TA TOL - Sentencia 73001-33-33-004-2020-00093-01 (02-05-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Mag. Ponente: John Libardo Andrade Flórez

Ibagué – Tolima, dos (02) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

EXPEDIENTE: 73001-33-33-004-2020-00093-01

INTERNO: 1465/2023

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: LUIS ALBERTO ALFONSO BARCO

DEMANDADO: INSTITUTO TOLIMENSE DE

FORMACION TÉCNICA PROFESIONAL

- ITFIP

APODERADA AMPARO SÁNCHEZ PERDOMO

I. ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte dema ndada y la apoderada de los sucesores procesales del demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué el 29 de septiembre de 2023, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

El señor Luis Alberto Alfonso Barco (q.e.p.d) por intermedio de apoderad a judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda con la finalidad de obtener mediante sentencia judicial, un pronunciamiento favorable sobre las siguientes:

1. Declaraciones y condenas1

El demandante refiere lo siguiente:

“PRIMERO: Que se declare la nulidad del Oficio ITF -RS-2019-00000983 del 20

favorable sobre las siguientes:

1. Declaraciones y condenas1

El demandante refiere lo siguiente:

“PRIMERO: Que se declare la nulidad del Oficio ITF -RS-2019-00000983 del 20 de noviembre de 2019, el cual fue recibido el 03 de diciembre de 2019, mediante el cual la señora GLORIA INES OLAYA URUEÑA, en condición de Coordinadora de Talento Humano del INSTITUTO TOLIME NSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL ITFIP, da respuesta parcial a la reclamación elevada por el DEMANDANTE el 19 de septiembre de 2019.

SEGUNDO: Que se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 0773 del 16 de septiembre de 2019, emitida por el Dr. MARIO FERNANDO DÍAZ PAVA, en

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su calidad de rector del INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL ITFIP, la cual fue recibida el 03 de diciembre de 2019, en cuanto no ordenó el pago de prestaciones sociales adeudadas pese a efectuar el retiro del servicio del señor LUIS ALBERTO ALFONSO BARCO, titular de la cédula de ciudadanía No. 93.116.167 de Espinal.

no ordenó el pago de prestaciones sociales adeudadas pese a efectuar el retiro del servicio del señor LUIS ALBERTO ALFONSO BARCO, titular de la cédula de ciudadanía No. 93.116.167 de Espinal.

TERCERO: Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto acusado, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene y se condene al INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL ITFIP, a reconocer y pagar los siguientes o similares haberes a favor del señor LUIS ALBERTO ALFONSO BARCO, así: auxilio de cesantías, primas de servicios, primas de navidad, primas de vacaciones, compensación de vacaciones en dinero, bonificación por servicios prestados y bonificación por recreación, todas ellas consolidadas dentro del periodo comprendido entre el 22 de octubre de 2015 y el 16 de septiembre de 2019, fecha en la que se produjo el retiro definitivo del servicio de mi Mandante por haber adquirido la pensión de invalidez, junto con los demás estipendios y derechos laborales surgidos a favor de mi representado.

CUARTO: Que se condene al INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL ITFIP a pagar la sanción moratoria generada por el no pago oportuno y completo de las Cesantías, o en su defecto los respectivos intereses de mora, dados los perjuicios causados por esta omisión y el carácter fructuario del dinero, de conformid ad con lo dispuesto en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006. MORA CESANTIAS POR NO HABER

CONSIGNADO AL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.

fructuario del dinero, de conformid ad con lo dispuesto en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006. MORA CESANTIAS POR NO HABER

CONSIGNADO AL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.

QUINTO: Que se ordene a la convocada el reconocimiento y pago de los intereses por mora sobre las sumas adeudadas, dado el daño producido y el carácter fructuario del dinero, por la omisión en el pago de los derechos prestacionales que se le han dejado de remunerar a mi Mandante, desde el mes de octubre de 2015 y hasta cuando se haga efectivo su pago.

SEXTO: Las sumas reconocidas deberán indexarse, teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor desde el momento en que las obligaciones se hicieron exigibles, de conformidad con lo contemplado por el C.PA.C.A., aplicando la

siguiente fórmula:

Índice final R= Rh x _____________ Índice inicial

SEPTIMO: Que se condene al INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL ITFIP a dar cumplimiento a la sentencia a más tardar dentro del término que señala el artículo 192 del C.P.A.C.A.

OCTAVO: Que se ordene al INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL ITFIP, reconocer sobre las cantidades líquidas que resulten como consecuencia del fallo, intereses moratorios, conforme a lo establecido en el mismo artículo 192 del C.P.A.C.A.

NOVENO: Que se condene en costas a la parte convocada en los términos del

resulten como consecuencia del fallo, intereses moratorios, conforme a lo establecido en el mismo artículo 192 del C.P.A.C.A.

NOVENO: Que se condene en costas a la parte convocada en los términos del artículo 188 del C.P.A.C.A.”Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 3

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2. Hechos2

El señor Luis Alberto Alfonso Barco (q.e.p.d), se vinculó en calidad de empleado público al servicio del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP a partir del 15 de marzo de 1994, para desempeñar el cargo de Celador, Código 6020 Grado 06, el cual fue posteriormente recategorizado al de Celador, Código 4097, Grado 07.

Indicó que, ejecutó sus labores a favor de la entidad demandada sin contratiempo alguno durante los primeros veinte años de servicios, lamentablemente, para el año 2015 empezó a presentar quebrantos de salud, razón por la cual permaneció incapacitado médicamente por más de 180 días, señaló que la EPS Cafesalud a la cual se encontraba afiliado, emitió un concepto de rehabilitación desfavorablemente con relación al diagnóstico principal de origen común denominado “TUMOR MALIGNO DE L CEREBELO –C716”, que le fue notificado a Colfondos el 12 de agosto de 2015.

de rehabilitación desfavorablemente con relación al diagnóstico principal de origen común denominado “TUMOR MALIGNO DE L CEREBELO –C716”, que le fue notificado a Colfondos el 12 de agosto de 2015.

En razón a lo anterior, Colfondo s el 14 de mayo de 2016 mediante dictamen emitido No. 3132822 por los diagnósticos de tumor benigno de la amígdala, síndrome de infarto cerebeloso, diabetes mellitus insulino dependiente e hipertensión arterial, determinó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral al demandante del 41.93%, por enfermedad de origen común, con fecha de estructuración 06 de mayo de 2016.

Posteriormente, el expediente fue remitido a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima , quien a través del dictamen de d eterminación de origen y/o pérdida de capacidad laboral y ocupacional No. 28-0227-2016 del 08 de noviembre de 2016, modificó la calificación médica al indicar que el mismo presentaba una pérdida de capacidad laboral de 54.10%

El accionante se dirigió a Colfondos con el objetivo de obtener el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, fundamentando su petición en la pérdida de capacidad laboral superior al 50%, no obstante, la entidad rechazó la solicitud, argumentando la interposición de recursos contra el dictamen de la Junta mediante memorial del 19 de diciembre de 2016, en consecuencia, el 22 de mayo de 2017, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima notificó el Dictamen No. 28 -0227-2016, emitido el 24 de abril del mismo año, el cual, tras verificar la información médica del señor

Invalidez del Tolima notificó el Dictamen No. 28 -0227-2016, emitido el 24 de abril del mismo año, el cual, tras verificar la información médica del señor Alfonso obrante en el expediente, ratificó íntegramente la decisión inicial.

En este contexto, la Junta Regional, a través de oficio radicado ante Colfondos el 27 de marzo de 2018, solicitó el pago de los honorarios correspondientes, paralelamente, el Fondo Privado, mediante oficio BP-R-I-L-40615-03-2018 de la misma fecha, requirió a la Junta Regional la información pertinente sobre el trámite del expediente.

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Mediante oficio del 9 de abril de 2018, Colfondos informó a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima que el pago de los honorarios reclamados se había efectuado desde diciembre de 2016, sin embargo, con el fin de agilizar el proceso, se actualizó el valor depositado conforme al salario mínimo de 2018, adjuntando las constancias de consignación a favor de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

Que, Colfondos igualmente comunicó al accionante que la formalización de su derecho pensional estaba supeditada a la consignación en su Cuenta de Ahorro

Calificación de Invalidez.

Que, Colfondos igualmente comunicó al accionante que la formalización de su derecho pensional estaba supeditada a la consignación en su Cuenta de Ahorro Individual (CAI) de los recursos del bono pensional, capital esencial para financiar su futura pensión de vejez, en seguimiento a este asunto, el 4 de marzo de 2019, se presentó una nueva instancia ante Colfondos para conocer el estado de emisión del citado bono, motivado por la presunta corrección de las falencias por parte del ITFIP, en respuesta, la enti dad adjuntó copia del requerimiento del 6 de marzo del mismo año, informando al instituto demandado sobre la persistencia de un error en la emisión del bono, este error se originaba en la ausencia de registros de aportes del ITFIP a CAJANAL en su base de datos, razón por la cual se solicitó con carácter urgente la remisión de la planilla de afiliación que acreditara los pagos efectuados por la entidad a la referida Caja de Previsión Social.

Posteriormente, después de la multiplicidad de trámites administrativos, mediante oficio BP-R-I-L-48184-07-19 de fecha 10 de julio de 2019, Colfondos le informó tanto al ITFIP como a l demandante que, por haber cumplido los requisitos de Ley, la solicitud de Pensión de Invalidez había sido aprobada a su favor, a partir del 09 de septiembre de 2015, requiriéndolo para que aportara documentación adicional relacionada con el pago de aportes al Sistem a de Seguridad Social en Salud a efectos de evitar descuentos del retroactivo pensional.

Una vez reunida la totalidad de la documentación exigida, se procedió al

documentación adicional relacionada con el pago de aportes al Sistem a de Seguridad Social en Salud a efectos de evitar descuentos del retroactivo pensional.

Una vez reunida la totalidad de la documentación exigida, se procedió al reconocimiento de la pensión de invalidez en favor del demandante, adicionalmente, mediante oficio del 3 de septiembre de 2019, la Coordinadora de Talento Humano del instituto demanda do solicitó al señor Barco presentar una comunicación formalizando su retiro del servicio.

Como consecuencia de ello, el recurrente a través de memorial presentado ante el ITFIP el 19 de septiembre de 2019 , comunicó su retiro del servicio, el cual debió hacerse efectiv o a partir del 11 de ese mismo mes y año cuando le fue notificado formalmente por parte de Colfondos que se había producido su Ingreso a la Nómina de Pensionados.

Que, f ue así como, el ITFIP profirió el oficio ITF -RS-2019-00000983 el 20 de noviembre de 2019, por medio del cual se dio respuesta negativa a la pretensión de liquidación y pago de las prestaciones sociales del demandante que debían generase hasta el 11 de septiembre de 2019, cuando se produjo su retiro del servicio, asimismo adjuntó la copia de la Resolución No. 0773 del 16 de septiembre de 2019 “ por la cual se efectúa el retiro del servicio de un empleadoMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 5

Demandante: LUIS ALBERTO ALFONSO BARCO Demandado: INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TÉCNICA PROFESIONAL - ITFIP Radicación: 73001-33-33-004-2020-00093-01

Demandante: LUIS ALBERTO ALFONSO BARCO Demandado: INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TÉCNICA PROFESIONAL - ITFIP Radicación: 73001-33-33-004-2020-00093-01

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por pensión de invalidez ”, ordenando el retiro del servicio del señor Barco a partir del 16 de septiembre de 2019.

La entidad le indicó que las prestaciones sociales sólo se habían causado hasta el 21 de octubre de 2015, fecha en que conforme con sus registros se había completado los 180 días de incapacidad médica, razón por la cual se concluyó que a partir del día siguiente no oper ó el reconocimiento de prestaciones, indicando que solo se le adeuda la compensación en dinero de las vacaciones causadas.

Consecutivamente, el ITFIP anexó la autorización para que el demandante gestionara el retiro de sus cesantías acumuladas en el Fondo Nacional del Ahorro, pero al efectuar la consulta ante tal Entidad, se le informó que su saldo era de $52.372 pesos, y que la última consolidación de esta prestación por parte de su empleador se había generado el 28 de enero de 2016, al consignar el monto de las cesantías correspondientes al año 2015.

El demandante e nfatizó que el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP no cumplió con sus obligaciones como empleador, respecto al pago de las prestaciones sociales causadas hasta el 16 de septiembre de 2019, fecha en la que se produjo su retiro definit ivo del servicio, negando el reconocimiento y pago de las mismas.

3. Normas violadas y Concepto de Violación

al pago de las prestaciones sociales causadas hasta el 16 de septiembre de 2019, fecha en la que se produjo su retiro definit ivo del servicio, negando el reconocimiento y pago de las mismas.

3. Normas violadas y Concepto de Violación

Como normas violadas se citaron en la demanda las siguientes:

• Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 6, 13, 23, 25, 38, 39, 40, 48, 53, 55 y 123. - Ley 6 de 1945. - Ley 100 de 1993. - Decreto Ley 1045 de 1978. - Decreto 3135 de 1968. - Decreto 1042 de 1978. - Decreto 1848 de 1969. - C.P.A.C.A, artículos 138, 161, 162, 163 y 164.

Aseguró la apoderada de la parte demandante , que en el presente asunto se transgredieron las disposiciones citadas, por cuanto se desconocieron las obligaciones en ellas contenidas, así como los preceptos de orden constitucional y jurisprudencial, que desarrollan principios tales como la estabilidad en el empleo, la igualdad de oportunidades para los trabajadores, la irrenunciabilidad de derechos ciertos, la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y el no menoscabo de derecho s o condición más beneficiosa, entre otros.

Consideró relevante señalar que el incumplimiento del ITFIP en el pago oportuno y proporcional de sus obligaciones laborales le ocasionó a su representado un grave perjuicio moral, tal afectación se manifestó en laMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 6

oportuno y proporcional de sus obligaciones laborales le ocasionó a su representado un grave perjuicio moral, tal afectación se manifestó en laMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 6

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angustia generada por la ausencia de ingresos económicos, especialmente al considerar que no se efectuó ningún subsidio desde la emisión del concepto desfavorable de rehabilitación, el 10 de agosto de 2015, situación que se extendió hasta agosto de 2018, fecha en que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez confirmó que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del señor Alfonso Barco superaba el 50%.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

4.1. Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional - ITFIP 3

Dentro del término legal por medio de apoderada judicial, la entidad se pronunció oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda, afirmando que luego de superarse los 180 días de incapacidad, el recurrente en ningún momento les manifestó que tenía orden de reintegro por parte de su EPS y que cuando se presentó aquella disposición, informó que estaba tramitando su calificación ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima.

Indicó que la institución siempre cooperó en todo lo relacionado con el proceso de calificación y solicitud de la pensión, tanto así que, aún después de excluirlo

estaba tramitando su calificación ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima.

Indicó que la institución siempre cooperó en todo lo relacionado con el proceso de calificación y solicitud de la pensión, tanto así que, aún después de excluirlo de la nómina continuó realizando las cotizaciones a salud y pensión del demandante por más de 10 meses, sin que hasta el momento se haya reintegrado ese dinero al ITFIP.

La entidad señaló que, cuando le reconocieron la pérdida de capacidad laboral al demandante, se la hicieron retroactiva al año 2015 y existe soporte que aquel solicitó a C olfondos que le cancela ran por indemnización la suma de $281.056.397 con una fecha de retroactividad del 9 de septiembre de 2015, en consecuencia, la entidad determinó que no adeudaba los salarios reclamados por el señor Barco, argumentando su imposibilidad física para prestar el servicio y la ausencia de una orden de reintegro.

Argumentó que si se multiplicara los salarios desde el 9 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2019, fecha en la que se realizó el pago del retroactivo, se evidenciaría que como no realizó trabajo suplementario o de horas extras p or no encontrarse activo, se tendría una suma superior a lo que hubiera devengado estando trabajando, es por ello que la entidad siempre se ha opuesto a reconocer deuda alguna , recalcando que todas las prestaciones sociales se le cancelaron al demandante antes de que fuera calificado con un porcentaje superior al 50%

La entidad adujó que al ser una entidad pública no puede cancelar sumas de dinero que no está obligado a pagar , el demandante ya había superado una

cancelaron al demandante antes de que fuera calificado con un porcentaje superior al 50%

La entidad adujó que al ser una entidad pública no puede cancelar sumas de dinero que no está obligado a pagar , el demandante ya había superado una incapacidad de 180 días y no prestaba ya el servicio, por tal razón, se le excluyó de la nómina , anudado a ello, no presentó a nte la entidad un soporte de reintegro ni volvió a tener incapacidades toda vez que su salud había mejorado

3 Fl. 037 cuaderno principal, Expediente digital SAMAIMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 7

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totalmente, empero ITFIP siguió cancelando los aportes en salud y pensión una suma cerca a los $9.000.000, suma que no fue devuelta a la Institución.

Enfatizó que, al no haber prestado sus servicios ni haber estado incapacitado durante los periodos en que no presentó la respectiva certificación, el señor Luis Alfonso carecía de derecho a prestación alguna posterior a los 180 días, argumentando que aquel la situación configuró un presunto abandono del cargo, al haber transcurrido más de tres días desde la finalización de su última incapacidad sin que se reintegrara a sus labores.

La entidad demanda no propuso excepciones.

5. Sentencia4

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante

incapacidad sin que se reintegrara a sus labores.

La entidad demanda no propuso excepciones.

5. Sentencia4

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia proferida el 29 de septiembre de 2023, resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo distinguido como Oficio No. ITF -RS-2019-00000983 del 20 de noviembre de 2019 y la nulidad parcial de la Resolución No. 0773 del 16 de septiembre de 2020, en tanto negaron el reconocimiento de las prestaciones sociales causadas entre el 22 de octubre de 2015 y el 31 de julio de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNESE al INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONALITFIP-, a reconocer y pagar a la parte accionante, herederos determinados e indeterminados de LUIS ALBERTO ALFONSO BARCO (q.e.p.d.), las sumas correspondientes al auxilio de cesantías y prima de navidad, causados entre el 22 de octubre de 2015 y el 31 de julio de 2019, de acuerdo con lo que se indicó en la parte motiva de esta decisión.

Las sumas reconocidas deberán cancelarse debidamente indexadas, para lo cual el valor presente (R) se determinará multiplicando el valor histórico (Rh), que es la diferencia dejada de percibir por el demandante desde la fecha en que ésta se hizo exigible h asta la ejecutoria de la presente sentencia, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor

(Rh), que es la diferencia dejada de percibir por el demandante desde la fecha en que ésta se hizo exigible h asta la ejecutoria de la presente sentencia, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente al último día del mes en que se ejecutoríe esta sentencia) por el índice inicial (vigente al últim o día del mes en que se causó el derecho).

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: DECLARAR que no ha operado el fenómeno jurídico de la prescripción respecto a las cesantías definitivas adeudadas.

QUINTO: DECLARAR que ha operado el fenómeno jurídico de la prescripción respecto a las sumas adeudadas por concepto de prima de navidad, causadas con anterioridad al 19 de septiembre de 2016.

4 Expediente digital SAMAI índice 00097Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 8

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SEXTO: CONDENAR en costas al INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL -ITFIP-, por las razones expuestas con antelación, reconociéndose como agencias en derecho en favor del extremo accionante, suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. Por Secretaría, liquídense.

SÉPTIMO: El cumplimiento de la sentencia se regirá por lo dispuesto en los

extremo accionante, suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. Por Secretaría, liquídense.

SÉPTIMO: El cumplimiento de la sentencia se regirá por lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA.

OCTAVO: Reconocer personería jurídica para que represente los intereses de la parte demandada, INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL -ITFIP-, a la abogada AMPARO SÁNCHEZ PERDOMO, identificada con la C.C. No. 38.140.560 y T.P. No. 130.351 del C.S de la J.

NOVENO: Ejecutoriada ésta providencia, se ordena el archivo definitivo del expediente, previas constancias de rigor y anotaciones en el Sistema SAMAI, así como la comunicación a la entidad demandada para su ejecución y cumplimiento.”

En p rimera instancia se planteó como problema jurídico , determinar si fue procedente declarar la nulidad de los actos acusados y en consecuencia si la parte demandante tenía derecho al reconocimiento y pago de los siguiente s emolumentos por parte de su ex empleador: cesantías, sanción moratoria por no pago oportuno de cesantías, primas de servicios, navidad y vacaciones, bonificación por servicios prestados y recreación, y compensación de vacaciones, causados entre el 22 de o ctubre de 2015 y el 16 de septiembre de 2019, fecha esta última en la que aquél se retiró del servicio por haber adquirido pensión de invalidez, o si por el contrario, se debía mantener la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados.

El A quo precisó que el 10 de noviembre de 2015 se completaron los 180 días de

pensión de invalidez, o si por el contrario, se debía mantener la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados.

El A quo precisó que el 10 de noviembre de 2015 se completaron los 180 días de incapacidad continua, según lo expedido por la EPS, no obstante, entre el 11 de noviembre de 2015 y el 24 de enero de 2016, se emitieron incapacidades adicionales que no fueron pagadas por la entidad prestadora de salud, por ser competencia de la AFP, aun teniendo conocimiento del concepto desfavorable de rehabilitación emitido desde el 10 de agosto de 2015, por lo que inició el trámite de calificación de invalidez y, en consecuencia, no efectuó ningún pago por las incapacidades otorgadas durante los periodos mencionados.

Destacó el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, el cual establece que la pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de la parte interesada y se pagará de forma retroactiva desde la fecha en que se origine dicho estado , l a fecha de estructuración del estado de invalidez corresponde al momento en que la persona evaluada alcanza el 50% de pérdida de su capacidad laboral u ocupacional, siendo esta fecha de crucial importancia para determinar las responsabilidades en cuanto al pago de las prestaciones derivada s de este evento.

Considerando lo anterior y constatando que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez fijó el 9 de septiembre de 2015 como fecha de estructuración delMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 9

Demandante: LUIS ALBERTO ALFONSO BARCO

Demandado: INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TÉCNICA PROFESIONAL - ITFIP

Demandante: LUIS ALBERTO ALFONSO BARCO Demandado: INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TÉCNICA PROFESIONAL - ITFIP Radicación: 73001-33-33-004-2020-00093-01

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estado de invalidez, y que Colfondos realizó el pago retroactivo de la pensión de invalidez al demandante, el A quo determinó que los afiliados no pueden percibir simultáneamente pagos correspondientes a incapacidades generadas con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez y la mesada pensiona l debido a que implicaría recibir doble pago por la misma causa.

En atención a la fecha de estructuración y la fecha de adquisición del estatus pensional por parte del señor Luis Alberto Alfonso (q.e.p.d.), y conforme con lo establecido en la Sentencia T-140 de 2016 de la Corte Constitucional, la primera instancia señaló que las incapacidades que se hubieren otorgado por un periodo superior a los primeros 180 días quedaron cubiertas con el pago del retroactivo pensional correspondiente, no obstante, enfatizó que la situación del vínculo laboral es diferente, comoquiera q ue este subsistió hasta que se definió claramente la situación laboral del accionante y se procedió a su inclusión en la nómina de pensionados en agosto de 2019, por lo que consecuencialmente, el empleador está obligado a cancelar las prestaciones sociales c ausadas durante ese periodo laboral.

Con respecto al pago del auxilio de cesantías, se precisó que, al encontrarse el demandante afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, se adeudaba la prestación correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de octubre de 2015 y el mes

Con respecto al pago del auxilio de cesantías, se precisó que, al encontrarse el demandante afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, se adeudaba la prestación correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de octubre de 2015 y el mes de julio de 2019, mo mento previo a su inclusión en la nómina de pensionados en agosto de 2019, adicionalmente, estableció que también se adeudaba la prima de navidad.

Finalmente, la juez de primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad de los actos administrativos demandados que negaban al recurrente el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales causadas durante la vigencia de su vínculo labora l con el ITFIP.

6. Apelación5

6.1. Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional - ITFIP 6 La apoderada judicial de la parte demandada interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 29 de septiembre de 2023, mediante el cual solicitó que sea revocada la decisión emitida por considerar que la entidad pagó al funcionario en debida forma las prestaciones sociales adeudadas, en la medida de que nunca se tuvo conocimiento de incapacidad alguna hasta el momento en que se produjo el reconocimiento de su pensión de invalidez.

En relación con la tesis adoptada en primera instancia, la entidad reiteró que el retiro del servicio del demandante se produjo como consecuencia de la ejecutoria de la notificación de pensión de invalidez. Ello, con fundamento en

5 Expediente digital SAMAI índice 00037

retiro del servicio del demandante se produjo como consecuencia de la ejecutoria de la notificación de pensión de invalidez