TA SAN - Auto 68001-33-33-010-2023-00018-01 (09-09-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, nueve (09) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Ingresa a estudio de la Sala el expediente de la referencia con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra del auto proferido por el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga el 4 de junio de 2024, por medio del cual se rechazó la demanda por caducidad.

I. Antecedentes.

1. De la demanda y el trámite dado desde su radicación.

La demanda fue radicada el 17 de junio de 2022 ante los Juzgados Laborales del Circuito de Bucaramanga, correspondiéndole por reparto, al Juzgado Quinto Laboral. En ella, el señor Gómez Torres busca, se declare su derecho a ser afiliado por la Universidad Industrial de Santander como dependiente económico de su progenitora, quien además fue designada como su persona de apoyo para la realización de actos jurídicos, mediante Escritura No. 1852 del 27 de mayo del 2022.

Mediante auto del 07 de julio del mismo año, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga, inadmite la demanda aduciendo los siguientes yerros de forma:

 Existe una incongruencia contra el sujeto o sujetos sobre los cuales inicia un proceso ordinario laboral, ya que en el encabezado como en el poder adjunto, señala demandado UIS y en el contenido de la demanda refiere a UISALUD,  Las pruebas documentales aportadas no son totalmente legibles,

proceso ordinario laboral, ya que en el encabezado como en el poder adjunto, señala demandado UIS y en el contenido de la demanda refiere a UISALUD,  Las pruebas documentales aportadas no son totalmente legibles,  No aportó los documentos relacionados en los numerales 34 a 37 del acápite de pruebas,  Debe allegar memorial – poder otorgado por la señora Olga Maria Torres de Gómez quien actúa como progenitora de Fernando Andrés Gómez, conforme al requisito exigido en el inciso segundo del artículo 74 del CGP. El aportado con la demanda carece de nota de presentación personal o del cumplimiento de las formalidades contenidas en la Ley 2213 del 2022,  Debe allegar la historia laboral de la señora Olga Maria Torres de Gómez en donde dé cuenta de su calidad de servidora pública de la UIS, así como el acto administrativo donde le fue reconocida la pensión, Expediente 68001333301020230001801

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Fernando Andrés Gómez Torres

abogadosdiazleon@yahoo.com; edwardalexanderdiazleon2022@gmail.com; edwardalexander2022@gmail.com

Demandado: Universidad Industrial de Santander – UIS

notificacionesjudiciales@uis.edu.co

Ministerio Público: Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos

nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema: Auto resuelve recurso de apelación / Confirma rechazo de demanda por caducidadTribunal Administrativo Oral de Santander Exp: 680013333010-2023-00018-01

 No se dio cumplimiento al requisito previsto en el artículo 6 de la Ley 2213 de

demanda por caducidadTribunal Administrativo Oral de Santander Exp: 680013333010-2023-00018-01

 No se dio cumplimiento al requisito previsto en el artículo 6 de la Ley 2213 de 2022, esto es, envío simultaneo de la demanda a todos los sujetos procesales.

Frente al referido auto, la parte demandante interpone solicitud de aclaración, en donde solicita se le aclare si: « con el pantallazo que obra en el proceso de la referencia, que acredita el otorgamiento del poder mediante mensaje de datos por correo electrónico de la actora al suscrito, se cumple con el citado art. 5 de la ley 2213 de 2022 y […] si con la resolución que concede pensión de vejez a la actora, es suficiente para acreditar la calidad de servidor público en la UIS junto con el reconocimiento de pensión de jubilación»

Con auto del 22 de julio del 2022, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga, niega la solicitud de aclaración, aduciendo que, en virtud de lo previsto en el artículo 285 del CGP, la finalidad de la aclaración es precisar conceptos o frases que ofrezcan un verdadero motivo de duda, lo que no se observa en el auto inadmisorio. Inconforme con la decisión la parte demandante presenta recurso de reposición, el cual es resuelto en auto del 29 de julio del mismo año, en el sentido de no reponer.

Con posterioridad el demandante subsana lo solicitado por el Juzgado y, con auto del 30 de agosto del 2022 se admite la demanda. El proceso continuó su curso ordinario, siguiendo con la notificación a la parte demandada, la contestación a la demanda, la

Con posterioridad el demandante subsana lo solicitado por el Juzgado y, con auto del 30 de agosto del 2022 se admite la demanda. El proceso continuó su curso ordinario, siguiendo con la notificación a la parte demandada, la contestación a la demanda, la presentación de reforma de la demanda y su admisión.

En audiencia del 1 de febrero del 2023, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga en aplicación de lo previsto en el artículo 132 del CGP, declara la falta de jurisdicción y ordena remitir las diligencias a los Juzgados Administrativos de Bucaramanga, para que allí, se asuma el conocimiento del expediente, conservado la validez de todo lo actuado.

El proceso es repartido al Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, quien con auto del 24 de abril del 2023 resuelve no avocar el conocimiento del mismo y remitir ante la H. Corte Constitucional para que allí, se dirima el respectivo conflicto de jurisdicción. Con auto del 25 de noviembre de 2023, la Corte dirime el referido conflicto, y declara competente al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bucaramanga.

El Juzgado Décimo Administrativo con auto del 3 de mayo del 2024 avoca conocimiento del proceso y resuelve inadmitir la demanda bajo el siguiente argumento: «el despacho avocará conocimiento del asunto de la referencia y para su trámite ordenará a la parte demandante proceda adecuar la demanda en general de acuerdo con lo establecido en el artículo 162 cpaca, de la siguiente manera: El poder conferido debe adecuarse al medio de control a demandar, indicar claramente cuál

trámite ordenará a la parte demandante proceda adecuar la demanda en general de acuerdo con lo establecido en el artículo 162 cpaca, de la siguiente manera: El poder conferido debe adecuarse al medio de control a demandar, indicar claramente cuál es el acto administrativo demandado, adecuar las pretensiones formuladas al medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, indicar el concepto de violación y normas violadas, razone la estimación de la cuantía.». Con memorial radicado el 09 de mayo del 2024, la parte demandante solicita se aclare el auto inadmisorio y con memorial del 17 de mayo del mismo año, subsana la demanda.Tribunal Administrativo Oral de Santander Exp: 680013333010-2023-00018-01

2. Providencia apelada1.

El Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga mediante auto del 4 de junio de 202 4, resolvió rechazar la demanda señalando que esta no reúne los presupuestos contenidos en los artículos 161,162 y 164 del CPACA, toda vez que, no se allegó constancia de agotamiento del requisito de la conciliación prejudicial, no se hizo el envío de la demanda de forma simultánea a los demás sujetos procesales y atendiendo a que la demanda fue radicada ante los Juzgados Laborales e l 17 de junio de 2022 y el acto administrativo acusado fue expedido el 24 de noviembre de 2020, es caro que, se excedió el término cuatro meses para que operará la caducidad, por lo que el asunto se encuentra caduco.

3. Del recurso de apelación.

Explica la parte demandante en su recurso de apelación que, el requisito de la

por lo que el asunto se encuentra caduco.

3. Del recurso de apelación.

Explica la parte demandante en su recurso de apelación que, el requisito de la conciliación prejudicial, en virtud de lo previsto en el artículo 89 de la Ley 2220 de 2022 no es un requisito de procedibilidad, por lo que, la conciliación se convierte en una opción para quien desea acudir ante la Jurisdicción Contenciosa. Sumado a ello, señala que, el asunto sobre el que recae la demanda, al tratarse sobre una afiliación al sistema de seguridad social, no es conciliable, pues se trata de derechos ciertos e indiscutibles.

Ahora, respecto de la caducidad del medio de control, afirma que, el acto acusado, esto es, aquel mediante el cual se resolvió la afiliación del demandante en calidad de beneficiario de su madre, no está sujeto a término de caducidad alguno, pues se trata de una situación jurídica y no de un hecho o acto jurídico.

Frente al envío simultaneo de la demanda, afirma que la misma se remitió a los correos electrónicos de la UIS, el mismo 17 de mayo, cuando fue radicada la demanda.

Por último, reprocha la decisión adoptada por la Corte Constitucional, mediante la cual dirime el conflicto de jurisdicción que se trabó entre el Juzgado Décimo Administrativo y el Juzgado Quinto Laboral.

II. Consideraciones de la Sala.

1. De la competencia.

Esta Corporación, Sala de Decisión es competente para conocer de este recurso, según lo disponen los artículos 125 literal g), 153 y 243 numeral 1 del CPACA.

2. Oportunidad y procedencia.

1. De la competencia.

Esta Corporación, Sala de Decisión es competente para conocer de este recurso, según lo disponen los artículos 125 literal g), 153 y 243 numeral 1 del CPACA.

2. Oportunidad y procedencia.

Encuentra la Sala que, el auto recurrido fue notificado en estados del 05 de junio de 2024 y el recurso de apelación se interpuso el 07 del mismo mes y año, esto es, dentro de los tres días que contempla el numeral 3 del artículo 244 de la Ley 1437 de 2011, por ende, resulta oportuno. En lo que atañe a la procedencia del medio recursivo, se tiene que, por mandato del numeral primero del artículo 243 ib., el

1 Índice 00016 SAMAI, gestión otros DespachosTribunal Administrativo Oral de Santander Exp: 680013333010-2023-00018-01

recurso de apelación en contra del auto que rechaza la demanda es procedente, siendo así, el que aquí nos ocupa.

3. De las razones para confirmar el rechazo de la demanda.

3.1. De la caducidad de la acción.

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general2, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el i nteresado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la

perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el i nteresado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. Dicho de otro modo, la caducidad es un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento del término perentorio establecido para ejercer las acciones ante la jurisdicción contenciosa administrativa, derivadas de los actos, hechos, omisiones u operaciones de la administración, sin que se haya ejercido el derecho de acción por parte del interesado.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además de la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 3, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

En los casos en los que se impetra el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el término de caducidad que se debe tener en cuenta, es el contemplado en el numeral 2, literal d), del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 . Disposición normativa que establece un término de cuatro meses para acudir ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso.

Tal regla de caducidad es la que, salvo excepciones, se aplica para los eventos en

Contenciosa Administrativa, contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso.

Tal regla de caducidad es la que, salvo excepciones, se aplica para los eventos en los que se demand e un acto administrativo de carácter particular, siendo las excepciones aquellas enlistadas en el numeral 1 del mencionado artículo 164:

«a) Se pretenda la nulidad en los términos del artículo 137 de este Código; b) El objeto del litigio lo constituyan bienes estatales imprescriptibles e inenajenables;

2 Corte Constitucional. Sentencia C -394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la j urisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C -832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irr enunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”. 3 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna

3 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien de ntro de los plazos que señala el legislador (…) . El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.”.Tribunal Administrativo Oral de Santander Exp: 680013333010-2023-00018-01

c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe; d) Se dirija contra actos producto del silencio administrativo; e) Se solicite el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo, siempre que este último no haya perdido fuerza ejecutoria; f) En los demás casos expresamente establecidos en la ley.»

A partir de lo anterior y de acuerdo con las pretensiones de la demanda y sus anexos, se tiene que, el acto administrativo demandado corresponde al Oficio de fecha 24 de noviembre de 2020, mediante el cual el director de la Unidad Especializada de Salud – UISSALUD, le niega a la señora Olga María Torres de Gómez la solicitud realizada

se tiene que, el acto administrativo demandado corresponde al Oficio de fecha 24 de noviembre de 2020, mediante el cual el director de la Unidad Especializada de Salud – UISSALUD, le niega a la señora Olga María Torres de Gómez la solicitud realizada consistente en afiliar al señor Fernando Andrés Gómez Torres como beneficiario de ella, en el sistema de seguridad socia l en salud. Siendo notificado vía correo electrónico en la misma fecha. De allí se deriva que, el acto aquí enjuiciado , no se enmarca en alguna de las excepciones a la regla general de caducidad de los actos administrativos de contenido particular, por lo que no encuentra la Sala fundamento alguno para sostener que, no está sujeto a las reglas de dicha figura procesal; sin que tampoco se encuentre fundamento , a lo sostenido por el recurrente cuando afirma que, el acto administrativo acusado, por ser una situación jurídica y no un hecho o un acto jurídico, no está sujeto a caducidad, pues, por definición, todo acto administrativo tiene alguna implicación, modificación, creación o extinción, de una situación jurídica, aspecto que, como se dijo, resulta inherente a la acepción de los actos administrativos y no tiene incidencia alguna en la aplicación de la figura procesal de caducidad.

En consecuencia, se impone confirma r la decisión consistente en declarar la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de la referencia, aspecto que por sí solo y en virtud de lo previsto en el artículo 169.1 de la Ley 1437 de 2011 es suficiente para rechaza la demanda. No obstante, el Tribunal se pronunciará de los demás argumentos contentivos del recurso de apelación, a efectos

Ley 1437 de 2011 es suficiente para rechaza la demanda. No obstante, el Tribunal se pronunciará de los demás argumentos contentivos del recurso de apelación, a efectos de otorgarle a quien activó el aparto judicial, una decisión completa y motivada que, vele por el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia.

3.2. De la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.

De la lectura literal del inciso segundo del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 34 de la Ley 2080 del 2021, resulta claro que, los asuntos respecto de los que no se predica la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad son: aquellos que no sean conciliables o, los asuntos laborales, pensionales o los ejecutivos distintos a los regulados en la Ley 1551 de 2012.

Entonces, teniendo claro que, el asunto bajo estudio refiere a la afiliación en calidad de beneficiario de una persona al sistema de seguridad de Salud de la Universidad Industrial de Salud, un derecho sobre el que claramente el interesado puede disponer, no encuentra la Sala razón para considerarlo como no conciliable. Sumado a que claramente no obedece a un asunto laboral ni pensional, pues, aunque la solicitud que generó el acto acusado la hizo la señora Olga María Torres de Gómez a su empleador, lo cierto es que, el objeto del asunto no versa sobre la relación laboral en sí o sobre derechos laborales. En consecuencia, s í debía el demandante haber cumplido con el requisito de procedibilidad que establece el artículo 161 del CPACA.Tribunal Administrativo Oral de Santander Exp: 680013333010-2023-00018-01

sí o sobre derechos laborales. En consecuencia, s í debía el demandante haber cumplido con el requisito de procedibilidad que establece el artículo 161 del CPACA.Tribunal Administrativo Oral de Santander Exp: 680013333010-2023-00018-01

3.3. Sobre los reparos que hace el recurrente frente al auto que dirimió el conflicto de Jurisdicciones.

Debe precisar el Tribunal que, el recurso de apelación interpuesto en contra del auto que rechaza la demanda , no es la oportunidad procesal pertinente para exponer argumentos que busquen reprochar una decisión adoptada no solo en providencia anterior que ya se encuentra ejecutoriada, sino proferida por un Juez diferente al que expidió el auto recurrido.

En ese sentido, no hay lugar a analizar los reparos que hace la parte demandante frente a la decisión adoptada por la Corte Constitucional consistente en declarar competente para conocer del asunto al Juzgado Décimo Administrativos del Circuito Judicial de Bucaramanga, pues se repite, no fue esa la decisión que se adoptó en el auto apelado y por el contrario, obedece a una decisión ejecutoriada a la fecha.

3.4. Sobre el envío simultaneo de la demanda a los demás demandados.

El requisito formal que exige al demandante enviar de forma simultánea la demanda a los demás sujetos procesales, fue adicionado al artículo 162 del CPACA, con el articulo 35 de la Ley 2080 de 2021, disposición que señala de forma expresa que, su incumplimiento derivará en la inadmisión de la demanda, teniendo la no subsanación de la demanda, igualmente una consecuencia expresa, cual es, el rechazo de ésta.

incumplimiento derivará en la inadmisión de la demanda, teniendo la no subsanación de la demanda, igualmente una consecuencia expresa, cual es, el rechazo de ésta.

Revisado el expediente en su totalidad, incluso las etapas que se surtieron ante el Juzgado Laboral, no encuentra la Sala que el demandante hubiese enviado de forma simultánea la demanda a los demás sujetos procesales, por lo que, dicho aspecto que fue señalado en el auto inadmisorio de la demanda, no fue subsanado, dando lugar igualmente, al rechazo de esta, en virtud de lo previsto en el artículo 169.2.

En consecuencia, se impone confirmar el auto recurrido en su totalidad, pues no logró demostrar el demandante que, las razones por las que el A-Quo concluyó rechazar la demanda, no se hubiesen concretado, esto es: no logró desvirtuar la caducidad del medio de control , ni demostrar el cumplimiento de los requisitos formales o de procedibilidad que se deben cumplir so pena del rechazo a posteriori de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Santander,

Resuelve:

Primero. Confírmase el auto de fecha 4 de junio de 2024, proferido por el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, mediante el cual se rechazó la demanda.

Segundo: Una vez en firme esta providencia, remítase el expediente al Juzgado de origen, previas las constancias de rigor en el aplicativo SAMAI.

Notifíquese y cúmplase

[Firma electrónica] Iván Fernando Prada Macías MagistradoTribunal Administrativo Oral de Santander

origen, previas las constancias de rigor en el aplicativo SAMAI.

Notifíquese y cúmplase

[Firma electrónica] Iván Fernando Prada Macías MagistradoTribunal Administrativo Oral de Santander Exp: 680013333010-2023-00018-01

[Firma electrónica Julio Edisson Ramos Salazar Magistrado

Salvamento de voto [Firma electrónica] Claudia Ximena Ardila Pérez Magistrada