TA SAN - Sentencia 68001-33-33-012-2017-00279-01 (20-08-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA

Bucaramanga, veinte (20) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

MEDIO DE

CONTROL Reparación Directa RADICADO 68001-33-33-012-2017-00279-01 DEMANDANTE Facundo torralba vargas Gloria Elvia Torralba Marín en representación de su nieta Mariana Alejandra Ardila Torralba Sayda Maday Torralba Ardila Anaximandro ardila, en nombre propio y de su menor hijo Sebastián Camilo Ardila Tafur Andrés Danilo Ardila Tafur Lina Marcela Rivera Tafur Marcela Sánchez Torralba Erika Rocío Del Pilar Mateus Ardila remantillap@hotmail.com camilagu96@gmail.com

DEMANDADO

Municipio De Piedecuesta notijudicial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co

Corporación Autónoma Regional Para La Defensa De La Meseta De Bucaramanga - CDMB notificaciones.judiciales@cdmb.gov.co apontejuridica@hotmail.com

Área Metropolitana De Bucaramanga - AMB notificaciones.judiciales@amb.gov.co

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EXPEDIENTE

DIGITAL

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/

apontejuridica@hotmail.com

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https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/ list_procesos.aspx?guid=680013333012201700279 016800123 MINISTERIO PÚBLICO Procuraduría 159 Judicial II para asuntos administrativos nmgonzalez@procuraduría.gov.coREPARACIÓN DIRECTA 68001-33-33-012-2017-00279-01

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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 27 de noviembre de 2024, proferida por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. ANTECEDENTES

1. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1. El 30 de mayo de 2015, la señora Nelly Marcela Torralba Ardila en compañía de su esposo se desplazaban en su vehículo particular por la carretera que conduce al Barrio Palermo en el municipio de Piedecuesta, cuando al llegar al puente fueron sorprendidos por la creciente súbita de la quebrada Suratoque que atravesaba ese tramo vial, lo que ocasionó su fallecimiento.

2. Las pretensiones

Se sintetizan de la siguiente manera:

sorprendidos por la creciente súbita de la quebrada Suratoque que atravesaba ese tramo vial, lo que ocasionó su fallecimiento.

2. Las pretensiones

Se sintetizan de la siguiente manera:

2.1. Declarar que el municipio de Piedecuesta , el Instituto Nacional de Vías Invias, el Departamento de Santander, la Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga Cdmb y el Área Metropolitana de Bucaramanga son solidaria, administrativa, patrimonial y extracontractualmente responsables por los perjuicios materiales [daño emergente y lucro cesante ] e inmateriales [morales y a los bienes convencional y constitucionalmente amparados ] causados a Facundo Torralba Vargas , Mariana Alejandra Ardila Torralba, Sayda Maday Torralba Ardila , Anaximandro Ardila, Sebastián Camilo Ardila Tafur , Andrés Danilo Ardila Tafur, Lina Marcela Rivera Tafur y Marcela Sanchez Torralba; Rosario Ardila Ardila y Erika Rocio Del Pilar Mateus Ardila Segunda.

2.2. Condenar, en consecuencia, al municipio de Piedecuesta, el Instituto Nacional de Vías Invias, el Departamento de Santander, la Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga Cdmb y el Área Metropolitana de Bucaramanga , como reparación del daño ocasionado, a pagar los perjuicios materiales e inmateriales, teniendo como base de la cuantía la suma de ($275.918.303) doscientos setenta y cinco millones novecientos dieciocho mil trescientos tres pesos m/cte o

ocasionado, a pagar los perjuicios materiales e inmateriales, teniendo como base de la cuantía la suma de ($275.918.303) doscientos setenta y cinco millones novecientos dieciocho mil trescientos tres pesos m/cte o conforme a lo que resulte probado dentro del proceso, o en su defecto, en forma genérica.

TEMA Desbordamiento de quebrada / Inexistencia de contenido obligacional / Carga de la pruebaREPARACIÓN DIRECTA 68001-33-33-012-2017-00279-01

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2.3. La condena respectiva será actualizada, aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.

2.4. La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos del artículo 195 del actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3. Contestación de la demanda

3.1. Municipio de Piedecuesta

Por intermedio de apoderado judicial, la citada entidad se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló los siguientes aspectos:

1. Los hechos de la demanda no se encuentran ligados a la presunta ausencia de señalización, prevención y advertencia de la vía que alega la parte actora, pues el arrastramiento del vehículo se produjo como consecuencia del desbordamiento de la quebrada Surat oque y de la

ausencia de señalización, prevención y advertencia de la vía que alega la parte actora, pues el arrastramiento del vehículo se produjo como consecuencia del desbordamiento de la quebrada Surat oque y de la fuerza de su corriente, así como por la imprudencia de los ocupantes del vehículo quienes atravesaron el puente sobre el cual se habían desbordado las aguas de la referida fuente hídrica.

Propuso las excepciones de «inepta demanda por falta de requisitos formales, fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima y genérica»

3.2. Área Metropolitana de Bucaramanga - AMB

Se opone a las pretensiones con base en los siguientes argumentos:

1. El Área Metropolitana de Bucaramanga no es la entidad responsable de la señalización administración, dotación y mantenimiento de vías públicas y para el efecto propone las excepciones denominadas «falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación y de responsabilidad en los hechos de la demanda, inexistencia de imputación objetiva, hecho exclusivo de la víctima, fuerza mayor y hecho natural y genérica»1

3.3. Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la meseta de Bucaramanga – CDMB Concurrió al trámite para oponerse a las pretensiones, señalando como aspectos relevantes:

1 Ibidem 1REPARACIÓN DIRECTA 68001-33-33-012-2017-00279-01

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1. La CDMB no ha incurrido en falla del servicio que pueda tomarse como generadora de responsabilidad de los hechos que originaron el deceso ya que no tiene competencia para realizar actividades como señalización de vías o realización de pronósticos hidrológi cos que permitan conocer en que momento específico se producirán lluvias torrenciales como las que originaron el deceso de la señora Nelly Marcela Torralba Ardila.

1. La vía sobre la que ocurrió el suceso hace parte de la red vial regional y por tanto las responsabilidades inherentes a ella le corresponden al municipio de Piedecuesta.

Propuso las excepciones de denominó «falta de legitimación en la causa por pasiva y fuerza mayor».2

3.4. Departamento de Santander Concurrió al trámite para oponerse a las pretensiones, señalando que no ha realizado conducta activa u omisiva que fuera la causa determinante en el fallecimiento de la Señora Nelly Marcela Torralba Ardila, ni existe relación de causalidad entre los hechos y el daño sufrido por los demandantes.

En consecuencia, propuso las excepciones de «falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de responsabilidad en cabeza del Invias y genérica»3

3.5. Instituto Nacional de vías - INVIAS i) No existe relación de causalidad entre el hecho y el daño que se quiere imputar al ente público, ya que la vía en la que ocurren los hechos es una carretera pública que se encuentra a cargo del municipio de Piedecuesta.

1. No existe relación de causalidad entre el hecho y el daño que se quiere imputar al ente público, ya que la vía en la que ocurren los hechos es una carretera pública que se encuentra a cargo del municipio de Piedecuesta.

En consecuencia, considera que se encuentran probadas las excepciones de «falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de responsabilidad en cabeza del Invias y genérica».4

II. LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga mediante sentencia del 27 de noviembre de 2024, denegó las pretensiones de la demanda y para el efecto consideró inicialmente sobre la legitimación en la causa por pasiva que el Municipio de Piedecuesta, el Área Metropolitana de Bucaramanga – AMB y la Corporación

2 Ibidem 1 3 Mediante auto del 5 de marzo de 2020 se declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento de Santander. 4 Mediante auto del 5 de marzo de 2020, dictado en audiencia inicial se declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Invias.REPARACIÓN DIRECTA 68001-33-33-012-2017-00279-01

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Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB tienen una relación directa respecto de la administración o no de la vía donde presuntamente ocurrieron los hechos que dieron lugar al presente medio de control, por lo cual, en principio estarían legitimados en la causa por pasiva, aspecto que

una relación directa respecto de la administración o no de la vía donde presuntamente ocurrieron los hechos que dieron lugar al presente medio de control, por lo cual, en principio estarían legitimados en la causa por pasiva, aspecto que finalmente resolvió al abordar el estudio del caso en concreto.

Al respecto consideró como primer elemento de análisis lo referente a la imprevisibilidad del suceso, aspecto suficientemente acreditado con el informe allegado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios ambientales - IDEAM – el que catalogó las lluvias del día 30 de mayo de 2015 como «lluvia fue rte o torrencial» sumado al oficio de la Secretaría de Infraestructura de Piedecuesta quienes advertían que la quebrada podría desbordarse o generar inundaciones durante la temporada de invierno, por lo que el evento era imprevisible ya que ocurrió de manera súbita y repentina a pesar de las obras de mitigación y control del cauce realizadas con anterioridad; no obstante, el desbordamiento ocurrió pese a las medidas preventivas que se habían tomado por parte del municipio de Piedecuesta.

Como segundo elemento consideró lo que atañe a la inactividad del Estado para facilitar la producción del daño, frente a lo cual, a partir de los hechos probados, concluyó que el municipio de Piedecuesta implementó una serie de adecuaciones en la infraestructura y medidas de control del cauce de la quebrada Suratoque y La Palmira, con el objetivo de prevenir desastres naturales derivados de desbordamientos o inundaciones; sin embargo, conforme a la Resoluc ión 1050 de 2004 «Manual de señalización dispositivos para la regulación del tránsito en calles,

Palmira, con el objetivo de prevenir desastres naturales derivados de desbordamientos o inundaciones; sin embargo, conforme a la Resoluc ión 1050 de 2004 «Manual de señalización dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia», vigente para la época de los hechos, no establece señales de tránsito que alerten o generen precaución en los conductores que se acercan a un paso sobre afluente, ni indica ciones sobre el riesgo de desbordamiento del mismo.

Por otra parte, frente a las condiciones de infraestructura del puente, consideró demostrado que existían señales de tránsito que indicaban la limitación de la velocidad a 30 km/h, la presencia de un puente angosto y la existencia de paso peatonal, adicional a que el puente contaba con resaltos, por lo que no se configura inactividad por parte del Estado para facilitar la producción del daño, ya que el municipio accionado venía efectuando obras y planes de mitigación.

Finalmente, como último elemento constitutivo de la fuerza mayor, considera la irresistibilidad como la imposibilidad que tiene el obligado de adelantar determinado comportamiento o actividad para evitar la configuración del daño . A l respecto, encontró probado que el municipio desplegó todo un operativo en conjunto con la finalidad de evitar daño y pérdidas humanas el día 30 de mayo de 2015; no obstante, la emergencia fue de un nivel superior al esperado por lo que fueron inevitables las emergencias y calam idades que sufrieron varios vehículos lo que ocasionó la pérdida de vidas ese día, razón por la cual, la emergencia ocasionada por las lluvias

la emergencia fue de un nivel superior al esperado por lo que fueron inevitables las emergencias y calam idades que sufrieron varios vehículos lo que ocasionó la pérdida de vidas ese día, razón por la cual, la emergencia ocasionada por las lluvias en todo el municipio de Piedecuesta fue irresistible a la administración, por lo que se configura la fuerza mayor alegada por las demandadas.REPARACIÓN DIRECTA 68001-33-33-012-2017-00279-01

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En igual sentido, destacó el deber de autocuidado que recaía sobre la víctima, el que consistía en evitar realizar acciones que incrementaran el riesgo al que se exponía durante la emergencia del 30 de mayo de 2015, ya que pudieron adoptar las medidas necesarias para evitar la tragedia al considerar que la vía no se encontraba en buen estado.

Por último, no condenó en costas a la parte actora.

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

Los demandantes interponen oportunamente el recurso de apelación para señalar los siguientes aspectos:

1. El siniestro ocurrió en el puente vehicular que carecía de señalización adecuada y del mantenimiento necesario, según fue demostrado por los testimonios de los ingenieros Abelardo Zabala Otero y Nestor Javier Rueda Acevedo quienes coinciden en afirmar que se trataba de una estructura vulnerable a inundaciones ya que fue construida sin estudios técnicos previos como análisis de cota de agua, ni se implementaron señalizaciones de advertencia o peligro, ni elementos de protección como

estructura vulnerable a inundaciones ya que fue construida sin estudios técnicos previos como análisis de cota de agua, ni se implementaron señalizaciones de advertencia o peligro, ni elementos de protección como barandas resistentes

1. El A quo desestimó las pruebas que evidencian el incumplimiento de los deberes legales a cargo de las entidades para garantizar la seguridad vial y prevenir riesgos las que se fundament an en a) falta de estudios y mantenimiento ya que los dictámenes periciales elaborados por los ingenieros Abelardo Zabala Otero y Néstor Javier Rueda Acevedo son concluyentes al demostrar que el puente vehicular no cumplía con los estándares técnicos necesarios para soportar los caudales del sector, no se realizaron obras de mantenimiento preventivo ni limpieza aguas arriba de la quebrada La Palmira, donde se acumulaban residuos y material vegetal que obstruían el flujo de agua, lo que incrementa el riesgo de represamientos y desbordamientos.

1. No existen registros que demuestren la realización de estudios geotécnicos, hidrológicos o de riesgo en el área a pesar de ser obligatorios conforme a la Resolución 1294 de 2009.

1. No existía ningún tipo de advertencia visual que alertara sobre el riesgo de desbordamiento de la Quebrada La Palmira, situación crónica en la zona, ni se instalaron dispositivos de alerta temprano como semáforos o sensores de caudal que permitieran a los transeúntes evitar el peligro durante las lluvias.

1. El evento no puede considerarse como fuerza mayor ya que los riesgos asociados eran plenamente previsibles de acuerdo a los informes emitidos

sensores de caudal que permitieran a los transeúntes evitar el peligro durante las lluvias.

1. El evento no puede considerarse como fuerza mayor ya que los riesgos asociados eran plenamente previsibles de acuerdo a los informes emitidos por el IDEAM que había alertado con antelación sobre la ocurrencia deREPARACIÓN DIRECTA 68001-33-33-012-2017-00279-01

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lluvias torrenciales en la región y las condiciones hidrológicas , en igual sentido, las entidades contaban con los medios necesarios para implementar medidas que hubieran reducido significativamente el riesgo, entre las que se encuentran la instalación de sistemas de alerta temprana, como las advertencias visuales y la realización de un refuerzo estructural adecuado para el puente que facilitara su resistencia a eventos climáticos extremos.

IV. INTERVENCIÓN SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal de que trata el numeral 4° del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, las partes concurrieron al trámite en los siguientes términos:

1. Corporación Autónoma para la defensa de la meseta de BucaramangaCDMB

Dentro del marco probatorio del proceso, quedó plenamente comprobado que la CDMB no es responsable administrativa ni extracontractualmente de los supuestos perjuicios sufridos por la parte actora, como consecuencia del accidente ocurrido el 30 de mayo de 2015 el que fue originado por un hecho de la naturaleza consistente

CDMB no es responsable administrativa ni extracontractualmente de los supuestos perjuicios sufridos por la parte actora, como consecuencia del accidente ocurrido el 30 de mayo de 2015 el que fue originado por un hecho de la naturaleza consistente en el desbordamiento de la quebrada en razón de las lluvias intensas que afectaron el paso hacia el barrio Palermo I en el municipio de Piedecuesta, así como tampoco es responsable de la señalización vial.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Problema Jurídico

Previo a su planteamiento se precisa que, no constituye objeto de reproche alguno la acreditación que tuvo el A-Quo del daño irrogado a la parte actora ; siendo la inexistencia de nexo causal en virtud de la causal exonerativa de responsabilidad de fuerza mayor el problema jurídico que habrá de resolverse en segunda instancia el que pasa a plantearse así:

¿Son administrativa y extracontractualmente responsable s las entidades demandadas por el daño ocasionado a la parte actora en virtud de la creciente súbita de la quebrada La Palmira ocurrida el día 30 de mayo de 2015 en el barrio Palermo del municipio de Piedecuesta?

2. Tesis

No, conforme el estudio que pasa a efectuarse.

3. Análisis de la SalaREPARACIÓN DIRECTA 68001-33-33-012-2017-00279-01

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3.1. Responsabilidad Del Estado

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3.1. Responsabilidad Del Estado

La Sección Tercera del Consejo de Estado 5, ha considerado que de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes. Esta premisa constitucional consagra el princip io de responsabilidad estatal, sin determinar, especificar y menos aún, privilegiar un título de imputación o forma de atribución del daño, razón por la cual, a la hora de evaluar si el Estado está llamado a resarcir el menoscabo sufrido por cualquier pers ona, pueda acudirse a cualquiera de los títulos de imputación, esto es, la falla en el servicio, el daño especial o el riesgo excepcional, según sea el caso.

En los eventos de responsabilidad del Estado por una supuesta inacción u omisión, esto es, que una entidad pública no actuó con el objeto de impedir la concreción de un daño antijurídico debiendo hacerlo, es preciso efectuar un análisis de imputación en el escenario de la falla del servicio, de manera que se verifique si el menoscabo cierto, personal y directo que se alega se funda en una relación causal (material y jurídica) con un contenido obligacional a cargo del Estado, teniendo en cuenta que la premisa normativa de la obligación que se reputa omitida puede hallarse tanto en la Constitución Política, la ley o el reglamento, como también puede ser inherente al servicio o la actividad ejecutada por la misma administración. (…)

la premisa normativa de la obligación que se reputa omitida puede hallarse tanto en la Constitución Política, la ley o el reglamento, como también puede ser inherente al servicio o la actividad ejecutada por la misma administración. (…)

Así, pueden identificarse omisiones en sentido laxo, referidas a la falta de ejecución de los cuidados necesarios para impedir la estructuración de hechos dañosos, que se ubiquen en el marco de lo previsible y lo evitable, cuando se ejerza una actividad, o identificarse omisiones en sentido estricto, comprendidas como la falta de ejecución de una conducta descrita en una norma, es decir, la infracción a un mandato normativo claro y específico que si se hubiera satisfecho habría impedido la ocurrencia del he cho dañoso, como es el caso del incumplimiento del deber de protección que las instituciones deben brindar a las personas por cuya noticia o condición se sabe que se encuentran en inminente peligro.

3.2. Responsabilidad del Estado por omisión de mantenimiento y de señalización de vías públicas

El artículo 17 de la Ley 105 de 1993 establece que las vías urbanas y suburbanas y aquellas que sean propiedad del municipio o distrito hacen parte de la infraestructura municipal y distrital de transporte. El artículo 19 dispone que corresponde a la Nación y a las entidades territoriales la construcción y conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad.

5 CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ, veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 19001-235 CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ, veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 19001-2331-000-2011-00434-01(53977) Actor: RONALD ANDRÉS ZAMBRANO Y OTRO Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONALREPARACIÓN DIRECTA 68001-33-33-012-2017-00279-01

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En estos eventos, ha señalado el Consejo de Estado 6 que la responsabilidad del Estado procede, además del incumplimiento del deber de mantenimiento periódico y rutinario de la vía, cuando se acredita (i) que a pesar de que la entidad conocía las condiciones naturales del terreno y podía prever el desprendi miento de materiales de las montañas contiguas a la vía, no se adoptaron medidas de prevención, (ii) que la entidad no atiende una solicitud de arreglo de un daño en la vía ni instala señales preventivas o (iii) cuando se demuestra que escombros u obstáculos permanecieron en la carretera durante un lapso de varios meses sin que la administración adoptara medidas para restablecer la circulación normal y segura de la vía7.

3.3. De la fuerza mayor8

El artículo 64 del Código Civil, subrogado por la Ley 95 de 1890, aplicable para resolver los litigios bajo las reglas de la responsabilidad patrimonial en sede de

3.3. De la fuerza mayor8

El artículo 64 del Código Civil, subrogado por la Ley 95 de 1890, aplicable para resolver los litigios bajo las reglas de la responsabilidad patrimonial en sede de reparación directa, define la fuerza mayor en los siguientes términos:

“Se llama fuerza mayor ó caso fortuito, el imprevisto aquel que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos <sic>de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc”.

Al respecto, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha considerado que, para que se configure la fuerza mayor se requiere la concurrencia de tres elementos: (i) imprevisibilidad; (ii) irresistibilidad y (iii) exterioridad respecto de la demandada9.

La fuerza mayor exonera de responsabilidad al Estado, salvo que se demuestre la falla en el servicio por la actividad equivocada o por la no realización de labores a su cargo que habrían evitado el daño. En cuanto a los desastres de la naturaleza, tales circunstancias pueden constituir fuerza mayor; sin embargo, ello no opera ipso facto, sino que debe ser demostrado en cada caso por quien la alega10.

Sobre la imputación de responsabilidad al Estado por los daños antijurídicos derivados de la ocurrencia de desastres naturales, ha considerado el Consejo de Estado11 que esta dependerá de que se establezca su previsibilidad y resistibilidad,

6 CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE,

Estado11 que esta dependerá de que se establezca su previsibilidad y resistibilidad,

6 CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE, dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 76001 -23-31-000-2011-00163-01(55274) Actor: MARÍA MÍRIAM GÓMEZ AMAYA Y OTROS Demandado: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de febrero de 2005, Rad. 14335 [fundamento jurídico 3.2]. M.P. Ruth Stella Correa. 8 CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, treinta (30) de julio de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 08001-23-33-004-2013-00208-01(59287) Actor: AMINTA GUARÍN GARCÍA Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y OTROS 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de mar zo de 2021, expediente 50.791, M .P. María Adriana Marín . y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de marzo de 2011, expediente número 19.067, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 10 CGP. “Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

19.067, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 10 CGP. “Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. 11 Sección Tercera SUBSECCIÓN A Consejera ponente: María Adriana Marín, dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 05001 -23-31-000-2011-00607-01(50103) Actor: LUIS REINALDO LONDOÑO VÁSQUEZREPARACIÓN DIRECTA 68001-33-33-012-2017-00279-01

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en conjunto con la inactividad del Estado que, conocedor de la potencial ocurrencia del fenómeno natural, no ejecuta acción alguna tendiente a conjurarlo, encontrándose obligado a ello, responsabilidad que también resulta comprometida si se establece que con su conducta activa, el Estado expuso a los administrados al fenómeno natural.

Ello, por cuanto en principio estos eventos se consideran constitutivos de fuerza mayor, al estudiar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños provenientes de la ocurrencia de fenómenos naturales, tales como el desbordamiento de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra, desprendimiento de rocas, inundaciones por lluvias, entre otros, ha deducido tal responsabilidad frente a la demostración de que las entidades demandadas incumplieron su deber de vigilancia y cuidado y se abstuvieron de adopt ar las medidas de prevención

rocas, inundaciones por lluvias, entre otros, ha deducido tal responsabilidad frente a la demostración de que las entidades demandadas incumplieron su deber de vigilancia y cuidado y se abstuvieron de adopt ar las medidas de prevención requeridas para cada caso concreto, a pesar de haber tenido conocimiento previo de la posible ocurrencia del hecho natural.

Ahora, si a efectos de enervar su responsabilidad la administración aduce que el desastre natural constituyó una fuerza mayor, deberá acreditar que aquél no podía ser previsto por ella y, aún en el evento de que sí pudiera ser anticipado, que era irresistible. La previsibilidad no corresponde a la simple posibilidad vaga o general de que el hecho pueda ocurrir, sino a la posibilidad concreta y real de que pudiera ser anticipado; la resistibilidad, por su parte, involucra una valoración de los avances de la técnica, pero también de los recursos de que deban disponerse para conjurar los eventos causantes del daño. La magnitud del desastre natural puede superar la capacidad técnica o económica del Estado para resistirlo, pero su previsibilidad impone la adopción de medidas para atenuar el daño, si no es posible en relación con los bienes, por lo menos sí frente a la vida y la integridad física de sus moradores.

4. Caso Concreto

Teniendo en cuenta los reparos formulados en contra de la sentencia apelada, y dada la competencia restrictiva del juez de segunda instancia conforme lo establece el art