TA TOL - Sentencia 73001-33-33-008-2023-00025-01 (06-03-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAGISTRADO PONENTE: BELISARIO BELTRÁN BASTIDAS

Ibagué, seis (06) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

RADICACION: 73001-33-33-008-2023-00025-01 (2024-0173)

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: EDGAR HUMBERTO CHAPARRO LOZANO

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO

DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y

EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

TEMA: RECONOCIMIENTO PENSIÓN DE JUBILACIÓN

DOCENTE

OBJETO DE LA PROVIDENCIA Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la parte demandadaLA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO contra el fallo proferido el día 19 de diciembre de 2023, mediante el cual el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor EDGAR HUMBERTO CHAPARRO LOZANO actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presenta demanda contra LA NACIÓNMINISTERIO DE EDU CACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – DEPARTAMENTO DEL TOLIMASECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, pretendiendo se realicen las siguientes declaraciones:

“DECLARACIONES:

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – DEPARTAMENTO DEL TOLIMASECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, pretendiendo se realicen las siguientes declaraciones:

“DECLARACIONES:

1. Que se declare la NULIDAD de la Resolución No. 2144 de fecha 24 de agosto del 2022, proferido por la Nación-Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento del Tolima – Secretaría de Educación del Departamento del Tolima, median te el cual se niega el reconocimiento de una pensión a mi poderdante.Expediente: 73001-33-33-008-2023-00025-01 (2024-0173)

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Demandante: EDGAR HUMBERTO CHAPARRO LOZANO Demandado: LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES ………………. SOCIALES DEL MAGISTERIO – DEPARTAMENTO DEL TOLIMASECRETARIA DE EDUCACIÓN

DEL ……………… DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

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CONDENAS

1 Se ordene a las demandadas, Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento del Tolima – Secretaría de Educación del Departamento del Tolima a reconocer, liquidar y pagar a mi mandante la pensión de jubilación a la que tiene Derecho, de acuerdo con lo establecido en la Ley 31 de 1389 y Leyes 33 y 62 de 1985.

2 Que se condene a las demandadas a reconocer y pa gar a mi mandante, debidamente indexadas en su valor, las sumas que dejó

acuerdo con lo establecido en la Ley 31 de 1389 y Leyes 33 y 62 de 1985.

2 Que se condene a las demandadas a reconocer y pa gar a mi mandante, debidamente indexadas en su valor, las sumas que dejó de percibir por concepto de pensión de jubilación, desde el momento en que adquirió su status pensional (55 años y 20 de servicio) tomando como base de liquidación el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio anterior a la adquisición de su status pensional, incluyendo la totalidad de los respectivos factores salariales devengados.

3 Reconocer la compatibilidad entre pensión y sueldo que cobija los decentes con vinc ulación antes de la expedición de la Ley 812 de 2003.

4 Condenar a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento del Tolima – Secretaría de Educación del Departamento del Tolima a que dé estricto cumplimiento a la sentencia conforme lo disponen los artículos 189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.

5 Condenar a las entidades demandadas a reconocer, liquidar y pagar los intereses de mora sobre las sumas adeudadas, conforme a lo establecido en el Articulo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

6 Condenar a las demandadas a reconocer sobre las mesadas adeudadas a mi mandante, los ajustes de valor de dic has sumas, conforme al índice de precios al consumidor.

7 Condenar en costas a la demandada tal y como lo dispone el articulo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

conforme al índice de precios al consumidor.

7 Condenar en costas a la demandada tal y como lo dispone el articulo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”

Las anteriores pretensiones se sustentan en los siguientes:

HECHOS

“1. Mi mandante labora como docente al servicio público de educación del departamento del Tolima, afiliado al Fondo Nacional DeExpediente: 73001-33-33-008-2023-00025-01 (2024-0173)

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Prestaciones Sociales Del Magisterio, y ha venido prestando sus servicios así:

2. Mi mandante ingresó al servicio Público de Educación desde el 01 de febrero de 1980, es decir, antes del 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2.003, la cual incorporó a los docentes a Ley 100 de 1993, excluyendo únicamente la edad.

3. De acuerdo con lo anterior, su pensión Jubilación debe ser reconocida según lo establecido en las Leyes 33 y 62 de 1985 y Ley 91 de 1989, es decir, 55 años de edad y 20 años de servicio, tomando como base de liquidación el 75% del promedio de l o devengado en el

reconocida según lo establecido en las Leyes 33 y 62 de 1985 y Ley 91 de 1989, es decir, 55 años de edad y 20 años de servicio, tomando como base de liquidación el 75% del promedio de l o devengado en el último año de servicio anterior a la adquisición de su status pensional, Incluyendo la totalidad de los respectivos factores salariales devengados, y respetando la compatibilidad que debe tener entre sueldo y pensión.

4. Mi poderdante adquirió su status pensional el 15 de julio de 2019.

5. La entidad demandada niega la Pensión de mi poderdante bajo lo establecido en la Ley 100 de 1993, con el argumento de que teniendo en cuenta la fecha de vinculación se debe liquidar en base al régimen de pensión vigencia Ley 812 de 2003, la cual ordena una liquidación de prima medial y el cumplimiento de los requisitos del Articulo 33 de la Ley 100 de 1993, según la las leyes vigentes y Jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado su poderdante tiene derecho a ser pensionado de acuerdo con lo establecido en la Ley 33 y 62 de 1985 y Ley 91 de 1989, por pertenecer al régimen especial docente y tener un derecho adquirido al trabajar antes de la expedición de Ley 812 del año 2003.

6. La Entidad demandada omite incluir en el cálculo de la pensión los tiempos laborados por mi poderdante, mediante órdenes de prestación de servicios con el Municipio de Ibagué desde el 01 de febrero de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1982, con el municipio de Rovira desde el

tiempos laborados por mi poderdante, mediante órdenes de prestación de servicios con el Municipio de Ibagué desde el 01 de febrero de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1982, con el municipio de Rovira desde el 01 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2003, con el Departamento del Tolima desde el 05 de noviembre de 1979 hasta el 30 de junio de 1995 y desde 11 de noviembre de 2004 hasta el 14 deExpediente: 73001-33-33-008-2023-00025-01 (2024-0173)

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abril de 2010. (Índice 00003, documento 8_ED_008DOCUMENTODEMANDA(.pdf) NroActua 3, Fls. 2-11)

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – FOMAG

Mediante apoderado judicial, la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio presentó contestación a la demanda, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones formuladas por el demandante, al considerar que carecen de fundamento jurídico y probatorio. En su respuesta, la entidad precisó que los hechos

la demanda, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones formuladas por el demandante, al considerar que carecen de fundamento jurídico y probatorio. En su respuesta, la entidad precisó que los hechos expuestos en la demanda deben ser debidamente acreditados dentro del proceso y manifestó que algunos de ellos no le constan, por lo que se atiene a lo que se pruebe en el curso del litigio.

Argumentó que, el acto administrativo demandado, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes. Explicó que el demandante se vinculó como docente oficial bajo la vigencia de la L ey 812 de 2003, por lo que su régimen pensional corresponde al sistema general de pensiones en la modalidad de prima media con prestación definida, regulado por la Ley 100 de 1993 y modificado por la Ley 797 de 2003. En este sentido, sostuvo que el actor debe cumplir con los requisitos de edad y semanas de cotización establecidos en la normativa aplicable, los cuales no acredita.

Conforme a la normatividad vigente, el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes exige el cumplimiento de 1.300 semanas cotizadas y 57 años de edad. En el caso concreto, si bien el demandante acreditó el número de semanas requeridas, no cumple con la edad mínima establecida, razón por la cual no es procedente el reconocimiento de la prestación solicitada.

Argumentó, que la decisión de negar la pensión de jubilación se adoptó conforme a la ley y que el acto administrativo impugnado goza de presunción de legalidad. Sostuvo que las pretensiones del demandante no

prestación solicitada.

Argumentó, que la decisión de negar la pensión de jubilación se adoptó conforme a la ley y que el acto administrativo impugnado goza de presunción de legalidad. Sostuvo que las pretensiones del demandante no encuentran respaldo en la normativa vigente, dado que no cumple con los requisitos exigidos para la pensión de jubilación. Indicó que la entidad no adeuda al demandante suma alguna por concepto de mesadas pensionales ni otras prestaciones derivadas de la pensión de jubilación, ya que este no ha adquirido el derecho reclamado.Expediente: 73001-33-33-008-2023-00025-01 (2024-0173)

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Finalmente, la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda y se ratifique la legalidad del acto administrativo mediante el cual se negó la p ensión. (Índice 00013, documento 16_RECEPCIONMEMORIAL_FIDUPREVISORAALLEGAC(.pdf) NroActua 13 del expediente digital samai.)

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTAL

A su turno, la entidad demandada guardó silencio, según constanci a

NroActua 13 del expediente digital samai.)

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTAL

A su turno, la entidad demandada guardó silencio, según constanci a secretarial del 25 de mayo de 2023.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia proferida 19 de diciembre de 2023, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, resolvió acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo cual argumentó lo siguiente:

“Para el caso concreto, en atención al anterior marco normativo y jurisprudencial, y los hechos probados, se tiene que el demandante prestó sus servicios como docente durante el año lectivo de 2003 – desde el inicio-, es decir, antes de la expedición de la Ley 812 del 27 de junio de 2003, lo que permite inferir que el régimen aplicable en su caso no sería la Ley 100 de 1993 como erróneamente se decidió en el acto administrativo demandado, sino que su situación pensional debe ser resuelta de conformidad con la Ley 33 de 1985.

Así, a la parte demandante le asiste razón cuando indica que con anterioridad a la Ley 812 de 2003 tuvo vinculación como docente, período de tiempo que es computable para efectos pensionales, y que permiten concluir que en materia pensional el señor Chaparro Lozano se rige por lo dispuesto en el artículo 15 (A) de la ley 91 de 1989, cobijado por la Ley 33 de 1985, norma que en relación con los requisitos para acceder a la pensión dispuso que “el empleado oficial

se rige por lo dispuesto en el artículo 15 (A) de la ley 91 de 1989, cobijado por la Ley 33 de 1985, norma que en relación con los requisitos para acceder a la pensión dispuso que “el empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio”. Presupuestos que se verifican a continuación:

Edad: Según el material probatorio se observa que el demandante nació el 20 de octubre de 1958, de manera que cuenta con los cincuenta y cinco (55) años que exige la norma transcrita, los cualesExpediente: 73001-33-33-008-2023-00025-01 (2024-0173)

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cumplió el 20 de octubre de 2013 y contaba con este presupuesto para el momento en que radicó la petición d e reconocimiento prestacional.

Tiempo de servicios: conforme a las resoluciones y certificaciones

cumplió el 20 de octubre de 2013 y contaba con este presupuesto para el momento en que radicó la petición d e reconocimiento prestacional.

Tiempo de servicios: conforme a las resoluciones y certificaciones arrimadas al plenario, se realiza el c álculo de los tiempos laborados como docente, tanto en la modalidad de orden de prestaci ón de servicios, como la de naturaleza legal y reglamentaria. (…)

La conclusión es que el demandante se desempeñó como docente en provisionalidad desde el 08/11/2004 al 14/04/2010 y del 03/06/2010 al 02/06/2022 (fecha de última certificación laboral) de forma ininterrumpida para un total 17 años, 5 meses y 4 días; que sumado los tiempos que estuvo vinculado mediante orden/contrato de prestación de servicios docente y el tiempo de aportes realizado por el Departamento del Tolima a razón de 14 años, 7 meses y 25 días, cuenta con un t otal de 32 años de servicios, suficiente para el reconocimiento de la prestación deprecada.

Como la entidad accionada negó el derecho pensional con el equivocado argumento de que el régimen pensional del docente era el consagrado en el general de prima me dia por haber ingresado a la Secretaría de Educación del Tolima el 11 de noviembre de 2004, se estima que el acto administrativo contenido en la resolución No 2144 del 24 de agosto de 2022, fue expedido con falsa motivación y con infracción de las normas en que debía fundarse.

Se declarará la nulidad del acto administrativo sometido a control de legalidad y a título de restablecimiento del derecho se ordenará a la

infracción de las normas en que debía fundarse.

Se declarará la nulidad del acto administrativo sometido a control de legalidad y a título de restablecimiento del derecho se ordenará a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar la pensión de jubilación al señor Edgar Humberto Chaparro Lozano de acuerdo a lo señalado por las Leyes 33 y 62 de 1985.

Para el cálculo del monto pensional, la tasa de reemplazo corresponderá al 75% y el IBL al promedio de lo de vengado en el último año de servicios anterior a la adquisición del estatus pensional, dineros que serán actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE, con efectividad a partir del 20 de octubre de 2013, fecha de adquisición del estatus pensional. (…)”

En consecuencia, resolvió:

R E S U E L V E

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución No 2144 del 24 de agosto de 2022 proferida por la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional deExpediente: 73001-33-33-008-2023-00025-01 (2024-0173)

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Demandado: LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES ………………. SOCIALES DEL MAGISTERIO – DEPARTAMENTO DEL TOLIMASECRETARIA DE EDUCACIÓN

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Prestaciones Sociales del Magisterio que negó el reconocimiento de la pensión de jubilación solicitada por el señor EDGAR HUMBERTO

CHAPARRO LOZANO.

SEGUNDO: ORDENAR a la NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, reconocer y pagar a favor del señor EDGAR HUMBERTO CHAPARRO LOZANO, la pensión de jubilación con fundamento en las leyes 33 y 62 de 1985, según se expuso en la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de prescripción de mesadas frente a las causadas con anterioridad al 27 de agosto de 2018, de acuerdo con lo consignado en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: CONDENAR a la NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO al pago de las sumas que genere el reconocimiento pensional debidamente actualizadas a partir del 27 de agosto de 2018, conforme a la fórmula expuesta en la parte motiva. La entidad accionada podrá acudir a la repetición o reembolso del aporte que no se hubiera efectuado ante el empleador y el empleado en la proporción que corresponda a cada uno. (…). (índice

motiva. La entidad accionada podrá acudir a la repetición o reembolso del aporte que no se hubiera efectuado ante el empleador y el empleado en la proporción que corresponda a cada uno. (…). (índice 00025, documento 25_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA(.pd f) NroActua 25, del expediente digital samai)”

RECURSO DE APELACIÓN

NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

Inconforme con la decisión adoptada en primera instancia, la apoderada sustituta de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO , interpone recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué, argumentando que la decisión no se ajusta a la normativa vigente , ni a las pruebas aportadas en el proceso.

En primer lugar, expone que el demandante no cumple con los requisitos para acceder al régimen de pensión ordinaria de jubilación, debido a que su vinculación al servicio público educativo oficial ocurrió con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. En este sentido, sostiene que, conforme al artículo 81 de dicha normativa, los docentes vinculados a partir de su promulgación quedan afiliados al Fondo Nacional d e Prestaciones Sociales del Magisterio bajo el régimenExpediente: 73001-33-33-008-2023-00025-01 (2024-0173)

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Fondo Nacional d e Prestaciones Sociales del Magisterio bajo el régimenExpediente: 73001-33-33-008-2023-00025-01 (2024-0173)

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de prima media, regulado por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en ellas. Así pues, considera que el régimen especial docente invocado por el demandante no le resulta aplicable, toda vez que su vinculación formal se dio después del 27 de junio de 2003.

Asimismo, la recurrente enfatiza que, si bien el demandante alega haber prestado servicios como docente con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, dichos servicios fueron desarrollados bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, lo cual implica que su vinculación no tenía carácter laboral, sino civil. En consecuencia, subraya que el tiempo laborado en estas condiciones no puede ser computa do para efectos pensionales dentro del régimen especial, dado que la norma es clara al establecer que el derecho a la pensión solo cobija a quienes se encontraban vinculados laboralmente al sector oficial y no a contratistas.

Por otro lado, resalta que el fallo de primera instancia omitió considerar que el régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 no es

encontraban vinculados laboralmente al sector oficial y no a contratistas.

Por otro lado, resalta que el fallo de primera instancia omitió considerar que el régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 no es aplicable en el caso concreto, ya que el demandante no cumplía con los requisitos de edad o tiempo de servicio al momento de la entrada en vigencia de dicho sistema.

De igual manera, la apoderada trae a colación la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual ha sido clara en señalar que la prestación de servicios bajo la figura de contrato por honorarios no configura una relación laboral, sino que se rige por normas civiles y comerciales. Por tanto, advierte que no es posible presumir la existencia de un vínculo laboral entre el demandante y la administración pública sin que medie una sentencia previa que declare la existencia de un contrato realidad, en el que se debatan los elementos esenciales de una relación laboral, tales como subordinación, dependencia y remuneración fija.

Finalmente, con base en los argumentos expuestos, la parte recurrente solicita que se revoque la sentencia de pri mera instancia, confirmando la validez de la Resolución No. 2144 de 2022, en tanto fue expedida conforme a la ley y no se encuentra viciada por causal alguna de nulidad.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto del 11 de marzo de 2024 , se admitió el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, en contra de la sentencia del 19 de diciembre de 2023, proferido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante el cual accedió a las

apelación interpuesto por la entidad demandada, en contra de la sentencia del 19 de diciembre de 2023, proferido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante el cual accedió a las pretensiones de la demanda, mismo proveído en el que se corrió trasladoExpediente: 73001-33-33-008-2023-00025-01 (2024-0173)

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al Agente del Ministerio Público , para que emitiera su respectivo concepto.

Según constancia secretarial del 25 de abril de 2024, el agente del Ministerio Público, guardó silencio.

CONSIDERACIONES

PARTE PROCESAL - COMPETENCIA

Es competente el Tribunal Administrativo del Tolima de conocer en segunda instancia el presente asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 153 del C.P.A.C.A.

ESTUDIO SUSTANCIAL

El marco de competencia de esta segunda instanci a es total, en tanto la parte demandada presentó recurso de apelación solicitando la revocatoria en todas sus partes de la sentencia de primera instancia, razón por la cual, corresponde a esta Corporación, abordar el análisis de los mismos.

PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER

revocatoria en todas sus partes de la sentencia de primera instancia, razón por la cual, corresponde a esta Corporación, abordar el análisis de los mismos.

PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER

Corresponde a esta Corporación entrar a determinar, si al señor EDGAR HUMBERTO CHAPARRO LOZANO, le asiste derecho a que se le reconozca, liquide y pague la pensión de jubilación conforme a los lineamientos fijados en las Leyes 33 de 1985, 62 de 1985 y 91 de 1989, tal y como lo consideró el A Quo, o si, por el contrario, no le asiste el derecho deprecado, al presuntamente no acreditar los requisitos para acceder a dicha prestación, como lo alega la parte recurrente.

ESTUDIO SUSTANCIAL

Ahora bien, de conformidad con lo señalado por el Consejo de Estado en su jurisprudencia, al referirse al régimen especial de los docentes, es claro que la especialidad de este régimen, comprende entre otros aspectos, el ingreso, ejercicio, estabilidad, a scenso y retiro de estos servidores (artículo 3º del Decreto 2277 de 1979) pero no regula lo relativo al régimen pensional, por lo que resulta obligatoria, para ese propósito, la remisión a las normas que disponen esta prestación para los empleados públicos del orden nacional.Expediente: 73001-33-33-008-2023-00025-01 (2024-0173)

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Para lo cual, se advierte que este régimen pensional, depende del tiempo y de la entidad en la que se prestó el servicio, dilucidándose variaciones en su alcance y características, tal como se observará a continuación:

Ley 6ª de 1945

En materia pensional estableció dicha prestación para los servidores públicos nacionales, extendiéndose posteriormente, en aplicación de otros mandatos, a los servidores públicos del orden territorial. Esta ley dejó de aplicarse para los empleados na cionales con la expedición del Decreto Ley 3135 de 1968 que reguló la materia para ese grupo, mientras que los empleados territoriales dejaron de estar sometidos a esta ley con la expedición de la Ley 33 de 1985. En el interregno, el legislador promulgó algunos regímenes especiales en materia pensional y también dictó algunas normas relevantes sobre el mismo asunto, aplicables para determinadas actividades.

Decreto Ley 3135 de 1968

Señaló, para el ámbito nacional que el empleado público o trabajador oficial que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años si es varón, o 50 si es mujer, tendría derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le pagara una pensión mensual

oficial que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años si es varón, o 50 si es mujer, tendría derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le pagara una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio, con excepción de aquellas personas que se desempeñen en actividades expresamente determinadas por ley.

Igualmente estableció, que a los empleados que a la fecha del Decreto, hubiesen cumplido dieciocho años continuos o discontinuos de servicios, en cuanto a la edad de jubilación, se les seguiría aplicando las disposiciones anteriores.

Respecto a quienes se hallaren retirados del servicio, con veinte (20) años de labor continua o discontinua, tendrían derecho cuando cumplieran los 50 años de edad, a una pensión de jubilación que se reconocería y pagaría de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro.

Decreto No. 1848 de 1969, reglamentario del Decreto Ley 3135 de 1968, estableció que la cuantía de la pensión, sería el equivalente al setenta y cinco (75%) por ciento del promedio de los salarios y primas de toda especie devengados durante el último año de servicios.Expediente: 73001-33-33-008-2023-00025-01 (2024-0173)

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Decreto Ley 1045 de 1978, en su artículo 45, modificó el anterior decreto al señalar expresamente los factores salariales que se tendrían en cuenta para el reconocimiento de la pensión de jubilación, así:

a. La asignación básica mensual, b. Los gastos de representación y la prima técnica. c. Los dominicales y feriados, d. Las horas extras, e. Los auxilios de alimentación y transporte, f. La prima de navidad g. La bonificación por servicios prestados, h. La prima de servicios,

1. Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores