TA TOL - Sentencia 73001-33-33-006-2023-00013-01 (05-06-2025)

Ibagué, cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación Nº. Interno N°: 73001-33-33-006-2023-00013-01 2024/0721

Medio de Control: RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: GLEYDE MALDONADO CASTILLO

Demandado:

MUNICIPIO DE IBAGUE

IASUNTO A DECIDIR

De conformidad con lo establecido en los artículos 243 y 247 del C.P.A.C.A., procede esta Sala Oral a resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial del extremo pasivo contra la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el día 31 de mayo 2024, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

IIANTECEDENTES

1. Pretensiones1.

PRIMERO.- Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No 1607 de 11 de julio de 2022 “Por medio de la cual se reconoce y paga el retroactivo de la homologación y nivelación salarial, para el personal administrativo de los establecimientos educativos adscritos a la Secretaría de Educación Municipal “

SEGUNDO.- Condenar al Municipio de Ibagué - Secretaría de Educación de Ibagué, representada legalmente por el señor Alcalde Dr. Andrés Fab ian Hurtado Barrera y por el Secretario de Educación Dr. Manuel Rodríguez Acevedo, o por quienes sean o hagan sus veces, o por el apoderado judicial que para el efecto se designe, a ordenar el reconocimiento y pago del retroactivo por concepto de homologación y nive lación salarial de mi

Acevedo, o por quienes sean o hagan sus veces, o por el apoderado judicial que para el efecto se designe, a ordenar el reconocimiento y pago del retroactivo por concepto de homologación y nive lación salarial de mi poderdante como parte del personal administrativo adscrito a la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué por el periodo comprendido entre el 02 de noviembre de 20007 y el 11 de julio de 2022.

TERCERO.- Condenar a los demandados a una vez realizada la nivelación salarial se reliquiden todas las prestaciones sociales a que tiene derecho mi poderdante.

CUARTO.-Condenar a los demandados al pago de los intereses comerciales y moratorios a que haya lugar...

QUINTO.- Se condene a que el pago de los valores adeudados sea cancelados debidamente indexados.

SEXTO.- Se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido por el art. 192 del C.P.A.C.A.

1 Expte Juzgado – C.Ppal -Archivo 1fls 1-2Rad. 73001-33-33-006-2023-00013-01)

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2.- Fundamentos fácticos2

Como fundamento de sus pretensiones, la apoderada de la parte accionante expuso los hechos que pueden sintetizarse, así:

1Mediante Directiva Ministerial No 10 de 30 de junio de 2005, el Ministerio de Educación Nacional fijó los criterios para orientar el proceso de homologación y nivelación salarial del personal administrativo, disponiendo que para tal fin debía

1Mediante Directiva Ministerial No 10 de 30 de junio de 2005, el Ministerio de Educación Nacional fijó los criterios para orientar el proceso de homologación y nivelación salarial del personal administrativo, disponiendo que para tal fin debía elaborarse un estudio técnico cuyo producto era una tabla de homologación de las plantas de cargos con nivelaciones salariales, disponiendo igualmente que una vez efectuado dicho estudio técnico cada entidad territorial debía realizar la correspondiente homologación o nivelación salarial de los cargos administrativos.

2Indicó que en ningún aparte de la Directiva Ministerial se fijó un procedimiento especial que impusiera al personal administrativo la obligación de presentar documentación alguna diferente a la petición o reclamación administrativa.

3En cumplimento de lo ordenado en la citada Directiva Ministerial , el Departamento del Tolima expidió el Decreto No 11 -0550 de 25 de junio de 2007 que dispuso “Homologar y nivelar salarialmente los cargos administrativos e la Secretaría de Educación del Municipio de Ibagué financiados con los recursos del Sistema General de Participaciones” , homologación está dentro de la cual se encontraba el aquí demandante.

3Por Decreto 110551 de 25 de junio de 2007, el Municipio de Ibagué dispuso “Incorporar en la planta del personal de cargos homologada al personal administrativo del sector educativo financiado con recursos del Sistema General de Participaci ones en la Secretaria de Educación Municipal de Ibagué” , incorporando sin solución de continuidad a 354 funcionarios en diferentes cargos administrativos, dentro de los cuales se encontraba la demandante.

4El Municipio de Ibagué expidió los actos administrativos por medio de los cuales

continuidad a 354 funcionarios en diferentes cargos administrativos, dentro de los cuales se encontraba la demandante.

4El Municipio de Ibagué expidió los actos administrativos por medio de los cuales reconoció y pago el retroactivo salarial correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2006.

5Mediante petición radicada en el año 2007 la demandante solicitó a la Secretaría de Educación de Ibagué, que hiciera la revisión técnica del proceso de pago de homologación y nivelación salarial, pues pese a haberse realizado un reconocimiento de este, habían quedado saldos pendientes por pagar.

6Por petición radicada el 02 de noviembre de 2007 la accionante solicitó ante la entidad territorial demandada la cancelación de la nivelación salarial.

7El 13 mayo de 2009 la actora solicitó al Municipio de Ibagué la aplicación de la revisión del estudio técnico, y el 10 de noviembre de 2011 el Ministerio de Educación ordenó una nueva modificación al dicho estudio, indicando sobre que cargos debía efectuarse.

8Por oficio radicado el 01 de noviembre de 2012 se reiteró la solicitud de cancelación y pago de la nivelación salarial efectuada el 13 de mayo de 2009.

9El 17 de octubre de 2014 se suscribió por parte del Municipio de Ibagué el contrato de encargo fiduciario de administración y pagos con el BBVA ASSET MANAGMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, con el fin de asegurar el pago del retroactivo de los 354 funcionarios incorporados a la planta de cargos de la Secretaría de Educación de Ibagué.

S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, con el fin de asegurar el pago del retroactivo de los 354 funcionarios incorporados a la planta de cargos de la Secretaría de Educación de Ibagué.

2 Expdte Jugado –C.Ppal Archivo 1– fls 2-8Rad. 73001-33-33-006-2023-00013-01)

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10Nuevamente el 09 de noviembre de 2017 la accionante solicita información sobre el estado del trámite del pago del retroactivo de la nivelación salarial, y el 29 de enero de 2020 solicitó información sobre la interrupción de la prescripción,

11Manifestó que las últimas reclamaciones radicadas no configuraban una nueva reclamación tendiente a obtener el reconocimiento de una nueva homologación o nivelación salarial, pues hacían parte del único proceso administrativo que se llevaba a cabo en el Municipio de Ibagué, y lo que verdaderamente se ha pretendido es obtener la revisión de la homologación que recibió, interrumpiendo a través de reclamaciones administrativas el termino de prescripción trienal, sin embargo el Municipio de Ibagué ha desco nocido las reclamaciones presentadas, teniendo en cuenta únicamente la petición radicada el 15 de febrero de 2012.

12. A través del oficio No 1730 de 29 de julio de 2021, la Secretaría de Educación municipal remitió la liquidación del retroactivo y el estudio de prescripción al Ministerio de Educación Nacional, incluyendo dentro de la misma a 198 funcionarios, dentro de

municipal remitió la liquidación del retroactivo y el estudio de prescripción al Ministerio de Educación Nacional, incluyendo dentro de la misma a 198 funcionarios, dentro de los cuales se encontraba la aquí demandante, sin especificar el periodo de liquidación del retroactivo.

13. Manifestó que le Municipio había creado un trámite que no había sido incorporado en la Directiva Ministerial de 30 de junio de 2005, pues en el año 2021 exigió de manera generalizada al personal administrativo la radicación de los derechos de petición que se hubiesen presentado a lo largo del proceso con el fin de demostrar la existencia y configuración del derecho al pago, inobservando la prohibición legal de exigir documentación que ya se encontraba en su poder.

14El Ministerio de Educación Nacional ordenó al Municipio de Ibagué, efectuar el pago del retroactivo de homologación y nivelación salarial, entre otros , el de la aquí accionante, sin que se indicara los periodos a cancelar a fin de que la misma tuviera conocimiento del retroactivo reconocido y sin que tuviese la oportunidad de controvertir la supuesta prescripción decretada en su contra o alegar los periodos no reconocidos.

15Adujo que la demándate siempre radicó peticiones que interrumpían la prescripción y pese a ello el Ministerio de Educación le dio vía libre al Municipio para que realizara un reconocimiento parcial, teniendo en cuenta los años que ya habían obtenido reconocimiento desde el 25 de agosto de 2015.

16A través de la Resolución No 1607 de 11 de julio de 2022 la accionada reconoció a favor de la parte actora la suma de $21.634.118 por los periodos comprendido entre

16A través de la Resolución No 1607 de 11 de julio de 2022 la accionada reconoció a favor de la parte actora la suma de $21.634.118 por los periodos comprendido entre el 01 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011, desconociendo las reclamaciones administrativas presentadas con anterioridad al 15 de febrero de 2012.

3.- Contestación de la demanda.

Por conducto de su apoderado judicial la entidad territorial accionada contestó el libelo introductorio, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones por carecer de fundamentos de hecho y de derecho.

Manifestó que el Municipio de Ibagué adelantó el trámite de incorporación del personal administrativo que le fue asignado al municipio y gestionó el trámite previsto en la Directiva No. 10 de 2005, profiriéndose los actos administrativos tendientes al reconocimiento de la homologación con base en el estudio técnico y de prescripción de acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Educación Nacional y a la liquidación aprobada por el citado ministerio.

Propuso los siguientes medios exceptivos: i) Inexistencia de ilegalidad del acto administrativo demandado; ii) Falta de integración del contradictorio.

4.- La sentencia apelada3.

3 Expdte Jugado –C.PpalArchivo 54Rad. 73001-33-33-006-2023-00013-01)

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El 31 de mayo de 2024 el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué,

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El 31 de mayo de 2024 el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué, procedió a dictar sentencia, en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Señaló que el proceso de homologación y nivelación salarial era aplicable al personal docente, directivo y empleados administrativos que fueron incorporados al proceso de descentralización del servicio educativo, transito este que no desconoce que las entidades territoriales en ejercicio de su autonomía constitucional tenían la facultad de señalar el régimen salarial de sus servidores, dentro de los límites establecidos por el Gobierno mediante decretos de desarrollo de la ley marco.

Dijo que en el sub examine no existía disputa sobre el derecho de la demandante a la homologación y nivelación salarial como personal administrativo de la educación, pues había sido incluida en el grupo de servidores que a través del Decreto No 1.1 -0554 de junio de 2007 fueron incorporados sin solución de continuidad al personal administrativo de las instituciones educativas adscritas a la Secretaría de Educación de Ibagué, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones, en el cargo de Auxiliar Administrativo Condigo 407 Grado 05.

Señaló que el acto objeto de anulabilidad dispuso a su favor el pago de un retroactivo de la homologación y nivelación salarial, existiendo discenso entre las partes respecto de los efectos fiscales de dicho reconocimiento, pues mientras la entidad territorial consideraba que debía hacerse el reconocimiento desde el 01 de enero de 2009, la demandante considera que debe hacerse desde el año 2007.

de los efectos fiscales de dicho reconocimiento, pues mientras la entidad territorial consideraba que debía hacerse el reconocimiento desde el 01 de enero de 2009, la demandante considera que debe hacerse desde el año 2007.

Sostuvo que la obligación se había hecho exigible desde la misma incorporación de la demandante a la Planta del Personal del Municipio de Ibagué en el marco del proceso de descentralización del servicio educativo, que fue cuando se concretó el derecho a su reconocimiento y pago de la homologación y nivelación salarial.

Adujo que la decisión que había puesto fin al trámite del reconocimiento del retroactivo era la resolución demandada, siendo claro que las sumas reconocidas por concepto de homologación y nivelación salarial debieron reconocerse desde el 25 de junio de 2007, fecha esta última en la que la actora se incorporó al personal administrativo del sector educativo en la Secretaría de Educación del Municipio de Ibagué.

Aseveró que de acuerdo con las pruebas aportadas al proceso se advertía que la demandante había realizado una primera reclamación administrativa el 02 de noviembre de 2007, solicitando el pago de la nivelación salarial con la cual se había interrumpido el termino de prescripción ; igualmente señaló que una vez revisado el acto administrativo demandado se advertía que la accionada había señalado que la demandante el 15 de febrero de 2012 había solicitado el pago del retroactivo, sin que se hubiese hecho referencia a la primera petición de noviembre de 2007.

Dijo que de acuerdo a la directiva ministerial la accionante solo tenía que presentar escrito de reclamación para interrumpir la prescripción, para luego la entidad territorial estudiar la misma y expedir el acto de reconocimiento, por lo que era claro que esta

Dijo que de acuerdo a la directiva ministerial la accionante solo tenía que presentar escrito de reclamación para interrumpir la prescripción, para luego la entidad territorial estudiar la misma y expedir el acto de reconocimiento, por lo que era claro que esta última había errado al momento de realizar el análisis de prescripción, pues no tuvo en cuenta la petición de 02 de noviembre de 2007, la cual permitía liquidar los montos adeudados desde el 25 de junio de 2007, fecha esta en la que se generó el d erecho en virtud de la interrupción del fenómeno prescriptivo.

Respecto de la pretensión de que el reconocimiento del retroactivo se hiciese hasta el 11 de julio de 2022, señaló que no era procedente ello, por cuanto el proceso adelantado por el Municipio para el cumplimiento de la Directiva Ministerial se hizo con corte a 31 de diciembre de 2011, situación fáctica jurídica que no se encontraba viciada de nulidad, pues la parte actora no había demostrado que el trámite hubiese sido contrario a derecho y por lo tanto el hito final frente al que debía hacerse la liquidación peticionada no sería modificado.

Finalmente condenó en costas a ala accionada sobre el 4% del valor de las pretensiones.Rad. 73001-33-33-006-2023-00013-01)

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5.- El recurso de apelación4

Interpuesto oportunamente por la apoderada de la entidad territorial accionada, quien

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5.- El recurso de apelación4

Interpuesto oportunamente por la apoderada de la entidad territorial accionada, quien solicita la revocatoria del fallo de primer grado y en consecuencia se denieguen las pretensiones de la demanda.

Hizo un breve recuento normativo relacionado con el proceso de homologación y nivelación salarial de los funcionarios administrativo del sector educativo, y señaló que el concepto de violación establecido por el apoderado de la parte actora se centraba en la afectación al debido proceso , al señalar que la Secretaría de Educación del Municipio había creado un procedimiento y requisitos adicionales a los establecidos en la Directiva Ministerial No 10 de 2005, pues en ella se había especificado que el simple reclamo del titular del derecho interrumpía la prescripción.

Dijo que para determinar la deuda por concepto de retroactividad de la homologación y nivelación salarial, era preciso que la entidad territorial elabor ara un listado de las reclamaciones recibidas, indicando en cada caso, la fecha de presentación de esta y con base en este listado, debía determinarse el monto de las deudas respectivas.

Señaló que en el sub examine se encontraban multiplicidad de peticiones y que la presentación recurrente de estas no reinicia ba indefinidamente el término de prescripción, únicamente se suspendía y reiniciaba con la primera petición.

Precisó que los actos administrativos relacionados con la homologación y nivelación, así como con el estudio técnico y la liquidación definitiva de la deuda, se trata ban de un proceso adelantado con asesoría y aprobación del Ministerio de Educación, que por

Precisó que los actos administrativos relacionados con la homologación y nivelación, así como con el estudio técnico y la liquidación definitiva de la deuda, se trata ban de un proceso adelantado con asesoría y aprobación del Ministerio de Educación, que por intermedio de la Subdirección de Monitoreo y control , y el Comité Técnico Operativo de Saneamiento de deudas laborales del Sector educativo, determinó que la liquidación y valor de la deuda cumplían a cabalidad con los requerimientos del referido estudio y como consecuencia de ello se profirieron los actos administrativos individuales tendientes a reconocer y pagar el valor de la homologación y nivelación, así como los descuentos correspondientes.

IIITRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por auto del 11 de septiembre de 2024 se admitió el recurso interpuesto por la apoderada judicial de la accionada, sin que ninguno de los sujetos procesales se hubiese manifestado sobre el mismo, y como quiera que no se requirió la práctica de pruebas, y que dentro del término de ejecutoria del auto que admitió el recurso de alzada no se presentaron alegatos de cierre, se ordenó dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del Artículo 247 del C.P .A.C.A., modificado por el artículo 76 de la Ley 2081 de 2021.

VICONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1.- Sobre la competencia

Es competente esta Colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia de primer grado, según voces de los arts. 153 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir en su orden que corresponde a los T ribunales Administrativos en segunda instancia conocer de las

primer grado, según voces de los arts. 153 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir en su orden que corresponde a los T ribunales Administrativos en segunda instancia conocer de las apelaciones contra las sentencias de primera instancia dictadas por los jueces; asimismo, que son apelables las sentencias de primera instancia de los jueces administrativos.

2.- Problema Jurídico.

4 Ver Expedte Juzgado – C.ppal – Archivo 56Rad. 73001-33-33-006-2023-00013-01)

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El problema jurídico que aquí se plantea consiste en determinar, si el reconocimiento y pago del retroactivo ordenado por la accionada como consecuencia del proceso de homologación y nivelación salarial del que fue objeto la señora Gleyde Maldonado Castillo, con ocasión de la Directiva Ministerial No 010 de 2005, estuvo ajustado a derecho como lo sostienen el apelante, o sí, por el contrario, y como lo indicó el Juez de instancia, el mismo no se ajusta al ordenamiento jurídico, por cuanto hubo una aplicación indebida en la contabilización del término prescriptivo, al desconocerse la reclamación primigenia elevada por la actora para la obtención de dicho reconocimiento y pago.

3. Del Proceso de descentralización de la educación.

En la Constitución Política de 1991, inciso final artículo 67, se dispuso que tanto la Nación como las entidades territoriales participarían en la dirección, financiación y

3. Del Proceso de descentralización de la educación.

En la Constitución Política de 1991, inciso final artículo 67, se dispuso que tanto la Nación como las entidades territoriales participarían en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales ; es así, como en desarrollo del citado postulado fue expedida la Ley 60 de 1993, por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposicione s, norma que en articulo 3 dispuso que los Departamentos prestarían los servicios educativos estatales, gastos que serían asumidos con cargo a los recursos del Situado Fiscal.

Es importante destacar que si bien la Ley 60 de 1993, en su artículo 6, consagró expresamente que los docentes afectados por el proceso descentralización de la educación en adelante serían denominados servidores públicos del régimen especial de los órdenes Departamentales y Municipales, guardó silencio respecto del personal administrativo.

Posteriormente, con la expedición de la Ley 715 de 2001 se dio competencia a los Municipios certificados para asumir la prestación del servicio educativo; la referida norma en su artículo 35 se ocupó específicamente del caso del personal administrativo en los siguientes términos:

Artículo 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo. Los docentes, directivos

recursos del Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo. Los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos vinculados a la carrera docente a la expedición de la presente ley, no requieren nueva vinculación o nuevo concurso para continuar en el ejercicio del cargo, sin perjuicio del derecho de la administración al traslado del mismo. A los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los plantele s educativos que se financien con recursos del Sistema General de Participaciones, sólo se les podrá reconocer el régimen salarial y prestacional establecido por ley o de acuerdo con esta.

El citado proceso de incorporación a las plantas de personal fue desarrollado por la Resolución 2171 de 2006, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, norma en la que se dispuso lo siguiente:

ARTÍCULO 3. Precisiones al proceso de homologación de cargos administrativos del sector y nivelación salarial . El proceso homologación y nivelación salarial si es del caso, debe desarrollarse por parte de las entidades territoriales teniendo en cuenta las orientaciones impartidas en la Directiva Ministerial No.10 del 30 de junio de 2005 y el instructivo elaborado por el Ministerio. Así mismo, se deben considerar los siguientes aspectos:

a. El departamento debe homologar los cargos administrativos que recibió de la Nación por efectos de la certificación otorgada en vigencia de la Ley 60 de 1993 y nivelar si es del caso, liquidar y cuantificar laRad. 73001-33-33-006-2023-00013-01)

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de la Ley 60 de 1993 y nivelar si es del caso, liquidar y cuantificar laRad. 73001-33-33-006-2023-00013-01)

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deuda desde la fecha en que cada administrativo fue incorporado a la planta de cargos del departamento hasta el día anterior a la fecha de actualización en nómina del cargo homologado y nivelado si es del caso, para los funcionarios que continuaron al servicio en el departamento... (Negrilla y subrayas fuera de texto).

En atención a la lo expuesto, el proceso de descentralización de educación implicó no solo el traslado de los bienes de la Nación a los Departamentos y Municipios, sino también de los empleados que venían prestando sus servicios quienes fueron incorporados a la planta de personal del respectivo del Departamento o Municipio al cua l fueron trasladados, para lo cual debía realizarse la homologación y nivelación de sus cargos y salarios respecto a los trabadores que ya se encontraban al servicio de los Departamentos y Municipios.

3.1. De la Homologación y nivelación de los cargos incorporados a las plantas de personal del orden departamental o municipal por el proceso de descentralización de la educación.

En razón a que en algunos casos los beneficios en materia salarial y prestacional derivados de la vinculación con los entes territoriales eran mejores que aquellos percibidos por empleados del orden nacional, a efectos de materializar el principio de igualdad se v io la necesidad de implementar un proceso para equiparar las condiciones de todos los empleados del ente departamental, es decir, tanto los existentes antes de la descentralización y aquellos incorporados por su

de igualdad se v io la necesidad de implementar un proceso para equiparar las condiciones de todos los empleados del ente departamental, es decir, tanto los existentes antes de la descentralización y aquellos incorporados por su ocurrencia.

Sobre el particular la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, señaló:

"...Como se vio, la incorporación suponía, de un lado, que los departamentos debían reajustar, atendiendo sus necesidades, su estructura orgánica y funcional para cumplir con los fines del servicio educativo y, de otro, que la inclusión en la nueva planta debía tomar en cuenta no sólo el aspecto formal de los empleos, como su nomenclatura y grado - que podían y pueden diferir sino de manera primordial su clasificación por la naturaleza de las funciones, el grado de responsabilidad y los requisitos para su ejercicio, con sujeción a los manuales específicos respectivos, para de esta manera determinar la remuneración, lo cual debió cumplirse dentro del proceso de homologación"5.

De acuerdo a lo anterior, resulta claro que el traslado de los servidores públicos de la Nación a los entes territoriales de ninguna manera podía desmejorar los beneficios que gozaban antes, pues, por el contrario, ello implicó la prestación de sus servicios en las mismas condiciones de los empleados territoriales, quienes para el momento recibían una mejor retribución.

Así pues, se puede concluir que la homologación y nivelación salarial y el correspondiente reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales, para los funcionarios provenientes de la Nación y que fueron incorporados a la planta de cargos de la Secretaría de Educación de Ibagué, se hizo exigible a partir del mismo momento en que dichos empleados administrativos

prestacionales, para los funcionarios provenientes de la Nación y que fueron incorporados a la planta de cargos de la Secretaría de Educación de Ibagué, se hizo exigible a partir del mismo momento en que dichos empleados administrativos fueron incorporados en la planta municipal en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 60 de 1993.

Al respecto, el H. Consejo de Estado, en sentencia del 21 de agosto de 2008, expuso los efectos de la incorporación de los empleados administrativos a las plantas de personal de las entidades territoriales, en los siguientes términos:

5 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 9 de diciembre de 2004, Exp. No. 1607, C.P. Dr. FLAVIO

AUGUSTO RODRIGUEZ ARCE.Rad. 73001-33-33-006-2023-00013-01)

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"Para la Sala, dicha incorporación no supone un procedimiento plano en el que la entidad territorial simplemente se limite a incluir en su planta de personal los empleados que estaban a cargo de la Nación, sin detenerse a comparar los requisitos, funciones y clasificación exigidos por la planta de personal del departamento. La incorporación implica un proceso de homologación en el que la inclusión de los empleados nacionales debe ajustarse a las condiciones, de tipo nominal, funcional y remunerativo, previstas para los empleados territoriales . En otros términos, la incorporación conlleva la correspondiente homologación de cargos, consistente en reajustar la estructura orgánica y funcional por parte del departamento, tomando en cuenta no sólo el aspecto formal de los

incorporación conlleva la correspondiente homologación de cargos, consistente en reajustar la estructura orgánica y funcional por parte del departamento, tomando en cuenta no sólo el aspecto formal de los empleos, como su nomenclatu ra y qrado -que podían diferir -, sino de manera primordial su clasificación, la naturaleza de las funciones, el grado de responsabilidad y los requisitos para su ejercicio, con sujeción a los manuales específicos respec tivos, para de esta manera determinar su remuneración en la planta de personal territorial"6.

Se reitera entonces, que al momento de la incorporación a la planta de personal de las entidades territoriales, surgió para el personal administrativo la posibilidad de reclamar ante la entidad accionada la homologación objeto