TA TOL - Sentencia 73001-33-33-007-2020-00192-01 (05-06-2025)

República de Colombia

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Magistrado Ponente. Dr. CARLOS ARTURO MENDIETA RODRÍGUEZ

Ibagué, cinco (05) de junio de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: No. 73001-33-33-007-2020-00192-01

Interno: No. 2023-00679

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: MUNICIPIO DE CHAPARRAL – TOLIMA

Demandados: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA –

CORTOLIMA.

Referencia: Sentencia segunda instancia – Multa por afectación ambiental

OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Se encuentran las presentes diligencias a efectos de resolver el recurso interpuesto por la parte demanda nte – MUNICIPIO DE CHAPARRAL – TOLIMA, contra la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué el día 2 7 de marzo de 2023, conforme a la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

El MUNICIPIO DE CHAPARRAL – TOLIMA, a través de su apoderada judicial, ha promovido demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la CORPORACIÓN AUTONOMA R EGIONAL DEL TOLIMA – CORTOLIMA, con el fin de obtener el reconocimiento de las siguientes:

I.I. DECLARACIONES Y CONDENAS1

De lo planteado por el vocero judicial de la parte actora en el escrito de la demanda,

fin de obtener el reconocimiento de las siguientes:

I.I. DECLARACIONES Y CONDENAS1

De lo planteado por el vocero judicial de la parte actora en el escrito de la demanda, se advierte que lo pretendido en la presente causa judicial corresponde a lo siguiente:

“1.- Que se declare la nulidad de la Resolución No 2551 del 22 de julio de 2019 proferida por CORTOLIMA, la que confirma en apelación la Resolución No 053 del 11 de febrero de 2013 expedida por la misma Corporación accionada.

2.- Como consecuencia de la anterior declaración, en calidad de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada CORTOLIMA, el inmediato cese de cualquier acción coactiva o judicial que pudiere estarse adelantando a efectos de hacer efectiva la multa impuesta en la actuación admini strativa génesis del acto atacado.

1 Ver fol. 1 del archivo PDF 003DemandaAnexos - CuadernoPrincipal – expediente digital juzgado - TEAMS.MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO MUNICIPIO DE CHAPARRAL – TOLIMA Vs. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA

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Sentencia Segunda Instancia Pág. 2 3.- Condenar en costas y agencias en derecho a la demandada, en razón a su proceder.”

I.II. HECHOS2

Como sustento fáctico, la parte accionante relaciona:

“1.- Mediante la Resolución 2551 de 2019 (julio 22), el director general de

proceder.”

I.II. HECHOS2

Como sustento fáctico, la parte accionante relaciona:

“1.- Mediante la Resolución 2551 de 2019 (julio 22), el director general de CORTOLIMA, en asocio con el Jefe Oficina Asesora Jurídica, confirma la Resolución No 053 de 2013 (febrero 11) proferida por el director territorial Sur de

CORTOLIMA.

2.- La Resolución 053 de 2013, proferida por el director territorial Sur de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), declara a mis poderdantes contraventores ambientales.

3.- En el acto administrativo antes referenciado, CORTOLIMA impone multa en contra de los dos presuntos contraventores ambientales por cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales equivalentes a la suma de $23’580.000.00, así como la anotación de sus nombres ante el Registro Único de Infractores Ambientales.

4.- Frente al Acto Administrativo antes señalado se interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación; habiendo sido resuelto el primero a través del Resolución 499 de septiembre 30 de 2013 y, el segundo, con el acto administrativo del que se reclama su anulación.

5.- La conducta antijurídica imputada a mis mandantes, a efectos sancionatorios, hace referencia a la presunta afectación ambiental por la realización de vertimientos de aguas residuales servidas de uso doméstico a la quebrada “Picora”, sin tratamiento alguno, en hechos acaecidos dentro del predio “Candilejas”.

hace referencia a la presunta afectación ambiental por la realización de vertimientos de aguas residuales servidas de uso doméstico a la quebrada “Picora”, sin tratamiento alguno, en hechos acaecidos dentro del predio “Candilejas”.

6.- De conformidad con la Inspección Técnica al sitio de los hechos, parte integral del acto administrativo sancionatorio, esta da cuenta de que en el predio Candilejas, aproximadamente a 60 metros de la margen derecha de la quebrada La Picora, cruza un canal revestido de aguas servidas del alcantarillado, al parecer del Barrio Carmenza Rocha o de la Planta de Sacrificio y en una caja de inspección presenta un orificio en la ba se de la caja y el agua servida se vierte y descorre a la citada quebrada.

7.- La inculpación de la infracción que se hace a mis poderdantes obedece a la presunta actividad de vertimientos de aguas residuales servidas de uso doméstico a la quebrada Picora, sin ningún tipo de tratamiento, hechos acaecidos en el predio Candilejas.

8.- Como consideraciones eximentes de la culpa que se le endilga en primera instancia al Municipio de Chaparral, grosso modo, se adujo que no había dolo en el daño enrostrado y para ello la entidad accionante debió haber hecho reproche desde el punto de la imputación, toda vez que en las presuntas conductas endilgadas brillaba la ausencia del dolo o la culpa, aunado a que en nuestro sistema sancionador está proscrita la responsab ilidad objetiva, esto es, que la mera ocurrencia de un hecho o daño, per se no da lugar de contera a la imposición de la sanción.

sistema sancionador está proscrita la responsab ilidad objetiva, esto es, que la mera ocurrencia de un hecho o daño, per se no da lugar de contera a la imposición de la sanción.

En cuanto a la Empresa de Servicios Públicos se alegó que una vez se tuvo conocimiento del daño se procedió a conjurar el daño y para ello adelantó todas la

2 Ver fol. 2-3 del archivo PDF 003DemandaAnexos - CuadernoPrincipal – expediente digital juzgado - TEAMS.MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO MUNICIPIO DE CHAPARRAL – TOLIMA Vs. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA

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Sentencia Segunda Instancia Pág. 3 actividades administrativas y contractuales, dentro de los términos que lo permite la Ley, además de tratarse de una situación de caso fortuito o fuerza mayor.

9.- En el acápite “Del monto y tipo de sanción”1 señala CORTOLIMA que “…multa consistente en 40 salarios mínimos, desconociéndose su estimación en consideración a los criterios técnicos que para el efecto prevé el Decreto 1076 de 2015, no obstante, halarse vigente, se ordenó en esta instancia proceder de conformidad, a través de Auto No 6094 de 2015 - F123-, lo que se verificó en informe técnico de fecha del 27 de mayo de 2019 – F132-, el que se fijó como consecuente sanción pecuniaria, la suma de $10’932.423, valor este que será acogido en el presente acto…”

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

consecuente sanción pecuniaria, la suma de $10’932.423, valor este que será acogido en el presente acto…”

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Una vez vencido el término de traslado de la demanda que trata el artículo 172 de la Ley 1437 de 2011, se advierte que el extremo procesal pasivo – la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA – CORTOLIMA, guardó silencio, esto de conformidad con la constancia secretarial obrante en documento PDF 014VencimientoTrasladoArt172correTraslado – constancia secretarial juzgado – expediente digital SAMAI.

III. SENTENCIA APELADA3

El Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué el día 2 7 de marzo de 2023, adoptó decisión de fondo en el asunto de la referencia, resolviendo:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Condenar en c ostas en esta instancia a la parte demandante. Por secretaría procédase a su liquidación, para ello se fijan como agencias en derecho el equivalente al cuatro por ciento (4%) de la cuantía de las pretensiones de la demanda.

TERCERO: ORDENAR se efectúe la devolución de los dineros consignados por la parte demandante por concepto de gastos del proceso, si los hubiere, lo cual deberá realizarse por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, acorde con lo establecido en la Circular DEAJC19 -43 del 11 d e junio de 2019, y los lineamientos establecidos para tal fin.”

Para llegar a la anterior decisión el a-quo consideró:

establecido en la Circular DEAJC19 -43 del 11 d e junio de 2019, y los lineamientos establecidos para tal fin.”

Para llegar a la anterior decisión el a-quo consideró:

“(…)

La demanda versa sobre la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró infractor al Municipio demandante al encontrarlo responsable en materia ambiental por el vertimiento de aguas residuales en la quebrada La Picora, sin contar con el respectivo permiso, la parte demandante aduce la inconstitucional e ilegalidad del acto porque desconoce la presunción de inocencia al no tener por desvirtuado el dolo y la culpa del demandante, con dicho desconocimiento del principio de inocencia y de la buena fe alega violación al debido proceso y por último una falta de competencia del Director territorial para proferir el acto administrativo configurándose una falsa motivación y abuso de poder y por último debido a la caducidad de la facultad sancionatoria de Cortolima, sobre cada uno de estos cargos se pronunciara el Despacho:

DE LA FALTA DE COMPETENCIA: En este cargo, la parte demandada señala que al Director Territorial Sur de Cortolima no le está reconocido por ley ejercer el poder

3Doc. PDF 027SentenciaPrimeraInstancia – expediente digital juzgado - TEAMS.MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO MUNICIPIO DE CHAPARRAL – TOLIMA Vs. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA

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Sentencia Segunda Instancia Pág. 4 sancionatorio, por lo que su actuar configura abuso de poder y falsa motivación,

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Sentencia Segunda Instancia Pág. 4 sancionatorio, por lo que su actuar configura abuso de poder y falsa motivación, argumenta que la facultad de los directores territoriales es la de coordinar la satisfacción de las necesidades básicas de la población y no la función de ejercer esa función sancionatoria. (…)

Teniendo en cuenta que la norma faculta a las Corporaciones para determinar su estructura y competencias, y en atención a que no existe prohibición para la delegación interna como es el caso de la facultad sancionatoria en los directores territoriale s, el cargo de falta de competencia no está llamado a prosperar.(…)

En este caso la normativa que invoca la administración es la que efectivamente faculta al Director Territorial Sur de Cortolima para adelantar en primera instancia los procesos administrativos sancionatorios, con lo cual se encuentra acreditado que la normativa que invoca la Administración tiene el alcance para definir la situación jurídica, razón por la cual, el cargo de falsa motivación se encuentra desvirtuado, consecuencialmente no existe configuración de acto de abuso de poder por parte del Director Territorial.

DE LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA: “En el presente caso la infracción objeto de sanción fue conocida en la visita del 6 de mayo de 2011, por lo que de acuerdo a la norma la demandada tenía hasta el 6 de mayo de 2031, para imponer la sanción y notificarla antes que caducar a su facultad sancionadora, teniendo en cuenta que la Resolución 053 fue expedida el 11 de febrero de 2013 y notificada el día 19 de julio

sanción y notificarla antes que caducar a su facultad sancionadora, teniendo en cuenta que la Resolución 053 fue expedida el 11 de febrero de 2013 y notificada el día 19 de julio de 2013, no se encuentra que hubiere operado la caducidad que advierte la parte demandante, por lo que no tiene vocación de prosperidad dicho cargo de la demanda.”

DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y LA PRESUNCION DE INOCENCIA: Teniendo en cuenta, que esta presunción no es de responsabilidad sino de la culpabilidad, la autoridad ambiental deberá verificar la existencia de la conducta (acción u omisión) constitutiva de daño o si se encuentra probada alguna causal eximente de responsabilidad, en el presente caso la conducta reprochada es el vertimiento de residuos del acueducto municipal sin contar con el respectivo permiso, encontrándose que siendo la autoridad municipal la encargada de los servicios públicos omitió su deber de vigilancia frente a la empresa de servicios públicos con el fin de que esta no afectara el ambiente, y del acto atacado se extrae que los infractores guardaron silencio respecto del pliego de cargos, por lo que se entienden no desvirtuados los cargos.

Así mismo, se tiene que la formulación de cargos y la investigación adelantada por CORTOLIMA parte de la presunción de dolo o culpa contentiva en la Ley 1333 de 2009, dentro de la investigación se le imputó una actitud omisiva y no contar con licencia para los vertimientos en la quebrada La Picora, es de ber de la parte infractora desvirtuar el mismo a través de los medios probatorios, circunstancias que no fueron desvirtuadas ante la omisión de los infractores de ejercer sus derechos de defensa y contradicción respecto

mismo a través de los medios probatorios, circunstancias que no fueron desvirtuadas ante la omisión de los infractores de ejercer sus derechos de defensa y contradicción respecto del pliego de cargos, razón por la c ual no se encuentra que la entidad demandada haya desconocido el principio de inocencia, el de buena fe o hubiese vulnerado el derecho al debido proceso.

Es así, como al no encontrarse acreditadas las causales de nulidad invocadas por la demandante en con tra de los actos administrativos mediante los cuales se declaró la responsabilidad del Municipio de Chaparral por la afectación ambiental, y al no tener como desvirtuada la presunción de legalidad de los actos demandados, se negarán las pretensiones de la demanda.”

VI. LA APELACIÓN4

Oportunamente el apoderado judicial del ente territorial demandante – MUNICIPIO DE CHAPARRAL – TOLIMA, interpuso recurso de apelación contra la sentencia

4 Ver archivo PDF - 030Recurso de apelación (16 folios) expediente digital del juzgado – TEAMS.MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO MUNICIPIO DE CHAPARRAL – TOLIMA Vs. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA

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Sentencia Segunda Instancia Pág. 5 proferida el 21 de noviembre de 2022 por el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué , esto, con el objeto de que se revoque la decisión adoptada y en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, para lo cual indicó que:

Oralidad del Circuito de Ibagué , esto, con el objeto de que se revoque la decisión adoptada y en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, para lo cual indicó que:

El extremo activo inició afirmando que los actos administrativos demandados y conforme a los cuales se declaró infractor al Municipio de Chaparral o la Empresa de Servicios Públicos de Chaparral – EMPOCHAPARRAL S.A. E.S.P., adolecen de causal de nulidad por, i) violación de debido proceso dada la falta de competencia del director territorial; ii) falsa motivación y abuso de poder por falta de competencia del director territorial; y iii) por caducidad de la facultad sancionatoria de la entidad demandada, y iv) desconocimiento de la presunción de inocencia y buena fe de dolo y la culpa de los entes sancionados.

Luego y de cara a la falta de competencia arguye que, aunque si bien el a quo señala que conforme al Acuerdo 018 de 2008 expedido por Cortolima, se le atribuyo competencia a los directores territoriales para decidir en primera instancia los procesos sancionatorios ambientales, de la revisión de la página web de la entidad, al 1 de abril del 2023, el mismo se tenía como inexistente. Aunado a que, considera que la sentencia de instancia carece de sustento legal al tener que el artículo 27 de la Ley 99 de 1993, le otorga facultades a los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas para adoptar sus estatutos y determinar la estructura interna de la Corporación, y conforme a esta facultad es que se determina que dentro de la estructura interna de la entidad se encuentran los directores territoriales

Corporaciones Autónomas para adoptar sus estatutos y determinar la estructura interna de la Corporación, y conforme a esta facultad es que se determina que dentro de la estructura interna de la entidad se encuentran los directores territoriales a quienes se les otorga la competencia para adelantar el proceso sancionatorio.

Suma a ello indica que, no resulta admisible que el juez de instancia le imprima legalidad a la Resolución 2551 de 2019, conforme a la cual se desató el recurso de apelación, cuando est á suscrita por quien decía ejercer el Cargo de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, y dicho cargo para ese entonces no existía en la planta de personal de la entidad demanda; pues, con el Acuerdo 011 de septiembre de 2021, expedido por el Consejo Directivo de Cortolima, y adoptado mediante la Resolución No. 4050 de 1º de octubre de 2021, fue que se creó el cargo de Subdirección Jurídica dependiente de la Dirección General de CORTOLIMA, sin facultades sancionadoras.

Como segunda medida, y en lo concerniente a la falsa motivación manifiesta que, el inconformismo puntualmente radica en que se ataca el acto sancionador de primera instancia dentro del proceso administrativo, por cuanto si bien es cierto que en la Resolución No 053 del 11 de febrero de 2013 se hace una serie de disquisiciones jurídicas, desde el orden constitucional y legal, sobre lo que es el medio ambiente, su protección, hechos generadores de daño y sanciones, entre otras, lo cierto es que tal y conforme se expuso en el recurso de reposición y apelación frente a la sanción el dolo o la culpa se debe probar, constitucionalmente hablando.

otras, lo cierto es que tal y conforme se expuso en el recurso de reposición y apelación frente a la sanción el dolo o la culpa se debe probar, constitucionalmente hablando.

Que la culpa o dolo en la forma como se señaló en el numeral primero, se estaría dando por cierta, sin demostración alguna, pues, se los hechos y antecedentes se tiene que el informe técnico se ñala que existe vertimiento de aguas residuales servidas de uso doméstico vertidas a fuente hídrica denominada Quebrada la Picora, pero no por conducta propia del municipio o de Empochaparral, sino porque podría decirse por caso fortuito dado porque la caja de inspección presentaba un orificio en la base de la caja , y por esto fluía el agua residual, además de que la misma se encontraba a 60 metros del margen derecha de tal afluente, y en tal medida, debí darse aplicación, per se, al artículo 1º de la Ley 1333 de 2009 porque no se presentaron descargos.MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO MUNICIPIO DE CHAPARRAL – TOLIMA Vs. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA

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Sentencia Segunda Instancia Pág. 6 Ya en lo que respecta a la caducidad de la facultad sancionatoria arguye que, peca el a quo en su apreciación literal de la norma y no en la constitucion alidad de la misma, pues, una cosa es que se le dé facultad de conocer de una infracción ambiental en un término de 20 años, y que está relacionada con el cuido de la

el a quo en su apreciación literal de la norma y no en la constitucion alidad de la misma, pues, una cosa es que se le dé facultad de conocer de una infracción ambiental en un término de 20 años, y que está relacionada con el cuido de la protección ambiental, pero otra muy distinta es que luego de conocida la infracción la autoridad ambiental pueda durar otros 20 años tramitando el procesos sancionatorio, de ahí que, y como quiera que la Ley 1333 de 2009 no es muy clara, considera que lo procedente es aplicar por excelencia el CPACA – artículo 52.

Finalmente, y en cuanto al debido proceso y la presunción de inocencia considera que, independientemente a que se hable de proceso sancionador administrativo, en mismo debe buscar la verdad real, material y objetiva, independientemente de que se haya o no presentados descargos dentro de su trámite, y que la conducta que se enrostra para sancionar dista en culpa de la realidad técnica puesta en conocimiento del funcionario sancionador.

Que de la simpe lectura del fallo se sobreentiende que el a quo condena al municipio de Chaparral – Tolima, porque presuntamente no veló por sus hipotéticas obligaciones de cuido y responsabilidad de lo que la ESP EMPOCHAPARRAL hiciere en desarrollo del objeto social, viéndola como un a dependencia del ente territorial y no como una entidad con personería jurídica independiente , pero que estas al ser distintas jurídicamente hablando, y dado la violación de los derechos que se reclaman no pueden ser vistas como una sola, al ser distintas su responsabilidad.

Así mismo, precisó que se desconoció lo señalado en el concepto de violación, pues

estas al ser distintas jurídicamente hablando, y dado la violación de los derechos que se reclaman no pueden ser vistas como una sola, al ser distintas su responsabilidad.

Así mismo, precisó que se desconoció lo señalado en el concepto de violación, pues allí se planteó las obligaciones del municipio en cuanto a la prestación de servicio público, sin que se acogiera alguna de ellas como violada, sancionándose al ente territorial por no por no velar por la forma como EMPOCHAPARRAL prestaba el servicio público de acueducto y alcantarillado, sin hacer referencia puntual a mandato legal que así lo enseñase.

Que igualmente expuso el actuar desidioso , inepto y negligente de Cortol ima, en especial al momento de resolver el recurso de apelación de la segunda instancia, que se dio luego de 7 años de la resolución del recurso de reposición que fuere interpuesto, desconociendo con ello, los principios constitucionales y legales que rigen toda actuación administrativa , pues la función de la administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la entidad demandante –– MUNICIPIO DE CHAPARRAL – TOLIMA, fue admitido mediante el proveído fechado el 13 de julio de 2023 ( Doc. Formato Word 006_AutoAdmiteApelaciónSentencia – expediente digital Tribunal – SAMAI), ordenándose notificar dicha decisión a las partes y

fechado el 13 de julio de 2023 ( Doc. Formato Word 006_AutoAdmiteApelaciónSentencia – expediente digital Tribunal – SAMAI), ordenándose notificar dicha decisión a las partes y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo; no obstante, el procurado judicial delegado guardó silencio, y el 14 de agosto de 2023 el expediente ingresó al despacho para sentencia. (Doc_010AlDespachoParaSentencia – expediente digital Tribunal – SAMAI).

Al no observarse causal alguna de nulidad procesal que invalide la actuación, la Sala procede a decidir la controversia conforme a las siguientes:MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO MUNICIPIO DE CHAPARRAL – TOLIMA Vs. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA

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VI. CONSIDERACIONES DE LA SEGUNDA INSTANCIA

6.1. Precisiones preliminares

6.1.1. Competencia del Tribunal

En primer lugar, es menester indicar que de conformidad a la cláusula general de competencia consagrada en el inciso 1º del artículo 104 del C.P.A.C.A., esta jurisdicción puede aprehender el conocimiento del presente asunto, pues se trata de una controversia originada en un acto sujeto al derecho administrativo expedido por una entidad pública.

Como corolario de lo anterior, según las voces del artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación es competente para resolver el recurso de alzada contra las sentencias proferidas por los Jueces Administrativos en primera instancia y como

Como corolario de lo anterior, según las voces del artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación es competente para resolver el recurso de alzada contra las sentencias proferidas por los Jueces Administrativos en primera instancia y como quiera que según la regla general consagrada en el inciso 1º del artículo 243 ibídem, los fallos emitidos por los Jueces y Tribunales Administrativos son pasibles de ser apelados, es claro que esta Colegiatura e s competente para dirimir el presente asunto en Sala de Decisión tal y como lo prevé el artículo 125 ejusdem.

6.1.2. Definición del recurso

Conforme a lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, normativa aplicable al caso de autos por remisión expresa del canon 306 de la Ley 1437 de 2011, y en armonía con lo establecido por la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación emitida el 06 de abril de 20185, el estudio en esta segunda instancia se circunscribirá a los puntos de inconformidad formulados por la demanda nte – MUNICIPIO DE CHAPARRAL – TOLIMA, contra de la sentencia de primer grado, los cuales quedaron plenamente establecidos en el acápite anterior.

6.1.3. Problemas jurídicos a resolver

Conforme al objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, corresponde a la sala determinar si,

i.) La autoridad ambiental carecía de competencia para expedir el acto administrativo sancionatorio ante la posible configuración de la caducidad de la facultad sancionatoria, toda vez que no se resolvieron los recursos de la vía gubernativa dentro del plazo establecido.

i.) La autoridad ambiental carecía de competencia para expedir el acto administrativo sancionatorio ante la posible configuración de la caducidad de la facultad sancionatoria, toda vez que no se resolvieron los recursos de la vía gubernativa dentro del plazo establecido. ii.) Si el director territorial Sur de CORTOLIMA tenía competencia para sancionar a los investigados dentro del procedimiento administrativo sancionatorio ambiental. iii.) Si es posible aplicar dentro del proceso administrativo sancionatorio la presunción de la culpa o dolo del investigado , y en tal medida determinar si la entidad demandada desconoció la presunción de inocencia y debido proceso de las sancionadas frente al cargo endilgado de afectación ambiental a la fuente hídrica la Pi cora por verti mientos de aguas residuales.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 06 de abril de 2018, C.P. DANILO ROJAS BETANCOURTH; referencia - acción de reparación directa - sentencia de unificación, radicado 05001-23-31-000-2001-03068-01-(46005).MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO MUNICIPIO DE CHAPARRAL – TOLIMA Vs. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA

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Sentencia Segunda Instancia Pág. 8 6.2.1. Hechos relevantes

De conformidad con las pruebas legalmente recolectadas dentro del sub-lite encontramos probados los siguientes hechos:

• Que el 6 de mayo de 2011, la Corporación Autónoma Regional del Tolima –

6.2.1. Hechos relevantes

De conformidad con las pruebas legalmente recolectadas dentro del sub-lite encontramos probados los siguientes hechos:

• Que el 6 de mayo de 2011, la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA adelantó visita técnica de inspección al predio denominado la Candilejas, dentro de la cual advirtió que el alcantarillado perteneciente tanto al Municipio como a Empochaparral, se encontraba realizando vertimiento de residuos líquidos en la quebrada la Picora, sin contar con el respetivo permiso.

(Ver folio 28 contenido de la Resolución 053 del 11 de febrero de 2023 - doc. PDF 003DemandaAnexos – expediente digital juzgado – plataforma SAMAI).

• Que mediante Resolución No. 132 del 7 de junio de 2011 , la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA declaró abierta formalmente la investigación por el vertimiento de aguas residuales servidas de uso doméstico a fuente hídrica denominada quebrada Picora, provenientes del acueducto municipal, sin ningún tipo de tratamiento, se elevó pliego de cargos, y se llamó a responder por los mismo a Empochaparral y al municipio de Chaparral – Tolima; no obstante, y pese a haberse notificado a los representantes legales, se tiene que la entidades guardaron silencio. (Ver folio 29 contenido de la Resolución 053 del 11 de febrero de 2023 - doc. PDF 003DemandaAnexos – expediente digital juzgado – plataforma SAMAI).

• Que la Dirección Territorial Sur de la Corporación Autónoma Regional del

053 del 11 de febrero de 2023 - doc. PDF 003DemandaAnexos – expediente digital juzgado – plataforma SAMAI).

• Que la Dirección Territorial Sur de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, expidió la Resolución No. 053 de 11 de febrero de 2013, conforme a la cual procedió a decidir de fondo el trámite sancionatorio, y declaró responsable de los cargos formulados en la Resolución No. 132 del 7 de junio de 2011 al municipio de Chaparral y a la Em presa de Servicios Públicos de Chaparral – EMPOCHAPARRAL, por la afectación al medio ambiente, actividad de vertimiento de aguas residuales servidas de uso doméstico vertidas a fuente hídrica denominada quebrada Picora, sin ningún tipo de tratamiento, seg ún hechos ocurrido a la altura del predio denominado Candilejas vereda Apa, e impuso una sanción pecuniaria de 40 SMLMV, y una obligación de hacer, en este caso realizar las obras tendientes a la reparación de l