TA TOL - Sentencia 73001-33-33-007-2018-00224-01 (27-03-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

SALA DE ORALIDAD

M.P. LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA

Ibagué, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Radicación: 73001-33-33-007-2018-00224-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Hugo Barreiro Olarte Apoderado: John Fredy Quiñones Montaña Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) Apoderado: Daniel Alberto Manjarrez Díaz Tema: Reliquidación asignación de retiro

ASUNTO

Decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 19 de septiembre de 2022, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Hugo Barreiro Olarte 1, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en adelante CASUR, con el fin de obtener el reconocimiento de las declaraciones y condenas que se detallan a continuación.

1.1.1. Pretensiones

Se inapliquen por inconstitucionales e inconvenientes las siguientes disposiciones:

a) Parágrafo del artículo 15 del Decreto 1091 de 1995.

1.1.1. Pretensiones

Se inapliquen por inconstitucionales e inconvenientes las siguientes disposiciones:

a) Parágrafo del artículo 15 del Decreto 1091 de 1995. b) Parágrafo del artículo 49 del Decreto 1091 de 1995. c) Parágrafo del artículo 23 del Decreto 4433 de 2004. d) Parágrafo del artículo 3 del Decreto 1858 de 2012.

Se declare la existencia y nulidad del acto administrativo ficto o presunto, derivado de la falta de respuesta a la petición presentada ante la CASUR el 9 de octubre de 2017, mediante la cual se solicitó la inclusión del subsidio familiar como partida computable para la liquidación de la asignación de retiro.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se condene a la entidad demandada reconocer y pagar la reliquidación de la asignación de retiro, incluyendo como partida computable el subsidio familiar, en los siguientes términos:

1 A través de apoderado judicial.2

− 30% del salario básico correspondiente a su esposa, Yamile Sarmiento Moreno. − 5% del salario básico correspondiente a su hija, Ingrid Carolina Barreiro Sarmiento. − 4% del salario básico correspondiente a su hija, Margot Selena Barreiro Sarmiento.

Se ordene a la demandada además que pague intereses e indexación desd e el 17 de julio de 2012, fecha de su retiro de la institución policial.

Se ordene a la demandada pagar los valores adeudados por prestaciones, subsidios, aumentos anuales o cualquier otro derecho causado, con la indexación correspondiente, incluyendo el subsidio familiar como factor salarial.

Se ordene a la demandada pagar los valores adeudados por prestaciones, subsidios, aumentos anuales o cualquier otro derecho causado, con la indexación correspondiente, incluyendo el subsidio familiar como factor salarial.

Se ordene cumplir la sentencia conforme a lo dispuesto en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

1.1.2. Hechos

Señaló que el señor Hugo Barreiro Olarte ingresó a la Policía Nacional en 1996, luego de superar el curso de formación correspondiente, en la categoría de Nivel Ejecutivo.

Afirmó que, tras su ingreso, le fue aplicado el Decreto 1091 de 1995, norma que estableció el régimen prestacional para los miembros de dicha categoría y que, en sus artículos 15 y 49, dispuso que el subsidio familiar percibido por los uniformados no constituía factor para la liquidación de prestaciones sociales.

Mencionó que en virtud de lo anterior, presentó derecho de petición ante CASUR solicitando el reconocimiento del subsidio f amiliar como partida computable dentro de su asignación de retiro, al considerar que las disposiciones que lo excluyen carecen de sustento constitucional.

Señaló que la CASUR negó tácitamente su solicitud mediante acto administrativo ficto o presunto, al no dar respuesta a su petición.

Sostuvo que el señor Barreiro Olarte percibe una asignación de retiro equivalente al 85% del sueldo de un subcomisario de la Policía Nacional, sin que en su liquidación se haya incluido el subsidio familiar como factor computable.

1.2. Contestación de la demanda

CASUR se opuso a todas las pretensiones de la demanda, argumentando que el

se haya incluido el subsidio familiar como factor computable.

1.2. Contestación de la demanda

CASUR se opuso a todas las pretensiones de la demanda, argumentando que el incremento anual liquidado al actor se efectúa en cumplimiento del artículo 3, numeral 3.13 de la Ley 923 de 2004, reglamentado en el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004, así como de las disposiciones que adopte el Gobierno Nacional en la materia, conforme a lo establecido en el literal e), numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política. Además, señaló que el demandante recibe asignació n de retiro desde el 17 de octubre de 2012 y que, de acuerdo con los Decretos 1091 de 1994 y 4433 de 2004, dicha asignación se liquida exclusivamente con las partidas legalmente computables.

Indicó que, según la hoja de servicios del Subcomisario (RA) Hugo Barreiro Olarte, este ingresó a la Policía Nacional como Agente Alumno el 1 de julio de 1987 y se incorporó al nivel ejecutivo mediante la Resolución No. 002371 del 30 de abril de 1996, permaneciendo en dicho régimen hasta su retiro el 17 de julio de 201 2, conforme a la Disposición No. 02508. Posteriormente, mediante la Resolución No.3

13175 del 28 de septiembre de 2012, CASUR le reconoció la asignación de retiro, efectiva a partir del 17 de octubre de 2012, equivalente al 85% del sueldo básico y las partidas legalmente computables para su grado, en aplicación del Decreto 4433 de 2004.

Sostuvo que la prestación reconocida al demandante se ajusta a los porcentajes

las partidas legalmente computables para su grado, en aplicación del Decreto 4433 de 2004.

Sostuvo que la prestación reconocida al demandante se ajusta a los porcentajes establecidos en la normativa vigente y a los haberes certificados en su hoja de servicios. Explicó que, dado que el señor Barreiro Olarte se acogió voluntariamente al nivel ejecutivo, la liquidación de su asignación de retiro se realizó conforme a los criterios del artículo 49 del Decreto 1091 de 1995 y del Decreto 4433 de 2004.

Resaltó que la Constitución, en su artículo 218, establece que la Policía Nacional, como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, cuenta con un régimen de carrera, prestacional y disciplinario determinado por la ley, lo que justifica la expedición de normas especial es para sus funcionarios. Precisó que el Decreto 4433 de 2004 regula las partidas computables para cada nivel de profesionalización dentro de la institución (Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes), cada uno con reglas diferenciadas.

Aseguró q ue estos regímenes no son discriminatorios ni vulneran derechos adquiridos, pues garantizan principios como la buena fe, la confianza legítima y la seguridad jurídica. Argumentó que, si bien el régimen del nivel ejecutivo no contempla ciertas partidas incluidas en otros regímenes, sí introdujo mejoras como el incremento de la asignación básica, el reconocimiento de prestaciones sobre el 100% de las partidas computables sin importar el tiempo de servicio, el derecho al pago de una prima de nivel ejecutivo y la prima de retorno a la experiencia, lo que resulta compatible con la Constitución y las leyes laborales, en la medida en que el

100% de las partidas computables sin importar el tiempo de servicio, el derecho al pago de una prima de nivel ejecutivo y la prima de retorno a la experiencia, lo que resulta compatible con la Constitución y las leyes laborales, en la medida en que el empleador está obligado a respetar beneficios mínimos, pero puede otorgar prerrogativas adicionales.

Concluyó que el régimen del nivel ejecutivo no incluye el subsidio familiar como partida computable dentro de la asignación de retiro, como consta en la hoja de servicios del demandante.

En respaldo de su postura, formuló la excepción denominada Inexistencia del Derecho, señalando que el señor Barreiro Olarte goza de asignación de retiro desde el 17 de octubre de 2012, bajo las disposiciones de los Decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004. Precisó que el artículo 23.2 del Decreto 4433 regula expresamente las partidas computables para el nivel ejecutivo, sin incluir el subsidio familiar.

Sostuvo que la historia laboral del demandante, documentada en la hoja de servicios No. 93362900 del 21 de agosto de 2012, certifica que este prestó servicio activo por 25 años, 7 meses y 18 días, y q ue el reconocimiento de su asignación de retiro se efectuó bajo la vigencia del Decreto 4433 de 2004. Añadió que la hoja de servicios elaborada por la Policía Nacional es un documento público que goza de presunción de autenticidad y resulta suficiente para verificar el cumplimiento de los requisitos para la asignación de retiro.

Finalmente, argumentó que CASUR no puede reajustar la asignación en el porcentaje solicitado, pues pretender un incremento con base en factores y

de autenticidad y resulta suficiente para verificar el cumplimiento de los requisitos para la asignación de retiro.

Finalmente, argumentó que CASUR no puede reajustar la asignación en el porcentaje solicitado, pues pretender un incremento con base en factores y porcentajes distintos a los establ ecidos en el Decreto 4433 de 2004 implicaría vulnerar el principio de inescindibilidad de las normas laborales especiales.

1.3. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia del 19 de septiembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda y condenó en4

costas a la parte demandante, fijando por agencias en derecho el 5 % del valor de las pretensiones.

La autoridad judicial indicó que el Consejo de Estado 2, en providencia del 12 de octubre de 2017, al analizar el régimen laboral y prestacional del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, precisó que, si bien dicho régimen no replica exactamente el previsto para los agentes de la institución, ello no implica, por sí solo, una discriminación o desmejora en materia laboral. Por el contrario, un análisis conjunto de ambos regímenes permite advertir que las prestaciones establecidas en el Decreto 1091 de 1995 para el Nivel Ejecutivo superan en monto a las contempladas para los agentes de la Policía Nacional.

Además, mencionó que la misma Corporación 3, en sentencia del 27 de noviembre de 2014, realizó un análisis comparativo de las partidas computables pre vistas en los regímenes prestacionales de los agentes y del Nivel Ejecutivo, posición que ha sido reiterada por el Consejo de Estado4 en los siguientes términos:

de 2014, realizó un análisis comparativo de las partidas computables pre vistas en los regímenes prestacionales de los agentes y del Nivel Ejecutivo, posición que ha sido reiterada por el Consejo de Estado4 en los siguientes términos:

“…Es válido afirmar que la homologación a la que se sometió le permite estar amparado por la prohibición de discriminar o desmejorar sus condiciones salariales y prestacionales, regla que deriva, se reitera, de instrumentos internacionales suscritos por el país, de la Constitución Política, de la Ley 4ª de 1992 y de las propias normas que crear on e implementaron el Nivel Ejecutivo en la Policía Nacional. Dicho desmejoramiento, no obstante, no puede mirarse aisladamente o, dicho de otra forma, factor por factor, pues ello permitiría la posibilidad de crear, sin competencia para el efecto, un tercer régimen, compuesto por aquellos elementos más favorables de cada una de las normativas en estudio [en este caso, el de Agentes de la Policía Nacional - Decreto 1213 de 1990, por un lado; y, el del Nivel Ejecutivo - Decreto 1091 de 1995, por el otro]. Además, en virtud del principio de inescindibilidad, la favorabilidad del Nivel Ejecutivo a la que se acogió libremente el demandante debe aplicarse en su integridad, pues es posible que en la nueva normativa [Decreto 1091 de 1995] existan ventajas no estipuladas mientras ostentó la condición de Agente y que, a su turno, se hayan eliminado otras, pese a lo cual su condición de integrante del Nivel Ejecutivo le haya permitido, incluso, mejorar sus condiciones salariales y prestacionales. (…)”

mientras ostentó la condición de Agente y que, a su turno, se hayan eliminado otras, pese a lo cual su condición de integrante del Nivel Ejecutivo le haya permitido, incluso, mejorar sus condiciones salariales y prestacionales. (…)”

Agregó que respe cto a la prestación social objeto de la demanda, en la misma providencia se precisó:

“También cabe precisar que en materia de subsidio familiar el régimen del nivel Ejecutivo consagró unas nuevas condiciones que posiblemente no la favorecieron, pero que, por otros aspectos es más benéfico, pues permite la inclusión de los hermanos y padres como beneficiarios del mismo. Ahora bien, en relación con las primas de servicios, navidad y de vacaciones, es evidente que en el régimen salarial y prestacional del Nivel Ejecutivo no se contemplaron las primas de actividad y antigüedad, entre otras; sin embargo, se crearon unas nuevas primas y se consagró

2 Sobre el particular pueden consultarse las sentencias del 12 de octubre de 2017, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 25000-23-42-000-2014-04128-01 (2165-16), C.P. William Hernández Gómez; del 15 de marzo de 2018, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 63001 -23-33-000-2013-00121-01 (0387-15), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez

y del 2 de febrero de 2017, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000 -23-42-000-2013-02266-01 (392914), M.P. César Palomino Cortés. 3 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de noviembre de 2014, radicado 25000 -23-42000-2012-00486-01 (3098-13). C.P. Gerardo Arenas Monsalve. 4 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del dos (2) de mayo de dos mil diecinueve (2019), Radicación número: 25000-23-42-000-2013-03554-01(2507-18). Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez5

una asignación básica mensual muy superior en relación con el grado de agente, por lo que, se advierte, en vigencia del nuevo régimen se superaron las condiciones salariales y prestacionales que el interesada ostentaba antes del 1º de junio de 1998”.

Indicó que, si bien el régimen laboral del Nivel Ejecutivo no incluyó algunas de las prestaciones previstas para los age ntes de la Policía Nacional, las partidas computables establecidas en el Decreto 1091 de 1995 representan, en su conjunto, un monto superior al percibido por el personal de agentes conforme al Decreto 1213 de 1990.

Señaló que, aunque el régimen salarial y prestacional del Nivel Ejecutivo no contempla el subsidio familiar como partida computable en la asignación de retiro, sí incluye otros factores computables, como el sueldo básico, la prima de retorno a

Señaló que, aunque el régimen salarial y prestacional del Nivel Ejecutivo no contempla el subsidio familiar como partida computable en la asignación de retiro, sí incluye otros factores computables, como el sueldo básico, la prima de retorno a la experiencia, el subsidio de alimentación y las du odécimas partes de las primas de servicio, vacaciones y navidad, QUE, en conjunto, determinan una asignación de retiro significativamente superior a la reconocida en el grado de agente.

Con base en lo anterior, la autoridad judicial consideró que el demandante no puede pretender beneficiarse de un régimen mixto que combine la asignación salarial del Nivel Ejecutivo con los factores salariales y prestacionales del Decreto 1213 de 1990, aplicables a los agentes, pues ello contravendría el principio de inescindibilidad de la ley.

Asimismo, advirtió que el régimen aplicable a oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional reconoce el subsidio familiar como partida computable dentro de la asignación de retiro en el porcentaje vigente a la fecha del re tiro, pero que, n o obstante, esta disposición difiere de la regulación aplicable a los miembros del Nivel Ejecutivo en el Decreto 1091 de 1995 y normas concordantes, donde no se prevé tal reconocimiento; anotó que, sin embargo, esta diferencia no configura, por sí sola, una vulneración del derecho a la igualdad de las familias de los uniformados, como argumentó el demandante, ni justifica la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad.

Destacó que, según la jurisprudencia reiterada de la Co rte Constitucional, el principio de igualdad se predica entre sujetos en condiciones equivalentes y, para

argumentó el demandante, ni justifica la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad.

Destacó que, según la jurisprudencia reiterada de la Co rte Constitucional, el principio de igualdad se predica entre sujetos en condiciones equivalentes y, para que prospere un cargo por su vulneración, es necesario demostrar un trato diferenciado entre personas o grupos en idénticas circunstancias de hecho.

Determinó que este caso dicho presupuesto no se cumple, pues dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares no es posible equiparar al personal del nivel ejecutivo con los oficiales, suboficiales y agentes , dado que existen diferencias sustanciales en cuanto a niveles, grados, funciones y responsabilidades , pues, estas diferencias implican regímenes distintos en materia de ingreso, ascenso, retiro, remuneración y prestaciones.

Dijo que, en este sentido, la Corte Constitucional ha precisado que la existencia de un trato diferenciado dentro de la Fuerza Pública respecto de un mismo derecho o prerrogativa no implica, por sí sola, la vulneración del artículo 13 de la Constitución, siempre que dicha diferenciación obedezca a criterios jurídicos y objetivo s acordes con el ordenamiento constitucional.

Finalmente, concluyó que no es posible desvincular la situación particular del exuniformado de la supuesta vulneración del derecho a la igualdad de su núcleo familiar, por lo que no se configuran los presupuestos necesarios para la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad.6

Precisó que acoger los planteamientos de la parte actora impli caría contrariar el mandato del ordenamiento legal y suponer una modificación de la norma sin competencia para ello, lo que equivaldría a invadir las funciones exclusivas del

Precisó que acoger los planteamientos de la parte actora impli caría contrariar el mandato del ordenamiento legal y suponer una modificación de la norma sin competencia para ello, lo que equivaldría a invadir las funciones exclusivas del Congreso de la República y del Gobierno Nacional como legislador reglamentario.

En consecuencia, concluyó que, respecto del subsidio familiar, no es procedente inaplicar el artículo 49 del Decreto 1091 de 1995 ni las disposiciones concordantes que prohíben la adición de partidas distintas a las expresamente señaladas para la liquidación de las asignaciones de retiro de los uniformados del Nivel Ejecutivo.

1.4. Recurso de apelación

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia argumentando que el subsidio familiar tiene como finalidad solventar las cargas económicas del trabajador, protegiendo así a la familia como núcleo esencial del Estado. Sostuvo que el ordenamiento jurídico colombiano aplicable a la Policía Nacional se ha caracterizado históricamente por ser garantista en la protección de las familias de los uniformados. Como e jemplo, indicó que desde 1977 el régimen especial ha reconocido a todos los miembros de la institución un 30% del salario básico por uniones conyugales o de hecho y hasta un 17% por los hijos, incluyéndolos como factores salariales en sus prestaciones soci ales periódicas. Señaló que e sta protección ha sido constante e ininterrumpida hasta la actualidad , pero que dicha garantía fue concebida exclusivamente para oficiales, suboficiales y agentes, dejando por fuera a los miembros del nivel ejecutivo, lo que ev idencia una discriminación dentro de la normativa policial.

garantía fue concebida exclusivamente para oficiales, suboficiales y agentes, dejando por fuera a los miembros del nivel ejecutivo, lo que ev idencia una discriminación dentro de la normativa policial.

Manifestó que esta exclusión supuso un retroceso en materia de seguridad social para los miembros del nivel ejecutivo, vulnerando su derecho a la igualdad y restringiendo la protección de sus fam ilias. Consideró que esta situación es jurídicamente reprochable.

Sostuvo que, conforme a lo planteado en la demanda, la entidad demandada ha transgredido el derecho a la igualdad tanto del actor como de su núcleo familiar. Explicó que el reconocimiento d el subsidio familiar en la Policía Nacional presenta una discriminación evidente contra los miembros del nivel ejecutivo, pues no existe una justificación convencional, constitucional o legal que sustente su aplicación diferenciada entre las categorías que conforman la institución. Recordó que la finalidad de esta prestación ha sido ampliamente reconocida por la Ley 21 de 1982 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, así como por el artículo 15 del Decreto 1091 de 1995, lo que refuerza su importancia dentro del ordenamiento jurídico. No obstante, los actos administrativos expedidos por el Gobierno Nacional han generado un trato desigual.

Como sustento de su argumento, citó la sentencia T -070 de 2015 de la Corte Constitucional y expuso que, si bien al gunas prestaciones en la Fuerza Pública pueden estar sujetas a un tratamiento especial basado en justificaciones constitucionales, el subsidio familiar no admite distinciones arbitrarias. Indicó que existen casos de prestaciones diferenciadas, como la prim a de orden público, que

pueden estar sujetas a un tratamiento especial basado en justificaciones constitucionales, el subsidio familiar no admite distinciones arbitrarias. Indicó que existen casos de prestaciones diferenciadas, como la prim a de orden público, que busca incentivar a los uniformados que desempeñan sus funciones en zonas de alto riesgo, o la prima de alto mando, otorgada a oficiales que alcanzan el rango de Brigadier General, Mayor General o General debido a sus mayores responsabilidades. Sin embargo, señaló que, a diferencia de estas primas, el subsidio familiar carece de una justificación válida para su tratamiento diferenciado entre oficiales, suboficiales, agentes y miembros del nivel ejecutivo.

Reiteró que la finalidad del subsidio familiar es proteger a la familia como núcleo esencial del Estado y, en consecuencia, debe garantizarse igualdad de condiciones7

a quienes se encuentren en circunstancias similares. Consideró que excluir a las familias de los miembros del nivel ejecutivo de esta protección es una discriminación arbitraria e injustificada.

Sostuvo que el subsidio familiar debe asignarse a los trabajadores con menores o medianos ingresos, ya sea en el sector público o privado, conforme a la doctrina de la Corte Constitucional. Argumentó que esta protección responde a la necesidad de reducir la vulnerabilidad económica de los trabajadores con ingresos más bajos. Explicó que dentro de la Policía Nacional existe una escala salarial diferenciada en la que los oficiales reciben una mayor remuneración, pero, aun así, se les reconoce un subsidio del 30% por su cónyuge o compañera permanente y del 17% por sus hijos, incluyéndolo como factor salarial para la liquidación de sus asignaciones de

un subsidio del 30% por su cónyuge o compañera permanente y del 17% por sus hijos, incluyéndolo como factor salarial para la liquidación de sus asignaciones de retiro y pensiones. Dijo que, en contraste, los miembros del nivel ejecutivo perciben ingresos menores, y el monto del subsidio familiar que reciben no se computa en sus prestaciones sociales, lo que profundiza la desigualdad.

Manifestó que esta situación contradice los principios del si stema constitucional colombiano, pues los oficiales, quienes ya tienen mejores condiciones salariales, reciben un subsidio familiar en condiciones más favorables que los miembros del nivel ejecutivo.

Hizo un análisis normativo y señaló que, en la década d e los noventa, el subsidio familiar fue reconocido en igualdad de condiciones para todos los miembros de la Policía Nacional . Dijo que, actualmente, los miembros del nivel ejecutivo, sin distinción de cargo, grado o función, reciben un monto fijo de $31.31 9 por persona a cargo, sin que esta suma sea computable como factor salarial.

Por lo anterior, solicitó la inaplicación por inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los parágrafos de los artículos 15 del Decreto 1091 de 1995, 49 del Decreto 1091 de 1995, 23 del Decreto 4433 de 2004 y 3 del Decreto 1858 de 2012; y, en su lugar, se reconozca y pague al actor la reliquidación de su asignación de retiro, incluyendo como partida computable el subsidio familiar.

1.5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 4 de julio de 2023, se admitió el recurso de apelación. En esta

como partida computable el subsidio familiar.

1.5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 4 de julio de 2023, se admitió el recurso de apelación. En esta etapa, ni las partes ni el Ministerio Público intervinieron.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Corporación es competente para conocer del presente asunto, conforme al artículo 153 del CPACA, que atribuye a los tribunales administrativos el conocimiento, en segunda instancia, de las apelaciones contra sentencias dictadas por los jueces administrativos en primera instancia.

Asimismo, esta Sala se ceñirá a lo dispuesto en el artículo 328 del CGP, por remisión del artículo 306 del CPACA, y se pronunciará exclusivamente sobre los argumentos planteados por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deban adoptarse de oficio en los casos previstos por la ley.

2.2. Procedibilidad del recurso de apelación

Conforme al artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, las sentencias de primera instancia son apelables, condición que se cumple en el presente caso.8

2.3. Problema jurídico

En el marco de la apelación, corresponde a la Sala determinar si el demandante, quien en servicio activo perteneció al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, tiene derecho a la reliquidación del subsidio familiar en los mismos porcentajes reconocidos a los oficiales y suboficiales de la institución, así c omo a su inclusión como partida computable en la asignación de retiro.

2.3.1. Tesis de la Sala

Se confirmará la sentencia de primera instancia, dado que el subsidio familiar no

como partida computable en la asignación de retiro.

2.3.1. Tesis de la Sala

Se confirmará la sentencia de primera instancia, dado que el subsidio familiar no está previsto como partida computable para la liquidación de la asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo al que perteneció el demandante al momento de concederse la prestación. En lo referente a su inclusión, se advierte que las normas aplicables a su situación, en particular el artículo 23.2 del Decreto 4433 de 2004, no contemplan el subsidio familiar como factor de liquidación.

Tampoco procede su reconocimiento con fundamento en el principio de igualdad, pues el hecho de que otros miembros de la Fuerza Pública lo tengan previsto como factor computable no implica, por sí solo, una vulneración del derecho a la igualdad ni un trato discriminatorio. El Consejo de Estado ha reiterado en múltiples oportunidades que existen diferencias entre el régimen salarial y prestacional del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y el aplicable a oficiales, suboficiales y agentes. En ese análisis, se ha concluido que, en su conjunto, el régimen del nivel ejecutivo resulta más favorable. Dicha Corporación además ha establecido que cada régimen contiene beneficios diferenciados, lo que impide afi rmar que la expedición del Decreto 1091 de 1995 haya menoscabado los derechos de sus destinatarios. En suma, extender al nivel ejecutivo las disposiciones aplicables a oficiales y suboficiales desconocería el principio de inescindibilidad del régimen prestacional.

2.4. Marco normativo

2.4.1. El nivel ejecutivo de la Policía Nacional y su régimen prestacional y salarial

suboficiales desconocería el principio de inescindibilidad del régimen prestacional.

2.4. Marco normativo

2.4.1. El nivel ejecutivo de la Policía Nacional y su régimen prestacional y salarial

La Ley 62 de 1993 otorgó al Presidente de la República facultades extraordinarias para modificar las normas de carrera del personal de oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, estructurar el régimen prestacional para viudas, huérfanos e incapacitados, y reformar los reglamento s de disciplina, evaluación y clasificación del personal de la institución.

En ejercicio de dichas facultades, el Gobierno Nacional expidió los Decretos 41 5 y 2626 de 1994. El primero, el Decreto 41 de 1994, fue declarado parcialmente inexequible por la C orte Constitucional mediante sentencia C -417 de 1994, al considerar que el Presidente de la República, conforme a la ley habilitante, no estaba facultado para crear una tercera categoría dentro del personal uniformado de la Policía Nacional, denominada ‘Ni vel Ejecutivo’. La Corte concluyó que el legislador ordinario había mantenido la estructura tradicional de la institución, conformada por oficiales, suboficiales y agentes.

Como consecuencia, la Ley 180 de 1995 modificó el artículo 6 de la Ley 62 de 1993 para incluir expresamente el Nivel Ejecutivo en la estructura de la Policía Nacional. Asimismo, el artículo 7 otorgó al Presidente de la República facultades extraordinarias para regular, entre otros aspectos, las asignaciones salariales,

5 “Por el cual se modifican las normas