TA TOL - Sentencia 73001-33-33-007-2019-00375-01 (20-03-2025)

Ibagué, veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2.025)

Radicación Nº. Interno N°: 73001-33-33-007-2019-00375-01 2024/0944

Medio de Control: RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: VIVIANA FORERO CASTAÑEDA

Demandado: Tema:

HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E. DE AMABALEMA Contrato realidad.

IASUNTO A DECIDIR

De conformidad con lo establecido en los artículos 153 y 243 del C.P.A.C.A., procede esta Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora en contra la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué el 14 de junio de 2024, y aclarada mediante proveído de 20 de agosto de la misma anualidad, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

IIANTECEDENTES

1. Pretensiones1.

1. Se declare la nulidad por Violación de la Ley, del Oficio en cumplimiento al auto del 26 de febrero de 2019 (Contestación Derecho de Petición) proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ambalema -Tolima Radicado: 201900025, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de todas las prestaciones laborales y sociales dejadas de percibir tales como cesantías e intereses, primas de navidad, prima de junio, prima de servicios, vacaciones, aportes a salud, pensión, administradora de riesgos laborales y caja de compensación familiar; así como los valores dejados de percibir por concepto

intereses, primas de navidad, prima de junio, prima de servicios, vacaciones, aportes a salud, pensión, administradora de riesgos laborales y caja de compensación familiar; así como los valores dejados de percibir por concepto de dotación y en general todas las sumas a título de prestaciones sociales, que corresponde a la contraprestación de la labor desempeñada desde el año 2010 hasta el año 2016, y en general todas las acreencias laborales; acto proferido por el Hospital San Antonio E.S.E. de Ambalema-Tolima.

2. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se declare que entre el Hospital San Antonio E.S.E. de AmbalemaTolima y la demandante existió un vínculo laboral desde el año 2010 hasta el año 2016 y durante la relación laboral, la entidad no canceló los derechos laborales.

3. Como consecuencia de la anterior nulidad y a título de restablec imiento del derecho, igualmente solicita se declare que la demandante tiene pleno derecho a que el Hospital San Antonio E.S.E. de Ambalema -Tolima, le reconozca y

1 Expte Juzgado – Archivo 13 – fls 2-3Rad. 73001-33-33-007-2019-00375-01)

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pague todas las prestaciones laborales y sociales dejadas de percibir tales como: cesantías e intereses, primas de navidad, prima de junio, prima de servicios, vacaciones, aportes a salud, pensión, administradora de riesgos

pague todas las prestaciones laborales y sociales dejadas de percibir tales como: cesantías e intereses, primas de navidad, prima de junio, prima de servicios, vacaciones, aportes a salud, pensión, administradora de riesgos laborales y caj a de compensación familiar; así como los valores dejados de percibir por concepto de dotación y en general todas las sumas a título de prestaciones sociales , que corresponde a la contraprestación de la labor desempeñada desde el año 2010 hasta el año 2016, y en general todas las acreencias laborales debidamente acreditadas dentro del expediente.

4. Se condene a la demandada Hospital San Antonio E.S.E. de AmbalemaTolima a cancelar o devolver las sumas de dinero que, por retención en la fuente, la demandada le descontó a la demandante.

5. Se condene a la demandada Hospital San Antonio E.S.E. de AmbalemaTolima al reembolso de los aportes a seguridad social respecto a salud, pensión y riesgos laborales; pagos que VIVIANA FORERO CASTAÑEDA tuvo que realizar sin tener obligación de ello.

6. Se ordene al Hospital San Antonio E.S.E. de Ambalema -Tolima, pagar los respectivos aportes a seguridad social, en todos sus niveles.

7. Se condene al Hospital San Antonio E.S.E. de Ambalema-Tolima, al pago de las acreencias laborales, prestaciones e indemnizaciones a las que tiene derecho una trabajadora de igual o mejor nivel que preste los mismos servicios.

8. Se ordene al Hospital San Antonio E.S.E. de Ambalema -Tolima, la devolución por conceptos indebidos en el pago de la Retención en la Fuente practicada a la parte demandante de manera ilegal.

8. Se ordene al Hospital San Antonio E.S.E. de Ambalema -Tolima, la devolución por conceptos indebidos en el pago de la Retención en la Fuente practicada a la parte demandante de manera ilegal.

9. Se condene a la demandada Hospital San Antonio E.S.E. de AmbalemaTolima, a título de sanción moratoria que se consagra en la Ley 244 de 1995, pagar a la demandante las sumas que resulten equivalentes a un día de salario por un día de mora en la consignación o pago de las cesantías desde el año 2010 hasta el año 2016 y hasta la cancelación efectiva de las mismas.

10. Se ordene al Hospital San Antonio E.S.E. de Ambalema -Tolima, a pagar sobre las diferencias adeudadas a la demandante, las sumas necesarias para hacer los ajustes de valor, conforme al IPC o al por mayor, indexación que debe ser ordenada mes a mes por tratarse de pagos de tracto sucesivo.

11. Se ordene al Hospital San Antonio E.S.E. de Ambalema -Tolima, dar cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el artículo 192 del C.P.A. y de lo C.A., y a pagar a favo r de la demandante los intereses moratorios, conforme lo ordenan los artículos 192 y 195 del C.P.A. y de lo C.A. y la sentencia C 602 de 2009 de la Honorable Corte Constitucional.

12. Se condene en costas al Hospital San Antonio E.S.E. de Ambalema-Tolima, conforme al artículo 188 del C.P.A. y de lo C.A.

13. Se condene a la entidad extra y ultra patita.

2.- Fundamentos fácticos2

Como fundamento de sus pretensiones, el apoderado de la parte accionante

conforme al artículo 188 del C.P.A. y de lo C.A.

13. Se condene a la entidad extra y ultra patita.

2.- Fundamentos fácticos2

Como fundamento de sus pretensiones, el apoderado de la parte accionante expuso los hechos que pueden sintetizarse, así:

2 Ver Expdte Jugado – C.PPal - Archivo 13– fls 3-5Rad. 73001-33-33-007-2019-00375-01)

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1. La señora Viviana Forero Castañeda laboró al servicio del Hospital San Antonio E.S.E. de Ambalema, Tolima, en el cargo de Auxiliar de Enfermería desde el 04 de enero de 2010 hasta el 01 de diciembre de 2016. mediante contratos de prestación de servicios.

2. Indicó que la demandante por la prestación del servicio recibía un salario mensual, y que se le exigió la prestación personal del servicio.

3. Expresó que durante la prestación del servicio la demandante fue sometida a subordinación, pues tenía que cumplir con los reglamentos y funciones predeterminadas en el Hospital , con directrices de comportamiento laboral y personal.

4. Señaló que la actora estaba sometida al cumplimiento de un horario dentro de las instalaciones del ente hospitalario, sin poder ejercer su actividad fuera de él, que además le fueron asignados elementos de trabajo que eran propiedad del contratante y estuvieron al servicio de ésta para cumplir las funciones asignadas, lo que permitía demostrar el elemento subordinación.

que además le fueron asignados elementos de trabajo que eran propiedad del contratante y estuvieron al servicio de ésta para cumplir las funciones asignadas, lo que permitía demostrar el elemento subordinación.

5. Mediante petición radicada el 24 de septiembre de 2018, la demandante solicitó al Hospital demandado el reconocimiento de la relación laboral y el consecuente pago prestaciones derivadas del mismo, petición esta que fue despachada desfavorablemente mediante oficio No 00025 de 2019.

3.- Contestación de la demanda3

Dentro del término legal oportuno el apoderado judicial de la accionada descorrió el traslado de la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones.

Dijo que con las pruebas obrantes en e l proceso no se lograba demostrar el elemento subordinación indispensable para obtener la declaratoria d el contrato realidad, pues de acuerdo a las clausula pactadas en los contratos no se evidenciaba que se hubiese pactado el cumplimiento de un horario laboral ni algún tipo de dependencia u subordinación laboral, por el contrario se observaba que se habían pactado clausulas prototípicas que distinguen a los contratos administrativos, como lo eran las cláusulas de caducidad, de multas pecuniarias, y de remuneración económica como contraprestación del servicio.

Sostuvo que no había probanza alguna que demostrara que el ente hospitalario le hubiese expedido algún memorando , oficio o circular a la demandante, en donde se le impusieran funciones fuera de las pactadas en los contratos de prestación de servicios, o donde se le hubiese impartido una orden a cumplir, se le informara de una jornada laboral a practicar, pues los cuadros de turnos que se ha cían para el

se le impusieran funciones fuera de las pactadas en los contratos de prestación de servicios, o donde se le hubiese impartido una orden a cumplir, se le informara de una jornada laboral a practicar, pues los cuadros de turnos que se ha cían para el personal de enfermería constituían actividades programadas para la ejecución anual y eran socializados con las personas que conformaban el grupo de trabaj o, por lo que no había archivo individual de actividades ejecutadas por persona, sino un consolidado anual registrado en la producción de la institución.

Refirió que se estaba en presencia de un contrato de prestación de servicios de carácter estatal, el cual no genera imputaciones para el pago de los conceptos laborales peticionados.

4.- La sentencia apelada4.

3 Ver Expte Juzgado -C.Ppal– Archivo 26 4 Expdte Jugado – C. Ppal Archivo 66Rad. 73001-33-33-007-2019-00375-01)

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Lo es la proferida el 14 de junio de 2024, por el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Luego de citar las disposiciones legales y jurisprudenciales que regulan la materia, señaló que conforme al material probatorio allegado al plenario se advertía que la demandante había suscrito diversos contratos de prestación de servicios con el Hospital demandado, para prestar los servicios de Auxiliar de Enfermería, de cuyas

señaló que conforme al material probatorio allegado al plenario se advertía que la demandante había suscrito diversos contratos de prestación de servicios con el Hospital demandado, para prestar los servicios de Auxiliar de Enfermería, de cuyas obligaciones se deducía la prestación personal del servicio.

En cuanto a la temporalidad y continuidad en la prestación del servicio manifestó que la actora estuvo desarrollando un objeto y funciones similares en cada contrato, lo cual era un indicio del carácter permanente de las mismas, en especial porque la labor ejecutada corr espondía a funciones propias o misionales del Hospital, lo que desvirtuaba la temporalidad de la labor contratada ; igualmente señaló que de acuerdo a los rasgos de identidad y equivalencia de todos los contratos celebrados, se podía concluir que estos formaban parte de una misma cadena o tracto negocial continuado o permanente.

Precisó que el elemento contraprestación también se encontraba acreditado en el plenario, pues si bien no obraban relaciones de pago de dichos contratos, de lo pactado en los mismo s se desprendía que la demandante había percibido unos honorarios mensuales en contraprestación a los servicios prestados.

Respecto del elemento subordinación indicó que el mismo se encontraba configurado, pues se demostró que la labor desempeñada por la señora Viviana Forero era de Auxiliar de Enfermería, lo que implicaba entre otras funciones, la atención de pacientes, administración de medicamentos , cumplir órdenes emanadas de los médicos y de la enfermera jefe, cumplir turnos y horarios, lo que significaba que no hubo autonomía e independencia en el desarrollo de las funciones contratadas.

Aseveró que aunque no se encontraba acreditado en el proceso la imposición de

significaba que no hubo autonomía e independencia en el desarrollo de las funciones contratadas.

Aseveró que aunque no se encontraba acreditado en el proceso la imposición de órdenes o reglamentos en ejercicio del poder disciplinario para el cumplimiento el objeto contractual , ello no desvirtuaba dicho de los declarantes y de la propia actora sobre la forma en que debía acudir a la prestación del servicio contratado ; del mismo modo señaló, que de la testimonial recaudada así como del interrogatorio de parte, se podía desprender que la accionante debía cumplir un horario de trabajo según los cuadros de turnos previamente establecidos , recibía llamados de atención, y tenía las mismas obligaciones, deberes y responsabilidades de las auxiliares de enfermería del Hospital, y pese a ello no contaba con los mismos beneficios que estas.

Concluyó que estaban acreditados los tres elementos configurativos el contrato realidad y que el Hospital San Antonio E.S.E. de Ambalema evadió las obligaciones laborales de la accionante, por cuanto ejerció atribuciones propias de un empleado a través de ordenes dirigidas al desempeño de funciones ínsitas de la entidad, que además no fueron temporales o excepcionales.

Agregó que en el sub-lite había existió una ruptura del vínculo contractual, pues entre el 31 de mayo y el 01 de agosto de 2012 hubo una interrupción de 39 días hábiles y 90 días calendario, superando el termino para la configuración de la solución de continuidad establecido por el Consejo de Estado, corriendo la misma situación respecto de la interrupción habida entre el 01 de julio y el 02 de octubre

hábiles y 90 días calendario, superando el termino para la configuración de la solución de continuidad establecido por el Consejo de Estado, corriendo la misma situación respecto de la interrupción habida entre el 01 de julio y el 02 de octubre de 2016, en donde trascurrieron 94 días calendario y 63 días hábiles.Rad. 73001-33-33-007-2019-00375-01)

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Estableció como periodo de delimitación de la vinculación los siguientes; i) Del 04 de enero de 2010 al 31 de mayo de 2012; ii) Del 01 agosto de 2012 al 30 de junio de 2016; iii) Del 02 de octubre al 01 de diciembre de 2016; de acuerdo a lo anterior, señaló que se presentaron interrupciones considera bles que suspendieron la continuidad del vínculo, y debieron ser reclamadas en sede administrativa dentro de los tres años siguientes a la terminación del contrato, y que la primera petición ante el Hospital fue elevada el 24 de septiembre de 2018, por lo que frente al primer periodo establecido se encontraba configurado el fenómeno jurídico de prescripción.

Sostuvo que r especto del segundo y tercer periodo no había lugar a declarar la prescripción y le asist ía derecho a la demandante al reconocimiento de los emolumentos prestacionales derivados de esa vinculación, sin embargo, pese a que la mayoría de las interrupciones contractuales advertidas eran inferiores a 30 días hábiles, ello no implicaba el reconocimiento y pago de prestaciones sobre los

emolumentos prestacionales derivados de esa vinculación, sin embargo, pese a que la mayoría de las interrupciones contractuales advertidas eran inferiores a 30 días hábiles, ello no implicaba el reconocimiento y pago de prestaciones sobre los lapsos en donde se presentó la interrupción, esto es, en los que no medió contrato de prestación de servicios; de acuerdo a lo anterior , ordenó el reconocimiento de las prestaciones sociales devengadas por un servidor de planta durante el perdido comprendido entre el 01 de agosto de 2012 y el 01 de diciembre de 2016, teniendo en cuenta las interrupciones advertidas.

Respecto de los aportes a seguridad social en pensiones dijo que los mismos eran imprescriptibles, por lo que el Hospital demandado debía completarlos al respectivo fondo de pensiones en el porcentaje correspondiente.

En relación a los aportes en seguridad social en salud efectuados por las contratistas, expresó que los mismos no podían ser devueltos, pues estos fueron debidamente cotizados al existir una obligación legal de realizar dicha contribución, y como quiera que los mismos eran de naturaleza parafiscal se hacía improcedente tal devolución; igualmente señaló que por la naturaleza de dichos aportes no era posible acceder a la petición de devoluci ón de los valores por concepto de retención en la fuente, ya que el Hospital estaba actuando en cumplimiento del régimen tributario.

5.- El recurso de apelación5.

Dentro del término legal conferido el apoderado de la parte actora interpuso el recurso de alzada solicitando modificar el fallo impugnado , en el entendido de ordenar el reconocimiento de las acreencias laborales y prestacionales desde el 04

Dentro del término legal conferido el apoderado de la parte actora interpuso el recurso de alzada solicitando modificar el fallo impugnado , en el entendido de ordenar el reconocimiento de las acreencias laborales y prestacionales desde el 04 de enero de 2010 al 01 de diciembre de 2016.

Luego de relacionar los contratos d e prestación de servicios suscritos por la demandante y el Hospital San Antonio E.SE. de Ambalema, el periodo de duración de cada uno de ellos y las interrupciones entre estos, señaló que en el periodo comprendido entre el 31 de mayo y el 01 de agosto de 2 012 se presentó sin solución de continuidad, pues el Juez de instancia desconoció la sentencia del Consejo de Estado de septiembre de 2021, la cual establece que si bien el termino de solución de continuidad se entendería cuando se presente una interrupción de 30 días hábiles, tal postura no podía ser una camisa de fuerza, sino simplemente un marco de referencia, pues podía existir periodos mayores de interrupción que no constituyen solución de continuidad.

Frente al segundo periodo de interrupción, esto es del 02 de junio al 03 de octubre de 2016, manifestó que la señora Viviana Forero Castañeda se encontraba en

5 Ver Expte Juzgado -Archivo 69Rad. 73001-33-33-007-2019-00375-01)

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licencia de maternidad tal como fue advertido por el Juez de instancia en los

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licencia de maternidad tal como fue advertido por el Juez de instancia en los hechos probados para la solución del p roblema jurídico, por lo que la interrupción obedeció al reposo por maternidad, el cual debe ser protegido al igual que el personal de planta, por lo que no debe entenderse interrumpido el termino en que se concedió la incapacidad médica.

Enfatizó que la prescripción se aplicaba para efectos de contabilizar el termino o plazo sobre el radicado de la demanda, pero que una vez probados los elementos constitutivos del contrato realidad , nac ía a la vida jurídica una relación laboral, lo contrario era arbitrario al demandante, vulnerándose así los principios de favorabilidad, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, progresividad y prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, así como los derechos constitucio nales al trabajo en condiciones dignas e irrenunciabilidad a la seguridad social

Expuso que dada la continuidad en el servicio de la actora y atendiendo a una sola relación laboral con interrupciones despreciables se evidenciaba que no había operado el fe nómeno prescriptivo, pues los periodos de interrupción deben ser modulables en tanto se evidenciaba la necesidad del servicio de carácter permanente, teniendo así el demandante derecho al pago de todas las prestaciones durante el periodo comprendido entre el 04 de enero de 2010 y el 01 de diciembre de 2016.

IIITRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

prestaciones durante el periodo comprendido entre el 04 de enero de 2010 y el 01 de diciembre de 2016.

IIITRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por auto del 15 de octubre de 2020 se admitió el recurso interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora sin que ninguno de los sujetos procesales se hubiese manifestado sobre los mismos, y como quiera que no se requirió la práctica de pruebas, y que dentro del término de ejecutoria del auto que admitió el recurso de alzada no se presentaron alegatos de cier re, se dispuso dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del Artículo 247 del C.P.A.C.A., en la forma como fue modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

IVCONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1.- Sobre la competencia

Es competente esta Colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia de primer grado, según voces de los arts. 153 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir en su orden que corresponde a los Tribunales Administrativos en segunda instancia conocer de las apelaciones contra las sentencias de primera instancia dictadas por los jueces; asimismo, que son apelables las sentencias de primera instancia de los jueces administrativos.

2.- Límites del recurso de apelación:

Procede a continuación la Sala a estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia del 14 de junio de 2.024, aclarada mediante proveído del 20 de agosto d la misma anualidad proferida por e l

Procede a continuación la Sala a estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia del 14 de junio de 2.024, aclarada mediante proveído del 20 de agosto d la misma anualidad proferida por e l Juzgado Séptimo Administrativo de l Circuito de esta ciudad , en tanto solo leRad. 73001-33-33-007-2019-00375-01)

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está dado al ad quem pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos al fallo, sin que se pueda inmiscuir en el estudio de aspectos que no fueron debatidos por el o los recurrentes, tal como lo ha sentenciado la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Así las cosas, es claro que la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al ad quem estudiar asuntos de la sentencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (esto último, en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado.

De acuerdo con la jurisprudencia d el máximo órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la apelación se encuentra limitada a los aspectos indicados por lo dispuesto en el recurso de apelación, en tanto a través de este se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial,

Contenciosa Administrativa, la apelación se encuentra limitada a los aspectos indicados por lo dispuesto en el recurso de apelación, en tanto a través de este se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera instancia presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para efecto de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia.

Igualmente, estableció como Teoría General de los Recursos que “Es necesario que exista congruencia entre la sustentación de la impugnación y lo decidido en la providencia objeto de censura, so pena de que no se pueda analizar la alzada”.

Por consiguiente, el estudio y decisión del recurso interpuesto se ceñirá exclusivamente a las disertaci ones propuestas por el apoderado de la parte demandante, teniendo en cuenta que la parte demandada no recurrió la sentencia de primera instancia.

3.- Problema Jurídico.

En los términos de la apelación deberá establecerse, si durante los periodos en que se ejecutaron cada uno contratos de prestación de servicios suscritos entre la señora Viviana Forero Castañeda y el Hospital San Antonio E.S.E. de Ambalema, existió o no solución de continuidad entre los mismos, y si como consecuencia de ello se configuró el fenómeno jurídico de la prescripción.

De acuerdo a lo anterior, deberá determinarse si tal como lo aduce el recurrente, la citada señ ora tiene derecho a que se le cancelen las prestaciones sociales y laborales adeudadas como consecuencia de la declaración de la existencia del

De acuerdo a lo anterior, deberá determinarse si tal como lo aduce el recurrente, la citada señ ora tiene derecho a que se le cancelen las prestaciones sociales y laborales adeudadas como consecuencia de la declaración de la existencia del contrato realidad desde el 04 de enero de 2010 al 01 de diciembre de 2016 , o si las mismas deben ser reconocid as en los términos y periodos establecidos en la sentencia censurada.

4. Marco normativo y jurisprudencial aplicable.

Como se advierte, respecto de la existencia del contrato realidad ordenada por el Juez de instancia no se manifestó inconformidad, por lo que sobre este aspecto en particular no se realizara estudio alguno, y en tal razón, el análisis del caso solo se limitará a estudiar las insatisfacciones expuestas en la apelación, relacionadasRad. 73001-33-33-007-2019-00375-01)

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con la solución de continuidad, la prescripción y el reconocimiento de las prestaciones peticionadas durante todo el tiempo de la relación contractual de la demandante con el Hospital.

• De la prescripción y la solución de continuidad en el contrato realidad.

Conforme a las previsiones del artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, los derechos laborales prescriben en un término de tres (3) años, contados a partir del momento en que los mismos se hicieron exigibles.

En lo relativo a la prescripción de los derechos laborales en casos como el que

derechos laborales prescriben en un término de tres (3) años, contados a partir del momento en que los mismos se hicieron exigibles.

En lo relativo a la prescripción de los derechos laborales en casos como el que nos ocupa, sea lo primero indicar que el Consejo de Estado se pronunció en sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado N° CE -SUJ2-005-16 23001 -23-33-000-201300260-01, con ponencia del Dr. Carmelo Perdomo Cuéter6, de la siguiente manera:

“A guisa de corolario de lo que se deja consignado, respecto de las controversias relacionas con el contrato realidad, en particular en lo que concierne a la prescripción, han de tenerse en cuenta las siguientes reglas jurisprudenciales:

1. Quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual.

1. Sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía con los derecho s constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y progresividad.

1. Lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista , pues esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en

1. Lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista , pues esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el derecho pensional como tal (que se busca garantizar), sino en relación con las cotizaciones adeudadas al s istema de seguridad social en pensiones, que podrían tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.

1. Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA).

1. Tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables

6 La posición sentada por el Consejo de Estado en la sentencia de Unificación mencionada ha sido reiterada por esa misma corporación, entre otras, en sentencias proferidas por el Magistrado Carmelo Perdomo Cueter, del 1 de marzo de 2018, dentro del radicado 23001-23-33-000-2013-00117-01(3730-14), otra del 26 de julio de 2018 dentro del

radicado 68001-23-31-000-2010-00799-01 y por el magistrado WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ el 11 de abril de 2019 dentro del expediente 63001-23-33-000-2014-00232-01(273316).Rad. 73001-33-33-007-2019-00375-01)

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VIV