TA TOL - Sentencia 73001-33-33-008-2020-00032-01 (06-03-2025)

República de Colombia

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Magistrado Ponente. Dr. CARLOS ARTURO MENDIETA RODRÍGUEZ

Ibagué, seis (06) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: No. 73001-33-33-008-2020-00032-01

Interno: 2023-00133

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN E.S.E.

Demandado: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA Referencia: Apelación de sentencia – Cuota de fiscalización.

OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Se encuentran las presentes diligencias en esta Corporación a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada – Contraloría Departamental del Tolima en contra de la sentencia proferida el 18 de noviembre de 202 2 por el Juzg ado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, y mediante la cual decidió acceder a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

El Hospital Nuestra señora del Carmen E.S.E., obrando por conducto de apoderado judicial, instauró demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra la Contraloría Departamental del Tolima, solicitando las siguientes:

I.I. DECLARACIONES Y CONDENAS1

“PRIMERA: Por estar viciada de falsa motivación, se ordene la nulidad de las Resoluciones 318 y 562 de 2019 por medio de las cuales “se determina el valor de

I.I. DECLARACIONES Y CONDENAS1

“PRIMERA: Por estar viciada de falsa motivación, se ordene la nulidad de las Resoluciones 318 y 562 de 2019 por medio de las cuales “se determina el valor de la cuota de auditaje a la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra señora del Carmen de Carmen de Apicalá por el ejercicio de la vigilancia fiscal vigencia 2020’’ expedida por la Contraloría Departamental del Tolima.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anulación, EN CALIDAD DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se revoque la cuota de auditaje tasada por la Contraloría Departamental del Tolima y se cancelen el cobro coactivo de la misma.”

I.II. HECHOS2

De la lectura de la demanda, la Sala encuentra los siguientes hechos:

1 Ver Doc. 01.DemandaAnexos - expediente digital del juzgado – TEAMS. 2Ver Doc. 01.DemandaAnexos - expediente digital del juzgado – TEAMS.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Pág. 2

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Int: 2023-00133

Sentencia Segunda instancia

“PRIMERO: El Hospital Nuestra señora del Carmen de Carmen de Apicalá es una Empresa Social del Estado del Orden Municipal con Personería Jurídica vigente, con patrimonio propio y autonomía administrativa y sometido al régimen jurídico previsto en el Título II - Capítulo III - Artículos 194 - 195 y 197 de la Ley 100 de 1.993.

con patrimonio propio y autonomía administrativa y sometido al régimen jurídico previsto en el Título II - Capítulo III - Artículos 194 - 195 y 197 de la Ley 100 de 1.993.

SEGUNDO: Que en el Municipio de Carmen de Apicalá no se ha constituido una Contraloría Municipal, por tanto, el proceso de vigilancia fiscal la ejerce la

Contraloría Departamental del Tolima.

TERCERO: Que la Contraloría Departamental del Tolima expidió la Resolución 318 DE 2019 “Por medio del cual se determina el valor de la cuota de auditaje a la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra señora del Carmen de Carmen de Apicalá por el ejercicio de la vigencia fiscal vigencia 2020 ”, expedida por la Contraloría Departamental del Tolima, por un valor de $4.927.036. Dicha resolución fue recurrida por la Empresa Social del Estado y una vez cumplidos los términos de reposición la misma Contraloría Departamental del Tolima expidió la Resolución 562 DE 2019 “Por medio de la cual el Contralor Departamental del Tolima resuelve un Recurso de Reposición ” y dentro de sus consideraciones decidió confirmar en todas sus partes la Resolución 318 de 2019.

CUARTO: Que la Resolución 562 de 2019 fue no tificada al Hospital Nuestra Señora ESE del Carmen de Apicalá el día 10 de octubre de 2019.

QUINTO: Que la Contraloría Departamental del Tolima expidió las mencionadas Resoluciones con flagrante violación a la Ley 617 de 2000, toda vez que no es posible hacer extensivo el cobro de la cuota de fiscalización a las entidades descentralizadas de los municipios a favor de las contralorías departamentales,

Resoluciones con flagrante violación a la Ley 617 de 2000, toda vez que no es posible hacer extensivo el cobro de la cuota de fiscalización a las entidades descentralizadas de los municipios a favor de las contralorías departamentales, porque ello desconoce el contenido del artícul o 21 de la Ley 617 de 2000 y lo expresado por la Sentencia C -837 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería, que sujeta de la existencia o no de contralorías en el nivel local, tal y como lo establece expresamente el parágrafo del mentado artículo 21:

ParágrafoEn los municipios o distritos en los cuales no haya contraloría municipal, la vigilancia de la gestión fiscal corresponderá a la respectiva contraloría departamental. En estos casos no podrá cobrarse cuota de fiscalización u otra modalidad de imposición s imilar a los municipios o distritos." (Negrilla fuera de texto).

SEXTO: Que el principio de legalidad en materia tributaria se funda en el aforismo “nullu tributum sine lege” que exige un acto del legislador para la creación de un gravamen. Ello significa que, si la norma expresamente no establece un sujeto pasivo para un gravamen, el mismo no puede ser creado por el agente administrativo, en este caso el Contralor Departamental del Tolima.

SÉPTIMO: Que aunado a lo anterior, al liquidar la tasa, la Contra loría Departamental del Tolima vulner ó fundamentos constitucionales, tales como prohibición de gravar recursos del sistema general de participaciones:

“ARTICULO 356. “...Los recursos del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándoles

prohibición de gravar recursos del sistema general de participaciones:

“ARTICULO 356. “...Los recursos del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándoles prioridad al servicio de salud, los servicios de educación, preescolar, primaria, secundaria y media, y servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, garantizando la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en la población pobre...”

Articulo reglamentado por la ley 715 de 2001:

“Artículo 97. Gravámenes a los recursos del Sistema General de Participaciones.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Pág. 3

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En ningún caso podrán establece r tasas, contribuciones o porcentajes de asignación a favor de las contralorías Territoriales, para cubrir los costos del control fiscal, sobre el monto de los recursos del Sistema General de Participaciones.

Los recursos transferidos a las entidades terr itoriales por concepto del Sistema General de Participaciones y los gastos que realicen las entidades territoriales con ellos, están exentos para dichas entidades del Gravamen a las transacciones financieras.

Las contralorías de las antiguas comisarías no podrán financiarse con recursos de transferencias. Su funcionamiento sólo podrá ser financiado con ingresos corrientes de libre destinación del Departamento dentro de los límites de la Ley 617 de 2000 menos un punto porcentual.”

Su funcionamiento sólo podrá ser financiado con ingresos corrientes de libre destinación del Departamento dentro de los límites de la Ley 617 de 2000 menos un punto porcentual.”

OCTAVO: Que el Ministerio de Hacienda en varios conceptos respecto de aplicar cuotas de auditaje a las entidades descentralizadas del orden Municipal o Distrital

ha dicho:

“De las normas transcritas es posible colegir, que a la base para el cálculo de la cuota de fiscalización establecida en el parágrafo del artículo 11 de la ley 617 antes citado, se agregó, con la expedición del artículo 97 de la ley 715 de 2001, un nuevo rubro excluido, cual el recurso del Sistema General de Participaciones.

Así las cosas, todas las entidades descentralizadas del orden distrital o municipal están obligadas al pago de la mencionada cuota de fiscalización, pero estarán excluidos por ministerio de la ley los recursos de crédito, los ingresos por la venta de activos fijos y los activos, inversiones y rentas titularizados, el producto de los procesos de titularización y los recursos del Sistema General de Participaciones, para determinar los ingresos base sobre los cuales se aplica el porcentaje de 0.4% de que trata la ley 617 de 2000. ...”

NOVENO: Igualmente al revisar la base de liquidación de cuota de auditaje, se evidencia que la Contraloría Departamental del Tolima, incluye los convenios interadministrativos con destinación especifica ejecutados por el Hospital Nuestra señora del Carmen, tales c omo salud pública, oferta de servicios medico asistenciales de la población pobre y vulnerable del municipio, convenios de fortalecimiento institucional como de compra de insumos para la atención médica, situación arbitraria e ilegal.

señora del Carmen, tales c omo salud pública, oferta de servicios medico asistenciales de la población pobre y vulnerable del municipio, convenios de fortalecimiento institucional como de compra de insumos para la atención médica, situación arbitraria e ilegal.

DÉCIMO: Que en el me s de octubre de 2018, varios gerentes de empresas sociales del estado del Tolima, viendo con preocupación el actuar obstinado e ilegal de la Contraloría Departamental del Tolima elevamos en conjunto solicitud de concepto ante la Auditoria General de la Republica y la Contraloría General de la Republica, quienes por medio de los oficios Radicado 20181100038121 del 17 de diciembre de 2018³ y CGR-OJ186 de 2018, concluyeron que efectivamente no es procedente la tasación y cobro de cuotas de auditaje de las enti dades municipales y sus entes descentralizadas a favor de la Contraloría Departamental.”

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Dentro del término de traslado de la demanda que trata el artículo 172 de la Ley 1437 de 2011, el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, contestaron el líbelo introductorio de la referencia, en los siguientes términos:

2.1. DEPARTAMENTO DEL TOLIMA3

A través de apoderado judicial, el ente territorial accionado contestó la demanda , oponiéndose a las hechos y pretensiones expuestas por la entidad hospitalaria,

3 Ver Doc. A7. DepartamentoAllegaContestación y 11ContraloríaContestademanda - expediente digital del JuzgadoTEAMSMEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Pág. 4

3 Ver Doc. A7. DepartamentoAllegaContestación y 11ContraloríaContestademanda - expediente digital del JuzgadoTEAMSMEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Pág. 4

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como quiera que las mismas se dirigen a la suspensión de lo contenido en las resoluciones N° 318 y N° 562 de 2019 proferidas por la Contraloría Departamental del Tolima en eje rcicio de la función de fiscalización que le es propia, porque de entrada solicita su desvinculación como quiera que no tuvo injerencia en ninguna de las actuaciones.

En orden de lo anterior precisa que, la Constitución Política, en su artículo 267 instituyó el control fiscal como una función pública, que ejercerá la Contraloría General de la República, con la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos , de forma posterior y selectiva, además que podrá ser preventiva y concomitante , según sea necesarios para garantizar la defensa y protección del patrimonio público.

Que el artículo 21 de la Ley 617 de 2000 estableció que “en los municipios o distritos en los cuales no haya Contraloría municipal, la vigilancia de la gestión fiscal corresponderá a la respectiva Contraloría departamental. En estos casos no podrá cobrarse cuota de fiscalización u otra modalidad de imposición similar a los

en los cuales no haya Contraloría municipal, la vigilancia de la gestión fiscal corresponderá a la respectiva Contraloría departamental. En estos casos no podrá cobrarse cuota de fiscalización u otra modalidad de imposición similar a los municipios o distritos.” . Luego precisa que, el control fiscal se extiende a toda la Administración de la que forman parte las empresas industriales y comerciales del Estado del orden departamental y municipal, así como a las empresas descentralizadas y empresas sociales del Estado del orden Departamental y Municipal.

Así las cosas, en la medida que en el Departamento del Tolima sólo existe la Contraloría Municipal de Ibagué y la Contraloría Departamental del Tolima , esta última ha asumido la vigilancia y el control fiscal no solo de las administraciones municipales del Departamento sino también la de sus entidades descentralizadas, las empresas sociales del Estado y las empresas de servicios públicos domiciliarios del nivel municipal, exceptuando las de la administración municipal de Ibagué.

Que mediante la mediante Resolución No. 209 del 21 de mayo de 2019 “Por medio de la cual se adiciona el artículo primero de la Resolución No. 148 del 8 de abril de 2019, modificatoria de la Resolución No.688 del 28 de diciembre de 2018, donde se establecen las entidades Sujetos y Puntos de Control Fiscal de la Contraloría Departamental del Tolima”, la Contraloría Departamental del Tolima estableció los sujetos de control de la Entidad incluyendo a la Go bernación del Tolima, las administraciones municipales del departamento del Tolima, las entidades descentralizadas, las empresas sociales del estado y las empresas de servicios públicos de dichas administraciones, a excepción del municipio de Ibagué.

administraciones municipales del departamento del Tolima, las entidades descentralizadas, las empresas sociales del estado y las empresas de servicios públicos de dichas administraciones, a excepción del municipio de Ibagué.

Ya en lo que respecta a la cuota de fiscalización precisó que, el artículo 9 de la Ley 617 de 2000 dispuso que, las “entidades descentralizadas del orden departamental deberán pagar una cuota de fiscalización hasta del punto dos por ciento (0.2%), calculado sobre el monto de los ingresos ejecutados por la respectiva entidad en la vigencia anterior, excluidos los recursos de crédito; los ingresos por la venta de activos fijos; y los activos, inversiones y rentas titularizados, así como el producto de los proces os de titularización ”. Y que en su artículo 11 consagró que, “ las entidades descentralizadas del orden distrital o municipal deberán pagar una cuota de fiscalización hasta del punto cuatro por ciento (0.4%), calculado sobre el monto de los ingresos ejecuta dos por la respectiva entidad en la vigencia anterior, excluidos los recursos de crédito; los ingresos por la venta de activos fijos; y losMEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Pág. 5

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activos, inversiones y rentas titularizados, así como el producto de los procesos de titularización.”.

Que los artí culos 1º y 2º de la Ley 1416 de 2016 estableció que las cuotas de

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activos, inversiones y rentas titularizados, así como el producto de los procesos de titularización.”.

Que los artí culos 1º y 2º de la Ley 1416 de 2016 estableció que las cuotas de fiscalización correspondientes al punto de 0.2% a cargo de las entidades descentralizadas de orden departamental, serán adicionada al los presupuesto de las respectivas contralorías departamentales; y que las entidades descentralizadas del de orden distrital o municipal deberán pagar una cuota de fiscalización hasta del punto cuatro por ciento (0.4%), calculado sobre el monto de los in gresos ejecutados por la respectiva entidad en la vigencia anterior, excluidos los recursos de créditos; los ingresos por la venta de activos fijos; y los activos, inversiones y renta titularizados, así como el producto de los procesos de titularización, respectivamente.

Así considera que, que en la medida que las empresas industriales y comerciales del Estado, las empresas de servicios públicos domiciliarios y las empresas sociales del Estado, como los demás entes descentralizados del orden departamental y municipal a excepción del municipio de Ibagué son sujetos de control de la Contraloría Departamental del Tolima, razón por la cual se constituyen en sujeto pasivo de la cuota de fiscalización anteriormente referida.

Con todo reitera que, la entidad a la cual representa no tuvo intervención alguna ni en el trámite ni en la expedición de las resoluciones de las cuales se pretende la Nulidad y restablecimiento, ni mucho menos interviene toda vez que la facultad de fiscalización se encuentra exclusivamente e n cabeza de la Contraloría Departamental del Tolima.

Finalmente propone como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Nulidad y restablecimiento, ni mucho menos interviene toda vez que la facultad de fiscalización se encuentra exclusivamente e n cabeza de la Contraloría Departamental del Tolima.

Finalmente propone como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.2. CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA4

La contraloría departamental contestó la demanda, y una vez se pronunció en relación con cada uno de los hechos, se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, y procedió a establecer lo correspondiente a los conceptos jurídicos como fuente de interpre tación, la naturaleza del control fiscal, entidades que la ejercen, y la tarifa y/o cuota de auditaje o fiscalización.

En tal medida señaló que, como quiera que con la demanda se pretende desvirtuar la legalidad del cobro efectuado por la entidad por concepto de fiscalización a la Empresa Social del Estado, presentando con esto conceptos emitidos por la Contraloría General de la Republica con el radicado CGR – OJ - 186 de 201880112 y el rendido por la Auditoria General de la Rep ública No. SIA ATC 2018000168 del 12 de abril de 2018, aclara que estos no tiene efectos vinculantes, por cuanto los entes fiscalizadores no cumplen funciones jurisdiccionales y tampoco contiene la voluntad de la administración o la manifestación de alguna función administrativa; en otras palabras, debido a que lo que profieren no son providencias judiciales ni actos administrativos propiamente dichos, estas manifestaciones son las opiniones técnico - jurídicas rendidas a los particulares en el ejercicio del derecho de petic ión de consulta cuando lo soliciten; por lo tanto no tienen la

judiciales ni actos administrativos propiamente dichos, estas manifestaciones son las opiniones técnico - jurídicas rendidas a los particulares en el ejercicio del derecho de petic ión de consulta cuando lo soliciten; por lo tanto no tienen la

4 Ver Doc. 09Conestaciónexpediente digital del Juzgado-TEAMSMEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Pág. 6

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facultad de definir o modificar una situación jurídica concreta, así como tampoco la tiene la facultad para definir algún derecho subjetivo particular.

Luego y según la naturaleza preciso que, de conformidad con dispuesto en el artículo 267 de la norma superior, el control fiscal es una función pública que ejerce la Contraloría General de la República, y en tal sentido vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o de entidades que manejan fondo o bienes de la nación, esto, de forma posterior y selectiva, y además podrá ser preventivo y concomitante, según sea necesario para garantizar la defensa y protección del patrimonio público, e incluye el seguimiento permanente al recurso público, sin oponibilidad a la reserva legal para el acceso a la información por parte de los órganos de control, y el control financiero, de gestión y de resultado, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.

Que a nivel territorial la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a estas en forma concurrente

eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.

Que a nivel territorial la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a estas en forma concurrente con la Contraloría General de la República. Finalmente, a los municipios o distritos en los cuales no haya Contraloría municipal, la vigilancia de la gestión fiscal le corresponderá a la respectiva Contraloría departamental.

Luego precisa que, son sujetos de control fiscal, los órganos qu e integran la rama legislativa y judicial, los órganos autónomos e independientes como los de control y electorales, los organismos que hacen parte de la estructura de la administración nacional y demás entidades nacionales, los organismo creadores por la Constitución Nacional y ley que tienen régimen especial, las sociedades de economía mixta, las empresas industriales y comerciales del Estado, los particulares que manejan fondo o bienes del Estado, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de organizac ión o sociedad que maneje recursos del Estado en los relacionado con estos y el Banco de la República – artículo 2º de la Ley 42 de 1993.

Que el control fiscal se extiende a toda la Administración de la que forman parte las empresas industriales y comerc iales del Estado del orden departamental y municipal, así como a las empresas descentralizadas y empresas sociales del Estado del orden Departamental y Municipal; y que en tal medida, mediante Resolución No. 209 del 21 de mayo de 2019 “ Por medio de la cu al se adiciona el artículo primero de la Resolución No.148 del 8 de abril de 2019, modificatoria de la Resolución No.688 del 28 de diciembre de 2018, donde se establecen las

artículo primero de la Resolución No.148 del 8 de abril de 2019, modificatoria de la Resolución No.688 del 28 de diciembre de 2018, donde se establecen las entidades Sujetos y Puntos de Control Fiscal de la Contraloría Departamental d el Tolima”, la Contraloría Departamental del Tolima estableció los sujetos de control de la Entidad incluyendo a la Gobernación del Tolima, las administraciones municipales del departamento del Tolima a excepción del municipio de Ibagué, las entidades descentralizadas, las empresas sociales del estado y las empresas de servicios públicos de dichas administraciones.

En lo que respecta a la imposición de la cuota de fiscalización propiamente dicha, el Parágrafo del Artículo 9 de la ley 617 de 2000 dispuso que “LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL deberán pagar una cuota de fiscalización hasta el punto dos por ciento (0.2%) calculado sobre el monto de los ingresos ejecutados por la respectiva entidad en la vigencia anterior, excluidos los r ecursos del crédito; los ingresos por la venta de activos fijos; y los activos,MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Pág. 7

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inversiones y rentas titularizados, así como el producto de los procesos de titularización”.

Que el Parágrafo del Artículo 11, dispone que: “las entidades descentralizadas del orden distrital o municipal deberán pagar una cuota de fiscalización hasta del punto

inversiones y rentas titularizados, así como el producto de los procesos de titularización”.

Que el Parágrafo del Artículo 11, dispone que: “las entidades

descentralizadas del orden distrital o municipal deberán pagar una cuota de fiscalización hasta del punto cuatro por ciento (0.4%), calculado sobre el monto de los ingresos ejecutados por la respectiva entidad en la vigencia anterior, excluidos los recursos de créditos; los ingresos por la vent a de activos fijos, y los activos, inversiones y rentas titularizadas, así como con el producto de los procesos de titularización.”

Con todo, señala que en la medida que las empresas industriales y comerciales del Estado, las empresas de servicios público s domiciliarios y las empresas sociales del Estado, como los demás entes descentralizados del orden departamental y municipal a excepción del municipio de Ibagué son sujetos de control de la Contraloría Departamental del Tolim a, también son sujetos pasivos de la cuota de fiscalización

Por último, indicó que en ningún caso podrán gravarse los recursos del sistema de participaciones para cubrir cuota de fiscalización de las contralorías territoriales, pues su funcionamiento sólo podrán ser financiados con ingresos corrientes de libre destinación del departamento; por ello, el ente de control en los actos administrativo mediante los cuales impone la cuota de fiscalización deja claramente establecidos que deben excluirse los programas que se financian con el presupuesto del sistema general de participaciones, y que en concreto corresponde a: i) atención a la población pobre no asegurada, plan de intervención colectiva (salud pública), aportes patronales – parafiscales.

III. SENTENCIA APELADA5

El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia proferida el 18 de noviembre de 2022, resolvió:

aportes patronales – parafiscales.

III. SENTENCIA APELADA5

El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia proferida el 18 de noviembre de 2022, resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Departamento del Tolima.

5 Ver Doc. 21SentenciaPrimeraInstancia - pdf del expediente digital del Juzgado.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Pág. 8

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SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en (i) resolución No. 318 del 10 de julio de 2019 por medio de la cual se determina el valor de la cuota de auditaje a la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del Carmen del municipio del Carmen de Apicalá (Tol), por el ejercicio de la vigilancia fiscal vigencia 2020 y (ii) resolución No 562 del 30 de septiembre de 2019, por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición, ambas proferidas por el Contralor

Departamental del Tolima.

TERCERO: DECLARAR que la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del Carmen del municipio del Carmen de Apicalá (Tol), no es sujeto pasivo de la cuota de auditaje por el ejercicio de la vigilancia fiscal vigencia 2020 y por ende no está obligada al pago de dicha cuota por la vigencia 2020.

del Carmen del municipio del Carmen de Apicalá (Tol), no es sujeto pasivo de la cuota de auditaje por el ejercicio de la vigilancia fiscal vigencia 2020 y por ende no está obligada al pago de dicha cuota por la vigencia 2020.

En caso de haberse efectuado el pago de las sumas de dinero impuestas en los actos anulados, la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA las devolverá a la entidad actora debidamente indexadas.

CUARTO: CONDENAR en costas a la parte accionada Contraloría Departamental del Tolima y a favor de la demandante. Tásense.

QUINTO: FIJAR como agencias en derecho la suma de $ $197.081.oo , que serán tenidas en cuenta por secretaría al momento de liquidar las costas.

SEXTO: La entidad dará cumplimiento al presente fallo, dentro de los términos previstos en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso

Administrativo.”

Para llegar a la anterior decisión, el a quo consideró:

“(…)

No existe discusión en que la Contraloría Departamental debe asumir la vigilancia de la gestión fiscal en los municipios que carezcan de ente fiscalizador, y en que la actividad controladora recaiga en sus entidades descentralizadas de orden municipal – como las empresas sociales del Estado, lo que sí es materia de discusión es que, por esa sola condición, de forma automática e inexorable pasen a ser sujetos de la “cuota de vigilancia fiscal”. En efecto, el control fiscal previsto en los artículos 267 y 272 constitucionales y entendido como la vigilancia sobre el manejo de los fondos o bienes de la Nación, constituye parte del diseño del funcionamiento del Estado, mientras que la tributación es

fiscal”. En efecto, el control fiscal previsto en los artículos 267 y 272 constitucionales y entendido como la vigilancia sobre el manejo de los fondos o bienes de la Nación, constituye parte del diseño del funcionamiento del Estado, mientras que la tributación es una carga impositiva que tiene su fuente en regulaciones expresa s, esto es, debidamente determinada, franca de interpretaciones disímiles. Según se indicó en apartados anteriores, el calificativo de “tributo especial” utilizado por la jurisprudencia deviene de concebirse como un híbrido de los instrumentos impositivos, pues campea entre los presupuestos propios de una contribución –como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen – y en los que delinean los contornos propios de los impuestos –gravámenes sustentados en un hech