TA TOL - Sentencia 73001-33-33-007-2017-00390-02 (02-05-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAG. PONENTE: DR. BELISARIO BELTRÁN BASTIDAS

Ibagué, dos (02) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 73001-33-33-007-2017-00390-02

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: LUZ NELLY SIERRA CRUZ

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Tema: BONIFICACIÓN JUDICIAL - DECRETO 383 DE 2013

CUESTIÓN PREVIA

De conformidad con lo señalado en Auto del 10 de abril de 2025, por medio del cual se declaró fundado el impedimento presentado por el Doctor Carlos Arturo Mendieta Rodríguez, se procede a integrar Sala con el Magistrado que sigue en turno, esto es, el Doctor José Andrés Rojas Villa.

OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de la entidad demandada , contra la sentencia proferida el día 26 de septiembre de 202 2, mediante la cual el Juzgado Décimo Administrativo Transitorio de Neiva accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES1

La señora LUZ NELLY SIERRA CRUZ , actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio del Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentó demanda contra la NACIÓN – RAMA JUDICIAL –

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL , elevando las

siguientes:

judicial, en ejercicio del Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentó demanda contra la NACIÓN – RAMA JUDICIAL –

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL , elevando las

siguientes:

PRETENSIONES

“PRIMERA: Se pretende con la presente convocatoria prejudicial la declaratoria a través de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Nulidad absoluta del Acto Administrativo contenido en el Oficio No.DESAJIBO17-1373 del 8 de abril de 2017, expedido por la Dir ección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de esta capital, por medio del cual negó a mi mandante LUZ NELLY SIERRA CRUZ, el reconocimiento y pago de la nivelación salarial a que tiene derecho y de que trata el artículo 3° de la ley 4ª de 1992 correspondiente a los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 tal como lo solicitó a través de la suscrita abogada mediante escrito presentado el día 15 de marzo de 2017 la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de esta capital.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración a que se refiere el numeral precedente se CONDENE a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y

1 Ver folio 14-26, documento 001CuadernoPrincipal.pdf del expediente digital.Expediente: 73001-33-33-007-2017-00390-02

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: LUZ NELLY SIERRA CRUZ

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Demandante: LUZ NELLY SIERRA CRUZ Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN -

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2 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, a ordenar el reconocimiento y pago de la nivelación salarial y p restacional a que tiene derecho mi mandante LUZ NELLY SIERRA CRUZ como servidora de la Rama Judicial teniendo en cuenta para ello lo establecido por el artículo 3° de la ley 4ª de 1992, y que consiste en la cancelación de las diferencias salariales y prestacionales dejadas de percibir por concepto de Sueldo Básico y demás prestaciones económicas tales como Primas de Servicio, Vacacional, de Navidad, de Productividad, Bonificación por Servicios Prestados, Cesantías y demás, adecuados por los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, con fundamento en lo establecido en el artículo 3° de la ley 4ª de 1992, la cual se encuentra vigente para su aplicación; SUMA ESTA QUE RESULTA DE LA DIFERENCIA DE LO PAGADO ACTUALMENTE y el aumento que se haga con base en dicha normativa, la que deberá hacerse efectiva a partir del 1° de enero de 1998; fecha en que adquirió el derecho a la nivelación salarial y prestacional y hasta el día que se presenta esta demanda.

TERCERA: De igual modo, se ordenará la actualización de las condenas

1° de enero de 1998; fecha en que adquirió el derecho a la nivelación salarial y prestacional y hasta el día que se presenta esta demanda.

TERCERA: De igual modo, se ordenará la actualización de las condenas en los términos del artículo 198 del CPACA dando aplicación a la

siguiente formula:

R=R. H INDICE FINAL

INDICE INICIAL

En la que el valor presente R se determina multiplicando el valor histórico (R.H), que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto del no pago de sus prestaciones, desde cuando debieron pagarse hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia por el guarisimo que resulte de dividir el índice Final de Precios al Consumidor certificado por el DANE vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho lapso.

Las anteriores pretensiones las soporta en los siguientes:

HECHOS “PRIMERO: Mi mandante LUZ NELLY SIERRA CRUZ se encuentra vinculada a la Rama Judicial desde el año 2006 a la fecha, labor que ha desempeñado en forma continua e ininterrumpida, ocupando actualmente el cargo de citador nominado del juzgado cuarto civil del circuito de esta capital, que ha venido percibiendo su remuneración salarial y prestacional establecida en los Decretos anuales expedido por el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la Función Pública y con base en lo preceptuado en la Ley 53 de 1997.

SEGUNDO: Con base en la Ley 4ª de 1992, se establecieron los criterios y objetivos contenidos en el artículo 2° de esta normativa por medio del cual

Función Pública y con base en lo preceptuado en la Ley 53 de 1997.

SEGUNDO: Con base en la Ley 4ª de 1992, se establecieron los criterios y objetivos contenidos en el artículo 2° de esta normativa por medio del cual el Gobierno Nacional cada año modificará el sistema salarial correspondiente a los empleados enumerados en el artículo 1° literal a, b y d) aumentando sus remuneraciones. Igualmente, el Gobierno Nacional podrá modificar el régimen de viáticos, gastos de representación y comisiones de los mismos empleados.

TERCERO: Representada la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacio nal mediante decretos anuales ha fijado la remuneración básica mensual y en general el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial del Poder Público, cumpliendo con la parte especifica de laExpediente: 73001-33-33-007-2017-00390-02

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3 distribución de atribuciones en esta ma teria prevista en el literal f) numeral 19 artículo 150 de la Constitución Nacional.

CUARTO: En el artículo 14 de la citada Ley 4ª de 1992 señala las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional la acción del Régimen Salarial y Prestacional de los empleados públicos de los miembros del Congreso Nacional de la Fuerza Pública y para la fijación

objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional la acción del Régimen Salarial y Prestacional de los empleados públicos de los miembros del Congreso Nacional de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) y f) de la Constitución Nacional.

QUINTO: En virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional mediante Decretos dictados anualmente ha reglamentado la prima especial sin carácter salarial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 la cual se fijó con un monto del 30% de la remuneración básica de los funcionarios judiciales en la norma relacionados, pero ello no ocurrió únicamente para los Jueces, Magistrados y demás funcionarios, no sucediendo lo mismo hasta ahora para el grueso de los empleados de la rama judicial como en efecto lo prevé el parágrafo único del artículo 14 de la citada Ley 4ª de

1992.

SEXTO: Es por ello, que mi mandante en su con dición de citadora nominada en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagué, en acatamiento a lo normado, por el “Derecho a la Igualdad” con los sueldos de sus superiores tiene derecho también a que se le cancele la nivelación salarial y prestacional.

SEPTIMO: Pues obsérvese, que la referida prima especial si carácter de salario equivalente al 30% de la remuneración mensual para los jueces y magistrados entre otras autoridades judiciales, ha venido siendo reglamentada por el Gobierno Nacional mediante l as siguientes: Art 9°

salario equivalente al 30% de la remuneración mensual para los jueces y magistrados entre otras autoridades judiciales, ha venido siendo reglamentada por el Gobierno Nacional mediante l as siguientes: Art 9° del Decreto 51 de 1993; art. 9° del Decreto 104 de 1994; art. 7° del Decreto 43 de 1995; art 9° del Decreto 34 de 1996; art. 9° del Decreto 2739 de 2002; art 9° del Decreto 3568 de 2003; art 9° del Decreto 4171 de 2004; Art 9° del Decreto 935 de 2005; art 6° del Decreto 389 de 2006; art 6° del Decreto 618 de 2007; art 6° del Decreto 658 de 2008; art 8° del Decreto 723 de 2009; art 4° del Decreto 1405 de 2010 y art 8° del Decreto 1039 de 2011.

OCTAVO: Mi mandante a través de la suscrita abogada solicitó el día 15 de marzo del 2017 mediante Derecho de Petición a la Dirección Seccional de Administración Judicial, el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas relacionadas con el sueldo, las primas de servicios, vacacional, de navidad, de productividad, la bonificación por los servicios prestados, las cesantías, y demás teniendo en cuenta para ello el nivel salarial de que trata el artículo 14 de la ley 4ª de 1992, por no haberse efectuado la actualización de los cargos en forma c omo lo prevé el articulo 3°de esta misma normativa para lo cual la referida entidad de la Rama Judicial expidió el Oficio de Respuesta No. DESAJIBO17 – 1373 del

efectuado la actualización de los cargos en forma c omo lo prevé el articulo 3°de esta misma normativa para lo cual la referida entidad de la Rama Judicial expidió el Oficio de Respuesta No. DESAJIBO17 – 1373 del 8 de abril de 2017, por medio del cual niega lo peticionado, teniendo en cuenta que esa depende ncia ha dado cumplimiento estricto a la normatividad allí relacionada.

NOVENO: Por lo tanto, la Rama Judicial no le ha pagado hasta el momento la nivelación salarial y prestacional durante los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 201 5, 2016, 2017, establecida en el parágrafo único del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.”Expediente: 73001-33-33-007-2017-00390-02

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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA2

Mediante apoderado judicial el 14 de marzo de 2019, la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL , presentó contestación a la demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones de la demanda , aludiendo q ue la señora LUZ NELLY SIERRA CRUZ, no tiene la aptitud legal necesaria, para acceder a la prestación

presentó contestación a la demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones de la demanda , aludiendo q ue la señora LUZ NELLY SIERRA CRUZ, no tiene la aptitud legal necesaria, para acceder a la prestación periódica de la prima especial sin carácter salarial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por no haber ocupado en ningún momento el cargo de juez o magistrado o alguno de los cargos señalados en el artículo 14 de la ley 4, razón por la que la mencionada señora no tiene derecho al reconocimiento de la prestación periódica a la que se hace alusión en la demanda.

Por otro lado, indica que la señora LUZ NELLY SIERRA CRUZ no tiene derecho al reconocimiento de la prima especial sin carácter salarial en cuantía equivalente al 30%, ya que de acuerdo con la constancia de la oficina de talento humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, donde se certifica todos los cargos ejercidos por la señora Sierra, durante el tiempo en el que ha estado vinculado en la Rama Judicial, se evidencia que la señora no ha ejercido ninguno de los cargos enlistados en el artículo 14 de la ley 4° 1992, modificado por el artículo 1° de la Ley 332 de 1996.

Como excepciones propuso la prescripción trienal respecto de buena parte de los derechos laborales reclamados. Igualmente, porque la prima especial de servicios del 30% fue establecido sin carácter salarial por la Ley 4ª de 1992, la cual fue declarada conforme a la constitución en sentencia C -279, razón por la cual el Gobierno Nacional está expresam ente facultado para

de servicios del 30% fue establecido sin carácter salarial por la Ley 4ª de 1992, la cual fue declarada conforme a la constitución en sentencia C -279, razón por la cual el Gobierno Nacional está expresam ente facultado para expedir los decretos salariales teniendo la potestad de determinar que el 30% de la remuneración mensual sea considerada prima especial sin carácter salarial, por lo que no contradice los mandatos constitucionales y legales.

Por otro lado, señala el no cumplimiento de los requisitos legales de que trata el artículo 14 de la ley 4 de 1992 ya que no se configura ningún requisito para el pago de la prima especial sin carácter salarial contenida en ese artículo, ya que la persona que reclama la presunta vulneración de su derecho, no cumple con los requisitos para acceder a esa prestación social, debido a que siempre ha sido empleada de la Rama Judicial y nunca ha estado en ninguno de los cargos señalados para solicitar el pago de e sa prima.

En consecuencia, solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda, no condenar a la entidad representada y declarar probadas las excepciones propuestas.

2 Ver folio 125-133, documento 001CuadernoPrincipal.pdf del expediente digitalExpediente: 73001-33-33-007-2017-00390-02

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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN -

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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3

En sentencia proferida el día 26 de septiembre de 2022, el Juzgado Décimo Administrativo Transitorio De Neiva accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al reconocer, reliquidar, reajustar y pagar a la demandante la bonificación judicial como nivelación salarial y prestacional , para lo cual sostuvo lo siguiente:

“(…) Descendiendo al caso bajo de estudio, el Despacho encuentra que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 que ordenó la nivelación salarial para todos los servidores de la Rama Judicial y por el cual se profirió el Decreto 0383 de 2013, no limitó el carácter prestacional de la bonificación judicial, por lo que debe considerarse que el ejecutivo excedió su facultad reglamentaria , pues al desarrollar el contenido de la Ley que reglamenta, que en este caso es la Ley 4 de 1992, desbordó los limites previamente establecidos, al excluir la bonificación salarial para liquidar las prestaciones sociales de sus beneficiarios, desconociendo que esa nivelación debía realizarse atendiendo criterios de equidad y no desmejora de salarios y prestaciones sociales.

(…)

Nótese que la bonificación judicial tuvo por finalidad nivelar los salarios de los Empleados y Jueces frente a las asignaciones de los Magistrados del Tribunal y Altas Cortes, regidos por la misma ley 4 de 1992, por lo que el ejecutivo al consagrarla como factor salarial únicamente para la base de

de los Empleados y Jueces frente a las asignaciones de los Magistrados del Tribunal y Altas Cortes, regidos por la misma ley 4 de 1992, por lo que el ejecutivo al consagrarla como factor salarial únicamente para la base de cotización del sistema de seguridad socia l en pensiones y salud no solamente desbordó su facultad reglamentaria, sino que también desconoció los principios mínimos fundamentales de las relaciones laborales, lo cual lo torna inconstitucional; por lo que en consideración de los principios pro homin e, remuneración mínima vital y móvil, favorabilidad e irrenunciabilidad a derechos mínimos, se declara la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad respecto de la palabra “únicamente” y “para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenidas en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013 y subsiguientes, que establece: “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud”, por cuanto la bonificación judici000al si constituye factor salarial para la base de liquidación de las prestaciones sociales.

Bajo las anteriores consideraciones, se debe concluir que fue desvirtuada la presunción de legalidad d e la que está investido los actos administrativos demandados y en consecuencia se accede parcialmente a las pretensiones de la demanda, por lo que se deberá incluir la bonificación judicial como factor salarial.

De esta forma, se ordenará a la entidad demandada reliquidar las prestaciones sociales de la demandante señora LUZ NELLY SIERRA CRUZ, con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, a partir

bonificación judicial como factor salarial.

De esta forma, se ordenará a la entidad demandada reliquidar las prestaciones sociales de la demandante señora LUZ NELLY SIERRA CRUZ, con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, a partir del 15 de marzo de 2014, por prescripción trienal ya que las anteriores prestaciones causadas entre el 1 de enero de 2013 hasta el 14 de marzo de 2014 se encuentran prescritas.

3 Ver documento 026Sentencia, del cuaderno 001CuadernoPrincipalExpediente: 73001-33-33-007-2017-00390-02

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6 Sobre la prescripción el Despacho destaca, que se hizo exigible la obligación de reconocer y pagar la bonificación judicial a partir del 1 de enero de 2013, tal y c omo lo consagra el Decreto 383 de 20131; y dado que la demandante solicitó la reliquidación salarial con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, el día 15 de marzo de 2017, (expediente digitalizado, archivo 1, págs. 6-8), no interrumpió el término de prescripción trienal; sin embargo, por tratarse de prestaciones periódicas y dado que interpuso la demanda el día 11 es septiembre de 2017, (Expediente digitalizado, archivo 001,pag 2.), es decir, presentó la demanda dentro de los 3 años siguientes a la fecha de la petición ante la

periódicas y dado que interpuso la demanda el día 11 es septiembre de 2017, (Expediente digitalizado, archivo 001,pag 2.), es decir, presentó la demanda dentro de los 3 años siguientes a la fecha de la petición ante la entidad, esto es el 15 de marzo de 2017, ha operado el fenómeno de la prescripción, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1998 y 102 del Decreto 1848 de 1969; en razón a ello se declarará probada parcialmente la excepción de prescripción y se ordenará que se realice efectivamente el pago de la prestación aquí reconocida desde el 15 de marzo 2014, y por los periodos laborados por la demandante en la Rama Judicial de acuerdo a la certificación laboral allegada al plenario, ya que las anteriores prestaciones causadas desde el 1 de enero de 2013 hasta el 14 de marzo de 2014 ya están prescritas. (…)

RESUELVE:

“PRIMERO. -DECLARAR no probadas las excepciones denominadas: i) no cumplimiento de los requisitos legales de que trata el artículo 14 de la ley 4 de1992, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. -DECLARAR probada parcialmente la excepción denominada PRESCRIPCIÓN, sobre las prestaciones causadas con anterioridad al 15 de marzo de 2014, de acuerdo a lo esbozado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO.- INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL E ILEGAL la palabra “únicamente” y “para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al sistema General de Seguridad Social en Salud”

parte motiva de esta providencia.

TERCERO.- INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL E ILEGAL la palabra “únicamente” y “para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al sistema General de Seguridad Social en Salud” contenida en la disposición normativa del inc. 1 del artículo 1º del Decreto 383 de 2013, sus decretos modificatorios y demás normas que lo modifiquen o sustituyen por cuanto la bonificación judicial si constituye factor salarial para la base de liquidación de todas las prestaciones sociales, conforme se expresa en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO. - DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. DESAJIBO17 -1373 del 8 de abril de 2017, según la s consideraciones expuestas en esta sentencia.

QUINTO. - Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA a la NACIÓN -RAMA JUDICIALDEAJ en virtud de la Ley 4 de 1992, reliquidar y pagar a favor de la señora LUZ NELLY SIERRA CRUZ , identificada con cédula de ciudadanía número 65.500.487 de Guayabal, todas las prestaciones sociales causadas a partir del 1 de enero de 2013 pero con efectos fiscales desde el 15 de marzo de 2014 y las que se causen a futuro, teniendo en cuenta la bonificación judicial como factor salarial siempre que esté vinculada a la Rama Judicial, teniendo en cuenta la certificación laboral allegada.Expediente: 73001-33-33-007-2017-00390-02

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: LUZ NELLY SIERRA CRUZ

allegada.Expediente: 73001-33-33-007-2017-00390-02

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7 Las sumas liquidadas deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una obligación de tracto sucesivo y conforme a la formula consignada en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO. - Niéguese las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO. - CONDENAR en costas a la parte demandada, y se fija el 50% de un salario mínimo legal vigente de acuerdo a lo manifestado en la parte motiva de esta providencia. (…)

RECURSO DE APELACIÓN4

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado judicial de NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL , interpuso recurso de apelación solicitando que se revoque el fallo de primera instancia, debiéndose negar las pretensiones de la demanda, argumentando que la decisión del Juez en la sentencia de primera instancia no se adecúa a lo establecido en el Decreto 383 de 2013.

Adicionalmente, señala la imposibilidad material y presupuestal de reconocer las pretensiones del mandante dado que, la bonificación judicial fue regulada sin cará cter salarial y que a la fecha los decretos que la reglamentan no han sido declarados nulos, es decir, siguen gozando de

reconocer las pretensiones del mandante dado que, la bonificación judicial fue regulada sin cará cter salarial y que a la fecha los decretos que la reglamentan no han sido declarados nulos, es decir, siguen gozando de presunción de legalidad, razón por la que la entidad se encuentra ante una imposibilidad material y presupuestal de reconocer lo reclam ado por la parte actora, debido a que no están presupuestados esos mayores valores que se generarían en la nómina para el reconocimiento de dichas acreencias laborales a todos los servidores judiciales reclamantes, toda vez que se podía ir en contravía de la prohibición contenida en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, compilatorio del artículo 86 de la Ley 38 de 1989.

Finalmente, manifiesta que, reconocer las pretensiones que reclama la parte actora sin la autorización presupuestal requerida, implicaría que el ordenador del gasto estuviera inmerso en actuaciones de tipo disciplinario como las consagradas en la Ley 734 de febrero de 5 de 2002, que en sus artículos 22 y 33, frente a la función pública y la falta disciplinaria.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA5

Mediante Auto del 18 de noviembre de 202 2, se concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la demandada, contra la sentencia proferida el día 26 de septiembre de 2022 del Juzgado Décimo Administrativo Transitorio de Neiva , el cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

CONSIDERACIONES

PARTE PROCESAL

4 Ver documento 028ApelaciónRama.pdf, del cuaderno 001CuadernoPrincipal

parcialmente a las pretensiones de la demanda.

CONSIDERACIONES

PARTE PROCESAL

4 Ver documento 028ApelaciónRama.pdf, del cuaderno 001CuadernoPrincipal 5 Ver Documento 029AutoCondedeRecurso.pdf, del cuaderno 001CuadernoPrincipalExpediente: 73001-33-33-007-2017-00390-02

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8 Es competente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para resolver la presente controversia, tal como lo establece el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.

PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER

Corresponde a esta Corporación determinar , si tal y como lo sostuvo el A Quo, a la parte demandante le asiste derecho al reconocimiento, pago y reliquidación de sus prestaciones sociales, con la inclusión de la bonificación judicial como nivelación salarial y prestacional, creada mediante el Decreto 383 de 2013 expedido por el Gobierno Nacional, o si, por el contrario, no le asiste derecho alguno, por haber sido reconocidas y liquidadas conforme a lo establecido en las disposiciones legales vigentes , como alude la entidad recurrente.

MARCO NORMATIVO

La Constitución política de 1991, en su artícu lo 150 numeral 19 literal e, le atribuyó al Congreso de la República, la facultad para “ fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del

La Constitución política de 1991, en su artícu lo 150 numeral 19 literal e, le atribuyó al Congreso de la República, la facultad para “ fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la fuerza pública”. En tal sentido, fue expedida la Ley 4 de 1992, “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en ’el artículo 150 numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.”; la cual dispuso en el título I, artí culo 1° literal b), lo siguiente:

“LEY 4 DE 1992

TÍTULO I.

REGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DE LOS EMPLEADOS

PÚBLICOS, DE LOS MIEMBROS DEL CONGRESO NACIONAL Y

DE LA FUERZA PUBLICA

ARTÍCULO 1o. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

b) Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República; (...)”. (Subrayado y negrilla por fuera del texto original).

En razón a la atribución conferida al Gobierno Nacional por mandato legal

Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República; (...)”. (Subrayado y negrilla por fuera del texto original).

En razón a la atribución conferida al Gobierno Nacional por mandato legal en materia salarial y prestacional, expidió el Decreto 57 del 07 de enero de 1993, por medio del cual, se estableció el Régimen Prestacional y Salarial de los Servidores Públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, haciendo especial precisión frente al sistema de remuneración aplicable a los empleados públicos, determinando la existencia de dos sistemas a saber:Expediente: 73001-33-33-007-2017-00390-02

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• El Régimen Salarial De Los Empleados Públicos Acogidos al Decreto 57 de 1993, aplicable a (i) quienes se vincularán al servicio con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente normatividad (07 de enero de 1993) y (ii) aquellos qu e, con antelación al 28 de febrero de 1993, optarán por una sola vez por el Régimen Salarial y Prestacional establecido en el Decreto en Cita.

• El Régimen Salarial De Los Empleados Públicos No Acogidos, aplicable a los Servidores Públicos que no optaran po r el Régimen establecido en el Decreto 57 de 1993, los cuales continuarían rigiéndose por las

• El Régimen Salarial De Los Empleados Públicos No Acogidos, aplicable a los Servidores Públicos que no optaran po r el Régimen establecido en el Decreto 57 d