para esa actividad , pues tiene derecho a estar informado sobre las condiciones de evaluació n y resultado de esta vigencia, sin que ello infiera en su resultado, por lo cual no se acogen los argumentos de la impugnación.Radicación: 41001333306–2025–00097-01 11

Demandante: Orlando Ortiz Olaya

4. DECISIÓN.

Por lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Huila, sala primera de decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

DECIDE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de abril de 2025 del Juzgado

Sexto Administrativo de Neiva.

SEGUNDO: ORDENAR que se envíe copia de este fallo al Juzgado de origen.

DECIDE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de abril de 2025 del Juzgado

Sexto Administrativo de Neiva.

SEGUNDO: ORDENAR que se envíe copia de este fallo al Juzgado de origen.

TERCERO: ORDENAR que se remita el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Los magistrados, firmando electrónicamente

JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO ENRIQUE DUSSÁN CABRERA

RAMIRO APONTE PINO