TA TOL - Sentencia 73001-33-33-007-2019-00134-02 (29-05-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAG. PONENTE: DR. BELISARIO BELTRÁN BASTIDAS

Ibagué, veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

EXPEDIENTE: 73001-33-33-007-2019-00134-02

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: MARÍA DEL PILAR OÑATE SÁNCHEZ

DEMANDADO: LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMNISTRACIÓN JUDICIAL

CUESTIÓN PREVIA

De conformidad con lo señalado en Auto del 22 de mayo de 2025, por medio del cual se declaró fundado el impedimento presentado por el Doctor Carlos Arturo Mendieta Rodríguez, se procede a integrar Sala con el Magistrado que sigue en turno, esto es, el Doctor José Andrés Rojas Villa.

OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de la entidad demandada, contra la sentencia proferida el día 30 de agosto de 2024 , mediante la cual el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora MARÍA DEL PILAR OÑATE SÁNCHEZ , actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio del Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentó demanda contra la NACIÓNRAMA

JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMNISTRACIÓN JUDICIAL,

elevando las siguientes:

PRETENSIONES

Restablecimiento del Derecho, presentó demanda contra la NACIÓNRAMA

JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMNISTRACIÓN JUDICIAL,

elevando las siguientes:

PRETENSIONES

“PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio N° DESAJIBO18 -755 del 06 de marzo del año 2018 , expedido por el Director Ejecutivo de la rama Judicial, por de la cual se resuelve una petición de reconocimiento y cancelación de inclusión de la bonificación judicial como factor salarial dentro de la liquidación de las prestaciones sociales de la señora MARIA DEL PILAR OÑATE SANCHEZ.

SEGUNDA: Se declare la EXISTENCIA del acto ficto o presunto producto de la no respuesta al recurso de apelación interpuesto el día 21 de marzo del año 2018, contra el acto administrativo oficio N° DESAJIBO18-755 del 06 de marzo de 2018.

TERCERA: Se declare la NULIDAD del acto ficto o presunto producto de la no respuesta al recurso de apelación interpuesto el día 21 de marzo del año 2018. contra el acto administrativo oficio N° DESAJIBO18 -755 del 06de marzo de 2018.'Expediente: 73001-33-33-007-2019-00134-01

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Demandante: MARÍA DEL PILAR OÑATE SÁNCHEZ Demandado: LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMNISTRACIÓN

JUDICIAL

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CUARTA: De igual forma se proceda a inaplicar el artículo 1° del Decreto

Demandado: LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMNISTRACIÓN

JUDICIAL

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CUARTA: De igual forma se proceda a inaplicar el artículo 1° del Decreto 0383 del 2013, párrafos finales que establecen " constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud", por ser visiblemente

ILEGAL e INCONSTITUCIONAL.

QUINTA: Solicito se extienda el valor de la Bonificación judicial establecida en el Decreto N° 0383 de 2013, para q ue sea incluida como factor prestacional para la liquidación de la prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías, primas de productividad, bonificación por servicios presta dos. Y derechos laborales que por disposición legal o Constitucional , tiene derecho el convocante, teniendo en cuenta que es pagada de manera periódica y se recibe de forma habitual.

SEXTA: Como consecuencia de las anteriores declaraciones y en restablecimiento del derecho solicito se proceda a reliquidar las prestaciones sociales, tales como primas de servicio, prima de navidad, prima de vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías, prima de productividad, bonificación por servicios, y demás derechos laborales o Constitucionales, desde el 01 de enero del año 2013, hasta cuando se haga efectivo el pago, con la inclusión de la BONIFICACION JUDICIAL, de forma indexada.

SÉPTIMA: Que las sumas reconocidas sean debidamente ajustadas, según lo dispone el inciso del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 - C.P.A.C.A”.

indexada.

SÉPTIMA: Que las sumas reconocidas sean debidamente ajustadas, según lo dispone el inciso del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 - C.P.A.C.A”.

Las anteriores pretensiones las soporta en los siguientes:

HECHOS “PRIMERO: Mi poderdante la señora MARIA DEL PILAR OÑATE SANCHEZ, se encuentra vinculado a la Rama Judicial, desde hace más de 5 años, en el Juzgado promiscuo Municipal del Líbano Tolima.

SEGUNDO: En la actualidad mi poderdante ocupa el cargo de JUEZ del

Juzgado promiscuo del Líbano Tolima.

TERCERO: En la actualidad la señora MARIA DEL PILAR OÑATE SANCHEZ, devenga una asignación básica de CUATRO MILLONES

QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS ($4.520.000.oo). y la suma UN MILLON

SETECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

($1.723.296.00).

CUARTO: Mi poderdante ha permanecido vinculado a la Rama Judicial de manera continua y permanente durante todo este lapso de tiempo (5 años), desempeñando las labores con los más altos estándares de calidad, mostrando un desempeño ejemplar y eficiente.

QUINTO: Mi poderdante fue favorecido por el Decreto 0383 de 2013, por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones y desde el 01 de enero del año 2013, se inició el pago de las bonificaciones

el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones y desde el 01 de enero del año 2013, se inició el pago de las bonificaciones establecido en el mencionado Decreto, sin embargo esta bonificación noExpediente: 73001-33-33-007-2019-00134-01

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Demandante: MARÍA DEL PILAR OÑATE SÁNCHEZ Demandado: LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMNISTRACIÓN

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3 ha sido tenida en cuenta como factor prestacional salvo en lo que respecta al Sistema de Seguridad Social en Salud y pensión.

SEXTO: La bonificación judicial es recibida de forma mensual por parte de mi poderdante, por lo que se considera de que es habitual, y de acuerdo a los últimos pronunciamiento del Honorable Consejo de Estado y de la Honorable Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral, han ind icado que todo lo que reciba el trabajador de forma permanente o habitual constituye salario y hace parte integral del mismo, por lo que dicha bonificación debe ser incluida en la liquidación de todas las prestaciones sociales.

SÉPTIMO: Mi poderdante radico el día 26 de febrero del año 2018, reclamación administrativa ante el Director de la Rama Ejecutiva, con el fin de que se le reconociera y pagara la reliquidación de las prestaciones sociales por la no inclusión en su liquidación de la BONIFICACION

JUDICIAL.

OCTAVO: Posteriormente la rama judicial procede a dar respuesta

fin de que se le reconociera y pagara la reliquidación de las prestaciones sociales por la no inclusión en su liquidación de la BONIFICACION

JUDICIAL.

OCTAVO: Posteriormente la rama judicial procede a dar respuesta mediante el oficio N° DESAJIBO18-755 del 06 de marzo del año 2018. en donde procede a NEGAR lo pretendido.

NOVENO: Contra dicho acto administrativo se interpuso r ecurso de apelación, el día 21 de marzo del año 2018.

DECIMO: Las demandadas expiden la resolución N° DESAJIBO18 -1106 del 06 de abril de 2018, por medio de la cual se concede un recurso de apelación.

DECIMO PRIMERO : A la fecha de radicación la demandada no ha resuelto el recurso de apelación, configurándose con ello el silencio administrativo negativo.

DECIMO SEGUNDO: Solicito se tenga en cuenta el fallo proferido por el juzgado 19 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá de fecha 21 de junio de 2017, en el cual procede a incluir dentro de la liquidación de las prestaciones sociales la bonificación judicial, como factor salarial.

DECIMO TERCERO: Téngase en cuenta de igual forma el fallo de fecha 17 de julio de 2017, proferido por el juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué, en el cual procedió a incluir la BONIFICACION JUDICIAL, dentro de la liquidación de las prestaciones sociales del señor

AUDIEL OSPINA DEVIA.

DECIMO CUARTO: Solicito se tenga en cuenta el fallo proferido por el

juzgado AD HOC Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga

JUDICIAL, dentro de la liquidación de las prestaciones sociales del señor

AUDIEL OSPINA DEVIA.

DECIMO CUARTO: Solicito se tenga en cuenta el fallo proferido por el juzgado AD HOC Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga de fecha 18 de septiembre de 2017, siendo demandante la señora JOVANNA PATRICIA GARZON, contra LA NACION, FISCALIA GENERAL DE LA NACION, radicado 680013333001 -201500090-01, en el cual procede a incluir dentro de la liquidación de las prestaciones sociales la bonificación judicial, como factor salarial.

DECIMO QUINTO: Se radico solicitud de conciliación en la Procuraduría, con el fin de agotar el requisito de procedibilidad para poder acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, correspondiéndole por reparto a la procuraduría 201 judicial I para asuntos Administrativos.Expediente: 73001-33-33-007-2019-00134-01

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DECIMO SEXTO: Se llevó a cabo audiencia de conciliación en la cual los convocados no propusieron formula de arreglo por lo que se procedió a declarar fallida dicha diligencia.

DECIMO SÉPTIMO: El demandante me ha otorgado poder para iniciar el respectivo tramite de conciliación”.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Mediante apoderada judicial el 17 de mayo de 2019 1, la NACIÓN – RAMA

DECIMO SÉPTIMO: El demandante me ha otorgado poder para iniciar el respectivo tramite de conciliación”.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Mediante apoderada judicial el 17 de mayo de 2019 1, la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL presentó contestación a la demanda dentro del término legal, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones, de igual forma, manifestando que únicamente le constan los hechos relacionados a los cargos desempeñados por la demandante.

Señaló, la coexistencia de dos regímenes salariales y prestacion ales en la Rama Judicial desde el 1 de enero de 1993, a saber, el de los servidores acogidos y el de los no acogidos, la parte demandada formuló oposición a las pretensiones invocadas en la demanda. En sustento de su postura, adujo que la bonificación judi cial consagrada en el Decreto 383 de 2013 únicamente reviste naturaleza salarial para efectos de integrar la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

De igual manera, indicó que la administració n judicial ha dado aplicación estricta a las disposiciones normativas vigentes, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3º del citado decreto, motivo por el cual resultaba improcedente acceder a lo pretendido en la demanda. De conformidad con lo a nterior, advirtió que cualquier decisión en sentido contrario desconocería el marco legal aplicable y podría derivar en consecuencias de orden penal, fiscal y disciplinario para la entidad.

Para finalizar, propuso como excepciones la inexistencia de perj uicios, la

desconocería el marco legal aplicable y podría derivar en consecuencias de orden penal, fiscal y disciplinario para la entidad.

Para finalizar, propuso como excepciones la inexistencia de perj uicios, la imposibilidad material y presupuestal de reconocer las pretensiones del demandante, la prescripción trienal, y la innominada o genérica.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA En sentencia proferida el día 30 de agosto de 2024 2, el Juzgado 404 Administrativo Transitorio De Neiva accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo cual sostuvo lo siguiente:

“(…) dado que la bonificación judicial tuvo por finalidad nivelar los salarios de los empleados y jueces frente a las asignaciones de los Magistrados de Tribunal y de Altas Cortes –regidos igualmente por la Ley 4ª de 1992–, al solo haberse establecido como factor salarial para la base de cotización del Sistema de Seguridad Social en pensión y salud, es evidente la transgresión a los derechos fundamentales de los trabajadores; pues con ese tipo de decisiones administrativas, se desconocen los principios mínimos f undamentales de las relaciones laborales.

1 Documento 020ED018 del Expediente Digital del Juzgado, Cuaderno Principal 2 Documento 040 del Expediente Digital del Juzgado, Cuaderno PrincipalExpediente: 73001-33-33-007-2019-00134-01

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Demandante: MARÍA DEL PILAR OÑATE SÁNCHEZ Demandado: LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMNISTRACIÓN

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Por ese motivo, dicha norma se torna inconstitucional e ilegal; y en aplicación de los principios pro homine, remuneración mínima vital y móvil, favorabilidad, irrenunciabilidad a derechos laborales, equidad y los principios rectores establecidos en el artículo 53 de la Constitución Política, se declarará la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad respecto de la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013; porque contrario a lo que afirma la demandada, la bonificación judicial también constituye factor salarial para la base de liquidación de las prestaciones sociales.

Merced de lo anterior, se declarará la existencia del acto ficto derivado del silencio administrativo negativo, generado con la falta de resolución al recurso de apelación incoado el 21 de marzo de 2018 contra el Oficio N° DESAJIBO 18-755 del 6 de marzo de 2018; en los términos del artículo 86 de la Ley 1437 de 2011.

Como fue desvirtuada la presunción de legalidad de los actos, se accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de incluir la bonificación judicial como factor salarial en la liquidación de todas las prestaciones sociales devengadas por la demandante, y las que se causen a su favor (…)”.

RESUELVE:

a las pretensiones de la demanda, en el sentido de incluir la bonificación judicial como factor salarial en la liquidación de todas las prestaciones sociales devengadas por la demandante, y las que se causen a su favor (…)”.

RESUELVE:

“PRIMERO. – DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción trienal respecto de las diferencias prestacionales causadas con anterioridad al 26 de febrero de 2015; y no probadas las excepciones denominadas (i) inexistencia de perjuicios, (ii) imposibilidad material y presupuestal de reconocer las pretensiones de los demandantes, y (iii) la genérica, por los motivos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO. – INAPLICAR por inconstitucional e ilegal la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, contenida en el inciso primero del artículo 1° del Decreto 383 de 2013, y demás normas que lo modifiquen o sustituyan; de acuerdo con las consideraciones de esta providencia.

TERCERO. – DECLARAR la existencia del acto ficto derivado del silencio administrativo negativo, generado con la falta de resolución al recurso de apelación incoado el 21 de marzo de 2018 contra el Oficio N° DESAJIBO 18-755 del 6 de marzo de 2018; en los términos del artículo 86 de la Ley 1437 de 2011.

CUARTO. – DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio N° DESAJIBO 18 -755 del 6 de marzo de 2018 y del acto ficto negativo de que trata el ordinal anterior; a través de los cuales, se negó

CUARTO. – DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio N° DESAJIBO 18 -755 del 6 de marzo de 2018 y del acto ficto negativo de que trata el ordinal anterior; a través de los cuales, se negó la solicitud de reliquidación de prestaciones sociales de la demandante, incluyendo la bonificación judicial como factor salarial, como se esbozó en la parte motiva de esta sentencia.

QUINTO. – En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, en virtud de la Ley 4ª de 1992, reliquidar y pagar a la señora MARÍA DEL PILAR OÑATE SÁNCHEZ,Expediente: 73001-33-33-007-2019-00134-01

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6 identificada con cédula de ciudadanía N° 51.985.145, todas l as prestaciones sociales devengadas desde el 1° de enero de 2013, incluyendo la bonificación judicial como factor salarial; pero con efectos fiscales a partir del 26 de febrero de 2015 (por prescripción trienal) y mientras perdure su vinculación laboral co n la entidad. Desde luego, cancelando las diferencias que se hayan generado con ocasión de la reliquidación.

Las sumas liquidadas deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, y conforme a la formula consignada en la parte motiva de esta providencia.

Las sumas liquidadas deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, y conforme a la formula consignada en la parte motiva de esta providencia.

Las diferencias en los aportes pensionales que se generen con la inclusión de la bonificaci ón judicial como factor salarial desde el 1 ° de enero de 2013, deberán ser canceladas por la Rama Judicial al fondo pensional correspondiente; y, de las sumas que resulten a favor de la demandante, realícense los descuentos para el mismo efecto. Lo anterior, en razón a la irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de dichos aportes.

SEXTO. – Negar las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO. – NO CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandada, de acuerdo con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVO. – La demandada dará cumplimiento a esta providencia en los términos previstos en el artículo 192 del C.P.A.C.A.

NOVENO. – Ejecutoriada esta providencia, sino fuere apelada, archívese el expediente, previa anotación en el software de gestión.

DÉCIMO. – Advertir a las partes que los memoriales se recibir án únicamente a través de la ventanilla virtual del aplicativo SAMAI13”.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado judicial de LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL , interpuso recurso de apelación 3 solicitando que se revoque dicha decisión, manifestando que la decisión carece de fundamentos jurídicos y fácticos

RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL , interpuso recurso de apelación 3 solicitando que se revoque dicha decisión, manifestando que la decisión carece de fundamentos jurídicos y fácticos suficientes, y se aparta de las disposiciones normativas aplicables

Señala que, el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial, dispuesto en la sentencia de primera instancia, resulta contrario a lo establecido en el Decreto 383 de 2013 y 1269 de 2015, los cuales limitan expresamente su carácter salarial para efectos específicos de cotización al sistema de seguridad social, razón por la que dicha bonificación no puede incluirse en las reliquidaciones ordenadas, ya que esto implicaría una interpretación extensiva y errada de la normativa vigente.

Afirma que, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué ha venido aplicando correctamente el contenido de las citadas prescripciones legales, en cumplimiento además de la formalidad consagrada en su artículo 3º, razón por la que no accederá a lo solicitado, pues si lo hiciera claramente

3 Documento 043 del Expediente Digital del Juzgado, Cuaderno PrincipalExpediente: 73001-33-33-007-2019-00134-01

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7 estaría desacatando el ordenamiento legal vigente, con las consecuencias penales, fiscales y disciplinarias que una decisión en ese sentido conlleva.

JUDICIAL

7 estaría desacatando el ordenamiento legal vigente, con las consecuencias penales, fiscales y disciplinarias que una decisión en ese sentido conlleva.

Asimismo, alegó que las decisiones tomadas en el fallo desconocen principios básicos del derecho administrativo, tales como la congruencia de la sentencia y el respeto al marco presupuestal establecido, puesto que cualquier reconocimiento que implique afectaciones económicas no previstas presupuestalmente vulnera lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y otras normas de orden público que exigen disponibilidad presupuestal previa para la asunción de compromisos financieros por parte de las entidades públicas.

Finalmente, planteó que la decisión del juez de primera instancia incurrió en un posible fallo ultra o extra petita, al otorgar derechos no solicitados explícitamente en la demanda. Por esta razón, solicitó al tribunal revocar las órdenes contenidas en los numerales de la sentencia que exceden las pretensiones iniciales, por cuanto estas decisiones vulneran el principio de congruencia procesal, por lo que solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Mediante Auto del 16 de diciembre de 202 44, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la Nación , contra la sentencia proferida el día 30 de agosto de 2024, del Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva.

Según constancia secretarial del 04 de febrero de 2024 5, el agente del Ministerio Público guardó silencio.

Administrativo Transitorio de Neiva.

Según constancia secretarial del 04 de febrero de 2024 5, el agente del Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES

PARTE PROCESAL

Es competente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para resolver la presente controversia, tal como lo establece el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.

PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER

Corresponde a esta Corporación determinar si a la parte demandante le asiste derecho al reconocimiento, pago y reliquidación de sus prestaciones sociales, con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, creada mediante el Decreto 383 de 2013 expedido por el Gobierno Nacional, o si, por el contrario, no le asiste derecho alguno, por haber sido reconocidas y liquidadas conforme a lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

MARCO NORMATIVO

4 Índice 00005 del Expediente Digital del Tribunal – SAMAI 5 Índice 00010 del Expediente Digital del Tribunal – SAMAIExpediente: 73001-33-33-007-2019-00134-01

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8 La Constitución política de 1991, en su artículo 150 numeral 19 literal e, le atribuyó al Congreso de la República, la facultad para “ fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la fuerza pública”. En tal sentido, fue expedida la Ley 4

atribuyó al Congreso de la República, la facultad para “ fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la fuerza pública”. En tal sentido, fue expedida la Ley 4 de 1992, “ Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en ’el artículo 150 numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.”; la cual dispuso en el título I, artículo 1° literal b), lo siguiente:

“LEY 4 DE 1992

TÍTULO I.

REGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DE LOS EMPLEADOS

PÚBLICOS, DE LOS MIEMBROS DEL CONGRESO NACIONAL Y

DE LA FUERZA PUBLICA

ARTÍCULO 1o. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

b) Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República; (...)”. (Subrayado y negrilla por fuera del texto original).

En razón a la atribución conferida al Gobierno Nacional por mandato legal en materia salarial y prestacional, expidió el Decreto 57 del 07 de enero de

Contraloría General de la República; (...)”. (Subrayado y negrilla por fuera del texto original).

En razón a la atribución conferida al Gobierno Nacional por mandato legal en materia salarial y prestacional, expidió el Decreto 57 del 07 de enero de 1993, por medio del cual, se estableció el Régimen Prestacional y Salarial de los Servidores Públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, haciendo especial precisión frente al sistema de remuneración aplicable a los empleados públicos, determinando la existencia de dos sistemas a saber:

• El Régimen Salarial De Los Empleados Públicos Acogidos al Decreto 57 de 1993, aplicable a (i) quienes se vincularán al servicio con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente normatividad (07 de enero de 1993) y (ii) aquel los que, con antelación al 28 de febrero de 1993, optarán por una sola vez por el Régimen Salarial y Prestacional establecido en el Decreto en Cita.

• El Régimen Salarial De Los Empleados Públicos No Acogidos, aplicable a los Servidores Públicos que no opta ran por el Régimen establecido en el Decreto 57 de 1993, los cuales continuarían rigiéndose por las normas legales existentes con antelación a la promulgación del Decreto expedido por el Gobierno Nacional.

De otra parte, en el Parágrafo del Artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el legislador le otorgó la potestad al Gobierno Nacional para que revisara el sistema de remuneración de los servidores públicos de la Rama Judicial sobre la baseExpediente: 73001-33-33-007-2019-00134-01

le otorgó la potestad al Gobierno Nacional para que revisara el sistema de remuneración de los servidores públicos de la Rama Judicial sobre la baseExpediente: 73001-33-33-007-2019-00134-01

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JUDICIAL

9 de la nivelación o reclasificación, atendiendo criterios de Equidad, con e l propósito que se iniciara la fase de nivelación salarial para dichos funcionarios. Sobre el particular, establece la disposición normativa referenciada lo siguiente:

“ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superio r al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la Rep ública, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de

los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de le nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.

En desarrollo de tal disposición legal, el Presidente de la República expidió el Decreto 383 del 06 de marzo 2013, “por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones”, disponiendo en el Artículo Primero lo siguiente:

“DECRETO 383 DE 2013”

(Marzo 06) Por el cual se crea una bonificación judicial pare los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales señalados en la Ley 4ª de 1992,

DECRETA:

Artículo 1: Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y' prestacional establecido en los Decretos números 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto ni mero 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá me nsualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones v al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

bonificación judicial, la cual se reconocerá me nsualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones v al Si