TA TOL - Sentencia 73001-33-33-004-2019-00263-01 (22-05-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

SALA DE ORALIDAD

M.P. LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA

Ibagué, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Radicado: 73001-33-33-004-2019-00263-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento de derecho

Demandantes: Dahiana Alexandra Naranjo García

Apoderado: Jaime Gustavo Rengifo Quintero

Demandado: Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. de Ibagué

Apoderado: María Norvi Portela Torres

Demandado: Mayra Alejandra Guerrero Coronado Apoderado: Carlos Eduardo Gomes Gutiérrez Tema: Insubsistencia de libre remoción

ASUNTO

Decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 29 de agosto de 2022 por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Dahiana Alexandra Naranjo García1, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. de Ibagué y la señora Mayra Alejandra Guerrero Coronado, con el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas:

1.1.1. Pretensiones

Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 3705 del

Coronado, con el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas:

1.1.1. Pretensiones

Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 3705 del 26 de diciembre de 2018, mediante la cual fue declarada insubsistente en el cargo de Auxiliar Área Salud, código 412, grado 19, que ocupaba hasta el 14 de enero de 2019.

Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. 1206-GTH del 11 de enero de 2019, mediante el cual se notificó la declaratoria de insubsistencia del nombramiento en provisionalidad referido anteriormente.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se condene al Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. de Ibagué, Tolima, a reintegrarla al cargo de Auxiliar Área Salud, código 412, grado 19, que ocupaba para el 14 de enero de 2019, o a otro de igual o superior categoría y salario.

1 Por medio de apoderado.2

Se condene al Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. de Ibagué, Tolima, a reconocer y pagar todos los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde el día de su retiro y hasta su reintegro efectivo, incluyendo los aumentos salariales decretados con posterioridad, así como el pago de los aportes a la seguridad social integral.

Se ordene la actualización de la condena, aplicando los ajustes de valor (indexación) mes a mes, desde la fecha de desvinculación y hasta la fecha en que se efectúe el pago de las sumas que resulten adeudadas.

social integral.

Se ordene la actualización de la condena, aplicando los ajustes de valor (indexación) mes a mes, desde la fecha de desvinculación y hasta la fecha en que se efectúe el pago de las sumas que resulten adeudadas.

Se declare que no ha existido solución de continuidad en la prestación de los servicios por parte de la accionante, desde el momento de su desvinculación hasta su eventual reintegro efectivo.

Se condene a la parte demandada al pago de las costas del proceso, incluidas las agencias en derecho.

Se ordene que la sentencia que ponga fin al proceso se cumpla en los términos y condiciones establecidos en los artículos 192 y 195 del CPACA.

1.1.2. Hechos

Indicó que la señora Dahiana Alexandra Naranjo García fue vinculada al Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. de Ibagué en el cargo de Auxiliar Área Salud, código 412, grado 06, mediante nombramiento provisional contenido en la Resolución No. 1150 del 5 de diciembre de 2011, cargo del cual tomó posesión el 12 de diciembre de 2011, según acta No. 145 de esa misma fecha.

Señaló que, a través del Acuerdo No. 278 del 23 de marzo de 2012, se actualizó la escala de grados salariales del hospital, asignándose al cargo que ocupaba la demandante la denominación de Auxiliar Área Salud, código 412, grado 19.

Indicó que, mediante EL Oficio UFRH 1531 del 12 de junio de 2012, se prorrogó de manera indefinida el nombramiento provisional de la señora Naranjo García, hasta tanto se expidieran las listas de elegibles para el cargo.

manera indefinida el nombramiento provisional de la señora Naranjo García, hasta tanto se expidieran las listas de elegibles para el cargo.

Mencionó que Dahiana Alexandra Naranjo García desempeñó de forma continua e ininterrumpida el cargo de Auxiliar Área Salud, código 412, grado 19, desde su vinculación hasta el 14 de enero de 2019, fecha en la que fue retirada del cargo por declaratoria de insubsistencia.

Anotó que el 12 de octubre de 2014 la señora Naranjo García sufrió un accidente de trabajo que le ocasionó una discopatía lumbar; esta situación médica fue reconocida por la ARL Positiva Compañía de Seguros, lo que condujo a su reubicación laboral y a la imposición de restricciones médicas. Agregó que desde el 9 de enero de 2019 se encontraba en incapacidad médica.

Expresó que, a la fecha de su desvinculación, la señora Naranjo García contaba con estabilidad laboral reforzada, al presentar una situación de debilidad manifiesta derivada del accidente laboral y ostentar además la condición de madre cabeza de familia, hecho que constaba en su historia clínica y era conocido por el hospital.

Dijo también que tiene a su cargo dos hijos, entre ellos Samuel Santiago Trujillo Naranjo, nacido el 16 de noviembre de 2012, quien al momento de la desvinculación tenía menos de nueve años, configurándose así una situación de especial protección constitucional.3

Sostuvo que, al momento de su retiro, la demandante devengaba una asignación básica mensual de $1.687.255, más un subsidio de alimentación de $60.170.

constitucional.3

Sostuvo que, al momento de su retiro, la demandante devengaba una asignación básica mensual de $1.687.255, más un subsidio de alimentación de $60.170.

Refirió que el 11 de enero de 2019 la agente especial interventora del hospital le notificó, mediante el Oficio No. 1206 -GTH, la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento, en virtud de la Resolución No. 3705 del 26 de diciembre de 2018, la cual surtiría efectos a partir del 14 de enero de 2019.

Aseguró que en el mismo cargo fue nombrada la señora Mayra Alejandra Guerrero Coronado, en período de prueba por un término de seis meses, conforme a la lista de elegibles derivada de la Convocatoria No. 426 de 2016.

Comentó que la Comisión Nacional del Servicio Civil convocó a concurso abierto para proveer, entre otros, el cargo ocupado por la demandante, sin tener en cuenta su condición de salud ni su calidad de madre cabeza de familia, a pesar de lo dispuesto en el Decreto 648 de 2017 y en el parágrafo segundo del artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015.

Citó que durante el tiempo de servicio la señora Naranjo García cumplió cabalmente con las funciones del cargo, sin haber recibido llamados de atención ni sanciones disciplinarias.

Mencionó que la desvinculación le ha generado graves perjuicios materiales y morales, al verse privada de su fuente de ingresos, de sus prestaciones sociales y del derecho al trabajo, además de habérsele desconocido su estabilidad laboral reforzada como madre cabeza de familia en condición de debilidad manifiesta.

morales, al verse privada de su fuente de ingresos, de sus prestaciones sociales y del derecho al trabajo, además de habérsele desconocido su estabilidad laboral reforzada como madre cabeza de familia en condición de debilidad manifiesta.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. El Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. de Ibagué

Expresó oposición a las pretensiones de la demanda, manifestando que el acto administrativo acusado obedeció a la provisión del empleo mediante el Concurso de Méritos convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en el marco de la Convocatoria 426 de 2016 —Primera Convocatoria para Empresas Sociales del Estado—, en cumplimiento del deber de nombrar a los aspirantes incluidos en las listas de elegibles, con el fin de proveer los cargos de carrera dentro del Hospital.

Indicó que la entidad demandada ostenta la calidad de Empresa Social del Estado, de naturaleza pública, cuyos cargos, tratándose de servidores públicos como la demandante, deben ser provistos conforme al principio del mérito, conforme a lo dispuesto en el artículo 125 de la Constitución Política. Señaló que la Comisión Nacional del Servicio Civil es la entidad competente para administrar y vigilar el sistema de mérito en el empleo público, y dentro de sus funciones se encuentra la elaboración de convocatorias para concursos de méritos, así como la remisión de las listas de elegibles a las entidades respectivas, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 909 de 2004 y sus normas modificatorias o complementarias.

Precisó que el Hospital Federico Lleras Acosta reportó a la Comisión Nacional del Servicio Civil un total de sesenta y un (61) empleos con doscientas cuarenta y tres

la Ley 909 de 2004 y sus normas modificatorias o complementarias.

Precisó que el Hospital Federico Lleras Acosta reportó a la Comisión Nacional del Servicio Civil un total de sesenta y un (61) empleos con doscientas cuarenta y tres (243) vacantes, dentro de las cuales se incluyeron noventa y dos (92) vacantes del empleo denominado Auxiliar Área de la Salud, Código 412, Grado 19, bajo el código OPEC No. 32381, para ser provistas mediante lista de elegibles a través de concurso de méritos. En ese sentido, la Comisión Nacional del Servicio Civil adelantó el respectivo concur so bajo dicho código OPEC, ofertado mediante la4

Convocatoria 426 de 2016 – Primera Convocatoria E.S.E.; así, mediante la Resolución No. CNSC 2018211017945 del 5 de diciembre de 2018, se conformó y adoptó la lista de elegibles para dicho empleo. Anotó que en dicha lista no figuraba el nombre de la señora Dahiana Alexandra Naranjo García, ya que no participó en el concurso.

Indicó que, de conformidad con el parágrafo 2º del artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, las acciones afirmativas solo son procedentes cuando el número de personas en la lista de elegibles es inferior al número de vacantes a proveer, circunstancia que no se presentó en el presente caso.

Expresó que no resulta posible nombrar a la demandante en un cargo similar, en tanto no existen vacantes disponibles en el Hospital Federico Lleras Acosta, dado que la convocatoria tenía como propósito cubrir la totalidad de vacantes definitivas en la entidad, lo cual se materializó una vez la lista de elegibles quedó en firme y fue comunicada oficialmente.

que la convocatoria tenía como propósito cubrir la totalidad de vacantes definitivas en la entidad, lo cual se materializó una vez la lista de elegibles quedó en firme y fue comunicada oficialmente.

Reiteró que el acto administrativo mediante el cual se declaró la insubsistencia del nombramiento de la señora Dahiana Alexandra Naranjo García se fundamentó en la obligación legal de proveer la vacante a través del nombramiento en período de prueba de la señora Mayra Alejandra Guerrero Coronado, quien superó el concurso y fue incluida en la lista de elegibles.

Sostuvo que, conforme al artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015 y a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia SU -917 de 2010, la terminación del nombramiento provisional procede mediante acto motivado, siendo válida la motivación cuando se basa en la provisión definitiva del cargo mediante concurso, la imposición de sanciones, una calificación insatisfactoria u otra razón directamente relacionada con el servicio prestado.

Afirmó que el acto administrativo que declaró la insubsistencia del nombramiento de la demandante es legal, al encontrarse debidamente motivado con base en disposiciones normativas y en la necesidad de cumplir con el mandato constitucional y legal de aplic ar el sistema de mérito, mediante el nombramiento en período de prueba de quien, conforme al orden de mérito, fue incluido en la lista de elegibles.

Respecto de la separación del cargo en el contexto del fuero de estabilidad laboral reforzada por estado de salud, señaló que, conforme a la posición unificada de la Corte Constitucional, dicho fuero resulta aplicable únicamente cuando la desvinculación tiene como causa una discriminación basada en el estado de salud

reforzada por estado de salud, señaló que, conforme a la posición unificada de la Corte Constitucional, dicho fuero resulta aplicable únicamente cuando la desvinculación tiene como causa una discriminación basada en el estado de salud del servidor, circunstancia que no se configura en el caso concreto, toda vez que la desvinculación de la señora Dahiana Alexandra Naranjo García obedeció al concurso de méritos adelantado por la CNSC, razón por la cual no se configura dicha protección constitucional.

Sostuvo que, para la fecha de expedición del acto de insubsistencia, la demandante no era beneficiaria del fuero por estabilidad laboral reforzada en razón de su estado de salud, conforme a lo establecido en la Sentencia de Unificación SU-040 de 2018, en la cual la Sala Plena de la Corte Constitucional unificó la jurisprudencia sobre la materia.

En relación con la condición de discapacidad alegada como sustento de la nulidad del acto administrativo, indicó que no fue acreditada en el presente caso. Sostuvo que tal afirmación se fundamenta únicamente en incapacidades médicas, ninguna de las cuales supera los dos (2) días de duración, todas ellas derivadas de enfermedades comunes. Añadió que no se allegó dictamen médico especializado5

que permitiera establecer la existencia de una discapacidad, condición de indefensión o pérdida de capacidad laboral, ni que dicha situación se haya originado en el ejercicio de las funciones propias del cargo. En consecuencia, concluyó que este argumento no solo carece de respaldo probatorio, sino que también contradice la jurisprudencia aplicable, lo cual impide acceder a la nulidad del acto acusado o a las demás pretensiones de la demanda.

este argumento no solo carece de respaldo probatorio, sino que también contradice la jurisprudencia aplicable, lo cual impide acceder a la nulidad del acto acusado o a las demás pretensiones de la demanda.

Finalmente, frente al argumento de la estabilidad laboral reforzada por la condición de madre cabeza de familia, expuso que dicha calidad no fue informada previamente a la entidad, ni se acreditó que sus hijos dependieran exclusivamente de la actora sin otra fuente de ingresos que su salario. Manifestó que, en la hoja de vida aportada por la propia demandante y obtenida por el Hospital, no aparece prueba de que se hubiese hecho conocer tal condición, y que únicamente con la demanda se allegó un registro civ il de nacimiento expedido en enero de 2019, posterior a su desvinculación. Refirió que d icho documento, en el que consta que es madre de un menor y que el padre es Jorge Alber Trujillo, no resulta suficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Corte Constitucional para acceder a la protección reforzada en calidad de madre cabeza de familia.

1.2.2. Mayra Alejandra Guerrero coronado

No intervino en esta etapa procesal.

1.2. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué profirió sentencia de primera instancia el 17 de mayo de 2022, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas procesales a la parte actora.

En relación con el cargo de nulidad de los actos administrativos por falsa motivación, indicó que esta se configura cuando se demuestra que el fin con el cual fue expedido

de la demanda y condenó en costas procesales a la parte actora.

En relación con el cargo de nulidad de los actos administrativos por falsa motivación, indicó que esta se configura cuando se demuestra que el fin con el cual fue expedido el acto no se cumple. En el caso concreto, precisó que dicho fin era la provisión del cargo con la persona que superó el concurso de méritos, lo cual quedó plenamente acreditado en el proceso. Señaló que el cargo ocupado por la señora Dahiana Alexandra Naranjo García fue provisto por la señora Mayra Alejandra Guerrero Coronado, quien ocup aba el puesto 61 de la lista de elegibles conformada por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, según la Resolución No. CNSC 20182110174315 del 5 de diciembre de 2018.

Reiteró que, conforme a lo sostenido por el Consejo de Estado, a partir de la expedición de la Ley 909 de 2004 y su Decreto Reglamentario 1227 de 2005, es obligatoria la motivación del acto administrativo que declare la insubsistencia del nombramiento de un empleado provisional en un cargo de carrera administrativa.

Indicó que la motivación del acto contenido en la Resolución No. 3705 del 26 de diciembre de 2018, mediante la cual se declaró insubsistente el nombramiento de la actora, se fundamenta en el deber legal de la entidad de designar a la persona que superó el concurso de méritos convocado por la CNSC, quien debía ser nombrada en período de prueba y, posteriormente, en propiedad, accediendo así a los derechos propios de la carrera administrativa. Sostuvo que correspondía a la demandante demostrar que los motivos contenidos en la Resolución No. 3705 de

nombrada en período de prueba y, posteriormente, en propiedad, accediendo así a los derechos propios de la carrera administrativa. Sostuvo que correspondía a la demandante demostrar que los motivos contenidos en la Resolución No. 3705 de 2018, así como en el oficio No. 1206-GTH del 11 de enero de 2019, eran ilegales o carecían de una motivación real; sin embargo, al analizar las circunstancias fácticas que rodearon la terminación de su nombramiento, no se evidenció ilegalidad alguna.6

Respecto a la estabilidad laboral reforzada, precisó que esta no implica una protección absoluta ni automática, y que no resulta aplicable cuando la desvinculación tiene como finalidad permitir el ingreso de una persona que superó el concurso de méritos. Explicó que, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, el sistema de mérito permite el nombramiento en provisionalidad como figura transitoria, aplicable únicamente cuando no es posible suplir la vacante con un concursante elegible, y que dic ho nombramiento otorga únicamente una estabilidad relativa.

Aclaró que la condición de salud alegada por la demandante tampoco le otorga un blindaje absoluto frente a la desvinculación cuando existe una justa causa, como ocurre cuando se requiere proveer el cargo con una persona que superó el concurso de méritos. A gregó que la entidad demandada ofertó la totalidad de los cargos provistos en provisionalidad, incluido el empleo de Auxiliar Área de la Salud, Código 412, Grado 19, con un total de noventa y dos (92) vacantes, identificadas bajo el código OPEC No. 32381, para ser provistas mediante lista de elegibles conformada

412, Grado 19, con un total de noventa y dos (92) vacantes, identificadas bajo el código OPEC No. 32381, para ser provistas mediante lista de elegibles conformada por la CNSC. Dicha lista, según la Resolución No. CNSC 20182110174315 del 5 de diciembre de 2018, estuvo compuesta por 126 personas para cubrir las 92 vacantes.

Concluyó que no se evidenció discriminación negativa alguna en el desarrollo o terminación de la relación laboral de la actora, y que, por el contrario, existió una justa causa para dejar sin efecto la estabilidad relativa alegada, en atención a la prevalencia de los derechos derivados del sistema de carrera administrativa adquiridos por la persona que superó el concurso, lo cual hacía necesaria la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de la demandante, en consonancia con los principios constitucionales que rigen la función pública.

igualmente, indicó que la señora Dahiana Alexandra Naranjo García tuvo la oportunidad de participar en el concurso de méritos convocado por la CNSC, en igualdad de condiciones con los demás aspirantes. Afirmó que no se demostró que la entidad hubiera impedido su participación o ejercido actos discriminatorios en su contra, por cuanto la decisión de participar o no en el concurso fue de exclusiva responsabilidad de la interesada, y, en caso de inconformidad con los puntajes o criterios de evaluación, contaba con mecanismos para controvertir las decisiones mediante los recursos previstos por la entidad encargada del proceso.

Concluyó que no existían elementos de juicio que permitieran acreditar que la declaratoria de insubsistencia obedeciera a motivos distintos del cumplimiento del deber legal de nombrar y posesionar a quien superó el concurso de méritos

Concluyó que no existían elementos de juicio que permitieran acreditar que la declaratoria de insubsistencia obedeciera a motivos distintos del cumplimiento del deber legal de nombrar y posesionar a quien superó el concurso de méritos convocado por la CNSC, motivo por el cual se desestimó el cargo formulado y, en consecuencia, se negaron las pretensiones de la demanda.

1.3. Recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitando que fuera revocada y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.

Sostuvo que el acto administrativo contenido en la Resolución No. 3705 del 26 de diciembre de 2018, mediante la cual se declaró la insubsistencia de la demandante, indicó que, una vez cumplidas todas las etapas del proceso de selección, la Comisión Naciona l del Servicio Civil expidió el acto administrativo No. 20182110171395 del 5 de diciembre de 2018, por medio del cual se conformaron las listas de elegibles para proveer los empleos de carrera del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, Tolima – E.S.E., convocados a través de la Convocatoria No. 426 de 2016, conforme con lo dispuesto en el Acuerdo No. 201610000012767

del 28 de julio de 2016. Señaló que dentro de esos empleos se incluyó el cargo de Auxiliar Área Salud, Código 412, Grado 19, ocupado por la demandante, omitiéndose la advertencia prevista en el Decreto 648 de 2017 y desconociéndose lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 2.2.5.3.2 d el Decreto 1083 de

omitiéndose la advertencia prevista en el Decreto 648 de 2017 y desconociéndose lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 2.2.5.3.2 d el Decreto 1083 de 2015, en relación con la protección especial por su condición de madre cabeza de familia y su situación de debilidad manifiesta, lo cual le otorgaba estabilidad laboral reforzada.

Afirmó que lo anterior constituyó una vulneración del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, que garantiza a todas las personas el derecho a recibir igual trato y protección por parte de las autoridades, y a gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación alguna. Explicó que este derecho fundamental tiene una doble dimensión: una positiva, que exige trato equivalente a quienes se hallan en condiciones similares, y una negativa, que permite trato diferenciado cuando las personas se encuentran en situaciones dispares. Citó la Sentencia C -241 de 2014, en la cual se desarrollan estos criterios, resaltando que, en este caso, se debió aplicar un a protección reforzada, reubicando a la demandante en lugar de desvincularla, en aras de garantizar sus derechos fundamentales y los de su núcleo familiar.

Afirmó que esta situación no fue prevista por la Agente Especial Interventora del Hospital Federico Lleras Acosta, lo que evidencia una ostensible desviación de poder, pues el ejercicio de las facultades discrecionales debe realizarse dentro del marco lega l. Refirió que e l uso del poder administrativo para fines contrarios al ordenamiento jurídico configura desviación de poder, vicio oculto y falsa motivación, como ocurrió con la expedición de la Resolución No. 3705 del 26 de diciembre de

marco lega l. Refirió que e l uso del poder administrativo para fines contrarios al ordenamiento jurídico configura desviación de poder, vicio oculto y falsa motivación, como ocurrió con la expedición de la Resolución No. 3705 del 26 de diciembre de 2018, aun cuando se sustentó en el resultado del concurso de méritos. Agregó que no se tuvo en cuenta que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los servidores vinculados en provisionalidad gozan de una estabilidad relativa y solo pueden ser desvinculados para proveer el cargo a través de concurso, siempre que se respete la situación concreta del trabajador y se garantice el principio de proporcionalidad. En este caso, la entidad ignoró el vínculo laboral de vieja data de la demandante.

Indicó que la señora Dahiana Alexandra Naranjo García fue desvinculada del cargo de Auxiliar Área Salud, código 412, grado 19, mediante Resolución No. 3705 del 26 de diciembre de 2018, la cual le fue notificada por Oficio No. 1206 del 11 de enero de 2019, y cuya ejecución tuvo lugar el 14 de enero de 2019. Señaló que dicha desvinculación se produjo con grave desviación de poder y vicio oculto.

Anotó que, si bien la Comisión Nacional del Servicio Civil convocó el concurso público para la provisión de 243 empleos en vacancia del Hospital Federico Lleras Acosta mediante la Convocatoria No. 426 de 2016, no debió incluirse el cargo ocupado por la demandante, en razón de su condición de madre cabeza de familia y por la debilidad manifiesta que le otorgaba estabilidad laboral reforzada. A pesar

Acosta mediante la Convocatoria No. 426 de 2016, no debió incluirse el cargo ocupado por la demandante, en razón de su condición de madre cabeza de familia y por la debilidad manifiesta que le otorgaba estabilidad laboral reforzada. A pesar de que se encontraba reubicada y desempeñaba sus funciones de manera adecuada, se desconocieron estas circunst ancias, vulnerándose sus derechos fundamentales, entre ellos el artículo 53 de la Constitución, conforme lo reiteró la Corte Constitucional en sentencia de Sala Plena del 13 de agosto de 1992.

Reiteró que la Resolución No. 3705 del 26 de diciembre de 2018 fue expedida con protuberante desviación de poder, aun cuando se sustentó en el concurso de méritos, ya que no se valoró debidamente la condición de madre cabeza de familia ni la situación de d ebilidad manifiesta de la demandante, condiciones que fueron advertidas a la Agente Especial Interventora del Hospital, y que constaban en la historia clínica y hoja de vida de la actora, como se acreditó en la demanda. En8

consecuencia, al desatender dichas circunstancias, se vulneraron sus derechos y los de su familia, situación que el juzgado de primera instancia no tuvo en cuenta al proferir la sentencia apelada.

1.4. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 12 de diciembre de 2022 , se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

Las partes guardaron silencio y el agente del Ministerio Público no emitió concepto.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El presente asunto es competencia de esta Corporación de acuerdo con lo

Las partes guardaron silencio y el agente del Ministerio Público no emitió concepto.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El presente asunto es competencia de esta Corporación de acuerdo con lo establecido en el artículo 153 del CPACA, según el cual los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos, así como de las apelaciones de autos susceptibles de apelación.

Asimismo, esta Sala se ajustará a lo establecido en el artículo 328 del CGP, por remisión del artículo 306 del CPACA. De acuerdo con dicha disposición, se realizará un pronunciamiento únicamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin dejar de lado las decisiones que se deban adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

2.2. Procedibilidad del recurso de apelación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, son apelables las sentencias de primera instancia, circunstancia que es la que se avizora en el presente caso.

2.3. Problema jurídico

De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si el acto administrativo mediante el cual se declaró la insubsistencia del nombramiento en provisionalidad de la demandante , por la provisión del empleo mediante concurso de méritos, es ilegal por desconocer su estabilidad laboral reforzada, derivada de su condición de salud y de madre cabeza de familia, o si, por el contrario, dicho acto se ajusta al ordenamiento jurídico, como lo concluyó la juez de primera instancia.

2.3.1. Tesis de la Sala

cabeza de familia, o si, por el contrario, dicho acto se ajusta al ordenamiento jurídico, como lo concluyó la juez de primera instancia.

2.3.1. Tesis de la Sala

Se confirmará la sentencia de primera instancia en razón a q ue no prosperan los cargos elevados en el recurso de alzada por el demandante, pues en el expediente no obra prueba alguna que demuestre que la declaratoria de insubsistencia en el cargo de Auxiliar Área Salud , Código 412 de Grado 19, se haya emitido con desviación de poder, sino que, por el contrario, se trató del fiel cumplimiento de un deber legal por parte de la administración, tal como acertadamente determinó la juez de instancia.

Además, la demandante no acreditó estar amparada por una estabilidad laboral reforzada que prevaleciera sobre los derechos de carrera administrativa de la funcionaria que fue nombrada en su reemplazo, quien superó un concurso público9

y se encontraba legalmente habilitada para ocupar el cargo mediante periodo de prueba, en cumplimiento del principio constitucional de mérito.

La estabilidad laboral reforzada es una garantía constitucional aplicable únicamente a determinados grupos vulnerables, como mad