TA TOL - Sentencia 73001-33-33-008-2020-00085-02 (13-03-2025)

2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-008-2020-00085-02

Demandante: Diana María Quintero Castillo y otros.

Contra: Nación – Fiscalía General de la Nación

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA

Ibagué, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

RADICACIÓN NÚMERO: 73001-33-33-008-2020-00085-02

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

DEMANDANTE: Diana María Quintero Castillo.

APODERADO: Fabian Ramiro Arciniegas Sánchez

DEMANDADO: Nación – Fiscalía General de la Nación APODERADO: Juan Carlos de la Espriella Martínez REFERENCIA: Bonificación Judicial -Decreto 382 de 2013.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 27 de junio del 202 3, proferida por el Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva , dentro del proceso promovido por Diana María Quintero Castillo en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación.

ANTECEDENTES.

La demanda La demandante por conducto de apoderado judicial instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se despachen las siguientes: Declaraciones y condenas (fls. 1 y 2 del documento 02Demanda.Pdf, expediente Samai) como pretensiones solicitó:

la Nación, con el fin de que se despachen las siguientes: Declaraciones y condenas (fls. 1 y 2 del documento 02Demanda.Pdf, expediente Samai) como pretensiones solicitó:

1. Se inaplique el artículo 1 del Decreto 0382 de 2013, modificado por el Decreto 022 del 2014, en los párrafos finales, los cuales establecen “Constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, por ser visiblemente ilegal e inconstitucional.

2. Se extienda el valor de la Bonificación judicial establecida en el Decreto 382 del 2013, modificado por el Decreto 022 de 2014, para que sea incluida como factor prestacional para la liquidación de la prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías, primas de productividad, bonificación por servicios prestados, y demás derechos laborales que por disposición legal o constitucional tenga derecho la demandante.

3. Se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en el Oficio No. 31500-3978 del 20 de noviembre del 2019 y la Resolución 20276 del 20 de febrero del 2020, proferidos por la Fiscalía General de la Nación, mediante el2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-008-2020-00085-02

Demandante: Diana María Quintero Castillo y otros.

Contra: Nación – Fiscalía General de la Nación

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cual denegó la solicitud de reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial a la demandante.

A título de restablecimiento del derecho.

Contra: Nación – Fiscalía General de la Nación

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cual denegó la solicitud de reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial a la demandante.

A título de restablecimiento del derecho.

1. Ordenar a la demandada a reliquidar las prestaciones sociales tales como, prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías, primas de productividad, bonificación por servicios prestados, y demás derechos labo rales que por disposición legal tenga derecho la demandante desde el 1 de enero del 2013 hasta cuando se haga efectivo el pago, con la inclusión de la Bonificación Judicial en las prestaciones sociales.

2. Condenar a la entidad demandada a que sobre las sumas adeudadas al sujeto activo del proceso y se procesa a pagar los ajustes del valor de dichas sumas conforme al índice del IPC.

3. Condenar a la Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar los intereses moratorios, conforme al fallo 188 de 1999 proferido por la Corte

Constitucional.

4. Condenar a la demandada a que dé cumplimiento a lo dispuesto en el fallo dentro del término asignado en el artículo 192 del C. de P.A y de lo C.A.

5. Condenar en costas y agencias a la entidad demandada.

Hechos (fls. 2 y 3 del documento 02Demanda.Pdf, expediente Samai) Como circunstancias fácticas destacables, el sujeto activo en la demanda de manera sintetizada dispuso:

1. La demandante presta sus servicios en la Fiscalía General de la Nación ,

circunstancias fácticas destacables, el sujeto activo en la demanda de manera sintetizada dispuso:

1. La demandante presta sus servicios en la Fiscalía General de la Nación , Seccional Tolima, en la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur en el

siguiente cargo:

-Diana Maria Quintero Castillo, Técnico Investigador II.

2. La demandante fue favorecida por el Decreto 382 del 2013, modificado por el Decreto 022 de 2014, “por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la fiscalía general de la Nación y se dictan otras disposiciones ” que fue pagada desde el 1 de enero de 2013 ; no obstante, dicha bonificación judicial no ha sido tenida en cuenta como factor prestacional salvo en lo que respecta al Sistema de Seguridad en Salud y Pensión.

3. La demandante recibe de forma mensual la bonificación judicial, por lo que se considera que es habitual y de acuerdo con los pronunciamientos de las Altas Cortes, todo lo que reciba el trabajador de forma permanente o habitual constituye salario y hace parte integral del mismo, por lo que dicha bonificación debe ser incluida en la liquidación de todas las prestaciones sociales.

4. Debido a lo anterior, los demandantes presentaron reclamación administrativa ante la Fiscalía General de la NaciónTalento Humano, con el fin de que se le reconociera y pagara la reliquidación de las prestaciones2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-008-2020-00085-02

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sociales por la no inclusión en su liquidación de la bonificación judicial.

5. En respuesta a esta solicitud, la Fiscalía General de la Nación emitió acto administrativo de carácter negativo: - No. 31500-4830 del 20 de noviem bre de 201 9, por medio del cual se dio respuesta a la solicitud de la funcionaria Diana María Quintero Castillo.

6. Contra dicha decisión se interpuso recurso de apelación ante la Subdirección

Nacional de Talento Humano.

7. Mediante Resolución No. 2 -0276 del 20 de febrero del 2020, la Subdirección Nacional de Talento Humano confirmó el acto administrativo recurrido, quedando de esta forma agotada en debida forma la vía gubernativa.

8. Por último, expuso que en el presente caso no se llevó a cabo audiencia de conciliación en la Procuraduría Judicial por tratarse de derechos ciertos e irrenunciables.

Normas violadas y concepto de la violación (fls. 3 a 5 del documento 02Demanda, expediente Samai). Solicitó que se tenga en cuenta el Decreto 382 del 2013, modificado por el decreto 022 de 2014 que establece que la bonificación judicial “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud", por considerarlo ilegal e inconstitucional, con el argumento de que los derechos laborales son irrenunciables . Seguidamente,

salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud", por considerarlo ilegal e inconstitucional, con el argumento de que los derechos laborales son irrenunciables . Seguidamente, aseguró que con la expedición de estos decretos no se puede contraria r la jurisprudencia de l Consejo de Estado que ha establecido en múltiples pronunciamientos que lo que perciba el empleado de manera habitual deberá ser tenido en cuenta al momento de la liquidación de sus prestaciones sociales.

Así mismo , solicitó que se tenga en cuentas las disposiciones contenidas en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, y el fallo proferido por el Juzgado 19 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá del 21 de junio de 2017, en el cual se procedió a incluir dentro de la liquidación de las prestaciones sociales la bonificación judicial, como factor salarial. En el mismo sentido, peticionó que se tuviera en cuenta el fallo del 17 de julio de 2017, proferido por el juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué, en el cual procedió a incluir la bonificación judicial, dentro de la liquidación de las prestaciones sociales del señor Audiel Ospina Devia.

Finalmente, citó el artículo 53 de la Constitución Política de 1991, y estableció que los principios que plantea fueron desconocidos por la entidad demandada con el acto acusado.

Contestación de la demanda De conformidad con el auto del 7 de mayo de 2021 (documento 11AutoAdmiteDemanda.Pdf, expediente Samai ) el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, admitió la demanda ordenando notificar a la entidad.

De conformidad con el auto del 7 de mayo de 2021 (documento 11AutoAdmiteDemanda.Pdf, expediente Samai ) el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, admitió la demanda ordenando notificar a la entidad.

Surtida la notificación a la Nación -Fiscalía General de la Nación , de conformidad con lo ordenado en el auto en mención, el traslado de 30 días para contestar venció el 12 de noviembre del 2021 (documento 22ConstanciaVenceTrasladoContestar.Pdf, expediente Samai), término durante el cual la entidad demandada se pronunció:2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-008-2020-00085-02

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Nación – Fiscalía General de la Nación (documento 21FiscaliaContestaDemanda.Pdf, expediente Samai). Durante el término concedido, el apoderado del extremo pasivo contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que, carecen de fundamentos fácticos y jurídicos, por cuanto los actos demandados se limitaron a señalar el cumplimiento de un deber legal que le impuso el legislador a la Fiscalía General de la Nación a través del Decreto 382 de 2013, el cual cuenta con plena vigencia y validez jurídica, al ceñirse a la constitución y a la ley. Aunado a lo anterior, manifestó que la acción de simple nulidad del artículo 137 de la Ley 1437 del 2011 o de nulidad y restablecimiento de derecho comprendida en el artículo 138

anterior, manifestó que la acción de simple nulidad del artículo 137 de la Ley 1437 del 2011 o de nulidad y restablecimiento de derecho comprendida en el artículo 138 de la misma ley, no son los medios idóneos para descalificar la actuación de la entidad, sino que se debió demandar la legalidad y constitucionalidad del Decreto No. 382 de 2013 mediante la Acción de Inconstitucionalidad.

Propuso como excepciones: i) Constitucionalidad de la restricción del carácter salarial, alegando que, si bien un pago laboral que percibe un trabajador público eventualmente puede categorizarse como salario, no necesariamente dicho emolumento automáticamente debe estar inmerso en la base de liquidación de las prestaciones sociales u otras retribuciones laborales que este perciba, pues puede darse una restricción legal y constitucional al carácter salarial de cada rubro.

1. Aplicación del mandato de sostenibilidad fiscal en el Decreto 382 de 2013, atendiendo a que la constitución política contempla este mandat o y advierte que el mismo debe ser atendido por todas las ramas y órganos del poder público.

1. Legalidad del fundamento normativo particular, refiriendo que es el legislador y/ o Gobierno Nacional, quien está facultado para regular el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, por tanto, la creación, modificación o eliminación de cualquier emolumento laboral debe estar dispuesto en normas, ya sea Leyes o Decretos, en las cuales se discrimina de forma particular cada factor salarial o prestacional.

1. Cumplimiento de un deber legal, ya que la Fiscalía ha adelantado todas sus actuaciones en cumplimiento de sus deberes.

sea Leyes o Decretos, en las cuales se discrimina de forma particular cada factor salarial o prestacional.

1. Cumplimiento de un deber legal, ya que la Fiscalía ha adelantado todas sus actuaciones en cumplimiento de sus deberes.

1. C obro de lo no debido, reiterando que la entidad dio aplicación a lo que en materia salarial y prestacional debe seguirse para los servidores públicos.

1. Prescripción de derechos laborales; manifestando que solo estarán vigentes los derechos laborales que se hayan causado y sean exigibles desde 3 años antes del 6 de noviembre de 2018, es decir desde el 6 de noviembre de 2015.

1. Buena fe y, genérica.

La sentencia apelada (documento 39Sentencia.Pdf, expediente Samai). En sentencia del 27 de junio de 2023, el Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva, resolvió: 1. Declarar no probadas las excepciones denominadas i) Constitucionalidad de la restricción del carácter salarial, ii. Aplicación del mandato de sostenibilidad fiscal en el Decreto 0382 de 2013, iii) Legalidad del fundamento normativo particular, iv) Cumplimiento de un deber legal, v) Buena fe, vi) Cobro de2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-008-2020-00085-02

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lo debido; 2. Declarar no probada parcialmente la excepción de prescripción trienal sobre las prestaciones causadas con anterioridad al 31de octubre del 2016; 3.

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lo debido; 2. Declarar no probada parcialmente la excepción de prescripción trienal sobre las prestaciones causadas con anterioridad al 31de octubre del 2016; 3. Inaplicar por inconstitucional la palabra “Únicamente” contenida en el inciso 1 del artículo 1 del Decreto 382 de 2013; 4. Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en el Oficio No. 31500 -3978 del 20 de noviembre del 2019 y en la Resolución No. 20276 del 20 de febrero del 2020, como se esbozó la parte motiva de esta providencia. 5. Ordenar a la entidad demandada a reliquidar y pagar a favor de Diana María Quintero Castillo, todas las prestaciones sociales desde el 1 de enero del 2013, incluyendo la bonificación judicial como factor salarial, con efectos fiscales a partir del 31 de octubre del 2016 por prescripción trienal y mientras perdure su vinculación laboral en la Fiscalía General de la Nación. 6. Negando las demás pretensiones de la demanda; 7. No condenar en costas a la parte demandada.

Para llegar a la anterior decisión , el Juez Ad -Hoc concluyó que el Decreto 382 de 2013 en su artículo 1º es violatorio del principio de legalidad, pues la bonificación judicial establecida por el decreto restringe el concepto del salario determinado por la ley, la jurisprudencia y las normas internacionales ratificadas por Colombia, al establecer que la bonificación judicial constituye salario únicamente para las cotizaciones realizadas al Sistema General de Pensiones y Sistema General de Seguridad Social en Salud.

la ley, la jurisprudencia y las normas internacionales ratificadas por Colombia, al establecer que la bonificación judicial constituye salario únicamente para las cotizaciones realizadas al Sistema General de Pensiones y Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Por último, a rgumentó que l a demandante devengó la bonificación judicial mensualmente de manera periódica desde el 1 de enero del 2013 como consta en certificado emitido por la NaciónFiscalía General de la Nación, por lo que se hace necesario que la entidad demandada incluya la bonificación judicial como factor salarial, con el fin de que se realice la reliquidación de las prestaciones sociales devengadas, y puedan ser canceladas en su totalidad las acreencias laborales de l a demandante.

La apelación (Documento 42ApelaciónFiscalia.Pdf, expediente Samai). El apoderado judicial de la Nación – Fiscalía General de la Nación, en desacuerdo con la decisión del juzgado de origen, interpuso recurso de apelación. Argumentó que la nivelación salarial ordenada en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no estaba sujeta a ningún referente porcentual para ajustar las asignaciones salariales de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía, citando fallos del Consejo Seccional de la Judicatura emitidos en el año 20 17 y, las sentencias C-521-1995; C-279-1996; C-052 de 1999; C-681-2003; C-244-13), de la Corte Constitucional.

Mencionó el Decreto 382 de 2013, que cobijaba exclusivamente a los servidores activos de la Fiscalía General de la Nación, y el Decreto 022 de 2014, modificado por

Constitucional.

Mencionó el Decreto 382 de 2013, que cobijaba exclusivamente a los servidores activos de la Fiscalía General de la Nación, y el Decreto 022 de 2014, modificado por el Decreto 1270 de 2015, señalando que la bonificación judicial constituía únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Afirmó que la legalidad del Decreto 382 de 2013 era incu estionable y, que el hecho de que la bonificación judicial no constituyera factor salarial sino base de cotización, no podía ser considerado ilegal ni un ejercicio indebido de las competencias del Ejecutivo. Recalcó que la Fiscalía actuó en cumplimiento de un deber legal al aplicar el Decreto 382 de 2013 y normas concordantes, que gozan de presunción de legalidad.

Finalmente, señaló que el Decreto 382 de 2013 no fue demandado en esta causa, no había sido declarado nulo ni se solicitaba su inaplicación, per maneciendo vigente,2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-008-2020-00085-02

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lo que impedía un pronunciamiento de fondo sobre la nulidad de sus artículos y normas relacionadas . Advirtió que la inclusión en la bonificación judicial como factor salarial implicaría una modificación de las normas que regulan el régi men salarial y prestacional de los servidores públicos , situación que consideró inviable, y reafirmó que la entidad ha actuado conforme a las disposiciones legales vigentes.

factor salarial implicaría una modificación de las normas que regulan el régi men salarial y prestacional de los servidores públicos , situación que consideró inviable, y reafirmó que la entidad ha actuado conforme a las disposiciones legales vigentes.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Mediante aut o de sustanciación d el 9 de agosto del 2023 (documento 43AutoConcedeApelación.Pdf, expediente Samai) se admitió el recurso de apelación; y se ordenó que una vez esté ejecutoriada la decisión, ingresara el proceso para proferir sentencia.

Alegatos de conclusión. De la parte demandante. Guardó silencio.

De la parte demandada. Guardó silencio.

Ministerio público. No presentó concepto.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL La competencia. Este tribunal es competente para conocer de la presente apelación de conformidad con los artículos 104 -Inc. 1.-, 153 y 243 del C. de P. A. y de lo C.A; pues se cuestiona una sentencia proferida por un Juez del Circuito Administrativo de Ibagué en la que es parte una entidad pública, por causa de una actuación sujeta al derecho administrativo.

Problema jurídico. El quid del asunto de conformidad con la sentencia impugnada y el recurso impetrado se centra en determinar , si la demandante tiene derecho a que se le reconozca y pague la Bonificación Judicial como factor salarial, y por ello, debe tenerse en cuenta para liquidar las prestaciones sociales que devenga n como servidores de la Nación – Fiscalía General de la Nación.

Límites de la apelación. I.

tenerse en cuenta para liquidar las prestaciones sociales que devenga n como servidores de la Nación – Fiscalía General de la Nación.

Límites de la apelación. I. Pasa la Sala, a estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera insta ncia del 27 de junio de 202 3, proferida por el Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva , en tanto solo le está dado al ad quem pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos al fallo, sin que se pueda infiltrar en el estudio de tópicos que no fueron debatidos por el o los recurrentes, así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado1.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-008-2020-00085-02

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Así las cosas, es claro que la compe tencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al ad quem estudiar asuntos de la sentencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (esto último, en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado2.

una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (esto último, en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado2.

Aunado a lo anterior, el Máximo Órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa3 reiteró que la apelación se encuentra limitada a los aspectos indicados por lo dispuesto en el recurso de apelación, en tanto a través de este se ejerce el derecho de impu gnación contra una determinada decisión judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera instancia presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para efecto de solicitarle al juez de su perior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Finalmente, estableció que, como Teoría General de los Recursos que “Es necesario que exista congruencia

número: 81001 -23-31-000-2009-00008-01(39160), Demandante: Ana Gregoria López Laya y Otra, Demandado: Rama Judicial, Asunto: Tema: Daños causados por la administración d e justicia / Error Jurisdiccional.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 17001-2331000-2002-01526-01(37533), Demandante: Luis Alfonso Gallego Morales Y Otro, Demandado: NaciónMinisterio de Defensa - Ejercito Nacional, Asunto: Recurso de apelación – Limites y competencia del juez de segunda instancia.

Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional, Asunto: Recurso de apelación – Limites y competencia del juez de segunda instancia.

Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 13001 -23-31-000-2003-02167-01(41482), Demandante: José Eugenio Arroyo Pino y Otros, Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Asunto: Recurso de apelación – procedencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: WILLIAM GIRALDO GIRALDO; Sentencia del 26 de noviembre de 2009, Radicación número 25000 -23-27-000-200700024-01 (17272), Demandante: Hospital Universitario Clínica San Rafael, Demandado: Dirección Distrital de Impuestos – Secretaría de Hacienda Distrital, Asunto: Recurso de apelación – Objeto / Sustentación del recurso de apelación – Sirve al ad quem para soportar la decisión de revocar o modificar la sentencia de p rimera instancia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ; Sentencia del 26 de enero de 2011, Radicación número: 25000 -23-26-000-1997-13804 (19865), Demandante: Marleny Bermúdez Aya y otros, Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y

FAJARDO GÓMEZ; Sentencia del 26 de enero de 2011, Radicación número: 25000 -23-26-000-1997-13804 (19865), Demandante: Marleny Bermúdez Aya y otros, Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, Asunto: Recluso – Muerte en centro penitenciario / Detención preventiva – Presunción de inocencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ; Sentencia del 7 de diciembre de 2017, Radicación número: 08001 -2331-000-2009-01122-01, Demandante: Seguros del Estado S.A Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian, Demandado: Seguros del Estado S.A, Asunto: Recurso de apelación – Límites.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA; Sentencia de 15 de septiembre de 2016, Radicación número: 25000 - 2324-000-2007-90177-01, Demandante: Alex ander Méndez Mendoza, Demandado: Concejo de Bogotá D.C., Asunto: Acto que ha perdido fuerza ejecutoria.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN; Sentencia del 16 de agosto de 2022, Radicación número 73001-23-00000-2008-00587-01 (52803), Demandante: Esperanza Beltrán Ibáñez, Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué, Referencia: Reparación directa – apelación de sentencia, Asunto: Responsabilidad del Estado / Error Judicial -Carga de sustentación material para que pueda habilitarse la competencia del superior / Teoría general de los recursos.2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-008-2020-00085-02

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entre la sustentación de la impugnación y lo decidido en la providencia objeto de censura, so pena de que no se pueda analizar la alzada”.

II. Por la forma como se activó el asunto y como se contestó la demanda, es dable entender que se aceptaron las estipulaciones probatorias; por lo tanto, este asunto es de puro derecho y las pruebas vertidas sirven para resolver el asunto.

III. Por otro lado, se tiene: Excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad A partir de los artículos 4, 29, 209 de la Carta4, se reconoce a favor de la Jurisdicción Especializada de lo Contencioso Administrativo 5 la facultad de imponer para un caso concreto la inaplicación de una norma general por la vía de la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad6, porque las normas de inferior rango que resulten contradictorias a aquellas otras a las cuales por disposición constitucional deben subordinarse a la Constitución, garantiza la vigencia del principio de legalidad; la

inconstitucionalidad e ilegalidad6, porque las normas de inferior rango que resulten contradictorias a aquellas otras a las cuales por disposición constitucional deben subordinarse a la Constitución, garantiza la vigencia del principio de legalidad; la técnica jurídica precisa, si la incompatibilidad se da entre una norma de inferior jerarquía y la Constit ución, la figura asume la nominación de “ excepción de inconstitucionalidad”, y si tal incompatibilidad se da con otra norma diferente a la Constitución, la nominación es la de “excepción de ilegalidad” 7.

4 Sentencia C-037 de 26 de enero de 2000, M.P. Dr. VLADIMIRO NARANJO.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contenci oso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Dr. GERMÁN RODRÍGUEZ VILLAMIZAR, proferida el 15 de julio de 2004, Radicación número: 25000-23-26-000-200201834-01 (AP), Actor: José Ignacio Arias y Otros, Demandado: La Nación - Ministerio de Comunicaciones y Otros, Referencia: Acción Popular.

6 Artículo 148 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: “Control por vía de excepción. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez pod rá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley.

La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte.”

interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley.

La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte.”

7 Sentencia T -389-09. Referencia: expediente T -1400804, Acción de tutela instaurada por ADRIÁN ESTEBAN LÓPEZ JIMÉNEZ contra Tribunal Superior de Valledupar -Sala Penal-, Magistrado Ponente: Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO; Sentencia del 28 de mayo de 2009.

Sentencia C-037-00. Referencia: expediente D-2441, Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 240 de la Ley 4ª. de 1913, Demandante: Ramón Esteban Laborde Rubio, Magistrado Ponente: Dr.

VLADIMIRO NARANJO MESA; Sentencia del 26 de enero de 2000.

Sentencia SU-132-13. Referencia: expediente T-3.536.944, Acción de tutela instaurada por Piedad del Socorro Gómez Roldán, quien actúa a través de apoderada judicial, contra el Instituto de Seguros Sociales en liquidación, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente: ALEXEI JULIO ESTRADA; Sentencia del 13 de marzo de 2013.

Sentencia T-178 de 2012. Véase también en Sentencias como la T-172 de 2012, T-118 de 2012, SU-448 de

2011, T-018 de 2011, T-786 de 2011, T-033 de 2010, T-217 de 2010, T-976 de 2008, T-808 de 2007, T-047 de 2005, SU-159 de 2002, SU-1184 de 2001, T-1031 de 2001, entre otras.

Consejo de Estado, Sala de lo Conten cioso Administrativo, Sección Segunda, S