TA TOL - Sentencia 73001-33-33-007-2017-00271-01 (10-04-2025)

Sentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-007-2017-00271-01

Nro. interno: 180-2022

Demandante: Gabriel Camilo Yaima Leyva y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otros

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA

Ibagué, diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-23-33-007-2017-00271-01

No. interno: 180-2022

Demandante: Gabriel Camilo Yaima Leyva, y otros

Demandado: Nación, Rama Judicial , Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y Fiscalía General de la Nación Tema: Responsabilidad del Estado por p rivación de la libertad – Ley 906 de 2004.

La Sala de Decisión resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2021 por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué , mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES La demanda Los señores Gabriel Camilo Yaima Leyva como víctima directa; Norma Isabel Leyva Cardoso como madre; Amanda del Pilar González Leyva y Hebert Eduardo Yaima Leyva como hermanos; y Claudia Paola Vargas Diaz como compañera permanente

La demanda Los señores Gabriel Camilo Yaima Leyva como víctima directa; Norma Isabel Leyva Cardoso como madre; Amanda del Pilar González Leyva y Hebert Eduardo Yaima Leyva como hermanos; y Claudia Paola Vargas Diaz como compañera permanente de Gabriel Camilo Yaima Leyva , por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de Reparación Directa previsto en el artículo 140 del C. de P.A. y de lo C.A. promovieron demanda contra la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener una decisión favorable sobre las siguientes,

Pretensiones:

1. Declarar administrativamente responsable a la parte demandada por el daño antijurídico causado a los demandantes, como consecuencia de la privación de la libertad de la que fue objeto Gabriel Camilo Yaima Leyva , entre el 15 de mayo de 2011 y el 22 de julio de 2015.

2. Como consecuencia de la declaración anterior, se condene a la parte demandada

al pago de los siguientes conceptos y montos:

• Perjuicios inmateriales:

a. Perjuicios morales:

Demandante Parentesco MontoSentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-007-2017-00271-01

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Demandante: Gabriel Camilo Yaima Leyva y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otros

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Gabriel Camilo Yaima Leyva Víctima directa 60 s.m.l.m.v. Norma Isabel Leyva Cardoso Madre 60 s.m.l.m.v.

Demandado: Nación – Rama Judicial y otros

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Gabriel Camilo Yaima Leyva Víctima directa 60 s.m.l.m.v. Norma Isabel Leyva Cardoso Madre 60 s.m.l.m.v. Amanda del Pilar González Leyva Hermana 60 s.m.l.m.v. Hebert Eduardo Yaima Leyva Hermano 60 s.m.l.m.v. Claudia Paola Vargas Díaz Compañera permanente 60 s.m.l.m.v.

b. Daño a la vida relación: El reconocimiento y pago a favor de Gabriel Camilo Yaima Leyva, en el equivalente a 200 s.m.l.m.v.

c. Afectación o vulneración de derechos convencional y constitucionalmente protegidos: El reconocimiento y pago a favor de Gabriel Camilo Yaima Leyva, en el equivalente a 100 s.m.l.m.v.

-Perjuicios materiales: a. Lucro cesante: El reconocimiento y pago en favor de Gabriel Camilo Yaima Leyva, de los dineros dejados de percibir por el tiempo que estuvo detenido , debidamente indexados, partiendo del salario mínimo legal mensual vigente devengado para la época de los hechos.

b. Daño emergente: El reconocimiento y pago en favor de Gabriel Camilo Yaima Leyva de la suma de $20000.000 de pesos, por la defensa técnica que empleó en el proceso penal.

3. Condenar en costas a la parte demandada (Archivo pdf 001CuadernoPrincipal, páginas 210 a 221, del expediente digital).

Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante expuso los siguientes

Hechos relevantes:

3. Condenar en costas a la parte demandada (Archivo pdf 001CuadernoPrincipal, páginas 210 a 221, del expediente digital).

Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante expuso los siguientes

Hechos relevantes:

1. El 14 de mayo de 2011, dos miembros de la Policía Nacional patrullaban por la

Calle 17 con carrera 2 del municipio de El Espinal, en donde interceptaron a dos hombres a quienes les solicitaron un registro personal . A Gabriel Camilo Yaima Leyva le fue hallada una bolsa plástica que contenía seis envolturas de color verde y café con semillas, positivas para marihuana, con un peso neto de 96.8 gramos. Por estos hechos , las dos personas fueron capturadas en flagrancia y puestas a disposición de la Fiscalía, entidad que inició la investigación penal contra Gabriel Camilo Yaima Leyva.

2. El 15 de mayo de 2011 se realizaron las audiencias preliminares concentradas ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con función de Control de Garantías de Flandes, en las cuales se legalizó la captura de Gabriel Camilo Yaima Leyva, y se le imputaron cargos por el delito de “Tráfico, fabricación, o porte de estupefacientes” como autor, bajo el verbo “llevar consigo”, previsto en el inciso segundo del artículo 376 de la Ley 599 del 2000; igualmente, se le impuso medida de aseguramiento intramural en el establecimiento penitenciario y carcelario Coiba de Picaleña.

3. El 13 de junio de 2011 el Fiscal 30 Seccional de El Espinal presentó escrito de acusación. De la actuación conoció el Juzgado Segundo Penal del Circuito con

3. El 13 de junio de 2011 el Fiscal 30 Seccional de El Espinal presentó escrito de acusación. De la actuación conoció el Juzgado Segundo Penal del Circuito con función de conocimiento de El Espinal que realizó Audiencia de formulación de acusación. El 14 de septiembre de 2011 realizó Audiencia Preparatoria.

4. El 26 de enero de 2012 inició el trámite del juicio oral. Para el 29 de marzo de 2012, el despacho declaró de oficio la nulidad desde la pr áctica testimonial, dejando incólume las teorías del caso y las estipulaciones. El juicio ocupó diecinueve sesionesSentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-007-2017-00271-01

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que culminaron el 22 de julio de 2015 con los alegatos conclusivos.

5. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de El Espinal mediante sentencia proferida el 22 de julio de 2015 resolvió absolver por duda probatoria en favor de Gabriel Camilo Yaima Leyva, por los hechos investigados (Archivo pdf

001CuadernoPrincipal, páginas 210 a 221, del expediente digital).

Trámite procesal La demanda se presentó el 29 de agosto de 2017 y por reparto le correspondió su conocimiento al Juzgado S éptimo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué , que por auto de 6 de octubre de 2017 la admitió, ordenó la notificación a la parte

conocimiento al Juzgado S éptimo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué , que por auto de 6 de octubre de 2017 la admitió, ordenó la notificación a la parte demandada, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público (Archivo pdf 001CuadernoPrincipal, páginas 2; 235 a 238 , del expediente digital).

Contestación de la demanda NaciónRama JudicialDirección Seccional de Administración Judicial La entidad, por conducto de apoderado judicial s e opuso a las pretensiones de la demanda. Frente a los hechos manifestó que se atiene a lo que resulte probado en el proceso, y que efectivamente correspondan a la privación de la libertad. Manifestó que no hay responsabilidad de la Rama Judicial por ausencia de nexo causal ; así, aseguró que es evidente que la privación de la libertad del demandante Gabriel Camilo Yaima Leyva fue producto de la actuación del ente investigador, lo que rompe el nexo de causalida d entre el acto jurisdiccional de privación de la libertad como medida de aseguramiento , y el daño que se alega como causado. Aunado a esto, aseguró que el juez de control de garantías cumplió con las funciones que le asigna la Ley 906 de 2004, porque trabaja con elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida , elementos que no constituyen plena prueba y que son insuficientes para discutir la responsabilidad, por lo que concluyó que la medida de aseguramiento impuesta al accionante obedeció a principios de razonabilidad, proporcionalidad y ponderación.

Expuso que cuando el ente investigador incumple sus deberes probatorios y el juez

medida de aseguramiento impuesta al accionante obedeció a principios de razonabilidad, proporcionalidad y ponderación.

Expuso que cuando el ente investigador incumple sus deberes probatorios y el juez debe absolver al procesado, como en el caso concreto, no surge la responsabilidad del Estado respecto de la Nación - Rama Judicial, debido a que la privación preventiva de la libertad tuvo origen en el acervo probatorio allegado por la Fiscalía, y que en el caso concreto no reunió los requisitos para convertirse en plena prueba. Por lo anterior, aseguró que la teoría presentada por la Fiscalía General de la Nación en el juicio oral no tuvo respaldo en las pruebas recaudadas legalmente y allegadas al proceso; de estas, no se tuvo certeza suficiente para impartir condena. Por último, propuso las excepciones que denominó i. Inexistencia de perjuicios, argumentando que la privación de la liberta d estuvo dentro del marco legal y constitucional; ii. Ausencia de nexo causal, porque la Fiscalía con su obrar fue deficiente en el ejercicio probatorio, que a su turno que la única causa del daño; iii. Innominada o genérica (Archivo pdf 001CuadernoPrincipal, páginas 262 a 271, del expediente digital).

Nación – Fiscalía General de la Nación Obrando por intermedio de apoderado judicial, s e opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que no es posible declarar la responsabilidad de la entidad porque no se evidenció un error judicial, una actuación arbitraria o un defectuoso funcionamiento de la administración como sostiene el demandante. Seguidamente, objetó la cuantía respecto de los perjuicios morales y su tasación, argumentando que

porque no se evidenció un error judicial, una actuación arbitraria o un defectuoso funcionamiento de la administración como sostiene el demandante. Seguidamente, objetó la cuantía respecto de los perjuicios morales y su tasación, argumentando que se ha establecido el máximo de 100 s.m.l.m.v. como tope frente al daño moral; de laSentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-007-2017-00271-01

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misma manera se pronunció frente al daño en la vida en relación , y agregó que no obra prueba que acredite alteración alguna a la vida del demandante.

Propuso las excepciones que denominó i. Falta de legitimación en la causa por pasiva, indicando que con el Estatuto de Procedimiento Penal vigente no le incumbe a la Fiscalía General de la Nación la imposición de la medida de aseguramiento . Su labor se enfoca en el trabajo de investigación, para que con las pruebas obrantes se pueda solicitar como medida pr ovisional la privación preventiva de la libertad del individuo, en caso de que se considere conveniente. Con lo anterior, argumentó que es labor del Juez de Control de Garantías estudiar esa solicitud mediante el análisis de las pruebas recopiladas por la Fiscalía , para decidir si decreta o no las medidas de aseguramiento solicitadas, por lo que la entidad al tener la titularidad de la acción penal, buscó con la solicitud de la imposición de la medida de aseguramiento que el presunto infractor de la ley penal no pudiera obstruir la justicia o que en su defecto

de aseguramiento solicitadas, por lo que la entidad al tener la titularidad de la acción penal, buscó con la solicitud de la imposición de la medida de aseguramiento que el presunto infractor de la ley penal no pudiera obstruir la justicia o que en su defecto representara un peligro para la sociedad.

Finalmente, aseguró que obró conforme a los presupuestos fácticos, jurídicos y probatorios, y no correspondió a una actuación arbitraria y violatoria al derecho de defensa, sino que al sindicado se le brindaron plenas garantías procesales durante el proceso; razón por la cual solicitó denegar todas las pretensiones de la demanda, al no haberse configurado ningún daño antijurídico, ni falla en el servicio de la Fiscalía General de la Nación (Archivo pdf 001CuadernoPrincipal, páginas 290 a 303 , del expediente digital).

Providencia apelada Es la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2021 por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda.

Al respecto, consideró que si bien los elementos probatorios allegados ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de EspinalTolima, confluyeron en la libertad por duda probatoria o in dubio pro reo en favor del procesado porque no eran suficientes para proferir una condena, lo cierto es que las circunstancias en las que se dio la aprehensión , y los elementos probatorios con los que se contaba al momento de imponer la medida de aseguramiento, constituían razones suficientes pa ra que las autoridades lo tuvieran como presunto auto r del

circunstancias en las que se dio la aprehensión , y los elementos probatorios con los que se contaba al momento de imponer la medida de aseguramiento, constituían razones suficientes pa ra que las autoridades lo tuvieran como presunto auto r del delito por el que fue procesado “ Tráfico, Fabricación o Porte de estupefacientes ”; que debido a las circunstancias en que se presentaron los hechos y la cantidad de estupefaciente incautado, imponían a la Fiscalía el deber de carácter constitucional y legal de solicitar la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en establecimiento carcelario.

Argumentó que la medida de aseguramiento se sustentó en las pruebas allegadas al proceso, y en las circunstancias presentadas al momento de proferirla. Adujo que no se probó que las entidades demandadas hubiesen incurrido en falla del servicio, motivo por el cual, consideró que la medida de aseguramiento impuesta fue formal y justa, por lo que Gabriel Camilo Yaima Leyva estaba legítimamente obligado a soportarla. Seguidamente, expuso que la medida de aseguramiento fue un a carga justa a la que se vio compelido el demandante dentro del proceso penal, que estuvo ajustada a los mandatos Constitucionales y convencionales, y que la condición de ser absuelto en el juicio penal , no da cabida automática a una indemnización de perjuicios. Lo anterior, debido a que advirtió que la restricción del derecho a la libertad a la que fue sometido el demandante fue razonada y justificada, al ajustarse a la normatividad vigente y fundamentarse en los elementos materiales probatorios existentes para la audiencia de control de garantías , razón por la cual no es posibleSentencia 2ª Instancia

Medio de control: Reparación Directa

a la normatividad vigente y fundamentarse en los elementos materiales probatorios existentes para la audiencia de control de garantías , razón por la cual no es posibleSentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-007-2017-00271-01

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calificar la privación de la libertad como antijurídica, como primer elemento de la responsabilidad del Estado (Archivo pdf 017SentenciaPrimeraInstanciaPrivacionInjusta, del expediente digital).

Recurso de apelación – Parte demandante: La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2021 por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué para que se revoque, y en su lugar se acceda a las pre tensiones de la demanda.

Expuso que la privación de la libertad de Gabriel Camilo Yaima Leyva entre el 15 de mayo de 2011 y el 22 de julio de 2015 causó un daño antijurídico que el demandante no estaba obligado a soportar. Aseguró que, contrario a lo que argumentó la juez de primera instancia, s í está acreditado el daño causado a los demandantes porque según el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, es ilegítimo en un Estado Social de Derecho exigir a los asociados asumir la carga de soportar una investigación penal, y de contera la privación de la libertad, con el argumento de la prevalencia del interés general.

Social de Derecho exigir a los asociados asumir la carga de soportar una investigación penal, y de contera la privación de la libertad, con el argumento de la prevalencia del interés general.

Adujo que el hecho de vincular al demandante al proceso pena l, no implicaba que tuviera que soportar la carga de estar privado de su libertad, máxime cuando en el transcurso del proceso penal fue exonerado de responsabilidad . Por lo anterior, solicitó revocar l a sentencia de primera instancia, y en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda (Archivo pdf 020RecursoApelacionSentenciaParteDemandante, del expediente digital).

Trámite de segunda instancia Mediante auto de 16 de marzo de 2022 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante , el cual se tramitó según lo previsto en el artículo 247, numeral 5, de la ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 (Archivo pdf 005_AutoAdmiteApelación, del expediente digital).

Pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación frente al recurso de apelación La entidad se pronunció respecto del recurso de apelación, argumentando que de lo probado en este proceso, no se observa la inexistencia de una privación injusta de la libertad porque la actuación de la entidad se sujetó a los requisitos establecidos en la Constitución Política y en el Código de Procedimiento Penal - Ley 906 de 2004. Aseguró que la investigación adelantada en contra del demandante, es una carga publica que estaba obligado a soportar, pues era un deber de la Fiscalía adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación conforme se lo impone el

Aseguró que la investigación adelantada en contra del demandante, es una carga publica que estaba obligado a soportar, pues era un deber de la Fiscalía adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación conforme se lo impone el artículo 250 de la Constitución Política.

Mencionó que no hubo una falla o falta en la prestación del servicio por parte de la entidad, teniendo en cuenta que para imputar responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación , deben presentarse las circunstancias previstas en el artículo 90 de la Constitución, esto es, una acción u omisión donde participe activamente uno de sus agentes; un daño como consecuencia de lo anterior, y un nexo causal entre el hecho, la omisión y el daño , nexo que no se configuró en el presente caso e impide que prosperen las pretensiones de la demanda.

Finalmente, alegó la existencia de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación, porque desde la perspectiva de la Ley 906 de 2004, las decisiones que involucran afectación de derecho fundamentales corresponden aSentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-007-2017-00271-01

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entidades distintas a la Fiscalía General de la Nación, luego, no existe una relación de causalidad entre los perjuicios que aduce el demandante y las actuaciones de la entidad, por lo que solicitó se confirme l a sentencia de primera instancia (Archivo pdf 006_FiscalíaGeneralsePronunciaRecursoApelación, del expediente digital).

de causalidad entre los perjuicios que aduce el demandante y las actuaciones de la entidad, por lo que solicitó se confirme l a sentencia de primera instancia (Archivo pdf 006_FiscalíaGeneralsePronunciaRecursoApelación, del expediente digital).

Alegatos de conclusión a. Parte demandante No presentó alegatos de conclusión.

b. Parte demandada – Nación – Rama Judicial No presentó alegatos de conclusión.

c. Parte demandada – Nación – Fiscalía General de la Nación No presentó alegatos de conclusión.

d. Ministerio Público No presentó concepto.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL Competencia El artículo 153 de la Ley 1437 de 2011 establece que los tribunales administrativos conocen en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos; según el artículo 125 Ib., en concordancia con el artículo 243 Ib., la decisión que resuelva el recurso de apelación respecto de la sentencia de primera instancia debe ser adoptada por la Sala de

Decisión.

El medio de control de Reparación Directa instaurado (artículo 140 del C. de P.A. y de lo C.A. ) es el procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda están encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Fiscalía General de la Nación, como consecuencia de la presunta privación injusta de la libertad de la que fue objeto Gabriel Camilo Yaima Leyva entre el 15 de abril de 2011 al 22 de julio de 2015.

En consecuencia, la Sala de Decisión profiere sentencia de segunda instancia, teniendo en cuenta,

Gabriel Camilo Yaima Leyva entre el 15 de abril de 2011 al 22 de julio de 2015.

En consecuencia, la Sala de Decisión profiere sentencia de segunda instancia, teniendo en cuenta,

Problema jurídico Corresponde a la Sala de Decisión determinar si , de acuerdo con lo probado, la medida de aseguramiento proferida contra el señor Gabriel Camilo Yaima Leyva fue apropiada, razonable y proporcionada, como primer paso para determinar si la privación de la libertad fue o no en injusta, según lo actuado por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Fiscalía General de la Nación, como demandadas.

Hechos probados - Estipulaciones probatorias1

1 Las estipulaciones o postulaciones probatorias se identifican con la conducta que los abogados litigantes asumen, expresa o tácitamente ante el juez que preside el juicio, con el propósito de que este funcionario estime acreditados ciertos hechos y sus ci rcunstancias; son instituciones inherentes al moderno modelo procesal, desprovistas de aspiraciones retribucionistas y que no hacen parte del régimen premial; su finalidad es dinamizar el proceso. Se materializan con la anuencia del representado. Su denominación deriva del verbo latino stipulari, que traduce pactar o concertar, no obedece a la casualidad, sino a la estrategia escogida por el abogado, enSentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-007-2017-00271-01

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Como circunstancias fácticas, esta Sala se atendrá a la información contenida documentalmente en el expediente, la cual no fue tachada de falsa por las partes contra las que se adujo y porque, precisa y excluyentemente, a. nada se contraprobó en la oportunidad para cuestionar los hechos y fundamentos de la contestación de la demanda y la proposición de sus excepciones 2 “…una de las oportunidades probatorias en primera instancia se presenta cuando se descorre el traslado de las excepciones propuestas, lo cual tiene su razón de ser en el derecho de defensa y debido proceso. No obstante, tal y como lo ha sostenido esta Corpor ación3, esa solicitud de pruebas debe aludir, restrictivamente, a la demostración de los hechos relacionados con las excepciones; por tanto, el solicitante no puede pretender acreditar hechos que no se relacionen con ellas, para enervarlos total o parcialmente. En consecuencia, no puede pretender mejorar la prueba de otros hechos relacionados con su actividad procesal. (…). Conviene precisar que el hecho de que la entidad demandada no haya aceptado varios hechos de la demanda o aduzca que no hay prueba sobre ellos, no habilita a la parte interesada a aportar las pruebas que sustentan la causa de sus pretensiones en una oportunidad distinta a la de la demanda, en tanto tal negación no supone una oportunidad adicional para pedir o aportar los medios demostrativos que debieron ser acompañados con el libelo introductorio de cara a los medios de defensa que

la causa de sus pretensiones en una oportunidad distinta a la de la demanda, en tanto tal negación no supone una oportunidad adicional para pedir o aportar los medios demostrativos que debieron ser acompañados con el libelo introductorio de cara a los medios de defensa que formula su contraparte.4-, y b. porque nada se criticó el análisis probatorio en el escrito de apelación -bien sea porque, i. el Juez supuso su existencia, o porque ii. le dio un alcance que no tiene, o porque iii. valoró sin tener competencia -, razón suficiente para darle el valor que la libre apreciación de la prueba implica para el Juez que

consonancia con su respectiva teoría, producto de la autonomía y voluntad de las partes, por lo que el juez no debe presionar para que se estipule, ni injerir en su elaboración.

Una vez admitidas -se itera, expresa o tácitamente - son unilateralmente irretractables y vinculantes, guardan relación directa con el descubrimiento probatorio, ya que solo cuando los antagonistas descubren, enuncian, solicitan y el juez decreta, afloran l as posiciones de disenso o de consenso en relación con hechos y circunstancias de innecesario debate sustantivo al interior del juicio por venir, precisamente como fundamento de la pretensión o de la excepción.

Si la estipulación no es aceptada, a las partes incumbe probar y discutir sobre lo que pretendieron acordar y no fue aceptado por los contendientes; así las cosas, el decreto de pruebas no es, ni por lejos, un vacuo rito del trámite sino la decisión trasce ndente que "aterriza" el debate en concreto y que saca, despavorido, el recurso retórico de demandar y contestar la demanda.

trámite sino la decisión trasce ndente que "aterriza" el debate en concreto y que saca, despavorido, el recurso retórico de demandar y contestar la demanda.

Por lo tanto, estas estipulaciones deben ser controladas e incorporadas al juicio por cualquiera de los litigantes; pero, necesariamente admitidas como prueba por parte del juez que preside la causa, a través del correspondiente decreto de pruebas; por tan potísimas razones, i. han de utilizarse como tales en el debate, ii. dado que son sistemáticamente articuladas con el restante material probatorio, y por ello mismo, iii. constituyen el fundamento del fallo en los antecedentes fácticos que describen la consecuencia jurídica que el Juez proclama en su sentencia.

En íntima conexión argumentativa, i. las partes han de observar una conducta proactiva a lo largo del proceso para a. pedir pruebas, b. controvertir las impetradas en la contienda, c. colaborar en la práctica de las decretadas, y finalmente d. para proponer con arreglo único a lo incorporado, ii. las consecuencias jurídicas de su existencia en el alegato de conclusión y por último, iii. para criticar las inferencias que el Juez imprime en su fallo, que es, precisamente, iv. el objeto y el método de la apelación.

2 El artículo 212 del C. de P.A. y de lo C.A. prevé: “Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código.

En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y

al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código.

En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los i ncidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada.”

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Tercera, Consejera ponente: MARIA ELENA GIRALDO GOMEZ; Providencia del 16 de julio de 2005, Radicación número: 25000 -23-25000-2002-02327-01 (1541), Actor: Blanca Flor Rivera González y otros.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección "A", Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ; Auto del 2 de noviembre de 2022, Radicación número: 25000-23-36-000-2018-01213-01 (68.742), Actor: Consorcio HND, Dem andado: Municipio de Soacha ,

Referencia: Controversias contractuales.Sentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-007-2017-00271-01

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Demandante: Gabriel Camilo Yaima Leyva y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otros

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revisa la sentencia que se cuestiona, pero en cuyo examen se encuentra limitado de modo extremo por el escrito de apelación formulado.

Demandado: Nación – Rama Judicial y otros

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revisa la sentencia que se cuestiona, pero en cuyo examen se encuentra limitado de modo extremo por el escrito de apelación formulado.

Tiénese dicho, y así lo acepta sin rubor la Sala, que la disconformidad con las explicaciones de la sentencia acusada, ha de develar la existencia de una valoración irrazonable o arbitraria de los medios probatorios incorp