TA TOL - Sentencia 73001-33-33-004-2017-00168-01 (03-04-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA MAGISTRADO PONENTE: LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA Ibagué, tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN: 73001-33-33-004-2017-00168-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: GLORIA MARÍA VARGAS DE GARCÍA - OTROS

APODERADO: JOSÉ GREGORIO BONILLA RAMÍREZ

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –

POLICÍA NACIONAL

APODERADA: NANCY STELLA CARDOSO ESPITIA

LLAMADO EN GARANTÍA: QBE SEGUROS S.A. hoy ZURICH COLOMBIA

SEGUROS S.A.

APODERADO: HÉCTOR MAURICIO MEDINA CASAS

TEMA: LESIONES POR VEHÍCULO OFICIAL – CULPA

EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, demandada y llamado en garantía, en contra de la sentencia del 30 de junio de 2023, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, mediante el cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

La parte demandante, en ejercicio del medio de control de reparación directa, mediante apoderado, promovió demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el fin de que se declare administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios morales, materiales y daño a la salud, que sufrieron los demandantes por

apoderado, promovió demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el fin de que se declare administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios morales, materiales y daño a la salud, que sufrieron los demandantes por las lesiones en la integridad de Janneth Paola García Vargas y María Alejandra Molina García, en el accidente ocurrido el 23 de junio de 2016, cuando fueron arrolladas por el vehículo oficial de placas IWJ 858, conducido por William Jairo Villa Barreto.

Que se ordene a las demandadas reconocer a favor de los demandantes los perjuicios morales, materiales y daño a la salud, que sufrieron los demandantes por las lesiones que sufrieron Janneth Paola García Vargas y María Alejandra Molina García

Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 de la ley 1437 de 2011.

2. HECHOS

Los que tienen relevancia jurídica son los siguientes:

2.1 El 23 de junio de 2015, siendo las 14:20 horas, Janneth Paola García Vargas se movilizaba junto con su hija María Alejandra Molina García, en su motocicleta de placas IYQ48B, cuando fueron atropelladas por el vehículo tipo camioneta de propiedad y uso de la Policía Nacional de placas IWJ 858, conducido por William Jairo Villa Barreto.Radicación: 73001-33-33-004-2017-00168-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: Gloria María Vargas De García - Otros

Demandado: Nación – Ministerio De Defensa Página 2 de 30

Acción: Reparación Directa

Demandante: Gloria María Vargas De García - Otros

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2.2 Que como consecuencia de las lesiones de Janneth Paola García Vargas, esta y sus familiares sufrieron mucha congoja, angustia, aflicción, y depresión.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

3.1 MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL

Sostuvo que se opone a todas y cada una de las pretensiones por carecer de fundamento jurídico.

Que el accidente de tránsito que dio lugar a la presente actuación, ocurrió por una conducta imprudente por parte de la demandante, quien no se percató de la señal de giro señalizada con las direccionales de la camioneta y con su actuar generó el lamentable suceso.

Propuso las excepciones de culpa exclusiva de la víctima y carga de la prueba.

Por lo anterior, solicitó se nieguen las pretensiones de la demanda.

3.2 ZLS ASEGURADORA DE COLOMBIA hoy ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. –

LLAMADO EN GARANTÍA

Sostuvo que se opone a las pretensiones, porque no se reúnen los presupues tos establecidos para declarar la responsabilidad civil en cabeza de la aseguradora frente a los hechos donde resultaron lesionadas las demandantes.

Propuso las excepciones de Inexistencia de elementos para configurar responsabilidad civil, concurrencia de culpas.

4. SENTENCIA IMPUGNADA

El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, el día 30 de junio de

Propuso las excepciones de Inexistencia de elementos para configurar responsabilidad civil, concurrencia de culpas.

4. SENTENCIA IMPUGNADA

El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, el día 30 de junio de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda, tras considerar que las lesiones padecidas por las demandantes resultan imputables administrativa y extracontractualmente al ente demandado, bajo el título de imputación de falla del servicio, por la infracción de las normas de tránsito y del deber de cuid ado y precaución por parte del señor WILLIAM JAIRO VILLA BARRETO, quien para el momento de los hechos conducía la camioneta de propiedad y uso de la Policía Nacional de placas IWJ 858.

De igual forma, indicó que la póliza de seguro No. 000705791238, en la que aparece como tomador y asegurado la demandada tiene vigencia a partir del 1 de junio de 2015 hasta el 18 de mayo de 2016 de 2016 y con cobertura del riesgo de responsabilidad civil extracontractual por lesiones a personas por la cantidad de $600.000.000 y por daños a bienes de terceros por la cantidad de $ 300.000.000; por lo tanto, es claro que cobija los hechos narrados en la demanda, que datan del 23 de junio de 2015; por tanto, declarará que la Aseguradora QBE SEGUROS S.A., hoy ZLS ASEGURADORA DE COLOMBIA S.A., está llamada a responder, en razón de la existencia de una relación contractual, por las sumas a cuyo pago será condenada la Policía Nacional.

El a quo, resolvió:Radicación: 73001-33-33-004-2017-00168-01

las sumas a cuyo pago será condenada la Policía Nacional.

El a quo, resolvió:Radicación: 73001-33-33-004-2017-00168-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: Gloria María Vargas De García - Otros

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“PRIMERO: DECLÁRESE que la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional es administrativa y patrimonialmente responsable por el daño antijurídico causado a los demandantes, con ocasión de las lesiones padecidas por la señora JANNETH PAOLA GARCIA VARGAS y su menor hija MA RIA ALEJANDRA MOLINA GARCIA, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consignaron en la parte motiva de esta decisión. En consecuencia de lo anterior,

SEGUNDO: CONDÉNESE a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar por concep to de perjuicios morales las siguientes sumas de

dinero:

NOMBRE PARENTESCO MONTO

JANNETH PAOLA GARCIA VARGAS

LESIONADA 28 SMLMV

MARIA ALEJANDRA MOLINA GARCIA

LESIONADA E HIJA (Fl. 23 del Cuad. Ppal.). 28 SMLMV

FABIAN DARIO MOLINA OCAMPO

COMPAÑERO PERMANENTE (Fl. 23 del y 31 Cuad. Ppal.). 28 SMLMV

GLORIA MARIA VARGAS DE GARCIA

MADRE (Fl. 19 del Cuad. PPal.).

24 SMLMV

ESPERANZA OCAMPO DE GARZON

GLORIA MARIA VARGAS DE GARCIA

MADRE (Fl. 19 del Cuad. PPal.).

24 SMLMV

ESPERANZA OCAMPO DE GARZON

ABUELA PATERNA (Fl. 21 del Cuad. Ppal.)

4 SMLMV

SANDRA PATRICIA GARCIA VARGAS

HERMANA (Fl. 29 del Cuad. PPal.).

10 SMLMV

CLAUDIA LUCIA GARCIA VARGAS

HERMANA (Fl. 27 del Cuad. PPal.).

10 SMLMV

EDIYAMID GARCIA VARGAS

HERMANA (Fl. 30 del Cuad. PPal.).

10 SMLMV

JOHN ALEXANDER GARCIA VARGAS

HERMANO (Fl. 25 del Cuad. PPal.).

10 SMLMV

TERCERO: CONDÉNESE a la demandada Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar por concepto de daño a la salud a favor de la señora JANNETH PAOLA GARCIA VARGAS, la suma equivalente a veinte (20) SMLMV. y, a favor de su menor hija MARIA ALEJANDRA MOLINA GARCIA, la suma equivalente a ocho (8) SMLMV, respectivamente.

CUARTO: DECLÁRESE que la Aseguradora QBE SEGUROS S.A., hoy ZLS ASEGURADORA DE COLOMBIA S.A., está llamada a responder, en razón de la existencia de una relación contractual, por las sumas a cuyo pago fue condenada la Policía Nacional. En consecuencia, se le condenará a rembolsar

ASEGURADORA DE COLOMBIA S.A., está llamada a responder, en razón de la existencia de una relación contractual, por las sumas a cuyo pago fue condenada la Policía Nacional. En consecuencia, se le condenará a rembolsar a la demandada Policía Nacional, las sumas que éste deba cancelar como consecuencia de la condena que le fue impuesta en esta sentencia, sin exceder los límites de la póliza No. 000705791238.Radicación: 73001-33-33-004-2017-00168-01

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QUINTO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda, por las razones esbozadas en la parte motiva de esta providencia. (…)”

5. RECURSO DE APELACIÓN

5.1 PARTE ACTORA

Sostuvo que se debió imponer una mayor indemnización integral y justa de los perjuicios, en concordancia con la intensidad del daño antijurídico que les fue ocasionado a los demandantes.

Que aunque el a quo, tuvo en consideración fijar los montos indemnizatorios conforme el porcentaje de la pérdida de capacidad de la demandante, no se pronunció sobre aspectos relevantes debatidos en la audiencia de práctica de pruebas , pues, la perito de la Junta Regional de Calificación de Invalidez expuso el padecimiento de la demandante al haber sufrido la amputación del dedo de su pie , sin menoscabo de la enorme cicatriz y permanente dolor que debe soportar por la grave lesión sufrida en su brazo ,

Regional de Calificación de Invalidez expuso el padecimiento de la demandante al haber sufrido la amputación del dedo de su pie , sin menoscabo de la enorme cicatriz y permanente dolor que debe soportar por la grave lesión sufrida en su brazo , circunstancias nefastas que la acompañaran durante toda la vida y permanentemente causan no solamente la tortura física si no también psicológica.

Que para el reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, no solo se aportó una cotización de los daños de su moto porque a la fecha esta continua dañada y no cuenta con los recursos económicos para hacerlo.

Que en el tema de la tasación de los perjuicios materiales, no se estableció una condena por este concepto, tras considerar que no se había demostrado en el plenario con una factura el pago de la reparación de la motocicleta, inadecuada decisión toda vez que la Jueza de primera instancia debió ir más allá, como quiera que existe material probatorio como una experticia técnico mecánico, informe ocular que da cuenta de los daños causados por el vehículo oficial a la motocicleta y la correspondiente cotización de la reparación.

5.2 NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA POLICIA NACIONAL

Sostuvo que se deben negar las pretensiones de la demanda, porque se configuró la excepción de culpa exclusiva de la víctima.

Que no se encuentra probada la falla del servicio, y aunque el accidente se dio con un vehículo de propiedad de la entidad policial y el conductor era un agente suyo el IT. William Jairo Villa Barreto, no es motivo suficiente para declarar la responsabilidad de la demandada; por el contrario, se estaba en presencia de una causal exonerativa de

vehículo de propiedad de la entidad policial y el conductor era un agente suyo el IT. William Jairo Villa Barreto, no es motivo suficiente para declarar la responsabilidad de la demandada; por el contrario, se estaba en presencia de una causal exonerativa de responsabilidad, consistente en la culpa exclusiva de la víctima, pues, por imprude ncia de esta última con su actuar intempestivo y sorpresivo al pretender adelantar por el mismo carril en el que se encontraba el vehículo oficial colocó en riesgo su vida y la de la menor acompañante, haciendo que dicho actuar fuera imprevisible e irresis tible para el conductor del vehículo oficial, violando con ello el principio de la responsabilidad individual o autoresponsabilidad y el debido cuidado.

Que la víctima al desarrollar una actividad peligrosa, elevó el riego al adelantar por el carril contrario, dando paso al accidente; con lo que se rompe el nexo causal, ya que no se encuentra demostrado en el proceso que el uniformado fue el causante directo del accidente, pues, no obra peritaje donde se haya determinado responsabilidad alguna en cabeza de dicho servidor público.Radicación: 73001-33-33-004-2017-00168-01

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Que el juez de instancia se limitó únicamente a tener en cuenta la posición final de los vehículos y el testimonio de la misma lesionada; por ende , no puede tener la certeza de dicha afirmación, por el contrario, estaba en la obli gación de establecer la hipótesis del accidente y realizar las rigurosas indagaciones al respecto.

Que no está plenamente probado que el daño causado a la hoy demandante haya sido

dicha afirmación, por el contrario, estaba en la obli gación de establecer la hipótesis del accidente y realizar las rigurosas indagaciones al respecto.

Que no está plenamente probado que el daño causado a la hoy demandante haya sido responsabilidad del servidor público por ser el causante del accidente; tod o lo contrario, del caudal probatorio lo único que se evidencia es que la hoy demandante es la responsable del accidente por haber violado el deber de cuidado y haber elevado el riesgo, al infringir unas normas de tránsito que conllevo inexorablemente a la causación del daño, por el que hoy pretende le sea reconocido y pagado unos perjuicios.

Que aunque el juez de instancia reconoció a los demandantes un total de 180 smlmv por concepto de perjuicios morales y daño a la salud; estos nunca fueron demostrados

Concluyó que se debe revocar la sentencia, y en su lugar, negar las pretensiones al configurarse la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

5.3 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A – LLAMADO EN GARANTIA

Indicó que no existe responsabilidad del Estado porque los hechos ocurridos no tienen conexidad con el servicio, dando lugar a una causal excluyente de responsabilidad como lo es la culpa personal del agente.

Que en caso, de no aceptarse que existe culpa exclusiva de la víctima, si se debe aplicar la concurrencia de causas (2), y en cualquier evento, deberá igualmente reducirse el valor de la indemnización comoquiera que existen errores en la tasación de los perjuicios, pues por un lado, el a quo omitió aplicar el real porcentaje de pérdida de capacidad laboral frente al rango que dispone el Consejo de Estado para indemnizar los perjuicios

de la indemnización comoquiera que existen errores en la tasación de los perjuicios, pues por un lado, el a quo omitió aplicar el real porcentaje de pérdida de capacidad laboral frente al rango que dispone el Consejo de Estado para indemnizar los perjuicios extrapatrimoniales, específicamente en lo atinente a aquellos que se produjeron en virtud de las lesiones padecidas por la señora Janneth Paola García; y por otro lado, existe un error en el reconocimiento de los perjuicios a la menor M aría Alejandra Molina y sus familiares.

Que en caso, de confirmar la responsabilidad del Estado, no es posible atribuir está a la aseguradora porque la póliza de automóviles No. 000705791238 no tiene cobertura , en caso, de considerarse lo contrario, se deberá tener presente que existe una errónea valoración del contrato de seguro, al contemplar un valor asegurado superior a aquel dispuesto en la póliza aportada con la contestación de la demanda de Zurich Colombia Seguros SA, razón por la que será necesario modificar el fallo en el sentido de ajustar el valor máximo por el cual podría entrar a responder mi representada, siendo este de hasta $200.000.000.

Que en el momento en que sucedió el accidente, el señor William Jairo Villa Barreto se encontraba tomando su hora de almuerzo, espacio durante el cu al no se encuentra desarrollando labores propias del servicio e impiden tener como responsable a su empleador, es decir, como el conductor se estaba trasladando a su trabajo, no se puede tomar como su horario laboral.

Que no es posible en este caso en particular que el daño sea atribuible al Estado por una conducta que se encuentra fuera del desarrollo del servicio atendiendo a que, adicional

tomar como su horario laboral.

Que no es posible en este caso en particular que el daño sea atribuible al Estado por una conducta que se encuentra fuera del desarrollo del servicio atendiendo a que, adicional a no encontrarse ejecutando una actividad propia de su cargo, se encontraba en hora de almuerzo la cual se excluye de la jornada laboral, lo cual lleva a concluir que en el presente asunto operó una causal excluyente de responsabilidad siendo la culpa personal del agente, pues en los términos expuestos la responsabilidad sería atribuible al señorRadicación: 73001-33-33-004-2017-00168-01

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WILLIAM JAIRO VILLA B ARRETO, quien deberá responder de manera particular y a título propio por los daños irrogados en los demandantes.

Que la demandante, conducía con exceso de velocidad como consta en el I nforme Policial de Accidentes de Tránsito; y aunque no se encuentra probada la velocidad exacta a la que realmente transitaba la víctima, lo cierto es que, si es posible arribar a esta conclusión a partir de los indicios, lo cual no fue valorado de manera adecuada por el juez de instancia, pues a pesar de que no fue dispuesto como hipótesis del accidente al interior del Informe Policial de Accidentes de Tránsito, fue corroborado durante la diligencia por el agente Fernando Saavedra Melo.

Que se encuentra tasado, que, dado que los demandantes ostentan calidades diferentes respecto de cada una de las víctimas, el reconocimiento de perjuicios debe sujetarse a

el agente Fernando Saavedra Melo.

Que se encuentra tasado, que, dado que los demandantes ostentan calidades diferentes respecto de cada una de las víctimas, el reconocimiento de perjuicios debe sujetarse a las mismas reglas que el Consejo de Estado ha dispuesto atendiendo al grado de consanguinidad o civil que ostente respecto de la víctima directa; por tanto, si la pérdida de la capacidad es del 15,85% es erróneo para establecer el daño moral, reconocer el valor de 20 SMLMV para quienes se encuentran en el primer nivel y 10 SMLMV quienes se encuentran en el segundo, asumiendo que su porcentaje es equivalente o igual al de una persona que ha sufrido el 20% de pérdida de capacidad laboral, lo mismo aplica en relación con el valor a reconocerse por daño a la salud.

Que en cuanto a los perjuicios reconocidos en virtud de las lesiones padecidas por la menor Maria Alejandra Molina, se aclara que igualmente existió un error al conceder un valor aplicando la equidad judicial para determinar cuál hubiese sido el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y en consecuencia aplicar la presunción establecida por el Consejo de Estado según las tablas para el reconocimiento de perjuicios.

Que al hacer una revisión cuidadosa de las pruebas aportadas con la demanda, no se observa que el perjuicio moral se haya causado, igualmente, si se acude a la jurisprudencia, no resuelta ser equitativo atribuir un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, aunque sea mínimo, teniendo en cuenta que las lesiones padecidas fueron mínimas, además de que no dejaron secuelas ni fueron permanentes, lo que lleva a

laboral, aunque sea mínimo, teniendo en cuenta que las lesiones padecidas fueron mínimas, además de que no dejaron secuelas ni fueron permanentes, lo que lleva a concluir que reconocimiento de una indemnización, la suma de 8 SMLMV por concepto de daño moral y daño a la salud es extremadamente alto ya que se estaría equiparando su condición con el de una persona con lesiones más gravosas e incluso con aquella que contrariamente tenga un porc entaje de pérdida de capacidad laboral de aproximadamente el 8%.

Dicho lo anterior, ante el evidente error del despacho al reconocer los perjuicios que no se encuentran debidamente probados y pretender a partir del uso de la equidad llenar ese vacío que en todo caso le corresponde a la parte demandante de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso, por tanto, se debe modificar la sentencia en el sentido de disminuir el valor a indemnizar a cargo de la parte demandada, así como de la lla mada en garantía tasándolo única y exclusivamente sobre los perjuicios que se encuentran debidamente probados, siendo más objetivo y valorando las pruebas que en efecto se hallan en el expediente.

6. TRÁMITE PROCESAL

El proceso fue radicado en esta Corporación el 13 de octubre de 2023. Mediante auto del día 24 de noviembre de 2023, se admitió el recurso de apelación.

El trámite del recurso de apelación se surtió, de conformidad con lo establecido en el artículo 247 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 ; SinRadicación: 73001-33-33-004-2017-00168-01

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artículo 247 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 ; SinRadicación: 73001-33-33-004-2017-00168-01

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embargo, la parte demandada y el llamado en garantía, presentan escritos reiterando los argumentos de los recursos de apelación interpuestos.

7. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA SALA

7.1. COMPETENCIA

Es competente el Tribunal Administrativo del Tolima para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 73 y siguientes de la Ley 270 de 1996 y por los artículos 153 y 243 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el art. 328 del CGP.

7.2. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde determinar, si

1. Se encuentra acreditado el daño antijurídico alegado por la parte demandante; y en caso afirmativo, ii) Este daño antijurídico se puede atribuir a la institución demandada, o po r el contrario no es posible endilgar responsabilidad patrimonial al Ministerio de Defensa – Policía Nacional iii) En este asunto, se encuentra configurado la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

7.3 TESIS SALA

La sala confirmará la sentencia apelada mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

La jurisprudencia del Consejo de Estado, en este caso por tratarse de un daño originado

7.3 TESIS SALA

La sala confirmará la sentencia apelada mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

La jurisprudencia del Consejo de Estado, en este caso por tratarse de un daño originado por accidente de tránsito donde se involucra la realización de una actividad peligrosa, se entendería que el régimen aplicable sería en principio el objetivo – riesgo excepcional; sin embargo, se acreditó que en el suceso se vieron involucrados dos vehículo en movimiento, por lo que no sería procedente resolver esta controversia bajo el régimen objetivo, propio del ejercicio de actividades peligrosas, sino que la responsabilidad debe ser determinada con fundamento en el análisis del nexo causal, es decir, se debe determinar la causa que dio lugar al accidente (régimen subjetivo). En este asunto, pese a lo expuesto por la demandada y el llamado en garantía, se acreditó que la causa del accidente fue que el vehículo oficial incumplió las normas de tránsito por Falta de precaución al realizar giro a la izquierda, siendo esa la c ausa identificada en el informe de accidente de tránsito del 23 de junio de 2015, la cual a su vez fue ratificada en audiencia de pruebas por Fernando Saavedra Melo , quien fue la persona que rindió el mencionado informe; sin que la demandada haya logrado desvirtuar tal hipótesis o haya logrado acreditar con otras pruebas que la causa es atribuible a la víctima.

7.4. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A partir de la Constitución Política de 1991, las entidades públicas deben responder

tal hipótesis o haya logrado acreditar con otras pruebas que la causa es atribuible a la víctima.

7.4. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A partir de la Constitución Política de 1991, las entidades públicas deben responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que causen por acción u omisión siempreRadicación: 73001-33-33-004-2017-00168-01

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que les sean imputables 1, y no es que anteriormente no respondieran, es sólo que con su vigencia, ella dispuso en un articulado ese sentido.

Nuestro órgano de cierre2 aduce que “Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, afinca sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado Colombiano, contenidos en el artículo 1 superior, a saber , la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. De igual forma, con ponencia de Jaime Orlando Santofimio, en sentencia del 09 de mayo de 2011, radicación No.: 54001-23-31000-1994-08654-01(19976), expresó:

“Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública tanto por la acción, como por la omisión. Dicha

extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública tanto por la acción, como por la omisión. Dicha imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar: i) la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional), y; adicionalmente a lo anterior, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado.

(…)

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmaci ón del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica. Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”.

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que “parte de los límites de lo previsible por una p ersona prudente a la hora de adoptar las decisiones”. Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico -jurídico una prescripción, más

adoptar las decisiones”. Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico -jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputac ión objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”.

1 La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C -333 de 1996. Postura que fue seguida en la sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, sentencia C-892 de 2001.

régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, sentencia C-892 de 2001. 2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, C.P.: Olga Mélida Valle De La Hoz, en sentencia del 30 de enero de 2013, radicación No.: 25000-23-26-000-2001-01156-01(25573).Radicación: 73001-33-33-004-2017-00168-01

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Esto, sin duda, es un aporte que s e representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”. Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no.”

En consecuencia, se h