TA TOL - Sentencia 73001-33-33-002-2023-00288-02 (13-02-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

SALA DE ORALIDAD

M.P. LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA

Ibagué, trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Radicado: 73001-33-33-002-2023-00288-02

Medio de control: Acción de repetición.

Demandante: Nación – Ministerio de Educación.

Apoderado: Roció Ballesteros Pinzón

Demandado: Jairo Alberto Cardona Bonilla.

Apoderado: Jhon Jairo Peña Ocampo.

Tema: Sentencia de segunda instancia.

ASUNTO

La Sala decide el recurso de apelación formulado por la entidad demandante en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué el 14 de agosto de 2024, por medio de la cual declaró probada la excepción propuesta por el demandado y negó las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El ministerio de educación en ejercicio del medio de control de acción de repetición interpuso demanda en contra de Jairo Alberto Cardona Bonilla, buscando declarar patrimonialmente responsable por el pago de la sanción moratoria que debió hacer el ministerio de educación a Luis David Rodríguez Ruiz por el retardo en el pago de las cesantías.

1.2. Hechos.1

Sucintamente los hechos que motivaron la presentación de la demanda son:

El 0 3 de septiembre de 201 5 el docente Luis David Rodríguez Ruiz , solicitó el

cesantías.

1.2. Hechos.1

Sucintamente los hechos que motivaron la presentación de la demanda son:

El 0 3 de septiembre de 201 5 el docente Luis David Rodríguez Ruiz , solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías parciales, el cual debía surtirse dentro de los 70 días hábiles siguientes a la solicitud, producto de la tardanza en este trámite, el docente inició proceso contencioso administrativo ante el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, quien a través de sentencia condenó al pago de la sanción moratoria a la entidad, dicho pagó se realizó el 11 de agosto de 2021.

El comité de conciliación y defensa judicial del Ministerio de Educación Nacional, en sesión del 29 de junio de 2023, determinó iniciar acción de repetición en contra

1 SAMAI expediente digital juzgado, visualizar expediente, descripción del documento 73001333300920220009500_T133828149643864749 carpeta Cuaderno principal documento 011_ED_009DEMANDA.pdf página 10 – 12.2

del demandado, porque en su calidad de secretario de la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima intervino en el trámite de reconocimiento de las cesantías del docente Luis David Rodríguez Ruiz.

1.3. Pretensiones. 2

Se declare civilmente responsable a Jairo Alberto Cardona Bonilla , quien fungió como Secretario de Educación del departamento del Tolima, para la fecha de los hechos, por los perjuicios ocasionados a la entidad demandante, quien asumi ó el pago de la sanción moratoria del señor Luis David Rod ríguez Ruiz , debiendo reintegrar la suma respetiva con la indexación e intereses.

hechos, por los perjuicios ocasionados a la entidad demandante, quien asumi ó el pago de la sanción moratoria del señor Luis David Rod ríguez Ruiz , debiendo reintegrar la suma respetiva con la indexación e intereses.

Que se condene en costas y agencias en derecho al demandado

1.4. Contestación de la demanda.3

Actuando en nombre propio, el demandado se opuso a los hechos y las pretensiones de la demanda, argumentó que la solicitud de cesantías fue radicada el 03 de septiembre de 2015, y fue enviado a la Fiduprevisora el 3 de noviembre 2015.

Así mismo i ndicó que el expediente estuvo en tránsito desde el 03 de noviembre hasta el 13 de diciembre, cuando fue aprobado y fue devuelto a la oficina de prestaciones sociales del magisterio para la elaboración del acto de reconocimiento definitivo y la notificación de ejecutoria correspondiente.

Continuó refiriendo que el expediente llegó al despacho para firma, el día 5 de abril de 2016, procediendo a suscribir y numerar el acto administrativo de reconocimiento el cual fue fechado del 11 de abril de 2016.

Relató que, si bien es cierto que transcurrió un tiempo para el pago de las cesantías parciales, la demora no se debió a ninguna conducta dolosa o culposa de su parte, esto, ya que el expediente se encontraba en proceso de aprobación por parte de la Fiduprevisora, por lo que no es cierto que el trámite sea únicamente de la entidad territorial.

Alegó que la expresión “sanción”, frente a la cual hizo precisión que debe

Fiduprevisora, por lo que no es cierto que el trámite sea únicamente de la entidad territorial.

Alegó que la expresión “sanción”, frente a la cual hizo precisión que debe entenderse como la firma del proyecto de acto administrativo de reconocimiento de cesantías, sin que sea de manejo exclusivo de la secretaría de Educación del Departamento, pues la mora en el pago de las cesantías fue responsabilidad de la Fiducia.

Además, indicó que en la Secretaría de Educación se lleva un control de radicación por parte de la Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio, registrando día y hora, mencionó que en el asunto sobre el cual recae el reproche ingresó para firma el 5 de abril de 2015, y fue suscrito con la Resolución No. 1644 del 11 de abril de 2016.

Propuso las excepciones inexistencia del daño antijurídico para declarar la responsabilidad patrimonial, ausencia de causal concreta de culpa grave o dolo ,

2 SAMAI expediente digital juzgado, visualizar expediente, descripción del docu mento 73001333300920220009500_T133828149643864749 carpeta Cuaderno principal documento 011_ED_009DEMANDA.pdf página 9. 3 SAMAI expediente digital juzgado, visualizar expediente, descripción del documento 73001333300920220009500_T133828149643864749 carpeta Cuaderno principal documento 026_ED_024CONTESTACIONAPDDO.pdf3

ausencia de nexo de causalidad de la tardanza del reconocimiento y pago de las cesantías.

1.5. Sentencia de primera instancia.4

A través de sentencia del 14 de agosto de 2024 el Juzgado Segundo Administrativo

ausencia de nexo de causalidad de la tardanza del reconocimiento y pago de las cesantías.

1.5. Sentencia de primera instancia.4

A través de sentencia del 14 de agosto de 2024 el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué negó las pretensiones conten idas en la demanda en los siguientes términos:

“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de Ausencia de Causal Concreta de Culpa Grave o Dolo y Ausencia de nexo causalidad de la tardanza del reconocimiento y pago de las cesantías”, formulada por el

demandado JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: No hay lugar a condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia sino fuere apelada archívese el expediente, previa anotación en los sistemas correspondientes, dejándose las constancias de ley.”

Mencionó que el primer elemento está acreditado, con el que se da la viabilidad constitucional y legal para entab lar el medio de control de repetición en contra de un agente o ex agente del Estado, llámese servidores públicos, funcionarios, trabajadores oficiales, contratistas o particulares que en ejercicio de funciones públicas hayan originado un daño antijurídico y que debiera ser resarcido por el Estado con dineros del patrimonio estatal, ello por cuanto se encuentra plenamente acreditada la calidad de ex servidor público del señor Jairo Alberto Cardona.

El segundo requisito, se acreditó con el título ejecutivo que dio lugar al pago por concepto de sanción moratoria a favor del docente Luis David Rodríguez Ruiz, por

acreditada la calidad de ex servidor público del señor Jairo Alberto Cardona.

El segundo requisito, se acreditó con el título ejecutivo que dio lugar al pago por concepto de sanción moratoria a favor del docente Luis David Rodríguez Ruiz, por tanto, la parte accionante cumplió con esta carga procesal , en el mismo sentido el accionante acreditó el pago de la sanción por mora por el pago tardío de las cesantías parciales del docente Rodríguez Ruiz.

Respecto del requisito subjetivo, esto es la modalidad de la conducta, refirió que este presupuesto, debe ser acreditado por la parte actora, quien tiene la carga de la prueba respecto del actuar doloso o gravemente culposo de los demandados, para lo cual debe suministrar los elementos probatorios que acrediten la conducta reprochable al agente del Estado, no obstante, no cualquier error en que pueda incurrir de buena fe puede servir para imputar responsabilidad patrimonial.

Concluyó que en consideración a que el señor Cardona Bonilla inició labores como secretario de educación departamental desde el 01 de enero de 2016, no puede atribuírsele la tardanza en que incurrió la entidad para el año 2015, en consonancia con el principio general del derecho que señala “impossibilium nulla obligatio est ” es decir, que nadie está obligado a lo imposible, en tanto su gestión y obligaciones solo nacieron a partir del momento en que asumió el cargo.

Concluyó que la función en la elaboración del acto administrativo no estaba exclusivamente en el secretario de educación departamental, sino que se componía

4SAMAI expediente digital juzgado, visualizar expediente, descripción del documento

Concluyó que la función en la elaboración del acto administrativo no estaba exclusivamente en el secretario de educación departamental, sino que se componía

4SAMAI expediente digital juzgado, visualizar expediente, descripción del documento 73001333300920220009500_T133828149643864749 carpeta Cuaderno principal documento 053Sentencia de Pr_LREP202200095REPETIC.pdf4

de un actuar coordinado con personal de su dependencia, agregó que no se analizó si la conducta del demandado se encuentra enmarcada como dolosa o gravemente culposa de que tratan los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, pues, como lo advirtió el Consejo de Estado al no establecerse dicha causal desde la mis ma demanda, entrar a realizar un análisis respecto de si es dolosa o culposa seria vulnerar el principio de defensa y contradicción de la parte demandada.

1.6. Recurso de apelación.5

La entidad demandante inconforme con la decisión de primera instancia acudió al recurso de alzada, argumentó que el juez de primera instancia no valoró en debida forma la calificación de la conducta es decir si fue dolosa o gravemente culposa , alegó que el demandado había incumplido sus funciones al omitir suscribir los actos administrativo de reconocimiento de forma oportuna, lo que en consecuencia llevó a que se causara una sanción moratoria.

Explicó que los presupuestos para la acción estaban acreditados, ya que no fue objeto de discusión que el demandado fue secretario d e educación, que producto de la sanción moratoria causada en su periodo como secretario se condenó a la entidad al pago de la sanción moratoria a través de sentencia proferida por el

objeto de discusión que el demandado fue secretario d e educación, que producto de la sanción moratoria causada en su periodo como secretario se condenó a la entidad al pago de la sanción moratoria a través de sentencia proferida por el juzgado cuarto administrativo oral del circuito de Ibagué y que la conduc ta fue gravemente culposa, y dado el hecho de que esto es una presunción legal es deber del demandado desvirtuarla.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia.

La Corporación es competente para conocer del presente asunto conforme a lo establecido por el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 62 de Ley 2080 de 2021, en armonía con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso.

En virtud de los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso aplicables por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 el juez se limitará a conocer y pronunciarse sobre los puntos o cuestiones a los cuales se refiere el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde determinar:

• Si se encuentran acreditados probatoriamente los presupuestos necesarios para declarar patrimonialmente responsable al demandado ; habiendo absuelto el anterior interrogante se definirá: - Si la sentencia de primera instancia deberá confirmarse o no.

2.3. Tesis de la sala.

Se confirmará la sentencia de primera instancia por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, debido a que el accionante no acreditó el elemento

2.3. Tesis de la sala.

Se confirmará la sentencia de primera instancia por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, debido a que el accionante no acreditó el elemento subjetivo, y dada la importancia de que se encuentren probados todos los requisitos

5 SAMAI expediente digital juzgado, visualizar expediente, descripción del documento 73001333300920220009500_T133828149643864749 carpeta Cuaderno principal documento 055Recepcion memor_050ApelacionUSPECpdf.pdf5

para declarar la responsabilidad patrimonial del agente del Estado, en este caso secretario de educación del Tolima , el accionante no aportó al proceso ningún elemento probatorio respecto del elemento subjetivo.

Dado lo anterior , se resalta que, pese a que el accionante mencion ó que es una presunción legal la conducta del agente del Estado, lo cierto es que dicha presunción debe ir acom pañada de prueba que evidencie la conducta dolosa o gravemente culposa , y así lo estableció la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Se reitera que en el medio de control de acción de repetición no basta con aportar los soportes del pago, los actos administrativos que acreditan la calidad de agente del Estado y tampoco la sentencia que ordena el pago de la sanción mora, ya que al estar ausente el material probatorio que deje en evidencia el actuar d oloso o gravemente culposo del demandado y el nexo causal de este con la condena no se puede endilgar responsabilidad patrimonial.

2.4. Marco Normativo

El medio de control de acción de repetición es un asunto de expresa previsión constitucional, en tanto el artículo 90 Superior prescribe que en los casos en que

puede endilgar responsabilidad patrimonial.

2.4. Marco Normativo

El medio de control de acción de repetición es un asunto de expresa previsión constitucional, en tanto el artículo 90 Superior prescribe que en los casos en que el Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra su agente, cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemen te culposa de este:

“Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.” (negrilla y subrayado fuera del texto original)

Esta acción fue reglamentada a través de la Le y 678 de 2001 , la cual tiene por objeto regular la responsabilidad patrimonial de los servidores y ex servidores públicos, así como de los particulares que desempeñen funciones públicas, a través del ejercicio de la acción de repetición de que trata el artículo 90 de la Constitución Política o del llamamiento en garantía con fines de repetición.

La naturaleza de la acción de repetición a la luz de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 678 de 2001, es civil y su carácter es patrimonial, por lo que esta acción debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa cuando esta conducta haya dado lugar al reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una

debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa cuando esta conducta haya dado lugar al reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación o cualquier otra forma de terminación de un conflicto , dicha acción también se podrá instaurar en contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial , dentro del mismo artículo el legislador dejó previsto que esta acción deberá intentarse cuando el Estado pague las indemnizaciones previstas en la Ley 288 de 1996, en aquellos casos en los que el reconocimiento indemnizatorio haya sido consecuencia la conducta del agente responsable haya6

sido dolosa o gravemente c ulposa, al igual que en contra de funcionarios de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar.

La finalidad de este medio de control de acuerdo con lo consignado en el artículo 3 de ibidem está orientada a garantizar los principios de moralidad y efic iencia de la función pública, sin perjuicio de los fines retributivo y preventivo inherentes a ella, sumado a lo anterior, existe por parte del legislador un mandato de obligatoriedad visto en el artículo 4 de la Ley 678 de 2001, el cual al tenor literal dispone que: “Es deber de las entidades públicas ejercitar la acción de repetición o el llamamiento en garantía, cuando el daño causado por el Estado haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes. El incumplimiento de este deber constituye falta disciplinaria.

El comité de conciliación de las entidades públicas que tienen el deber de conformarlo o el representante legal en aquellas que no lo tengan constituido,

deber constituye falta disciplinaria.

El comité de conciliación de las entidades públicas que tienen el deber de conformarlo o el representante legal en aquellas que no lo tengan constituido, deberá adoptar la decisión respecto de la acción de repeti ción y dejar constancia expresa y justificada de las razones en que se fundamenta.”

La determinación de la conducta dolosa y gravemente culposa esta explicada en los artículos 5 y 6 ibidem, en los siguientes términos:

“Artículo 5 DOLO. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado.

Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:

1. Que el acto administrativo haya sido declarado nulo por desviación de poder, indebida motivación, o falta de motivación, y por falsa motivación.

2. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.

3. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia contrario a derecho en un proceso judicial.

4. Obrar con desviación de poder.

Artículo 6 CULPA GRAVE. Se presumirá que la conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.”

Los presupuestos que deben concurrir para que la entidad pueda repetir en contra de un servidor público, ex servidor público o particular cuando este ejerce una función pública son los siguientes:

inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.”

Los presupuestos que deben concurrir para que la entidad pueda repetir en contra de un servidor público, ex servidor público o particular cuando este ejerce una función pública son los siguientes:

“(…) i) La existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estata l correspondiente; ii) El pago de la indemnización por parte de la7

entidad pública; iii) La calidad del demandado como agente o ex agente del Estado o particular en ejercicio de funciones públicas; iv) La culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; y v) Que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico. (…)”6

A su vez en el compendio normativo que regla las actuaciones en lo contencioso administrativo, Ley 1437 de 2011 en el artículo dispone lo propio sobre la acción de repetición:

“ARTÍCULO 142. REPETICIÓN. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado.

La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública.

Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones

particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública.

Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.”

El Consejo de Estado7 hizo explicación referente al marco normativo, de esta forma estableció que con la finalidad de otorgar eficacia a la acción de repetición e impedir que dada la dificultad probatoria en relación con el grado de culpabilidad del agente se hicieran ilusorias las probabilidades de éxito, la Ley 678 de 2001 dispuso que en determinados eventos es posible presumir la culpa grave o el dolo del agente o ex agente estatal, presunciones que corresponden a las denominadas iuris tantum, lo que se traduce en que pueden ser desvirtuadas probatoriamente, dado lo anterior no se constituyen en un juicio anticipado del legislador sobre la responsabilidad patrimonial del demandado, sino en herramientas que permiten facilitar la actividad probatoria e involucran al demandado en la carga demostrativa, con la finalidad de que sea posible establecer la verdad material. De manera qu e es deber de la entidad actora expresar la causal derivada de la presunción de dolo o culpa grave, en orden a permitir que el demandado tenga la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a un cargo específico. Igualmente, con el mismo derrotero garantista, la entidad demandante debe probar los supuestos de hecho que estructuran la correspondiente presunción para que pueda tener efectos jurídicos.

de defensa y contradicción frente a un cargo específico. Igualmente, con el mismo derrotero garantista, la entidad demandante debe probar los supuestos de hecho que estructuran la correspondiente presunción para que pueda tener efectos jurídicos.

6 Consejo de Estado - Sala De Lo Contencioso Administrativo -Sección Tercera-Subsección A; Consejera Ponente: María Adriana Marín, Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil diecinueve (2019), Radicación Número: 18001 -2331-000-2010-00212-01(61275) 7 Consejo de Estado – sección tercera radicado 110010326000201300153 del 16 de julio de 2021 C.P. José Roberto Sáchica Méndez8

3. Caso concreto

En el caso bajo estudio, la parte demandante pretende que se declare patrimonialmente responsable a Jairo Alberto Cardona Bonilla debido al pago del que debió hacer la entidad al docente por la mora en las cesantías.

Descendiendo a lo planteado en el recurso de apelación se revisarán las pruebas obrantes en el cartulario y para después determinar si se cumplió o no con el deber de acreditar probatoriamente los presupuestos de la acción de repetición.

Hechos probados

1. Certificación laboral expedida por la oficina de talento humano de la gobernación del Tolima.8

2. Demanda de sanción moratoria.9

3. Pantallazo de consulta de procesos nacional unificada del proceso contencioso de sanción mora.10

4. Certificado de pago de la sanción mora expedido por el FOMAG.11

5. Sentencia del proceso contencioso administrativo de san ción mora del

contencioso de sanción mora.10

4. Certificado de pago de la sanción mora expedido por el FOMAG.11

5. Sentencia del proceso contencioso administrativo de san ción mora del

Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.12

6. Oficio de remisión de fallo ejecutoriado.13

7. Copia del acta de conciliación extrajudicial.14

8. Resolución 1644 de 2016 en la que se reconoce las cesantías parciales al docente.15

9. Hoja de revisión del acto administrativo de reconocimiento de cesantías.16

8SAMAI expediente digital tribunal, actuación expediente digital índice 4, descripción del documento 1_Expedientedigi_730013333002202300 28_0_20241003113417748 cuaderno principal descripción del documento 005_RECEPCIONMEMORIAL_DEMANDAY_005SOPORTECERTIFICA.pdf . 9SAMAI expediente digital tribunal, actuación expediente digital índice 4, descripción del documento 1_SAMAI expediente digital índi ce 4 descripción del documento Expedientedigi_73001333300220230028_0_20241003113417748 cuaderno principal descripción del documento 006_RECEPCIONMEMORIAL_DEMANDAY_006SOPORTEPAGODEMA.pdf 10SAMAI expediente digital tribunal, actuación expediente digital índi ce 4, descripción del documento 1_Expedientedigi_73001333300220230028_0_20241003113417748 cuaderno principal descripción del documento 007_RECEPCIONMEMORIAL_DEMANDAY_007SOPORTEPAGOCONSU.pdf 11SAMAI expediente digital tribunal, actuación expediente digital í ndice 4, descripción del documento

007_RECEPCIONMEMORIAL_DEMANDAY_007SOPORTEPAGOCONSU.pdf

11SAMAI expediente digital tribunal, actuación expediente digital í ndice 4, descripción del documento 1_Expedientedigi_73001333300220230028_0_20241003113417748 cuaderno principal descripción del documento 009_RECEPCIONMEMORIAL_DEMANDAY_009SOPORTEDEPAGOCER.pdf 12SAMAI expediente digital tribunal, actuación expediente digital índice 4, descripción del documento 1_Expedientedigi_73001333300220230028_0_20241003113417748 cuaderno principal descripción del documento 016_MemorialWeb_PRUEBAS.pdf . 13SAMAI expediente digit al tribunal, actuación expediente digital índice 4, descripción del documento 1_Expedientedigi_73001333300220230028_0_20241003113417748 cuaderno principal descripción del documento 016_MemorialWeb_PRUEBAS_Indice_8.pdf 14SAMAI expediente digital tribunal, a ctuación expediente digital índice 4, descripción del documento 1_Expedientedigi_73001333300220230028_0_20241003113417748 cuaderno principal descripción del documento 016_MemorialWeb_PRUEBAS_Indice_8_1.pdf 15SAMAI expediente digital tribunal, actuación expe diente digital índice 4, descripción del documento 1_Expedientedigi_73001333300220230028_0_20241003113417748 cuaderno principal descripción del documento 026_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda.pdf página 36 – 37. 16SAMAI expediente digital tribunal, actuación expediente digital índice 4, descripción del documento 1_Expedientedigi_73001333300220230028_0_20241003113417748 cuaderno principal descripción del documento 026_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda.pdf página 39.9

1_Expedientedigi_73001333300220230028_0_20241003113417748 cuaderno principal descripción del documento 026_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda.pdf página 39.9

10. Certificado de salarios del docente.17

11. Imágenes del libro de control de los actos administrativos de reconocimiento de cesantías.18

3.1 La existencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente.

Dicho requisito se encuentra consagrado en el artículo 2 de la Ley 678 de 2001 , así las cosas , se debe probar la obligación de pagar por parte de una entidad estatal, ya sea que dicha obligación este contenida una condena, conciliación o cualquier otra forma de terminar el conflicto.

En el presente asunto, está acreditado este requisito se encuentra acreditado con la sentencia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.

3.2. El pago de la indemnización por parte de la entidad pública se haya realizado.

El otro presupuesto para que la acción de repetición tenga prosperidad es que la entidad haya realizado el pago de carácter indemnizatorio, tal presupuesto puede verse en el artíuclo 2 de la Ley 678 de 2001 asi como también del artículo 142 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En ese orden, en el presente asunto el pago se encuentra acreditado con la certificación expedida por el FOMAG del pago por mora en las cesantías que realizó al docente Luis David Rodríguez Ruiz.

3.3. La calidad del demandado como agente o ex agente del estado o

certificación expedida por el FOMAG del pago por mora en las cesantías que realizó al docente Luis David Rodríguez Ruiz.

3.3. La calidad del demandado como agente o ex agente del estado o particular en ejercicio de funciones públicas.

Otro de los presupuestos es probar la calidad del demandado, debido a que frente a quien se atribuye la acción u omisión que llevó a que el Estado realizará un pago ya sea en virtud de una sentencia, conciliación o cualquier otra forma de terminar un conflicto, debe estar en ejercicio de funciones públicas, ya sea como agente del Estado o como particular investido y autorizado para cumplir funciones públicas.

En el caso de marras este requisito se encuentra satisfecho con la certificación expedida por la oficina de talento humano de la gobernación del Tolima, en la que certificó que Cardona Bonilla se desempeñó como secretario de educación desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019.

3.4. El dolo y la culpa grave en cabeza del demandado

Como cuarto y último presupuesto de la acción de repetición, la entidad demandante debe probar que la conducta del agente o exagente del Estado o del particular investido de funciones públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la administración, fue dolosa o gravemente culposa.

17SAMAI expediente digital tribunal, actuación