TA MET - Sentencia 500013333001-2019-00044-02 (03-04-2025)

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Medio de control: Nulidad y Restablecimiento Expediente: 500013333001-2019-00044-02

Asunto: Sentencia de Segunda Instancia

PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE ARDILA OBANDO

Villavicencio, tres (03) de abril de dos mil veinticinco (2025)

SALA DE DECISIÓN ORAL No. 2

ASUNTO: APELACIÓN DE SENTENCIA

REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: LUIS ENRIQUE CAMARGO RODRIGUEZ DEMANDADO: NACIÓN -FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN RADICACIÓN: 500013333001-2019-00044-02

I. SENTENCIA

Encontrándose el asunto al Despacho para proferir sentencia, y advirtiéndose la posibilidad de la alteración del turno 1, procede la Sala a resolver el recurso de apelación formulado por la entidad demandada contra la sentencia proferida el 22 de marzo de 202 4 por el Juzgado Transitorio Administrativo del Circuito de Villavicencio, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

El ciudadano LUIS ENRIQUE CAMARGO RODRIGUEZ , mediante apoderado judicial, promovió el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho2 consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A .3., contra la NACIÓN -FISCALÍA

judicial, promovió el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho2 consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A .3., contra la NACIÓN -FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con el fin de que estimen las siguientes:

1. Pretensiones.

1 “En relación con el derecho de turno es necesario tener en cuenta que los artículos 63 A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 , y 18 de la Ley 446 de 1998, determinan que los jueces deben proferir las sentencias en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, y que la alteración de dicho orden puede realizarse, excepcionalmente, entre otras causales, en atención a su especial trascendencia social y por carecer de antecedentes jurisprudenciales, cuando su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 3 de julio de 2018. Radicado: 73001 -23-31-0002012-00227-01(50949), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 2 Folios 5-32 archivo «003. Cuaderno principal (fls 1-74) -SAMAI índice 3 Juzgado» 3 “Artículo 138 C.P.A.C.A. Nulidad y restablecimiento del derecho: “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño”. (…)2

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento

particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño”. (…)2

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento Expediente: 500013333001-2019-00044-02

Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA Solicita el apoderado del actor que previa inaplicación por inconstitucional de la expresión «y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en salud», contenida en el artículo 1 del Decreto 382 de 2013, se declare la nulidad i) del Oficio No.122 (DS-0212-06 – 0122) del 30 de agosto de 2017, que negó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial, ii) Que se declare el silencio administrativo negativo, parcialmente, respecto de la petición elevada ante la Fiscalía General de la Nación, el día 13 de Julio de 2018 y radicada bajo el No. 20186110741882, silencio administrativo en cuanto a que considera que mediante oficio DS.02-12-06 No. 0122 del 30/08/2017 dio respuesta y no resuelve la solicitud del reconocimiento, reliquidación y pago de los reajustes salariales y prestacionales y el pago de los dineros retroactivo, iii) Que se declare la nulidad del Oficio 30900 231 de Octubre 09 de 2018, por medio del cual la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, emite respuesta al radicado No.20186110741882 de fecha 13 de julio de 2018, en cuanto a

09 de 2018, por medio del cual la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, emite respuesta al radicado No.20186110741882 de fecha 13 de julio de 2018, en cuanto a que considera que mediante oficio DS.02 -12-06 No. 0122 del 30/08/2017 dio respuesta y no resuelve la solicitud del reconocimiento, reliquidación y pago de los reajustes salariales y prestacionales y el pago de los dineros retroactivos.

Como consecuencia de lo anterior, requiere que se condene a la entidad demandada a reconocer la bonificación judicial como constitutiva de factor salarial para liquidar las prestaciones sociales devengadas por el actor hasta que se haga efectivo su reconocimiento.

Finalmente, pretende que se dé cumplimiento a la sentencia de conformidad con los artículos 187 y 192 de la Ley 1437 de 2011, y que la demandada se condene al pago de costas y agencias en derecho.

2. Hechos.

Se indica en la demanda que el demandante se vinculó a la Fiscalía General de la Nación desde la anualidad de 1997, en calidad de Fiscal delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos de la Dirección Seccional de Villavicencio y en virtud de la expedición del Decreto 0382 de 2013, y la no inclusión de la bonificación judicial en la liquidación de sus prestaciones sociales, elevó diferentes solicitudes en tal sentido, ante su empleador, mediante escrito radicado el 07 de abril de 2017, 15 de agosto de 2017 y 13 de julio de 2018.

Señala que su petición fue desestimada mediante Oficio No.122 (DS-02-12-06 – 0122)

agosto de 2017 y 13 de julio de 2018.

Señala que su petición fue desestimada mediante Oficio No.122 (DS-02-12-06 – 0122) del 30 de agosto de 2017 , con relación a la petición radicada el 07 de julio de 2018, sobre la reliquidación de las prestaciones sociales según lo dispuesto en el Decreto 1251 de 2009 y con la inaplicación por inconstitucional del Decreto 383 de 2013, la demandada no ha dado respuesta de fondo. Por medio de oficio nro. 30900 231 del 09 de octubre de 2018, la Fiscalía General de la Nación emitió respuesta parcial frente a la petición radicada el 13 de julio de 2018, remitiendo al oficio nro. 122 (DS -02-12-3

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06Oficio No. 0122) de fecha 30 de agosto de 2017, por lo que se entiende que la decisión es negativa ante el silencio de la administración.

3. Normas violadas y concepto de violación.

Se señalan como fundamentos normativos:

• Constitución Política: artículos 1, 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29 y 53. - Código Sustantivo del Trabajo: artículos 127 y 128. - Leyes: 4 de 1992 artículos 1,2 4, 10, y 14 - Decretos: 1042 de 1978 y 1092 de 2012.

• Código Sustantivo del Trabajo: artículos 127 y 128. - Leyes: 4 de 1992 artículos 1,2 4, 10, y 14 - Decretos: 1042 de 1978 y 1092 de 2012. - Tratados Internacionales: Convenios 111 y 151 de la Organización Internacional del

Trabajo – OIT.

Indica que el principio de favorabilidad que ampara los derechos laborales de los empleados, tiene fundamento en el inciso 1º del artículo 53 de la Constitución Política, así como en el criterio de la doctrina y la jurisprudencia, según el cual, todo lo que perciba el asalariado con periodicidad como remuneraci ón por su trabajo, constituye factor salarial para la liquidación de sus prestaciones.

Señala que los decretos que regulan la prima especial determinan que esta corresponde al 30% del salario básico mensual, sin carácter salarial, evidenciándose la reducción del salario básico mensual con efectos salariales. Explica que sería inaceptable que la prima especial por más exenta esté de su carácter salarial, representen una disminución de la remuneración mensual de los servidores públicos, de lo que se debe concluir que al tomar un 30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a tí tulo de prima especial sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los contenidos y valores establecidos en la Ley 4 de 1992.

Por último, considera que, conforme al Decreto 383 de 2013, la bonificación judicial se creó para nivelar la remuneración de los servidores públicos, por lo que desconocer su factor salarial, afecta de manera directa los ingresos del trabajador y

Por último, considera que, conforme al Decreto 383 de 2013, la bonificación judicial se creó para nivelar la remuneración de los servidores públicos, por lo que desconocer su factor salarial, afecta de manera directa los ingresos del trabajador y desconoce el principio de igualdad, progresividad y favorabilidad, toda vez que, no se trata de un pago ocasional, por el contrario, representa una remuneración habitual y mensual, por lo que debe ser tenida en cuenta a la hora de liquidar y pagar las prestaciones sociales causadas a partir del 1 de enero de 2013.

4. Contestación de la demanda.

Mediante apoderada judicial, la Fiscalía General de la Nación dio contestación a la demanda4, manifestando inicialmente que la bonificación judicial establecida en el Decreto 382 de 2013, responde a un proceso de negociación laboral adelantado con

4 Archivo « Contestación demanda -SAMAI índice 20 Juzgado»4

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Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA los representantes de las agremiaciones sindicales de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, quienes estuvieron de acuerdo con su naturaleza de factor salarial únicamente para la «base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud».

Aduce que el hecho de que la bonificación judicial del artículo 1 del Decreto 382 de 2013 no se constituya como factor salarial, sino únicamente para la base de cotización al sistema al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en salud, no puede ser considerado ilegal ni tampoco como un indebido ejercicio de

2013 no se constituya como factor salarial, sino únicamente para la base de cotización al sistema al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en salud, no puede ser considerado ilegal ni tampoco como un indebido ejercicio de las competencias del Ejecutivo Nacional, y dicha norma se ajusta con rigor a los bloques de constitucionalidad y legalidad, y al acuerdo realizado con los representantes de las organizaciones de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial. Agrega que si la parte actora consideraba que los negociadores designados no cumplieron a cabalidad con sus compromisos en materia de nivelación, el presente medio de control no es el escenario propicio para descalificarlos , debiéndose haber demandado la legalidad y constitucionalidad del Decreto No. 382 de 2013.

Explica que mediante el Decreto 382 de 2013 se creó la bonificación judicial para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, a quienes se aplica el régimen establecido en el Decreto 53 de 1993, y se rigen por el Decreto 875 de 2012 y por las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, y el citado decreto estableció de manera expresa que ninguna autoridad podía establecer o modificar el régimen salarial o prestacional allí estatuido, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 dela Ley 4 de 1992, y que cualquier disposición en contrario carece de todo efecto y no crea derechos adquiridos.

Alude que la entidad está actuando en cumplimiento de un deber legal, al acatar textualmente lo que dice la norma ; y también menciona la c onstitucionalidad de la restricción del carácter salarial, precisando la competencia del legislador, dentro de

Alude que la entidad está actuando en cumplimiento de un deber legal, al acatar textualmente lo que dice la norma ; y también menciona la c onstitucionalidad de la restricción del carácter salarial, precisando la competencia del legislador, dentro de la libertad que le asiste, de determinar los elementos de la retribución directa del servicio dentro de la relación laboral subordinada, así como de los pagos o remuneraciones que no constituyen salario para los efectos de la liquidación de prestaciones sociales.

Hace alusión a la aplicación del mandato de sostenibilidad fiscal en el Decreto 382 de 2013, refiriendo que corresponde a una decisión del Gobierno Nacional que tiene influencia directa en el presupuesto, por lo que otorgarse carácter salarial pleno con incidencia en la base de liquidación de prestacionales sociales y demás pagos laborales a la bonificación judicial no solo contraría una decisión discrecional del Gobierno, sino que afecta directamente el mandato de sostenibilidad fiscal.

Menciona el cobro de lo no debido, por cuanto a la entidad no le es dable a reconocer lo que la ley no le concede , y que la demandada ha actuado siempre de buena fe,5

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Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA teniendo en cuenta las normas vigentes, los principios aceptados por la doctrina y la jurisprudencia.

Por último, formula como excepci ón la prescripción de los derechos laborales , invocando el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, el artículo 488 del Código

jurisprudencia.

Por último, formula como excepci ón la prescripción de los derechos laborales , invocando el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, y el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral.

5. Sentencia apelada.

El Juzgado Transitorio Administrativo del Circuito de Villavicencio, en sentencia proferida el 22 de marzo de 202 4,5 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda: i) declarando la excepción de inconstitucionalidad , y por ende, inaplicando la expresión «se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud » referida en el artículo 1 de los Decretos 382 de 2013 así como en los demás decretos que se expidieron reproduciendo tal disposición, y en su lugar se acudirá al principio constitucional de equidad para revisar el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados y a los principios de protección al salario consignados en el artículo 53 de la CP , ii) declarando la nulidad parcial del Oficio No.122 ( DS-02-12-06 – 0122) del 30 de agosto de 201 7; iii) ordenando el reconocimiento a favor del actor de la bonificación judicial creada a través del Decreto 382 de 2013 como factor salarial, desde el 1 de enero de 2013 en adelante por el tiempo efectivamente laborado en la Fiscalía General de la Nación y hasta la terminación de su vínculo laboral, reliquidando todas las prestaciones sociales devengadas por el demandante, con la actualización de las sumas resultantes, con el

el tiempo efectivamente laborado en la Fiscalía General de la Nación y hasta la terminación de su vínculo laboral, reliquidando todas las prestaciones sociales devengadas por el demandante, con la actualización de las sumas resultantes, con el pago de las diferencias a partir del 1 5 de agosto de 2014, iv )declarando probada la excepción de prescripción trienal contemplada en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, respecto de los derechos que le pudieran corresponder al demandante en virtud del reconocimiento derivado de la bonificación judicial, con antelación al 15 de agosto de 2014, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, v) declarando probada la excepción de prescripción extintiva respecto de las diferencias que le pudieran corresponder al demandante por concepto de reliquidación de prestaciones sociales y laborales derivadas de la prima especial y por el reajuste del Decreto 1251 de 2009, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

Sostiene el a quo que el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 ordenó revisar la remuneración de los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación, buscando iniciar y conseguir un proceso de nivelación salarial. Lo que comenzó a cristalizarse veinte años después con la expedición del Decreto 382, 383 y 384 de 2013 que crearon la bonificación judicial que se reconocerá mensualmente y s olo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

5 Archivo « Sentencia 22 mar 2024 -SAMAI índice 66 Juzgado»6

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General de Seguridad Social en Salud.

5 Archivo « Sentencia 22 mar 2024 -SAMAI índice 66 Juzgado»6

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Asunto: Sentencia de Segunda Instancia

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Luego hace referencia al concepto de salario , trajo a colación el concepto de salario contenido en el artículo 1 del Convenio 095 de la OIT ratificado por la Ley 52 de 1962 y el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual, constituye salario todo lo que percibe el trabajador como contraprestación directa del servicio, independientemente de la forma o denominación que adopte ; citando para ello pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia.

Colige que es posible afirmar que la Bonificación Judicial constituye salario en contravía de lo establecido en el Decreto 38 2 de 2013, toda vez que se trata de una retribución habitual, periódica , como contraprestación directa de sus servicios ; de manera que , la negativa de la administración para tenerla en cuenta como factor salarial para liquidar las prestaciones sociales del demandante, desconoce el derecho convencional, constitucional y legal que rige la materia.

Se refiere al quebrantamiento del principio de sostenibilidad fiscal , según el cual la demandada menciona que provocaría que se ordenara la disposición de recursos públicos adicionales para sufragar necesidades no proyectadas con anterioridad, desbordando el presupuesto destinado para solventar este emolumento adicional; aclarando que se trata de dos situaciones distintas, una definida en la Ley 1437 de

públicos adicionales para sufragar necesidades no proyectadas con anterioridad, desbordando el presupuesto destinado para solventar este emolumento adicional; aclarando que se trata de dos situaciones distintas, una definida en la Ley 1437 de 2011 cuyo objeto es garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad macroeconómica del país, y otra, es la dispuesta en el Decreto 111 de 1996 -Estatuto Orgánico del Presupuesto-. Seguidamente, afirma que el actor está haciendo aportes a seguridad social integral sobre el emolumento que reclama como factor salarial, y ello lo legitima para su reclamación.

Concluye que al haberse desvirtuado la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, se debe declarar su nulidad y ordenar el restablecimiento de los derechos del demandante en los términos ya referidos.

6. Recurso de apelación.

Inconforme con la decisión anterior, la apoderada de la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación6, indicando que se desconoce que el Decreto 382 de 2013 está vigente en el ordenamiento jurídico, gozando de plena validez al encontrarse amparado del principio de legalidad, pues las disposiciones allí contenidas son producto de la facultad legal otorgada al Gobierno Nacional desde la Constitución Política, regidas por los criterios de la Ley 4 de 1992 para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, por lo que a dicha entidad no le es posible modificar la norma, su interpretación o aplicación.

Afirma que no se encuentra aparte normativo que indique que todo lo que devengue un trabajador tenga que hacer parte de la base de liquidación de todos los

entidad no le es posible modificar la norma, su interpretación o aplicación.

Afirma que no se encuentra aparte normativo que indique que todo lo que devengue un trabajador tenga que hacer parte de la base de liquidación de todos los

6 Archivo « Recurso de apelación -SAMAI índice 69 Juzgado»7

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento Expediente: 500013333001-2019-00044-02

Asunto: Sentencia de Segunda Instancia PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA factores salariales y prestacionales que el mismo reciba, pues contrario a ello, la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 15 de marzo del 2017, Rad. 48001, indicó que dicho concepto de salario debe ser adoptado solo para determinar el alcance de las disposiciones del Convenio 095 de la OIT; y además los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo delimitan el concepto de salario, debiendo analizar que si bien un pago puede ser habitual, ello no implica que a dicho valor se le deba otorgar un reconocimiento automático de ser base de liquidación de prestaciones sociales y demás emolumentos que percibe un empelado, siendo facultad del legislador determinar cuál pago se incluye o no, dentro de las bases de liquidación.

Agrega que se desconoce el p recedente del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en tal sentido.

Aduce que la alegada bonificación judicial nació de un proceso de negociación colectiva laboral entre agremiaciones sindicales y entidades del sector judicialAcuerdo del 6 de noviembre de 2012 plasmado en el Acta No. 25 del 8 de enero de

Aduce que la alegada bonificación judicial nació de un proceso de negociación colectiva laboral entre agremiaciones sindicales y entidades del sector judicialAcuerdo del 6 de noviembre de 2012 plasmado en el Acta No. 25 del 8 de enero de 2013-, por lo que los términos en que se estableció fueron aceptados por las partes en negociación; siendo esta una restricción salarial ajustada a la Constitución y tratados internacionales en materia laboral, pues no implica desmejora alguna en los derechos del trabajador.

Indica que la bonificación judicial fue creada y diseñada sobre la base de unos recursos específicos que destinó el Gobierno Nacional para cubrir los efectos de dicha concertación, atendiendo el mandato constitucional de sostenibilidad fiscal, por lo que a fectar los efectos salariales que desde su creación se le otorgó a esta retribución provocaría que se ordenará la disposición de recursos públicos adicionales para sufragar necesidades no proyectadas con anterioridad, desbordando el presupuesto destinado p ara solventar este emolumento adicional. Adicionalmente, señala que ordenar la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial haciendo base de liquidación para todas las prestaciones sociales y emolumentos salariales devengados por los funcionarios, afecta las normas particulares que se han promulga do para reglamentar la forma de liquidar cada prestación o emolumento, pues se adicionaría un factor que no había sido previsto en dichas normas.

Concluye señalando que la excepción de inconstitucionalidad solo procede cuando se presente una evidente y palmaria contradicción entre una disposición legal o reglamentaria y los preceptos constitucionales, lo que debe quedar suficientemente

Concluye señalando que la excepción de inconstitucionalidad solo procede cuando se presente una evidente y palmaria contradicción entre una disposición legal o reglamentaria y los preceptos constitucionales, lo que debe quedar suficientemente argumentado en las decisiones judiciales, pues de no hacerse se constituy e en arbitraria, y constituye una vulneración al debido proceso.

Finalmente, solicita revocar la decisión y en su lugar, negar las súplicas de la demanda.

7. Trámite procesal.8

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PROYECTO DE SENTENCIA COMPLEMENTARIA

Mediante proveído del 26 de junio de 2024,7 la Sala Plena de este Tribunal se declaró impedida para asumir el conocimiento del asunto, de conformidad con el numeral 1 del artículo 141 del C.G.P; y de acuerdo con el trámite previsto en artículo 131 del C.P.A.C.A, el expediente se remitió al Consejo de Estado , y dicha Corporación en auto del 19 de septiembre de 2024 declaró fundado el impedimento ordenando la devolución del expediente.

Con ocasión de lo anterior, a través de auto del 12 de diciembre de 20248, se dispone el obedecimiento y cumplimiento de lo resuelto por el superior, y en el mismo proveído se admite el recurso de apelación, y se indic a a las partes y al Ministerio Público que conforme a lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 247 del C.P.A.C.A, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, podrían

Público que conforme a lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 247 del C.P.A.C.A, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, podrían «pronunciarse en relación con el recurso de apelación» hasta la ejecutoria del auto.

Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal y el Ministerio Público no emitió concepto.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de la presente apelación de conformidad con el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta que se trata de una sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Transitorio Administrativo del Circuito de Villavicencio y corresponde a esta corporación su conocimiento como superior funcional. Así mismo, se advierte que se revisará el fallo del a quo únicamente en relación con los aspectos que fueron objeto de apelación, en virtud del artículo 328 del Código General del Proceso.

2. Oportunidad para promover el medio de control.

Teniendo en cuenta que en el presente asunto se demanda la nulidad de los actos administrativos que resolvieron negativamente la solicitud de reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial , y que de acuerdo con el contexto fáctico descrito en la demanda y sus anexos, para el momento de presentación de la misma, el actor se encontraba en servicio, al tenerse como vigente el vínculo laboral, es posible concluir que el derecho reclamado se cataloga como una prestación periódica, por lo que en virtud del literal «C» del numeral primero del artículo 164 C.P.A.C.A., no es procedente el análisis de caducidad, pues cuando la demanda se dirige contra actos que reconocen o niegan total o parcialmente prestaciones

periódica, por lo que en virtud del literal «C» del numeral primero del artículo 164 C.P.A.C.A., no es procedente el análisis de caducidad, pues cuando la demanda se dirige contra actos que reconocen o niegan total o parcialmente prestaciones periódicas, esta puede presentarse en cualquier tiempo.

7 SAMAI: TAM (2Manifiesta impe_50001333300120190004(.pdf) NroActua 4) - índice 4 8 SAMAI índice 13 TAM»9

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3. Problema Jurídico.

Se contrae a determinar si es procedente inaplicar parcialmente el artículo 1 del Decreto 382 de 2013 y demás decretos que lo modifiquen y sustituyan, bajo la premisa de que la bonificación judicial creada para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, entre ellos el señor LUIS ENRIQUE CAMARGO RODRIGUEZ, debe constituirse como factor salarial para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales, como lo dispuso el a quo; o si, por el contrario, no opera la excepción de inconstitucionalidad y la referida bonificación judicial no tiene la connotación de factor salarial, y en consecuencia deben negarse las pretensiones, conforme lo solicita la recurrente.

Una vez planteado lo anterior, procede la Sala a delimitar el sub examine teniendo en cuenta lo siguiente:

4. Excepción de inconstitucionalidad.

La excepción de inconstitucionalidad es un instrumento establecido por el artículo 4

Una vez planteado lo anterior, procede la Sala a delimitar el sub examine teniendo en cuenta lo siguiente:

4. Excepción de inconstitucionalidad.

La excepción de inconstitucionalidad es un instrumento establecido por el artículo 4 de la Constitución Política, cuya aplicación se alega para que en caso de presentarse contradicción entre una norma de rango legal y otra de nivel constitucional, se aplique esta última, con el fin de preservar las garantías constitucionales.

El referido artículo 4 preceptúa que la Constitución «es norma de normas », y para garantizar su prevalencia frente a otras normas, el ordenamiento jurídico ha previsto controles por vía de acción y de excepción; mediante el último, el funcionario público o judicial está facultado para inaplicar de oficio la disposición -excepción de inconstitucionalidado el acto administrativo -excepción de ilegalidad -, lo que solo resulta procedente para resolver casos o situaciones concretas o subjetivas, de modo que quien la hace efectiva es la autoridad que conoce del correspondiente asunto, siendo así de naturaleza subjetiva o inter partes.

Es importante distinguir que el control de constitucionalidad concentrado le compete a la Corte Constitucional, y en forma residual al Consejo de Estado , asumiendo el conocimiento de las demandas formuladas en ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, respecto de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, de acuerdo con lo previsto en los artículos 237, numeral 2, y 241 de la Constitución Política; mientras que, el control por vía de excepción recae en cabeza de cualquier autoridad ya sea judicial o administrativa, incluso sobre particulares que deban aplicar una norma en un caso concreto.

Constitución Política; mientras que, el control por vía de excepción recae en cabeza de cualquier autoridad ya sea judicial o administrativa, incluso sobre particulares que deban aplicar una norma en un caso concreto.

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