TA TOL - Sentencia 73001-23-33-000-2024-00141-00 (27-03-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAG. PONENTE: DR. BELISARIO BELTRÁN BASTIDAS

Ibagué, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 73001-23-33-000-2024-00141-00

Medio de Control: NULIDAD ELECTORAL

Demandante: DANIEL GEOVANY NEIRA RIOS

Demandado: MUNICIPIO DE ROVIRA Y OTRO

Tema: ELECCIÓN GERENTE DEL HOSPITAL SAN VICENTE

DEL MUNICIPIO DE ROVIRA

ANTECEDENTES1

El señor DANIEL GEOVANY NEIRA RÍOS, actuando a nombre propio, instauró demanda de Nulidad Electoral contra de la señora JOHANA LICETH PEÑA BARRERO en calidad de GERENTE GENERAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE ROVIRA y del señor VÍCTOR ALFONSO GUALTERO GÓMEZ en su calidad de ALCALDE MUNICIPAL DE ROVIRA, elevando las siguientes pretensiones:

“PRIMERA. – Que por haber sido expedido con infracción de las normas en que debía fundarse (Régimen de inhabilidades). Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Decreto No. 049 del 23 -03-2024 signado por el señor VÍCTOR ALFONSO GUALTERO GÓMEZ en su calidad de Alcalde Municipal de Rovira, por medio del cual se nombra a la Odontóloga JOHANA LICETH PEÑA BARRERO como Gerente de la Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE

de Alcalde Municipal de Rovira, por medio del cual se nombra a la Odontóloga JOHANA LICETH PEÑA BARRERO como Gerente de la Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE ROVIRA para el periodo institucional: 01 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2028.”

Las anteriores pretensiones las sustenta en los siguientes:

HECHOS

“1. El señor Víctor Alfonso Gualtero Gómez participó en las elecciones territoriales del año 2019 por el Partido Conservador Colombiano con recursos propios, gastando en su campaña política una cifra total $10.750.000 que no le fueron suficientes para ser alcalde de Rovira – Tolima.

2. Cuatro años después, en un segundo intento por convertirse en la primera autoridad del municipio, el señor Víctor Alfonso Gualtero Gómez participó en las elecciones territoriales del año 2023, aspirando al cargo de Alcalde Municipal de Rovira – Tolima en la cual logró el triunfo con una campaña que según el reporte del aplicativo cuentas cla ras del Consejo Nacional Electoral le costó un total de treinta y cinco millones doscientos sesenta y nueve mil pesos ($35.269.000) lo que significa que gastó más del triple de la primera campaña.

1 Es el resumen de las pretensiones dentro de los escritos de la demanda del proceso 73001-23-33-000-2023-0046500 acumulado con el 73001-23-33-000-2023-00485-00RADICACION: 73001-23-33-000-2024-00141-00

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DEMANDANTE: DANIEL GEOVANY NEIRA RIOS

00 acumulado con el 73001-23-33-000-2023-00485-00RADICACION: 73001-23-33-000-2024-00141-00

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3. De los $35.269.000 millones que según GUALTERO GÓMEZ le costó su segunda campaña política a la Alcaldía de Rovira - Tolima, un total de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) fueron aportados por el señor CARLOS SALVADOR PEÑA BARRERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.138.079, convirtiéndose en el principal financiador con un aporte de más del 56% de los gastos reportados, ello sin contar con el Concierto del Cierre de Campaña brindando por la cantante de música popular conocida como “Lady Yuliana” que no fue registrado en los gastos de campaña ante el CNE a pesar de que el evento fue grabado y transmitido en tiempo real por la red social Facebook.

4. Para poder devolverle con creces a CARLOS SALVADOR PEÑA BARRERO el dinero que invirtió en la campaña, el señor Alcalde de Rovira – Tolima VÍCTOR ALFONSO GUALTERO GÓMEZ convirtió el Municipio de Rovira en una “ famiempresa” en la que se ha dedicado a “mercadear” la contratación pública al servicio de su patrocinador, tanto así que no había transcurrido ni una semana completa de su mandato democrático,

Rovira en una “ famiempresa” en la que se ha dedicado a “mercadear” la contratación pública al servicio de su patrocinador, tanto así que no había transcurrido ni una semana completa de su mandato democrático, y para presuntamente pagar el concierto de música popular corrió a darle el 06 -01-2024 un contrato de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000) a la Ingeniera SANDRA MILENA PEÑA BARRERO (hermana de Carlos Salvador Peña Barrero) y no contento con ello, para devolver el dinero reportado en el aplicativo cuentas claras del CNE decide nombrar como Gerente del Hospital San Vicente del Municipio de Rovira a la Odontóloga JOHANA LICETH PEÑA BARRERO1 (Otra hermana de Carlos Salvador Peña Barrero) para lo cual expidió el Decreto No. 049 del 23-032024 en una extraña y perfilada convocatoria de hojas de vidas en la que PEÑA BARRERO no podía participar por la financiación política mencionada.

5. Para evitar que el decreto No. 049 del 23 -04-2024 pudiera ser demandado, ese acto administrativo no fue publicado en internet y a pesar de haber sido solicitado mediante derecho de petición, el Alcalde Municipal de Rovira no suministró copia de este, por eso no se adjunta a la demanda; sin que la Personería Municipal de Rovira brindará apoyo en la obtención de esa documentación.

6. Fuente periodísticas han alertado que adicionalmente también se incluyó en la contratación Estatal de Rovira - Tolima a la cuñada del

señor Carlos Salvador Peña Barrero (Esposa de DIEGO PEÑA BARRERO)

6. Fuente periodísticas han alertado que adicionalmente también se incluyó en la contratación Estatal de Rovira - Tolima a la cuñada del señor Carlos Salvador Peña Barrero (Esposa de DIEGO PEÑA BARRERO) para con ello pagar otros favores de la campaña política cómo lo serían el costo de los discursos políticos emitidos por SALVADOR en las diversas reuniones proselitistas, así como el costo de alquileres de drones para realizar filmaciones aéreas de los eventos a cargo del señor OSCAR JAVIER MONCALEANO. (Lo cual tampoco esta reportado en el CNE).

7. Tal es el nivel de injerencia y “gobierno en cuerpo ajeno” que ejerce el señor Carlos Salvador Peña Barrero en la administración municipal, que fue él y n o Víctor Alfonso Gualtero Gómez quien emitió el discurso del triunfo el día 29 de octubre de 2023 en donde PEÑA BARRERO desafió públicamente al hoy accionante llamándolo “El YouTuber” expresando PEÑA BARRERO que él “ no tiene raba de paja ”; por lo que aceptando esa misión encomendada desde el balcón, consistente en ejercer controlRADICACION: 73001-23-33-000-2024-00141-00

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ciudadano, cómo “Ciudadano YouTuber” me veo obligado a pedir las autoridades competentes una intervención sobre el manejo que está

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ciudadano, cómo “Ciudadano YouTuber” me veo obligado a pedir las autoridades competentes una intervención sobre el manejo que está teniendo la contratación local, máxime cuan do el Diputado del Partido Liberal en el Tolima Dr. Carlos Arturo Reyes, denunció públicamente a Carlos Salvador Peña Barrero por presunta compra de votos en Rovira – Tolima a través de lo que sería la repartición de bultos de cemento y tejas de zinc.”

CONTESTACIÓN DE LAS DEMANDADAS

MUNICIPIO DE ROVIRA

Actuando a través de apoderado judicial, contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, manifestando, que la inhabilidad que endilgada por el actor, radica en cuanto a la celebración de contratos estatales, inhabilidad que no se configuraría en el sub judice, puesto que el nombramiento de la gerente del Hospital San Vicente se hizo a través de un acto administrativo.

Señala, que las inhabilidades son de carácter restrictivo, lo que no permite alguna interpretación sobre ellas, es decir, que aun en gracia de discusión sobre la presunta inhabilidad, la misma no se encuentra acreditada en este caso, ante la falta de medios de pru ebas por parte de la parte actora, para acreditar la ocurrencia de las presuntas irregularidades que a su juicio existieron ante la elección de la Gerente del Hospital.

Sostiene que, para la elección de la Gerente del Hospital San Vicente, se agotaron una serie de etapas y procedimientos, sin que tal conformación se encuentre viciada de nulidad, así como tampoco se encuentre configurada la

Sostiene que, para la elección de la Gerente del Hospital San Vicente, se agotaron una serie de etapas y procedimientos, sin que tal conformación se encuentre viciada de nulidad, así como tampoco se encuentre configurada la causal de inhabilidad contenida en la Ley 1474 de 2011, por lo que los actos administrativos demandados no estarían viciados de nulidad.

Indica, que en el escrito de la demanda no se estructura ningún tipo de cargo, ni se realiza la adecuación normativa para establecer que las actuaciones del Alcalde del MUNICIPIO DE ROVIRA, en el nombramiento de la Gerente del ente hospitalario estarían viciados de nulidad, razones en las que se fundamenta para solicitar que se nieguen las pretensiones del presente medio de control.

JOHANA LICETH PEÑA BARRERO

Dentro del término concedido, contestó la demanda la señora JHOANA LICETH PEÑA BARRERO actuando a través de apoderado judicial, donde se opuso a la prosperidad de las pretensiones, manifestando que si bies cierto, fue nombrada por el Alcalde del MUNICIPIO DE R OVIRA como Gerente del Hospital San Vicente, esto obedeció a un proceso de selección en el cual ella participó.

De la misma manera, indica que la razón por la que originó la presente acción versa sobre la supuesta inhabilidad endilgada a la demandada, sin embargo, advierte, que en la actualidad la señora JHOANA LICETH PEÑA BARRERO ya no ocupa el cargo de Gerente en el cual fue nombrada, al haberse realizado un nuevo nombramiento mediante el Decreto No. 091 del 15 de agosto de

advierte, que en la actualidad la señora JHOANA LICETH PEÑA BARRERO ya no ocupa el cargo de Gerente en el cual fue nombrada, al haberse realizado un nuevo nombramiento mediante el Decreto No. 091 del 15 de agosto de 2024, lo que conllevaría a que se despachen desfavorablemente las suplicas,RADICACION: 73001-23-33-000-2024-00141-00

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reiterando que su prohijada ya no ostenta el cargo por el cual ha sido demandada.

De otra parte, el apoderado sostiene que se avizora que el accionante de manera equivocada pretende que se considere que la de signación de su poderdante como la entonces Gerente del Hospital San Vicente de Rovira E.S.E tiene la connotación de ser un contrato estatal. De manera que bajo ninguna circunstancia se puede llegar a considerar que la designación en un cargo público se puede equiparar a la celebración de un contrato estatal.

Arguye, que la designación de un Gerente de una Empresa Social del Estado nada tiene que ver con la inhabilidad que alude el actor que se configuró, puesto que no resultaría posible equipararla o igua larla como equivocadamente pretende hacer ver el demandante, al inferir, que la forma de nombramiento de la accionada se equipara a un contrato estatal a término indefinido

Argumenta, que no tiene cabida en la legislación colombiana, como quiera que está decantado que las inhabilidades son taxativas y de interpretación

de nombramiento de la accionada se equipara a un contrato estatal a término indefinido

Argumenta, que no tiene cabida en la legislación colombiana, como quiera que está decantado que las inhabilidades son taxativas y de interpretación restrictiva. Conforme a ello, bajo ninguna circunstancia se puede dar un tratamiento igualitario a la designación de la gerencia de una E.S.E. como si se tratara de la celebración de un Con trato Estatal, pues el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 fue expresó al señalar la definición de la figura del contrato estatal, fijando unas tipologías de este como lo son el contrato de obra, de consultoría, de prestación de servicios, de encargos fiducia rios y fiducia pública, ausentándose por simple lógica lo que son los nombramientos de servidores públicos quienes están sometidos a una vinculación legal y reglamentaria.

Menciona, que debe tenerse que la suscripción de un contrato estatal no corresponde de igual forma a la figura de un nombramiento; en el primero se comprende un acuerdo de voluntades mediante el cual las partes suscribientes se obligan a ciertas cosas, en otro caso, se trata de la designación para que una persona se desempeñe en un empleo, y tal cual de la literalidad del inciso primero del artículo 2° de la Ley 1474 de 2011 se tiene que la imposibilidad allí contenida se refiere a “ celebrar contratos”, pero no comprende designaciones ni nombramientos para desempeñarse en ciertos empleos públicos.

En consecuencia, solicita que se despachen desfavorablemente las suplicas de la demanda, al carecer de sustento jurídico y factico, al pretender

pero no comprende designaciones ni nombramientos para desempeñarse en ciertos empleos públicos.

En consecuencia, solicita que se despachen desfavorablemente las suplicas de la demanda, al carecer de sustento jurídico y factico, al pretender endilgarle una inhabilidad inexistente a su prohijada.

ACTUACIÓN PROCESAL

La demanda de nulidad electoral se admitió mediante providencia del 02 de julio de 2024 , corriéndole traslado a las partes para que contestaran, haciéndolo en término los apoderados judiciales del MUNICIPIO DE ROVIRA y de la señora JOHANA LICETH PEÑA BARRERO.

Luego, dando cumplimiento al Auto del 13 de diciembre de 2024, en el que se resolvió un recurso de súplica instaurado por la parte actora, ante la negativa del decretó de pruebas, se procedió a expedir providencia de fecha 20 de enero de 2025, en la q ue se fijó el objeto del litigio, accediendo a la solicitud probatoria documental elevada por el actor durante el traslado deRADICACION: 73001-23-33-000-2024-00141-00

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las excepciones, se declaró que el presente asunto sería objeto de sentencia anticipada y, se ordenó que una vez recaudadas las pr uebas, se correría traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera su concepto.

anticipada y, se ordenó que una vez recaudadas las pr uebas, se correría traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera su concepto.

Aclarado lo anterior, se proceden a traer a colación los alegatos de conclusión allegados por las partes, así:

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

ENTIDAD DEMANDADAMUNICIPIO DE ROVIRA

Durante el término de traslado para alegar, el ente territorial allegó escrito, en el que manifiesta que, de acuerdo al problema jurídico planteado, al realizar el análisis general de la demanda le resulta claro que la causal sobre la cual pretende señalar la nulidad de la elección de la Gerente de la Empresa Social del Estado se erige sobre lo consignado en el artículo 2 de la Ley 1474 de 2011.

Para lo cual arguye , que l a inhabilidad contemplada en esta norma no se aplicará respecto de los contratos de prestación de servicios profesionales. Al res pecto, argumenta que la inhabilidad que pretende enrostrarle el demandante y que derivaría en la nulidad del acto administrativo de elección, se predica de una norma cuyo supuesto de hecho es relativo a la celebración de Contratos Estatales. De manera que la designación de un Gerente de una Empresa Social del Estado nada tiene que ver con dicha inhabilidad y no resultaría posible dar la misma aplicación, como pretende el actor.

Empero, sostiene que la parte actora s eñala, sin ningún acierto, que la designación de la Gerente de la Empresa Social del Estado resulta equiparable, en términos jurídicos, con la celebración de un contrato de

el actor.

Empero, sostiene que la parte actora s eñala, sin ningún acierto, que la designación de la Gerente de la Empresa Social del Estado resulta equiparable, en términos jurídicos, con la celebración de un contrato de prestación de servicios, extendiendo con ello, la interpretación de la norma consignada en la Ley 1474 de 2011. Por lo cual, reitera como lo hizo en su contestación, que las inhabilidades tienen un carácter restrictivo, entendiéndose conforme lo normado, no permitiendo la extensión de la interpretación de aquellas.

Aludiendo, que aún en gracia de discusión de pretender señala r una presunta inhabilidad sobre la designada gerente de la Empresa Social del Estado, la redacción de la misma conforme lo dispuesto en el artículo 2o de la Ley 1474 de 2011, hace referencia a la celebración de contratos, de conformidad con el Estatuto Ge neral De Contratación y demás normas concordantes y vigentes, para lo cual cita diversos pronunciamientos de la corte constitucional y del consejo de estado, que hablan sobre lo restrictivas que son las causales de inhabilidad.

Con fundamento de lo anter ior, solicita que se declaren probadas las excepciones de i) inexistencia de fundamentos jurídicos y probatorios de las irregularidades del proceso electoral, ii) presunción de legalidad de los actos administrativos y, iii) desconocimiento de los medios probatorios tendientes a demostrar la ocurrencia de las causales de nulidad electoral.RADICACION: 73001-23-33-000-2024-00141-00

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a demostrar la ocurrencia de las causales de nulidad electoral.RADICACION: 73001-23-33-000-2024-00141-00

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PARTE DEMANDADA – JOHANA LICETH PEÑA BARRERO

El apoderado judicial de la demandada, presenta sus alegatos de conclusión, en primer lugar, manifiesta, que el juicio de reproche esgrimido por el actor carece de asidero con la realidad, al no estar acreditada la inhabilidad endilgada a su prohijada la señora JOHANA LICETH PEÑA BARRERO

En segundo lugar y respecto de la fijación del liti gio efectuada, denota que las premisas que lo conforman no fueron acreditadas por la parte accionante, ante la inexistencia de la inhabilidad aludida , contenida en el artículo 2 de la Ley 1437 de 2011, al no haber incurrido en la misma.

Sostiene, que las inhabilidades e incompatibilidades tienen un carácter restrictivo, de manera que pretender ampliar el margen de interpretación o hacer extensivo una causal de inhabilidad respecto de un supuesto de hecho que no contempla la norma, desconocería la taxatividad que impera en esta materia. Alude, que a pesar de la insistencia del accionante de llevar a su poderdante al supuesto de hecho contenido de la inhabilidad que pretende enrostrarle, aquel omite probar que la señora JOHANA LICETH PEÑA haya suscrito contrato alguno con entidad pública, puesto que su nombramiento

poderdante al supuesto de hecho contenido de la inhabilidad que pretende enrostrarle, aquel omite probar que la señora JOHANA LICETH PEÑA haya suscrito contrato alguno con entidad pública, puesto que su nombramiento fue como Gerente del HOSPITAL SAN VICENTE DE ROVIRA E.S.E., sin embargo, la vinculación para el cargo del Gerente se efectuó conforme lo señala la normatividad dispuesta, a través de una relac ión legal y reglamentaría, y en tal sentido, afirma que en ningún caso se puede equiparar con la celebración de un contrato estatal.

Arguye, que se podría concluir que la designación de un Gerente de una Empresa Social del Estado nada tiene que ver con dicha inhabilidad y no resultaría posible equipararla o igualarla como equivocadamente pretende hacer ver el demandante , a la celebración de contratos con el Estado, al tratarse de inhabilidad e incompatibilidades de carácter restrictivo.

A su vez, trae a colación el Concepto No. 448511 del 15 de diciembre de 2021 el DAFP donde precisó lo siguiente:

“De conformidad con el artículo transcrito, las personas que hayan financiado campañas políticas a la Presidencia de la República, a las gobernaciones o a las alcaldías con aportes superiores al dos puntos cinco por ciento (2.5%) de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción electoral, quienes no podrán celebrar contratos con las entidades públicas, incluso descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para el cual fue elegido el candidato; inhabilidad que se extenderá por todo el período para el cual el candidato fue elegido. Esta causal

electoral, quienes no podrán celebrar contratos con las entidades públicas, incluso descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para el cual fue elegido el candidato; inhabilidad que se extenderá por todo el período para el cual el candidato fue elegido. Esta causal también operará para las personas que se encuentren dentr o del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil de la persona que ha financiado la campaña política.

Cabe recordar que la vinculación al Estado mediante la celebración de un contrato estatal, no corresponde a una vinculación legal o reglamentaria como empleado público, toda vez que hace alusión a una relación con particulares para que temporalmente estos ejerzan funciones públicas; en consecuencia, los contratistas no tienen la calidad de servidores públicos.

Por consiguiente, en criterio de esta Dirección se infiere que la citada prohibición se aplica únicamente para celebrar contratos con lasRADICACION: 73001-23-33-000-2024-00141-00

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entidades públicas, lo cual no impide que quien haya financiado campañas políticas en las circunstancias señaladas en la norma o sus parientes sean nombrados mediante una relación legal o reglamentaria para ejercer cargos públicos.”

De lo expuesto, el apoderado judicial de la demandada, sostiene que esta fundamentada su tesis, radicada en que no está probada la inhabilidad endilgada a su prohijada, puesto que no celebró ningún tipo de contrato con

De lo expuesto, el apoderado judicial de la demandada, sostiene que esta fundamentada su tesis, radicada en que no está probada la inhabilidad endilgada a su prohijada, puesto que no celebró ningún tipo de contrato con el MUNICIPIO DE ROVIRA, si no que contrario a ello, su nombramiento obedeció a una relación legal y reglamentaria para en su momento fungir como Gerente del Hospital San Vicente de Rovira E.S.E , máxime, cuando superó un proceso de selección.

En consecuencia, solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda, al no tener vocación los argumentos esbozados por la parte actora.

MINISTERIO PÚBLICO

El representante del Ministerio Público alle gó su concepto, manifestando, que la parte actora alega que el señor Carlos Salvador Peña Barrero, realizó aportes superiores al 2% de las sumas invertidas por el señor VÍCTOR ALFONSO GUALTERO GÓMEZ, en su campaña a la alcaldía de Rovira, en el proceso electoral del 29 de octubre de 2023, del cual resultó electo para el periodo 2024 -2027, por lo que recaía sobre el Alcalde la prohibición de contratar o postularse como posibles contratistas a su financiador y sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil , de conformidad con lo normado en el artículo 8.1.k) de la Ley 80 de 1993.

Arguye, que el señor VÍCTOR ALFONSO GUALTERO GÓMEZ en su condición de alcalde municipal de Rovira, nombró a la Odontóloga JOHAN A LICETH

8.1.k) de la Ley 80 de 1993.

Arguye, que el señor VÍCTOR ALFONSO GUALTERO GÓMEZ en su condición de alcalde municipal de Rovira, nombró a la Odontóloga JOHAN A LICETH PEÑA BARRERO como Gerente del Hospital San Vicente del MUNICIPIO DE ROVIRA, hermana del señor Carlos Salvador Peña Barrero, principal aportante a su campaña en porcentaje superior al establecido en la prohibición e inhabilidad normada en el artículo 8.1.k) de la Ley 80 de 1993.

El Ministerio Público sostiene, que no hay ningún medio de prueba que acredite la calidad de hermanos entre el señor CARLOS SALVADOR PEÑA BARRERO y la Odontóloga JOHANA LICETH PEÑA BARRERO. Seguidamente, indica que las inh abilidades, incompatibilidades, prohibiciones, conflictos de intereses y causales de nulidad, tiene rango de ley como lo ha indicado el Consejo de Estado que, las normas legales que las establecen son taxativas.

Este carácter de excepción hace que su inte rpretación, conforme a los principios generales sobre el particular, deba ser restrictiva y, por lo mismo, no cabe una aplicación por extensión o analogía , tanto así, que el artículo 8.1.k) de la Ley 80 de 1993, establece como excepción a la inhabilidad y prohibición, que dicha prohibición e inhabilidad no aplica, cuando se trate de contratos de prestación de servicios profesionales. Es decir, que el Presidente de la República, Gobernadores, Alcaldes y Congresistas cuando estos últimos tengan facultad de co ntratación, pueden contratar bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios a sus financiadores de

Presidente de la República, Gobernadores, Alcaldes y Congresistas cuando estos últimos tengan facultad de co ntratación, pueden contratar bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios a sus financiadores de campaña, sin que por ese simple hecho violen la ley.RADICACION: 73001-23-33-000-2024-00141-00

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Por lo tanto, solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda, ante la ausencia de prueba en cuanto al parentesco y además de ello, al no aplicarse la inhabilidad y prohibición normada en el artículo 8.1.k) de la Ley 80 de 1993, invocada por la part e demandante, al haber sido nombrada a través de una relación legal y reglamentaria y, no por un contrato estatal los cuales están prohibidos en la norma.

PARTE DEMANDANTE

La parte actora dentro del término concedido para presentar sus alegatos de conclusión, guardó silencio.

CONSIDERACIONES

PARTE PROCESAL - COMPETENCIA

Es competente el Tribunal Administrativo del Tolima para conocer en primera instancia el presente asunto, conforme a lo dispuesto en el numeral 7º inciso A del artículo 152 del C.P.A.C.A, modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021.

PROBLEMA JURÍDICO

Tal como quedó establecido en la fijación del litigio dentro de l auto que corrió traslado para alegar, el problema jurídico en el caso bajo estudio se

Ley 2080 de 2021.

PROBLEMA JURÍDICO

Tal como quedó establecido en la fijación del litigio dentro de l auto que corrió traslado para alegar, el problema jurídico en el caso bajo estudio se contrae a establecer “si es nulo el acto mediante el cual se nombró a la Odontóloga JOHANA LICETH PEÑA BARRERO como Gerente del HOSPITAL SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE ROVIRA para el periodo institucional: 01 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2028, al haber sido expedido con desviación de poder, al configurarse irregularidades en el proceso de selección, así como haber incurrido en la inhabilidad contenida en el artículo 2 de la Ley 1474 de 2011, al presuntamente su hermano haber participado en la financiación política de la camp aña de elección del Alcalde del MUNICIPIO DE ROVIRA, o si por el contrario, no se configuran las causales de nulidad esgrimidas por la parte demandante.”

MARCO NORMATIVO

En primer lugar, y teniendo en cuenta la calidad del asunto que ocupa la atención de la Sala, resulta de vital trascendencia efectuar un breve recorrido normativo partiendo desde los postulados constitucionales referentes a la materia, para luego definir conforme a los lineamientos de la jurisprudencia del Consejo de Estado, lo que se ent iende propiamente como inhabilidad; hecho lo anterior, procederá esta Corporación a examinar puntualmente la causal de inhabilidad predicada por el demandante, para finalmente desatar la problemática planteada.

Pues bien, la Constitución Política de 1991, al ocuparse del tema referente a la organización territorial del Estado, definió propiamente las entidades

causal de inhabilidad predicada por el demandante, para finalmente desatar la problemática planteada.

Pues bien, la Constitución Política de 1991, al ocuparse del tema referente a la organización territorial del Estado, definió propiamente las entidades territoriales en que este se conformaría y quiénes ejercerían su representación legal.

Frente a la nulidad electoral la Corte Constitucional en sentencia C -391 de 2002, con ponencia del Doctor Jaime Córdoba Triviño, la definió como una acción pública especial de legalidad y de impugnación de un actoRADICACION: 73001-23-33-000-2024-00141-00

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administrativo de carácter electoral, a la que puede acudir cualquier persona en el plazo indicado por la ley y que procede contra actos de elección o nombramiento, constituyéndose, en el medio idóneo y eficaz con el que cuentan los ciudadanos para discutir ante la jurisdicción contenciosa administrativa la legalidad del acto de elección, la protección del sufragio y el respeto a la voluntad del elector.

Así mismo, la Corte Constitucional en sentencia de unificación No. 264 de 2015, mencionó que de conformidad con los preceptos planteados p or la jurisdicción constitucional y la contenciosa administrativa, los elementos carac