TA TOL - Sentencia 73001-33-33-008-2018-00003-01 (15-05-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

SALA DE ORALIDAD

M.P. LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA

Ibagué, quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Radicado: 73001-33-33-008-2018-00003-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento de derecho

Demandantes: Sandra Milena Gracia Galicia

Apoderado: Wilson Leal Echeverry

Demandado: Universidad del Tolima

Apoderado: Asesores Jurídicos y Consultores Empresariales S.A.S

Tema: Reintegro provisional

ASUNTO

Decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 31 de mayo de 2023 a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Sandra Milena G racia Galicia 1, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Universidad del Tolima, con el fin de que se acojan las siguientes declaraciones y condenas:

1.1.1. Pretensiones

Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 0790 del 22 de junio de 2017, mediante la cual se nombró a la señora Sandra Milena Gracia Galicia en provisionalidad en el cargo de Profesional Universitario, Grado 11, adscrito a la Oficina de Desarrollo Institucional.

Se inaplique, por ilegal, la Resolución 0791 del 22 de junio de 2017, por medio de

Galicia en provisionalidad en el cargo de Profesional Universitario, Grado 11, adscrito a la Oficina de Desarrollo Institucional.

Se inaplique, por ilegal, la Resolución 0791 del 22 de junio de 2017, por medio de la cual se designó en comisión a un docente de planta para ocupar el cargo de Director del Programa de Sociología, grado 09, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas y Arte s, por desconocer disposiciones constitucionales y legales, así como el contenido del Acuerdo 033 del 30 de diciembre de 2016.

Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Universidad del Tolima reintegrar, sin solución de continuidad, a la señora Sandra Milena G racia Galicia al mismo cargo que venía desempeñando, en idénticas condiciones a las que tenía al momento de su nombramiento contenido en la Resolución 0612 del 2 de mayo de 2017.

1 Por medio de apoderado.2

Se condene a la Universidad del Tolima a pagar a favor de la señora Sandra Milena Gracia Galicia los salarios, primas, prima técnica, bonificaciones, reajustes o aumentos de sueldo, prestaciones sociales y demás emolumentos de naturaleza salarial y prestacional que dejó de percibir desde la fecha de su desvinculación del cargo de Directora del Programa de Sociología, y hasta que se produzca el reintegro respectivo.

En subsidio de lo anterior, que se condene a la Universidad del Tolima a pagar a favor de la señora Sandra Milena G racia Galicia la diferencia de salarios, primas, prima técnica, bonificaciones, reajustes o aumentos de sueldo, prestaciones sociales y demás emolumentos que dejó de percibir desde la fecha de su

favor de la señora Sandra Milena G racia Galicia la diferencia de salarios, primas, prima técnica, bonificaciones, reajustes o aumentos de sueldo, prestaciones sociales y demás emolumentos que dejó de percibir desde la fecha de su desvinculación como Directora del Programa de Sociología adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, y hasta que se produzca el reintegro a dicho cargo o a uno de similares condiciones.

Las sumas de dinero que se reconozcan se paguen en la forma prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso AdministrativoCPACA, debidamente indexadas.

Se ordene que las sumas de dinero que se reconozcan se paguen en la forma prevista en el CPACA debidamente indexadas.

Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos La parte actora afirmó que la Universidad del Tolima adoptó el Estatuto Profesoral mediante el Acuerdo 031 del 14 de abril de 1994 e indicó que, a través del Acuerdo 006 del 3 de mayo de 2012, se crearon 41 cargos de Director de Programa, Código 028, Grado 09, dentro del Nivel Directivo, señalando que la señora Sandra Milena Gracia Galicia fue nombrada en uno de estos cargos, adscrita al Instituto de Educación a Distancia.

Precisó que los requisitos para ejercer dicho cargo eran título profesional universitario en alguna de las áreas académicas del programa correspondiente y 44 meses de experiencia profesional relacionada, o su equivalente en títulos de posgrado.

Expuso que en el documento denominado Propuesta de Reforma Profunda de la Universidad del Tolima se recomendó, como medida administrativa de corto plazo,

meses de experiencia profesional relacionada, o su equivalente en títulos de posgrado.

Expuso que en el documento denominado Propuesta de Reforma Profunda de la Universidad del Tolima se recomendó, como medida administrativa de corto plazo, que las direcciones de programa fueran asumidas por profesores de planta, mientras que las funciones operativas se asignaran a la planta administrativa global, propuesta reiterada en distintos escenarios de dirección universitaria -según la actora, sin sustento técnico-.

Indicó que, debido a la crisis institucional, la Universidad suscribió el Convenio de Cooperación 001 de 2016 con la Universidad del Valle, con el fin de recibir asistencia técnica para su fortalecimiento institucional, y como resultado, se elaboró el documento Asistencia Técnica para el Fortalecimiento Institucional de la Universidad del Tolima - Plan de Alivio Financiero, donde se analizó la situación financiera, se identificaron las causas de la crisis y se propusieron medidas inmediatas, entre ellas la eliminación de la ruptura en la unidad de mando, la fijación de la carga académica, la supresión o congelación de vacantes, la revisión de contratos de prestación de servicios y la evaluación de la necesidad real de cargos directivos.3

Agregó que, d entro de las recomendaciones del documento, se sugirió que el Consejo Superior Universitario declarara la terminación de la delegación nominadora otorgada a los decanos por el Acuerdo 104 de 1993 y la insubsistencia de los nombramientos de secretarios acad émicos, directores de programa y jefes de departamento designados por ellos, a partir del 1º de enero de 2017. También se propuso fijar la carga académica mínima de los profesores de planta en tres

de los nombramientos de secretarios acad émicos, directores de programa y jefes de departamento designados por ellos, a partir del 1º de enero de 2017. También se propuso fijar la carga académica mínima de los profesores de planta en tres asignaturas (incluyendo posgrado), con 14 hor as semanales, es decir, 210 horas semestrales; corregir las estructuras de dirección de programas y departamentos, lo cual implicaba declarar la insubsistencia de 39 nombramientos de directores de programa, Código 028, Grado 09, y de 10 secretarios académi cos, Código 028, Grado 10; establecer primas técnicas; exigir que los profesores con funciones administrativas asumieran al menos una asignatura con cinco horas semanales de carga máxima; y congelar nuevos nombramientos a partir del 1º de enero de 2017.

Afirmó que, ante este contexto, la señora Sandra Milena Gracia Galicia solicitó ante el jefe de la Oficina de Relaciones Laborales y Prestacionales de la Universidad, Dr. Luis Guillermo Melo Rojas, la protección derivada del retén social previsto en la Ley 790 de 2002, invocando su condición de madre cabeza de familia.

Relató que, mediante la Resolución 0612 del 2 de mayo de 2017, fue nombrada como Directora del Programa de Sociología, cargo de libre nombramiento y remoción, nivel directivo, Grado 09, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, con el fin de garantizar sus derechos como madre cabeza de familia en el marco del proceso de reestructuración institucional.

Indicó que, posteriormente, mediante la Resolución 0791 del 22 de junio de 2017, la Universidad comisionó a un docente de planta para ocupar el cargo de Dirección

marco del proceso de reestructuración institucional.

Indicó que, posteriormente, mediante la Resolución 0791 del 22 de junio de 2017, la Universidad comisionó a un docente de planta para ocupar el cargo de Dirección del Programa de Sociología, y que ese mismo día, mediante la Resolución 0790, se nombró en provisionalidad a la señora Sandra Milena Gracia Galicia en el cargo de Profesional Universitario, Grado 11, adscrito a la Oficina de Desarrollo Institucional.

Señaló que, en esta última resolución, se explicó que el Rector, en ejercicio del principio de unidad de mando, había adoptado como política la designación de profesores de planta en cargos académicos -administrativos, o, en su defecto, de personal de carrera administrativa, y que si bien la actora fue inicialmente designada como directora por cumplir el perfil y en razón de su condición de madre cabeza de familia, posteriormente fue identificado un docente de planta con el perfil requerido para ocupar dicho cargo, lo que confería preferencia.

Añadió que, según certificación de la División de Relaciones Laborales y Prestacionales, no existía otro cargo vacante del mismo nivel y grado en el que la demandante cumpliera el perfil, y como los demás estaban ocupados por profesores de planta con derec hos de carrera, resultaba imposible mantenerla en el cargo directivo, razón por la cual se optó por nombrarla en provisionalidad en un cargo profesional, Grado 11, de carrera administrativa y vacante en forma definitiva.

Manifestó que este nuevo cargo representó una desmejora sustancial en términos salariales y jerárquicos, ya que mientras el cargo de Directora de Programa, Grado

profesional, Grado 11, de carrera administrativa y vacante en forma definitiva.

Manifestó que este nuevo cargo representó una desmejora sustancial en términos salariales y jerárquicos, ya que mientras el cargo de Directora de Programa, Grado 09, devengaba $4.942.241, el de Profesional Universitario, Grado 11, tenía una asignación cercana a los $2.600.000, además de ubicarse en un nivel inferior dentro de la estructura organizacional.

Reiteró que, conforme al manual de funciones, el cargo de Director de Programa, Código 028, Grado 09, exigía título universitario en un área afín y 44 meses de experiencia profesional relacionada, o su equivalencia en títulos de posgrado,4

requisitos que la señora Gracia Galicia cumplía y cuya labor, además, desempeñó de manera sobresaliente.

Insistió en que la propuesta de reforma administrativa -que preveía asignar las direcciones a docentes de plantafue reiterada en espacios de decisión institucional sin fundamento técnico, y aseguró que el cargo de Directora de Programa no fue suprimido, ya que fue ocupado en comisión por el docente Abelardo Carrillo Urrego, conforme a la Resolución 0791 de 2017.

Finalmente, afirmó que los actos cuya nulidad se demanda desconocen lo dispuesto en el Estatuto Profesoral, el cual permite la comisión de docentes de planta en cargos administrativos, y, por tanto, vulneran el principio de estabilidad y la protección derivada del retén social.

1.2. Contestación de la demanda

La Universidad del Tolima solicitó denegar las pretensiones de la demanda al

cargos administrativos, y, por tanto, vulneran el principio de estabilidad y la protección derivada del retén social.

1.2. Contestación de la demanda

La Universidad del Tolima solicitó denegar las pretensiones de la demanda al considerar que la actuación administrativa que culminó con la desvinculación de la señora Sandra Milena Gracia Galicia se desarrolló conforme al ordenamiento jurídico y dentro del ámbito de sus competencias legales. Señaló que el nombramiento en provisionalidad de la actora, efectuado mediante Resolución 0790 del 22 de junio de 2017, fue un acto administrativo debidamente motivado, sustentado en hechos ciertos, claros, objetivos y apreciados razonablemente conforme a los principios de legalidad y certeza, y que no adolece de falsa motivación, toda vez que los elementos que fundamentaron dicha decisión estaban probados en la actuación administrativa.

Frente al cargo formulado en relación con la presunta vulneración del artículo 12 de la Ley 790 de 2002 y su Decreto reglamentario 190 de 2003, en razón a la condición de madre cabeza de familia de la actora, la Universidad negó haber causado perjuicio alg uno y sostuvo que las decisiones adoptadas se sustentaron en el ejercicio legítimo de sus atribuciones legales, sin que se vulneraran derechos fundamentales ni garantías especiales como la invocada protección reforzada.

Manifestó que, aunque se encuentra en marcha un proceso de reorganización institucional, la declaratoria de insubsistencia de cargos de libre nombramiento y remoción -como el de Directora de Programano requiere de estudio técnico previo, ya que no constituye una reforma de planta sino el ejercicio de una facultad

institucional, la declaratoria de insubsistencia de cargos de libre nombramiento y remoción -como el de Directora de Programano requiere de estudio técnico previo, ya que no constituye una reforma de planta sino el ejercicio de una facultad discrecional. Sin embargo, explicó que en diciembre de 2016, la Vicerrectoría Académica, la División de Relaciones Laborales y Prestacional es y la Oficina de Asesoría Jurídica elaboraron un Estud io Interno sobre los cargos administrativos y de dirección académica ejercidos por docentes de planta, concluyendo que como estrategia de fortalecimiento institucional, dichos cargos debían ser ocupados por docentes de carrera, con el fin de asegurar el ma nejo adecuado de la planeación, la orientación curricular y el fortalecimiento docente, y así alcanzar la excelencia académica y la acreditación institucional.

Sostuvo que los actos administrativos cuestionados -el Oficio del 19 de enero de 2017 y la Resolución 032 del 20 de enero de 2017 - fueron expedidos conforme al marco legal aplicable, sin que fuera necesaria una motivación adicional, ya que la ley no exige estudio técnico como requisito para declarar la insubsistencia en cargos de libre remoción. Con apoyo en el artículo 26 del Decreto 2400 de 1968, indicó que el nombramiento en dichos cargos puede ser declarado insubsistente en cualquier momento por la autoridad nominadora sin motivación, aunque sí con constancia del hecho y sus causas en la hoja de vida del servidor. Así mismo, citó el artículo 42 del Acuerdo 001 de 1996 -Estatuto del Personal Administrativo-, el cual establece que5

la designación de una nueva persona en un empleo de libre nombramiento y

hecho y sus causas en la hoja de vida del servidor. Así mismo, citó el artículo 42 del Acuerdo 001 de 1996 -Estatuto del Personal Administrativo-, el cual establece que5

la designación de una nueva persona en un empleo de libre nombramiento y remoción conlleva la insubsistencia del nombramiento vigente.

Expresó que, en ese sentido, la facultad discrecional del nominador para declarar insubsistencias en este tipo de cargos no vulnera la Constitución, pues responde a razones de conveniencia y oportunidad orientadas al mejoramiento del servicio público, sin que sea exigible una motivación específica, lo cual encuentra respaldo en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004. Añadió que la actuación fue legítima, ajustada a derecho y en ejercicio de la potestad nominadora del Rector como representante legal y máxima a utoridad ejecutiva de la institución, sin que exista vulneración de derechos o desviación de poder.

Aclaró que, si bien no se requiere estudio técnico para retirar servidores de libre nombramiento y remoción, dentro del proceso de reorganización académica, administrativa y financiera iniciado para superar la crisis institucional, la Asamblea General de Profesores presentó el 8 de febrero de 2016 una Propuesta de Reforma Profunda de la Universidad del Tolima. Agregó que, a partir de ella, y conforme a las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Universidad del Valle formul ó un Plan de Alivio Financiero que contempló como medida inmediata la declaratoria de insubsistencia de los Directores de Programa y Secretarios Académicos.

Indicó que esta medida tuvo como fundamento el interés general y los criterios de

Universidad del Valle formul ó un Plan de Alivio Financiero que contempló como medida inmediata la declaratoria de insubsistencia de los Directores de Programa y Secretarios Académicos.

Indicó que esta medida tuvo como fundamento el interés general y los criterios de conveniencia y oportunidad académica, y se orientó a mejorar el servicio educativo mediante la declaratoria de insubsistencia de cargos directivos, denominados “Director de P rograma”, código 028, grado 09. Explicó que , en ejercicio de su autonomía universitaria, la Universidad del Tolima expidió el Acuerdo 031 de 1993, por el cual se adoptó el Estatuto Profesoral, el cual contempla la posibilidad de conceder comisiones a docen tes de planta para ejercer cargos académicoadministrativos dentro de la misma Universidad, sin que se requiera aval del Consejo Académico, bastando para ello la resolución de comisión expedida por el Rector, según el artículo 76 del citado Acuerdo.

Pese a ello, precisó que la Resolución de vinculación de la señora Sandra Milena Gracia Galicia, expedida por el Rector, desconoció el artículo 29, numeral 11, del Acuerdo 104 de 1994 - Estatuto General-, que asigna a los Decanos la función de nombrar al Secretario Académico de Facultad, así como a los Directores de Programa y de Departamento. Sostuvo que con dicha actuación se desconoció el principio de unidad de mando, pues el artículo 22, numeral 12, d el mismo Estatuto indica que el Rector no tiene compe tencia para nombrar funcionarios cuya designación corresponde a los Decanos.

Afirmó que por esta razón el Plan de Alivio de la Universidad del Valle recomendó,

indica que el Rector no tiene compe tencia para nombrar funcionarios cuya designación corresponde a los Decanos.

Afirmó que por esta razón el Plan de Alivio de la Universidad del Valle recomendó, como medida inmediata, eliminar dicha ruptura en la unidad de mando, mediante la terminación de la delegación nominadora de los Decanos prevista en el Acuerdo 104 de 1994 y la consecuente declaratoria de insubsistencia de los funcionarios así designados, a partir del 1º de enero de 2017. Señaló que, en consecuencia, se reglamentó que estos cargos serían designados por el Rector a partir de ternas presentadas por los Consejos de Facultad, y que mediante Acuerdo 033 del 30 de diciembre de 2016 el Consejo Superior modificó el numeral 12 del artículo 22 y suprimió el numeral 11 del artículo 29 del Acuerdo 104 de 1993.

Refirió que, a partir de esta reforma normativa, se expidió la Resolución 0791 del 22 de junio de 2017, mediante la cual se nombró en comisión al profesor de planta César Augusto Sánchez Contreras para desempeñar el cargo de Director de Programa en la Facultad de Ciencias Humanas y Artes.6

Sostuvo que el Acuerdo del Consejo Superior 092 del 5 de noviembre de 1991, que reglamenta la jornada laboral del personal docente de planta, establece que los docentes de tiempo completo deben dedicar 40 horas semanales al servicio de la Universidad, conforme al artículo 4° del mismo acuerdo, lo cual habilita la realización de funciones académico -administrativas dentro de dicha jornada. Agregó que el Estatuto Profesoral (Acuerdo 031 del 14 de abril de 1994) permite que docentes

Universidad, conforme al artículo 4° del mismo acuerdo, lo cual habilita la realización de funciones académico -administrativas dentro de dicha jornada. Agregó que el Estatuto Profesoral (Acuerdo 031 del 14 de abril de 1994) permite que docentes escalafonados ejerzan cargos administrativos de libre nombramiento y remoción sin perder sus derechos de carrera, conforme al artículo 32.

En ese marco, explicó que cuando la comisión corresponde al desempeño de un cargo fuera de la Universidad, se requiere aprobación del Consejo Académico conforme al artículo 75 del Estatuto Profesoral, mientras que, cuando se trata de cargos internos, basta con la resolución del Rector, según lo previsto en el artículo

76. Agregó que e sta distinción se refuerza con lo previsto en el artículo 22 del Estatuto General, que faculta al Rector para conceder comisiones conforme a los estatutos, sin requisitos adicionales.

Indicó que, por tanto, cuando exista una necesidad institucional, un docente escalafonado puede ser vinculado en comisión a un cargo de libre nombramiento y remoción mediante resolución rectoral, sin que ello implique pérdida de sus derechos adquiridos. Añadió que las funciones académico-administrativas ejercidas por docentes comisionados en estos cargos deben cumplirse dentro de la jornada laboral ordinaria de 40 horas semanales, conforme al Estatuto Profesoral y a la Convención Colectiva de Trabajo, jorna da que no se rige por lo previsto para el personal administrativo en el Acuerdo 001 de 1996.

Finalmente, concluyó que esta modalidad de vinculación no desmejora el servicio educativo, sino que lo fortalece, en la medida en que los docentes comisionados

personal administrativo en el Acuerdo 001 de 1996.

Finalmente, concluyó que esta modalidad de vinculación no desmejora el servicio educativo, sino que lo fortalece, en la medida en que los docentes comisionados aportan sus conocimientos en áreas académicas, investigativas, administrativas y de proyección s ocial. En su concepto, la actividad docente no se reduce a la enseñanza, sino que incluye la construcción de programas académicos y la mejora continua de los currículos, siendo precisamente este el objeto del cargo de Director de Programa.

1.2.1. Cesar Augusto Sánchez Contreras (vinculado)

Coadyuvó a la contestación de la demanda presentada por la Universidad del Tolima y planteó como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva. Señaló que los cargos administrativos clasificados como de libre nombramiento y remoción son de exclusiva competencia del nominador, quien puede designar y remover a quienes los desempeñan sin que se les exijan requisitos adicionales, conforme al artículo 125 de la Constitución Política.

Reiteró que esta facultad es autónoma y no debe ser cuestionada mediante interpretaciones que desconozcan el régimen jurídico aplicable a dichos cargos. Añadió que el Consejo Superior Universitario ha sido consciente de esta situación desde 2016, y ha autorizado las actuac iones administrativas relacionadas con nombramientos y remociones, respetando las competencias del nominador.

Citó el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, que establece que el retiro de los funcionarios en cargos de libre nombramiento y remoción se produce mediante acto no motivado, y es discrecional del nominador. Esta decisión goza de presunción de

Citó el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, que establece que el retiro de los funcionarios en cargos de libre nombramiento y remoción se produce mediante acto no motivado, y es discrecional del nominador. Esta decisión goza de presunción de legalidad, aunque puede ser desvirtuada judicialmente si se demuestra que se basó en motivos distintos al interés general.7

Aunque reconoció esa discrecionalidad, subrayó que la remoción debe ejercerse bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad, conforme a la jurisprudencia constitucional y al artículo 44 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Destacó que la Política Laboral adoptada antes de la expedición del Acuerdo 006 de 2012 estableció que la clasificación de un empleo como de libre nombramiento y remoción debe atender a la naturaleza de la entidad y las funciones del cargo, de acuerdo con los criterios de la Ley 909 de 2004. En este sentido, citó la Sentencia C-161 de 2003 de la Corte Constitucional, que determinó que esta categoría solo se aplica a cargos con funciones de dirección, manejo, confianza u orientación institucional, y no a aqu ellos con funciones meramente administrativas o subalternas.

Dijo que la Universidad del Tolima, conforme a la normatividad constitucional, legal y jurisprudencial, adoptó una nomenclatura interna que contempla 639 cargos distribuidos en diferentes categorías, de los cuales algunos fueron clasificados como de libre nombramiento y remoción, con el fin de cumplir con el objeto misional de la institución. Entre estos cargos se incluyen los Directores de Programa, Secretarios Académicos, Directores de Proyección Social y de Currículo, entre

como de libre nombramiento y remoción, con el fin de cumplir con el objeto misional de la institución. Entre estos cargos se incluyen los Directores de Programa, Secretarios Académicos, Directores de Proyección Social y de Currículo, entre otros, pues requieren confianz a, manejo y orientación institucional. Especialmente en la Vicerrectoría Académica, se asignó un mayor número de cargos de libre nombramiento y remoción para garantizar la implementación de políticas institucionales.

También mencionó cargos que, por disposición legal, deben ser de libre nombramiento y remoción, como los jefes de oficinas clave en la administración de la Universidad.

Sostuvo que no se vulnera el artículo 125 de la Constitución, ya que los empleos de libre nombramiento y remoción son excepcionales y se han adoptado conforme a los fines de la función administrativa, como se dispone en el artículo 209 superior. Por tanto, la normatividad institucional sobre la provisión de empleos se ajusta al ordenamiento jurídico y goza de presunción de legalidad.

Presentó un resumen de las acciones emprendidas por la Universidad para superar la crisis institucional, comenzando con la expedición del Acuerdo 0021 de 2016, que estableció un periodo de transición para superar la crisis de gobernabilidad, recuperar la estabilid ad financiera y restablecer la identidad institucional. Durante este periodo, el Rector encargado tuvo funciones específicas, incluida la contratación de un experto en reformas académico-administrativas.

Dijo que la Universidad suscribió un Convenio con la Universidad del Valle para la elaboración de un diagnóstico que permita la implementación de la reorganización

contratación de un experto en reformas académico-administrativas.

Dijo que la Universidad suscribió un Convenio con la Universidad del Valle para la elaboración de un diagnóstico que permita la implementación de la reorganización administrativa, académica y financiera, con el fin de fortalecer la institución y ajustar su estructura a las necesidades del servicio ciudadano.

Señaló que, cumpliendo este convenio, el Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle presentó el Plan de Alivio Financiero en diciembre de 2016, que incluía la reestructuración organizacional como medida inmediata.

Finalmente, respecto al Acuerdo 014 de 2014, invocado por la parte actora, aclaró que las reuniones del Consejo Superior no se limitaban a sesiones ordinarias, sino que podían celebrarse de forma extraordinaria o no presencial, según la necesidad. Refirió que, en consecuencia, los planteamientos de la parte demandante carecen de base legal.8

Refirió que, e n resumen, no procede la nulidad alegada, ya que el Rector de la Universidad del Tolima tiene la facultad legal para nombrar y remover personal en cargos de libre nombramiento y remoción.

1.3. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia del 31 de mayo de 2023, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora.

Frente al cargo de falsa motivación del acto administrativo contenido en la Resolución 0790 de 2017, la autoridad judicial concluyó que este no se configuró. Señaló que el acto cuestionado alude a la imposibilidad de nombrar a la

Frente al cargo de falsa motivación del acto administrativo contenido en la Resolución 0790 de 2017, la autoridad judicial concluyó que este no se configuró. Señaló que el acto cuestionado alude a la imposibilidad de nombrar a la demandante como directora de programa, no por inexistencia del cargo, sino por la falta de una plaza disponible para ser ocupada. Explicó que, en cumplimiento de directrices superiores y como parte de un plan de alivio financiero, se optó por encargar en dichos cargos a docentes de planta debidamente escalafonados, en virtud de su derecho preferente como servidores de carrera administrativa, el cual prima sobre los derechos de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, como era el caso de la actora. Por tanto, concluyó que n o hubo falsa motivación y que el cargo formulado no estaba llamado a prosperar.

En cuanto al cargo de violación directa del artículo 12 de la Ley 790 de 2002 y del Decreto 190 de 2003, invocados en razón de la protección especial a las madres cabeza de familia, precisó que la interpretación de dicha normativa debe ser restrictiva. Ind icó que la Ley 790 fue concebida para proteger a trabajadores vinculados a entidades de la rama ejecutiva del nivel nacional, en contextos de reestructuración administrativa. Aunque reconoció que podría extenderse a otros empleados públicos, subrayó que la prohibición que consagra es la de desvinculación del servicio. Agregó que dicha interpretación literal no ha sido modificada por la jurisprudencia constitucional, razón por la cual no es posible ampliarla para abarcar el desmejoramiento de condiciones lab orales, como pretende la parte demandante. Determinó entonces que no se configuró la

modificada por la jurisprudencia constitucional, razón por la cual no es posible ampliarla para abarcar el desmejoramiento de condiciones lab orales, como pretende la parte demandante. Determinó entonces que no se configuró la vulneración alegada a los derechos laborales de la actora por su condición de madre cabeza de familia.

Indicó que el artículo 12 de la Ley 790 prohíbe únicamente la desvinculación de madres cabeza de familia, con el propósito de protegerlas a ellas y a sus hijos, en atención al principio d