TA TOL - Sentencia 73001-33-33-008-2019-00396-01 (06-03-2025)

Tribunal Administrativo de Tolima

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Detalles

Título
TA TOL - Sentencia 73001-33-33-008-2019-00396-01 (06-03-2025)
Autor
Tribunal Administrativo de Tolima
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Mag. Ponente: John Libardo Andrade Flórez

Ibagué – Tolima, seis (06) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación Nº.: 73001-33-33-008-2019-00396-01 (0065/2024) Medio de

Control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

Demandante: HOSPITAL SAN JOSÉ DE MARIQUITA

E.S.E.

Demandado: CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL

TOLIMA Tema: Cuota de fiscalización

I. ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del Departamento del Tolima contra la sentencia del 18 de noviembre de 2022, proferida por el Juzgado Octavo Administrativ0 Oral del Circuito de Ibagué, que accedió a las pretensiones de la demanda, no observándose nulidad alguna que invalide lo actuado dentro del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, promovida por el HOSPITAL SAN JOSÉ DE MARIQUITA E.S.E. en contra de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL

TOLIMA.

II. ANTECEDENTES

El HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MARIQUITA E.S.E. , mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda con la finalidad de obtener , a t ravés de sentencia judicial , un pronunciamiento favorable respecto de las siguientes:

1. DECLARACIONES Y CONDENAS1

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda con la finalidad de obtener , a t ravés de sentencia judicial , un pronunciamiento favorable respecto de las siguientes:

1. DECLARACIONES Y CONDENAS1

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 330 del 10 de julio de 2019, por medio de la cual la Contraloría Departamental del Tolima determinó el valor de la cuota de auditaje a la E.S.E. “San José” de San Sebastián de Mariquita a causa de la vigencia fiscal – vigencia 2020.

1 Folio 3 Documento 01 DemandayAnexos. Pdf expediente electrónicoMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2

Demandante: HOSPITAL SAN JOSÉ DE MARIQUITA E.S.E.

Demandado: CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA Radicación: 73001 -33-33-008-2019-00396-01

Interno: 0111/2023

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 558 del 30 de septiembre de 2019, Acto Administrativo a través del cual el Contralor Departamental resolvió el recurso de reposición impetrado contra la Resolución No. 330 de 2019.

Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene el no cobro de cuota de fiscalización o similares por parte de la Contraloría Departamental del Tolima al Hospital San José de Mariquita E.S.E.

Del examen del expediente se concluye que el anterior petitum se sustenta en los siguientes:

2. HECHOS2

Que por medio de la Resolución No. 330 del 20 de julio de 2019, la Contraloría

Del examen del expediente se concluye que el anterior petitum se sustenta en los siguientes:

2. HECHOS2

Que por medio de la Resolución No. 330 del 20 de julio de 2019, la Contraloría Departamental del Tolima resolvió fijar la cuota de fiscalización de la E.S.E. “San José” de San Sebastián de Mariquita por la suma de $30.967.606.00 M/Cte para la vigencia 2020.

Que contra e l mencionado Acto Administrativo procedía recurso de reposición, el cual se interpuso de manera oportuna dentro del término indicado.

Que e l recurso impetrado fue resuelto por el Contralor Departamental mediante la Resolución No. 558 del 30 de septiembre de 2019, la cual decide no reponer y confirmar el contenido de la Resolución No. 330.

Que el Acto Administrativo que resolvió el recurso de reposición fue notificado a la Entidad demandante el día 10 de octubre de 2019.

Que desde 2016 la Contraloría Departamental le ha cobrado al Hospital San José de Mariquita E.S.E. la cuota de fiscalización, pese a que el ordenamiento jurídico ha sido enfático al indicar que, si bien la Contraloría Departamental es la encargada de ejercer el control fiscal en los municipios en que no existe Contraloría Municipal, esta no podrá cobrar cuota de fiscalización u otra modalidad similar.

3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3

El apoderado de la demandada indicó como normas violadas:

  • Artículo 97 de la ley 715 de 2001. - Artículo 21 de la ley 617 de 2000.

El apoderado de la demandada indicó como normas violadas:

  • Artículo 97 de la ley 715 de 2001. - Artículo 21 de la ley 617 de 2000. - Ley 1416 de 2010. - Ley 1437 de 2011.

2 Folios 2-3 Documento 01 DemandayAnexos.Pdf expediente electrónico 3 Folios 4 -7 Documento 01 DemandayAnexos.Pdf expediente electrónicoMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 3

Demandante: HOSPITAL SAN JOSÉ DE MARIQUITA E.S.E.

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Interno: 0111/2023

Aportó el Concepto CGR-OJ186 de 2018-80112 radicado del 14 de diciembre de 2018 emitido por la Contraloría General de la República, que ilustra sobre el tratamiento diferencial de la tarifa de control fiscal de la CGR respecto de la cuota de fiscalización de las contralorías departamentales. Frente a ello indica que la tarifa de control fiscal de la CGR está regulada por el artículo 4º de la Ley 106 de 1993 ; por su parte, la cuota de fiscalización de las Contralorías Departamentales se encuentra reglamentad a en el artículo 1º de la Ley 1416 de 2010, norma que debe ser aplicada de conformidad con los lineamientos establecidos en la Sentencia C-701 de 2010.

Por lo cual, concluye que no es posible hacer extensivo el cobro de la cuota de fiscalización a las E ntidades descentralizadas a nivel municipal a favor de las

establecidos en la Sentencia C-701 de 2010.

Por lo cual, concluye que no es posible hacer extensivo el cobro de la cuota de fiscalización a las E ntidades descentralizadas a nivel municipal a favor de las Contralorías Departamentales, toda vez que ello desconoce el contenido del artículo 21 de la Ley 617 de 2000, así como lo expuesto en la Sentencia C-837 de 2001 en materia del Principio de realidad financiera. En tanto, f rente a Empresas Sociales del Estado descentralizadas nivel departamental precisa que, de acuerdo con la Ley 715 de 2001, los recursos transferidos a Entidades territoriales por concepto del Sistema General de Participaciones no podrán destinarse al financiamiento de las Contralorías de las antiguas comisarías.

De igual forma, trajo a colación el Concepto No. SIA ATC 2018000674 del 17 de diciembre de 2018 rendido por la Auditoría General de la República, en donde se reitera la prohibición legal de imposición de las contribuciones o porcentajes de asignación a favor de las Contralorías territoriales remarcándolo con la transcripción del artículo 97 de la Ley 715 de 2001, en donde señala que todas las Entidades descentralizadas están obligadas al pago de la cuota de fiscalización, pero por ministerio de la Ley se excluyen, entre otros, los recursos del Sistema General de Participaciones.

Por último, indicó que ello debe ser contemplado en consonancia con el citado artículo 21 de la ley 617 de 2000, cuyo parágrafo estipula que “En los municipios o distritos en los cuales no haya Contraloría Municipal, la vigilancia de la gestión fiscal corresponderá a la respectiva Contraloría Departamental. En

artículo 21 de la ley 617 de 2000, cuyo parágrafo estipula que “En los municipios o distritos en los cuales no haya Contraloría Municipal, la vigilancia de la gestión fiscal corresponderá a la respectiva Contraloría Departamental. En estos casos no podrá cobrarse cuota de fiscalización u otra modalidad de imposición similar.”; con lo cual concluye, que la liquidación de la tasa y su cobro son ilegales y causan un detrimento en los recursos del sector salud, al darle un uso indebido al patrimonio público que administran las E.S.E.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

4.1 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA4

Mediante su apoderad a judicial, el ente de control departamental contestó la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, arguyendo que los conceptos jurídicos que sustentan la violación de las normas no tiene efectos vinculantes al tener un carácter de opinión técnico -jurídica rendida a los particulares en el ejercicio del derecho de petición de consulta

4 Documento 07 ContestacionDemandaContraloria.Pdf expediente electrónicoMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 4

Demandante: HOSPITAL SAN JOSÉ DE MARIQUITA E.S.E.

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Interno: 0111/2023

cuando así lo soliciten, por lo que no cuentan con la facultad de definir o modificar una situación jurídica concreta como lo es desvirtuar la legalidad del

Interno: 0111/2023

cuando así lo soliciten, por lo que no cuentan con la facultad de definir o modificar una situación jurídica concreta como lo es desvirtuar la legalidad del cobro efectuado por la Contraloría Departamental del Tolima por concepto de cuota de fiscalización.

Adujo, que la función pública de vigilancia y control fiscal lo ejerce la Entidad demandada de acuerdo con el mandato constitucional del artículo 267, en consonancia con los artículos 2º y 3º la Ley 42 de 1993, con lo cual esgrime que la Contraloría General de la Republica goza de competencia en todos los niveles administrativos respecto de todo tipo de recursos públicos, a nivel territorial a las Contralorías departament ales y municipales procede de manera concomitante con la General, y en últimas, en los municipios o distritos en los cuales no haya Contraloría Municipal, la vigilancia de la gestión fiscal le concierne a la respectiva Contraloría Departamental.

Expuso que de acuerdo con el artículo 21 de la ley 617 de 2000, el control fiscal se extiende de plano a toda la administración, d e la que forman parte las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden departamental y municipal, así como a las Empresas Descentralizadas y Empresas Sociales del Estado del orden Departamental y Municipal . Alude que para el presente caso corresponde a la Contraloría Departam ental la asunción d e la vigilancia y control de las entidades del orden municipal , a excepción del mu nicipio de Ibagué. Para el efecto cita los actos generales contenidos en la resolución No 209 del 21 de mayo de 2019 por medio de la cual se adiciona el artículo primero

control de las entidades del orden municipal , a excepción del mu nicipio de Ibagué. Para el efecto cita los actos generales contenidos en la resolución No 209 del 21 de mayo de 2019 por medio de la cual se adiciona el artículo primero de la resolución No 148 del 8 de abril de 2019 modificatoria de la resolución No 688 del 28 de diciembre de 2018.

En cuanto a la imposición de la tarifa de control fiscal y cuota de auditaje aclaró, de conformidad con las Leyes 617 de 2000 y 1416 de 2010, que todos los entes descentralizados del orden departamental y municipal que se an sujeto de control de la Contraloría Departamental del Tolima se constituyen como sujeto pasivo de la cuota de fiscalización que mencionadas normas indican, por lo q ue otorgarles otra interpretación sería lesivo para el ejercicio que desempeña el órgano de control departamental.

Por último, coligió que la posición adoptada por su apoderada tiene sustento jurisprudencial en pronunciamientos del Consejo de Estado , y se refirió especialmente a la Sentencia del 10 de diciembre de 2008 (R ad. 2002-0039401d), en la cual se estatuyó que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal ESP era sujeto de control fiscal , y por tanto, sometido a la cuota de auditaje que establece la ley sin contener excepción expresa relacionada con la naturaleza jurídica de las entidades. Y en lo que concierne a los recursos del Sistema General de Participaciones, sobre lo estipulado en el artículo 97 de la Ley 715 de 2001, afirmó que estos no se gravan con la cuota de fiscalización, por

naturaleza jurídica de las entidades. Y en lo que concierne a los recursos del Sistema General de Participaciones, sobre lo estipulado en el artículo 97 de la Ley 715 de 2001, afirmó que estos no se gravan con la cuota de fiscalización, por el contrario, la misma se calcula sobre el presupuesto de ingresos ejecutado s, excluyendo los programas que se financian con tal sistema, siendo estos: atención a la población pobre no asegurada, plan de intervenciones colectiva (salud pública) y aportes patronales que tienen que ver con parafiscales.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 5

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5. SENTENCIA RECURRIDA5

El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué , mediante sentencia proferida el 18 de noviembre de 2022, resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en (i) resolución No. 330 del 10 de julio de 2019 por medio de la cual se determina el valor de la cuota de auditaje a la Empresa Social del Estado “San José” de San Sebastián de Mariquita por el ejercicio de la vigilancia fiscal vigencia 2020 y (ii) resolución No 558 del 30 de septiembre de 2019, por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición, ambas proferidas por el Contralor Departamental del Tolima.

SEGUNDO: DECLARAR que la Empresa Social del Estado Hospital “ San José” de

No 558 del 30 de septiembre de 2019, por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición, ambas proferidas por el Contralor Departamental del Tolima.

SEGUNDO: DECLARAR que la Empresa Social del Estado Hospital “ San José” de Mariquita no es sujeto pasivo de la cuota de auditaje por el ejercicio de la vigilancia fiscal vigencia 2020 y por ende no está obligada al pago de dicha cuota por la vigencia 2020. En caso de haberse efectuado el pago de las sumas de dinero impuestas en los actos anulados, la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA las devolverá a la entidad actora debidamente indexadas.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte accionada Contraloría Departamental del Tolima y a favor de la demandante. Tásense.

CUARTO: FIJAR como agencias en derecho la suma de $1.238.704.oo que serán tenidas en cuenta por secretaría al momento de liquidar las costas.

QUINTO: La entidad dará cumplimiento al presente fallo, dentro de los términos previstos en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y

Contencioso Administrativo.”

Para llegar a estas decisiones, la Juez A-quo estableció que el problema jurídico consistía en determinar si la Empresa Social del Estado “San José” de San Sebastián de Mariquita es sujeto pasivo del gravamen de cuota de fiscalización o auditaje.

Precisó acerca del control fiscal y la cuota de vigilancia fiscal o auditaje, dada la naturaleza constitucional de la Contralo ría General de la República , el Decreto 267 de 2000 y la Ley 106 de 1993 en previsión de la autonomía

Precisó acerca del control fiscal y la cuota de vigilancia fiscal o auditaje, dada la naturaleza constitucional de la Contralo ría General de la República , el Decreto 267 de 2000 y la Ley 106 de 1993 en previsión de la autonomía presupuestal del ente establecen la tarifa de control fiscal a cargo de los organismos y entidades vigilada s, a modo de tributo especial derivado de la facultad impositiva del Estado. Bajo el mismo punto, en aras de fortalecer el ejercicio del control fiscal señaló que al respecto en las Leyes 617 de 2000 y 1416 de 2010 disponen.

Enfatizó también en la naturaleza jurídica de las Empresas Sociales del Estado, las cuales según la Ley 100 de 1993 constituyen una categoría especial de Entidad pública descentralizada, cuyo objetivo previsto en la Ley 1122 de 2007 es la prestación de servicios de salud como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud ; sobre este punto destacando que la legislación es

5 Documento 18 SentenciaPrimeraInstancia.Pdf expediente electrónicoMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 6

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clara frente la carencia de obligación para el aporte de dichas contribuciones o tasas por parte de entidades que manejen dichos recursos.

Por otra parte, d eterminó que si bien n o discute que la Contraloría Departamental sea la encargada de asumir la vigilancia de la gestión fiscal en

tasas por parte de entidades que manejen dichos recursos.

Por otra parte, d eterminó que si bien n o discute que la Contraloría Departamental sea la encargada de asumir la vigilancia de la gestión fiscal en los municipios que no cuenten con ente fiscalizador, es preciso que se tenga en cuenta la planteada diferen cia entre sujeto de control y sujeto del tributo especial, que en principio constituye la base para dar respuesta al problema jurídico formulado por la Primera Instancia, sobre lo cual destacó lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 97 de la Ley 715 de 2001.

En tanto, luego de transcribir el contenido de la Resolución No. 330 de 2019 , observó que la Contraloría Departamental del Tolima fundamentó de cobro de la cuota de auditaje al Hospital San José de Mariquita E.S.E. únicamente por su condición legal de sujeto de control fiscal, sin verificar que cumpliera la calidad de ser sujeto de la cuota de vigencia fiscal . Adicionalmente, indica que el ente de control departamental asigna el cálculo de la cuota en 0.4% fijado en el artículo 2º la Ley 1416 de 2010 , que corresponde a al porcentaje fijado para las Contralorías municipales, más no de las departamentales, cuya única fór mula para el cálculo se contempla en el artículo 1º de la misma Ley, que atañe a 0.2% a cargo de la Entidades descentralizadas del orden departamental.

Con todo lo anterior, el Juzgado de primera instancia consideró que la Entidad accionada interpreta de manera descontextualizada el artículo 9º de la Ley 617 de 2000, bajo el entendido que no es consecuente con el Principio de realidad

Con todo lo anterior, el Juzgado de primera instancia consideró que la Entidad accionada interpreta de manera descontextualizada el artículo 9º de la Ley 617 de 2000, bajo el entendido que no es consecuente con el Principio de realidad financiera, que clasificó presupuestalmente a los departamentos y municipios no solo para fortalecer la descentralización , sino para racionalizar el gasto público. De manera que, se deb e entender que los entes territoriales que carecen de contraloría municipal es precisamente por su insuficiencia económica para solventar sus propios gastos, por lo que encuentra incoherente que se le exija sacrificar sus partidas presupuestales, las cuales deben gozar de prioridad, para conformar el presupuesto de su controladora ; especialmente cuando los recursos que maneja la Entidad demandante hacen parte del Sistema de Seguridad Social en salud, y por prohibición legal estos no pueden estar gravados.

6. IMPUGNACIÓN6

La apoderada de la Contraloría Departamental del Tolima interpuso recurso de apelación contra la decisión proferida en primera instancia, solicitando que se revoque parcialmente, y en su lugar se declare que la Empresa Social del Estado Hospital “San José” de Mariquita es sujeto pasivo de la cuota de auditaje por el ejercicio de la vigilancia fiscal vigencia 2020, y por ende está obligada al pago de la referida cuota por la vigencia en mención. De manera subsidiaria, solicitó que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 330 de l 10 de julio de 2019 y

6 Documento 21 ContraloríaAllegaRecursoApelación.Pdf expediente electrónicoMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 7

6 Documento 21 ContraloríaAllegaRecursoApelación.Pdf expediente electrónicoMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 7

Demandante: HOSPITAL SAN JOSÉ DE MARIQUITA E.S.E.

Demandado: CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA Radicación: 73001 -33-33-008-2019-00396-01

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No. 558 del 30 de septiembre de 2019 , y se ordene reliquidar la cuota de fiscalización de la vigencia 2020 del Hospital San José de Mariquita E.S.E.

Precisó acerca de la naturaleza jurídica de la Empresas Sociales del Estado conforme lo indican la Ley 100 de 1993, la Ley 1122 de 2007 y la Ley 489 de 1998, y acuñe que el Hospital San José de Mariquita, al tener carácter de Entidad descentralizada del orden territorial y ser sujeto de control, se considera como sujeto pasivo de la cuota de vigencia fiscal impuesta por el ente de control departamental, siempre y cuando el gravamen no se efectúe sobre los recursos del Sistema de Seguridad Social, ni del Sistema General de Participaciones.

En lo que respecta a los recursos que ingresan a la s E.S.E., indicó que si bien sobre aquellos que pertenezcan al Sistema de Seguridad Social en salud y al Sistema General de Participación existe una prohibición legal y constitucional de gravamen; por su parte los recursos que sean captados por fuera del Plan Obligatorio de Salud si pueden ser objeto de cuota de fiscalización , como lo ilustra con la Ley 663 de 1993 y el Decreto 056 de 2015, en las cuales se definen

de gravamen; por su parte los recursos que sean captados por fuera del Plan Obligatorio de Salud si pueden ser objeto de cuota de fiscalización , como lo ilustra con la Ley 663 de 1993 y el Decreto 056 de 2015, en las cuales se definen una serie de servicios a cargo de estas Entidades descentralizadas . Bajo este entendido, arguyó que la Sentencia del 22 de febrero de 2018 ( exp. 005001-2331-000-2005-07294-01) del Consejo de Estado, y demás pronunciamientos de la Corte Constitucional reconocen la posibilidad que cualquier recurso obtenido por la prestación de servicios diferentes a los que conforman el Plan Obligatorio de Salud pueden ser gravados.

En consecuencia, reiteró lo conce rniente a la naturaleza de las funciones constitucionales de la Contraloría General de la República, así como también lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 617 de 2000 en cuanto a la potestad de la Contraloría departamental de ejercer vigilancia de la g estión fiscal en los municipios o distritos en los que no hubiere ente de control municipal. Así las cosas, enfatizó que tanto el artículo 11 de la referida norma, como el artículo 2º de la Ley 1416 de 2010 reconocen la facultad de cobrar la cuota de fiscalización a los sujetos de control fiscal enunciados en la Ley 42 de 1993 , y para el caso particular indicados en la Resolución No. 209 del 21 de mayo de 2019 , quienes se constituyen sujeto pasivo de la cuota de fiscal ización. Para ello, remarcó de nuevo su postura con la Sentencia del 10 de diciembre de 2008 proferida por el Consejo de Estado con radicación 2002-00394-01, la cual determinó como

nuevo su postura con la Sentencia del 10 de diciembre de 2008 proferida por el Consejo de Estado con radicación 2002-00394-01, la cual determinó como sujeto de control fiscal a la Empresa de Acueducto y Alcantarilla do de Yopal E.S.P. conforme lo mencionado en la contestación de la demanda.

Agregó que, en su criterio , la Juez de primera instancia incurrió en una interpretación errada del parágrafo del artículo 21 de la ley 617 de 2000, pues señala que en ninguno de sus apartes se indica que no podrá cobrarse cuota de fiscalización u otra modalidad de imposición similar a las Empresas Sociales del Estado de la respectiva la vigilancia de la gestión fiscal a la Contraloría Departamental en cuestión , pues la literalidad d el artículo precisa que tal prohibición aplica para los municipios o distritos, sin hacer la extensiva a las Entidades descentralizadas como las E.S.E., y refiere en tanto que el artículo 11 de la mencionada normativa expresamente permite re alizar el cobro a las Entidades descentralizadas del orden municipal, a razón de la vigilancia yMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 8

Demandante: HOSPITAL SAN JOSÉ DE MARIQUITA E.S.E.

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control fiscal que desempeña la Contraloría Departamental sobre los municipios que carecen de Contraloría territorial.

Por último, indicó que su representada tuvo en cuenta los recursos del Sistema

Interno: 0111/2023

control fiscal que desempeña la Contraloría Departamental sobre los municipios que carecen de Contraloría territorial.

Por último, indicó que su representada tuvo en cuenta los recursos del Sistema General de Participaciones en la liquidación de la cuota de fiscalización a cargo del Hospital San José E.S.E de Mariquita para la vigencia 2020, conforme a la información reportada por la E.S.E. y liquidada a travé s de la Resolución No. 330 de 2019, emitida por la Contraloría Departamental del Tolima.

III. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

Mediante auto del 21 de marzo de 202 3, por reunir los requisitos legales, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del Departamento del Tolima contra la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué, el 18 de noviembre de 2022.

De igual manera, de acuerdo con la constancia secretarial de ingreso para decisión de fondo de fecha 10 de abril de 2023, la providencia de 21 de marzo de 2023 que admitió el recurso de apelación interpuesto, fue notificada al agente del Ministerio Público, quien guardó silencio dentro del término concedido para rendir concepto.

IV. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Conforme al ar tículo 153 del CPACA, esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación formulado por el apoderado del Departamento del Tolima contra la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué el 18 de noviembre de 2022, en la que se accedió a las pretensiones de la demanda.

del Tolima contra la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué el 18 de noviembre de 2022, en la que se accedió a las pretensiones de la demanda.

2. PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico en el presente asunto, consiste en establecer, si la decisión que declaró la nulidad de las Resoluciones No. 330 del 10 de julio de 2019 y No 558 del 30 de septiembre de 2019, proferidas por la Contraloría Departamental del Tolima se encuentran ajustadas a derecho, y como lo consideró el A quo, el Hospital San José de Mariquita E.S.E. pese a ser sujeto de control fiscal, no se encuentra en la obligación legal de pagar la cuota de auditaje liquidada por la Contraloría del Departamento del Tolima por el ejercicio de la vigilancia fiscal de la vigencia 2020 , al no ser sujeto pasivo del tributo especial ; o s i por el contrario, la entidad descentralizada sí está obligada al pago de dicha cuota por la vigencia referenciada , con base en los argumentos esgrimidos por la recurrente en el escrito de apelación.

3. TESIS DE LA SALAMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 9

Demandante: HOSPITAL SAN JOSÉ DE MARIQUITA E.S.E.

Demandado: CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA Radicación: 73001 -33-33-008-2019-00396-01

Interno: 0111/2023

Las Empresas Sociales del Estado al manejar recursos del sistema general de seguridad social en salud, no pueden destinar sus recursos para fines diferentes

Radicación: 73001 -33-33-008-2019-00396-01

Interno: 0111/2023

Las Empresas Sociales del Estado al manejar recursos del sistema general de seguridad social en salud, no pueden destinar sus recursos para fines diferentes a ella, de conformidad con el artículo 48 C.P.; por lo tanto, el Hospital San José de Mariquita E.S.E. no está obligada a pagar la cuota de auditaje impuesta por la Contraloría departamental del Tolima, razón por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia.

4. FUNDAMENTOS DE LA TESIS DE LA SALA

4.1.1. Marco normativo y jurisprudencial del control fiscal, de las Entidades sujetas y de la cuota de auditaje.

El artículo 267 de la Constitución Política determina qu e el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal se encuentra en cabeza de la Contraloría General de la República, “(…) la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes púb licos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos.” A su vez el artículo 272 constitucional indica:

“La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a estas en forma concurrente con la Contraloría General de la República.

La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorías departamentale s, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales.

La ley regulará las competencias concurrentes entre contralorías y la prevalencia de la Contraloría General de la República.”

Ahora bien, sobre los sujetos del control fiscal el Decreto 267 del 2000 en su

La ley regulará las competencias concurrentes entre contralorías y la prevalencia de la Contraloría General de la República.”

Ahora bien, sobre los sujetos del control fiscal el Decreto 267 del 2000 en su artículo 4º establece quienes tienen dicha calidad, en cuanto dispone:

“Son sujetos de vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría General de la República los órganos que integran las ramas del poder público, los órganos autónomos e independientes, los de control y electorales, los organismos creados por la Constitución Política y la ley que tienen régimen especial, y las demás entidades públicas en todos los niveles administrativos, los particulares, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que a cualquier título recauden, administren, manejen, dispongan o inviertan fondos, recursos del Estado y/o bienes o recursos públicos en lo relacionado con éstos.

Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de las contralorías territoriales y la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia, prevalencia y subsidiariedad, de conformidad con la ley. (…)”

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