TA TOL - Sentencia 73001-33-33-001-2017-00310-02 (27-02-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAG. PONENTE: DR. BELISARIO BELTRÁN BASTIDAS

Ibagué, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

EXPEDIENTE DIGITAL

Expediente: 73001-33-33-001-2017-00310-02 (2024-1330)

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandantes: GLORIA ESPERANZA ORTEGÓN HERNÁNDEZ

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA

DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Tema: BONIFICACIÓN JUDICIAL - DECRETO 383 DE 2013

CUESTIÓN PREVIA

De conformidad con lo señalado en Auto del 24 de febrero de 2025 , por medio del cual se declaró fundado el impedimento presentado por el Doctor Carlos Arturo Mendieta Rodríguez, se procede a integrar Sala con el Magistrado que sigue en turno, esto es, el Doctor José Andrés Rojas Villa.

OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Decide la Sala el recur so de apelación formulado por l a apoderada judicial de la entidad demandada , contra la sentencia proferida el día 30 de septiembre de 2024 , mediante la cual el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Gloria Esper anza Ortegón Hernández, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio del Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentó demanda contra la NACIÓNRAMA

ANTECEDENTES

La señora Gloria Esper anza Ortegón Hernández, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio del Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentó demanda contra la NACIÓNRAMA

JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMNISTRACIÓN JUDICIAL ,

elevando las siguientes:

“DECLARACIONES Y CONDENAS

PRIMERA: Solicito se tenga la bonificación judicial reconocida por medio del Artículo 1º del Decreto 383 del 6 de marzo de 2013 a la señora GLORIA ESPERANZA ORTEGÓN HERNÁNDEZ, como factor salarial para todos los efectos legales, por cuanto su causa y efecto es la nivelación salarial de los empleados de la Rama Judicial, teniéndose como fuente normativa la Ley 4ª de 1992, además porque se trata de una retribución fija y directa del trabajo, percibida de manera periódica, habitual y permanente.

SEGUNDA: Declárese la Nulidad del acto administrativo de radicadoDESAJIBO17-1460 de fecha 21 de abril de 2017, y notificado personalmente el dí a 24 de abril de 2017, proferido por LA NACI ÓNRAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ, por medio del cual negó el reconocimiento del pago de la reliquidación salarial y pago d e las prestaciones sociales, a que tiene derecho miExpediente: 73001-33-33-001-2017-00310-02 (2024-1330)

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

salarial y pago d e las prestaciones sociales, a que tiene derecho miExpediente: 73001-33-33-001-2017-00310-02 (2024-1330)

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Demandantes: GLORIA ESPERANZA ORTEGÓN HERNÁNDEZ Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

2 representada por la inclusión de la bonificación judicial reconocida a mi mandante por medio del Artículo 1º del Decreto 383 del 6 de marzo de 2013, como factor salarial para todos sus efectos legales y no únicamente para el pago de seguridad social integral, en respuesta a la reclamación administrativa incoada por mi mandante la señora GLORIA ESPERANZA ORTEGÓN HERNÁNDEZ; Por ser contrario a derecho, a la Constitución Política, y con desconocimiento de la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado y la Corte Constitucional al vulnerar directamente los derechos salariales y prestacionales de la señora GLORIA ESPERANZA

ORTEGÓN HERNÁNDEZ.

TERCERA: Como consecuencia de las peticiones anteriores y a t ítulo de Restablecimiento del Derecho, se CONDENE a LA NACI ÓN - RAMA

JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCI ÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACI ÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ, representada legalmente en la seccional del Tolima por el Doctor CÉSAR AUGUSTO MOLINA SUÁREZ, o quien haga sus veces, o quien tenga la facultad de representación para estos casos, para que proceda a proferir lo siguiente:

representada legalmente en la seccional del Tolima por el Doctor CÉSAR AUGUSTO MOLINA SUÁREZ, o quien haga sus veces, o quien tenga la facultad de representación para estos casos, para que proceda a proferir lo siguiente:

a) Que la bonificación judicial sea incrementada para los años 20132014-2015-2016-2017, y todos los subsiguientes, conforme a los porcentajes establecidos por el Gobierno Nacional para los empleados públicos enunciados en la Ley 4ª de 1992, toda vez que su naturaleza es netamente salarial, y por ende, corre con la misma suerte que la remuneración salarial fija mensual.

b) Como consecuencia de lo anterior, se reconozca, reajuste, reliquide y paguen a la señora GLORIA ESPERANZA ORTEG ÓN HERN ÁNDEZ, las diferencias salariales y prestacionales existentes entre lo pagado por esa Dirección Seccional y la inclusión de la bonificación judicial como factor constitutivo de salario, ajustada al incremento solicitado en la pretensión anterior, para la liquidación de todas las prestaciones sociales y laborales que desde el año 2013 y hasta la fecha efectiva de pago, haya percibido mi poderdante, tales como; Primas de Servicios, Prima de Vacaciones, Prima de Navidad, Prima de productividad, Prima de bonificación por servicios prestados, Cesantías, Intereses de las Cesantías, aportes al sistema de Seguridad Social Integral en salud, Pensión, y demás emolumentos percibidos, tomando como factor salarial para ello, el 100% de la bonificación judicial reconocida mediante e l Decreto 383 del 6 de Marzo de 2013, la cual viene percibiendo la señora GLORIA ESPERANZA

emolumentos percibidos, tomando como factor salarial para ello, el 100% de la bonificación judicial reconocida mediante e l Decreto 383 del 6 de Marzo de 2013, la cual viene percibiendo la señora GLORIA ESPERANZA ORTEGÓN HERNÁNDEZ de manera mensual e ininterrumpida desde el 1 de Enero de 2013, y que hasta la fecha solo ha sido tenida en cuenta como factor salarial para las co tizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral.

c) Que se continúe pagando la bonificación Judicial como factor constitutivo de salario, así como todas sus incidencias en las prestaciones sociales y salariales devengadas por la señora GLORIA ESPERANZA ORTEGÓN HERN ÁNDEZ, mientras permanezca vinculada como empleada de la Rama Judicial.

d) Que como consecuencia de lo anterior, los dineros reconocidos sean debidamente indexados y actualizados de acuerdo al índice de precios al consumidor, con el reconocimiento de intereses moratorios a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y hasta el día en que efectivamente se produzca el pago de esa condena. Esta solicitud la hago con base en el artículo 192 y ss. del C.P.A.C.A. (Ley 1437 de 2011).Expediente: 73001-33-33-001-2017-00310-02 (2024-1330)

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Demandantes: GLORIA ESPERANZA ORTEGÓN HERNÁNDEZ Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

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CUARTA: Lo que en su facultad extra y Ultra Petita, favorezca los

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

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CUARTA: Lo que en su facultad extra y Ultra Petita, favorezca los derechos salariales y prestacionales reclamados a nombre de la señora GLORIA ESPERANZA ORTEG ÓN HERN ÁNDEZ y se encuentren en este caso.

QUINTA: Ordénese el pago de las costas procesales en caso de oposición a la presente demanda, incluidas las agencias en derecho que se generen por el trabajo realizado”.

Las anteriores pretensiones las soporta en los siguientes:

HECHOS “PRIMERO: La señora GLORIA ESPERANZA ORTEGÓN HERNÁNDEZ, se encuentra vinculada a la Rama Judicial desde el día 23 de abril del año 1984, ocupando, al momento de otorgar el presente poder, el cargo de Juez en el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Honda-Tolima.

SEGUNDO: En la Ley 4º de 1992, se establecieron los criterios y objetivos mediante las cuales cada año el Gobierno Nacional modificará el sistema salarial de los empleados de la Rama Judicial, entre otros, lo cual viene haciendo anualmente mediante la expedición de Decretos. Reglamentada la Ley 43 de 1992, el Gobierno Nacional mediante decretos anuales ha fijado la remuneración básica mensual y en general el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial del poder público, cumpliendo con la parte específica de la distribución de atribuciones en esta materia prevista en el literal f) numeral 19 del artículo 150 de la

Constitucional.

TERCERO: Con base en la mencionada Ley, y como producto de la

cumpliendo con la parte específica de la distribución de atribuciones en esta materia prevista en el literal f) numeral 19 del artículo 150 de la Constitucional.

TERCERO: Con base en la mencionada Ley, y como producto de la Negociación adelantada entre los trabajadores judic iales y el Gobierno Nacional, se expidió el Decreto 383 del 6 de marzo de 2013, mediante el cual se estableció lo siguiente: "ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmen te y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad

Social en Salud. La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mi entras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año al valor que se fija en las siguientes tablas (...)" CUARTO: La norma antes mencionada, despoja a la bonificación de su carácter salarial, impidiendo que se tenga en cuenta para la liquidación de todos los derechos salariales y prestacionales de los empleados y funcionarios destinatarios de la misma, pero sí es tomada como base para liquidar los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral. Se recorta así lo conquistado durante el cese de actividades y contenido en

de todos los derechos salariales y prestacionales de los empleados y funcionarios destinatarios de la misma, pero sí es tomada como base para liquidar los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral. Se recorta así lo conquistado durante el cese de actividades y contenido en el Acta de Acuerdo en cuanto a la nivelación en la remuneración en los términos de la Ley 4ª de 1992 y se desnaturaliza este mandato en cuanto ordenó al Gobierno Nacional que nivelara la remuneración de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial.Expediente: 73001-33-33-001-2017-00310-02 (2024-1330)

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QUINTO: LA NACIÓN RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ, de manera mensual, habitual, periódica e ininterrumpida desde el mes de en ero de 2013, le viene cancelando a mi poderdante una bonificación judicial por sus servicios prestados, reconocida mediante Decreto 383 del 6 de marzo de 2013.

SEXTO: La norma anteriormente citada, despoja a la bonificación judicial de su carácter salarial , impidiendo que se tenga en cuenta para la liquidación de todos los derechos salariales y prestacionales que mi poderdante ha percibido desde el 1º de enero del año 2013 a la fecha, en la medida que al ser un factor salarial debe tenerse en cuenta para

liquidación de todos los derechos salariales y prestacionales que mi poderdante ha percibido desde el 1º de enero del año 2013 a la fecha, en la medida que al ser un factor salarial debe tenerse en cuenta para liquidar todos sus derechos prestacionales como lo son las Primas de Servicios, Primas de Vacaciones, Primas de Navidad, Primas de productividad, Primas de bonificación por servicios prestados, Cesantías, Intereses de las Cesantías y demás emolumentos percibidos.

SÉPTIMO: Así las cosas, la NACI ÓN RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JDICIATURA DIRECCI ÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ, desconoce plenamente la definición jurídica de salario, que consiste en todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como contraprestación por su labor, que equivale a todo lo devengado por el empleado o trabajador como consecuencia directa o indirecta de su relación laboral, comprende entonces, los sueldos, primas, bonificaciones y demás reconocimientos que se hagan directa o indirectamente por causa o por razón del trabajo o empleo sin ninguna excepción; de esta manera la entidad accionada está desconociendo derechos laborales a mi representado, a los cuales tiene pleno derecho y goce de los mismos”.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (Fls. 96 a 101 de la Carpeta Juzgado del Expediente Digital) Dentro del término de traslado, se pronunció el apoderado judicial de la entidad accionada, manifestando que, se opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

Expediente Digital) Dentro del término de traslado, se pronunció el apoderado judicial de la entidad accionada, manifestando que, se opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

Así mismo, sostuvo que, la normatividad que se aplica en el asunto bajo estudio es el contemplado en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996 y los posteriores que lo han subrogado. Agregó que, conforme a lo previsto en el Decreto 383 de 2013, modificado por el Decreto 1269 de 2015, la bonificación judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de consti tuir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de la Seguridad Social en Salud.

En relación con el carácter salarial o no de algunos emolumentos derivados de la relación laboral legal y reglamentaria de los servidores judiciales, anotó que, en diferentes sentencias los máximos órganos de cierre en lo Constitucional y de lo Contencioso Administrativo han plasmado su posición, que se circ unscribe a ratificar la potestad que tiene el legislador, por mandato constitucional, de disponer que determinados conceptos salariales se liquiden sin consideración al monto total del salario del servidor público, sin que ello implique omisión o incorrecto desarrollo de los deberes.Expediente: 73001-33-33-001-2017-00310-02 (2024-1330)

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5 Finalmente, propuso como excepciones: inexistencia de perjuicios e innominada o genérica.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA En sentencia proferida el día 30 de septiembre de 2024 , el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de su decisión, expresó lo siguiente:

“(…) Como se precisó, en el plenario se acreditó que la señora Gloria Esperanza Ortegón Hernández ha estado vinculada a la Rama Judicial desde el 23 de abril de 1984; siendo su último cargo el de Juez en el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Honda.

También está probado, que es destinataria y ha devengado la bonificación judicial creada con el Decreto 383 de 2013. A su vez, que el 24 de febrero de 2017 solicitó la reliquidación de las prestaciones sociales con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial.

Finalmente, se tiene que, a través del acto acusado, la entidad demandada negó su reconocimiento; ar gumentando, en esencia, que la liquidación de la bonificación judicial se ajustó a lo establecido en el decreto que la creó.

De acuerdo con el marco normativo, dando aplicación al precedente vertical, y en una amplia interpretación de los derechos de los trabajadores; el despacho considera que el parágrafo del artículo 14 de

decreto que la creó.

De acuerdo con el marco normativo, dando aplicación al precedente vertical, y en una amplia interpretación de los derechos de los trabajadores; el despacho considera que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (que ordenó la nivelación salarial para todos los servidores de la Rama Judicial y por el cual se profirió el Decreto 383 de 2013), no restringió ni limitó el carácte r prestacional de la bonificación judicial que devengan los servidores de la Rama Judicial a partir del año 2013.

De esta manera, se colige que el ejecutivo excedió su facultad reglamentaria pues al desarrollar el contenido de la Ley que reglamenta, desbordó los limites previamente establecidos, al excluir la bonificación salarial para liquidar las prestaciones sociales de sus destinatarios; porque, como se señaló, desconoció que esa nivelación debía realizarse atendiendo criterios de equidad, y no, desme jorando los salarios y prestaciones sociales de sus beneficiarios.

En cuanto a la existencia de regímenes ordinarios y especiales al interior de la Rama Judicial, es del caso precisar que el asunto ya fue decantado por la jurisprudencia administrativa, c oncluyendo que la bonificación judicial prevista en el Decreto 383 de 2013, aplicable al caso concreto, debe reconocerse y liquidarse a todos los empleados y funcionarios de la Rama Judicial, en igualdad de condiciones y sin importar el régimen al cual pertenezcan.

Por tanto, en gracia de discusión, no existiría mérito para diferenciar la situación jurídica de la demandante; pues, aunque se probó que se vinculó

cual pertenezcan.

Por tanto, en gracia de discusión, no existiría mérito para diferenciar la situación jurídica de la demandante; pues, aunque se probó que se vinculó previo al año 1993, en sentir de la jurisprudencia traída a colación y acogida integralmente por este despacho, no cabe duda que le as iste el mismo derecho a que un servidor que se haya acogido al régimen salarialExpediente: 73001-33-33-001-2017-00310-02 (2024-1330)

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6 y prestacional previsto en el Decreto 57 de 1993 o, en su defecto, que su vinculación fuese posterior al año 1993.

La anterior precisión, aun cuando en el plenario no se hubiese discutido que la demandante pertenezca al régimen salarial y prestacional de no acogidos.

Ahora bien, dado que la bo nificación judicial tuvo por finalidad nivelar los salarios de los empleados y jueces frente a las asignaciones de los Magistrados de Tribunal y de Altas Cortes –regidos igualmente por la Ley 4ª de 1992–, al solo haberse establecido como factor salarial para la base de cotización del Sistema de Seguridad Social en pensión y salud, es evidente la transgresión a los derechos fundamentales de los trabajadores; pues con ese tipo de decisiones administrativas, se desconocen los principios mínimos fundamentales d e las relaciones laborales.

evidente la transgresión a los derechos fundamentales de los trabajadores; pues con ese tipo de decisiones administrativas, se desconocen los principios mínimos fundamentales d e las relaciones laborales.

Por ese motivo, dicha norma se torna inconstitucional e ilegal; y en aplicación de los principios pro homine, remuneración mínima vital y móvil, favorabilidad, irrenunciabilidad a derechos laborales, equidad y los principios rectores establecidos en el artículo 53 de la Constitución Política, se declarará la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad respecto de la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, contenida en el artículo 1° del Decreto 382 de 2013; porque contrario a lo que afirma la demandada, la bonificación judicial también constituye factor salarial para la base de liquidación de las prestaciones sociales.

7.1. Sobre el incremento de la bonificación judicial:

En cuanto a la pretensión relacionada con el incremento de la bonificación judicial conforme al reajuste fijado anualmente por el Gobierno Nacional para la asignación básica de los servidores judiciales, sea lo primero anotar que esta no fue solicitada previamente ante la entidad demandada; pues la reclamación administrativa versó (i) sobre el reconocimiento y pago de la bonificación judicial prevista en el Decreto 383 de 2013, para que fuese tenida como factor constitutivo de salario, y (ii) se reliquidaran sus prestaciones sociales incluyendo la mentada bonificación como factor salarial y prestacional (f. 9-13, documento 001, expediente digitalizado).

383 de 2013, para que fuese tenida como factor constitutivo de salario, y (ii) se reliquidaran sus prestaciones sociales incluyendo la mentada bonificación como factor salarial y prestacional (f. 9-13, documento 001, expediente digitalizado).

Así, se echa de menos que la petición presentada el 24 de febrero de 2017, se hubiese referido al incremento de la bonificación judicial con base en los porcentajes anualmente fijados por el Gobierno Nacional para la asignación básica de los servidores judiciales.

Sobre el particular, el despacho se permite recordar que el inicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, exige como requisito de procedibildiad (artículo 161, numeral 2, de la Ley 1437 de 2011) haber provocado la manifestación de la administración frente a los derechos discutidos en la demanda; ello, con el objeto de producir un pronunciamiento tácito o expreso susceptible de control judicial.

De modo que, al no acreditarse que se elevó solicitud previa en el mismo sentido que la pretensión bajo examen, es claro que no se agotó la reclamación administrativa previa como requisito de procedibilidad10 – se precisa – únicamente frente a la pretensión de incremento de la bonificación judicial.Expediente: 73001-33-33-001-2017-00310-02 (2024-1330)

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7 Ahora, si en gracia de discusión se aceptara que la anterior circunstancia

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

7 Ahora, si en gracia de discusión se aceptara que la anterior circunstancia no es impedimento para resolver de fondo la pretensión, en todo caso, debe indicarse que el Decreto 383 de 2013 previó expresamente el método de actualización de los dineros que por concepto de bonificación se devenguen; señalando que, para el año 2019 y en adelante, equivaldría al valor percibido el año inmediatamente anterior, reajustado con la variación del IPC certificado por el DANE.

Con independencia de que el reajuste con base en el IPC resulte porcentualmente menor al establecido anualmente para el caso de la asignación básica, para el despacho, la corrección monetaria adoptada con base en el IPC, garantiza que se mantenga el pode r adquisitivo del dinero devengado a título de bonificación judicial; cumpliéndose con ello la finalidad pretendida por el apoderado actor al solicitar el aludido incremento.

Dicha circunstancia, por sí sola, no lesiona los derechos laborales de la demandante; pues, se itera, finalmente se aplica una corrección que permite mantener el poder adquisitivo, sin que se afecte garantía mínima alguna.

Aunado a que, en el sub examine, lo que se define es la naturaleza salarial que comporta la bonificación judicial, mas no que ella sea equivalente o integrante de la asignación salarial, que, normativamente, tiene su propio mecanismo de reajuste; motivos por los cuales no hay lugar a acceder al incremento deprecado.

Merced de lo anterior, se colige que fue desvir tuada la presunción de

propio mecanismo de reajuste; motivos por los cuales no hay lugar a acceder al incremento deprecado.

Merced de lo anterior, se colige que fue desvir tuada la presunción de legalidad del acto administrativo demandado; y, en consecuencia, se accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad del acto acusado y de incluir la bonificación judicial como factor salarial en la liq uidación de todas las prestaciones sociales devengadas por la demandante, y las que se causen a su favor.

7.2. De la prescripción trienal frente al reajuste ordenado

La obligación de reconocer y pagar la bonificación judicial, en el caso de la actora, se hizo exigible a partir del 1° de enero de 2013, tal y como lo consagra el Decreto 383 de 2013. Pues, para esa época se encontraba vinculado a la Rama Judicial y, por tanto, debió percibir la referida prestación económica. Circunstancia, que no fue desvirt uada ni desconocida por la entidad demandada.

Teniendo en cuenta que la demandante solicitó la reliquidación el 24 de febrero de 2017, es claro que no interrumpió el término de prescripción trienal, conforme a lo dispuesto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.

En consecuencia, se declarará probada la excepción de prescripción y se ordenará que la entidad demandada debe liquidar las prestaciones sociales de la demandante desde el 1° de enero de 2013, en los periodos en que haya estado efectivamente vinculado, incluyendo a la bonificación judicial como factor salarial; pero con efectos fiscales igualmente a partir

sociales de la demandante desde el 1° de enero de 2013, en los periodos en que haya estado efectivamente vinculado, incluyendo a la bonificación judicial como factor salarial; pero con efectos fiscales igualmente a partir del 24 de febrero de 2014 (por prescripción trienal), y mientras perdure su vinculación laboral con la Rama Judicial. Desde luego, cancelando las diferencias que se hayan generado como consecuencia de la reliquidación.Expediente: 73001-33-33-001-2017-00310-02 (2024-1330)

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8 Ahora, como la reliquidación de las prestaciones afecta  los aportes pensionales   que debieron efectuarse en su oportunidad, el despacho estima que las diferencias que se generen  con la inclusi ón de la bonificación judicial como factor salarial desde el 1 ° de enero de 2013, deberán ser canceladas por la entidad demandada al fondo pensional correspondiente; y, de las sumas que resulten a favor de la demandante, igualmente, deberán realizarse los descuentos para el mismo efecto. Lo anterior, en razón a que dichos aportes son irrenunc iables e imprescriptibles.

Sobre el particular, es del caso recordar que, el Tribunal Administrativo del Huila acogiendo la tesis que sobre la materia ha desarrollado el Consejo de Estado – precisó que el juez que ordena el reconocimiento y

imprescriptibles.

Sobre el particular, es del caso recordar que, el Tribunal Administrativo del Huila acogiendo la tesis que sobre la materia ha desarrollado el Consejo de Estado – precisó que el juez que ordena el reconocimiento y pago de las diferencias en los aportes en pensión no excede el uso de sus facultades legales y constitucionales; mucho menos, incurre en fallo ultra o extra petita, toda vez que los mismos –es decir, los aportes– constituyen el capital indispensable para acceder al reco nocimiento pensional; aunado a que son inherentes a la controversia y, por ende, ese aspecto no es susceptible de debate entre las partes (…)

En consecuencia, resolvió:

“PRIMERO. – DECLARAR probada de oficio la excepción de prescripción trienal respecto de las diferencias prestacionales causadas con anterioridad al 24 de febrero de 2014; y no probada la excepción de inexistencia de perjuicios, formulada por la entidad demandada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO. – DECLARAR probada de oficio la falta de agotamiento de la reclamación administrativa previa como requisito de procedibilidad, únicamente frente a la pretensión de incremento de la bonifi cación judicial conforme al reajuste fijado anualmente por el Gobierno Nacional para la asignación básica de los servidores judiciales; de acuerdo con lo considerado en acápite pertinente.

TERCERO. – INAPLICAR oficiosamente, por inconstitucional e ilegal la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, contenida en el inciso primero del artículo 1°

expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, contenida en el inciso primero del artículo 1° del Decreto 383 de 2013, y demás normas que lo modifiquen o sustituyan; de acuerdo con las consideraciones de esta providencia.

CUARTO. – DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio N° DESAJIBO 17 -1460 del 21 de abril de 2017, como se esbozó en la presente providencia.

QUINTO. – En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, en virtud de la Ley 4ª de 1992, reliquidar y pagar a la señora GLORIA ESPERANZA ORTEGÓN HERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 28.715.104, todas las prestaciones sociales devengadas desde el 1° de enero de 2013, incluyendo la bonificación judicial como factor salarial; pero con efectos fiscales a partir del 24 de febrero de 2014 (por prescripción trienal) y mientras perdure su vinculación laboral con l