TA TOL - Sentencia 73001-33-33-001-2021-00014-02 (13-03-2025)

2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-001-2021-00014-02

Demandante: Gyssel Sofia Poveda Aguirre

Contra: Nación – Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA

Ibagué, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

RADICACIÓN NÚMERO: 73001-33-33-001-2021-00014-02

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

DEMANDANTE: Gyssel Sofia Poveda Aguirre

APODERADO: Carlos Mario Marín Castellanos

DEMANDADO: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial

APODERADO: Natalia Saiz Botero REFERENCIA: Apelación de sentencia

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 28 de junio de 202 4, proferida por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva , dentro del proceso promovido por Gyssel Sofia Poveda Aguirre en contra de la Nación – Rama Judicial.

ANTECEDENTES.

La demanda. (documento 05. Demanda, expediente Samai) La demandante por conducto de apoderad o judicial instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Rama Judicial, con el fin de que se despachen las siguientes:

Declaraciones y condenas (fls. 3 A 4 del documento 05. Demanda, expediente Samai)

nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Rama Judicial, con el fin de que se despachen las siguientes:

Declaraciones y condenas (fls. 3 A 4 del documento 05. Demanda, expediente Samai) como pretensiones solicitó:

• Se declare la nulidad del Oficio DESAJIBO 20-1052 del 28 de agosto de 2020 expedido por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Ibagué, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial. • Se declare la existencia del acto ficto o presunto dado a que no se respondió el recurso de apelación interpuesto el 14 de septiembre de 2020 contra el acto administrativo DESAJIBO20-1052 del 28 de agosto de 2020.

A título de restablecimiento del derecho. • Se reliquide las prestaciones sociales, tales como primas de servicio, prima de navidad, prima de vac aciones, prima de productividad y demás emolumentos laborales, incluyendo la bonificación judicial desde el año 2017 hasta en tanto se haga efectivo el pago.2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-001-2021-00014-02

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• Que las sumas que resulten a favor de la demandante sean ajustadas según señalado por el artículo 187 de la ley 1437 de 2011.

Hechos (fls. 1 a 3 del documento 05. Demanda , expediente Samai) Como circunstancias fácticas destacables, la parte activa en la demanda de manera sintetizada dispuso:

Hechos (fls. 1 a 3 del documento 05. Demanda , expediente Samai) Como circunstancias fácticas destacables, la parte activa en la demanda de manera sintetizada dispuso:

1. La demandante se encuentra vinculada a la Rama Judicial desde el 1 de mayo de 2017 ocupando al momento de la presentación de la demanda el cargo de citador grado III en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Honda-Tolima.

2. Se expide el decreto 0383 de 2013, mediante el cual se creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial, iniciando el pago de las mencionadas bonificaciones el 1 de enero de 2013, sin embargo, al demandante no se le han liquidado las prestaciones con la inclusión de la aludida bonificación, salvo en lo que respecta a la seguridad social en materia de pensión y salud.

3. La demandante presentó reclamación admini strativa el día 6 de agosto de 2020 ante el director de la Rama Ejecutiva, con el propósito de que se reliquidaran todas sus prestaciones sociales con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial.

4. La Rama Judicial emitió respuesta a la solicitud el día 28 de agosto de 2020, mediante oficio DESAJIBO20-1052, el cual fue notificado por aviso el día 2 de septiembre de la misma anualidad, en donde se dispuso negar lo pretendido.

5. Se interpuso recurso de apelación el día 14 de septiembre de 20 20, sin embargo, el mismo no fue resuelto, operando así el silencio administrativo.

6. Se agotó el requisito de procedibilidad, mediante la audiencia de conciliación

5. Se interpuso recurso de apelación el día 14 de septiembre de 20 20, sin embargo, el mismo no fue resuelto, operando así el silencio administrativo.

6. Se agotó el requisito de procedibilidad, mediante la audiencia de conciliación extrajudicial con radicado No. 36719, celebrada el día 12 de enero de 2021 ante la procuraduría 2 01 judicial I para asuntos administrativos de Ibagué, en la cual los convocados no propusieron formula de arreglo, de manera, que se declaró fallida dicha diligencia mediante constancia de fecha 21 de enero de

2021.

Normas violadas y concepto de la violación (fls. 4 a 8 del documento 05. Demanda, expediente Samai). Adujo como normas vulneradas los artículos 2, 13, 25, 53, 93 y 209 de la Constitución Política; la Ley 4 de 1992 y ley 270 de 1996.

Expuso que la ley 4 de 1992 tienen por objeto señalar normas, objetivos y criterios que debe tener el gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del congreso nacional y de la fuerza pública.

Ahora bien, la bonificación judicial fue creada por el gobierno nacional, con el propósito de nivelar los salarios de los empleados de la Rama Judicial, razón por la que se expidió el decreto 383 de 2013, que creó la bonificación judicial, sin embargo, el mismo solo se tenía en cuenta para los aportes al Sistema de Seguridad Social, de manera que no mejor ó las condiciones salariales de los servidores judiciales. Concluyó que el decreto aludido está viciado de il egalidad por ser contrario a la

el mismo solo se tenía en cuenta para los aportes al Sistema de Seguridad Social, de manera que no mejor ó las condiciones salariales de los servidores judiciales. Concluyó que el decreto aludido está viciado de il egalidad por ser contrario a la Constitución, doctrina y jurisprudencia.

Contestación de la demanda Por auto del 19 de agosto de 20 22, se admitió la demanda, y ordenó notificar a la entidad demandada.2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-001-2021-00014-02

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Surtida la notificación, la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contestó la demanda en oportunidad (Archivo 2_RECEPCIONMEMORIAL_CONTESTACIONDEDEMAND, del expediente digital).

Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Por conducto de apoderado judicial, la entidad accionada contestó la demandada oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. En primer lugar, Explicó que desde el 1 de enero de 1993 y por mandato legal, coexisten en la Ram a Judicial dos regímenes salariales y prestacionales: un régimen ordinario, denominado de los "No Acogidos", aplicable a los servidores judiciales vinculados antes de esa fecha que optaron por continuar bajo las disposiciones anteriores; y un régimen espec ial, denominado de los "Acogidos", dirigido a los empleados y funcionarios judiciales que eligieron acogerse a las nuevas disposiciones salariales y a quienes ingresaron a

optaron por continuar bajo las disposiciones anteriores; y un régimen espec ial, denominado de los "Acogidos", dirigido a los empleados y funcionarios judiciales que eligieron acogerse a las nuevas disposiciones salariales y a quienes ingresaron a la Rama Judicial a partir del 1 de enero de 1993; siendo este último caso el de la demandante.

En relación con el Decreto 383 de 2013 y normas concordantes, adujo que por mandato legal la bonificación judicial constituye factor salarial únicamente para calcular la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad S ocial en Salud. Indicó que respecto al carácter salarial de ciertos emolumentos derivados de la relación legal y reglamentaria de los servidores judiciales, los máximos órganos de cierre en lo Constitucional y en lo Contencioso Administrativo han ratificado, en distintas sentencias (sin especificarlas), la potestad del legislador según mandato constitucional para disponer que ciertos conceptos salariales se liquiden sin tomar en cuenta el salario total del servidor público, sin que esto implique omisión o i ncorrecto desarrollo de deberes legales. Al respecto, mencionó la sentencia C -279-96 expedida por la Corte Constitucional, que se pronunció sobre la expresión “sin carácter salarial” como ajustada a la Constitución.

Explicó que, de acuerdo con la Constitu ción y la ley, el legislador tiene libre configuración legislativa para determinar los salarios y prestaciones sociales de los empleados públicos, y por tanto, es posible que indique que determinados emolumentos no constituyan factor salarial para algunos salarios o prestaciones sociales; de allí que la pretensión de inaplicar por inconstitucional el Decreto 383 de

empleados públicos, y por tanto, es posible que indique que determinados emolumentos no constituyan factor salarial para algunos salarios o prestaciones sociales; de allí que la pretensión de inaplicar por inconstitucional el Decreto 383 de 2013 es improcedente. Adicionalmente, adujo que la administración ha venido aplicando el ordenamiento jurídico vigente, dándole estricto cumplimiento.

Propuso como excepciones las que denominó: i) inexistencia de perjuicios; y ii) una de carácter innominada o genérica (documento 15. ContestaciónDeDemanda, del expediente digital).

La sentencia apelada (documento 013Sentencia de Pr, expediente Samai) En sentencia del 28 de junio de 2024, el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva resolvió: 1. Declarar probada de oficio parcialmente la excepción de prescripción trienal sobre las prestaciones causadas con anterioridad al 6 de agosto de 2017; 2. Declarar no probada la excepción denominada inexistencia de perjuicios, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 3. Inaplicar por inconstitucional la palabra “únicamente” contenida en la disposición normativa del inciso 1° del artículo 1º del Decreto 383 de 2013, sus decretos modificatorios y demás normas que lo modifiquen o sustituyen por cuanto la bonificación judicial si constituye factor salarial; 4. Declarar la nulidad del acto administrativos contenido en el oficio DESAJIBO 20-1052 del 28 de agosto de 2020 y el acto ficto negativo al no resolver el recurso de apelación interpuesto el 14 de septiembre de 2020; 5. A título2ª Instancia N/R

en el oficio DESAJIBO 20-1052 del 28 de agosto de 2020 y el acto ficto negativo al no resolver el recurso de apelación interpuesto el 14 de septiembre de 2020; 5. A título2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-001-2021-00014-02

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de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación – Rama Judicial a reconocer y pagar a la demandante todas las prestaciones sociales desde el 1 de mayo de 2017; incluyendo la bonificación judicial como factor salarial; pero con efectos fiscales a partir del 6 de a gosto de 201 7 (por prescripción trienal), y mientras perdure su vinculación laboral con la Ra ma Judicial. Desde luego, cancelando las diferencias que se hayan generado como consecuencia de la reliquidación , de las sumas cuyo reconocimiento se ordena, deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una obligación de tracto sucesivo; 6. Denegar las demás pretensiones de la demanda y,

7. No condenar en costas a la entidad demandada.

Como fundamento de su decisión, expresó que, al analizar el marco normativo y en aplicación del precedente vertical, concluyó que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no estableció una restricción al carácter prestacional de la bonificación judicial. Por tanto, el Decreto 383 de 2013 desbor dó la facultad reglamentaria del Ejecutivo al excluir esta bonificación como factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales, lo que afectó los derechos de los empleados judiciales.

judicial. Por tanto, el Decreto 383 de 2013 desbor dó la facultad reglamentaria del Ejecutivo al excluir esta bonificación como factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales, lo que afectó los derechos de los empleados judiciales.

La bonificación judicial fue creada con el propósito de nivelar los salarios de empleados y jueces en relación con los Magistrados de Tribunal y Altas Cortes, conforme a la Ley 4 de 1992. Sin embargo, al establecer que esta solo constituía un factor salarial para la base de cotización en pensiones y salud, se v ulneraron derechos fundamentales y principios esenciales del derecho laboral.

En consecuencia, el juez declaró la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad respecto de la palabra “únicamente” en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013, ya que dicha disposición desconoció que la bonificación judicial es un factor salarial para la base de liquidación de prestaciones sociales.

Por lo anterior, se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo demandado, se reconoció la existencia del acto f icto por la omisión de respuesta al recurso de apelación de la demandante y se ordenó a la entidad demandada reliquidar sus prestaciones sociales, incluyendo la bonificación judicial como factor salarial, a partir del 1 de mayo de 2017 pero con efectos fiscales a partir del 6 de agosto de 2017 por prescripción trienal.

La apelación Nación Rama Judicial (documento 014_MemorialWeb_Recurso APELACION7300133, expediente Samai). El apelante argument ó que la normatividad aplicable al caso en cuestión está contenida en el régimen especial estipulado en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de

expediente Samai). El apelante argument ó que la normatividad aplicable al caso en cuestión está contenida en el régimen especial estipulado en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996 y los que los han subrogado. Asimismo, señala que las disposiciones del Decreto 383 de 2012, modificado por el 1269 de 2015, establecen que la bonificación judicial constituye factor salarial únicamente para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Resalta que tanto el Decreto 383 de 2013 como el 1269 de 2015 prohíben la modificación del régimen salarial o prestacional establecido en dichas normas, conforme al artículo 10 de la Ley 4ª de 1992.

El apelante citó jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular la sentencia C-279 de 1996, para sustentar que el legislador tiene potestad para definir qué conceptos constituyen salario y que excluir ciertos factores salariales para efectos de liquidación de prestaciones no implica vulneración de derechos. En este sentido, argumenta que la Administración Judicial ha aplicado correctamente las disposiciones legales y que, por lo tanto, no existe fundamento para la condena impuesta en la sentencia recurrida. En consecuencia, solicita la revocatoria del fallo2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-001-2021-00014-02

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condenatorio, argumenta ndo que ha venido aplicando las prescripciones legales

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condenatorio, argumenta ndo que ha venido aplicando las prescripciones legales vigentes para la materia y solicitó analizar si el Juez de instancia incurrió en un fallo ultra o extra petita, dado que se están reconociendo derechos futuros que aun no han sido solicitados.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Mediante auto de sustanciación del 15 de febrero de 2025 el recurso de apelación se admitió; y se ordenó que una vez esté ejecutoriada la decisión, ingresara el proceso para proferir sentencia (Documento 018Autoresuelvec_1202114VSRAMACONCEDE, del expediente digital).

Alegatos de conclusión. Parte demandante Guardó silencio.

Parte demandada Guardó silencio.

Ministerio público. No presentó concepto.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL Competencia Este tribunal es competente para conocer de la presente apelación de conformidad con los artículos 104, inciso 1, 153 y 243 del C. de P. A. y de lo C.A; pues se cuestiona una sentencia proferida por un Juez del Circuito Administrativo de Neiva – en cumplimiento al Acuerdo PCSJA24-12140 del 30 de enero de 2024 – en la que es parte una entidad pública, por causa de una actuación sujeta al derecho administrativo.

Problema jurídico. El quid del asunto de conformidad con la sentencia impugnada y el recurso

una entidad pública, por causa de una actuación sujeta al derecho administrativo.

Problema jurídico. El quid del asunto de conformidad con la sentencia impugnada y el recurso impetrado, se centra en determinar, si l a demandante tiene derecho a que se le reconozca y pague la Bonificación Judicial como factor salarial, y por ello, debe tenerse en cuenta para liqui dar el salario y las prestaciones sociales que devenga como servidora de la Rama Judicial.

Límites de la apelación. I. Pasa la Sala de Decisión a estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia del 28 de junio de 2024, proferida por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva, en tanto solo le está dado al ad quem pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos al fallo, sin que se pueda infiltrar en el estudio de tópicos que no fueron debatidos por el o los recurrentes; así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado1.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación número: 81001 -23-31-000-2009-00008-01(39160), Demandante: Ana Grego ria López Laya y Otra,2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-001-2021-00014-02

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Así las cosas, es claro que la competencia del juez de segunda instancia está

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Así las cosas, es claro que la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al ad quem estudiar asuntos de la sentencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (esto último, en procura de la preservación de la e ficacia y supremacía jurídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado2.

Aunado a lo anterior, el Máximo Órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa3 reiteró que la apelación se encuentra limitada a los aspectos indicados por lo dispuesto en el recurso de apelación, en tanto a través de este se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera instancia presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para efecto de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ant e la segunda instancia. Finalmente, estableció que, como Teoría General de los Recursos que “Es necesario que exista congruencia

Demandado: Rama Judicial, Asunto: Tema: Daños causados por la administración de justicia / Error

Jurisdiccional.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero

Demandado: Rama Judicial, Asunto: Tema: Daños causados por la administración de justicia / Error

Jurisdiccional.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 17001-2331000-2002-01526-01(37533), Demandante: Luis Alfonso Gallego Morales Y Otro, Demandado: NaciónMinisterio de Defensa - Ejercito Nacional, Asunto: Recurso de apelación – Limites y competencia del juez de segunda instancia.

Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 13001 -23-31-000-2003-02167-01(41482), Demandante: José Eugenio Arroyo Pino y Otros, Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Asunto: Recurso de apelación – procedencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Cons ejero Ponente: WILLIAM GIRALDO GIRALDO; Sentencia del 26 de noviembre de 2009, Radicación número 25000 -23-27-000-200700024-01 (17272), Demandante: Hospital Universitario Clínica San Rafael, Demandado: Dirección Distrital de Impuestos – Secretaría de Hacienda Distrital, Asunto: Recurso de apelación – Objeto / Sustentación del recurso

00024-01 (17272), Demandante: Hospital Universitario Clínica San Rafael, Demandado: Dirección Distrital de Impuestos – Secretaría de Hacienda Distrital, Asunto: Recurso de apelación – Objeto / Sustentación del recurso de apelación – Sirve al ad quem para soportar la decisión de revocar o modificar la sentencia de primera instancia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ; Sentencia del 26 de enero de 2011, Radicación número: 25000 -23-26-000-1997-13804 (19865), Demandante: Marleny Bermúdez Aya y otros, Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, Asunto: Recluso – Muerte en centro penitenciario / Detención preventiva – Presunción de inocencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ; Sentencia del 7 de diciembre de 2017, Radica ción número: 08001 -2331-000-2009-01122-01, Demandante: Seguros del Estado S.A Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian, Demandado: Seguros del Estado S.A, Asunto: Recurso de apelación – Límites.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admi nistrativo, Sección Primera, Consejero ponente:

GUILLERMO VARGAS AYALA; Sentencia de 15 de septiembre de 2016, Radicación número: 25000 - 2324-000-2007-90177-01, Demandante: Alexander Méndez Mendoza, Demandado: Concejo de Bogotá D.C., Asunto: Acto que ha perdido fuerza ejecutoria.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN; Sentencia del 16 de agosto de 2022, Radicación número 73001-23-00000-2008-00587-01 (52803), Demandante: Esperanza Beltrán Ibáñez, Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué, Referencia: Reparación directa – apelación de sentencia, Asunto: Responsabilidad del Estado / Error Judicial -Carga de sustentación material para que pueda habilitarse la competencia del superior / Teoría general de los recursos.2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-001-2021-00014-02

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entre la sustentación de la impugnación y lo decidido en la providencia objeto de censura, so pena de que no se pueda analizar la alzada”.

II. Por la forma como se activó el asunto y como se contestó la demanda, es dable entender que se aceptaron las estipulaciones probatorias; por lo tanto, este asunto es de puro derecho y las pruebas vertidas sirven para resolver el asunto.

III. Por otro lado, se tiene: Excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad

de puro derecho y las pruebas vertidas sirven para resolver el asunto.

III. Por otro lado, se tiene: Excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad A partir de los artículos 4, 29, 209 de la Carta4, se reconoce a favor de la Jurisdicción Especializada de lo Contencioso Administrativo 5 la facultad de imponer para un caso concreto la inaplicación de una norma general por la vía de la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad6, porque las normas de inferior rango que resulten contradictorias a aquellas otras a las cuales por disposic ión constitucional deben subordinarse a la Constitución, garantiza la vigencia del principio de legalidad; la técnica jurídica precisa, si la incompatibilidad se da entre una norma de inferior jerarquía y la Constitución, la figura asume la nominación de “ excepción de inconstitucionalidad”, y si tal incompatibilidad se da con otra norma diferente a la Constitución, la nominación es la de “excepción de ilegalidad” 7.

4 Sentencia C-037 de 26 de enero de 2000, M.P. Dr. VLADIMIRO NARANJO.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Dr. GERMÁN RODRÍGUEZ VILLAMIZAR, proferida el 15 de julio de 2004, Radicación número: 25000-23-26-000-200201834-01 (AP), Actor: José Ignacio Arias y Otros, Demandado: La Naci ónMinisterio de Comunicaciones y Otros, Referencia: Acción Popular.

6 Artículo 148 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

01834-01 (AP), Actor: José Ignacio Arias y Otros, Demandado: La Naci ónMinisterio de Comunicaciones y Otros, Referencia: Acción Popular.

6 Artículo 148 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: “Control por vía de excepción. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley.

La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte.”

7 Sentencia T -389-09. Referencia: expediente T -1400804, Acción de tutela instaurada por ADRIÁN ESTEBAN LÓPEZ JIMÉNEZ contra Tribunal Superior de Valledupar -Sala Penal-, Magistrado Ponente: Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO; Sentencia del 28 de mayo de 2009.

Sentencia C-037-00. Referencia: expediente D-2441, Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 240 de la Ley 4ª. de 1913, Demandante: Ramón Esteban Laborde Rubio, Magistrado Ponente: Dr.

VLADIMIRO NARANJO MESA; Sentencia del 26 de enero de 2000.

Sentencia SU-132-13. Referencia: expediente T-3.536.944, Acción de tutela instaurada por Piedad del Socorro Gómez Roldán, quien actúa a través de apoderada judicial, contra el Instituto de Seguros Sociales en liquidación, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,

Gómez Roldán, quien actúa a través de apoderada judicial, contra el Instituto de Seguros Sociales en liquidación, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente: ALEXEI JULIO ESTRADA; Sentencia del 13 de marzo de 2013.

Sentencia T-178 de 2012. Véase también en Sentencias como la T -172 de 2012, T-118 de 2012, SU-448 de 2011, T-018 de 2011, T-786 de 2011, T-033 de 2010, T-217 de 2010, T-976 de 2008, T-808 de 2007, T-047 de 2005, SU-159 de 2002, SU-1184 de 2001, T-1031 de 2001, entre otras.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ; Sentencia del 18 de julio de 2018, Radicación número: 7300123-33-000-2014-00580-01 (4961 -15) CE -SUJ2-012-18, Actor: Jorge Luis Ospina Cardona, Demandado: Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento del Tolima, Medio de control: Nulidad y restablecimie nto del derecho, Trámite: Asunto: Sentencia de unificación sanción moratoria por pago tardío de las cesantías – Aplicación de la Ley 1071 de 2006 a los docentes del sector oficial.2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-001-2021-00014-02

Demandante: Gyssel Sofia Poveda Aguirre

docentes del sector oficial.2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-001-2021-00014-02

Demandante: Gyssel Sofia Poveda Aguirre

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Por ello se sabe, “ EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD -Concepto y alcance La jurisprudencia constitucional ha definido que “la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se con figura igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a una caso concreto y las normas constitucionales”. En consecuencia, esta he rramienta se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política.

DEFECTO SUSTANTIVO POR INAPLICACIÓN DE EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD La razón por la cual se considera que el no hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad da lugar a un defecto sustantivo es debido a que, el juez competente empleó una interpretación normativa sin tener en cuenta que ésta resultaba contraria a los derechos y principios consagrados en la Carta Fundamental. Por lo tanto, basó su decisión en una norma que, de acuerdo con el principio de interpret ación conforme a la Constitución, no podría existir en

normativa sin tener en cuenta que ésta resultaba contraria a los derechos y pr