TA TOL - Sentencia 73001-33-33-008-2018-00232-01 (27-03-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Mag. Ponente: John Libardo Andrade Flórez

Ibagué – Tolima, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

Radicación Nº:

73001-33-33-008-2018-00232-01 (153/2023)

Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA

Demandante: ESNEIDY NAVARRO GALEANO Y

OTROS

Demandado: MINISTERIO DE TRANSPORTE –

INVIAS, DEPARTAMENTO DEL

TOLIMA y MUNICIPIO DE LÉRIDA

I. ASUNTO

De conformidad con lo establecido en los artículos 187 y 247 del C.P.A.C.A., procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el pasado 19 de diciembre de 2022, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

IANTECEDENTES

1. Pretensiones1

Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓNMINISTERIO DE TRANSPORTE , EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE L ÉRIDA por los perjuicios morales y materiales sufridos por los demandantes, con ocasión del fallecimiento de l señor Gerardo Parra Sierra (q.e.p.d.), el 08 de mayo de 2016, como consecuencia del accidente de tránsito causado por la colisión mientras conducía su motocicleta marca Bóxer de placas RAP -19D, cayó al

2016, como consecuencia del accidente de tránsito causado por la colisión mientras conducía su motocicleta marca Bóxer de placas RAP -19D, cayó al caño aledaño en el corregimiento La Sierra en el municipio de Lérida.

Que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene a las entidades demandadas, a pagar en favor de los demandantes, las siguientes cantidades:

Por concepto de perjuicios morales:

Se condene a la s entidades demandadas a pagar a favor de cada uno de los demandantes la suma de dinero equivalente a 100 SMLMV.

Por concepto de perjuicios m ateriales, en modalidad de lucro cesante (consolidado y futuro):

1 Folios 63-67 Cuaderno Principal Expediente DigitalRad. 73001-33-33-008-2018-00232-01 (Interno 00153-2023) Reparación Directa Esneidy Navarro Galeano y otros vs. Nación – Ministerio de Transporte y otros Página No. 2

La suma de dinero que resulte de la liquidación teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2016, más el 25 % por prestaciones sociales, actualizada conforme con el IPC existente en el mes de mayo y utilizando las fórmulas matemáticas financieras aceptadas por el Consejo de Estado.

Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

Que se condene en costas a la parte demandada.

2. Fundamentos fácticos 2

Como fundamento de sus pretensiones, el apoderado de la parte accionante expuso los hechos relevantes que se sintetizan así:

Que se condene en costas a la parte demandada.

2. Fundamentos fácticos 2

Como fundamento de sus pretensiones, el apoderado de la parte accionante expuso los hechos relevantes que se sintetizan así:

2.1. Que el señor Gerardo Prado Sierra (q.e.p.d.) laboraba para la Empresa Gestión Corporativa Ltda., percibiendo un salario mensual de $689.455.oo, con el que sostenía su núcleo familiar.

2.2 Que el día 08 de mayo de 2016, el señor Gerardo Prado Sierra (q.e.p.d.) colisionó su motocicleta marca B ajaj de placas RAP -19D cayendo al caño aledaño de la vía que conduce a la hidroeléctrica en el corregimiento “La Sierra” del municipio de Lérida.

2.3. Que la Fiscalía General de la Nación adelantó indagación por el delito de Homicidio Culposo, en la que se concluyó según el protocolo de necropsia que el señor Gerardo Prado Sierra (q.e.p.d.) falleció por insuficiencia respiratoria aguda por edema pulmonar por asfixia por inmer sión por ahogamiento en canal de riego.

2.4. Que la vía en la que tuvo ocurrencia el accidente de tránsito es una vía terciaria sin pavimentar, sin señalización, sin iluminación, ni barreras de protección que proteja a los transeúntes de la existencia del canal del riego.

3.- Contestación de la demanda

3.1 Nación – Ministerio de Transporte3

Por medio de apoderad a judicial, contestó la demanda manifestando su

protección que proteja a los transeúntes de la existencia del canal del riego.

3.- Contestación de la demanda

3.1 Nación – Ministerio de Transporte3

Por medio de apoderad a judicial, contestó la demanda manifestando su oposición a las pretensiones incoadas , por cuanto los hechos alegados por la parte actora no configuran responsabilidad alguna para el ente que representa.

Precisó, que el Ministerio de Transporte tiene como objetivo primordial la formulación y adopción de las políticas proyectos y regulación económica en materia de transporte, tr ánsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, ferrero y aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los carreteros, marítimo, fluvial y férreo.

Señaló que, al no existir en el asunto una relación de causalidad adecuada entre la omisión de las funciones u objeto jurídico asignado por Ley a la entidad

2 Folios 155-171 Cuaderno Principal 01 3 Documento 09 Cuaderno PrincipalRad. 73001-33-33-008-2018-00232-01 (Interno 00153-2023) Reparación Directa Esneidy Navarro Galeano y otros vs. Nación – Ministerio de Transporte y otros Página No. 3

Ministerio de Transporte y el daño antijuridico producido, se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva

Asimismo, como sustento de sus argumentos de defensa propuso las excepciones denominadas “Falta de Responsabilidad del ente demandado , Inexistencia de Solidaridad del Ministerio de Transporte”.

3.2 Instituto Nacional de Vías - INVIAS4

Asimismo, como sustento de sus argumentos de defensa propuso las excepciones denominadas “Falta de Responsabilidad del ente demandado , Inexistencia de Solidaridad del Ministerio de Transporte”.

3.2 Instituto Nacional de Vías - INVIAS4

Mediante su apoderada judicial, manifestó su oposición expresa a las pretensiones de la demanda, argumentando que no existe fundamentación fáctica ni jurídica que demuestres responsabilidad estatal en los hechos alegados

Aseguró, que se estructura responsabilidad a cargo del Instituto, comoquiera que la vía donde tuvo ocurrencia el accidente no está a cargo de Invias, sino que corresponde a una vía rural de rango municipal, por lo tanto, se configura falta de legitimación en la causa por pasiva.

En ese sentido, formuló la excepciones denominadas “Ausencia de Prueba de la Falla del Servicio y culpa exclusiva de la víctima, pues revisado el RUNT, no se registró licencia de conducción del señor Gerardo Prado Sierra (q.e.p.d.) , situación de la que infirió que no contaba con los conocimientos necesarios en materia de señalización y seguridad de la vía, siendo evidente su actuar imprudente y negligente al hacer uso de una motocicleta sin el cumplimiento de los parámetros legales exigidos para garantizar la seguridad vial.

3.3. Municipio de Lérida5

Por medio de su apoderado judicial, el ente territorial municipal, aseguró que es evidente la ausencia de conexidad entre el lamentable deceso de Gerardo Prado Sierra (q.e.p.d.) y el estado de la vía, por lo tanto, no es dable imputar responsabilidad alguna en este asunto.

es evidente la ausencia de conexidad entre el lamentable deceso de Gerardo Prado Sierra (q.e.p.d.) y el estado de la vía, por lo tanto, no es dable imputar responsabilidad alguna en este asunto.

Refirió, que en los hechos objeto de litigio, tiene responsabilidad un tercero, la Asociación de Usuarios de Aguas del Distrito de Riego del Río RecioASORRECIO que no tiene relación con el municipio.

Formuló las excepciones denominadas “Falta de Jurisdicción y Competencia, falta de legitimación por pasiva, falta de conexidad, falta de legitimación por activa”.

3.4 Departamento del Tolima

A través de su apoderado judicial, el Departamento del Tolima aseguró que no existen en el plenario elementos de convicción para siquiera inferir que es dable endilgarle responsabilidad al ente territorial por los hechos que alega la parte actora.

Señaló que los hechos demandados son totalmente ajenos a la órbita competencia de la administración departamental, pues la intervención,

4 Folios 185-195 Cuaderno Principal 01 5 Folios 225-243 Cuaderno Principal 01Rad. 73001-33-33-008-2018-00232-01 (Interno 00153-2023) Reparación Directa Esneidy Navarro Galeano y otros vs. Nación – Ministerio de Transporte y otros Página No. 4

mantenimiento, rehabilitación y construcción de la vía terciaria que conduce de la vereda “La Sierra” a la subestación Hidroeléctrica Rio Rec io, le corresponde a la autoridad local, que para el caso que nos ocupa, es el Municipio de Lérida.

de la vereda “La Sierra” a la subestación Hidroeléctrica Rio Rec io, le corresponde a la autoridad local, que para el caso que nos ocupa, es el Municipio de Lérida.

Formuló como soporte a sus argumentos las excepciones nominadas “Falta de legitimación en la causa por pasiva, Inexistencia de presupuestos para que prospere la acción de Reparación Directa contra el Departamento del Tolima, Culpa Exclusiva de la víctima, Inexistencia de la Obligación”.

4.- La Sentencia Apelada 6

El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, en sentencia del 19 de diciembre de 2022, resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR PROBADAS las excepciones de (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, (ii) ausencia de prueba de la falla del servicio y (iii) culpa exclusiva de la víctima, propuestas por las accionadas, por lo considerado en la parte motiva.

SEGUNDO: DENEGAR las súplicas de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte dem andante y a favor de la accionada. Tásense.

CUARTO: FIJAR como agencias en derecho la suma de $1.765.800 que serán tenidos en cuenta por secretaría al momento de liquidar las costas.

QUINTO: Reconocer personería adjetiva al Dr. Juan Pablo Arango Londoñ o portador de la TP No 311.112 del C.S. de la J. como apoderado del Municipio de Lérida de conformidad a las facultades otorgadas en el poder que reposa en

Ad.18.pdf

portador de la TP No 311.112 del C.S. de la J. como apoderado del Municipio de Lérida de conformidad a las facultades otorgadas en el poder que reposa en Ad.18.pdf

Una vez en firme esta sentencia, archívese el expediente dejando las constancias del caso”.

Para arribar a la anterior decisión, definió como problema jurídico a resolver, determinar si, es imputable a las entidades demandadas a título de falla en el servicio, la muerte del señor Gerardo Prado Sierra (q.e.p.d.), ocurrida el día 8 de mayo de 2016 en inmediaciones de la Bocatoma principal del Distrito de riego del río Recio en el municipio de Lérida.

Luego de referir el régimen de responsabilidad por accidente de transito derivado de la falta de mantenimiento, conservación, señalización de la red vial por parte de las autoridades públicas, y relacionados los elementos de prueba obrantes en el plenario, encontró acreditado el A quo el daño alegado, esto es, el fallecimiento por ahogamiento del señor Gerardo Prado Sierra (q.e.p.d.) el día 8 de m ayo de 2016, según la copia auténtica del registro civil de defunción y el Informe pericial de necropsia practicado por el Instituto Nacional de Medicina y ciencias forenses, en donde se dictaminó que el señor Prado Sierra (q.e.p.d.) falleció “por insuficiencia respiratoria aguda por edema pulmonar por asfixia por inmersión por ahogamiento en canal de riego”.

6 Documento 065Sentencia.pdfRad. 73001-33-33-008-2018-00232-01 (Interno 00153-2023) Reparación Directa

asfixia por inmersión por ahogamiento en canal de riego”.

6 Documento 065Sentencia.pdfRad. 73001-33-33-008-2018-00232-01 (Interno 00153-2023) Reparación Directa Esneidy Navarro Galeano y otros vs. Nación – Ministerio de Transporte y otros Página No. 5

Respecto de las circunstancias en las que tuvo ocurrencia el hecho dañoso, advirtió la juez de instancia, que sobre el aparente choque de la motocicleta en la que la víctima se desplazaba no existe soporte de alguna autoridad de tránsito, pero se precisó el lugar donde fue encontrada la víctima y la motocicleta en la que se desplazaba, la cual corresponde a la vía que conduce a la Subestación Hidroeléctrica en el corregimiento la Sierra - Municipio de Lérida – Tolima, sobre el canal de riego, del distrito de riego que administra Asorrecio.

Precisó, que ASORRECIO es una organización privada, sin ánimo de lucro que obtiene su perso nería Jurídica por Resolución No.552 del 7 de noviembre de 1.979 emanada del Ministerio de Agricultura, con un área de influencia igual para el Distrito de Riego del Río Recio , siendo la entidad que ejerce la administración del Distrito respectivo.

En lo que atañe con las obras de infraestructura de los distritos de riego – para sus vías y su conservación -, adujo que de conformidad con la Resolución No 1399 de 2005 expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER/hoy Agencia de Desarroll o Rural -ADR -, cualquier obra de infraestructura para su circulación deberá contar con los estudios

1399 de 2005 expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER/hoy Agencia de Desarroll o Rural -ADR -, cualquier obra de infraestructura para su circulación deberá contar con los estudios correspondientes, es decir, las especificaciones técnicas requeridas por la normatividad vial y por cuenta de sus beneficiarios, así como la aprobación expresa del INCODER.

Indicó que la misma fuente normativa prevé que: La administración del distrito tendrá a su cargo la conservación, colocación de señales e identificación y abscisado de los canales y reglamentación del tráfico en toda la red de bermas paralelas a los canales de riego y drenaje, caminos y demás vías.

En ese sentido, aseguró que las obras de infraestructura y equipos en los carreteables correspondían y corresponden a l a administración del Distrito de Riego del Río Recio, y no a las demandadas , y que a esa administración, que cuenta con personería jurídica, le correspondía para la época de los hechos, planificar y construir los puentes, obras de cruce principales, ponton es, alcantarillas y demás obras requeridas para su circulación de conformidad con la normatividad vial, es decir, Código Nacional de Tránsito y Manual de señalización Vial, sin embargo, no logró el A quo comprobar para la fecha de los hechos falta de protección de medidas necesarias, para que se determinara exonerada de responsabilidad las entidades demandadas por hecho de un tercero.

Destacó, que revisada la normatividad de tránsito y advertido que la víctima el momento en el que tuvo ocurrencia el hecho dañoso no contaba con licencia

exonerada de responsabilidad las entidades demandadas por hecho de un tercero.

Destacó, que revisada la normatividad de tránsito y advertido que la víctima el momento en el que tuvo ocurrencia el hecho dañoso no contaba con licencia de conducción y se desplazaba con el SOAT vencido, sin que hiciera uso de algún elemento de protección, según como fue encontrado el cuerpo, además, conduciendo en presunto estado de embriaguez de acuerdo con la declaración de su esposa.

De lo anterior, aseguró el A quo que la causa del daño alegado por la parte demandante es atribuible a la víctima, en t anto, con su actuar imprudente, incumplió el deber general de cuidado en el ejercicio de una actividad peligrosa, como es la conducción de una motocicleta sin contar con la licencia deRad. 73001-33-33-008-2018-00232-01 (Interno 00153-2023) Reparación Directa Esneidy Navarro Galeano y otros vs. Nación – Ministerio de Transporte y otros Página No. 6

conducción respectiva que hace presumir la pericia del conductor en est a actividad riesgosa , al conducir la motocicleta sin la debida autorización, sin póliza vigente y sin los elementos mínimos de protección.

Por lo tanto, al configurarse culpa exclusiva de la víctima, exoneró de responsabilidad a las entidades demandadas y negó las pretensiones de la demanda.

5.- Recurso de apelación

5.1 Parte Demandante7

Mediante apoderado judicial, presentó recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia , inconforme con los argumentos de la Juez de

demanda.

5.- Recurso de apelación

5.1 Parte Demandante7

Mediante apoderado judicial, presentó recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia , inconforme con los argumentos de la Juez de instancia, pues refirió que no se compadecen con los esfuerzos procesales y extraprocesales ejercitados por la parte demandante, en aras de buscar un eficiente y correcto acceso a la administración de justicia, teniendo en cuenta que la parte demandante, previo a entablar el presente medio de control, mediante derechos de petición indagó, tanto al Municipio de Lérida - Tolima, como a Asorrecio sobre la responsabilidad en el mantenimiento y señalización de la vía en que ocurrieron los hechos.

Adujo, que sorprende a la parte demandante la decisión del A quo, al considerar que la vía ya no es competencia del Municipio de Lérida - Tolima, como lo había señalado la Dirección de Tránsito y Transporte de l Departamento del Tolima, sino que la obligación de conservación, mantenimiento y señalización de la vía era y es del Distrito de Riego ASORRECIO, entidad que no fue llamada al proceso en calidad de litisconsorte necesario por ninguna de las partes, ni por el mismo despacho con su facultad oficiosa, llamamiento que el apoderado judicial de la parte demandante sugirió en la contestación de las excepciones propuestas.

Indicó, que p ara el caso que nos ocupa, si se aceptara que la obligación de señalización y mantenimiento de la vía terciaria por donde pasa el canal es responsabilidad de un particular por delegación de la autoridad administrativa, el incumplimiento a dicha carga, o la omisión en la señalización y

señalización y mantenimiento de la vía terciaria por donde pasa el canal es responsabilidad de un particular por delegación de la autoridad administrativa, el incumplimiento a dicha carga, o la omisión en la señalización y mantenimiento de las vías debe ser sancionado por la autoridad competente que tiene a cargo la titularidad de la vía, para el caso concreto, al existir omisión en la instalación de las barandas de protección, señalización e iluminación de la vía, la responsabilidad de los daños antijurídicos debe recaer solidariamente entre delegante y delegatario.

Por lo tanto, no son de recibo los argum entos propuestos por el A quo, al considerar que la obligación en la señalización, construcción de barandas de protección, mantenimiento e iluminación de la vía donde ocurrieron los hechos, es de competencia del Distrito de Riego por delegación y no de la entidad territorial, si se tiene en cuenta que las competencias en materia de infraestructura tienen fundamento en los artículos 19 y 20 de la Ley 105 de 1993, las cuales son de propiedad de la Nación.

Sobre la culpa exclusiva de la víctima, consideró que aunque la víctima pudo incurrir en una serie de infracciones al Código Nacional de Tránsito, de las

7 Folios 571-580 Cuaderno Principal 01Rad. 73001-33-33-008-2018-00232-01 (Interno 00153-2023) Reparación Directa Esneidy Navarro Galeano y otros vs. Nación – Ministerio de Transporte y otros Página No. 7

cuales se encuentran probadas únicamente la de conducir sin licencia de conducción y con el SOAT vencido, dichas infracciones no tienen el poder de

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cuales se encuentran probadas únicamente la de conducir sin licencia de conducción y con el SOAT vencido, dichas infracciones no tienen el poder de configurar culpa exclusiva a la víctima, teniendo en cuenta que se probó que la omisión en la señalización, falta de iluminación y la falta de las barandas en el puente donde ocurrieron los hechos, son una falla del servicio de las entidades demandadas, que incidieron en la producción del daño.

Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia dictada en primera instancia y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda.

IITRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por auto del 27 de marzo de 2023 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 1 9 de diciembre de 2022 por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué.

En los términos de lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se advierte que desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria de la providencia que admitió el respectivo recurso, los sujetos procesales no efectuaron pronunciamiento alguno.

Así mismo, de acuerdo con la constancia secretarial de ingreso al Despacho para decisión de fondo, se advierte que la providencia que admitió el recurso de apelación fue notificada al agente del Ministerio Público, quien guardó silencio dentro del término concedido para rendir concepto.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Es competente esta Colegiatura para desatar la apelación contra la sentencia

dentro del término concedido para rendir concepto.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Es competente esta Colegiatura para desatar la apelación contra la sentencia proferida el pasado 19 de diciembre de 2022 por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, de acuerdo con el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir que son apelables las sentencias de primera instancia proferidas por los jueces.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer, si como lo aseguró la parte recurrente se estructura responsabilidad de la demandada en los hechos acaecidos el 08 de mayo de 201 6, por la falta de mantenimiento, adecuación y señalización de la vía en la que se generó el accidente de tránsito por parte del Municipio de Lérida, o si como lo consideró el A quo, analizadas de manera objetiva las circunstancias en las que tuvo ocurrencia el hecho dañoso, se configura culpa exclusiva de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad estatal.

3. Tesis del Tribunal

La tesis que sostendrá la Sala se centra en señalar , de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la ocurrencia del hecho dañoso, que el actuar de la víctima determinó la producción del daño y porRad. 73001-33-33-008-2018-00232-01 (Interno 00153-2023) Reparación Directa Esneidy Navarro Galeano y otros vs. Nación – Ministerio de Transporte y otros Página No. 8

tanto, se configura la causal de exoneración de responsabilidad de culpa

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tanto, se configura la causal de exoneración de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, tal y como lo consideró el A quo, por lo que corresponde confirmar la sentencia de primera instancia.

4.- Marco Jurídico y Jurisprudencial

El artículo 90 de la Constitución Política establece la cláusula general de responsabilidad, la cual dispone: El artículo 90 de la Constitución Nacional establece la cláusula general de responsabilidad, la cual dispone: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas (…)”

Jurisprudencialmente el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ha dispuesto que es necesario en cada caso particular en que se pretende atribuir responsabilidad extracontractual al Estado, estudiar las circunstancias en que ocurrieron los hechos, con miras a determinar si es responsable del daño sufrido y reclamado por los demandantes.

Es pertinente recordar, que la Constitución Política de 1991 introdujo modificaciones respecto de la responsabilidad estatal, según la cual elemento fundamental es el daño antijurídico , así pues, se desplaza el soporte d e la responsabilidad estatal del concepto subjetivo de la antijuridicidad de la acción del Estado, al concepto objetivo de la antijuridicidad del daño producido por la Administración.8

No obstante la anterior afirmación, el Consejo de Estado 9, a través de la Jurisprudencia ha modulado tal aseveración y es así como ha sostenido:

Administración.8

No obstante la anterior afirmación, el Consejo de Estado 9, a través de la Jurisprudencia ha modulado tal aseveración y es así como ha sostenido:

“(…) Es cierto que la interpretación inicial que la jurisprudencia hizo del artículo 90 de la Constitución se fundamentó en la teoría de la lesión originalmente sostenida por el profesor Eduardo García de Enterría con ocasión del análisis del artículo 106 de la Constitución Española, según la cual siempre que exista una lesión o menoscabo de los derechos de una persona que no está obligado jurídicamente a asumir, el Estado debe in demnizar los perjuicios causados. Por tal razón, inicialmente, la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que la responsabilidad del Estado, una vez expedida la Constitución Política de 1991, pasó a ser puramente objetiva y, en consecuencia, la víctima del daño antijurídico ya no tenía a su cargo la carga procesal de demostrar la existencia de la falla en el servicio.

Sin embargo, con posterioridad, la misma Sección reformuló su interpretación del artículo 90 superior y concluyó que la responsabili dad del Estado se origina, de un lado, cuando existe una lesión causada a la víctima que no tiene el deber jurídico de soportar y, de otro, cuando esa lesión es imputable fáctica y jurídicamente a una autoridad pública. De hecho, esa tesis fue avalada por la Corte Constitucional en sentencia C-333 de 1993, en la cual expresó que "es menester, que además de constatar la antijuricidad del daño, el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple cau salidad material que

la antijuricidad del daño, el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple cau salidad material que legitime la decisión; vale decir, la imputatio juris además de la imputatio facti (…)”

8 Informe de ponencia del 22 de abril de 1992, Gaceta Constitucional No. 56, página 15, Ponente Juan Carlos Esguerra Porto Carrero. 9 Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Tercera C. P. Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez, proferid a el primero (1°) de marzo de dos mil seis( 2006)Rad. 73001-33-33-008-2018-00232-01 (Interno 00153-2023) Reparación Directa Esneidy Navarro Galeano y otros vs. Nación – Ministerio de Transporte y otros Página No. 9

Ahora bien, tradicionalmente la jurisprudencia ha estimado que la administración debe responder por los perjuicios ocasionados a los asociados por las faltas o fallas del servicio a su cargo, siempre y cuando se configuren en su totalidad los elementos integradores de este tipo de responsabilidades, a saber: a. Una falla en la prestación del servicio por retraso, irregularidad, ineficiencia, omisión o ausencia del mismo.

b. Un daño que configure lesión o perturbación de un bien jurídicamente tutelado y

c. Un nexo de causalidad entre la falla o falta de prestación del servicio a que la Administración está obligada y el daño.

De acuerdo con lo anterior, es necesario examinar las cargas, obligaciones y deberes de las entidades demandadas, para determinar si desde el punto de

servicio a que la Administración está obligada y el daño.

De acuerdo con lo anterior, es necesario examinar las cargas, obligaciones y deberes de las entidades demandadas, para determinar si desde el punto de vista jurídico, estas incumplieron sus funciones.

Cuando se anuncia este título de imputación, debe ubicarse, en primer lugar, cual es la obligación que le asiste al Estado con respecto a la protección de la vida y bienes de los ciudadanos colombianos, en tanto que, solo a partir de la preexistencia de una obligación es que puede inferirse, en el caso concreto, si el Estado cumplió o no con la misma.

En el presente asunto se tiene que la obligación de protección que se alega incumplida en la demanda, encuentra fundamento normativo en la disposición constitucional que a continuación se transcribe:

“…ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, p olítica, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. …” (Subrayado fuera de texto)

De la norma transcrita, se advierte que la eficacia de los derechos

demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. …” (Subrayado fuera de texto)

De la norma transcrita, se advierte que la eficacia de los derechos constitucionales fundamentales, entre ellos la salud y la vida, implica que los funcionarios públicos tengan, a diferencia de los particulares una doble responsabilidad: por un lado, la derivada de la violación directa de los derechos y por el otro cuando de manera organizativa y estructural opera negligentemente.

En ese sentido, en virtud de los mandatos constitucionales y legales el Estado debe hacer todo lo que esté a su alcance no solo para respetar los derechos, sino también para garantizarlos, protegerlos y promoverlos.

La anterior aseveración, no debe entenderse como que el Estado deba hacer lo imposible para velar por la protección de la vida, honra y bienes de sus asociados, sino lo que esté a su alcanc e. Y ello es así, por el pr