TA TOL - Sentencia 73001-33-31-009-2012-00080-02 (02-05-2025)

2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-31-009-2012-00080-02

Demandante: Diego Fernando Caballero Piraban

Contra: Nación – Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA

Ibagué, dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

RADICACIÓN NÚMERO: 73001-33-31-009-2012-00080-02

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

DEMANDANTE: Diego Fernando Caballero Piraban

DEMANDADO: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial REFERENCIA: Prima especial -sistema escrituralCuestión previa.

Como primera medida, es importante señalar que el Magistrado ponente en su momento instauró medio de control con pretensiones relacionadas con la prima especial, específicamente así: Que se declare la nulidad de los actos administrativos , expedido s por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de MedellínAntioquia, que negaron el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales que resulten de la reliquidación de sus prestaciones sociales laborales y el pago de la prima especial sin carácter salarial y el reconocimiento y pago de esta prestación, adicional a la asignación básica con base en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 ; petitorio reclamado el 6 de febrero de 2017. Con su nulidad, que se provea el restablecimiento del derecho.

base en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 ; petitorio reclamado el 6 de febrero de 2017. Con su nulidad, que se provea el restablecimiento del derecho.

Sin embargo, dicho proceso ya tuvo fallo de primera instancia y cursa apelación para ante la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado , lo que significa que no tiene ninguna injerencia procesal en la presente controversia1 con la

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "A", Consejero Ponente: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO; radicación número: 27000 -23-33-000-2018-00004-022ª Instancia N/R Radicado 73001-33-31-009-2012-00080-02

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anotación “Al despacho para sentencia”, en el proceso con radicación número: 2700123-33-000-2018-00004-02.

Del impedimento manifestado. Mediante providencia del 8 de junio de 2023, la Sala Plena de este Tribunal Administrativo -con excepción del Dr. John Libardo Andrade Flórez, pues para dicha fecha no ejercía como Magistrado de este Cuerpo Colegiado -, se de claró impedida para conocer del presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Como fundamento del impedimento, se advirtió que los Magistrados al igual que el demandante percibimos la prima especial equivalente al 30% de que trata el inciso primero del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por lo que resulta el interés en el reconocimiento de los factores salariales y prestacionales aquí demandados.

al igual que el demandante percibimos la prima especial equivalente al 30% de que trata el inciso primero del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por lo que resulta el interés en el reconocimiento de los factores salariales y prestacionales aquí demandados. Asimismo, que deberá entenderse, que la interpretación que se haga dentro del proceso de la referencia incidirá en los intereses de los suscritos, dado a que el unívoco propósito, es que dicho emolumento sea considerado como factor salarial para la reliquidación de prestaciones sociales, por lo cual, solicitamos ser separados del conocimiento del proceso.

Por último, se insistió que hay un interés directo en las resultas del proceso, puesto que dentro de l medio de control se presenta como materia objeto de debate, la controversia existente sobre los factores salariales a tenerse en cuenta, para liquidar las prestaciones sociales que deben ser reconocidas a los funcionarios de la Rama Judicial, en tanto los decretos objeto de inaplicabilidad, regulan los factores salariales aplicables a los Magistrados de este Tribunal Contencioso.

No obstante, el Honorable Consejo de Estado 2 resolvió declarar infundado el impedimento manifestado para conocer del proceso de la referencia, pues concluyó que no existen argumentos suficientes que permitan establecer que los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima, se encuentran en el supuesto normativo descrito en el numeral 1 del artículo 141 del C.G. del P.

Aclarado lo anterior, la Sala de Decisión del sistema escritural resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 25 de

(5186-2024), Demandante: José Andrés Rojas Villa, Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva

apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 25 de

(5186-2024), Demandante: José Andrés Rojas Villa, Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Asunto: Prima especial del 30%, artículo 14 Ley 4 de 1992.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente (E): JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR; Providencia del 19 de septiembre de 2024, radicación: 73001-33-31-009-2012-00080-01 (5582-2023), Demandante: Diego Fernando Caballero Piraban, Demandado: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional de Ibagué, referencia: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, asunto: Auto resuelve impedimento / Prima especial de servicios – artículo 14 de la Ley 4 de 1992.2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-31-009-2012-00080-02

Demandante: Diego Fernando Caballero Piraban

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noviembre del 2020, proferida por el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, dentro del proceso promovido por Diego Fernando Caballero Piraban en contra de la Nación – Rama Judicial.

ANTECEDENTES.

La demanda El demandante por conducto de apoderado judicial instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se despachen las siguientes:

nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se despachen las siguientes: Declaraciones y condenas (fls. 40 a 41 del documento 01.09-2012-80.Pdf, expediente Samai) como pretensiones solicitó: • Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. DSAJ001373 del 22 de noviembre de 2011, expedido por la Rama Judicial, por medio del cual, le negó al demandante la reliquidación de sus prestaciones sociales y laborales; y al reconocimiento y pago de las diferencias salariales existentes entre lo liquidado que resulte teniendo hasta ese momento por la administración con el 70% de su salario b ásico y la liquidación que resulte teniendo como base 100% de su salario básico, incluyendo el 30% de este, que la administración ha tomado para darle el título de prima especial sin carácter salarial y el reconocimiento y pago de prima especial sin caráct er salarial, agregado a la asignación básica.

A título de restablecimiento del derecho.

1. Condenar a la parte demandada a reliquidar, reconocer y pagar al demandante desde el 18 de abril del 2009 hasta la fecha de la sentencia y en adelante, todas sus prestaciones sociales, salariales y laborales, prima de navidad, prima de servicios, vacacione s, cesantías, prima de vacaciones, seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios prestados y demás prestaciones, emolumentos y derechos laborales, durante su vinculación como juez, teniendo como base para la liquidación el 100% de su

seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios prestados y demás prestaciones, emolumentos y derechos laborales, durante su vinculación como juez, teniendo como base para la liquidación el 100% de su sueldo básico mensual legal, incluyendo en la base de liquidación el 30% de la asignación básica mensual, que no se ha tenido en cuenta, porque este porcentaje del salario básico la administración no lo ha considerado como prima especial sin carácter salarial, prevista en el artículo 14 de la Ley 4° de 1992.

2. Se condene a la Rama Judicial a reconocer y pagar al demandante desde el 18 de abril del 2009, el valor de las diferencias salariales, laborales y prestacionales existentes, entre la liquidación que hasta ese momento le había2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-31-009-2012-00080-02

Demandante: Diego Fernando Caballero Piraban

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hecho la administración con el 70% de salario básico y el valor que resulte reliquidar todas sus prestaciones sociales y laborales , y demás emolumentos a los cuales tenga derecho, durante su vinculación como juez, teniendo como base para la liquidación el 100% de su remuneración básica mensual, incluyendo en la base de liquidación el 30% del sueldo básico mensual, que no se había tenido en cuenta, puesto que ese porcentaje del salario básico la administración lo considero como prima especial sin carácter salarial.

3. Condenar a la demandada a reconocer y pagar al demandante desde el 18 de abril de 2009, hasta la fecha de la sentencia y en adelante se siga pagando mensualmente, la prima especial sin carácter salarial, equivalente al 30% de

3. Condenar a la demandada a reconocer y pagar al demandante desde el 18 de abril de 2009, hasta la fecha de la sentencia y en adelante se siga pagando mensualmente, la prima especial sin carácter salarial, equivalente al 30% de la remuneración básica. Igualmente, que se siga pagando el 30% del sueldo básico, que hasta ahora no se le ha cancelado, ya que este porcentaje lo relaciona en pagos como prima, siendo parte de la remuneración legal mensual.

4. Se condene a la Rama Judicial, a seguir liquidando y pagando todas las prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales, con base en el 100% de su remuneración básica mensual establecida, incluyendo el 30% de la asignación básica mensual y, q ue se ajuste y actualice los valores reclamados de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor, con el reconocimiento de intereses.

5. Lo anterior, previo a inaplicar por inconstitucionales el artículo 7 del Decreto 43 de 1995; el artículo 6 del Decreto 64 de 1998; artículo 9 del Decreto 43 de 1999; artículo 9 Decreto 2739 de 200; artículo 9 Decreto 1474 de 2001; artículo 6 Decreto 673 de 2002; artículo 6 Decreto 289 de 2006; artículo 6 Decreto 618 de 2007; artículo 6 Decreto 658 de 2008; artículo 8 Decreto 723 de 2009 y artículo 8 Decreto 1039 de 2011 , solo en cuanto le restan el 30% del salario básico de los servidores judiciales que relaciona, para llamarlo prima especial sin carácter salarial.

artículo 8 Decreto 1039 de 2011 , solo en cuanto le restan el 30% del salario básico de los servidores judiciales que relaciona, para llamarlo prima especial sin carácter salarial.

Hechos (fls. 41 a 44 del documento 01.09-2012-80.Pdf, expediente Samai). Como circunstancias fácticas destacables, la parte activa sintetizadamente dispuso:

1. Diego Fernando Caballero Piraban, está vinculado ininterrumpidamente a la Rama Judicial, desde el 25 de abril del 2001, inicialmente como empleado y, desde el 18 de abril del 2009 hasta la fecha de la presentación de la demanda

como Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué.

2. El Gobierno Nacional, mediante decretos dictados anualmente ha reglamentado la prima especial, sin carácter salarial, prevista en el artículo 142ª Instancia N/R Radicado 73001-33-31-009-2012-00080-02

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de la Ley 4 de 1992, la cual fijo el monto del 30% de la remuneración básica de los funcionarios judiciales en la norma referenciada, entre los cuales se encuentra el cargo del Juez que ostenta.

3. Al demandante se le ha liquidado por la Administración Judicial, desde el año 2009 la prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, bonificación por servicios prestados, seguridad social y demás prestaciones laborales y emolumentos, con el 70% de su remuneración básica y no con el 100% de esta, por haberse reglamentado en algunos decretos del Gobierno la

bonificación por servicios prestados, seguridad social y demás prestaciones laborales y emolumentos, con el 70% de su remuneración básica y no con el 100% de esta, por haberse reglamentado en algunos decretos del Gobierno la prima especial sin carácter salarial, descontándosela a la remuneración básica y en lugar de adicionar la prima al sueldo mensual, le restó a este el 30% de su carácter salarial.

4. Al demandante, la administración judicial no le ha pagado la prima especial mensual sin carácter salarial, como incremento al sueldo, equivalente al 30%de la remuneración básica durante los años 2009, 2010, 2011, 2012, endeudándose el valor durante estos a ños. Diego Fernando Caballero Piraban presentó derecho de petición ante la administración judicial el 2 de noviembre de 2011, para que todas sus prestaciones se las liquidaran con el 100% de su remuneración básica mensual, incluyendo en la base de liquidac ión, el 30% de la asignación básica que le ha descontado a esta para estipularla como prima especial sin carácter salarial, y el reconocimiento y pago de la prima especial sin carácter salarial, como un valor agregado, con las indexaciones correspondientes.

5. El Oficio DSAJ No. 001373 de 2 2 de noviembre del 2011 negó la reliquidación de prestaciones solicitada; además, no le fue notificado en debida forma, pues le fue enviado al correo, pero no se le citó para la notificación personal y en él, no le indicaron los recursos procedentes. Para el ejercicio del medio de control está notificado por conducta concluyente, estando facultado para acudir directamente a la jurisdicción.

le fue enviado al correo, pero no se le citó para la notificación personal y en él, no le indicaron los recursos procedentes. Para el ejercicio del medio de control está notificado por conducta concluyente, estando facultado para acudir directamente a la jurisdicción.

6. El demandante se acogió en su integridad al régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 57 de 1993, por lo que sus cesantías se liquidan anualmente.

Normas violadas y concepto de la violación (fls. 44 a 60 del documento 01.09-201280.Pdf, expediente Samai). Adujo como normas vulneradas los artículos 25, 53, 13, 5, 4, 1, 2 y 209 de la Constitución Política de Colombia; artículo 2 y 14 de la Ley 4 de 1992; numeral 7 del2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-31-009-2012-00080-02

Demandante: Diego Fernando Caballero Piraban

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artículo 152 de la Ley 270 de 1996.

Refirió que el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 se creó para los jueces y magistrados, la prima especial sin carácter salarial, que el gobierno debía reglamentar, sin ser inferior al 30% ni superior al 60% de la remuneración básica mensual. Reglamentada la Ley, mediante decretos anuales ha fijado la remuneración básica mensual y en general, el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial del poder público, cumpliendo con la parte específica de la distribución de atribuciones en esta materia. Aseguró que los actos administrativos demandados quebrantan

general, el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial del poder público, cumpliendo con la parte específica de la distribución de atribuciones en esta materia. Aseguró que los actos administrativos demandados quebrantan normas y principios constitucionales que le son superiores, quebrantando manifiestamente el artículo 53 de la Constitución Política por cuanto desmejoran y reducen el salario y prestaciones de la demandante como funcionari o de la Rama Judicial, desconociendo los principios de progresividad, remuneración vital y móvil proporcional al trabajo y el de prohibición de reducir sus garantías mínimas laborales.

Por último, citó jurisprudencia del Consejo de Estado refiriendo que el texto que prevé que el 30% de la remuneración básica de los servidores judiciales que relaciona será prima especial sin carácter salarial, fue declarado inconstitucional e ilegal.

Contestación de la demanda La demanda fue interpuesta el 15 de marzo de 2012 conforme el acta de reparto visible en folio 3 del cuaderno principal. De conformidad con el auto del 13 de enero del 2014 (fls. 134 a 135, documento 01.09-2012-80.Pdf, expediente Samai), el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Ibagué, admitió la demanda, ordenando notificar a la entidad.

Surtida la notificación a la Nación -Rama Judicial, de conformidad con lo ordenado en el auto en mención, la fijación en lista de qué trata el artículo 207 del C ódigo Contencioso Administrativo venció el 29 de agosto de 2014 (fl. 156 del documento 01.09-2012-80.Pdf, expediente Samai) término durante el cual la entidad demandada

Contencioso Administrativo venció el 29 de agosto de 2014 (fl. 156 del documento 01.09-2012-80.Pdf, expediente Samai) término durante el cual la entidad demandada se pronunció.

Nación – Rama Judicial (fls. 69 a 73 del documento 01.09-2012-80.Pdf, expediente Samai). Durante el término concedido, la apoderada del extremo pasivo contestó la demanda refiriendo que se opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda.2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-31-009-2012-00080-02

Demandante: Diego Fernando Caballero Piraban

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Citó el artículo 230 de la Constitución Política, afirmando que si el titular consideró vulnerados sus derechos fundamentales, la obligación era agotar los recursos en la vía gubernativa comunicados en la resolución que dio cumplimiento a su requerimiento y, luego solicitar el restablecimiento de su derecho y, concluyó que en el caso que nos ocupa, la obligación ya fue reconocida y cancelada, por lo tanto, no le asiste razón al demandante para instaurar un medio de control que a todas luces es temeraria por no interponer oportunamente los recursos.

Por último, propuso como excepción la caducidad, al igual que la innominada o genérica.

La sentencia apelada (fls. 235 a 272 documento 01.09-2012-80.Pdf, expediente Samai). En sentencia del 25 de noviembre del 2020, la Juez ad hoc Nexy del Socorro Díaz Palencia del Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué, resolvió:

Samai). En sentencia del 25 de noviembre del 2020, la Juez ad hoc Nexy del Socorro Díaz Palencia del Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué, resolvió:

1. Inaplicar por inconstitucionales las siguientes disposiciones: artículo 6 del Decreto 658 de 2008; artículo 8 del Decreto 723 de 2009; artículo 8 del Decreto 1388 de 2010; artículo 8 del Decreto 1039 de 2011; artículo 8 del Decreto 0874 de 2012; artículo 8 del Decreto 1024 de 2013 y el artículo 8 del Decreto 194 del 7 de febrero del 2014; ii. Declarar la nulidad del Acto Administrativo contenido en el oficio DESAJ No. 001373 del 22 de noviembre del 2011, emanado por la entidad demandada; iii. Declarar que no hay lapsos prescritos por cuanto no existen periodos reclamados más allá de los tres años anteriores a la presentación del derecho de petición por medio del cual se solicitaron los derechos laborales; iv. Condenar a la entidad a reconocer y pagar al demandante del proceso desde el 18 de abril del 2009 hasta la fecha de la sentencia y en adelante, mientras permanezca vinculado, el 100% del salario básico legalmente previsto en los decretos anuales dictados por el Gobierno Nacional;
2. Condenar a la Rama Judicial a reconocer y pagar a Diego Fernando Caballero Piraban, desde el 18 de abril del 2009 y en adelante, mientras permanezca vinculado, la prima mensual sin carácter salarial, prevista en el artículo 14 de la Ley 4° de 1992, en cuantía equivalente, fijada en los decretos del Gobiernos, teniéndola como valor

la prima mensual sin carácter salarial, prevista en el artículo 14 de la Ley 4° de 1992, en cuantía equivalente, fijada en los decretos del Gobiernos, teniéndola como valor adicional sobre la misma y no como parte integrante de esta como hasta el momento se hizo; vi. Condenar a la Rama Judicial a reliquidar, reajustar y pagar a parte activa del proceso desde el 18 de abril del 2009 hasta que permanezca vinculado, la totalidad de sus prestaciones sociales, salariales y emolumentos laborales a los cuales tenga derecho, teniendo como base de liquidación el 100% de la asignación básica legal, incluyendo el 30% que le ha restado a esta para considerarlo como prima especial;2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-31-009-2012-00080-02

Demandante: Diego Fernando Caballero Piraban

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1. La entidad deberá reajustar el pago mientras permanezca vinculado, la suma que resulte como diferencia entre lo pagado hasta ahora con el 70% de su remuneración básica y la reliquidación de todas sus prestaciones y emolumentos que resulten teniendo como base de liquidación el 100% de la remuneración básica mensual, incluyendo el 30% restado. viii. Las sumas reconocidas serán actualizadas de acuerdo al IPC; ix. Dar cumplimiento a los términos señalados por los artículos 187, 192 y 195 del C. de P.A y de lo C.A; ix). Condenar a la Rama Judicial a pagar al demandante por concepto de costas procesales la suma de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

de P.A y de lo C.A; ix). Condenar a la Rama Judicial a pagar al demandante por concepto de costas procesales la suma de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La Juez fundamentó su decisión conforme a la interpretación de la Ley 4 de 1992 efectuada en la sentencia de unificación del 2 de septiembre de 2019 3, concluyendo que la prima especial reconocida en dicha norma debe tratarse como un factor adicional al salario básico y no como un porcentaje que reste efectos salariales. Con ese criterio, aplicó la excepción de inconstitucionalidad a las disposiciones que consideraban el 30% del sueldo básico como prima sin carácter salarial, al estimarse que tales normas desmejoraban los derechos prestacionales y contravenían principios como el de progresividad.

En relación con la prescripción, determinó que, al contabilizar los tres años anteriores al 1 de noviembre de 2011 (fecha de presentación del derecho de petición), ningún periodo se halla afectado por dicho fenómeno, razón por la cual reconoció los derechos laborales desde el 18 de abril de 2009 en adelante.

La apelación Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Documento 03. Recurso Apelación, expediente Samai). En desacuerdo con la decisión del juzgado de origen, se afirmó que los argumentos y consideraciones expuestos en la sentencia de primera instancia no se adecúan a lo establecido en la Ley 4 de 1992, y que desde la unidad de recursos humanos le informan que no hay lugar a inaplicar el derecho, en vista de que el mismo se encuentra vigente y goza de presunción de legalidad.

establecido en la Ley 4 de 1992, y que desde la unidad de recursos humanos le informan que no hay lugar a inaplicar el derecho, en vista de que el mismo se encuentra vigente y goza de presunción de legalidad.

Como primera medida, citó el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, así como las reglas dictadas en sentencia de unificación del 2 de septiembre de 2019. Que en

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, Conjuez ponente: CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS; Sentencia de unificación SUJ -016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019, Radicación número: 41001 -23-33-000-2016-00041-02 (2204-18), Demandante: Joaquín Vega Pérez, Demandado: Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Asunto: Prima Especial para Jueces, Magistrados y Cargos Equivalentes.2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-31-009-2012-00080-02

Demandante: Diego Fernando Caballero Piraban

Contra: Nación – Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial

acatamiento de esta decisión, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en sesión del 8 de octubre de 2019, aprobó conciliar en los casos en que se reclame la reliquidación de prestaciones sociales sobre el 100% del salario y el reconocimiento de la prima especial del 30% adicional sin carácter salarial, únicamente con Jueces de la República retirados o que reclamen un periodo fijo, pues para ellos se reconoce

reliquidación de prestaciones sociales sobre el 100% del salario y el reconocimiento de la prima especial del 30% adicional sin carácter salarial, únicamente con Jueces de la República retirados o que reclamen un periodo fijo, pues para ellos se reconoce un retroactivo fijo que por provenir de conciliación aprobada por el Juez de lo Contencioso Administrativo, se paga por el rubro de sentencias y conciliaciones.

Que en el caso de los Jueces de la República que se encuentran en servicio activo, no es posible presentar fórmula conciliatoria, toda vez que existe una imposibilidad presupuestal de recon ocer estos derechos, debido a que, además de pagar el retroactivo, debe pagarse a cada beneficiario el mayor valor que se generaría mensualmente en su nómina, lo cual se efectúa por el rubro de gastos de personal, pero en este rubro no se han asignado por parte del Ministerio de Hacienda los recursos que permitan cubrir e l reconocimiento de dichas acreencias laborales adicionales a todos los funcionarios judiciales en servicio activo de manera inmediata. De tal manera, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones atribuibles al presupuesto de gastos sobre apropiaciones inexistentes.

Por último, solicitó se revoque el fallo apelado, por cuanto la Administración Judicial ha venido aplicando correctamente el contenido de las citadas prescripciones legales, y si se hiciera, se estaría desacatando el ordenamiento legal vigente, con las consecuencias penales, fiscales y disciplinarias que una decisión en ese sentido conlleva.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Mediante auto de sustanciación del 31 de enero del 2025 (documento

consecuencias penales, fiscales y disciplinarias que una decisión en ese sentido conlleva.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Mediante auto de sustanciación del 31 de enero del 2025 (documento 10_Autoobedezcase_73001333100920120008_0_20250131113207635.Pdf, expediente Samai) se resolvió: 1. Obedecer y cumplir lo resuelto por la Sección Segunda del Honorable Consejo de Estado que en providencia del 19 de septiembre de 2024, resolvió declarar infundado el impedimento manifestado con auto del 8 de junio de 2023 por los Magistrados de este Tribunal Administrativo; 2. Admitir en el efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Dirección Seccional de Administración Judicial, contra la sentencia de primera ins tancia del 25 de noviembre de 2020, mediante la cua l el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Con auto del 21 de febrero de 2025 (documento 015Autoordenacor, expediente Samai), se ordenó: correr traslado a las partes, por el término común de 10 días para que presenten por escrito sus respectivos alegatos de conclusión; vencido el término,2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-31-009-2012-00080-02

Demandante: Diego Fernando Caballero Piraban

Contra: Nación – Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial

dese traslado del expediente al representante del Ministerio Público por el término de 10 días, para que, si a bien lo tiene, emita su concepto.

Alegatos de conclusión.

dese traslado del expediente al representante del Ministerio Público por el término de 10 días, para que, si a bien lo tiene, emita su concepto.

Alegatos de conclusión. De la parte demandante. Guardó silencio.

De la parte demandada, Nación – Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué (documento 019_DSAJ de Ibagué alega de conclusión, expediente Samai). Expresó que, de conformidad con el artículo 150, numeral 19 de la Constitución Política y la Ley 4ª . de 1992, correspondió al Congreso de la República fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, y al Gobierno Nacional expedir decretos anuales (por ejemplo, el Decreto 57 de 1993, entre otros) que determinaron la remuneración mensua l de los servidores judiciales. Citó jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencias C-279-96 y la C-447-97) que la prima especial se constituyó en un ingreso adicional sin carácter salarial, lo cual evitó que dicho porcentaje integrara la base de liquidación para primas de servicios, vacaciones, auxilio de cesantía y otros emolumentos.

Luego de referir lo anterior, alegó que la nulidad de los apartes de los decretos salariales expedidos entre 1993 y 2007 se fundamentaron en la interpretación errónea de la Ley 4ª . de 1992, al haberse mermado el salario de un grupo de servidores públicos, lo cual fue declarado contrario a la Constitución y a la Ley y, determinó que, al mantenerse vigentes los decretos posteriores (de 2008 en adelante) y al

públicos, lo cual fue declarado contrario a la Constitución y a la Ley y, determinó que, al mantenerse vigentes los decretos posteriores (de 2008 en adelante) y al aplicarse la prescripción trienal para el reconocimiento de derechos prestacionales, la reliquidación reclamada –que pretendía incorporar el 30% de prima especial al salario– resultó improcedente, por cuanto se respetaron tanto el mandato legal como el análisis jurisprudencial previo.

Ministerio público. No presentó concepto.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL La competencia. Este tribunal es competente para conocer de la prese