TA TOL - Sentencia 73001-33-33-008-2019-00231-01 (20-03-2025)

1

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

SALA DE ORALIDAD

M.P. LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA

Ibagué, veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Radicado: 73001-33-33-008-2019-00231-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento de derecho

Demandante: Diana Paola Rodríguez Gutiérrez.

Apoderado: Wilyan Jair Galarraga Guzmán.

Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF.

Apoderado: Duver Fernando Munévar Granados.

Tema: Primacía de la realidad sobre las formalidades - contrato realidad.

ASUNTO

Decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia emitida el 30 de septiembre de 2022 por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Ci rcuito de Ibagué, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Diana Paola Rodríguez Gutiérrez 1, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, y solicitando la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento de una relación laboral encubierta.

1.1.1. Pretensiones

Que se declare la nulidad del oficio con número S -2019-055680-7300 de l 1 de febrero de 2019, suscrito por el director regional del I.C.B.F. y se proceda al

1.1.1. Pretensiones

Que se declare la nulidad del oficio con número S -2019-055680-7300 de l 1 de febrero de 2019, suscrito por el director regional del I.C.B.F. y se proceda al restablecimiento de los derechos de Diana Paola Rodríguez Gutiérrez.

Que se declare la nulidad del oficio con número S -2019-089837-7300 de 18 de febrero de 2019, suscrito por el director regio nal del I.C.B.F., mediante el cual se resolvió recurso de reposición y en subsidio apelación contra la decisión contenida en el oficio número S-2019-055680-7300 de 1 de febrero de 2019.

Que se declare la existencia de la relación laboral entre Diana Paola Rodríguez Gutiérrez y el I.C.B.F. entre el periodo comprendido entre el 6 de febrero de 2013 y el 24 de noviembre de 2018.

1 Por medio de apoderado.2

Que se declare que el I.C.B.F despidió de forma injustificada a Diana Paola Rodríguez Gutiérrez el día 24 de noviembre de 2018.

Que se procede al pago de las cesantías e intereses de las cesantías , prima de servicios, vacaciones, prima de las vacaciones, bonificación por servicios prestados, indemnización moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, indemnización moratoria por el no pago oportuno de las prestaciones sociales por el periodo comprendido desde el 6 de febrero de 2013 hasta el día 24 de noviembre de 2018.

Se ordene el pago de la licencia de maternidad causada en año 2014 y el pago de

comprendido desde el 6 de febrero de 2013 hasta el día 24 de noviembre de 2018.

Se ordene el pago de la licencia de maternidad causada en año 2014 y el pago de la incapacidad médica de la E.P.S. FAMISANAR No. 0005922171.

Se ordene el pago de las horas extras desde 6 de febrero de 2013 al 24 de noviembre de 2018.

Se ordene el reintegro de la trabajadora al cargo que venía ocupando en el I.C.B.F.- Regional al mismo cargo o uno de igual o de superior jerarquía.

Se cancelen las demás prestaciones sociales a que tiene derecho la trabajadora en igualdad de condiciones a los demás trabajadores que laboran para el I.C.B.F.

1.1.2. Hechos. 2

Los hechos que motivaron la demanda sucintamente se resumen en:

Diana Paola Rodríguez Gutiérrez prestó sus servicios al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF desde el 6 de febrero de 2013 hasta el 24 de noviembre de 2018.

Durante el periodo antes referido la accionante estuvo vinculado a través de contratos de prestación de servicios 186 de 2013, 020 de 2014, 064 de 2015, 318 de 2016, 030 de 2016, 194 de 2017, 464 de 2017, 066 de 2018, durante el vinculo sostenido con la entidad le fueron entregados equipos de oficina, así como también firmó un documento en el que autorizaba que de su s honorarios se descontará en caso de daño o avería, en el mismo sentido, recibía el mismo trato que los profesionales que prestaban servicios para la entidad.

firmó un documento en el que autorizaba que de su s honorarios se descontará en caso de daño o avería, en el mismo sentido, recibía el mismo trato que los profesionales que prestaban servicios para la entidad.

Se obligaba al cumplimiento de horario , para el año 2013 hasta el 2017 desde las 08:00 am hasta las 12 del mediodía y desde las 02:00 pm hasta las 06:00 pm de lunes a viernes, para el año 2018 el horario desde las 08:00 am hasta las 12:00 del mediodía y desde la 01:00 pm hasta las 05:00 pm.

La señora Rodríguez Gutiérrez recibía ordenes de la coordinadora de asistencia técnica, coordinadores de centros zonales y lideres de proceso, dichas ordenes eran impartidas de forma verbal y escrita, para tal efecto, consta el correo fechado de 31 de diciembre de 2015.

Las funciones que desarrollaba la señora Diana Paola Rodríguez dentro del ICBF estaban relacionadas con los programas prioritarios como: los hogares sustitutos, hogares gest ores y externados de discapacidad vulneración, estos programas estaban aperturados en el municipio de Melgar y sus alrededores, dada la naturaleza requería disponibilidad de tiempo completo para su desarrollo, pues se

2SAMAI, expediente digital tribunal, actuación expediente digital índice 4, descripción del documento 2_730013333007201900401011EXPEDIENTEDIGI20221003172342 documento 001CuadernoPrinicipal.pdf página 114 – 120.3

debía resolver y atender novedades veinticuatro (24) horas, en algunas oportunidades para la modalidad de hogares sustitutos cuando estos no eran

120.3

debía resolver y atender novedades veinticuatro (24) horas, en algunas oportunidades para la modalidad de hogares sustitutos cuando estos no eran atendidos, las madres sustitutas acudian a la señora Diana Paola en busca de soluciones.

Como contraprestación por los servicios prestados recib ía mensualmente la suma de tres millones cien mil pesos ($ 3.100.000), para los desplazamientos le eran pagados viáticos a través de resoluciones.

1.2. Contestación de la demanda.

Se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que la relación entre la demandante y el I.C.B.F. se gestó en virtud de unos contratos por prestación de servicios y no de una relación laboral, citó sentencias del Consejo de Estado, para posteriormente mencionar que la subordinación que menciona la parte activa no se evidencia, así como tampoco se logra acredita con soporte probatorio. Agregó que, en virtud del concepto cancelado como honorarios la entidad le pagó cualquier suma a que tuviese derecho como contratista, alegó que no hay lugar al pago de prestaciones sociales deb ido al tipo de vinculación, es decir, como contratista. Propuso como excepciones las denominadas “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “inexistencia o falta de causa para demandar”, “cobro de lo no debido”, “inexistencia de la obligación”, “exclusión de la relación laboral”, “ausencia absoluta de pruebas que acrediten los elementos que configuran la relación de trabajo”. 1.3. Sentencia de primera instancia.3

El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué profirió sentencia de

de pruebas que acrediten los elementos que configuran la relación de trabajo”. 1.3. Sentencia de primera instancia.3

El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué profirió sentencia de primera instancia el 30 de septiembre de 202 2, a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

“PRIMERO: DECLARAR que entre la señora DIANA PAOLA RODRÍGUEZ GUTIERREZ y el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-I.C.B.F. existió una relación laboral desde el 4 de febrero de 2013 hasta el 24 de noviembre de 2018, según se consideró en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADAS DE OFICIO las excepciones denominadas “imposibi lidad de reintegro”, “no acreditación de trabajo suplementario”, improcedencia de indemnizació n moratoria por no pago oportuno” y “prescripción hasta el 20 de enero de 2016”.

TERCERO: DECLARAR la nulidad parcial del oficio con número S -2019055680-7300 de 1 de febrero de 2019, suscrito por el director regional del I.C.B.F., a través de la cual este negó la declaración de existencia de un contrato realidad entre la señora DIANA PAOLA RODRÍGUEZ GUTIERREZ y el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-I.C.B.F. y el pago de las prestaciones y salarios correspondientes, en cuanto: i. fue acreditada la figura del contrato realidad desde el 4 de febrero de 2013 y hasta el 24 de noviembre de

FAMILIAR-I.C.B.F. y el pago de las prestaciones y salarios correspondientes, en cuanto: i. fue acreditada la figura del contrato realidad desde el 4 de febrero de 2013 y hasta el 24 de noviembre de

3SAMAI, expediente digital tribunal, actuación expediente digital índice 4, descripción del documento 2_730013333003201900432011EXPEDIENTEDIGI20220822100036 descripción del documento B9. 2019 -00432

SENTENCIA DE MÉRITO.pdf4

2018, ii. respecto al lapso comprendido entre el 4 de febrero de 2013 y el 20 de enero de 2016 operó el fenómeno de la prescripción extintiva, ii. respecto al lapso entre el 21 de enero de 2016 y el 24 de noviembre de 2018 no operó el fenómeno de la prescripción extintiva, y iii. respecto de los aportes al sistema de seguridad social en pensión no opera la prescripción extintiva.

CUARTO: ORDENAR al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-I.C.B.F. que i. liquide y pague, a título de restablecimiento del derecho, en favor de la señora DIANA PAOLA RODRÍGUEZ GUTIERREZ, el valor de las prestaciones sociales y salariales que le correspondan a esta de conformidad con las funciones desempeñada en virtud de la celebración de los contratos por prestación de servicios desde el 21 de enero de 2016 y hasta el 24 de noviembre de 2018, incl uyendo las interrupciones dado que no hubo solución de continuidad, y con lo devengado por la misma de acuerdo con lo pactado como honorarios y/o salario en los contratos de prestación de servicios celebrados y

las interrupciones dado que no hubo solución de continuidad, y con lo devengado por la misma de acuerdo con lo pactado como honorarios y/o salario en los contratos de prestación de servicios celebrados y ejecutados durante ese periodo, y ii. liquide y pague a la señora DIANA PAOLA RODRÍGUEZ GUTIERREZ, o al fondo de pensiones al que se encontrase afiliada la misma, según corresponda, a título de restablecimiento del derecho, los aportes a pensión respectivos por el periodo en que este laboró bajo las modalidades de prestación de servicios, esto es desde el 4 de febrero de 2013 hasta el 24 de noviembre de 2018, incluyendo las interrupciones dado que no hubo solución de continuidad, tomando como base de cotización mensual, respectivamente, los honorarios y salarios pactados en el marco de las vinculaciones como contratista.

QUINTO: NEGAR las demás súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEXTO: SIN COSTAS de primera instancia.

SEPTIMO: La entidad accionada deberá dar cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de

2011.”

Los argumentos en que sustentó la decisión el juez de primera instancia fueron sucintamente:

Analizados los elementos de prueba se encontró acreditado que la accionante prestó sus servicios de manera personal para le ICBF, al igual que se encontró probado que por prestar estos servicios recibía unos honorarios es decir una remuneración, de manera que estos elementos no fueron objeto de controversia dentro del proceso pro parte de la entidad.

sus servicios de manera personal para le ICBF, al igual que se encontró probado que por prestar estos servicios recibía unos honorarios es decir una remuneración, de manera que estos elementos no fueron objeto de controversia dentro del proceso pro parte de la entidad.

Frente al elemento subordinante, estudiados la copia de los contratos suscritos, los testimonios de Sonia Andrea Romero Rodríguez, Diana Milena León Mora y Jainer Montero Quintero, que se practicaron junto con los testimonios decretados de oficio de Luz Dary Pineda Romero y Deysi Lorena Vera Guarnizo , se acreditó que la demandante cumplía sus funciones como contadora y de apoyo administrativo, las cuales coinciden con funciones determinadas para unos cargos de la planta de empleos temporal y para un empleado puntual de planta que se desempeñaba en ese centro zonal, y que la demandante desarrollaba tales labores en las instalaciones del centro zonal de Melgar del I.C.B.F., concretamente en la oficina5

que le fue asignada por este instituto, haciendo uso de los elementos de trabajo que en tal entidad le fueron asignados y que son propiedad de esta, cumpliendo el mismo horario que los empleados de planta, bajo el comando de ordenes por parte de las supervisoras del contrato a quienes les comunicaba si iba a ausentarse, razón por la cual es factible concluir que los contratos por prestación de servicios suscritos entre las partes, encubrieron una verdadera relación laboral en la que se presentaron además de la remuneración y la prestación personal del servicio, el tercer elemento que caracteriza ese tipo de relación, la subordinación.

1.4. Recurso de apelación

Cuestionó la acreditación del elemento subordinante, refirió que como contratista

tercer elemento que caracteriza ese tipo de relación, la subordinación.

1.4. Recurso de apelación

Cuestionó la acreditación del elemento subordinante, refirió que como contratista era autón oma para ejecutar las obligaciones contractuales asignadas, y como naturalmente sucede en los contratos de prestación de servicios existió una coordinación para el correcto desempeño de las actividades.

Citó sentencias del Consejo de Estado para mencionar que las actividades desarrolladas en el cumplimiento del objeto de los contratos de prestación de servicios de la demandante, de la contratista estaban relacionados con asuntos contables, financieros de apoyo a la entidad. Alegó no se le pagaban viáticos a las accionante, sino que, lo que se le reconoció a la contratista fue gastos de viaje, que eran destinados a atender gastos de manutención y alojamiento, agregó que estos gastos estaban contemplados en el clausulado de los contratos, de modo que no se pueden entender propiamente como viáticos.

Concluyó expresando que, no está probado el elemento de la subordinación, ya que se tomó como base los testimonios de ex compañeros de trabajo de la demandante, lo cual no es prueba contun dente para asegurar que existió el elemento de la subordinación.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El presente asunto es competencia de esta Corporación de acuerdo con lo establecido en el artículo 153 del CPACA, según el cual los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos, así como de las apelaciones de autos susceptibles de este recurso.

En igual sentido, esta se ajustará de acuerdo con lo establecido en el artículo 328

administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos, así como de las apelaciones de autos susceptibles de este recurso.

En igual sentido, esta se ajustará de acuerdo con lo establecido en el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso, por remisión del artículo 306 del CPACA. De acuerdo con dicha disposición, se realizará pronunciamiento únicamente sobre los argumentos expuestos por el apelante en el recurso de alzada, sin dejar de lado las decisiones que se deban adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

2.2. Procedibilidad del recurso de apelación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, son apelables las sentencias de primera instancia, circunstancia que se avizora en el presente caso.

2.3. Problema jurídico6

De acuerdo con el marco de la apelación, corresponde a la Sala decidir:

Si en el proceso de la referencia s e acreditaron los elementos necesarios para declarar la existencia de contrato realidad entre la parte accionante y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

Por lo cual en caso de que la respuesta sea afirmativa se pasará a revisar en que periodos fue causado el contrato realidad y las prestaciones sociales derivadas de la declaración de existencia de un contrato realidad.

2.3.1. Tesis de la Sala

Se modificará la sentencia de primera instancia, ya que revisados los tiempos en los cuales estuvo vinculada la accionante a través de contratos de prestación de servicios, se tiene que tuvo lugar entre el 06 de febrero de 2013 hasta el 24 de

Se modificará la sentencia de primera instancia, ya que revisados los tiempos en los cuales estuvo vinculada la accionante a través de contratos de prestación de servicios, se tiene que tuvo lugar entre el 06 de febrero de 2013 hasta el 24 de noviembre de 2018, se encontraron acreditados los elementos del contrato realidad: prestación personal del servicio, remuneración y sub ordinación, frente el elemento subordinante se tiene que a la accionante se le exigía el cumplimiento de ordenes perentorias, además de encontrar que desarrollaba funciones asignadas a un cargo que existía en la planta de personal de la entidad. Sin embarg o se modificará respecto de la declaratoria de prescripción, ya que no trascurrieron los 3 años desde el ultimo vínculo entre la accionante y la entidad, y la reclamación de reconocimiento del vinculo laboral encubierto.

2.4. Marco normativo

2.4.1. Contrato realidad.

Respecto de los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone: “Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.”

En otros términ os, el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o

En otros términ os, el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual.4

Por su parte, l a Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las expresiones “no puedan realizarse con personal de planta o” y “en ningún caso (…) general relación laboral ni prestaciones sociales” , contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicación: 63001 -23-33-000-2021-00072-01, sentencia del 11 de abril de 2024, demandante: Jaime Chávez Arcila, demandado: Muni cipio de Armenia.7

las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, así:

“Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en

servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de servicios y contrato de trabajo - se obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato labora l frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del

dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo.”

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 5, “[p]or el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil (…)”, dispone:

“Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural.

Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.

5 Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.8

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los per itos obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratadas por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tal es funciones.”

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia, entre otros

funciones.”

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia, entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una relación laboral. Frente al tema, la Corte expuso:

“La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo co n el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se req uieran conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos.”

De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio d e la primacía de la realidad sobre las

esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio d e la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas re specto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales6.

6 En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).9

2.4.2. Sentencias de unificación sobre contrato realidad del Consejo de Estado.

De igual manera, el Consejo de Estado 7 ha recordado que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la

de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculada bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión, elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en cuenta para decidir el asunto sub examine.

En lo que concierne a la prescripción cuando se declara la existencia de un contrato realidad encubierto mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación CE -SUJ2 No. 5 de 20168, precisó:

(…) i) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la prima cía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual, (ii) sin embargo, el fenómeno prescriptivo no aplica frente a los aportes para

formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual, (ii) sin embargo, el fenómeno prescriptivo no aplica frente a los aportes para pensión, (iii) lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el derecho pensional como tal ; (iv) las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la caducidad del medio de con trol; (v) tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito previo para demandar a través del