TA TOL - Sentencia 73001-23-33-000-2024-00368-00 (03-04-2025)

Tribunal Administrativo de Tolima

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Detalles

Título
TA TOL - Sentencia 73001-23-33-000-2024-00368-00 (03-04-2025)
Autor
Tribunal Administrativo de Tolima
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Magistrado Ponente Dr. BELISARIO BELTRÁN BASTIDAS

Ibagué, tres (03) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 73001-23-33-000-2024-00368-00

Medio de Control: OBSERVACIÓN A ACUERDO MUNICIPAL POR

INCONSTITUCIONALIDAD E ILEGALIDAD

Demandante: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Demandado: MUNICIPIO DE CUNDAY – CONCEJO MUNICIPAL DE CUNDAY Proyecto Objetado: Acuerdo No. 012 del 18 de noviembre de 2024 expedido por el Concejo Municipal de Cunday, “por el cual se concede autorización para la celebración de toda clase de convenios interinstitucionales con entidades públicas y privadas del orden municipal, departa mental y nacional, en la vigencia fiscal 2025”

OBJETO DEL FALLO

Decide la Sala en única instancia la observación a Acuerdo Municipal presentada por la apoderada judicial de la parte demandante contra el Acuerdo No. 012 del 18 de noviembre de 2024, “Por medio del cual se concede autorización para la celebración de toda clase de convenios interinstitucionales con entidades públicas y privadas del orden municipal, departamental y nacional, en la vigencia fiscal 2025” , proferido por el Concejo Municipal de Cunday, con el fin que se le acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

“Se solicita al Honorable Tribunal Administrativo del Tolima, que en razón a las consideraciones expuestas en la presente se declare la

Concejo Municipal de Cunday, con el fin que se le acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

“Se solicita al Honorable Tribunal Administrativo del Tolima, que en razón a las consideraciones expuestas en la presente se declare la invalidez por motivos de inconstitucionalidad e ilegalidad del Acuerdo No. 012 del 18 de noviembre de 2024, ”POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE

AUTORIZACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL ORDEN MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL, EN LA VIGENCIA FISCAL 2025”, expedido por el Concejo Municipal de Cunday – Tolima”.

Como fundamento de sus pretensiones, expuso los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: El Honorable Concejo Municipal de Cunday – Tolima, profirió el Acuerdo Municipal No. 012 del 18 de noviembre de 2024 “Por medio del cual se concede autorización para la celebración de toda clase de convenios interinstitucionales con entidades públicas y privadas del orden municipal, departamental y nacional, en la vigencia fiscal 2025”

SEGUNDO: Que dentro de la parte considerativa del Acuerdo se establece que el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 incluyo a los municipios como entidades estatales que deben cumplir con el régimen contractual yExpediente: 73001-23-33-000-2024-00368-00

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2 asigna la competencia para la celebración de contratos y/o convenios, a los alcaldes, de igual manera manifiesta que el artícul o 25 ibidem al desarrollar el principio de economía en la contratación, reitero que los Concejos Municipales autorizaran a los alcaldes para la celebración de contratos y/o convenios.

TERCERO. Que de igual manera el Concejo Municipal en sus consideraciones dentro del Acuerdo No. 012 del 18 de noviembre de 2024 refiere que una de las funciones propias de los Concejos es la de autorizar al Alcalde para contratar, tal como lo dispone el artículo 3 13 de la Constitución Política y la facultad de reglamentar lo relacionado con tal autorización en forma genérica o particular, y que por tal motivo se hace necesario que el Concejo Municipal confiera al Alcalde Municipal de Cunday, dichas facultades con e l fin de poder dar cumplimiento a las situaciones requeridas acorde a las necesidades, buena marcha y correcto funcionamiento del municipio.

CUARTO. Que conforme a los argumentos expuestos anteriormente el Concejo Municipal de Cunday mediante el Acuerdo N o. 012 de 2024, acordó:

“(…) ARTÍCULO PRIMERO: Facultar al señor alcalde municipal de Cunday Tolima, que previo el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, para la “celebración de toda clase de convenios interinstitucionales con entidades Públ icas y Privadas del orden Municipal, Departamental y Nacional, en la vigencia fiscal de 2025”,

legales vigentes, para la “celebración de toda clase de convenios interinstitucionales con entidades Públ icas y Privadas del orden Municipal, Departamental y Nacional, en la vigencia fiscal de 2025”, para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos que se encuentran aprobados mediante el ACUERDO NO. 007 DE MAYO 20 DE 2024 “Por medio del cual se Adopt a el Plan de Desarrollo Municipal de Cunday con Proyección social de todos y para todos 2024 – 2027”, acorde de las competencias y funciones asignadas por la constitución y la ley a los municipios.

ARTÍCULO SEGUNDO: Las facultades aprobadas en el presente Acuerdo al señor Alcalde Municipal de Cunday Tolima, serán hasta el 31 de diciembre de 2025. (…)”

QUINTO: Que el Acuerdo No. 012 del 2024, fue sancionado y publicado por el Alcalde Municipal de Cunday el día 23 de noviembre de 2024, tal como obra constancia en las pruebas que se anexan a la presente.

SEXTO: Que, mediante correo electrónico del día 27 de noviembre de 2024, el Doctor Manuel Alberto Lancheros en calidad de Secretario General y de Gobierno del municipio de Cunday remitió el Acuerdo No. 012 de 2024 a la Gobernadora del Tolima para su revisión”.

TRAMITE PROCESAL

La demanda se admitió mediante auto del 29 de enero de 2025, y se ordenó notificar personalmente al extremo demandado y al Agente del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 199 del C.P.A.C.A, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 del 25 de enero de 2021.

notificar personalmente al extremo demandado y al Agente del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 199 del C.P.A.C.A, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 del 25 de enero de 2021.

Igualmente, se dispuso fijar en lista el expediente por el término de diez (10) días, para los fines consagrados en el numeral 1º. del artículo 121 del Decreto Ley 1333 de 1986, lo cual corrió entre el 05 al 18 de febrero de 2025, presentándose pronunciamiento por parte del alcalde del Municipio deExpediente: 73001-23-33-000-2024-00368-00

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3 Cunday y del Concejo Municipal de Cunday.

INFORME RENDIDO

Alcalde del Municipio de Cunday (Índice No. 013 Recibe Memoriales Online del Expediente Digital de Samai)

Dentro del término de traslado, se pronunci a el alcalde del Municipio de Cunday quien indic a inicialmente que, remit e copia de la fijación y des fijación del presente proceso, para que obre en el expediente.

Posteriormente, señala que, voluntariamente guarda silencio, pero solicita se haga un pronunciamiento expreso sobre los convenios interinstitucionales con entidades públicas y privadas, debido a que algunas entidades de carácter nacional no tienen claro el tema y les preguntan por el acuerdo que lo autorice, sin tener en cuenta que , las facultades para contratar de los

con entidades públicas y privadas, debido a que algunas entidades de carácter nacional no tienen claro el tema y les preguntan por el acuerdo que lo autorice, sin tener en cuenta que , las facultades para contratar de los alcaldes están definidas con claridad en la Constitución y la ley con total precisión, pero se confunde n cuando hablan de convenios interinstitucionales que en si son contratos, puntualizando que, en este caso particular no entiende del por qué se hizo la limitación del año 2025 en el acuerdo.

Concejo Municipal de Cunday (Índice No. 014 Recibe Memoriales Online del Expediente Digital de Samai)

El presidente del Concejo Municipal de Cunday dentro del término de traslado, remitió exclusivamente el comprobante de la publicación del aviso del presente proceso, en la cartelera física y virtual de la entidad.

CONSIDERACIONES

COMPETENCIA

Es competente este Tribunal para pronunciarse sobre la constitucionalidad y legalidad de los Acuerdos Municipales , conforme a lo estipulado en el artículo 151 numeral 2º de la Ley 1437 del 2011.

PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Corporación analizar si son fundadas las observaciones formuladas por el Departamento del Tolima al Acuerdo No. 012 del 18 de noviembre de 2024, expedido por el Concejo Municipal de Cunday, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, o si, por el contrario, se debe conservar la legalidad de l acto enjuiciado atendiendo que se trata de una facultad expresa del Concejo Municipal.

MATERIAL PROBATORIO ALLEGADO.

1.-Acuerdo No. 012 del 18 de noviembre de 2024 “ Por medio del cual se

facultad expresa del Concejo Municipal.

MATERIAL PROBATORIO ALLEGADO.

1.-Acuerdo No. 012 del 18 de noviembre de 2024 “ Por medio del cual se concede autorización para la celebración de toda clase de convenio s interinstitucionales con entidades públicas y privadas del orden municipal, departamental y nacional, en la vigencia fiscal de 2025” expedido por el Concejo Municipal de Cunday (índice No. 03 Expediente Digital de Samai).Expediente: 73001-23-33-000-2024-00368-00

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4 2.- Correo electrónico del 27 de noviembre de 2024 , remitido por secgobierno@cundaytolima.gov.co al Departamento del Tolima, para revisión de legalidad (índice No. 03 Expediente Digital de Samai).

ESTUDIO SUSTANCIAL

De la presentación de las observaciones efectuadas por los Gobernadores a los Acuerdos Municipales expedidos por los Concejos Municipales de las entidades territoriales y Sancionados por los Alcaldes Municipales

Al respecto, el artículo 118 del Decreto 1333 del 25 de abril de 1986, “Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal”, establece las atribuciones del Gobernador, entre ellas, la siguiente:

“Artículo 118º.- Son atribuciones del Gobernador: (…) 8º Revisar los actos de los Concejos Municipales y de los alcaldes y por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad remitirlos al Tribunal

“Artículo 118º.- Son atribuciones del Gobernador: (…) 8º Revisar los actos de los Concejos Municipales y de los alcaldes y por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad remitirlos al Tribunal competente para que decida sobre su validez. (Artículo 194, ordinal 8, de la Constitución Política)”.

De igual forma, en los artículos 119 y 120 ibidem prevé el término y el trámite que debe agotar el gobernador frente a las observaciones que presente frente a los Acuerdos municipales, con el fin que sean estudiadas por la Corporación y determinar su procedencia, así: “Artículo 119º.- Si el Gobernador encontrare que el acuerdo es contrario a la Constitución, la ley o la ordenanza, lo remitirá, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que lo haya recibido, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que éste decida sobre s u validez. Ver art. 13, Ley 4 de 1992 Artículo 120º. - El Gobernador enviará al Tribunal copia del acuerdo acompañado de un escrito que contenga los requisitos se ñalados en los numerales 2 a 5 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). El mismo día en que el Gobernador remita el Acuerdo al Tribunal, enviará copia de su escrito a los respectivos alcaldes, personero y presidente del Concejo para que éstos, si lo consideran necesario, intervengan en el proceso. Ver art. 13, Ley 4 de 1992”. En el caso concreto, se evidencia que el Acuerdo No. 012 del 18 de noviembre de 2024 “Por medio del cual se concede autorización para la celebración de

necesario, intervengan en el proceso. Ver art. 13, Ley 4 de 1992”. En el caso concreto, se evidencia que el Acuerdo No. 012 del 18 de noviembre de 2024 “Por medio del cual se concede autorización para la celebración de toda clase de convenios interinstitucionales con entidades públicas y privadas del orden municipal, departamental y nacional, en la vigencia fiscal de 2025” fue expedido por el Concejo Municipal de Cunday en sesión del 18 de noviembre de 20241 y sancionado por el Alcalde Municipal de Cunday el 23 de noviembre de 20242.

Posteriormente, para el 27 de noviembre de 2024 , el referido acuerdo es remitido vía correo electrónico, al Departamento del Tolima – Dirección de Asuntos Jurídico, con el fin que se realice el estudio de legalidad3.

1 Ver Fls. 1 a 2 del índice No. 03 Expediente Digital de Samai. 2 Ver Fl. 3 del índice No. 03 Expediente Digital de Samai. 3 Ver Fls. 4 a 6 del índice No. 03 Expediente Digital de Samai.Expediente: 73001-23-33-000-2024-00368-00

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Siendo ello así, los veinte (20) días con que cuenta el Gobernador para remitir el Acuerdo Municipal al Tribunal, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 del Decreto 1333 del 25 de abril de 1986 , transcurrieron los

remitir el Acuerdo Municipal al Tribunal, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 del Decreto 1333 del 25 de abril de 1986 , transcurrieron los días: 28, 29 de noviembre, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 y 26 de diciembre de 2024.

En tal sentido, se aprecia que la demanda fue radicada por el aplicativo Samai el día 11 de d iciembre de 2024 4, verificándose que el escrito de observaciones a acuerdos municipales se presentó dentro del término legal, motivo por el cual, se procederá a estudiar el problema jurídico planteado ab initio del presente proveído.

CASO CONCRETO

En el sub judice, la parte demandante actuando por conducto de apoderada judicial, presentó escrito de observaciones por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad contra el Acuerdo No. 012 del 18 de noviembre de 2024, expedido por el Concejo Municipal de Cunday en sesión del 18 de noviembre de 2024 y sancionado por el Alcalde Municipal de Cunday el 23 de noviembre de 2024 , manifestando que, conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 315 de la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, Ley 136 de 1994 y demás normas sobre la materia , por regla general, los Alcaldes tienen la facultad de suscribir contratos y dirigir la actividad contractual de los municipios sin necesidad de una autorización previa, general o periódica del Concejo Municipal, pues el no contar con

general, los Alcaldes tienen la facultad de suscribir contratos y dirigir la actividad contractual de los municipios sin necesidad de una autorización previa, general o periódica del Concejo Municipal, pues el no contar con dicha facultad contraria a su juicio, los principios de eficiencia, transparencia, celeridad y economía que orientan la actuación administrativa.

Por consiguiente, asevera que, las autorizaciones o aprobaciones que le competen al Concejo Municipal frente al procedimiento de contratación solo pueden requerirse de acuerdo con la Ley o con el reglamento del respectivo Concejo Municipal, para lo cual, trae a colación el parágrafo 4 del artículo 32 de la ley 136 de 1994, donde se establece expresamente la facultad de los Concejos para autorizar en ciertos tipos de contratación al alcalde.

Así mismo, manifiesta que, el Concejo Municipal mediante Acuerdo puede señalar expresamente en qué casos adicionales requerirá autorización el alcalde para contratar, ello en virtud del artículo 313 de la Constitución Política y el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994.

En consideración, estima que, el Acuerdo de la referencia contradice abiertamente las normas constitucionales y legales que regulan la materia, por considerar que es una extralimitación en el ejercicio de la actividad contractual propiamente dicha, y a su vez desborda las facultades otorgadas al Concejo Municipal ; razón por la cual, solicita se declare la nulidad del Acuerdo Municipal.

4 Ver índice No. 03 Expediente Digital de Samai.Expediente: 73001-23-33-000-2024-00368-00

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nulidad del Acuerdo Municipal.

4 Ver índice No. 03 Expediente Digital de Samai.Expediente: 73001-23-33-000-2024-00368-00

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En este orden de ideas, corresponde a la Corporación analizar si son fundadas las observaciones formuladas por el Departamento del Tolima al Acuerdo No. 012 del 18 de noviembre de 2024, expedido por el Concejo Municipal de Cunday, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, o si, por el contrario, se debe conservar la legalidad del acto enjuiciado atendiendo que se trata de una facultad expresa del Concejo Municipal.

De los elementos obrantes en el expediente, se vislumbra que, en sesión del 18 de noviembre de 2024, el Concejo Municipal de Cunday aprobó el Acuerdo No. 012 de 2024, “Por medio del cual se concede autorización para la celebración de toda clase de convenios interinstitucionales con entidades públicas y privadas del orden municipal, departamental y nacional en la vigencia fiscal de 2025 ”, en e l cual fueron incorporados tres artículos donde se concede autorización al alcalde del Municipio de Cunday, para la celebración de toda clase de convenios interinstitucionales con entidades públicas y privadas del orden Municipal, Departamental y Nacional , en la vigencia fiscal 2025 . Al respecto, establecen los mentados artículos lo siguiente:Expediente: 73001-23-33-000-2024-00368-00

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vigencia fiscal 2025 . Al respecto, establecen los mentados artículos lo siguiente:Expediente: 73001-23-33-000-2024-00368-00

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Conforme lo anterior, considera pertinente la Sala hacer alusión a las competencias constitucionales y legales de los concejos y los alcaldes municipales en materia contractual, con el fin de establecer, la procedencia de la autorización genérica efectuada por el Concejo Municipal de Cunday al Alcalde Municipal de Cunday en materia de contratación estatal.Expediente: 73001-23-33-000-2024-00368-00

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8 En tal sentido, se tiene que, conforme al artículo 313 de la Constitución Política de Colombia , corresponde a los Concejos, entre otras cosas , “3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo”.

Así mismo, de acuerdo con el artículo 315 superior, son atribuciones del alcalde:

“ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde:

3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los

cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. (…)

9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto”.

Como se observa, en materia de contratación estatal , la Constitución es clara en señalar que, corresponde a los Concejos autorizar a los alcaldes en la celebración de contrataos, en tanto que a éste le asigna funciones de ejecución, relacionadas de manera expresa con la responsabilidad de la prestación de los servicios a cargo del municipio, de acuerdo con los planes de inversión y el presupuesto anual autorizado para el efecto.

Adicionalmente, la ley 136 del 02 de junio de 1994 , “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, en su artículo 91 -modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012-, consagra que, “los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo ”. Y también, ejercerá las siguientes funciones:

“ARTÍCULO 91. FUNCIONES. (…) Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes: (…) d) En relación con la Administración Municipal: (…)

5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo

(…) Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes: (…) d) En relación con la Administración Municipal: (…)

5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo ec onómico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables”.

A su vez, el artículo 32 de la ley en comento, -modificado por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012, contempló las atribuciones de los Concejos, previendo en su numeral 3º y en el parágrafo 4º tanto la autorización del concejo al alcalde en materia de contratación e igualmente, los casos específicos en que debe mediar ésta:

“ARTÍCULO 32. ATRIBUCIONES. <Artículo modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:>Expediente: 73001-23-33-000-2024-00368-00

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9 Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes. (…)

3. Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere autorización previa del Concejo. (…) PARÁGRAFO 4o. De conformidad con el numeral 30 del artículo 313 de la Constitución Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos:

1. Contratación de empréstitos.

la Constitución Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos:

1. Contratación de empréstitos.

2. Contratos que comprometan vigencias futuras.

3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles.

4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes.

5. Concesiones.

6. Las demás que determine la ley”.

De otra parte, el numeral 11 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, dispone en virtud del principio de economía que “(…) Las corporaciones de elección popular y los organismos de control y vigilancia no intervendrán en los procesos de contratación ”. En ese sentido, la función de los concejos de autorizar al alcalde para contratar, no puede utilizarse para arrogarse atribuciones de control o de cogestión contractual que ni la Constitución ni la ley han previsto. Como se aprecia, el legislador le confirió a los concejos la facultad de reglamentar la autorización para que el alcalde pueda contratar y adicionalmente, enlista los casos en que dicho funcionario debe obtener precisa autorización del concejo, lo cual resulta ajustado a derecho , dado que, le está indicando a esos cuerpos colegiados que al expedir un acuerdo municipal en materia de contratación, deben sujetarse siempre al acuerdo marco que contenga la reglamentación correspondiente que ha debido expedir ese órgano edilicio, todo ello con el fin de evitar que sin fundamento ni razón alguna los concejos se constituyan en obstáculo frente al operador administrativo.

En relación a este aspecto, nuestro Máximo Órgano de Cierre en concepto del 05 de junio de 2008 se pronunció sobre la facultad de los Concejos para

frente al operador administrativo.

En relación a este aspecto, nuestro Máximo Órgano de Cierre en concepto del 05 de junio de 2008 se pronunció sobre la facultad de los Concejos para autorizar al alcalde en materia de contratación, para lo cual trajo en cita la sentencia C-738 de 2001 proferida por la Corte Constituci onal, donde se precisó que esa facultad no puede comprender la totalidad de los contratos, sino que dicho cuerpo colegiado debe establecer en qué casos el Alcalde requiere autorización en materia contractual. Sobre el particular expreso el Alto Tribunal lo siguiente:

“(…) 2º. Frente a la autorización, señala la Corte Constitucional, corresponde a la facultad del concejo municipal de establecer qué contratos de los que debe celebrar el alcalde como representante de la entidad territorial, deben ser autori zados por esa corporación . Aclara esa Corporación Judicial de manera categórica que dicha atribución no puede comprender todos los contratos que deba suscribir el alcalde , sino únicamente y de manera excepcional “los que tal corporaciónExpediente: 73001-23-33-000-2024-00368-00

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10 disponga, en forma razonable, mediante un reglamento que se atenga a la Constitución Política”.

A contrario de lo anterior, sería viable otorgar por parte de los concejos una autorización general para contratar de acuerdo con el presupuesto aprobado y los planes de desarr ollo, como es práctica

a la Constitución Política”.

A contrario de lo anterior, sería viable otorgar por parte de los concejos una autorización general para contratar de acuerdo con el presupuesto aprobado y los planes de desarr ollo, como es práctica usual. En este caso, el concejo puede reservase o no la facultad de autorizar algunos contratos en particular, siempre que, como ya se señaló, no comprenda la totalidad de los contratos que debe celebrar el alcalde.

Ahora, como función típicamente administrativa y por tanto subordinada a la ley, deberá ser ejercida de forma razonable y ajustarse a los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Política, pues como dice la Corte, “sólo podr á ser ejercida por los Concejos con el alcance y las limitaciones propias de su naturaleza”.

3. En relación con la reglamentación de esa autorización (art.32 -3 de la Ley 136 de 1994), la Corte Constitucional advierte que ella se refiere a la reglamentación no de la función contractual del alcalde, sino del procedimiento interno que habrá de seguirse en los concejos municipales para tramitar las solicitudes de autorización de contratos en los casos en que ésta se ha previsto; por tanto, los co ncejos no podrán so pretexto de reglamentar dicha autorización, “extralimitarse en sus atribuciones e intervenir sobre la actividad contractual propiamente dicha; dirección que corresponde al alcalde, en tanto jefe de la acción administrativa del municipio , de conformidad con el artículo 315-3 de la Carta.

Advierte además ese Tribunal que se trata de una función de naturaleza administrativa y, por tanto, que no comporta facultades

en tanto jefe de la acción administrativa del municipio , de conformidad con el artículo 315-3 de la Carta.

Advierte además ese Tribunal que se trata de una función de naturaleza administrativa y, por tanto, que no comporta facultades legislativas en materia de contratación ; en consecuencia, a través de ella no pueden modificarse o regularse materias propias del legislador, en especial las relativas a los procedimientos de contratación previstos en el Estatuto General de Contratación, por lo que el concejo “no puede entrar a establecer procedimientos de selecci ón, normas generales aplicables a los contratos, etc., puesto que ello forma parte del núcleo propio del Estatuto de Contratación”.

Se precisa entonces que la reglamentación a que se refiere el numeral 3º de la Ley 136 de 1994 únicamente comprende tres as pectos: “el procedimiento interno que se deberá seguir ante los Concejos para obtener la autorización respectiva, los criterios que debe seguir para otorgarla, así como los casos en los cuales tal autorización es necesaria. Así, la competencia del concejo habrá de estar referida únicamente “a las hipótesis en que tal autorización es necesaria, a los criterios que se deberán aplicar al momento de decidir sobre si se otorga o no dicha autorización, y a las etapas del trámite a seguir en cada caso. Estas norma s no serán de tipo legal, sino de tipo administrativo, sin que sea necesario contar con una regulación previa del tema por parte del Legislador” (Destacado por fuera del texto original).

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 313 de la constitución Política

administrativo, sin que sea necesario contar con una regulación previa del tema por parte del Legislador” (Destacado por fuera del texto original).

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 313 de la constitución Política de Colombia, le corresponde a los Concejos “(…) Autorizar al alcalde paraExpediente: 73001-23-33-000-2024-00368-00

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11 celebrar contratos (…)”, más no imponerle limitante alguna para su celebración, salvo los casos autorizados por la ley.

En el mismo sentido, se pronunció la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto emitido el 09 de octubre de 2014, dentro del expediente con radicado No. 11001-03-06-000-2014-00134-00 (2215). C.P. William Zambrano Cetina, al señalar:

“(…) Con base en lo anterior, esta Sala ya había precisado 5, como ahora se reitera, que:

De conformidad con el Estatuto de Contratación y las normas orgánicas de presupuesto, los alcaldes tienen la facu

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