TA TOL - Sentencia 73001-23-33-000-2023-00254-00 (15-05-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Magistrado Ponente: LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA Ibagué, quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

Radicación: 73001-23-33-000-2023-00254-00

Acción: EJECUTIVO

Demandante: ALEXIS RICO HERNÁNDEZ, DAVID STEVEN RICO

GONZÁLEZ, TANIA PATRICIA GONZÁLEZ, SATURIA

HERNÁNDEZ DE RICO, GERMÁN RICO Y WILSON RICO

HERNÁNDEZ.

Demandado: NACIÓNApoderado: JOSÉ LEONARDO RUÍZ FORIAN (Parte demandante).

Sin apoderado (Parte demandada).

Asunto: SENTENCIA ANTICIPADA DE PRIMERA INSTANCIA.

SENTENCIA

Procede la Sala a dictar sentencia que en derecho corresponde, de manera anticipada, conforme lo dispuesto en el articulo 182 A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011-, modificado por la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, al no haber pruebas por practicar y que las allegadas por las partes no fueron objeto de tacha o desconocimiento dentro del proceso ejecutivo presentado por los demandantes en contra de Nación – Fiscalía General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA1.

A través de apoderado judicial los señores Alexis Rico Hernández, Tania Patricia González, David Steven Rico González, Saturia Hernández de Rico, Germán Rico, Wilson Rico González interponen la correspondiente acción ejecutiva contra la Nación –

A través de apoderado judicial los señores Alexis Rico Hernández, Tania Patricia González, David Steven Rico González, Saturia Hernández de Rico, Germán Rico, Wilson Rico González interponen la correspondiente acción ejecutiva contra la Nación – Fiscalía General de la Nación , con la finalidad de que se pague la condena impuesta a través de la sentencia del 25 de julio de 2016 proferida por el Consejo de Estado en segunda instancia y sus correspondientes autos de corrección calendados el 8 de noviembre y 13 de diciembre de 2016, a través de las cuales se reconoció la responsabilidad de la demandada por la privación injusta de la libertad a la que fuera sometido el señor Alexis Rico Hernández, y en consecuencia como indemnización se condeno al pago de perjuicios de daño moral, lucro cesantí a y daño emergente, todo dentro del proceso de reparación directa con radicado Nro. 73001 -23-00-000-200301628-00

Específicamente, se solicitó que se librará mandamiento de pago a su favor y en contra del Nación – Fiscalía General de la Nación, por las siguientes sumas de dinero:

a) Por la suma de $265.440.175 equivalente al capital por concepto de perjuicios morales de todos los demandantes.

1 Expediente SAMAI: índice Nro. 3; archivo “002_ALDESPACHOPARAESTUDIO_ESTUDIODE_EXPEDIENTEUNIFICADO”Radicación: 73001-23-33-000-2023-00254-00

Acción: Ejecutivo Demandante: Alexis Rico Hernández, David Steven Rico González, Tania Patricia González, Saturia Hernández De Rico y otros.

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación.

Sentencia de Primera instancia Pág. 2

Acción: Ejecutivo Demandante: Alexis Rico Hernández, David Steven Rico González, Tania Patricia González, Saturia Hernández De Rico y otros.

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación.

Sentencia de Primera instancia Pág. 2

b) Por la suma de $394.705.378 por concepto de intereses bancarios causados a partir de la ejecutoria de la segunda instancia correspondiente al 11 de agosto de 2016 y hasta que se causen al pago total de la obligación.

c) Por la condena en costas que disponga el despacho judicial, incluidas las agencias en derecho.

Lo anterior, teniendo en cuenta el incumplimiento de la sentencia proferida por el Consejo de Estado en el proceso ordinario de reparación directa antes anunciado.

2. MANDAMIENTO DE PAGO2.

Mediante providencia del 26 de septiembre de 2023 , el Despacho sustanciador libró mandamiento de pago en los siguientes términos:

“PRIMERO. - LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra de LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN para que pague, a favor de los ejecutantes las obligaciones insolutas, derivadas de la Sentencia proferida por el Honorable Consejo de Estado el 25 de julio de 2016, dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con radicación 7300 1-23-00-000-2003-01628-00, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 431 del CGP, por los siguientes conceptos:

1. A favor del señor Alexis Rico Hernández: a) La suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL DIEZ

dispuesto en el artículo 431 del CGP, por los siguientes conceptos:

1. A favor del señor Alexis Rico Hernández: a) La suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL DIEZ PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($58.712.010,60 M/CTE), por concepto de capital. b) Los intereses moratorios sobre el total del capital, desde el 13 de diciembre de 2016 hasta que se haga efectivo el pago total de la obligación, en los términos establecidos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

2. A favor de la señora Tania Patricia González: a) La suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($48.261.780,00 M/CTE), por concepto de capital. b) Los intereses moratorios sobre el total del capital, desde el 13 de diciembre de 2016 hasta que se haga efectivo el pago total de la obligación, en los términos establecidos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

3. A favor del señor David Steven Rico González: a) La suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($48.261.780,00 M/CTE), por concepto de capital. b) Los intereses moratorios sobre el total del capital, desde el 13 de diciembre de 2016 hasta que se haga efectivo el pago total de la obligación, en los términos establecidos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

4. A favor de la señora Saturia Hernández de Rico: a) La suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL

en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

4. A favor de la señora Saturia Hernández de Rico: a) La suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($48.261.780,00 M/CTE), por concepto de capital. b) Los intereses moratorios sobre el total del capital, desde el 13 de diciembre de 2016 hasta que se haga efectivo el pago total de la obligación, en los términos establecidos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. A favor del señor Germán Rico: a) La suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($ 48.261.780,00 M/CTE), por concepto de capital. b) Los intereses moratorios sobre el total del capital, desde el 13 de diciembre de 2016 hasta que se haga efectivo el pago total de la obligación, en los términos establecidos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

2 Expediente SAMAI: índice Nro. 19.Radicación: 73001-23-33-000-2023-00254-00

Acción: Ejecutivo Demandante: Alexis Rico Hernández, David Steven Rico González, Tania Patricia González, Saturia Hernández De Rico y otros.

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación.

Sentencia de Primera instancia Pág. 3

6. A favor del señor Wilson Rico Hernández: a) La suma de VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 24.130.890,00 M/CTE), por concepto de capital.

6. A favor del señor Wilson Rico Hernández: a) La suma de VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 24.130.890,00 M/CTE), por concepto de capital. b) Los intereses moratorios sobre el total del capital, desde el 13 de diciembre de 2016 hasta que se haga efectivo el pago total de la obligación, en los términos establecidos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.”

El mandamiento de pago fue notificado a la entidad demandada el 7 de noviembre de 20233, por lo que, conforme al artículo 199 del CPACA y el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, la notificación se entiende surtida a los 2 días hábiles de enviado el mensaje de datos, es decir, el 9 de noviembre de 2023. Así, el 10 de noviembre siguiente inició el término de traslado para pagar la obligación, así como el término de traslado de los 10 días para proponer excepciones, el cual venció el 24 de noviembre de 20234.

Dentro del término respectivo, la entidad ejecutada contestó la demanda, proponiendo como medio exceptivo uno de los fijados en el numeral segundo del artículo 442 del C.G.P, la excepción de pago.

3. OPOSICIÓN AL MANDAMIENTO DE PAGO5.

Frente a los hechos de la demanda, precisó que efectivamente el Consejo de Estado a través de providencia del 25 de julio de 2016, revocó la sentencia de primera instancia emitid por esta Corporación, y en su lugar declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Fiscalía General de la Nación, sentencia que fue corregida en auto del

través de providencia del 25 de julio de 2016, revocó la sentencia de primera instancia emitid por esta Corporación, y en su lugar declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Fiscalía General de la Nación, sentencia que fue corregida en auto del 8 de noviembre y 13 de diciembre de 2016, decisión que cobró ejecutoria del 11 de agosto de 2016. Precisó también que, el apoderado de los demandantes radicó la documentación requerida para la asign ación de turno, por lo que se le reconoció sus derechos asignándosele un turno el 16 de diciembre de 2019 dentro del listado de sentencias. Así mismo, advirtió que mediante oficio Nro. 20191500007111 de fecha 6 de febrero de 2019, frente a los derechos del beneficiario Alexis Rico Hernández, se informó que debía allegarse a la demandada la sucesión intestada y/o liquidación de la sucesión a fin de verificar la adjudicación hereditaria que incluyó el crédito judicial contenido en la sentencia.

Frente a la excepción de pago expuso que, la demandada mediante Resolución Nro. 8274 del 25 de octubre de 2023, reconoció el crédito contenido en la sentencia objeto de ejecución, liquidando la obligación por el valor total de $705.660 , suma que asegura fue en efecto cancelada por la Dirección del Tesoro Nacional a nombre de los siguientes beneficiarios: Hery Ruiz Tosse, abogado facultado para recibir en la cuenta de ahorros Nro. 069187007178 del Banco Agrario de Colombia; a favor de Germán Rico en la cuenta de ahorros 26500895789 del Banco Caja Social; a favor de Saturia Hernández de Rico en la cuenta Nro. 26500915589 del Banco Caja Social; a favor de Wilson Rico Hernández

de ahorros 26500895789 del Banco Caja Social; a favor de Saturia Hernández de Rico en la cuenta Nro. 26500915589 del Banco Caja Social; a favor de Wilson Rico Hernández en cuenta Nro. 001002450417 Banco Scotianbank Colpatria, de con formidad con lo solicitado por los accionantes.

Luego, explicó que mediante la Resolución Nro. 8274 del 25 de octubre de 2023 se canceló la suma de $480.477.119, a favor de los beneficiarios de conformidad con la liquidación efectuada por la entidad demandada.

Precisó que respecto de la obligación con el beneficiario Alexis Rico Hernández, a pesar de contar con turno de pago, se debe aclarar que los sucesores de este no han allegado

3 Expediente SAMAI; índices Nro. 30. 4 Expediente SAMAI; índice Nro. 36. 5 Expediente SAMAI: índice Nro. 00032.Radicación: 73001-23-33-000-2023-00254-00

Acción: Ejecutivo Demandante: Alexis Rico Hernández, David Steven Rico González, Tania Patricia González, Saturia Hernández De Rico y otros.

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación.

Sentencia de Primera instancia Pág. 4

la correspondiente sucesión y/o liquidación de la sucesión a fin de dar cumplimiento con el pago respectivo.

Bajo esas consideraciones, aseguró que conforme al artículo 1626 del Código Civil, se realizó el pago efectivo de lo que se debía, por concepto de capital se pagó los perjuicios morales y lucro cesante , así como también los intereses moratorios, previo los descuentos de ley, pago que se ejecutó a través de consignación a los beneficiarios.

morales y lucro cesante , así como también los intereses moratorios, previo los descuentos de ley, pago que se ejecutó a través de consignación a los beneficiarios.

También planteó las excepciones de interposición innecesario del proceso ejecutivo por existir procedimiento administrativo, toda vez que, respecto al beneficiario que esta pendiente correspondiente a Alexis Rico Hernández, deben proceder dentro del trámit e administrativo allegando los documentos que acrediten la sucesión a fin de verificar la adjudicación hereditaria.

4. TRÁMITE PROCESAL

De las excepciones propuestas, se corrió el traslado establecido en el numera 1 del artículo 443 del C.G.P., y la parte ejecutante presentó escrito pronunciándose sobre los medios exceptivos6.

Luego, la secretaría procedió a ingresar el expediente al despacho para fijar la audiencia del artículo 443 C.G.P, sin embargo, a través de providencia del 8 de marzo de 20247, el Despacho acogió la figura de sentencia anticipada en el presente proceso, ante el cumplimiento de los presupuestos determinados en el artículo 182 A del CPACA, al concluir que no había pruebas que practicar y que las allegadas por las partes no fueron objeto de tacha o desconocimiento.

De igual manera, en esa misma providencia, se ordenó correr traslado para alegar, en caso, de no ser recurrida esa decisión, por lo que, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esa providencia, las siguientes partes presentaron sus alegaciones finales, así:

4.1. Parte ejecutante8.

Inició precisando que la sentencia del 25 de julio de 2016, concedió las pretensiones de

ejecutoria de esa providencia, las siguientes partes presentaron sus alegaciones finales, así:

4.1. Parte ejecutante8.

Inició precisando que la sentencia del 25 de julio de 2016, concedió las pretensiones de la demanda, condenando a la Nación – Fiscalía General de la Nación al pago de perjuicios morales y materiales, por concepto de morales a los todos los demandantes 70 SMLMV, excepto al demandante Wilson Rico González que solo le fueron concedidos 35SMLMV, adicional a ello, a favor del señor Alexis Rico le fue concedido lucro cesante de $4.918.574.86 y daño emergente de $5.531.655,74. Sumado a ello, advirtió que la ejecutoria de esta decisión es del 11 de agosto de 2016, así como, la cuenta de cobro fue radicada el 1 de junio de 2018, sin que hasta el momento se hubiera cancelado la totalidad de los ordenado en la Resolución Nro. 8274 del 25 de octubre de 2023 por valor de $705.660.158 por concepto del cumplimiento del título que se ejecuta, pues solo se consignó la suma de $480.477.119 a través de transferencia bancaria, para recibido el 30 de octubre de 2023, considerando por ello que el valor cancelado como un pago parcial de la obligación.

Advierte que la demandada no realiza el pago del valor excedente, bajo el sustento de que debe aportarse la sucesión realizara por muerte del beneficiario Alexis Rico Hernández, actuación que considera es errada y sin sustento legal, en tanto que, al no efectuar el pago, la obligación persiste y continua generando intereses moratorios, lo

6 Expediente SAMAI; índice Nro. 00041.

Hernández, actuación que considera es errada y sin sustento legal, en tanto que, al no efectuar el pago, la obligación persiste y continua generando intereses moratorios, lo

6 Expediente SAMAI; índice Nro. 00041. 7 Expediente SAMAI: índice Nro. 00051 8 Expediente SAMAI: índice Nro. 00056Radicación: 73001-23-33-000-2023-00254-00

Acción: Ejecutivo Demandante: Alexis Rico Hernández, David Steven Rico González, Tania Patricia González, Saturia Hernández De Rico y otros.

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación.

Sentencia de Primera instancia Pág. 5

correcta era que la entidad ordenara el pago a través de depósito judicial, dentro de la presente ejecución, para que así la obligación se entienda como pagada , por consiguiente, el simple hecho de exigir un acto jurídico de sucesión no implica que con ello se deba dar por pagada la obligación, menos aun cuando el apoderado cuenta con faculta plena para recibir, entonces, precisó que la demandada no puede crear una condición resolutoria para el pago de la obligación.

4.2. Parte ejecutada9.

Inició precisando que, al contestar la demanda se había planteado el pago total de la obligación respecto de los beneficiarios German Rico, Saturia Hernández de Rico, Wilson Rico Hernández, David Steven Rico González y Tania Patricia González, estos dos últimos pago que se efectuaron al apoderado Henry Ruiz Torres, faltando por pagar lo correspondiente al beneficiario Alexis Rico Hernández debido a su fallecimiento, encontrándose la entidad a la espera de que los herederos alleguen copia de la sucesión.

últimos pago que se efectuaron al apoderado Henry Ruiz Torres, faltando por pagar lo correspondiente al beneficiario Alexis Rico Hernández debido a su fallecimiento, encontrándose la entidad a la espera de que los herederos alleguen copia de la sucesión.

Precisó que posteriormente, una vez allegada la documentación respecto del beneficiario Alexis Rico Hernández, se liquidó y pago a través de la Resolución Nro. 1774 del 21 de febrero de 2024, la suma de $135.943.784 correspondiente al capital e intereses moratorios, lo cual fue consignado a cuenta de depósitos judiciales del Banco Davivienda a órdenes del Tribunal Administrativo, tal como consta en los comprobantes de pago que allegó con la resolución antes citada.

Conforme a lo anterior, alega que se debe dar por terminado el proceso por pago de la obligación, solicitando se proceda con la entrega del título judicial y el levantamiento de las medidas cautelares.

5. INFORME DE PAGO.

Encontrándose el proceso en términos para alegar de conclusión , la ejecutada a través de memorial del 18 de marzo de 202410, informó que la entidad había reconocido el monto ordenado en la sentencia objeto de ejecución a favor de Alexis Rico Hernández, mediante la Resolución Nro. 1774 del 21 de febrero de 2024, cancelando la suma de $135.943.784, lo cual fue consignado a cuenta de depósito judicial a órdenes del Tribunal Administrativo.

Luego, encontrándose el proceso al despacho para emitir sentencia anticipada, el contador de esta Corporación con anotación del 8 de abril de 2024 11, informa que se constituyó depósito judicial Nro. 466010001543918 para el presente proceso a cargo del

Luego, encontrándose el proceso al despacho para emitir sentencia anticipada, el contador de esta Corporación con anotación del 8 de abril de 2024 11, informa que se constituyó depósito judicial Nro. 466010001543918 para el presente proceso a cargo del Magistrado José Andrés Rojas Villa por la suma de $135.943.784 y calendado el 29 de febrero de 2024, para ello, adjuntó al informe el título emitido por el Banco Agrario de Colombia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA.

Es competente esta corporación para dictar la sentencia anticipada que corresponde dentro del proceso ejecutivo promovido en este asunto, tal como lo establecen los artículos 125, 156 y 182 A del CPACA.

9 Expediente SAMAI; índice Nro. 58. 10 Expediente SAMAI: índice Nro. 00053 11 Expediente SAMAI; índice Nro. 62Radicación: 73001-23-33-000-2023-00254-00

Acción: Ejecutivo Demandante: Alexis Rico Hernández, David Steven Rico González, Tania Patricia González, Saturia Hernández De Rico y otros.

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación.

Sentencia de Primera instancia Pág. 6

2. PROBLEMAS JURÍDICOS

Conforme los planteamientos de la demanda y la contestación, en el auto que se acogió a sentencia anticipada se establecieron los siguientes cuestionamientos de orden jurídico:

2.1. ¿El título objeto de recaudo (las sentencias de primera y segunda instancia) a la fecha de presentación de la demanda, es decir, el 03 de julio de 2023, contenían

jurídico:

2.1. ¿El título objeto de recaudo (las sentencias de primera y segunda instancia) a la fecha de presentación de la demanda, es decir, el 03 de julio de 2023, contenían obligaciones claras, expresas y exigibles a favor del ejecutante y en contra de la ejecutada?

2.2. ¿Los pagos ordenados por Resolución Nro. 8274 del 25 de octubre de 2023, emitida por la Fiscalía, y efectivamente realizados el 30 de octubre de 2023 por valor de $480.477.119 MCTE constituyen pago total de la obligación? En caso negativo, será necesario indagar si ¿Dicho pago interrumpió la con solidación de intereses moratorios? Y si ¿El pago tiene la entidad de pago parcial?

2.3. ¿El inicio y trámite del proceso administrativo de pago de sentencias impide el inicio de acciones ejecutivas contra la Fiscalía? Y en similar sentido ¿Es dable que la Fiscalía General de la Nación exija liquidación de la sucesión del señor Alexis Rico Her nández? si ¿El no haber allegado dicha documentación interrumpió la causación de intereses aún sin que se hubiese realizado pago directo a los beneficiaros o por consignación? En similar sentido, será necesario precisar si ¿La muerte del beneficiario impid e al apoderado cobrar administrativa o judicialmente el crédito, siguiendo las reglas del artículo 76 del CGP? Y si ¿Era viable pagar directamente al apoderado?

2.4. ¿Cuál es el valor intereses moratorios desde la constitución, según las reglas del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984)? En este mismo escenario deberá precisarse si ¿La causación de intereses se suspendió? Y, en caso

artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984)? En este mismo escenario deberá precisarse si ¿La causación de intereses se suspendió? Y, en caso afirmativo ¿En qué fecha y hasta cuándo?

2.5. Aclarado lo anterior, deberá determinarse ¿Cuál es el valor del capital para la fecha de presentación de la demanda? ¿Existieron abonos y cómo deben imputarse éstos? Y de subsistir valores por pagarse ¿Con qué suma eventualmente se debe continuar la ejecución?

2.6. ¿Ha operado el fenómeno jurídico de la prescripción de cinco (5) años que prevé el literal k, numeral 2 del artículo 164 del CPACA, en armonía con el artículo 2536 del Código Civil Colombiano? En ese orden de ideas, será necesario determinar ¿Cuál es la fecha de exigibilidad del título ejecutivo, es decir, luego de los 18 meses que prevé el artículo 177 del CCA?

2.7. ¿Están acreditadas las costas procesales? y, en todo caso, siguiendo las reglas del artículo 188 del CPACA, ¿Existió una manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda o las excepciones propuestas?

3. GENERALIDADES DE LOS TÍTULOS EJECUTIVOS.

Los artículos 422 del Código General del Proceso y 297 de la Ley 1437 de 2011, definen el título ejecutivo y señalan las providencias que tienen tal característica, respectivamente.

El artículo 422 del Código General del Proceso, reza:

“Art. 422. Títulos Ejecutivos . Pueden demandarse ejecutivamente las obligacionesRadicación: 73001-23-33-000-2023-00254-00

Acción: Ejecutivo

El artículo 422 del Código General del Proceso, reza:

“Art. 422. Títulos Ejecutivos . Pueden demandarse ejecutivamente las obligacionesRadicación: 73001-23-33-000-2023-00254-00

Acción: Ejecutivo Demandante: Alexis Rico Hernández, David Steven Rico González, Tania Patricia González, Saturia Hernández De Rico y otros.

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación.

Sentencia de Primera instancia Pág. 7

expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley (Se subrayó). (...)”.

En virtud a lo anterior, se pueden demandar ejecutivamente las obligaciones que reúnan las siguientes condiciones:

1. Obligaciones expresas, claras y exigibles.

2. Que emanen del deudor o de su causante, o que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción.

3. Que constituyan plena prueba contra él.

Ahora bien, el artículo 297 del CPACA12 establece que puede constituir un título ejecutivo en materia de lo contencioso administrativo, a saber (i) cierto tipo de providencias judiciales que cumplan con determinados requisitos; (ii) el contrato estatal y en general, cualquier otro acto que sea proferido con ocasión de la actividad contractual, y (iii) los

en materia de lo contencioso administrativo, a saber (i) cierto tipo de providencias judiciales que cumplan con determinados requisitos; (ii) el contrato estatal y en general, cualquier otro acto que sea proferido con ocasión de la actividad contractual, y (iii) los actos administrativos, siempre y cuando tengan constancia de ejecutoria y la autoridad administrativa que los expidió de fe de que se tratan del primer ejemplar expedido.

En virtud a lo hasta aquí expuesto, encontramos, primero, que los títulos ejecutivos deben cumplir determinados requisitos formales y de fondo para su ejecución, y segundo, que éstos pueden ser singulares o complejos.

Respecto a los requisitos formales y de fondo, el Consejo de Estado, en providencia del siete (07) de diciembre de 2017, dentro del proceso con radicado 85001-23-33-000-201400201-01(52702), M.P. Danilo Rojas Betancourth, indicó:

“(…) con la revisión de los requisitos formales, se busca determinar si los documentos que integran el supuesto título ejecutivo conforman unidad jurídica, son auténticos, y emanan del deudor o de la autoridad judicial o administrativa correspondiente, de modo que se pueda colegir que tienen la capacidad de imponer la ejecución de un crédito en cabeza de quien los expide o de un tercero13.

Ahora, respecto a la verificación de las condiciones de fondo, la misma Corporación ha sostenido que se propende por determinar si el cumplimiento de la obligación que contiene el título puede ser conminado sin óbice alguno o, en otras palabras, si presta mérito ejecutivo, para lo cual, aquél vínculo jurídico debe ser (i) exigible, en el sentido de que sea

el título puede ser conminado sin óbice alguno o, en otras palabras, si presta mérito ejecutivo, para lo cual, aquél vínculo jurídico debe ser (i) exigible, en el sentido de que sea factible ejecutarlo por no encontrarse sujeto a plazo o condición, esto es, que se trate de una obligación pura y simple; (ii) expreso, es decir, que el crédito debe aparecer de forma manifiesta en el documento sin necesidad de acudir a suposiciones que hagan necesario aplicar razonamientos lógicos complejos, y (iii) claro, en el entendido de que la obligación

12 “1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.//2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.//3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entid ades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a tra vés del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.//4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales cons te el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que e xpida el

auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales cons te el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que e xpida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar”. 13 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 24 de enero de 2007, exp. 85001-23-31-000-2005-00291-01(31825), C.P. Ruth Stella

Correa Palacio.Radicación: 73001-23-33-000-2023-00254-00

Acción: Ejecutivo Demandante: Alexis Rico Hernández, David Steven Rico González, Tania Patricia González, Saturia Hernández De Rico y otros.

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación.

Sentencia de Primera instancia Pág. 8

sea fácilmente apreciable a partir del contenido literal del documento o documentos que la contienen o la demuestran14.”

De lo anterior, se observa que el título de recaudo debe contener todos los documentos que lo integran, pero, además, unos requisitos, condiciones o exigencias tanto de forma como de fondo, siendo las primeras la autenticidad de los documentos, que emanen del deudor o que provengan de una providencia judicial o de un acto administrativo en firme. En cuanto a las s egundas, es decir, las de fondo o sustanciales, se refieren a la acreditación de una obligación insatisfecha que está a cargo del ejecutado y debe ser clara, expresa y exigible al momento de la ejecución.

En cuanto a la diferencia entre títulos ejecutivos singulares y complejos, la misma

acreditación de una obligación insatisfecha que está a cargo del ejecutado y debe ser clara, expresa y exigible al momento de la ejecución.

En cuanto a la diferencia entre títulos ejecutivos singulares y complejos, la misma Corporación, en auto del 31 de mayo de 2016, expediente 25000-23-26-000-2014-0060801, sostuvo que la determina el número de documentos necesarios para establecer la obligación. Sobre el particular, indicó: “ se está frente a los primeros cuando el título ejecutivo está compuesto por un solo documento que da cuenta de la obligación clara, expresa y exigible, mientras que los últimos están integrados por varios medios que, únicamente juntos, p