TA TOL - Sentencia 73001-33-33-004-2022-00016-01 (03-04-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

SALA DE ORALIDAD

M.P. LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA

Ibagué, tres (03) de abril de dos mil veinticinco (2025)

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Radicado: 73001-33-33-004-2022-00016-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento de derecho

Demandante: Adriana Del Pilar Diaz Castro.

Apoderado: Jairo Cardozo Cardozo.

Demandado: Municipio de Ibagué.

Apoderado: Juanita Londoño Cárdenas.

Tema: Contrato realidad

ASUNTO

Decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 29 de septiembre de 2023 por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, que denegó las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Adriana Del Pilar Diaz Castro 1, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra municipio de Ibagué, pretende se declare la existencia de una relación laboral encubierta a través de co ntratos de prestación de servicios y el pago de las prestaciones sociales derivadas de la supuesta relación laboral.

1.1.1. Pretensiones.2

Se declare nulo el acto administrativo contenido en el oficio identificado con el numero 61010 expedido por el municipio de Ibagué , a través del cual el ente territorial negó el reconocimiento de la relación laboral al igual que el

Se declare nulo el acto administrativo contenido en el oficio identificado con el numero 61010 expedido por el municipio de Ibagué , a través del cual el ente territorial negó el reconocimiento de la relación laboral al igual que el reconocimiento de las prestaciones sociales derivadas: prima de servicios, prima de vacaciones, compensación de vacaciones, prima de navidad, cesantías e intereses a las cesantías y bonificaciones.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho se ordene al municipio de Ibagué a cancelar y pagar: p rima de servicios, prima de vacaciones, compensación de vacaciones, prima de navidad, cesantías e intereses a las cesantías , bonificaciones, indemnización por el no pago del auxilio de

1 Por medio de apoderado. 2SAMAI expediente digital tribunal, actuación expediente digital índice 4 descripción del documento 1_730013333004202200016011EXPEDIENTEDIGI20231117101139 carpeta Cuaderno principal documento 29_RECEPCIONMEMORIAL_SUBSANACIO_MEMORIALSUBSANAMED.pdf2

cesantías, indemnización por despido injustificado y el reintegro de descuentos efectuados por concepto de honorarios.

Solicitó se condene a la entidad en costas, y que la condena se ajuste a los artículos 192 y 195 del C ódigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

1.1.2. Hechos. 3

Los hechos que motivaron la demanda sucintamente se resumen en:

La señora prestó sus servicios al municipio de Ibagué en la secretaria de infraestructura desde el 01 de enero del año 2018 hasta el 26 de noviembre de

Los hechos que motivaron la demanda sucintamente se resumen en:

La señora prestó sus servicios al municipio de Ibagué en la secretaria de infraestructura desde el 01 de enero del año 2018 hasta el 26 de noviembre de 2019, refirió que durante este lapso cumplió el horario impuesto por la entidad, incluyendo los sábados, ejerciendo sus actividades bajo subordinación, recibiendo órdenes y directrices.

Como contraprestación por las actividades prestadas, recibía una remuneración económica.

1.2. Contestación de la demanda. 4 Se refirió en cuanto a los hechos manifestando que algunos eran ciertos y que otros no son ciertos, o son apreciaciones de la parte demandante.

Como argumentos de defensa, planteó que la señora Diaz Castro estuvo vinculada por medio de contratos de prestación de servicios , motivo por el cual no hay lugar a reconocer prestaciones sociales o cualquier otro derecho que no este contemplado para las vinculaciones por contratos estatales de prestación de servicios.

Explicó que las relaciones contractuales de prestación de servicios están reguladas por la Ley 80 de 1993, y que la referida ley permite en su artículo 32 numeral 3° celebrar contratos de prestación de servicios cuando las actividades propias de la administración no puede n realizarse con el personal de planta , por lo que los mismos deben realizarse solo por el término estrictamente indispensable.

Señaló que las actividades que debía desarrollar la accionante no estaban asignadas a ningún funcionario de planta, y que dado lo anterior, fue que surgió la necesidad de contratar a través un contrato de prestación de servicios personal en este caso la señora Adriana del Pilar para el desarrollo de dichas actividades.

asignadas a ningún funcionario de planta, y que dado lo anterior, fue que surgió la necesidad de contratar a través un contrato de prestación de servicios personal en este caso la señora Adriana del Pilar para el desarrollo de dichas actividades.

Refirió que no concurren los elementos necesario s para la declaración de un contrato realidad, en virtud de la ausencia de elementos de prueba que acrediten la subordinación, por lo que de acuerdo a la jurisprudencia no hay lugar lo pretendido por el extremo pasivo del proceso.

3SAMAI expediente digital tribunal, actuación expediente digital índice 4 descripción del documento 1_730013333004202200016011EXPEDIENTEDIGI20231117101139 carpeta Cuaderno principal documento 29_RECEPCIONMEMORIAL_SUBSANACIO_MEMORIALSUBSANAMED.pdf 4SAMAI expediente digital tribunal, actuación expediente digital índice 4 descripción del documento 1_730013333004202200016011EXPEDIENTEDIGI20231117101139 carpeta Cuaderno principal documento 35_RECEPCIONMEMORIAL_CONTESTACI_CONTESTACIONPODERM.pdf y 36_RECEPCIONMEMORIAL_CONTESTACI_CONTESTACIONPODERM.pdf3

1.3. Sentencia de primera instancia.5

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué profirió sentencia de primera instancia el 29 de septiembre de 2023 , a través de la cual negó las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por ADRIANA DEL PILAR DIAZ CASTRO en contra del MUNICIPIO DE IBAGUÉ, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante y a favor de la

ADRIANA DEL PILAR DIAZ CASTRO en contra del MUNICIPIO DE IBAGUÉ, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante y a favor de la demandada, por las razones expuestas con antelación, incluyé ndose como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) Salario Mínimo

Legal Mensual Vigente. Por Secretaría, liquídense.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente, previas las constancias de rigor y anotaciones en el Sistema SAMAI.”

Los argumentos que motivaron la anterior decisión fueron sucintamente:

El material probatorio recaudado especial de las copias de los contratos de prestación de servicios allegados permite establecer que la señora ADRIANA DEL PILAR DIAZ CASTRO tuvo una con la entidad demandada municipio de Ibagué, una relación contractual que se extendió entre el 1° de febrero de 2018 y el 30 de diciembre del mismo año atenidos a la prórroga de tres meses efectuada al contrato No. 1372 de 2018, así como entre el 03 de abril de 2019 y el 15 de diciembre del mismo año, conforme a la prórroga efectuada el 26 de noviembre de 2019, al contrato No. 1639 de 2019, por un término de trece días , sumado a los te stimonios rendidos en audiencia de pruebas, permiten concluir al despacho que la demandante debió cumplir personalmente con la labor contratada, ratificando lo consignado en el acápite de hechos de la demanda.

Respecto a la remuneración que recibió el dem andante durante el tiempo que sostuvo la relación contractual con la entidad demandada, cada uno de los contratos

de hechos de la demanda.

Respecto a la remuneración que recibió el dem andante durante el tiempo que sostuvo la relación contractual con la entidad demandada, cada uno de los contratos mencionados especifica en la cláusula cuarta, el número de certificado de disponibilidad presupuestal constituido para garantizar el pago de dicho contrato, así como la forma de pago, aunque dentro de las pruebas recaudadas no aparezca copia de los comprobantes de pago realizados a la señora Adriana del Pilar Diaz Castro en contraprestación a los servicios que prestó a la entidad demandada, lo cierto es que la relación probatoria descrita anteriormente, da cuenta inequívoca de que la demandante recibió una remuneración por los servicios que prestó.

Al analizar el elemento subordinante, encontró que no se acreditaban los indicio fijados por el C onsejo de Estado, debido a que las funciones debía cumplirlas en diferentes lugares, por lo que no se logró probar como era controlado el horario resaltó que no existe certeza de que los deponentes compartieran espacio de trabajo, refirió que tampoco obra prueba que acredite que la demandante estaba en constante supervisión o vigilancia por fuera del marco normal de la ejecución de un contrato, así concluyó no estar acreditado el elemento subordinante.

5SAMAI expediente digital tribunal, actuación expediente digital índice 4 descripción del documento 1_730013333006202200235011EXPEDIE NTEDIGI20231218112745 carpeta 01CuadernoPrincipal documento 034Sentencia20231102.pdf4

1.4. Recurso de apelación

El apoderado de la accionante presentó recurso de apelación al estar en disenso con la sentencia proferida en primera instancia, argumentó que una de las

034Sentencia20231102.pdf4

1.4. Recurso de apelación

El apoderado de la accionante presentó recurso de apelación al estar en disenso con la sentencia proferida en primera instancia, argumentó que una de las funciones del municipio de Ibagué establecido en el plan de gobierno era llevar bienestar social a la comunidad, con arreglo, adecuación, pavimentación de las vías urbanas, arreglo de fachada de la vivienda de las personas de escasos recursos y pintada del frente del bien inmueble.

Agregó que la optimización de la malla vía urbana estaba contemplada en el banco de programas y proyectos de inversión municipal, con código de viabilidad BPIN 2016730010092, el cual esta registrado y actualizado para la vigencia del año 2019 de acuerdo con el Decreto 1000-867 del 27 de septiembre de 2017.

Refirió que en concordancia con la certificación de la directora de grupo de gestión del talento humano del municipio fechada de 15 de febrero de 2019, así como el manual de funciones y la planta de personal del municipio se pudo corroborar que el ente territorial cuenta con personal de perfil profesional pero no con disponibilidad de tiempo para prestar estos servicios que no requiere experiencia en salud ocupacional para desarrollar el programa de infraestructura para la competitividad y el desarrollo sostenible ejecutado por la Secretaria de Infraestructura del municipio.

Señaló que la accionante y la secretaría de infraestructura, así como la supervisora del contrato firmaron el contrato 1372 de 2018, así mismo se refirió frente al contrato 1639 de 2019.

Alegó que los contratos antes mencionados tenían como objeto la prestación de servicios profesionales de salud ocupacional para el desarrollo del programa de la

del contrato firmaron el contrato 1372 de 2018, así mismo se refirió frente al contrato 1639 de 2019.

Alegó que los contratos antes mencionados tenían como objeto la prestación de servicios profesionales de salud ocupacional para el desarrollo del programa de la infraestructura para la competitividad y desarrollo sostenible ejecutado por la secretaria de infraestructura, labores que se encuentran debidamente detallado en los contratos 1372 y 1639.

Cuestionó la valoración de las pruebas tanto documental como lo es el expediente contractual de la accionante y también los testimonios rendidos.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El presente asunto es competencia de esta Corporación de acuerdo con lo establecido en el artículo 153 del CPACA, según el cual los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos, así como de las apelaciones de autos susceptibles de este recurso.

En igual sentido, esta se ajustará de acuerdo con lo establecido en el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso, por remisión del artículo 306 del CPACA. De acuerdo con dicha disposición, se realizará pronunciamiento únicamente sobre los argumentos expuestos por el apelante en el recurso de alzada, sin dejar de lado las decisiones que se deban adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

2.2. Procedibilidad del recurso de apelación5

De acuerdo con lo establecido en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, son apelables las sentencias de primera instancia, circunstancia que se avizora en el presente caso.

2.3. Problema jurídico

De acuerdo con lo establecido en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, son apelables las sentencias de primera instancia, circunstancia que se avizora en el presente caso.

2.3. Problema jurídico

De acuerdo con el marco de la apelación, corresponde a la Sala decidir:

Si en el proceso de la referencia la parte demandante logró acreditar el elemento subordinante.

2.3.1. Tesis de la Sala

Se confirmará la sentencia de primera instancia a través de la cual se negaron las pretensiones, en virtud de que las pruebas no acreditaron el elemento subordinante que define la existencia del contrato realidad . Una vez analizadas las pruebas ninguna de ellas prueba que la accionante estuviese subordinada, debido a que el cumplimiento del objeto contractual lo desarrollaba con autonomía, fue ausente evidencia que diera cuenta de que la entidad por medio de algún funcionario exigiera el cumplimiento de órdenes, o definiera la cantidad, forma y modo de trabajo.

Analizados tanto las documentales como los testimonios estos solo prueban la prestación personal y la remuneración, sin embargo, la subordinación pretendida no fue probada estando ausente la acreditación de los indicios fijados por la jurisprudencia para el elemento subordinante , motivo por el cual de confirma la sentencia que negó las pretensiones.

2.4. Marco normativo 2.4.1. Contrato realidad.

En cuanto a los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993 o estatuto general de la contratación pública, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:

“Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades

En cuanto a los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993 o estatuto general de la contratación pública, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:

“Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requier an conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.”

En otros términos, el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admit e el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual.6

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicación: 63001 -23-33-000-2021-00072-01, sentencia del 11 de abril de 2024, demandante: Jaime Chávez Arcila, demandado: Municipio de Armenia.6

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las expresiones “no puedan realizarse con personal de planta o” y “en ningún caso (…) general relación laboral ni prestaciones sociales” , contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó

general relación laboral ni prestaciones sociales” , contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, así:

“Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación labora l y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o depend encia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de servicios y contrato de trabajo - se obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es e l que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administrac ión sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración

no puede tener frente a la administrac ión sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, a sí se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo.”

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 7, “[p]or el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil (…)”, dispone:

“Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural.

7 Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.7

Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.

Quienes presten al Es tado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales,

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.

Quienes presten al Es tado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratadas por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones.”

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia, entre otros criterios, como un eleme nto más que indica la existencia de una relación laboral. Frente al tema, la Corte expuso:

“La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos

tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos.”

De lo anterior se colige que el contrato de prestación de serv icios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de8

órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autón omos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales8.

2.4.2. Sentencias de unificación sobre contrato realidad del Consejo de

coordinación respecto de verdaderos contratistas autón omos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales8.

2.4.2. Sentencias de unificación sobre contrato realidad del Consejo de Estado.

De igual manera, el Consejo de Estado 9 ha recordado que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar d e la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculada bajo la modalidad d e contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión, elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en cuenta para decidir el asunto sub examine.

En lo que concierne a la prescripción cuando se declara la existencia de un contrato realidad encubierto mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación CE -SUJ2 No. 5 de 201610, precisó:

contrato realidad encubierto mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación CE -SUJ2 No. 5 de 201610, precisó:

(…) i) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual, (ii) sin embargo, el fenómeno prescriptivo no aplica frente a los aportes para pensión, (iii) lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el derecho pensional como tal; (iv) las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la caducidad del medio de control; (v) tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extr ajudicial como requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; vi) el estudio de la prescripción en cada caso concreto será objeto de la sentencia, una vez abordada y comprobada la existencia de la re lación laboral; y (vii) el juez contencioso administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de

comprobada la existencia de la re lación laboral; y (vii) el juez contencioso administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de

8 En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10). 9 Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 4 de febr ero de 2016, expediente: 81001 -23-33-0002012-00020-01 (316-2014). 10 Expediente 23001 -23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE -SUJ2-005-16, demandante: Lucinda María Cordero Causil, demandado: Municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba).9

seguridad social en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo laboral, sin que ello implique la adopción de una decisión extra petita, sino una consecuencia indispensable para lograr la efectividad de los derechos del trabajador, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva.”

En la misma providencia, además, se unificaron los siguientes criterios:

“(…) (i) el consecuente reconocimiento de las prestaciones por la nulidad del acto administrativo que niega la existencia de la relación laboral y del tiempo de servicios con fines pensionales proceden a título de restablecimiento del derecho, y (ii) el ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir por el maestrocontratista corresponderá a los honorarios pactados, por las razones indicadas en la motivación.”

de restablecimiento del derecho, y (ii) el ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir por el maestrocontratista corresponderá a los honorarios pactados, por las razones indicadas en la motivación.”

Posteriormente, la misma Corporación, en la sentencia de unificación SUJ -025CE-S2-202111, precisó las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o subyacentes mediante contratos de prestación de servicios:

“(i) La primera regla define que el concepto de “término estrictamente indispensable”, al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la finalización de un contrato y l a ejecución del siguiente, como término de la no solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que, frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal.”

2.5. Caso concreto

En el presente caso, la parte accionante interpuso el medio de control de nulidad y

asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de naturaleza