TA TOL - Sentencia 73001-33-33-001-2016-00243-01 (22-05-2025)

2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-001-2016-00243-01 (Interno 352-20)

Demandante: Álvaro Castillo Quiroga

Demandado: Departamento del Tolima

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA

Ibagué, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

RADICACIÓN: 73001-33-33-001-2016-00243-01 (352/20)

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

DEMANDANTE: Álvaro Castillo Quiroga

APODERADO: Diego Andrés Sotomayor Segrera

DEMANDADO: Departamento del Tolima

APODERADO: Sin apoderado

REFERENCIA: Apelación sentencia -reintegro Profesional Universitario

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia del 27 de mayo de 2020, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, dentro del proceso promovido por Álvaro Castillo Quiroga en contra del departamento del Tolima , mediante la cual denegó las súplicas de la demanda.

ANTECEDENTES.

La demanda. El señor Álvaro Castillo Quiroga por conducto de apoderado judicial instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de l departamento del Tolima, con el fin de que se despachen las siguientes:

La demanda. El señor Álvaro Castillo Quiroga por conducto de apoderado judicial instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de l departamento del Tolima, con el fin de que se despachen las siguientes:

Declaraciones y condenas (fls. 50 a 51 del documento 001_ cuaderno principal , expediente Samai). Como pretensiones principales solicitó: • Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Decreto No. 0101 del 8 de febrero de 2016, únicamente en cuanto se declaró la terminación del nombramiento provisional del señor Álvaro Castillo Quiroga , del cargo Profesional Universitario, Código 219 – Grado 02, pago con rentas cedidas, adscrito a la planta global de empleos de la administración central departamental

• Se dé aplicación al principio vinculante de las sentencias de unificación de la Corte Constitucional, sobre la motivación de los nombramientos provisionales.2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-001-2016-00243-01 (Interno 352-20)

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Página 2 de 21 • Se declare que no hubo solución de continuidad en la prestación del servicio.

A título de restablecimiento del derecho. • Se reintegre a Álvaro Castillo Quiroga en el cargo de Profesional Universitario, Código 219 – Grado 02 pago con rentas cedidas, adscrito a la planta global de empleos de la administración central departamental o a otro de igual o superior categoría.

• Se reconozcan los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el

planta global de empleos de la administración central departamental o a otro de igual o superior categoría.

• Se reconozcan los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento de su desvinculación hasta cuando se haga efectivo el reintegro, así como la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, establecida en 180 días de salario.

• Al reconocimiento y pago de los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones dejados de cancelar, desde el momento de su desvinculación hasta cuando se haga efectivo el reintegro.

Hechos (fls. 51 a 54 del documento 001_ cuaderno principal, expediente Samai). Como circunstancias fácticas expuestas en la demanda , de manera sintetizada se establecen:

1. Por medio del Decreto 0836 del 6 de agosto de 2014, se nombró en provisionalidad al demandante Álvaro Castillo Quiroga en el cargo de Profesional Universitario Código 219 Grado 02, pago con rentas cedidas, adscrito a la planta global de empleados de la administración central departamental, tomando posesión el 8 de agosto de 2014.

2. Posteriormente, se expidió el Decreto 1418 de 2015, por el cual se declaró que a partir del 1 de octubre de 2015, existía la vacancia temporal del cargo de Profesional Universitario Código 219 Grado 02, como quiera que la señora

Nora Cirley Gómez quien ostentaba los derechos de carrera, se encontraba en periodo de prueba del cargo que fue nombrada al interior de la Fiscalía General de la Nación.

3. Con fundamento en lo anterior, se expidió el Decreto 1423 del 1 de octubre

periodo de prueba del cargo que fue nombrada al interior de la Fiscalía General de la Nación.

3. Con fundamento en lo anterior, se expidió el Decreto 1423 del 1 de octubre de 2015, por medio del cual se nombró en provisionalidad al demandante Álvaro Castillo Quiroga en el cargo de Profesional Universitario Código 219

Grado 02, pago con rentas cedidas, adscrito a la planta global de empleados de la administración central departamental.

4. Mediante Oficio No. DTH-181.0152 del 8 de febrero 2016, se dio a conocer al demandante el contenido de la Resolución No. 0101 del 8 de febrero de 2016, por medio del cual se d io por terminado su nombramiento en provisionalidad y se declar ó la vacancia definitiva del cargo que aquel ostentaba, como quiera que la señora Nora Cirley Gómez superó satisfactoriamente el periodo de prueba del cargo para el cual fue nombrada mediante Resolución No. 1977 de 2015 por la Fiscalía General de la Nación.

5. Adujo que para el tiempo en el que fue desvinculado de la entidad territorial, el señor Álvaro Castillo Quiroga se encontraba incapacitado debido a que2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-001-2016-00243-01 (Interno 352-20)

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Página 3 de 21 presentaba quebrantos de salud desde el año 2014, situación que era plenamente conocida por la demandada.

6. Que al ser desvinculado del servicio público sin causa aparente, aquel quedó desafiliado al Sistema de Seguridad Social por falta de aportes y los

presentaba quebrantos de salud desde el año 2014, situación que era plenamente conocida por la demandada.

6. Que al ser desvinculado del servicio público sin causa aparente, aquel quedó desafiliado al Sistema de Seguridad Social por falta de aportes y los tratamientos médicos ordenados fueron sufragados por sus propios medios.

7. Manifestó que el acto administrativo acusado, esto es, el Decreto 0101 del 8 de febrero 2016, fue expedido de forma irregular al no expresarse las razones disciplinarias, legales o de desempeño que lo desvincularan del cago, quebrantando de esta manera el derecho de contradicción, debido proceso y demás postulados legales.

8. Que el nominador para la desvinculación no adelantó el respectivo concurso de méritos y la conformación de la correspondiente lista de elegibles, por ser

un cargo de carrera, teniendo la obligación constitucional y legal de hacer para su reemplazo o proveer el mismo.

9. Finalmente, precisó que en su lugar fue designado en provisionalidad el señor Rudymir Oyola, quien contaba con menor experiencia que el demandante. Además, que el departamento del Tolima no dio aviso de esta determinación a la Comisión Nacional de Servicio Civil, estando obligada , y el nuevo nombramiento no estuvo revestida de la intención real de satisfacer los intereses generales o de mejoramiento del buen servicio administrativo.

Normas violadas y concepto de la violación (fls. 54 a 75 del documento 001_ cuaderno principal, expediente Samai) Señaló los artículos 1, 2, 5, 13, 25, 29 y 125 de la Constitución Política, así como el

cuaderno principal, expediente Samai) Señaló los artículos 1, 2, 5, 13, 25, 29 y 125 de la Constitución Política, así como el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, Decreto 1227 de 2005. Citó las sentencias SU-917 de 2010, C458 de 2015, SU-556 de 2014.

Manifestó que se quebrantaron postulados constitucionales como la igualdad, el trabajo, mínimo vital, seguridad social entre otros, debido a que al momento de la terminación unilateral del nombramiento el demandante se encontraba incapacitado; lo cual, vulnera la Ley 361 de 1997 porque pese a que la entidad tuvo pleno conocimiento de su incapacidad, lo retiraron abruptamente del servicio.

Afirmó que el acto administrativo demandado se expidió con falsa motivación, en la medida que si bien el legislador otorga un cierto margen de discrecionalidad al nominador para motivar los actos administrativos, ello no puede confundirse con la carencia de expresar las circunstancias por las cuales se retira del servicio al empleado; máxime cuando la norma taxativamente contempla en la Ley 909 de 2004 causales para ello.

Por otra parte, citó sentencias de la Corte C onstitucional del año 2001, 2006, 2008, 2015 entre otras. Añadió que el acto fue expedido de forma irregular, toda vez que el cargo al ser de carrera administrativa debió ser provisto mediante el correspondiente concurso de méritos o por su titular

Aunado a ello, alegó que existe desviación de poder, al nombrarse al señor Dudymir Oyola, nombrado en provisionalidad, quien no tenía la misma experiencia y el perfil2ª Instancia N/R

correspondiente concurso de méritos o por su titular

Aunado a ello, alegó que existe desviación de poder, al nombrarse al señor Dudymir Oyola, nombrado en provisionalidad, quien no tenía la misma experiencia y el perfil2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-001-2016-00243-01 (Interno 352-20)

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Página 4 de 21 profesional del demandante, situación que conlleva a que el gobernador del Tolima se extralimitó en sus funciones, quebrando todos y cada uno de los postulados legales y constitucionales para la provisión de empleos provisionales , así como el desconocimiento del debido proceso.

Del trámite procesal. De conformidad con el auto del 5 de agosto de 2016 (fls. 80 a 81, del documento 001_ cuaderno principal, expediente Samai), el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, admitió la demanda y ordenó la notificación del ente demandado. Corrido el traslado de la demanda al Departamento del Tolima , de conformidad con lo ordenado en el auto mencionado, el término corrió del 16 de junio al 2 de agosto de 2017 (fls. 99 y 185, del documento 001_ cuaderno principal, expediente Samai); y ello discurrió así:

Contestación de la demanda Departamento del Tolima (fls. 168 a 184 del documento 001_ cuaderno principal , expediente Samai). A través de apoderad a judicial, el ente territorial demandado se opuso a la prosperidad de las pretensiones incoadas, argumentando para tal fin que no existía

expediente Samai). A través de apoderad a judicial, el ente territorial demandado se opuso a la prosperidad de las pretensiones incoadas, argumentando para tal fin que no existía deber legal a cargo de la entidad que representa que la obligue a resarcir los perjuicios materiales presuntamente causados y reclamados.

Afirmó que el nombramiento provisional efectuado estaba condicionado hasta cuando durara el periodo de prueba efectuado a su titular, ya que el nombramiento realizado al demandante fue solo para cubrir la vacancia temporal del cargo de Profesional Universitario Código 216 Grado 02, producto de la solicitud efectuada por la titular del mismo Nora Cirley Gómez Velasco, mientras superaba el periodo de prueba del cargo para el cual fue nombrada en la Fiscalía General de la Nación. Por tanto, el nombramiento efe ctuado al demandante se efectuó siguiendo los lineamientos contemplados en el artículo 25 de la Ley 909 de 2004.

Sobre empleados nombrados en provisionalidad, adujo que aquellos no gozan de ningún fuero de estabilidad y pueden ser retirados del servicio sin motivación alguna; además, en el caso de que el cargo no lograre proveerse por concurso, el ente territorial se enc ontraba habilitado para designar su remplazo nuevamente en provisionalidad acudiendo a la necesidad del servicio.

Agregó que el Consejo de Estado acompasado del artículo 107 del Decreto 1950 de 1973, ha previsto de manera pacífica y reiterada que la declaratoria de insubsistencia de los funcionarios nombrados en provisionalidad no requiere motivación y que en ningún caso puede ser equiparable este tipo de vinculación con los que ingresan por carrera administrativa.

Como única excepción propuso la que denominó “ reconocimiento oficioso de

de los funcionarios nombrados en provisionalidad no requiere motivación y que en ningún caso puede ser equiparable este tipo de vinculación con los que ingresan por carrera administrativa.

Como única excepción propuso la que denominó “ reconocimiento oficioso de excepciones”.

La sentencia apelada (fls. 305 a 315 del documento 001_ cuaderno principal ,2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-001-2016-00243-01 (Interno 352-20)

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Página 5 de 21 expediente Samai) El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, en sentencia del 27 de mayo de 2020 denegó las súplicas de la demanda y condenó en costas a la parte demandante con base en las siguientes consideraciones.

Advirtió en primer lugar sobre el cargo de anulación de falsa motivación, que el mismo no se encontraba demostrado porque contrario a lo expuesto en la demanda, el acto administrativo demandado sí contenía de forma precisa el motivo que conllevó a la decisión, y que no era otr o que la declaratoria de vacancia definitiva del cargo que el señor Álvaro Castillo Quiroga desempeñó como profesional universitario código 219 grado 2; del cual, dicha vacancia se produjo gracias a que la señora Nora Cirley Gómez habí a superado satisfactoriamente el periodo de prueba del cargo por el cual fue nombrada por el ente acusador.

Del mismo modo, manifestó que a la luz del artículo 4 del Decreto 1227 de 2005, el acto acusado sí manifestó el término de duración, ya que el mismo Decreto 1423 de

Del mismo modo, manifestó que a la luz del artículo 4 del Decreto 1227 de 2005, el acto acusado sí manifestó el término de duración, ya que el mismo Decreto 1423 de 2015 señaló que el nombramiento del demandante se extendería hasta tanto se hubiere culminado el periodo de prueba de Nora Cirley Gómez, titular del cargo de carrera, y cuya situación aconteció con la declaratoria de vacancia definitiva prevista en el Decreto 010 del 1 de febrero de 2015 . En consecuencia, una vez cumplido el objeto por el cual había sido nombrado, se entendía que quedaba automáticamente desvinculado del servicio.

Respecto a la existencia de una incapacidad al momento del retiro del demandante, el juzgado de origen precisó que aquellas fueron notificadas al ente territorial de manera posterior a la expedición del oficio que puso en conocimiento su desvinculación, lo que resulta inexplicable e inexcusable; además, dicha situación no tiene la suficiente fuerza para viciar el acto administrativo acusado, como quiera que aquel se expidió en cumplimiento de una condición previamente establecida en el nombramiento. Aunado a lo anterior, hizo hincapié en que la incapacidad del demandante superó el término de 2 días y en este orden de ideas, la entidad que tendría la responsabilidad de pagar las mismas es la EPS a la cual se encontrare afiliado.

La apelación. Parte demandante (fls. 324 a 360 del documento 001_ cuaderno principal, expediente Samai). Inconforme con la decisión, el apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación, solicitando se revoque la decisión de primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda.

Samai). Inconforme con la decisión, el apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación, solicitando se revoque la decisión de primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda.

Manifestó el recurrente no estar de acuerdo con la justificación dada por el ente territorial para dar por finalizado el nombramiento del demandante, ya que, a su juicio, los únicos argumento s válidos para la desvinculación de empleados provisionales cuando se presentan vacancias temporales y definitivas son la provisión del cargo por haberse realizado concurso de mérito, imposición de sanciones disciplinarias, calificación insatisfactoria, etc.

Así mismo, adujo que si bien existía una temporalidad prevista por la norma para los nombramientos provisionales, no era menos cierto que la señora Nora Cirley Gómez mediante escrito del 27 de enero de 2016 , presentó renuncia oficial al cargo2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-001-2016-00243-01 (Interno 352-20)

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Página 6 de 21 que ostentada en la gobernación del Tolima como Profesional Universitario Código 219 grado 2; por lo tanto, lo que procedía en el caso sub examine era que el ente territorial diera aviso a la Comisión Nacional del Servicio Civil y ofertara el cargo en concurso de mérito, y no remover del cargo al demandante hasta tanto esta última gestión no se realizare y/o se presentare otra causal legalmente válida para dar por terminado su nombramiento.

Para soportar su teoría de alzada, el apoderado judicial trajo a colación el concepto

gestión no se realizare y/o se presentare otra causal legalmente válida para dar por terminado su nombramiento.

Para soportar su teoría de alzada, el apoderado judicial trajo a colación el concepto No. 85651 de 2019, 120191 de 2020, 116101 de 2020 y 5591 de 2020 expedidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

En lo que atañe a la comunicación de la terminación de su nombramiento y las incapacidades allegadas, prevé que contrario a lo afirmado por el juzgado de origen, la puesta en conocimiento de su desvinculación ocurrió cuando este se encontraba incapacitado y consecuentemente cobijado por un fuero de estabilidad reforzada. Bajo este escenario, recordó que el Decreto No. 0101 fue expedido el 8 de febrero de 2016 y no el 1 del mismo mes y año como equivocadamente lo afirmó el despacho de origen; así mismo, la c omunicación del Oficio DTH -181.0152 ocurrió el 11 de febrero de 2016, es decir, con fecha posterior a que el demandante hubiera presentado las incapacidades médicas.

Por último, se encontró en desacuerdo por haberse tachado de sospechoso el recaudo testimonial surtido en sede de primera instancia, aduciendo que las declaraciones de las señoras Luz Argenis Cervera Medina y Martha Paola Montealegre son consistentes, coincidentes y creíbles con las demás pruebas recaudadas y hechos de la demanda.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Mediante auto de sustanciación del 21 de octubre de 2022 (índice 004, expediente

recaudadas y hechos de la demanda.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Mediante auto de sustanciación del 21 de octubre de 2022 (índice 004, expediente Samai), se admitió el recurso de apelación interpuesto; y se ordenó que una vez esté ejecutoriada la decisión, ingresara el proceso para proferir sentencia.

Alegatos de conclusión. De la parte demandante Guardó silencio.

Departamento del Tolima. Guardó silencio.

Ministerio público. Guardó silencio.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL La competencia. Este tribunal es competente para conocer de la presente apelación de conformidad con los artículos 104 -Inc. 4º.-, 153 y 243 de la Ley 1437 de 2011; pues se cuestiona una sentencia proferida por un Juez del Circuito Administrativo de Ibagué , en la2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-001-2016-00243-01 (Interno 352-20)

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Página 7 de 21 que es parte una entidad pública, por causa de una actuación sujeta al derecho administrativo.

Considera la Sala que el medio de control de Nulidad y restablecimiento del derecho instaurado (artículo 138 ibidem) es el procedente, toda vez que por esta vía se pretende la declaratoria de nulidad de un acto administrativo que dispuso la terminación del nombramiento del demandante.

Problema jurídico. El quid del asunto de conformidad con la sentencia impugnada y el recurso

pretende la declaratoria de nulidad de un acto administrativo que dispuso la terminación del nombramiento del demandante.

Problema jurídico. El quid del asunto de conformidad con la sentencia impugnada y el recurso impetrado se centra en determinar si confirma o revoca la sentencia del Juez, para lo cual, deberá examinarse si el acto administrativo contenido en el Decreto 0101 del 8 de febrero de 2016, mediante el cual se dio por terminado el nombramiento del señor Álvaro Castillo Quiroga se encuentra viciado de nulidad, y en ese sentido, si debe ordenarse el reintegro del demandante junto con el pago de prestaciones sociales y emolumentos salariales, o si por el contrario , el acto acusado atiende lo establecido en el ordenamiento jurídico.

Límites de la apelación. Pasa la Sala, a estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia del 27 de mayo de 202 0, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué , en tanto solo le está dado al ad quem pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos al fallo, sin que se pueda infiltrar en el estudio de tópicos que no fueron debatidos por el o los recurrentes, así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado1.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación número: 81001 -23-31-000-2009-00008-01(39160), Demandante: Ana Gregoria López Laya y Otra,

ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación número: 81001 -23-31-000-2009-00008-01(39160), Demandante: Ana Gregoria López Laya y Otra, Demandado: Rama Judicial, Asunto: Tema: Daños causados por la administración d e justicia / Error Jurisdiccional.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 17001 -2331000-2002-01526-01(37533), Demandante: Luis Alfonso Gallego Morales Y Otro, Demandado: NaciónMinisterio de Defensa - Ejercito Nacional, Asunto: Recurso de apelación – Limites y competencia del juez de segunda instancia.

Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 13001 -23-31-000-2003-02167-01(41482), Demandante: José Eugenio Arroyo Pino y Otros, Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Asunto: Recurso de apelación – procedencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: WILLIAM GIRALDO GIRALDO; Sentencia del 26 de noviembre de 2009, Radicación número 25000 -23-27-000-2007Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: WILLIAM GIRALDO GIRALDO; Sentencia del 26 de noviembre de 2009, Radicación número 25000 -23-27-000-200700024-01 (17272), Demandante: Hospital Universitario Clínica San Rafael, Demandado: Dirección Distrital de Impuestos – Secretaría de Hacienda Distrital, Asunto: Recurso de apelación – Objeto / Sustentación del recurso de apelación – Sirve al ad quem para soportar la decisión de revocar o modificar la sentencia de primera instancia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ; Sentencia del 26 de enero de 2011, Radicación número: 25000 -23-26-000-1997-13804 (19865), Demandante: Marleny Bermúdez Aya y otros, Demand ado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, Asunto: Recluso – Muerte en centro penitenciario / Detención preventiva – Presunción de inocencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ; Sentencia del 7 de diciembre de 2017, Radicación número: 08001 -2331-000-2009-01122-01,2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-001-2016-00243-01 (Interno 352-20)

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Así las cosas, es claro que la competencia del juez de segunda instancia está

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Así las cosas, es claro que la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al ad quem estudiar asuntos de la sentencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (esto último, en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jur ídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado2.

Aunado a lo anterior, el Máximo Órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa3 reiteró que la apelación se encuentra limitada a los aspectos indicados por lo dispuesto en el recurso de apelación, en tanto a través de este se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera instancia presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para efecto de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ant e la segunda instancia. Finalmente, estableció que, como Teoría General de los Recursos que “Es necesario que exista congruencia entre la sustentación de la impugnación y lo decidido en la providencia objeto de censura, so pena de que no se pueda analizar la alzada”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial. Terminación del nombramiento provisional. En relación con el retiro de servicio de empleados provisionales, se hace necesario

pena de que no se pueda analizar la alzada”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial. Terminación del nombramiento provisional. En relación con el retiro de servicio de empleados provisionales, se hace necesario revisar lo concerniente a la terminación del nombramiento provisional, señalando que el Decreto 1083 de 2015 dispuso: “ARTÍCULO 2.2.5.3.4 TERMINACIÓN DE ENCARGO Y NOMBRAMIENTO PROVISIONAL. Antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados”.

El retiro de los empleados provisionales procede siempre y cuando se motive. La Corte Constitucional4 ha sostenido que el empleado provisional debe conocer las razones por

Demandante: Seguros del Estado S.A Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian, Demandado:

Seguros del Estado S.A, Asunto: Recurso de apelación – Límites.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA; Sentencia de 15 de septiembre de 2016, Radicación número: 25000 - 2324-000-2007-90177-01, Demandante: Alexander Méndez Mendoza, Demandado : Concejo de Bogotá D.C., Asunto: Acto que ha perdido fuerza ejecutoria.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN; Sentencia del 16 de agosto de 2022, Radicación número 73001 -23-003 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN; Sentencia del 16 de agosto de 2022, Radicación número 73001 -23-00000-2008-00587-01 (52803), Demandante: Esperanza Beltrán I báñez, Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué, Referencia: Reparación directa – apelación de sentencia, Asunto: Responsabilidad del Estado / Error Judicial -Carga de sustentación material para que pueda habilitarse la competencia del superior / Teoría general de los recursos.

4 Sentencia SU-250-98. Referencia: expediente T-134192, Acción de Tutela de María Duque Valencia contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero; Sentencia del 26 de mayo de 1998, Tema: Subsidiariedad de la tutela -Principio constitucional de publicidadMotivación de los actos administrativos-Motivación concomitante y motivación posterior-El interés general de la función notarial-El principio de imparcialidad en la nominación y retiro de los servidores públicos -confianza subjetiva y objetiva-Estado de cosas inconstitucional por la no convocatoria a concursos en el caso concreto de los notarios-El debido proceso y el derecho a defensa en el acceso en la justicia.2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-001-2016-00243-01 (Interno 352-20)

Demandante: Álvaro Castillo Quiroga

Demandado: Departamento del Tolima

Página 9 de 21 las cuales se le desvincula, para efectos de que ejerzan su derecho de contradicción.

Demandante: Álvaro Castillo Quiroga

Demandado: Departamento del Tolima

Página 9 de 21 las cuales se le desvincula, para efectos de que ejerzan su derecho de contradicción.

Así mismo, la Guardiana de la Carta5 sobre el retiro de los empleados vinculados en provisionalidad, expresó que el deber de motivación de los actos administrativos que (por regla general) tiene la administración, hace efectiva la cláusula de Estado de Derecho, el principio democrático, el principio de publicidad en las actuaciones de la administración, al tiempo que permite a los asociados contar con elementos de juicio suficientes para ejercer su derecho de contradicción y defensa a fin de acudir ante las instancias gubernativas y autoridades judiciales para controlar los abusos en el ejercicio del poder. De esta forma a la Administración corresponde motivar los actos, estos son, hacer expresas las razones de su decisión, mientras que a la jurisdicción compete definir si esas razones son justificadas constitucional y legalmente.

Estos motivos pueden ser, por ejemplo, aquellos que se fundan en la realización de los principios que orientan la función administrativa o derivados del incumplimiento de las funciones propias del cargo, lo cuales, en todo caso, deben ser constat