TA TOL - Sentencia 73001-33-33-002-2018-00181-01 (20-02-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

SALA DE ORALIDAD

M.P. LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA

Ibagué, veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Radicación: 73001-33-33-002-2018-00181-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)

Apoderado: Yudi Lorena Torres Varón

Demandado: Nelson Gómez

Apoderado: Oscar Andrés Valderrama Vélez

Vinculado: Departamento del Tolima – Fondo Territorial de Pensiones

Apoderado: Sara Lucia Galindo Lozano Tema: Pensión de vejez

ASUNTO

Decidir el recurso de apelación interpuesto por la Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante COLPENSIONES, contra la sentencia del 11 de octubre de 2023, proferida por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

COLPENSIONES1, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra el señor Nelson Gómez y el Departamento del Tolima, con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas.

1.1.1. Pretensiones

Se declare la nulidad de la Resolución GNR 126429 del 14 de abril de 2014, mediante la cual COLPENSIONES reconoció pensión de vejez a favor del señor

1.1.1. Pretensiones

Se declare la nulidad de la Resolución GNR 126429 del 14 de abril de 2014, mediante la cual COLPENSIONES reconoció pensión de vejez a favor del señor Nelson Gómez Parra, con efectividad a partir del 18 de agosto de 2013, así como el pago del retroactivo pensional correspondiente.

Se declare que COLPENSIONES no es la entidad competente para reconocer, reliquidar y pagar la pensión de vejez del señor Nelson Gómez Parra.

Se declare que el Departamento del Tolima es la entidad que debió reconocer, liquidar y pagar dicha pensión.

1 A través de apoderado.2

A título de restablecimiento del derecho, se condene al señor Nelson Gómez Parra a devolver las sumas pagadas por concepto de pensión de vejez desde su inclusión en nómina, conforme a la Resolución GNR 126429 del 14 de abril de 2014, hasta la fecha en que se ordene su suspensión provisional o se declare su nulidad.

Se ordene que las sumas a favor de COLPENSIONES sean indexadas o se reconozcan los intereses a que haya lugar, según el caso, con el fin de evitar un detrimento patrimonial, considerando la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

1.1.2. Hechos

El apoderado de la parte actora presentó los siguientes hechos:

El señor Nelson Gómez Parra nació el 18 de agosto de 1953 y cotizó 287 semanas al sistema de pensiones a través de COLPENSIONES, además de 838 semanas a la Caja de Previsión Social del Departamento del Tolima.

El señor Nelson Gómez Parra nació el 18 de agosto de 1953 y cotizó 287 semanas al sistema de pensiones a través de COLPENSIONES, además de 838 semanas a la Caja de Previsión Social del Departamento del Tolima.

El 20 de agosto de 2013, solicitó ante COLPENSIONES el reconocimiento y pago de su pensión de vejez.

Mediante la Resolución GNR 126429 del 14 de abril de 2014, COLPENSIONES reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez a su favor, con efectividad a partir del 18 de agosto de 2013, fijando una cuantía de $926.898 para el año 2013, con un IBL de $1.235.864 y una tasa de reemplazo del 75%. Además, ordenó el pago de un retroactivo por $7.869.066 e incluyó al beneficiario en la nómina de pensionados a partir del período 2014-05.

El 10 de noviembre de 2017, el señor Nelson Gómez Parra solicitó la reliquidación de su pensión de vejez, la cual fue negada mediante Resolución SUB 4585 del 11 de enero de 2018.

A través del Auto de Pruebas APSUB 4962 del 23 de noviembre de 2017, COLPENSIONES requirió al señor Gómez autorización para revocar directamente la Resolución GNR 126429 del 14 de abril de 2014, al considerar que no era la entidad competente para reconocer su derecho p ensional. Sin embargo, el señor Nelson Gómez Parra no se pronunció al respecto.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Nelson Gómez Parra

competente para reconocer su derecho p ensional. Sin embargo, el señor Nelson Gómez Parra no se pronunció al respecto.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Nelson Gómez Parra

Mediante apoderado, expresó oposición a las pretensiones, argumentando que, conforme al artículo 10 del Decreto Reglamentario 2709 de 1994, expedido en desarrollo de la Ley 71 de 1988, el pago de la pensión corresponde a la última entidad de previsión a la que el afiliado efectuó aportes, salvo que dicho período sea inferior a seis años, en cuyo caso la obligación recae en la entidad a la que se hayan realizado más aportes en cualquier tiempo.

Asimismo, señaló que la obligación pensional recae sobre todas las entidades de previsión a las que el afiliado haya efectuado aportes, en la proporción correspondiente al tiempo cotizado en cada una, sin perjuicio del derecho de la entidad pagadora a repetir contra las entidades concurrentes por las cuotas partes a su cargo.

Mencionó que no existe un marco jurídico claro que permita concluir, de manera definitiva, que COLPENSIONES no sea la entidad competente para reconocer y pagar3

la pensión de jubilación por acumulación de aportes, pero anotó que las entidades pensionales están obligadas a adelantar los trámites administrativos necesarios para determinar, en primer lugar, cuál de ellas es la competente para el pago de la prestación; en segundo lugar, exigir el pago de la cuota parte correspondiente o repetir contra la entidad responsable; y en tercer lugar, garantizar el reconocimiento de la pensión, considerando las condiciones de edad, mínimo vital y salud del afiliado. En

prestación; en segundo lugar, exigir el pago de la cuota parte correspondiente o repetir contra la entidad responsable; y en tercer lugar, garantizar el reconocimiento de la pensión, considerando las condiciones de edad, mínimo vital y salud del afiliado. En este sentido, sostuvo que las reglas establecidas en el Decreto 2709 de 1994 no constituyen una restricción absoluta para definir la entidad obligada, pues la jurisprudencia administrativa ha señalado que, en atención a las particularidades de cada caso, el pago puede ser imputado a otra entidad previsora, quedando a salvo el derecho de repetición o cobro de cuotas partes.

Finalmente, afirmó que, en el caso concreto, COLPENSIONES, mediante la Resolución GNR 126429 del 14 de abril de 2014, ordenó el trámite y liquidación del Bono Pensional Tipo B, con fundamento en el traslado del demandado al ISS, para financiar la pensión reconocida. En virtud de ello, coligió que la obligación pensional asumida por COLPENSIONES debe mantenerse vigente.

Afirmó que la devolución de las mesadas pensionales no procede si se determina que COLPENSIONES no era la entidad competente para el pago, pues estas fueron recibidas bajo el amparo del principio de buena fe.

1.2.2. Departamento del Tolima

Presentó contestación a la demanda de manera extemporánea.

1.3. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué, en sentencia proferida el 11 de octubre de 2023, resolvió en su parte resolutiva lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de Procedibilidad de que Colpensiones continúe con el pago de reconocimiento de la prestación

de octubre de 2023, resolvió en su parte resolutiva lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de Procedibilidad de que Colpensiones continúe con el pago de reconocimiento de la prestación repitiendo contra el Departamento del Tolima en lo que corresponda, propuesta por el demandado NELSON GOMEZ PARRA, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Negar las pretensiones de la demanda.

(…).”

La autoridad judicial determinó que, con fundamento en las pruebas aportadas, se acredita que el señor Nelson Gómez Parra naci ó el 13 de agosto de 1953, por lo que en el año 2014 tenía más de 60 años y acumulaba un total de 7.731 días de servicio, equivalentes a 1.104 semanas, motivo por el cual, mediante la Resolución GNR 126429 del 14 de abril de 2014, COLPENSIONES le reconoció pensión de vejez, precisando que igualmente se acreditó que el Departamento del Tolima emitió Bono Pensional a favor del demandado mediante la Resolución 0272 del 6 de julio de 2017, con destino a COLPENSIONES, el cual fue legalizado mediante la Resolución 0564 del 11 de diciembre de 2017.

Señaló que, según el historial de semanas cotizadas actualizado al 13 de diciembre de 2013, el señor Nelson Gómez Parra cotizó en COLPENSIONES un total de 266,14 semanas en periodos interrumpidos entre el 1 de febrero de 1976 y el 30 de septiembre de 2012, y que, de acuerdo con certificación expedida por el Ministerio del Trabajo el 4 de junio de 2021, el demandado estuvo vinculado al Departamento4

septiembre de 2012, y que, de acuerdo con certificación expedida por el Ministerio del Trabajo el 4 de junio de 2021, el demandado estuvo vinculado al Departamento4

del Tolima desde el 22 de enero de 1977 hasta el 24 de marzo de 1992 y del 7 de mayo de 1992 hasta el 28 de junio de 1993, desempeñando el cargo de supervisor.

Aclaró que si bien el artículo 10 del Decreto 2709 de 1994 dispone que la pensión de jubilación por aportes debe ser asumida por la última entidad a la que se efectuaron cotizaciones, esta obligación solo aplica cuando el tiempo de aportación fue de al menos seis años, en caso contrario, corresponde a la entidad en la que se haya efectuado el mayor tiempo de aportes, por lo que se determinó que, en el caso concreto, el demandado cotizó más de seis años en COLPENSIONES, aunque de forma discontinua.

Precisó que la norma no restringe el derecho por la forma de cotización, sino por el tiempo mínimo de aportación, el cual en este caso se cumple, pues se superan ampliamente los seis años exigidos, coligiendo que, en orden a lo expuesto, COLPENSIONES es la entidad respo nsable del reconocimiento y pago de la pensión por aportes del demandado, incluyendo las reliquidaciones a que haya lugar.

1.4. Apelación

COLPENSIONES interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, argumentando que el demandado cotizó en esta entidad por un periodo inferior a seis años, por lo que no le corresponde asumir el pago de la prestación.

COLPENSIONES interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, argumentando que el demandado cotizó en esta entidad por un periodo inferior a seis años, por lo que no le corresponde asumir el pago de la prestación.

Explicó que, conforme al artículo 10 del Decreto 2709 de 1994, la pensión de jubilación por aportes debe ser reconocida y pagada por la última entidad de previsión a la que se efectuaron aportes, siempre que el tiempo de cotización, continuo o discontinuo, sea de al menos seis años. En caso contrario, la obligación recae sobre la entidad en la que se haya cotizado por mayor tiempo.

Sostuvo que el asegurado registra un mayor número de aportes a favor del Fondo Territorial de Pensiones del Tolima en comparación con los efectuados a COLPENSIONES, por lo que corresponde a aquella asumir el pago de la prestación.

Indicó que en el expediente obra certificación de devengados y deducidos expedida por el departamento de nómina de COLPENSIONES, en la que se acredita que el demandado ha recibido sumas de dinero por concepto de mesadas pensionales a las que no tenía derecho, lo que ha generado un detrimento económico para la entidad, razón por la cual solicita su reintegro.

1.5. Trámite en segunda instancia

La demanda fue admitida mediante auto del 30 de enero de 2025 . Las partes y el agente del Ministerio Público no intervinieron en esta etapa del proceso.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El presente asunto es competencia de esta Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 153 del CPACA. Según esta disposición, los tribunales

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El presente asunto es competencia de esta Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 153 del CPACA. Según esta disposición, los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia, entre otros casos, de las apelaciones de las sentencias emitidas en primera instancia por los jueces administrativos.5

A su vez, esta Sala se ceñirá a lo reglado en el artículo 328 del CGP, por remisión del artículo 306 del CPACA; en cuanto a que se hará pronunciamiento únicamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin dejar de lado las decisiones que se deban adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

2.2. Procedibilidad del recurso de apelación

Conforme a lo establecido en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, las sentencias de primera instancia son apelables, situación que se presenta en el presente caso.

2.3. Problema jurídico de segunda instancia

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto, corresponde a la Sala establecer cuál es la entidad responsable del pago de la pensión de jubilación de Nelson Gómez, reconocida bajo el régimen pensional de la Ley 71 de 1988, y, en caso de determinarse que COLPENSIONES no era la au toridad competente para resolver la solicitud pensional del demandado, se definirá si éste deberá reintegrar las sumas percibidas por concepto de mesadas pensionales.

2.3.1. Tesis de la sala

Se confirmará la sentencia de primera instancia, porque, aunque en COLPENSIONES no se hayan realizado cotizaciones por más de seis años y, según

las sumas percibidas por concepto de mesadas pensionales.

2.3.1. Tesis de la sala

Se confirmará la sentencia de primera instancia, porque, aunque en COLPENSIONES no se hayan realizado cotizaciones por más de seis años y, según el artículo 10 del Decreto 2709, la competencia correspondería a la Caja de Previsión Social de Tolima por ser la entidad a la que se efectuaron la mayor parte de los aportes, esta fue liquidada por ministerio de la ley. Además, ante la falta de prueba de que el Departamento del Tolima, a través del Fondo Territorial de Pensiones, tenga competencia para reconocer nuevas pensiones, en virtud del artículo 6 del Decreto 813 de 1994, correspondía a COLPENSIONES decidir la solicitud pensional del demandado, por lo que el acto enjuiciado es legal.

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. La pensión de jubilación por aportes (Ley 71 de 1988)

Con la Ley 71 de 1988 se facilitó el cumplimiento del requisito del tiempo para acceder a la pensión de jubilación, cuando resultara necesario sumar los tiempos servidos en el sector público y en el sector privado, y se hubieran efectuado aportes a entidades de previsión social exclusivas de servidores públicos y al Instituto de Seguros Sociales.

De esta manera, quienes hubiesen efectuado aportes a entidades de previsión social del sector público (como Cajanal) y al Instituto de Seguros Sociales, podían acumular dichas cotizaciones para completar los veinte (20) años de aportes o tiempos laborados exigidos por los correspondientes regímenes pensionales.

El artículo 7º de la citada Ley 71 de 1988 así lo estableció:

acumular dichas cotizaciones para completar los veinte (20) años de aportes o tiempos laborados exigidos por los correspondientes regímenes pensionales.

El artículo 7º de la citada Ley 71 de 1988 así lo estableció:

“Artículo 7°. A partir de la vigenci a de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencia, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de6

jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas.”

De la norma se destacan las expresiones “empleados oficiales” y “trabajadores”, “entidades de previsión social” e “Instituto de Seguros Sociales”. En consecuencia, esta disposición se está refiriendo a las vinculaciones laborales con el sector público y con el sector privado, en virtud de las cuales las afiliaciones y c otizaciones para efectos pensionales debían hacerse, respectivamente, con las cajas o fondos de previsión social de carácter público, o con el ISS, hoy Colpensiones, que era para los trabajadores privados y, excepcionalmente para los trabajadores oficiales.

La norma regula el requisito del tiempo, en función de los “aportes” en cajas, fondos

los trabajadores privados y, excepcionalmente para los trabajadores oficiales.

La norma regula el requisito del tiempo, en función de los “aportes” en cajas, fondos u otras entidades de previsión social del sector público del orden nacional o departamental, y de las cotizaciones en el ISS, hoy Colpensiones.

Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha interpretado la norma trascrita con un alcance más amplio, porque: i) en las relaciones laborales, especialmente del sector público, el tiempo laborado no necesariamente conllevaba afiliaciones y aportes para efectos pensionales, y ii) de acuerdo con la ley, y al amparo de la Constitución de 1991, el tiempo laborado es el requisito que, junto con la edad, causa el derecho a la pensión2.

En vigencia de la Ley 100 de 1993, el transcrito artículo 7º de la Ley 71 de 1988 fue reglamentado por el Decreto 2709 de 19943, cuyo artículo 1º denominó “pensión de jubilación por aportes” a esta prestación, y la describió así:

“Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión a que se refiere el artículo 7° de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.

Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público.”

mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público.”

El artículo 5º del Decreto 2709 dispuso que, para efectos de l requisito de tiempo, solo se tendrían en cuenta los servicios prestados durante los cuales se hubiera hecho aporte o cotización a una caja o fondo público, o al ISS. Dijo la norma:

“Artículo 5º. - Tiempo de servicios no computables. No se computará como tiempo para adquirir el derecho a la pensión de jubilación por aportes, el laborado en empresas privadas no afiliadas al Instituto de Seguros Sociales para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, ni el laborado en entidades oficiales de todos los órdenes cuyos empleados no aporten al sistema de seguridad social que los protege.”

2 Ejemplos: Corte Constitucional, sentencia T -122 de 2014; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de febrero de 2015, rad. núm. 25000-23-25-000-2007-00612-01(2302-13); Sala de Consulta y S ervicio Civil, decisión del 18 de junio de 2015, dentro del conflicto de competencias administrativas radicado con el núm. 2015-00031. 3 Decreto 2709 de 1994 (diciembre 13), «por el cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 71 de 1988 ».7

El Consejo de Estado, Sección Segunda 4, declaró nulo el artículo 5º transcrito,

3 Decreto 2709 de 1994 (diciembre 13), «por el cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 71 de 1988 ».7

El Consejo de Estado, Sección Segunda 4, declaró nulo el artículo 5º transcrito, porque consideró que los requisitos para la pensión eran de competencia del Legislador y, por lo tanto, el reglamento no podía modificarlos. En esa medida, no podía desconocer el tiempo trabajado, que es el requisito legal para causar el derecho, junto con la edad, por regla general:

“(…) De conformidad con lo expuesto, encuentra la Sala que varias normas de la Constitución Política de 1991 establecen de manera explícita una reserva de ley sobre el tema que fue objeto de regulación por parte del Gobierno Nacional en el artículo 5° del Decreto 2709 de 1994, a saber:

(i) El artículo 53 dispone que: “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: [La] garantía a la seguridad social (…)

Como puede observarse, el artículo 53 superior exige al Congreso de la República que al momento de expedir el estatuto del trabajo, regule la garantía de la seguridad social, dentro de la cual está inmerso el régimen pensional, con el alcance, contenido y prestaciones que determine la ley.

(ii) A su vez, el artículo 15 2 prescribe: “Mediante leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias: a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección”.

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitu cional ha sostenido que

Congreso de la República regulará las siguientes materias: a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección”.

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitu cional ha sostenido que aquellas materias inexorablemente vinculadas a los derechos constitucionales fundamentales, tales como, la vida en condiciones dignas, el trabajo, el mínimo vital, etc., se encuentran sujetas a reserva de ley, razón por la cual no p uede dejarse en manos del ejecutivo su regulación5. El contenido esencial del régimen pensional se encuentra en estrecha conexidad con dichos derechos fundamentales, por lo que su determinación debe realizarse a través del ejercicio de la potestad de configuración normativa del legislador, excluyendo para el efecto su fijación mediante reglamentación presidencial6.

Para la Sala no hay duda que el tema de los tiempos computables para los efectos relacionados con el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, al igual que la edad, forma parte del contenido esencial del mencionado régimen pensional, por lo que las exclusiones o excepciones al mismo deben establecerse mediante normas con rango de ley.

En efecto, se trata de un asunto sustancial de la materia objeto de reserva, vale decir de los elementos básicos del régimen pensional por aportes, considerando su conexidad con los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al trabajo, al mínimo vital y a la seguridad social, razón por l a que escapa al alcance de la regulación mediante decretos reglamentarios. (…)”

4 Consejo de Est ado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 28 de febrero de 2013,

social, razón por l a que escapa al alcance de la regulación mediante decretos reglamentarios. (…)”

4 Consejo de Est ado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 28 de febrero de 2013, radicación número 11001-03-25-000-2008-00133-00(2793-08). 5 Sentencia C-432 de 6 de mayo de 2004. M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil. 6 Ibídem.8

De manera que, para efectos del cómputo del requisito del tiempo para causar el derecho a una pensión de jubilación por aportes, debe tomarse en cuenta el tiempo efectivamente laborado en el sector público y en el sector privado.

2.4.2. Entidad competente para reconocer y pagar la pensión de jubilación por aportes

El artículo 10 del Decreto 2709, estableció una regla de competencia para el reconocimiento del derecho y pago de la pensión, que se determina en virtud del tiempo durante el cual se hicieron los aportes o cotizaciones, así:

“Artículo 10. Entidad de previsión pagadora . La pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la última entidad de previsión a la que se efectuaron aportes, siempre y cuando el tiempo de aportación continuo o discontinuo en ellas haya sido mínimo de seis (6) años. En caso contrario, la pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la entidad de previsión a la cual se haya efectuado el mayor tiempo de aportes . (…)” (Se resalta).

De acuerdo con esta norma, la última entidad a la cual hizo cotizaciones o aportes

por aportes será reconocida y pagada por la entidad de previsión a la cual se haya efectuado el mayor tiempo de aportes . (…)” (Se resalta).

De acuerdo con esta norma, la última entidad a la cual hizo cotizaciones o aportes la persona que reúne los requisitos de tiempo de servicio y de edad exigidos para causar la pensión de jubilación por aportes es la competente para reconocer y pagar dicha pensión, siempre que el tiempo de afiliación haya sido igual o superior a seis (6) años, continuos o discontinuos. De lo contrario, el reconocimiento y el pago corresponden a la entidad o fondo con el que se tenga el mayor tiempo de aportación, como regla general.

2.4.3. Principio de buena fe

El artículo 83 de la Constitución Política de Colombia establece que las actuaciones de los particulares y las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presume en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.

La Corte Constitucional 7 ha definido el principio de la buena fe como aquel que exige, tanto a las autoridades, como a los particulares acomodar sus comportamientos y actuaciones a una conducta honesta y leal, tal y como lo haría una “persona correcta”.

También ha sostenido que el principio de rango constitucional de la buena fe presupone obligaciones reciprocas relacionadas a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada; sin embargo, se ha considerado que este no constituye un postulado absoluto, sino que tiene límites demarcados por principios de igual o superior categoría constitucional, tales como la igualdad, la prevalencia del interés general, el desarrollo de la función administrativa, la

no constituye un postulado absoluto, sino que tiene límites demarcados por principios de igual o superior categoría constitucional, tales como la igualdad, la prevalencia del interés general, el desarrollo de la función administrativa, la legalidad, la moralidad, la eficacia, la economía, entre otros8.

Por otra parte, en materia contenciosa administrativa, el numeral 1° del artículo 164 del CPACA9 prevé que en todos los actos de los particulares y de las autoridades

7 T-475 del 29 de julio de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 8 Corte Constitucional. Sentencia C-071 del 3 de febrero 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis 9 “ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando:

(…)9

se presume la buena fe. Por lo tanto, cuando se pretenda demostrar lo contrario, es decir, que no se actuó de buena fe, se debe desvirtuar que la conducta se amparó en tal principio. Esto implica que corresponde probar la obtención del derecho prestacional o su negativa con desconocimiento de los postulados de la buena fe.

En ese sentido, para que proceda el reintegro de las prestaciones periódicas reconocidas y pagadas, es necesario que la entidad pruebe que el pensionado incurrió en conductas deshonestas o fraudulentas durante el trámite de la actuación administrativa que, eventualmente, condujo al reconocimiento de la pensión.

2.5. Caso concreto

COLPENSIONES promovió este proceso con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo mediante el cual re conoció pensión de jubilación al señor Nelson

2.5. Caso concreto

COLPENSIONES promovió este proceso con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo mediante el cual re conoció pensión de jubilación al señor Nelson Gómez Parra bajo el régimen pensional de la Ley 71 de 1988, argumentando que carecía de competencia para tal reconocimiento, dado que aquel no cotizó a esta entidad de previsión los seis años exigidos en el art ículo 10 del Decreto 2709 de 1994 como requisito para asumir el pago de la prestación. En consecuencia, solicita el reintegro de las sumas pagadas por concepto de la prestación reconocida y cancelada al señor Nelson Gómez Parra.

En primera instancia se negaron las pretensiones formuladas, pues, contrario a lo señalado por COLPENSIONES, la autoridad judicial estableció que el demandado sí cotizó a esta entidad de previsión por más de seis años en períodos discontinuos y que, al ser la última a la que efectuó aportes, tenía competencia para resolver su solicitud pensional.

En este asunto se precisa que no está en discusión el derecho pensional del señor Nelson Gómez Parra bajo el régimen de la Ley 71 de 1988, dado que cumplió los requisitos para acogerse al régimen de transición de la Ley 100 de 1993, ni el hecho de que adquirió estatus pensional el 18 de agosto de 2013. La controversia se centra exclusivamente en determinar la competencia de la autoridad encargada del pago de la prestación.

Según el artí culo 10 del Decreto 2709 de 1994 10, la pensión de jubilación por aportes, regulada en la Ley 71 de 1988, será reconocida y pagada por la última

de la prestación.

Según el artí culo 10 del Decreto 2709 de 1994 10, la pensión de jubilación por aportes, regulada en la Ley 71 de 1988, será reconocida y pagada por la última entidad de previsión a la que se realizaron aportes, siempre que el tiempo de cotización, continuo o discontinuo, sea de al menos seis años. De no cumplirse este requisito, la norma dispone que la pensión será reconocida y pagada por la entidad de previsión en la que se haya cotizado por el mayor tiempo.

De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas expedido por CO LPENSIONES, el señor Nelson Gómez Parra cotizó en esta entidad por períodos interrumpidos entre el 1 de febrero de 1976 y el 30 de septiembre de 2012, así:11

Empleador Desde Hasta Total Gastelbondo Barrera 01/02/1976 30/01/1