TA TOL - Sentencia 73001-23-33-000-2023-00224-00 (08-05-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Magistrado Ponente: LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA Ibagué, ocho (08) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

Radicación: 73001-23-33-000-2023-00224-00

Acción: EJECUTIVO

Demandante: ZULY AURORA PALMA RONDÓN

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCAILES DEL

MAGISTERIO.

Apoderado: HUILLMAN CALDERÓN AZUERO (Parte demandante).

MARÍA EUGENIA SALAZAR (parte demandada)

Asunto: SENTENCIA ANTICIPADA DE PRIMERA INSTANCIA.

SENTENCIA

Procede la Sala a dictar sentencia que en derecho corresponde, de manera anticipada, conforme lo dispuesto en el articulo 182 A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011-, modificado por la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, al no haber pruebas por practicar y que las allegadas por las partes no fueron objeto de tacha o desconocimiento dentro del proceso ejecutivo presentado por la señora Zuly Aurora Palma Rondón en contra de Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA1.

A través de apoderado judicial la señora Zuly Aurora Palma Rondón , interpuso la correspondiente acción ejecutiva contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, con la finalidad de

A través de apoderado judicial la señora Zuly Aurora Palma Rondón , interpuso la correspondiente acción ejecutiva contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, con la finalidad de que se le pagara las cesantías parciales solicitadas y la sanción moratoria por pago tardío de las mismas, derechos reconocidos a través de la sentencia del 7 de abril de 2014 por el Tribunal Administrativo del Tolima y la calendada el 18 de septiembre de 2020 proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, en donde se condenó a reconocer y pagar las cesantías parciales, así como, se ordenó el pago de la sanción moratoria a partir del 9 de octubre de 2012 hasta cuando se cancelen en forma efectivas las cesantías que fueron solicitadas el 4 de julio de 2012. Lo anterior dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento radicado bajo el número 7300123-33-001-2013-00566-00

Específicamente, se solicitó que se librará mandamiento de pago a su favor y en contra del Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por los siguientes conceptos:

a) Reconocer y pagar las cesantías parciales solicitadas el 4 de julio de 2012. b) Por la suma de $325.996.800 por concepto de la mora por el pago tardí o de las cesantías a partir del 9 de octubre de 2012 hasta cuando se pague la obligación

1 Expediente SAMAI: índice Nro. 00004; archivo “2_ED_DEMANDAZULYAURORA)”.Radicación: 73001-23-33-000-2023-00224-00

Acción: Ejecutivo Demandante: Zuly Aurora Palma Rondón Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Sentencia de Primera instancia Pág. 2

de las cesantías parciales , configurándose a la fecha de presentación de la demanda 3840 días por un día de salario correspondiente al año 2012 de $84.895. c) Por la suma correspondiente a los intereses desde la ejecutoria de la sentencia.

Lo anterior, teniendo en cuenta el incumplimiento de las sentencias proferidas por parte de esta Corporación y por el Consejo de Estado en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho antes anunciado.

2. MANDAMIENTO DE PAGO2.

Mediante providencia del 8 de agosto de 2023 , el Despacho sustanciador libró mandamiento de pago por los siguientes conceptos:

2.1. Por las cesantías parciales deprecadas por la ejecutante el 4 de julio de 2012.

2.2. Por la sanción moratoria consistente en un día de salario por día de retardo a partir del 9 de octubre de 2012 y hasta el día en que sean pagadas las cesantías parciales ordenadas en las providencias, teniendo como referencia el salario básico que devengaba la ejecutante para el año 2012 ($2.546.872).

El mandamiento de pago fue notificado a la entidad demandada el 18 de agosto de 20233,

ordenadas en las providencias, teniendo como referencia el salario básico que devengaba la ejecutante para el año 2012 ($2.546.872).

El mandamiento de pago fue notificado a la entidad demandada el 18 de agosto de 20233, entendiéndose surtida dos 2 hábiles siguientes al mensaje de satos, es decir, al 23 de agosto de 2023. La ejecutoria del mandamiento de pago se surtió en silencio, es decir, ninguna de las partes interpuso recurso alguno.

De otra parte, el 24 de agosto siguiente inició el término de traslado para pagar la obligación, el cual venció el 30 de agosto de 2023 4. El mismo 24 de agosto de 2023 también inició el término de traslado para proponer excepciones, el cual venció el 6 de septiembre de 20235.

Dentro del término respectivo, la entidad ejecutada contestó la demanda, proponiendo medios exceptivos de los fijados en el numeral segundo del artículo 442 del C.G.P, tal como prescripción.

3. OPOSICIÓN AL MANDAMIENTO DE PAGO6.

Inició con clara oposición a las fundamentos jurídicos y fácticos de la demanda, al considerar que las entidades territoriales son las que atienden las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que debe pagar el Fondo Nacional del Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante el FOMAG) , razón por la explicó que las entidades territoriales también son las encargadas de elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento a la Fiduciaria La Previsora S.A. para su aprobación, con la finalidad de que previo visto bueno la Fiduprevisora efectúe el pago

acto administrativo de reconocimiento a la Fiduciaria La Previsora S.A. para su aprobación, con la finalidad de que previo visto bueno la Fiduprevisora efectúe el pago en virtud de lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil suscrito entre la Nación – Ministerio de Educación Nacional y la Fiduciaria la Previsora.

En ese orden, indicó que la Fiduprevisora es la encargada del manejo y la administración de los recursos del FOMAG.

De acuerdo con ello, advirtió que el ente territorial debía informar dentro del proceso ejecutivo, la trazabilidad con los respectivos soportes de la gestión realizada para la

2 Expediente SAMAI; índice Nro. 5, archivo “008_AUTOLIBRAMANDAMIENTOEJECUTIVO”. 3 Expediente SAMAI; índices Nro. 12, 14, 15. 4 Expediente SAMAI; índice Nro. 18 5 Expediente SAMAI; índice Nro. 21 6 Expediente SAMAI: índice Nro. 18, archivo “018_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda”Radicación: 73001-23-33-000-2023-00224-00

Acción: Ejecutivo Demandante: Zuly Aurora Palma Rondón Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Sentencia de Primera instancia Pág. 3

consecución del pago de lo ordenado mediante las sentencias del 7 de abril de 2014 y 18 de septiembre de 2020.

Luego, se opuso al reconocimiento a intereses moratorios a la tasa del DTF conforme al artículo 192 del CPACA por cuanto precisó que debe tenerse en cuenta que existe un

18 de septiembre de 2020.

Luego, se opuso al reconocimiento a intereses moratorios a la tasa del DTF conforme al artículo 192 del CPACA por cuanto precisó que debe tenerse en cuenta que existe un periodo muerto para la causación de intereses desde la fecha de ejecutoria contando 3 meses, hasta la fecha de radicación del derecho de petición o solicitud de cumplimiento de la sentencia objeto de reclamo ejecutivo , en este caso, asegura que se consolidó la cesación o suspensión de los intereses.

Así mismo, la parte ejecutada alegó la excepción de prescripción de la obligación, bajo el argumento de que, esta figura debe ser analizada a la luz del artículo 2536 del Código Civil, el cual determina la extinción de obligaciones contenidas en título ejecutivo por un lapso de 5 años.

También afirmó que la obligación no era clara, debido a que el título ejecutivo es complejo, dado que esta resulta de varias decisiones judiciales que son materializadas a través de un acto administrativo emitido idóneamente por el respectivo ente territorial, por lo que, aseguró que no se cumple con los requisitos mínimos para que el juzgado librara mandamiento de pago, pues la obligación no era clara en tanto el título no determinó específicamente cuales eran los dineros que debían reconocerse al demandante.

4. TRÁMITE PROCESAL

De las excepciones propuestas, se corrió el traslado establecido en el numera 1 del artículo 443 del C.G.P . mediante providencia del 13 de septiembre de 2023 7, y la parte ejecutante no se pronunció sobre este particular8.

La secretaría procedió a ingresar el expediente al despacho para fijar la audiencia del

artículo 443 del C.G.P . mediante providencia del 13 de septiembre de 2023 7, y la parte ejecutante no se pronunció sobre este particular8.

La secretaría procedió a ingresar el expediente al despacho para fijar la audiencia del artículo 443 C.G.P, sin embargo, a través de providencia del 24 de octubre de 2023 9, el Despacho acogió la figura de sentencia anticipada en el presente proceso, ante el cumplimiento de los presupuestos determinados en el artículo 182 A del CPACA, al concluir que no había pruebas que practicar y que las allegadas por las partes no fueron objeto de tacha o desconocimiento.

De igual manera, en esa misma providencia, se ordenó correr traslado para alegar por el término de 10 días, en caso, de no ser recurrida esa decisión, oportunidad de la que las partes no hicieron uso, conforme se dejó constancia por parte de la secretaría corriéndose el traslado en silencio10.

5. INFORME DE PAGO.

Encontrándose el proceso al despacho para emitir decisión de fondo, el ejecutante a través de memorial del 7 de octubre de 2024 11, informó que la ejecutada Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, notificó el acto administrativo Resolución Nro. 1700 -02210 del 27 de septiembre de 2024, por medio del cual se reconoció y ordenó el pago de las cesantías parciales en cumplimiento de las sentencias que aquí se ejecutan.

7 Expediente SAMAI; índice Nro. 22. 8 Expediente SAMAI; índice Nro. 32. 9 Expediente SAMAI: índice Nro. 34

parciales en cumplimiento de las sentencias que aquí se ejecutan.

7 Expediente SAMAI; índice Nro. 22. 8 Expediente SAMAI; índice Nro. 32. 9 Expediente SAMAI: índice Nro. 34 10 Expediente SAMAI; índice Nro. 42 11 Expediente SAMAI: índice Nro. 47Radicación: 73001-23-33-000-2023-00224-00

Acción: Ejecutivo Demandante: Zuly Aurora Palma Rondón Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Sentencia de Primera instancia Pág. 4

Luego, a través memorial del 14 de noviembre de 202412 el apoderado de la parte actora informó que el pago de las cesantías parciales se realizó el 28 de octubre de 2024, siendo consignadas en el banco BBVA. Así mismo, aclaró que, conforme a ese pago, la mora en el pago de las cesantías debía calcularse a partir del 9 de octubre de 2012 y hasta el 28 de octubre de 2024, para un total de 4.399 días de mora multiplicados por un día de salario del año 2012, es decir, por $84.895, lo que arroja un valor de $373.453.105 por concepto de la mora en el pago de las ces antías; sumado a ello, reclamó el pago de los intereses moratorios de la suma antes señalada.

Posteriormente, el 11 de febrero de 202513 el apoderado de la parte actora, informó que se realizó un abono de la sanción moratoria el día 6 de febrero de 2025 a través de

intereses moratorios de la suma antes señalada.

Posteriormente, el 11 de febrero de 202513 el apoderado de la parte actora, informó que se realizó un abono de la sanción moratoria el día 6 de febrero de 2025 a través de consignación en el banco BBVA por la suma de $224.124.736, quedando un excedente por pagar de $149.328.369, atendiendo a que, la liquidación de la mora debe comprender del 9 de octubre de 2012 al 28 de octubre de 2024 por un total de 4399 días por día de salario equivalente a $84.895, lo que significa que la mora total a cancelar debía ser $373.453.105, por lo que, por el excedente deben calcularse los intereses respectivos.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA.

Es competente esta corporación para dictar la sentencia anticipada que corresponde dentro del proceso ejecutivo promovido en este asunto, tal como lo establecen los artículos 125, 156 y 182 A del CPACA.

2. PROBLEMAS JURÍDICOS

Conforme los planteamientos de la demanda y la contestación, en el auto que se acogió a sentencia anticipada se establecieron los siguientes cuestionamientos de orden jurídico:

2.1. ¿El título objeto de recaudo a la fecha de presentación de la demanda, es decir, el 13 de junio de 2023, contenían obligaciones claras, expresas y exigibles a favor del ejecutante y en contra de la ejecutada?

2.2. ¿Fueron pagadas las cesantías parciales a favor la ejecutante constituida el 4 de

13 de junio de 2023, contenían obligaciones claras, expresas y exigibles a favor del ejecutante y en contra de la ejecutada?

2.2. ¿Fueron pagadas las cesantías parciales a favor la ejecutante constituida el 4 de julio de 2012? En caso positivo, será necesario indagar si ¿Dicho pago interrumpió la consolidación de la sanción prevista en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 del 1995, subrogado por el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 y desde qué fecha?

2.3. En caso de todavía no haberse realizado el pago de las cesantías parciales a favor la ejecutante constituida el 4 de julio de 2012, se responderá al cuestionamiento de ¿Cuál es el valor de la sanción prevista en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 del 1995, subrogado por el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 a la presentación de la demanda? Y ¿Hasta qué momento se entiende constituida dicha sanción?

2.4. En caso de que ya se haya definido la constitución definitiva del valor de la sanción prevista en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 del 1995, subrogado por el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, deberá responderse ¿Cuál es el valor intereses moratorios desde dicha constitución, según las reglas de los artículos 192 y 195 del CPACA? En este mismo escenario deberá precisarse si ¿La causación de intereses se suspendió? Y, en caso afirmativo ¿En qué fecha y hasta cuándo?

12 Expediente SAMAI, índice Nro. 48.

mismo escenario deberá precisarse si ¿La causación de intereses se suspendió? Y, en caso afirmativo ¿En qué fecha y hasta cuándo?

12 Expediente SAMAI, índice Nro. 48. 13 Expediente SAMAI; índice Nro. 50Radicación: 73001-23-33-000-2023-00224-00

Acción: Ejecutivo Demandante: Zuly Aurora Palma Rondón Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Sentencia de Primera instancia Pág. 5

2.5. Aclarado lo anterior, deberá determinarse ¿Cuál es el valor del capital para la fecha de presentación de la demanda? ¿Existieron abonos y cómo deben imputarse éstos? Y de subsistir valores por pagarse ¿Con qué suma se debe continuar la ejecución?

2.6. ¿Ha operado el fenómeno jurídico de la prescripción de cinco (5) años que prevé el literal k, numeral 2 del artículo 164 del CPACA, en armonía con el artículo 2536 del Código Civil Colombiano? En ese orden de ideas, será necesario determinar ¿Cuál es la fecha de exigibilidad del título ejecutivo, es decir, luego de los 10 meses que prevé el artículo 192 del CPACA?

2.7. ¿Están acreditadas las costas procesales? y, en todo caso, siguiendo las reglas del artículo 188 del CPACA, ¿Existió una manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda o las excepciones propuestas?

3. GENERALIDADES DE LOS TÍTULOS EJECUTIVOS.

Los artículos 422 del Código General del Proceso y 297 de la Ley 1437 de 2011, definen

demanda o las excepciones propuestas?

3. GENERALIDADES DE LOS TÍTULOS EJECUTIVOS.

Los artículos 422 del Código General del Proceso y 297 de la Ley 1437 de 2011, definen el título ejecutivo y señalan las providencias que tienen tal característica, respectivamente.

El artículo 422 del Código General del Proceso, reza:

“Art. 422. Títulos Ejecutivos . Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley (Se subrayó). (...)”.

En virtud a lo anterior, se pueden demandar ejecutivamente las obligaciones que reúnan las siguientes condiciones:

1. Obligaciones expresas, claras y exigibles.

2. Que emanen del deudor o de su causante, o que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción.

3. Que constituyan plena prueba contra él.

Ahora bien, el artículo 297 del CPACA14 establece que puede constituir un título ejecutivo en materia de lo contencioso administrativo, a saber (i) cierto tipo de providencias judiciales que cumplan con determinados requisitos; (ii) el contrato estatal y en general, cualquier otro acto que sea proferido con ocasión de la actividad contractual, y (iii) los

en materia de lo contencioso administrativo, a saber (i) cierto tipo de providencias judiciales que cumplan con determinados requisitos; (ii) el contrato estatal y en general, cualquier otro acto que sea proferido con ocasión de la actividad contractual, y (iii) los actos administrativos, siempre y cuando tengan constancia de ejecutoria y la autoridad administrativa que los expidió de fe de que se tratan del primer ejemplar expedido.

14 “1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.//2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.//3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públ icas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.//4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimien to de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que e xpida el

auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimien to de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que e xpida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar”.Radicación: 73001-23-33-000-2023-00224-00

Acción: Ejecutivo Demandante: Zuly Aurora Palma Rondón Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Sentencia de Primera instancia Pág. 6

En virtud a lo hasta aquí expuesto, encontramos, primero, que los títulos ejecutivos deben cumplir determinados requisitos formales y de fondo para su ejecución, y segundo, que éstos pueden ser singulares o complejos.

Respecto a los requisitos formales y de fondo, el Consejo de Estado, en providencia del siete (07) de diciembre de 2017, dentro del proceso con radicado 85001-23-33-000-201400201-01(52702), M.P. Danilo Rojas Betancourth, indicó:

“(…) con la revisión de los requisitos formales, se busca determinar si los documentos que integran el supuesto título ejecutivo conforman unidad jurídica, son auténticos, y emanan del deudor o de la autoridad judicial o administrativa correspondiente, de modo que se pueda colegir que tienen la capacidad de imponer la ejecución de un crédito en cabeza de quien los expide o de un tercero15.

Ahora, respecto a la verificación de las condiciones de fondo, la misma Corporación ha sostenido que se propende por determinar si el cumplimiento de la obligación que contiene

expide o de un tercero15.

Ahora, respecto a la verificación de las condiciones de fondo, la misma Corporación ha sostenido que se propende por determinar si el cumplimiento de la obligación que contiene el título puede ser conminado sin óbice alguno o, en otras palabras, si presta mérito ejecutivo, para lo cual, aquél vínculo jurídico debe ser (i) exigible, en el sentido de que sea factible ejecutarlo por no encontrarse sujeto a plazo o condición, esto es, que se trate de una obligación pura y simple; (ii) expreso, es decir, que el crédito debe aparecer de forma manifiesta en el documento sin necesidad de acudir a suposiciones que hagan necesario aplicar razonamientos lógicos complejos, y (iii) claro, en el entendido de que la obligación sea fácilmente apreciable a partir del contenido literal del documento o documentos que la contienen o la demuestran16.”

De lo anterior, se observa que el título de recaudo debe contener todos los documentos que lo integran, pero, además, unos requisitos, condiciones o exigencias tanto de forma como de fondo, siendo las primeras la autenticidad de los documentos, que emanen del deudor o que provengan de una providencia judicial o de un acto administrativo en firme. En cuanto a las segundas, es decir, las de fondo o sustanciales, se refieren a la acreditación de una obligación insatisfecha que está a cargo del ejecutado y debe ser clara, expresa y exigible al momento de la ejecución.

En cuanto a la diferencia entre títulos ejecutivos singulares y complejos, la misma

Corporación, en auto del 31 de mayo de 2016, expediente 25000-23-26-000-2014-0060801, sostuvo que la determina el número de documentos necesarios para establecer la obligación. Sobre el particular, indicó: “ se está frente a los primeros cuando el título ejecutivo está compuesto por un solo documento que da cuenta de la obligación clara, expresa y exigible, mientras que los últimos están integrados por varios medios que, únicamente juntos, pueden llegar a certificar la existencia de ese crédito”.

4. CASO CONCRETO

4.1. Sobre el título ejecutivo.

Previo a entrar en el estudio de fondo de las excepciones propuestas, la Sala considera relevante efectuar varias precisiones que, si bien no son asuntos de los establecidos como excepciones de fondo en el artículo 442 del C.G.P., corresponden a unos argumentos que reitera en todas sus intervenciones la ejecutada y que se evidencia son la base para el incumplimiento que se avizora de la sentencia ejecutada , tal como inexistencia de la obligación al no ser clara, expresa y exigible. Por lo tanto, se pasará a analizarlos con fines a conseguir la efectiva ejecución del título ejecutivo.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 24 de enero de 2007, exp. 85001-23-31-000-2005-00291-01(31825), C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre de 2004, exp. 23989, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.Radicación: 73001-23-33-000-2023-00224-00

Acción: Ejecutivo

Demandante: Zuly Aurora Palma Rondón

Acción: Ejecutivo Demandante: Zuly Aurora Palma Rondón Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Sentencia de Primera instancia Pág. 7

En ejercicio del presente medio de control la ejecutante Zuly Aurora Palma Rondón , pretende que la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, le pague el valor de las cesantías parciales solicitadas desde el 4 de julio de 2012 y la sanción moratoria contemplada en la Ley 1071 de 2006, a partir del 9 de octubre de 2012 hasta cuando se cancelen efectivamente las cesantías parciales.

Dichas pretensiones las fundamentan en la condena impuesta por esta Corporación dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Zully Aurora Palma Rondón en contra Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con radicado Nro. 73001 -23-33-001-201300566-00, en sentencia de primera instancia calendada el 7 de abril de 2014 17, siendo confirmada parcialmente por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, en sentencia de 18 de septiembre de 2020 18 en las que, tras declarar la nulidad del acto administrativo demandado, ordenó lo siguiente:

Sentencia de primera instancia del 7 de abril de 2014:

“(…)

RESUELVE

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Oficio No. 00071600 del 16 de mayo de 2013, por medio del cual se negó el pago de cesantías y como consecuencia el reconocimiento

“(…)

RESUELVE

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Oficio No. 00071600 del 16 de mayo de 2013, por medio del cual se negó el pago de cesantías y como consecuencia el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de cesantías de la accionante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de ésta (sic) sentencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, CONDÉNESE al MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - MUNICIPIO DE IBAGUÉ, pero con cargo al presupuesto de la primera, a reconocer a la señora AURORA PALMA RONDÓN las cesantías parciales solicitadas y como consecuencia la sanción moratoria por el no pago oportuno de las mismas, consistente en un día de salario por cada día de retardo desde el 17 de julio de 2013 y hasta el momento en que las mismas sean pagadas, de conformidad a lo expuesto en las consideraciones de la providencia.

TERCERO. La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del C.P.A.C.A.

CUARTO: Condenar en costas a la parte demandada según lo señalado en precedencia; para tales efectos se fija como agencias en derecho el equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente”

Sentencia de segunda instancia del 18 de septiembre de 2020:

“En el asunto sub examine, el FOMAG no resolvió la solicitud de cesantías parciales a través de un acto administrativo expreso ni las sufragó en el plazo máximo que la ley

Sentencia de segunda instancia del 18 de septiembre de 2020:

“En el asunto sub examine, el FOMAG no resolvió la solicitud de cesantías parciales a través de un acto administrativo expreso ni las sufragó en el plazo máximo que la ley dispone para ello, por lo cual la fecha a partir de la cual se genera la respectiva sanción moratoria, corresponde al cómputo de 65 días hábiles después de subsanada la solicitud de reconocimiento, período que se divide así: (i) 15 días para expedir la resolución; (ii) 5 de ejecutoria del acto y (iii) 45 para efectuar el pago.

Por ende, como la petición fue subsanada el 4 de julio de 2012, la resolución de reconocimiento debía ser proferida a más tardar el 26 siguiente y cobraría ejecutoria el 2 de agosto de esa misma anualidad, motivo por el cual la entidad tenía hasta el 8 de octubre de posterior para pagar el auxilio de cesantías de manera oportuna.

17 Expediente SAMAI; índice Nro. 4, folios 7 al 27. 18 Expediente SAMAI; índice Nro. 4, folios 28 al 44.Radicación: 73001-23-33-000-2023-00224-00

Acción: Ejecutivo Demandante: Zuly Aurora Palma Rondón Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Sentencia de Primera instancia Pág. 8

No obstante, en el expediente no obra prueba de que tal prestación haya sido sufragada dentro de ese periodo, por lo que, ante esa tardanza, la actora tiene derecho al reconocimiento de una sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada uno de

No obstante, en el expediente no obra prueba de que tal prestación haya sido sufragada dentro de ese periodo, por lo que, ante esa tardanza, la actora tiene derecho al reconocimiento de una sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada uno de retardo, entre el 9 de octubre de 2012 y el día anterior aquel en que se verifique el pago de la prestación.

Ahora bien, observa la Sala que el argumento del pago de intereses a las cesantías anualizadas no es óbice para que la entidad en cuyo cargo está el reconocimiento de las prestaciones sociales de los docentes oficiales no haya resuelto de fondo la solicitu d de cesantías parciales, máxime cuando las secretarías de educación territorial trabajan en forma articulada con la Fiduprevisora S.A. y el Fomag, por lo que resulta inadmisible la confusión que se alega y, de paso, se descarta la solicitud del agente del Ministerio Público de enviar copias a la Procuraduría General de la Nación para que se investigue a los funcionarios del ente territorial demandado, en cuanto el Fomag, a través de la Fiduprevisora S.A., debió verificar desde un primer momento el expediente de cesantías de la docente, con el fin de resolver la reclamación presentada.

En igual sentido, le asiste razón a la parte demandante cuando alega que no puede ser ella la que asuma las consecuencias indeseables de la negligencia de los entes que manejan las prestaciones sociales del magisterio, pues, tal como quedó visto, la normat iva que establece los plazos para el pago de las cesantías no prevé excepciones (como la confusión del régimen), p