TA TOL - Sentencia 73001-33-33-008-2022-00273-01 (27-02-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAG. PONENTE: DR. BELISARIO BELTRÁN BASTIDAS

Ibagué, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

EXPEDIENTE DIGITAL

Expediente: 73001-33-33-008-2022-00273-01 (2024-0855)

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

Demandante: NABOR GALLO LOZANO

Demandado: NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONALFONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO; DEPARTAMENTO DEL TOLIMAFIDUPREVISORA Tema: Mora en el pago de las cesantías.

OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación formulado por el apoderado judicial del Departamento del Tolima contra la sentencia proferida el día 28 de junio de 2024 , mediante la cual, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor NABOR GALLO LOZANO, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentó demanda contra la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y el DEPARTAMENTO DE L TOLIMA, con el fin que se le reconocieran las siguientes:

“DECLARACIONES Y CONDENAS

EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y el DEPARTAMENTO DE L TOLIMA, con el fin que se le

reconocieran las siguientes:

“DECLARACIONES Y CONDENAS

1. Primero: Declarar la nulidad del ACTO FICTO configurado el día 13 de agosto de 2020, frente a la petición presentada el día 12 de mayo de 2022, en cuento negó el derecho a pagar la SANCION MORA a mi mandante, establecida en la Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2006, equivalente a (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde los (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el pago de esta.

2. Segundo: Declarar que mi representado tiene derecho a que LA

NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAG ISTERIO (FOMAG);

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - SECRETARIA DE EDUCACION

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA – FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A

(FIDUPREVISORA); le reconozca y pague la SANCION MORA, establecida en la Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2006, equivalente a (1) día de salario por cada día de retardo, contados desdeExpediente: 73001-33-33-008-2022-00273-01 (2024-0855)

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: NABOR GALLO LOZANO

Demandado: NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: NABOR GALLO LOZANO

Demandado: NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y

DEPARTAMENTO DEL TOLI MA

2 los (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el pago de esta.

II. CONDENAS

1. Primero: Condenar a LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN –

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

(FOMAG); DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA – FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A (FIDUPREVISORA); le reconozca y pague la SANCIO N MORA, establecida en la Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2006, equivalente a (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde los (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el pago de esta.

2. Segundo: que se ordene a LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG); DEPARTAMENTO DEL TOLIMASECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA – FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A (FIDUPREVISORA); dar cumplimiento al fallo que se dicte dentro de este proceso en el termino de 30 días contados desde la comunicación de este tal como lo dispone el articulo

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A (FIDUPREVISORA); dar cumplimiento al fallo que se dicte dentro de este proceso en el termino de 30 días contados desde la comunicación de este tal como lo dispone el articulo 192 y siguientes del código del procedimiento admin istrativo y de lo contencioso administrativo.

3. Tercero: Condenar a LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN –

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

(FOMAG); DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA – FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A (FIDUPREVISORA); al reconocimiento y pago de los ajustes a que haya lugar con motivo de disminución del poder adquisitivo de la SANCION MORA, referida con el numeral anterior, tomando como base la variación del índice de precios al consumidor desde la fecha en que se efectuó el pago de la cesantía, hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin del presente proceso.

4. Cuarto: Condenar a LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN –

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

(FOMAG); DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA – FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A (FIDUPREVISORA); al reconocimiento y pago de los intereses moratorios a partir del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que se efectué en pago de la SANCION MORATORIA reconocida en esta sentencia.

5. Quinto: Condenar en costas a LA NACIÓN – MINISTERIO DE

EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES

la SANCION MORATORIA reconocida en esta sentencia.

5. Quinto: Condenar en costas a LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG); DEPARTAMENTO DEL TOLIMASECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA – FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A (FIDUPREVISORA); de conformidad con lo estipulado en el articulo 188 del código del procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, el cual rige por lo dispuesto en el articulo 392 del código del procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo por el articulo 19 de la Ley 1395 de 2010.Expediente: 73001-33-33-008-2022-00273-01 (2024-0855)

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: NABOR GALLO LOZANO

Demandado: NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y

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3

Las anteriores pretensiones las soporta en los siguientes:

HECHOS

“Primero: El artículo 3 de la Ley 91 de 1989, creo el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable, y estadística, sin personería jurídica.

Segundo: De conformidad c on la Ley 91 de 1989, le asigno como dependencia al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, el pago de las cesantías PARCIALES Y

Segundo: De conformidad c on la Ley 91 de 1989, le asigno como dependencia al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, el pago de las cesantías PARCIALES Y DEFINITIVAS de los docentes de los establecimientos educativos del sector oficial.

Tercero: El día 17 de marzo de 2020 mi poderdante NABOR GALLO LOZANO identificada con cédula de ciudadanía No 5882778 expedida en Chaparral, radicó la solicitud de retiro de cesantías parciales y/o definitivas, ante SECRETARIA DE EDUCACION

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Cuarto: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA reconoció las cesantías mediante resolución 2578 del 28 de agosto de 2020.

Quinto: Posteriormente el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FO MAG), y su administradora LA FIDUCIARIA FIDUPREVISORA S.A, puso a disposición el pago de los dineros derivados de las cesantías reconocidas mediante resolución 2578 del 28 de agosto de 2020, el día 21 de noviembre de 2020, como se puede observar en el desprendible que me permito anexar.

Sexto: La Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la ley 1071 de 2006 y concordantes reza que la entidad pública de expedir el acto administrativo dentro de los 15 días hábiles a partir de la fecha de reclamación y/o ra dicación de la solicitud del reconocimiento y pago de la cesantías definitiva y luego de ejecutoriada la respectiva

acto administrativo dentro de los 15 días hábiles a partir de la fecha de reclamación y/o ra dicación de la solicitud del reconocimiento y pago de la cesantías definitiva y luego de ejecutoriada la respectiva resolución, debe ser cancelada dentro de los 45 días siguientes a la ejecutoria de la misma, imponiendo como sanción moratoria por el incumplimiento de tales términos, “UN DIA DE SALARIO POR CADA

DIA DE RETARDO”.

Séptimo: El día 23 de junio de 2020 concurrió del vencimiento de los 70 días conforme a la norma contenida en la ley 244 de 1995 modificada por la ley 1071 del año 2006 es decir, del día siguiente al mencionado y hasta la fecha en que estuvo a disposición el dinero que constituye la sumatoria de la Sanción Moratoria que debería liquidar y pagar el FOMAG a mi poderdante.

Octavo: Mi poderdante conforme al obrante en expediente y plasmado en la misma Resolución, devengo salario de 3919989 es decir, que el valor salaria por día es de $ 130666, con base en cual se deberá liquidar la sanción moratoria multiplicando tal valor por los días de retardo es decir 150 días de mora. ( $ 19599900 valor total de la mora).Expediente: 73001-33-33-008-2022-00273-01 (2024-0855)

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Demandante: NABOR GALLO LOZANO

Demandado: NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO

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4

Demandante: NABOR GALLO LOZANO

Demandado: NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y

DEPARTAMENTO DEL TOLI MA

4

Noveno: Con fecha 12 de mayo de 2022, se solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria en el pago de la cesantía convocada y esta resolvió negativamente las pretensiones invocadas, situación que conllevo de conformidad al procedimiento administrativo a solicitarle a la procuraduría la fijación de audiencia de conciliación prejudicial con el objeto de llegar a acuerdos sobre las pretensiones de esta demanda, situación que no fue posible, y por ello se adelanta

la presente DEMANDA DE NULIDAD Y RESTRABLECIMIENTO DEL

DERECHO.

Decimo: Con fecha 10/10/2022, se realizó audiencia de conciliación en la procuraduría 216 Judicial I para los asuntos administrativos de IBAGUE, en la cual no se llegó a ningún acuerdo conciliatorio con las entidades demandas.”

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL

DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

Durante el término de traslado la entidad guardó silencio.

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Durante el término de traslado la entidad guardó silencio.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante sentencia proferida el 28 de junio de 2024 , accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, dispuso:

El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante sentencia proferida el 28 de junio de 2024 , accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, dispuso:

“1.º DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto configurado por la falta de respuesta al derecho de petición elevado el 12 de mayo de 2022 ante el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA que negó la solicitud de reconocimiento y pago en sede administrativa de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006 al señor NABOR GALLO LOZANO

2.º ORDENAR al DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, reconocer y pagar al docente NABOR GALLO LOZANO, veintiocho (28) días de sanción moratoria de que trata la Ley 1071 de 2006, en cuantía de TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 3’658.656 COP), sin indexación, conforme al análisis efectuado en la parte considerativa de la presente decisión.

3.º NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4.º ABSTENERSE de condenar en costas a la parte demandada. 5.° La entidad impartirá cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.”

Como sustento de su decisión, adujo:

“(…)Expediente: 73001-33-33-008-2022-00273-01 (2024-0855)

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: NABOR GALLO LOZANO

“(…)Expediente: 73001-33-33-008-2022-00273-01 (2024-0855)

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: NABOR GALLO LOZANO

Demandado: NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y

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5 Con fundamento en el marco normativo fijado líneas atrás, y con asiento en el precedente judicial y constitucional proferido por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado como órgano de cierre, mediante los cuales zanjan cualquier discusión sobre la aplicación del régimen general contenido en la Ley 244 de 1995, modificado por la Ley 1071 de 2006 a los docentes oficiales, en lo que atañe la posibilidad de reconocer a favor de estos la sanción por el pago tardío de las cesantías reconocidas, concluye el Despacho, que el señor NABOR GAL LO LOZANO en su calidad de docente oficial, le asiste derecho al reconocimiento de la aludida sanción causada al encontrarse inmerso en el supuesto de hecho de la mencionada norma (parágrafo del artículo 2º) que consagra el efecto jurídico de la sanción.

En primer lugar, del estudio de los elementos materiales probatorios allegados al expediente, se evidenció por esta autoridad Judicial, que la solicitud de cesantías presentada por la demandante fue efectivamente radicada el 17 de marzo de 2020, según se o bserva en el acto administrativo de reconocimiento de la señalada prestación social, por lo que, en principio, desde esta fecha la administración contaba con 15

radicada el 17 de marzo de 2020, según se o bserva en el acto administrativo de reconocimiento de la señalada prestación social, por lo que, en principio, desde esta fecha la administración contaba con 15 días hábiles para pronunciarse respecto a la misma, no obstante, el mismo día de radicación de la petición, con ocasión de pandemia del Covid-19, la entidad territorial se vio abocada a declarar la emergencia sanitaria acatando las directrices de la Presidencia de la República, disponiendo la suspensión de términos para trámites administrativos y prolongándose hasta el 12 de julio de esa anualidad.

En ese orden de ideas, la cartera de educación departamental contaba hasta el 04 de agosto para proferir la resolución de reconocimiento de la prestación y lo hizo el 28 de agosto de 2020 sobrepasando el plazo previsto jurisprudencialmente, originando que la Fiduprevisora S.A. efectuara el desembolso de lo reconocido solo hasta el 21 de noviembre de 2020, esta última dentro de los 45 días a su cargo, dado que la cartera territorial le remitió el expediente para lo de su cargo el 23 de septiembre de 2020, según se extracta de la información remitida por el Comité de conciliación ante el procurador judicial en etapa previa a la presentación de la demanda, considerando que la entidad territorial no allegó dentro del cuaderno de antecedentes administrativos requ erido por este Despacho judicial la documentación completa.

(…)

En tal virtud, en el caso sub examine de conformidad con los hechos relevantes probados se tiene que los términos transcurrieron de la siguiente forma:

por este Despacho judicial la documentación completa.

(…)

En tal virtud, en el caso sub examine de conformidad con los hechos relevantes probados se tiene que los términos transcurrieron de la siguiente forma:

Según lo explicado, la sanción moratoria a la que se hace beneficiario el actor por el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales en forma extemporánea correría del veinticuatro (24) de octubre al veinte (20) de noviembre de 2020 y, al tenor de lo pr eceptuado por el parágrafoExpediente: 73001-33-33-008-2022-00273-01 (2024-0855)

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6 del artículo 57 de la Ley 1955 de 20196, se concluye que la mora solamente le es atribuible al departamento del Tolima – _SEDpor haber proferido el acto administrativo de reconocimiento sobrepasando los plazos establecidos, aun descontándole los 117 días de suspensión con ocasión de la emergencia sanitaria Covid2019, y adicionalmente, haber enviado el expediente para su pago ante el Fondo, solo hasta el 23 de septiembre de 2020.

En consecuencia, se declarará la nulidad del acto administrativo ficto sometido a control de legalidad.

(…)

Establecidas las pautas anteriores, se liquida la sanción tomando la

En consecuencia, se declarará la nulidad del acto administrativo ficto sometido a control de legalidad.

(…)

Establecidas las pautas anteriores, se liquida la sanción tomando la asignación básica percibida por el demandante en el año en que se retiró definitivamente de la docencia (2019), sin que tenga derecho a que la misma varíe, suma correspondiente a tres millones novecientos diecinueve mil novecientos ochenta y nueve pesos m/cte ($ 3’919.989 COP), como se tiene probado, de la siguiente forma:

Asistiéndole al demandante el derecho al pago de TRE S MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 3’658.656 COP) a título de sanción moratoria. Finalmente, no es procedente ordenar el reajuste del valor de la condena por sanción moratoria que será reconocida median te la presente Sentencia, dado que la última regla jurisprudencial que se sigue determinó que tal pretensión se encuentra desprovista de la naturaleza prestacional, pues en tratándose de una penalidad económica la misma no solo cubre la actualización monetaria, sino que incluso es superior a ella.

Con todo, la entidad deberá dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

3.3.5. LAS COSTAS PROCESALES De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A., salvo en los procesos donde se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, hoy

en los procesos donde se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, hoy C.G.P.

Así pues, el Código General del Proceso, en su artículo 365, en cuanto a la condena en costas establece en su numeral 5º que en caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. Este Despacho dará aplicación al numeral citado, teniendo en cuenta que si bien, se causaron tanto gastos procesales como agencias en derecho, en el presente asunto se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda (no se accedió a la indexación), razón por la cual, el Juzgado se abstendrá de condenar en costas a la parte demandada. (…)”Expediente: 73001-33-33-008-2022-00273-01 (2024-0855)

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RECURSO DE APELACIÓN

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (Documento 024 Apelación Dpto. Tolima del Expediente Digital).

Inconforme con la decisión adoptada en primera instancia, la apoderada judicial del Departamento del Tolima interpone recurso de apelación, señalando que el fallo proferido por el Juzgado Octavo Administrativo de

Expediente Digital).

Inconforme con la decisión adoptada en primera instancia, la apoderada judicial del Departamento del Tolima interpone recurso de apelación, señalando que el fallo proferido por el Juzgado Octavo Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué impone una condena que no se ajusta a la normatividad apli cable, generando un perjuicio patrimonial injustificado para la entidad territorial.

En primer lugar, sostiene que, los recursos destinados al pago de cesantías provienen de la Nación y del Sistema General de Participaciones para el sector educación, los cuales son asignados y transferidos al FOMAG por el Ministerio de Educación Nacional. Esta entidad, además, administra la información sobre la nómina de salarios de los docentes afiliados al Fondo, lo que implica que la responsabilidad del pago de cualquier tipo de sanción moratoria no recae sobre el ente territorial, sino sobre el FOMAG.

Argumenta que la sanción moratoria reconocida en favor del demandante ha sido erróneamente calculada, toda vez que no se tuvo en cuenta la suspensión de términos decreta da en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, lo que modificó los plazos ordinarios para la resolución de solicitudes administrativas, entre ellas, las relacionadas con el reconocimiento y pago de cesantías.

Expone que la normativa vigente estab lece con claridad que las Secretarías de Educación certificadas cuentan con un procedimiento reglado para la gestión de cesantías, el cual incluye la elaboración y remisión de un proyecto de acto administrativo a la fiduciaria correspondiente, la evaluació n por parte de esta última y la posterior expedición del acto administrativo definitivo. Dicho trámite se encuentra supeditado a los términos

de acto administrativo a la fiduciaria correspondiente, la evaluació n por parte de esta última y la posterior expedición del acto administrativo definitivo. Dicho trámite se encuentra supeditado a los términos establecidos en la Ley 1071 de 2006, así como a las disposiciones excepcionales adoptadas durante la emergencia sanitaria.

Asegura que, el término de 15 días hábiles para resolver la solicitud del demandante debía prorrogarse, circunstancia que no fue debidamente ponderada por el juez de primera instancia, lo que derivó en un cálculo erróneo de la mora y, en consecuencia, en una condena desproporcionada en contra del Departamento del Tolima.

Por lo tanto, solicita se revoque la providencia recurrida, o se modifique, en el entendido que no sea condenado el Departamento del Tolima al pago de sanción moratoria.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIAExpediente: 73001-33-33-008-2022-00273-01 (2024-0855)

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8 Mediante auto del 29 de enero de 2024 , se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado d el Departamento del Tolima (Índice 4 del Expediente de Samai).

CONSIDERACIONES

PARTE PROCESAL

Es competente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para resolver

interpuesto por el apoderado d el Departamento del Tolima (Índice 4 del Expediente de Samai).

CONSIDERACIONES

PARTE PROCESAL

Es competente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para resolver la presente controversia, tal como lo establece el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.

PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER

Corresponde a la Corporación analizar si existió o no mora en el pago de cesantías solicitadas por la parte demandante, de ser así, cual fue el periodo de causación y, en consecuencia, a que entidad(es) le(s) corresponde la obligación de asumir la condena por mora en el pago de cesantías.

MARCO NORMATIVO

Inicialmente, debe decirse que el personal docente se encuentra amparado por un régimen especial que implica que haya una legislación específica y exclusiva para ese sector de los empleados o servidores públicos, en lo atinente a aspectos relacionados con prestaciones social es como las cesantías, las primas y en materia de seguridad social, con el reconocimiento y pago de pensiones y la atención en materia de salud; régimen especial que les permite, de acuerdo con las condiciones establecidas en la ley, gozar de pensión gracia, pensión de jubilación y salario, en algunas circunstancias sin retirarse del servicio.

Es así como, esta Corporación argumentaba que, en tanto el régimen especial de los docentes oficiales no contempla el reconocimiento de la sanción moratoria para este sector, no era posible aplicar el régimen general que sí consagra esa prerrogativa, por cuanto el régimen especial debe ser aplicado como un todo so pena de crear una tercera regla que tomara partes de ambos regímenes. Los argumentos expuestos fueron los esgrimidos por

que sí consagra esa prerrogativa, por cuanto el régimen especial debe ser aplicado como un todo so pena de crear una tercera regla que tomara partes de ambos regímenes. Los argumentos expuestos fueron los esgrimidos por esta Corporación para negar la prestación reclamada.

Sin embargo, señala la sentencia SU -336 del 18 de mayo de 2017, M.P. Dr. Iván Humberto Escrucería Mayolo (E), que este argumento no se acompasa con el concepto de las cesantías y su func ión social, en tanto acude a la taxatividad de la norma sin profundizar en la naturaleza, funciones y características de los docentes oficiales, sobre una postura que se soporta en argumentos materiales sobre la naturaleza propia de la labor desempeñada por los docentes, que les otorga un trato equivalente al de los empleados públicos, independientemente de que no estén catalogados de manera expresa como tales.

De igual manera, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, CP. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ, en sentencia del 15 de junio del 2017, con radicación No. 73001-23-33-000-2013-00156-01, señaló que de conformidad con el derecho a la igualdad y el principio in dubio pro operario, la indemnización por el no pago oportuno de las cesantías, también s eExpediente: 73001-33-33-008-2022-00273-01 (2024-0855)

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9 extendía al sector oficial docente, puesto que este no se encontraba excluido de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, por lo tanto siempre y cuando se verifiquen los requisitos de reconocimiento y pago habrá lugar a dicha indemnización moratoria.

Lo anterior, conllevó a que nuestro Máximo Órgano de Cierre unificara su postura en Sentencia CE -SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio del 2018 1, quien luego de analizar la naturaleza de los docentes oficiales, determinó que si bien, se encuentran catalogados dentro del estatuto de profesionalización como empleados oficiales, lo cierto es, que atendiendo la naturaleza del servicio que prestan, la regulación de su función, su ubicación dentro de la Rama Ejecutiva del Poder Público y la forma de inserción, ascenso y re tiro del servicio, los mismos ostentan la calidad de Empleados Públicos y en virtud a tal condición, les son aplicables las disposiciones contenidas en las leyes 244 de 1995 y 1071 del 2006, siendo procedente el reconocimiento y pago de la indemnización moratoria.

Como fundamento de lo anterior, expresó que la categoría jurí dica que se les reconoce a los educadores que prestan sus servicios al Estado, deriva de las siguientes connotaciones:

“(…)

78. En segundo lugar, es preciso señalar que dado el criterio finalista

Como fundamento de lo anterior, expresó que la categoría jurí dica que se les reconoce a los educadores que prestan sus servicios al Estado, deriva de las siguientes connotaciones:

“(…)

78. En segundo lugar, es preciso señalar que dado el criterio finalista tenido en cuenta por la Asamblea Nacional Constituyente al establecer el artículo 123 de la Constitución Política, se consideró que dentro de la categoría de servidores públicos se encontraban quienes prestaran sus servicios a la comunidad y por ende, ejercieran una función pública de forma permanente. Al respecto , según se expuso, los docentes oficiales prestan un servicio público esencial a cargo del Estado y en beneficio del interés general.

79. Como tercer punto, una vez analizadas las normas que establecen el régimen jurídico de la educación en Colombia, es evidente la distribución de competencias del sector central – la Nación, a las entidades territoriales, en virtud del principio de la descentralización administrativa, y en atención a que la vinculación de los docentes se ha realizado a través de un órgano de la administración bien sea del orden nacional o departamental, todo ello con el fin de garantizar el efectivo y eficiente ejercicio del servicio público de educación que busca no solo el cumplimiento de la función pública, sino la materialización de lo s fines esenciales del Estado.

80. Y finalmente, en atención al régimen especial laboral de los educadores que prestan sus servicios al Estado, cuya vinculación al servicio se efectúa a través de concurso público, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para determi nar los méritos y calidades de los aspirantes, así como el ascenso, la permanencia y el retiro

se encuentran regulados a través de la carrera administrativa prevista

los requisitos establecidos en la ley para determi nar los méritos y calidades de los aspirantes, así como el ascenso, la permanencia y el retiro se encuentran regulados a través de la carrera administrativa prevista por el Estatuto de Profesionalización Docente contenido en el 1278 de 2002, se establece que su relación laboral es de carácter legal y reglamentaria.

(…)

1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de Unificación (18 de julio de 201) Sentencia CE-SUJ-SII- (012-2018), Rad.