TA TOL - Sentencia 73001-33-33-009-2017-00221-02 (13-03-2025)

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Ibagué, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2.025)

Ref. Expediente: Interno:

73001-33-33-009-2017-00221-02 1036-2023

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Demandante: Romel Ariel Suarez Tafur

Demandado: Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial

I - ASUNTO A DECIDIR

De conformidad con lo establecido en los artículos 153 y 243 del C. de P.A. y de lo C.A., procede esta Sala Oral a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del extremo pasivo en contra de la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2022, por el Juzgado Décimo Administrativo Transitorio de Neiva, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

II - ANTECEDENTES

1. Pretensiones1.

Como petitum de la demanda, el demandante formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Se declare la ocurrencia del fenómeno jurídico del silencio administrativo negativo por cuanto LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL no desató el recurso de apelación presentado el 18 de noviembre de 2016 e interpuesto contra el acto administrativo DESAJIB016-1389 del 15 de noviembre de 2016, y su consecuencial nulidad absoluta.

SEGUNDA: La declaratoria a través de la jurisdicción Contencioso Administrativa de la Nulidad absoluta del acto administrativo contenido en el Oficio No. DESAJIB016-1389 del 15

absoluta.

SEGUNDA: La declaratoria a través de la jurisdicción Contencioso Administrativa de la Nulidad absoluta del acto administrativo contenido en el Oficio No. DESAJIB016-1389 del 15 de noviembre de 2016 expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de esta capital, por ser contrario a la constitución a la Ley, por medio del cual se negó a mi mandante el reconocimiento y pago de la reliquida ción de sus prestaciones sociales teniendo la bonificación judicial como factor salarial en concordancia con lo preceptuado en la Ley 4 de 1992 nivelación salarial a la que tiene derecho el demandante de conformidad con el artículo 3°, de la Ley 4 a de 1992 correspondiente a los años 2013, 2014, 2015,2016, tal

1Índice de descarga 05 SAMAI. Fls. 27 y 28.73001-33-33-009-2017-00221-02 1036-2023 Nulidad y restablecimiento del derecho Romel Ariel Suarez Tafur Vs. Nación-Rama Judicial-Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué – DEAJ.

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como lo solicitó a través de la suscrita abogada mediante escrito presentado el día 4 de octubre de 2016 a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de esta capital. SEGUNDA.-[SIC] Que como consecuencia de la declaración a que se refiere el numeral precedente, se CONDENE a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, a ordenar el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como nivelación salarial y prestacional a que tiene derecho mi mandante como servidor de la Rama

precedente, se CONDENE a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, a ordenar el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como nivelación salarial y prestacional a que tiene derecho mi mandante como servidor de la Rama Judicial, teniendo en cuenta para ello lo establecido por el artículo 3°, de la Ley 4a de 1992, y que consiste en la cancelación de las diferencias prestacionales dejadas de percibir por concepto de prestaciones económicas tales como Primas de Servicios, Vacacional, de Navidad, de Productividad, Bonificación por Servicios Prestados, Cesantías y demás, adeudados por l os años 2013, 2014, 2015, y los años futuros, con fundamento en lo establecido en e l artículo 3°, de la Ley 4 a de 1992, la cual se encuentra vigente para su aplicación; SUMA ESTA QUE RESULTA DE LA DIFERENCIA DE LO PAGADOACTUALMENTE y el aumento que se haga con base en dicha normativa, la que deberá hacerse efectiva a partir del 1°. De enero de 2013, fecha en que adquirió el derecho a la nivelación salarial y prestacional y hasta el día que se presente esta demanda. TERCERA.- De igual modo, se ordenará la actualización de las condenad en los términos del artículo 195 del C.C.A dando aplicación a la siguiente formula:

En la que el valor presente ® se determina multiplicando el valor histórico (R.H), que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de no pago de sus prestaciones, desde cuando debieron pagarse hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia por el guarismo que resulte de dividir el índice Final del Precios al Consumidor certificado por el DANE vigente en

dejado de percibir por el demandante por concepto de no pago de sus prestaciones, desde cuando debieron pagarse hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia por el guarismo que resulte de dividir el índice Final del Precios al Consumidor certificado por el DANE vigente en la fecha de firmeza de esta providencia por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho lapso”.

2. Fundamentos fácticos2

Como fundamento de sus pretensiones, el apoderado de la parte accionante expuso los hechos que son susceptibles de sintetizarse, así:

1. Que el señor Romel Ariel Suarez Tafur se encuentra vinculado a la Rama Judicial desde hace más de 10 años, hasta la fecha, labor que ha desempeñado de forma continua e ininterrumpida, ocupando actualmente el cargo de escribiente del

Tribunal Administrativo del Tolima.

2. Que en la Ley 4 de 1992, se establecieron los criterios y objetivos mediante los cuales cada año el Gobierno Nacional modificará el sistema salarial de los empleados de la Rama Judicial, entre otros, lo cual viene haciendo anualmente mediante la expedición de Decretos.

2 Índice de descarga 05 SAMAI. Fls. 28 a 31.73001-33-33-009-2017-00221-02 1036-2023 Nulidad y restablecimiento del derecho Romel Ariel Suarez Tafur Vs. Nación-Rama Judicial-Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué – DEAJ.

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3. En cumplimiento a lo dispuesto en artículo 14 de la Ley 4° de 1992, el Gobierno

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3. En cumplimiento a lo dispuesto en artículo 14 de la Ley 4° de 1992, el Gobierno Nacional reglamentó y fijó un monto del 30% salarial de la remuneración básica de los funcionarios judiciales, únicamente para los jueces y magistrados; excluyendo a los demás empleados de la rama judicial .

4. Considera que por derecho a la igualdad, dada su condición de “Escribiente del Tribunal Administrativo del Tolima ”, tiene derecho a que se le reconozca la bonificación judicial como parte para obtener la nivelación salarial y prestacional.

5. En desarrollo de la Ley 4 de 1992 fue expedido el Decreto 383 de 2013 el cual creó la Bonificación Judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial, sin embargo, se le despoja de su carácter sal arial, impidiendo que se tenga en cuenta para la liquidación de todos los derechos salariales y prestacionales.

6. Con su actuar la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibag ué, desconoce la definición jurídica de salario que consiste en la remuneración que paga el patrono al empleado o servidor público como retribución al servicio prestado.

7. El día 04 de octubre de 2016 se presentó derecho de petición, el cual fue contestado mediante oficio DESAJIB016 -1389 del 15 de noviembre de 2016, negando el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial.

8. La mencionada contestación fue objeto de recurso de apelación impetrado el 18

contestado mediante oficio DESAJIB016 -1389 del 15 de noviembre de 2016, negando el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial.

8. La mencionada contestación fue objeto de recurso de apelación impetrado el 18 de noviembre del mismo año, que a la fecha de presentación de la demanda no ha sido resuelto.

9. El requisito de procedibilidad quedó agotado conforme se demuestra con la certificación dada por la Procurad uría 106 delegada para asuntos administrativos.

3.- Contestación de la demanda3.

Dentro del término legal conferido el apoderado de la parte accionada descorrió traslado de la demandada, oponiéndose a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones.

Guarda silencio en lo relativo a los cargos desempeñados por el actor al interior de la Nación – Rama Judicial y lo reconocido por el Decreto 383 de 2013 frente a la periodicidad mensual de la bonificación y que, solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

3 Índice de descarga 05 SAMAI. Fls. 86 a 92.73001-33-33-009-2017-00221-02 1036-2023 Nulidad y restablecimiento del derecho Romel Ariel Suarez Tafur Vs. Nación-Rama Judicial-Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué – DEAJ.

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Apoyado en distintos apartes jurisprudenciales manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales, como agentes del Estado y garantes del

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Apoyado en distintos apartes jurisprudenciales manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales, como agentes del Estado y garantes del principio de legalidad, están sometidas al imperio de la ley y obligadas a aplicar el derecho vigente al tenor literal de su redacción, dándole estricto cumplimiento.

De manera que sobre la pretensión de los servidores judiciales dirigida a que se les reconozca como factor salarial para todos los efectos legales la Bonificación Judicial contemplada en el Decreto 383 de 2013, modificado por el 1269 de 2015, y que como consecuencia se les reliquide desde el 01 de enero de 2013 hasta la fecha y en adelante todas las primas y prestaciones sociales como son: “…a) Prima de Servicios, b) Prima de Productividad, c) Prima de Vacaciones, d)Vacaciones, e) Prima de Navidad, f) Bonificación por servicios prestados, g) Cesantías e intereses a las cesantía s, h) y demás emolumentos que por constitución, ley o reglamento le correspondan a funcionarios y empleados de la rama judicial.…”, es preciso afirmar con total seguridad, que la Administración Judicial ha venido aplicando correctamente el contenido de las citadas prescripciones legales, en cumplimiento además de la formalidad consagrada en su artículo 3º, razón por la que no accederá a lo solicitado, pues si lo hiciera claramente estaría desacatando el ordenamiento legal vigente, con las consecuencias penales, fiscales y disciplinarias que una decisión en ese sentido conlleva.

Aunado a esto, propone como medio exceptivo el que llamó “Inexistencia de perjuicios” y la innominada.

penales, fiscales y disciplinarias que una decisión en ese sentido conlleva.

Aunado a esto, propone como medio exceptivo el que llamó “Inexistencia de perjuicios” y la innominada.

4.- La sentencia apelada4

Lo es la providencia proferida el 26 de septiembre de 2022, mediante la cual el Juzgado Décimo Administrativo Transitorio de Neiva accedió a las pretensiones de la demanda.

Analizada la normatividad aplicable al caso en concreto, el Juzgado de instancia encontró acreditado que el señor Romel Ariel Suarez Tafur ingresó a laborar para la Rama Judicial a partir del 2 de junio de 2009, y que como contraprestación de su labor ejecutada, se le han cancelado por parte de la entidad demandada diferentes conceptos, entre ellos los denominados; salario básico, bonificación por servicios prestados, prima de vacaciones, bonificación judicial, vacaciones bonificación judicial, prima de servicios, prima de navidad, prima de productividad, interés a la cesantías y las diferencias de dichas sumas. Se encontró probado también que, el demandante a través de apoderada solicitó ante la Nación -Rama Judicial-DEAJ se le reliquidara sus prestaciones sociales, con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial petición que fue negada a través del Oficio DESAJIB16-1389 del 15 de noviembre de 2016; amparándose, en esencia, en el ejercicio de la facultad reglamentaria de la cual se encuentra investido el Gobierno Nacional.

Señaló el a-quo que, debido a que el tema central que se debate en el presente medio de control, consiste en que la bonificación judicial debe ser considerada como factor

se encuentra investido el Gobierno Nacional.

Señaló el a-quo que, debido a que el tema central que se debate en el presente medio de control, consiste en que la bonificación judicial debe ser considerada como factor salarial, es necesario analizar el concepto de salario. Así las cosas, con posterioridad

4 Índice de descarga 3 SAMAI. Fls 1 a 25.73001-33-33-009-2017-00221-02 1036-2023 Nulidad y restablecimiento del derecho Romel Ariel Suarez Tafur Vs. Nación-Rama Judicial-Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué – DEAJ.

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al estudio del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, y la definición de Salario indicada por el Consejo de Estado se logra inferir que para el caso del demandante, el salario es todo lo que recibe el servidor público de manera habitual y periódica como contraprestación del servicio brindado por este; por lo que no resulta irracional o contraproducente, considerar que la bonificación judicial, haga parte del salario del accionante y por tanto constituya factor salarial; frente a dicha afirmación, es necesario entrar a analizar si la disposición normativa contenida en el artículo 1 del Decreto 0383 de 2013 y subsiguientes, resulta ser violatoria de las normas constituciona les al consagrar que la bonificación judicial “Constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud ”; y por ende se deba aplicar la excepción de inconstitucionalidad para que se inaplique la mentada disposición normativa.

Bajo tal derrotero, resulta claro para el Juez de instancia que debe realizarse una

Seguridad Social en Salud ”; y por ende se deba aplicar la excepción de inconstitucionalidad para que se inaplique la mentada disposición normativa.

Bajo tal derrotero, resulta claro para el Juez de instancia que debe realizarse una interpretación en pro de la dignidad de los empleados o trabajadores y no una interpretación literal del signi ficado de la palabra “bonificación” ni exegética de las normas, pues si ello es así la función del Juez en un Estado Social y Democrático de Derecho no tendría sentido, pues sería un simple operador de justicia, que acudiría a un argumento silogístico de p remisas y consecuencias, sin abordar de fondo el verdadero debate, que en esencia es la garantía de los derechos y aplicación de los principios mínimos fundamentales en las relaciones de trabajo.

En ese sentido, el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 19922 que ordenó la nivelación salarial para todos los servidores de la Rama Judicial y por el cual se profirió el Decreto 0383 de 2013, no limitó el carácter prestacional de la bonificación judicial, por lo que debe considerarse que el ejecutivo excedi ó su facultad reglamentaria, pues al desarrollar el contenido de la Ley que reglamenta, que en este caso es la Ley 4 de 1992, desbordó los limites previamente establecidos, al excluir la bonificación salarial para liquidar las prestaciones sociales de sus beneficiarios, desconociendo que esa nivelación debía realizarse atendiendo criterios de equidad y no desmejora de salarios y prestaciones sociales.

Nótese que la bonificación judicial tuvo por finalidad nivelar los salarios de los Empleados y Jueces frente a las asignaciones de los Magistrados de Tribunal y Altas

y prestaciones sociales.

Nótese que la bonificación judicial tuvo por finalidad nivelar los salarios de los Empleados y Jueces frente a las asignaciones de los Magistrados de Tribunal y Altas Cortes, regidos por la misma Ley 4 de 1992, por lo que el ejecutivo al consagrarla como factor salarial únicamente para la base de cotización del sistema de seguridad social en pensiones y salud, no solamente desbordó su facultad reglamentaria, sino que también desconoció los principios mínimos fundamentales de las relaciones laborales, lo cual lo torna inconstitucional; por lo que en consideración de los principios pro homine, remuneración mí nima vital y móvil, favorabilidad e irrenunciabilidad a derechos mínimos, se declarara la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad respecto de las expresiones “únicamente” y “para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al sistema Gen eral de Seguridad Social en Salud ” contenidas en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013 y subsiguientes, que establece: “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad soci al en salud ”, por cuanto la73001-33-33-009-2017-00221-02 1036-2023 Nulidad y restablecimiento del derecho Romel Ariel Suarez Tafur Vs. Nación-Rama Judicial-Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué – DEAJ.

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bonificación judicial si constituye factor salarial para la base de liquidación de las prestaciones sociales.

En razón a todo lo expuesto, concluye que fue desvirtuada la presunción de legalidad de la que están investido s los actos administrativos demandados , y en consecuencia,

bonificación judicial si constituye factor salarial para la base de liquidación de las prestaciones sociales.

En razón a todo lo expuesto, concluye que fue desvirtuada la presunción de legalidad de la que están investido s los actos administrativos demandados , y en consecuencia, ordena declarar la existencia del acto ficto negativo derivado el silencio administrativo; así como también, declara la nulidad de los actos administrativos demandados y por ende, accede parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido de incluir la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales.

5. Recurso de apelación5.

Inconforme con la decisión adoptada por el Juzgado de primera instancia, el apoderado judicial de Nación – Rama Judicial - Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué – DEAJ, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia fechada el 26 de septiembre de 2022 , por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, pues considera que los argumentos y consideraciones esbozadas por el Juez, no se adecuan a lo establecido en el Decreto 383 de 2013.

El recurrente indica como fundamentos de su disenso, los siguientes:

“En cuento al numeral QUINTO de la parte resolutiva, la Rama Judicial – Dirección seccional de Administración Judicial de Ibagué, se opone, puesto, que el Oficio No. DESAJIB16-1389 del 15 de noviembre de 2016 , emanado por el Director Seccional, corresponde a un acto administrativo dictado bajo los parámetros de orden legal. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales, como agentes del Estado y garantes del principio

del 15 de noviembre de 2016 , emanado por el Director Seccional, corresponde a un acto administrativo dictado bajo los parámetros de orden legal. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales, como agentes del Estado y garantes del principio de legalidad, están sometidas al imperio de la ley y obligadas a aplicar el derecho vigente al tenor literal de su redacción, dándole estricto cumplimiento.

En cuanto al numeral SEXTO, No es posible extender la bonificación, puesto que esta NO constituye factor salarial, tal como lo exponen los Decretos 383 y 1269 de 06 de mayo de 2013 y 09 de junio de 2015, por lo que gozan de legalidad y a la fecha están vigentes. Por lo tanto, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, se encuentra impedida para realizar cálculos o reajustes distintos a los estrictamente autorizados por el nivel central, con base a las disposiciones y lineamientos otorgado por el Gobierno Nacional.

Es preciso afirmar con total seguridad, que la Dirección Seccional de Administración Judic ial de Ibagué ha venido aplicando correctamente el contenido de las citadas prescripciones legales, en cumplimiento además de la formalidad consagrada en su artículo 3º, razón por la que no accederá a lo solicitado, pues si lo hiciera claramente estaría de sacatando el ordenamiento legal vigente, con las consecuencias penales, fiscales y disciplinarias que una decisión en ese sentido conlleva”.

En suma, señala que de conformidad a los Decretos 383 de 2013 y 1269 de 2015, la bonificación judicial constituy e factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad

En suma, señala que de conformidad a los Decretos 383 de 2013 y 1269 de 2015, la bonificación judicial constituy e factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Así como también, que tanto sentencias de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado han plasmado su posición, la cual se circunscribe a ratificar

5 Índice de descarga 25 SAMAI. Fls. 3 a 10.73001-33-33-009-2017-00221-02 1036-2023 Nulidad y restablecimiento del derecho Romel Ariel Suarez Tafur Vs. Nación-Rama Judicial-Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué – DEAJ.

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la potestad que tiene el legislador, por mandato constitucional, de disponer que determinados conceptos salariales se liquiden sin consideración al monto total del salario del servidor público, si n que ello implique omisión o un incorrecto desarrollo de los deberes.

Finalmente, concluye que sin contar con la respectiva disponibilidad presupuestal que dé cuenta de la existencia de los recursos necesarios para asumir el gasto y cumplir con las obligaciones que le impongan la ley o las sentencias judiciales, la administración judicial está impedida para generar o disponer reconocimientos y pagos de nivelaciones salariales o prestacionales. Si así lo hiciera estaría desacatando el ordenamiento leg al vigente, con las consecuencias disciplinarias, fiscales y penales de una decisión en ese sentido.

Por todo lo expuesto, solicita sea el revocado el fallo objeto de impugna por cuanto la Administración Judicial ha venido aplicando correctamente el conte nido de las citadas

sentido.

Por todo lo expuesto, solicita sea el revocado el fallo objeto de impugna por cuanto la Administración Judicial ha venido aplicando correctamente el conte nido de las citadas prescripciones legales, en cumplimiento además de la formalida d consagrada en su artículo 3º, razón por la que no accede a lo solicitado.

III. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA Por auto del 25 de noviembre de 20246 se admitió el recurso impetrado por el apoderado judicial de la part e demandada, con pronunciamiento de la parte demandante 7, no obstante, como quiera que no se requirió la práctica de pruebas, se dispuso a dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del Artículo 247 del C.P.A.C.A ., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. - Pronunciamiento sobre la admisión del recurso 8.

La apoderada de la parte demandante mediante memorial solicita sea confirmada la sentencia de primera instancia, al cons iderar que, dentro del proceso se encuentra acreditado que el señor Romel Ariel Suarez Tafur ha percibido la discutida bonificación de manera ininterrumpida, bajo un carácter ordinario, fijo y retributivo, constituyéndose así, como factor salarial por lo que no hay lugar a siquiera indicar que este pago sea un reconocimiento discrecional y ocasional por parte del empleador. En ese orden de ideas y citando jurisprudencia del Consejo de Estado advirtió que la definición de salario corresponde al desarrollo r eal del vínculo laboral y no a la existencia de un texto legal o convencional que lo consagre o excluya, por lo tanto, al configurarse los requisitos de la naturaleza salarial de un pago no puede ser

definición de salario corresponde al desarrollo r eal del vínculo laboral y no a la existencia de un texto legal o convencional que lo consagre o excluya, por lo tanto, al configurarse los requisitos de la naturaleza salarial de un pago no puede ser desconocido por la expedición de un Decreto marco, máxime si se tiene en cuenta que los derechos laborales deben prevalecer. Así las cosas, desconoció la demandada que cuando aplica el artículo 1º del Decreto 0383 de 2013 al demandante, viola también los artículos 1º al 6º, 9º, 13º, 25º 53º, 55º, 83º, 93º, 209º y 228º de la Constitución Política; anula el criterio auxiliar de la equidad que profesa el parágrafo del artículo 14º de la Ley 4 de 1992, y el Acuerdo de fecha 06

6 Índice de descarga 48 SAMAI. Fls. 1 a 3. 7 Índice de descarga 55 SAMAI. Fl. 1. 8 Índice de descarga 55 SAMAI. Fl. 1.73001-33-33-009-2017-00221-02 1036-2023 Nulidad y restablecimiento del derecho Romel Ariel Suarez Tafur Vs. Nación-Rama Judicial-Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué – DEAJ.

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de noviembre de 2012, al no aplicar de una forma justa el derecho , olvidando que la equidad adapta la regla para un caso concreto con el fin de hacerlo más justo. Debido a lo expuesto, solicita se confirme el fallo de primera instancia.

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1. Sobre la competencia

equidad adapta la regla para un caso concreto con el fin de hacerlo más justo. Debido a lo expuesto, solicita se confirme el fallo de primera instancia.

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1. Sobre la competencia Es competente esta Colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia de primer grado, según voces de los arts. 153 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir en su orden que corresponde a los Tribunales Administrativos en segunda instancia conocer de las apelaciones contra las sentencias de primera instancia dictadas por los jueces; asimismo, que son apelables las sentencias de primera instancia proferidas por los jueces administrativos.

2. Problema jurídico.

Se debe establecer si el acto administrativo enjuiciado infringió las normas Constitucionales y legales invocadas en el libelo introductorio, en cuanto negó al accionante el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales (p rimas, vacaciones, cesantías y demás), liquidadas incluyendo la bonificación judicial devengada a partir del 1 de enero de 2013, o si, por el contrario, las mismas fueron reconocidas y canceladas conforme a derecho.

Previo a resolver el problema jurídico arriba expuesto, considera pertinente este Colectivo, traer a colación las disposiciones legales que regulan el reconocimiento de la bonificación judicial objeto de debate,

3. Marco legal y jurisprudencial.

3.1. Régimen salarial y prestacional de los empleados de la Rama Judicial.

La Constitución Política de Colombia en su artículo 150 numeral 19 literal e) consagra como atribución del Congreso de la República, la fijación del régimen salarial y

3.1. Régimen salarial y prestacional de los empleados de la Rama Judicial.

La Constitución Política de Colombia en su artículo 150 numeral 19 literal e) consagra como atribución del Congreso de la República, la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos; en desarrollo de dicha normativa fue expedida la ley 4 de 1992, la cual en su artículo 1° dispuso que correspondía al Gobierno Nacional, dentro de los marcos establecidos en esa ley, fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados del Gobierno Nacional, entre ellos, los de la Rama Judicial.

En virtud de lo contemplado en la Ley 4 de 1992, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 57 de 1993 " Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones", y en sus artículos 1 y 2 dispuso:73001-33-33-009-2017-00221-02 1036-2023 Nulidad y restablecimiento del derecho Romel Ariel Suarez Tafur Vs. Nación-Rama Judicial-Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué – DEAJ.

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"ARTICULO lo. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia del mismo y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las ramas del Poder Público, organismos o instituciones del Sector Público.

ARTICULO 2o. Los servidores público s vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal

funcionarios de cualquiera de las ramas del Poder Público, organismos o instituciones del Sector Público.

ARTICULO 2o. Los servidores público s vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar podrán optar por una sola vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto. Los servidores públicos que no opten por el régimen aqu í establecido continuarán rigiéndose por lo dispuesto en las normas legales vigentes a la fecha”.

Del precepto normativo transliterado se infiere que para los empleados de la Rama Judicial existen dos sistemas de remuneración: i) el primero, hace referencia al sistema de acogidos y se aplica para todos aquellos que se vincularon a partir de la entrada en vigencia del referido decreto, esto es a partir del 07 de enero de 1993 y también para aquellos funcionarios que ya venían vi nculados y que decidieron acogerse a dicho régimen antes del 28 de febrero del mismo año; y ii) un segundo régimen correspondiente al de no acogidos, que aplica para aquellos que se encontraban vinculados con anterioridad a la vigencia del dicha norma y no manifestaron optar por este última, razón por la cual dichos servidores continuaron bajo el amparo de las disposiciones anteriores.

De otra parte, la citada disposición en su artículo 14 dispuso:

“ARTICU