TA TOL - Sentencia 73001-33-33-007-2019-00458-01 (22-05-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Mag. Ponente: John Libardo Andrade Flórez

Ibagué – Tolima, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

EXPEDIENTE: 73001-33-33-007-2019-00458-01

INTERNO: 969/2022

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: JAIME ENRIQUE CASTRO RECALDE

DEMANDADO: MUNICIPIO DE CUNDAY

I. ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué el 12 de septiembre de 2022, que negó las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

El señor Jaime Enrique Castro Recalde por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda con la finalidad de obtener mediante sentencia judicial, un pronunciamiento favorable sobre las siguientes:

1. Declaraciones y condenas1

El demandante refiere lo siguiente:

“Que se declare la NULIDAD de la resolución No. 103 de 20 de junio de 2019, “por medio de la cual se termina el vínculo laboral en situación de provisionalidad de un empleado dentro de la Planta de cargos de la Alcaldía Municipal de Cunday”, la cual fue notificada el 21 de junio de 2019.

“por medio de la cual se termina el vínculo laboral en situación de provisionalidad de un empleado dentro de la Planta de cargos de la Alcaldía Municipal de Cunday”, la cual fue notificada el 21 de junio de 2019.

1. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada Municipio de Cunday, proceda a reintegrar a mi cliente al cargo de Técnico Administrativo Código 367 Grado 06, el cual venía desempeñando al momento del despido, esto es, a partir del 22 de junio de 2019, o a otro igual, similar o de superior categoría y remuneración.

1 Fl. 33 cuaderno principal, Expediente digital SAMAIMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2

Demandante: JAIME ENRIQUE CASTRO RECALDE

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2. Como consecuencia del reintegro, se cancelen debidamente indexados los salarios, prestaciones sociales legales, bonificaciones, aportes al Sistema de seguridad social y demás emolumentos o créditos laborales dejados de percibir desde el día en que fue desvinculado del cargo en mención y hasta que sea efectivamente reintegrado.

3. Que, para todos los efectos legales, se declare que no ha habido solución de continuidad entre la fecha de despido y la fecha de su reintegro.

4. Se condene a la entidad demandada a que, sobre las sumas adeudadas a mi poderdante, se paguen las necesarias para hacer los ajustes de valor de dichas

continuidad entre la fecha de despido y la fecha de su reintegro.

4. Se condene a la entidad demandada a que, sobre las sumas adeudadas a mi poderdante, se paguen las necesarias para hacer los ajustes de valor de dichas sumas, conforme al I.P.C, tal y como lo autoriza el párrafo final del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

5. Se ordene a la entidad demandada que dé cumplimiento a lo dispuesto en el fallo dentro del término perentorio consignado en el art, 192 de la ley 1437 de

2011.

6. Se condene al pago de costas y agencias en derecho a la entidad demandada, de conformidad a los previsto en el art. 188 ley 1437 del 2011 – CPACA.”

2. Hechos2

El señor Jaime Enrique Castro Recalde fue nombrado mediante Decreto No. 010 del 5 de enero de 2016 en el cargo de libre nombramiento de Técnico Administrativo, Código 367, grado 03, con funciones de almacenista al servicio del Municipio de Cunday – Tolima.

El demandante i ndicó que su vinculación se extendió hasta el 21 de junio de 2019, fecha en la cual le notifican personalmente el contenido de la Resolución No. 103 del 20 de junio de 2019 “por medio de la cual se termina un vínculo laboral en situación de provisionalidad de un empleado dentro de la planta de cargos de la Alcaldía Municipal de Cunday”

Señaló que el antecedente del despido fue la facultad concedida al alcalde municipal mediante Acuerdo 008 del 30 de noviembre de 2018 para adelantar el proceso de reordenamiento del Municipio, a través del Decreto 027 del 25 de

Señaló que el antecedente del despido fue la facultad concedida al alcalde municipal mediante Acuerdo 008 del 30 de noviembre de 2018 para adelantar el proceso de reordenamiento del Municipio, a través del Decreto 027 del 25 de mayo de 2019 que determinó la estructura de la Alcaldía y con el Decreto 029 de la misma fecha se adoptó la planta de personal. Por medio de la Resolución 082 del 1 de junio de 2019 se incorporaron a los servidores de planta de personal a la alcaldía, incluyendo al demandante al mismo cargo que venía ejerciendo, sin que se le informara que nuevamente debería aceptar y tomar posesión de este.

Adujó que posteriormente, se expidió la Resolución 103 de 20 de junio de 2019, por medio del cual se termin ó el vínculo laboral ante la negativa de firmar el

2 Fls. 33 a 36 cuaderno principal, Expediente digital SAMAIMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 3

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acta de incorporación establecida en el Decreto 029 de 2019 y la Resolución 082 de 2019.

El demandante argumentó que la Resolución 082 de 2019 no implicó nuevos requisitos para la incorporación, dado que no correspondía a un cargo nuevo ni exigía una nueva posesión, sumado a esto, señaló errores en el documento de identificación consignado en el acta, asimismo, invocó el artículo 2.2.5.2.6 del

requisitos para la incorporación, dado que no correspondía a un cargo nuevo ni exigía una nueva posesión, sumado a esto, señaló errores en el documento de identificación consignado en el acta, asimismo, invocó el artículo 2.2.5.2.6 del Decreto 1083 de 2015, el cual establece la obligatoriedad de comunicar por escrito toda designación, indicando el plazo para su aceptación, formalidad que omitió la entidad en su caso al no informarle sob re la necesidad de manifestar su aceptación o rechazo de la incorporación.

Sostuvo que, pese a no ser exigibles nuevos requisitos, como tampoco haberse informado el deber de aceptar o rechazar la incorporación, fue desvinculado, sin que transcurrieran los 20 días hábiles para poder ser desvinculado.

El señor Jaime Enrique Castro Recalde consideró que e l acto acusado está viciado de falsa motivación pues su nombramiento se hizo como si fuera un cargo de libre nombramiento, sin serlo, y se terminó su vinculación como si se tratara de un cargo en situación de provisionalidad.

3. Normas Violadas y Concepto de Violación

Como normas violadas se citaron en la demanda las siguientes:

• Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 25, 29, 48, 53, 123.2 y 209. - Ley 909 de 2004. - Decreto 785 de 2005. - Decreto 1083 de 2015.

El apoderado de la parte demandante en relación con la motivación del acto administrativo impugnado, sostuvo que fue errónea, su argumento se basó en que, a pesar de haber sido nombrado en el puesto de Técnico administrativo,

El apoderado de la parte demandante en relación con la motivación del acto administrativo impugnado, sostuvo que fue errónea, su argumento se basó en que, a pesar de haber sido nombrado en el puesto de Técnico administrativo, se procedió como si este fuera un cargo de libre nombramiento y remoción, clasificación que no le correspondía, de igual manera, su desvinculación se llevó a cabo bajo la figur a de una provisionalidad, incongruente con la naturaleza técnica del cargo, además, negó que su poderdante se hubiera negado a firmar el acta de incorporación, alegando que dicho documento contenía errores en su identificación, los cuales no fueron registrados formalmente.

En el mismo sentido, alegó que la Resolución 082 de junio 1 de 2019, mediante la cual se incorporó al personal de planta, omitió indicar la necesidad de una nueva aceptación y posesión del cargo, o siquiera la opción de aceptar o rechazar dicha incorporación.

Adicionalmente, señaló que la suscripción de una nueva acta de posesión no era un requisito exigible para el cargo desempeñado, afirmando que en ningún momento se le comunicó la obligación de tomar posesión, ni tampoco seMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 4

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ordenó dicho procedimiento según lo estipulado en el Decreto 1083 de 2015, por lo tanto, la ausencia de esta posesión o firma del acta no constituía una razón válida para su desvinculación.

ordenó dicho procedimiento según lo estipulado en el Decreto 1083 de 2015, por lo tanto, la ausencia de esta posesión o firma del acta no constituía una razón válida para su desvinculación.

Dentro de su argumentación sobre la vulneración de derechos, el demandante indicó que la entidad accionada transgredió el debido proceso al emitir el acto administrativo en cuestió n, e sto se debió, según su perspectiva, al desconocimiento de la jerarquía de los empleos, dado que el cargo de Técnico almacenista había sido concebido como de nivel técnico , s in embargo, fue nombrado en un puesto de libre nombramiento y remoción sin que cumpliera con dicha naturaleza, y posteriormente fue desvinculado bajo la ló gica de una provisionalidad, contradiciendo el nivel técnico mencionado.

Finalmente también adujó que la inobservancia de los requisitos de formación y los procedimientos para la expedición de actos administrativos condujo a la irregularidad del acto en sí , afirmando que, tras ordenarse su reincorporación se le exigieron requisitos distintos e innecesarios, los cuales, a pesar de no ser aplicables, tampoco le fueron comunicados , adicionalmente alegando que no se respetó el plazo de 20 días hábiles antes de su desvinculación, lo que vició la legalidad del acto administrativo y configuró una causal de nulidad.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

4.1. Municipio de Cunday3

Dentro del término legal por medio de apoderad a judicial, él Municipio se pronunció oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones incoadas en la

4.1. Municipio de Cunday3

Dentro del término legal por medio de apoderad a judicial, él Municipio se pronunció oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda, afirmando que el acto administrativo se encuentra ajustado a derecho, ya que el mismo se dio como consecuencia del reordenamiento de la planta y empleos de la administración.

Según indicó, el demandante, al ser llamado a incorporarse a la nueva planta el 1 de junio de 2019, expresó su negativa a formalizar la posesión, la entidad enfatizó que él renunció a su derecho de incorporación a la planta debido a ser titular de una esta bilidad laboral reformada/precaria/transitorio por su condición de ser empleado público en provisionalidad.

La apoderada afirmó que la decisión de la administración municipal al adoptar la nueva planta de personal y la posterior desvinculación no fueron ilegales, argumentando que la desvinculación era una consecuencia directa de la implementación de la nueva estructura de personal, por lo que consideró improcedente acceder a las solicitudes del demandante.

A lo anterior propuso como excepción “Legalidad del proceso de incorporación generado por el Decreto 029 de 2019 ”, “Terminación del vínculo laboral del señor Jaime Enrique Castro Rec alde conforme a derecho” y “Cumplimiento de

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la naturaleza del empleo de almacenistas de ser un empleo de libre y remoción adoptada en el Decreto 029 de 2019 y Decreto 030 de 2019”

5. Sentencia Recurrida4

El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia proferida el 12 de septiembre de 2022, resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR probadas las excepciones denominadas

“LEGALIDAD DEL PROCESO DE INCORPORACIÓN GENERADO POR EL

DECRETO 029 DE 2019” y “TERMINACION DEL VINCULO LABORAL DEL SEÑOR JAIME ENRIQUE CASTRO RECLADE CONFORME A DERECHO” y como no probada la denominada “CUMPLIMIENTO DE LA NATURALEZA DEL EMPLEO DE ALMACENISTAS DE SER UN EMPLEO DE LIBRE Y REMOCION ADOPTADA EN EL DECRETO 029 DE 2019 Y DECRETO 030 DE 2019”, propuestas por la parte demandada.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Condenar en costas en esta instancia a la parte demandante. Por secretaría procédase a su liquidación, para ello se fijan como agencias en derecho el equivalente al cuatro por ciento (4%) de la cuantía de las pretensiones de la demanda.

CUARTO: ORDENAR se efectué la devolución de los dineros consignados por

derecho el equivalente al cuatro por ciento (4%) de la cuantía de las pretensiones de la demanda.

CUARTO: ORDENAR se efectué la devolución de los dineros consignados por la parte demandante por concepto de gastos del proceso, si los hubiere, lo cual deberá realizarse por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, acorde con lo establecido en la Circular DEAJC19-43 del 11 de junio de 2019, y los lineamientos establecidos para tal fin.

QUINTO: En firme la presente sentencia, ARCHÍVESE la actuación.”

En primera instancia se planteó como problema jurídico, determinar si el acto administrativo contenido en la Resolución No. 013 del 20 de junio de 2019, por medio de la cual se terminó el vínculo en situación de provisionalidad de un empleado dentro de la planta de cargos de la alcaldía municipal de Cunday, fue expedido de manera irregular y con una falsa motivación, o, si, por el contrario, el mismo se encontró ajustado a derecho.

Como primera medida , el A quo estableció que el nombramiento del demandante revestía la calidad de provisional, toda vez que no se originó en un proceso de selección por mérito, requisito indispensable para el acceso a los cargos de carrera, incluido el desempeñado por el accionante.

Teniendo en cuenta lo anterior, según lo evidenciado en el material probatorio obrante en el proceso, precisó que en el acta de incorporación del demandante no se exigieron requisitos adicionales a los presentados en 2016, cuando fue

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no se exigieron requisitos adicionales a los presentados en 2016, cuando fue

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nombrado inicialmente, debido a tratarse del mismo cargo y denominación, con la única modificación del grado salarial (de 03 a 06), por lo que señaló que el único requisito para la incorporación fue la firma del acta de posesión.

El demandante invocó los términos de aceptación (10 días) y posesión (10 días hábiles) contemplados en el Decreto 1083 de 2015, ante esto la primera instancia aclaró que aquella normativa no rige el presente proceso de incorporación a la nueva planta de personal, el cual se encuentra regulado específicamente por el Decreto 1042 de 1978, pues la continuidad de la relación laboral impide que se configure un nuevo nombramiento, asimil ando la situación a un traslado dentro de la planta, en consecuencia, los plazos establecidos en el Decreto 1083 de 2015 resultaron inaplicables, y por ende, no se probó la irregularidad del acto administrativo en cuestión.

En cuanto al argumento de que el demandante fue nombrado irregularmente como si fuera de libre nombramiento en un cargo de carrera y luego desvinculado como provisional, el A quo precisó que el error de la administración municipal radicó en la denominación de la naturaleza del empleo en el acto de nombramiento, pues desde su creación se definió su

desvinculado como provisional, el A quo precisó que el error de la administración municipal radicó en la denominación de la naturaleza del empleo en el acto de nombramiento, pues desde su creación se definió su pertenencia a la Secretaría de Hacienda, no obstante, aquella inconsistencia en la enunciación no implicó una modificación de la naturaleza del empleo, por lo tanto, al tratarse de un cargo de carrera administrativa, la situación del demandante era de provisionalidad, lo que justificó la terminación del vínculo laboral sin configurarse una falsa motivación.

Por lo expuesto, el Despacho declaró la inexistencia de una falsa motivación en el acto administrativo acusado, manteniendo así su presunción de legalidad y, en consecuencia, ante la falta de pruebas de los supuestos fácticos de la demanda, consider ó probadas las excepciones de "Legalidad del proceso de incorporación generado por el decreto 029 de 2019" y "Terminación del vínculo laboral del señor Jaime Enrique Castro Recalde conforme a derecho", formuladas por el ente territorial demandado.

6. Recurso de Apelación5

El apoderado judicial de la parte demanda nte interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 12 de septiembre de 2022, mediante el cual solicitó que sea revocada la decisión emitida y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta los fundamentos legales, de hecho y de derecho, así como las pruebas acopiadas, las cuales claramente desdibujan la presunción de legalidad del acto demandado.

En relación con la tesis adoptada en primera instancia, el recurrente reiteró que

así como las pruebas acopiadas, las cuales claramente desdibujan la presunción de legalidad del acto demandado.

En relación con la tesis adoptada en primera instancia, el recurrente reiteró que el cargo de Técnico Almacenista, código 367, grado 3, había sido creado para el Municipio de Cunday – Tolima, a través del Decreto No. 06 del 03 de enero de

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2013, conforme con las competencias específicas, manuales de funciones allí establecidas, además de haber sido creado como un cargo del nivel técnico, no obstante, señaló que fue nombrado a través del Decreto No. 010 del 05 de enero de 2016, en un cargo de libre nombramient o y remoción, sin serlo, y posteriormente fue desvinculado como si se tratase de una provisionalidad, teniendo en cuenta que el cargo era del nivel técnico.

El apoderado consider ó errónea la interpretación del A quo al equiparar la reticencia del demandante a firmar un acta con enmendaduras con una negativa a posesionarse, sostuvo que la preocupación del demandante por las irregularidades en el documento no implica una renuncia a su derecho y deber de tomar posesión del cargo, siendo dos actos con implicaciones jurídicas distintas.

Adicionalmente, señaló que el acto administrativo demandado está viciado de

irregularidades en el documento no implica una renuncia a su derecho y deber de tomar posesión del cargo, siendo dos actos con implicaciones jurídicas distintas.

Adicionalmente, señaló que el acto administrativo demandado está viciado de falsa motivación, sustentando esta afirmación en tres aspectos principales: i) el nombramiento en el cargo de Técnico Administrativo con funciones de Almacenista, Código 367, Grado 03, se realizó como si se tratara de un cargo de libre nombramiento, a pesar de no tener dicha naturaleza; ii) la incorporación al mismo cargo mediante la Resolución No. 082 del 1 de junio de 2019 se efectuó sin la exigencia de nuevos requisitos; y iii) l a terminación de su vinculación se llevó a cabo bajo la figura de la provisionalidad.

Insistió en que la negativa del demandante a firmar un acta de posesión que contenía errores en su documento de identidad no puede asimilarse a una negativa a aceptar la incorporación, argumentando que su poderdante nunca expresó, de ninguna manera, su fal ta de voluntad para incorporarse al cargo, por lo que la acción de no firmar un documento incorrecto no puede interpretarse como una renuncia tácita a su derecho a ocupar el puesto.

Finalmente, tras referenciar jurisprudencia relevante, el apoderado concluyó que la desvinculación del demandante se produjo bajo una falsa motivación y sin causa legal justificada , aduciendo que el acto de insubsistencia no se basó en la realización de un concurso de méritos, la imposición de sanciones disciplinarias, una calificación de servicios insatisfactoria, ni en ninguna otra razón específica relacionada con el desempeño de las funcion es propias del cargo.

en la realización de un concurso de méritos, la imposición de sanciones disciplinarias, una calificación de servicios insatisfactoria, ni en ninguna otra razón específica relacionada con el desempeño de las funcion es propias del cargo.

III. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

Mediante auto del 14 de octubre de 2022, por reunir los requisitos legales, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 12 de septiembre de 2022.

En los términos de lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se advierte que dentro del término comprendido entre la notificación del auto que concedió la apelación y laMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 8

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ejecutoria de la providencia que admitió los respectivos recursos, no hubo pronunciamiento alguno de las partes.

Procede la Sala a decidir la controversia conforme las siguientes:

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con el artículo 153 del C.P.A .C.A., esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación formulado por el apoderado de la parte demanda nte, contra la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo

De conformidad con el artículo 153 del C.P.A .C.A., esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación formulado por el apoderado de la parte demanda nte, contra la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, el 12 de septiembre de 2022.

2. Problema jurídico

En el sub judice consiste en determinar si, como lo consider ó el A quo, no es procedente conceder el reintegro del señor Jaime Enrique Castro Recalde al cargo de Técnico Administrativo Código 367 Grado 06, en razón a que la terminación del vínculo laboral se encontró ajustada a derecho o si, por el contrario, tal como aduce el apelante, se debe acceder a las pretensiones de la demanda por considerar que el acto administrativo por medio de l cual se terminó la relación laboral se encuentra viciado de falsa motivación.

3. Tesis de la Sala

Consiste en afirmar tal y como lo consideró el A quo que el acto administrativo mediante el cual se dio por terminado el nombramiento en provisionalidad del señor Jaime Enrique Castro Recalde, se encuentra ajustado a derecho, toda vez que se demostró que la desvinculación se debió a la negativa a firmar el acta de posesión, requisito legalmente indispensable para asumir el nuevo cargo, además de quedar plenamente establecido que la vinculación del demandante se había dado bajo la figura de la provision alidad por tratarse de un empleo de carrera administrativa.

4. Desarrollo de la tesis del Tribunal

4.1. De la vinculación de los servidores públicos

Nuestra Constitución Política en el capítulo II del título V, desarrolla lo atinente

carrera administrativa.

4. Desarrollo de la tesis del Tribunal

4.1. De la vinculación de los servidores públicos

Nuestra Constitución Política en el capítulo II del título V, desarrolla lo atinente a la clasificación de los servidores públicos, así:

“Artículo 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la co munidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.”Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 9

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Entre tanto el art ículo 125 ibidem, establece la forma en la que deben ser vinculados los servidores públicos:

“Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los

serán nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. El retiro se hará por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para u n empleo de carrera, su ascenso o remoción.”

A su turno, el Titulo IV de la Ley 909 de 2004, “Del ingreso y el ascenso al empleo público”, dispone respecto a la procedencia de las clases de nombramientos, el encargo y de los nombramientos provisionales, lo siguiente:

“Artículo 23. Clases de nombramientos . Los nombramientos serán ordinarios, en período de prueba o en ascenso, sin perjuicio de lo que dispongan las normas sobre las carreras especiales. Los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta ley. Los empleos de carrera administrativa se proveerán en período de prueba o en ascenso con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, según lo establecido en el Título V de esta ley. Artículo 24. Encargo. Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño , no han sido sancionados

empleos de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño , no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es sobresaliente. En el evento en que no haya empleados de carrera con evaluación sobresaliente, el encargo deberá recaer en quienes tengan las más altas calificaciones descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio, de conformidad con el sistema de evaluación que estén aplicando las entidades. Adicionalmente el empleado a cumplir el encargo deberá reunir las condiciones y requisitos previstos en la ley. El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el cargo inmediatamente inferior de la planta de personal de la entidad. Los cargos de libre nombramiento y remoción, en caso de vacancia temporal o definitiva, podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o deMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 10

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libre nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño. En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses, prorrogable por tres (3) meses más, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva. PARÁGRAFO 1. Lo dispuesto en este artículo se aplicará para los encargos que

meses, prorrogable por tres (3) meses más, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva. PARÁGRAFO 1. Lo dispuesto en este artículo se aplicará para los encargos que sean otorgados con posteridad a la vigencia de esta ley. PARÁGRAFO 2. Previo a proveer vacantes definitivas mediante encargo o nombramiento provisional, el nombramiento o en quien este haya delegado, informara la existencia de la vacante a la Comisión Nacional del Servicio Civil a través del medio que esta indique. Artículo 25. Provisión de los empleos por vacancia temporal. Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera.” 4.2.